1 Exractivismo y conflictos en la zona de condorcanqui -datem del marañón

Exractivismo y conflictos en la zona de condorcanqui -datem del marañón

Defensa territorial indígena en Madre de Dios: una aproximación a la labor de FENAMAD respecto de la Reserva Comunal Amarakaeri durante el proceso de entrada de la empresa Hunt Oil Paula Letts Wertheman Simone Garra

3 Documento de trabajo

INSTITUTO ÉTICA Y DESARROLLO

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Serie Mirador Empresarial

Índice Introducción 1. Conflictos socio-ambientales en Condorcanqui 1.1 Características generales de la región y panorama socio-cultural 1.2 El recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja y las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor 1.3 Nuevas tensiones en un terreno ya conflictivo: la creación el lote 116 en Condorcanqui 2. Conflictos socio-ambientales en el Datem del Marañón 2.1 Características generales de la región y panorama socio-cultural 2.2 El caso del Pastaza: cuarenta años de contaminación y nuevas concesiones 2.3 Extracción petrolera y conflictos en el Lote 64 2.4 Otros lotes recién concesionados o en estado de exploración en el Datem del Marañón Conclusiones Bibliografía

Introducción

Los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales peruanas ocurridos el 5 de junio de 2009 cerca de la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas, pusieron en primer plano en el escenario nacional e internacional las reivindicaciones de los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Sus largas protestas en contra de los decretos legislativos que modificaban las reglas de protección de los territorios comunales, aprobados por el gobierno sin consultar a los directos interesados, terminaban ese día con un trágico saldo de 34 muertos y cientos de heridos entre policías y manifestantes, abriendo un fuerte debate a nivel nacional. Una parte de la población demostraba su rechazo a la extracción indiscriminada de recursos naturales, especialmente por parte de las empresas mineras y petroleras, y expresando la voluntad de preservar sus territorios de la contaminación y de mantener el control sobre ellos. El gobierno de Alan García, en cambio, acusaba a los manifestantes de estar en contra del desarrollo económico del país, impidiendo el aprovechamiento de los recursos y argumentando que ellos estaban siendo manipulados por gobiernos extranjeros y partidos de la oposición1. Este escenario fue producto de casi dos décadas de implementación de políticas neoliberales en el país, en el marco de un proceso de globalización económica que ha provocado la restructuración de las economías nacionales en función de su integración al libre mercado internacional. En el Perú, como en la mayoría de los países de América Latina, este proceso se ha dado a través de una serie de reformas que han favorecido la inversión privada extranjera, flexibilizando la protección jurídica de los territorios (especialmente aquellos de propiedad comunal) y los controles medioambientales. 1 Estas políticas han beneficiado sobre todo las En el presente trabajo no nos detendremos en los paros amazónicos de 2008 y 2009, ni en los eventos del dramático Baguazo del 5 de junio de 2009. Sobre estos acontecimientos existe una amplia documentación inversiones mineras y de hidrocarburos, sectores que, en pocos años, han conocido una rápida expansión en el territorio peruano. La Amazonía es la región más afectada por este nuevo boom extractivo y, en la actualidad, las concesiones hidrocarburíferas y, en menor medida, mineras ocupan la casi totalidad de su superficie, sobreponiéndose a los territorios titulados por los pueblos y indígenas y las Áreas Naturales Protegidas (cfr. Dourojeanni et al. 2009). En 2011, el recién elegido presidente Ollanta Humala dio señales de un cambio de ruta en la política peruana, promulgando la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios en el pueblo de Imaza (Bagua, Amazonas). Los Awajún que presenciaron el evento celebraron con gran esperanza esta medida legislativa: una nueva época parecía abrirse. Sin embargo, la anunciada “Gran Transformación” no ocurrió y los conflictos socioambientales volvieron a estallar. A pesar de una relativa apertura al diálogo por parte del gobierno, los grandes intereses económicos en juego han seguido dictando las políticas estatales para la Amazónia. Después de un largo periodo de negociaciones entre los representantes del gobierno y las organizaciones indígenas y En el presente trabajo no nos detendremos en los paros amazónicos de 2008 y 2009, ni en los eventos del dramático Baguazo del 5 de junio de 2009. Sobre estos acontecimientos existe una amplia documentación periodística, académica y legal. En particular recomendamos la lectura del Informe en minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua (Gomez y Menaces 2010).

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campesinas, no se logró encontrar un acuerdo unánime sobre el reglamento que implementa la Ley de Consulta. Las principales organizaciones indígenas manifestaron su disconformidad ante lo que les parecía más bien como una restricción de los derechos internacionales contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En abril de 2012, el presidente de Petroperú anunció la concesión de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica y, a principios de 2013, el gobierno promulgó una serie de medidas legislativas para “reactivar la economía”, reduciendo los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambientales y los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Por otro lado, como veremos, en el marco del primer proceso de consulta anunciado por el gobierno relativo a la licitación del Lote 192 (ex Lote 1AB) en el Pastaza, están saliendo a la luz datos oficiales sobre las graves consecuencias medioambientales producidas por la actividad petrolera en la Amazonía. Recientemente, debido a las presiones de las organizaciones indígenas y la opinión pública internacional, el gobierno peruano se vio obligado a sancionar la empresa Pluspetrol por la contaminación generada en este Lote. El presente trabajo propone una descripción de los conflictos socio-ambientales en las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, dos regiones contiguas cuyo eje principal es el río Marañón. Pese a la diversidad geográfica entre estas dos regiones, tratándose la primera de una región de selva alta y la segunda de una región típicamente amazónica, podemos observar una cierta continuidad socio-cultural y procesos políticos similares en ambas. Efectivamente, tanto en la provincia de Condorcanqui como en el Datem del Marañón, la gran mayoría de la población es indígena y mantiene hasta nuestros días un fuerte sentido de identidad cultural, una economía basada principalmente en la subsistencia y una fuerte relación material y simbólica con el entorno geográfico. Una gran parte de esta población pertenece al conjunto etno-linguistico Jívaro compuesto por los Awajún, Huambisa, Shuar, Achuar y según algunos investigadores (como Surrallés 2007) también por los Shapra y Kandoshi, cuya cultura está emparentada con la de los otros grupos. Tradicionalmente organizados en grupos dispersos y semi-nómadas, los Jívaro tienen desde la época colonial fama de “indios bravos” en contraposición a los “indios mansos” que habían sido “reducidos” en las misiones católicas. En efecto, las fuentes etno­históricas relatan numerosos levantamientos de los Jívaro a lo largo de todo el siglo XVI, hasta la expulsión definitiva de los Conquistadores españoles en 15992. También en la época republicana, tenemos información de ataques continuos a los puestos de los comerciantes caucheros en el río Marañón y episodios de rebelión a los abusos de los militares, en los ríos Cenepa, Santiago y Morona3. En el siglo XX, los Jívaro fueron entre los grupos de la Amazonía peruana que con más fuerza se insertaron en la política indígena, organizándose en federaciones a nivel local y regional, y contribuyendo activamente a la creación de las organizaciones indígenas amazónicas nacionales (AIDESEP y CONAP). Como señaló el antropólogo norteamericano Shane Greene (2009), existe una cierta continuidad entre la tradición belicosa de los Jívaro y estos modernos “guerreros de pluma y papel”, cuyas luchas se inscriben principalmente en un marco de derechos internacionalmente reconocidos. Por otro lado, los estudios etnográficos sobre los pueblos Jívaro4 también han evidenciado el fuerte sentido de autonomía de los grupos locales y su organización “acéfala”, donde es la dinámica de la alianza y el conflicto que redefine constantemente las relaciones sociales. Como veremos, en el actual contexto socio-político, y particularmente después del trágico Baguazo, las empresas extractivas están utilizando a su favor este rasgo cultural de los pueblos Jívaro. La política clásica Taylor y Descola 1981; Taylor 1988 Guallart 1990, Serrano 1995 4 Entre ellos: Karsten 1935, Harner 1978, Brown 1984, Descola 1989 2 3

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del divide et impera, parece tener un fuerte impacto en tales sociedades, y nuevos conflictos están surgiendo en el interior de las organizaciones, entre las comunidades e incluso dentro de una misma comunidad. Esta situación, en varias oportunidades, ha corrido el riesgo de degenerar en enfrentamientos abiertos, como fue en el caso de los Achuar, por el cual la empresa canadiense Talisman se encuentra enjuiciada en la Fiscalía de la Nación del Perú por el delito de “genocidio en tentativa”. Por lo tanto, la elección de estas dos regiones para el presente estudio no es casual. Se trata de dos provincias cuya población indígena, además de ser mayoritaria y tener amplios territorios titulados, está organizada políticamente desde hace más de tres décadas y en la actualidad debe enfrentar la fuerte presión de las empresas extractivas. Lo que se propone es una síntesis de la información disponible en el web (en los sitios de información sobre el tema como servindi.org, los medios de prensa y las páginas de las empresas interesadas) y entrevistas realizadas por el autor a lo largo de varias estadías en las comunidades awajún y wampis de los ríos Cenepa, Santiago y Morona y en los pueblos de Santa María de Nieva y San Lorenzo, las dos capitales de provincias5. Una nota de agradecimiento va particularmente a los miembros de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI – San Lorenzo), con quienes he tenido la suerte de colaborar en el marco de diferentes proyectos sobre cultura y territorio. Gracias también al antropólogo Alexandre Surralles por las correcciones y el ingeniero Ermeto Tuesta del Instituto del Bien Común por la elaboración de los dos valiosos mapas que ilustran la sobre posición de las concesiones mineras y petroleras a las comunidades nativas de Condorcanqui y Datem del Marañón.

1. Conflictos socio-ambientales en la provincia de Condorcanqui

1.1 Características generales de la región y panorama socio-cultural La provincia de Condorcanqui tiene una extensión 17.865 km2. A nivel administrativo, pertenece al departamento de Amazonas y está subdividida en tres distritos, correspondientes a las tres principales cuencas hidrográficas: Nieva, Cenepa y Santiago. Estos tres ríos desembocan en el río Marañón, el eje transversal y la más importante vía de comunicación de la región. La capital de la provincia es la pequeña ciudad de Santa María de Nieva (6,000 habitantes), ubicada en la confluencia entre el río Nieva y el río Marañón. La única carretera es la Marginal de la Selva, que conecta las ciudades de Bagua (Amazonas) y Sarameriza (Loreto), pasando por las comunidades nativas y los poblados ubicados en la margen derecha del Marañón (entre ellos: Urakusa y Santa María de Nieva). La población estimada de Condorcanqui es de 50,746 habitantes (26,267 en el distrito de Nieva; 9,402 en el distrito de El Cenepa; 15.073 en el distrito de Santiago)6. El territorio que corresponde a la provincia de Condorcanqui está ocupado al menos desde la época incaica por poblaciones pertenecientes al conjunto etno-linguistico Jívaro. Actualmente, la gran mayoría de la población de la provincia se identifica como Awajún (o Aguaruna) y Wampis (o Huambisa). Los Awajún tienen una población muy numerosa (cerca de 60,000 personas) y ocupa un territorio que sobrepasa los límites de la provincia de Condorcanqui y del departamento de Amazonas, abarcando también las regiones de Cajamarca, San Martin y Loreto. Los Wampis, por su parte, están estrechamente emparentados con los Shuar de Ecuador, y se sitúan en las cuencas de los ríos Santiago y Morona, entre las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón (Loreto). El material etnográfico recogido sirvió para implementar una tesis de maestría en antropología en la PUCP (Garra 2011) y dos informes sobre los Territorios Integrales Awajún y Wampis, trabajos realizados para la organización CORPI en colaboración con los antropólogos A. Surallés y R. Ríol. 6 Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local -Condorcanqui. 5

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A partir de la segunda mitad del siglo XX, los misioneros jesuitas y los lingüistas del Instituto Lingüístico del Verano impulsaron la escolarización y el reasentamiento en “comunidades” de la población indígena de Condorcanqui. Desde 1974, tales comunidades obtuvieron un reconocimiento legal, un territorio titulado y adoptaron una forma de democracia directa, cuyos pilares son la asamblea y los reglamentos comunales. En la actualidad la casi totalidad de la provincia de Condorcanqui está titulada por comunidades nativas, en su mayoría Awajún. La subsistencia en estas comunidades se basa en las actividades tradicionales (cacería, pesca, horticultura y recolección). Sin embargo, en las aldeas más grandes, que concentran entre 1.000 y 2.000 habitantes, los recursos del bosque ya no alcanzan para satisfacer las necesidades de la población, lo que provoca toda una séquela de problemas de salud y sociales. Algunos cultivos comerciales (principalmente cacao y plátano) y la minería artesanal7 complementan la economía de las familias Awajún y Wampis. Los servicios básicos (luz, desagüe) son ausentes en la casi totalidad de las comunidades y los centros de atención médica son escasos y mal equipados. Los servicios escolares también son inadecuados a las demandas de la población, por lo que asistimos a un fenómeno de migración de los jóvenes en busca de mejores oportunidades educativas, particularmente hacia Santa María de Nieva, Bagua y Chiclayo. A nivel político, si bien cada comunidad tiene cierta autonomía en las decisiones que le conciernen, los Awajún y los Wampis están organizados en federaciones que funcionan sobre todo a nivel de cuencas y sub-cuencas hidrográficas. La más conocida de estas organizaciones es el Consejo Aguaruna Huambisa que, entre las décadas de 1970 y 1980, logró unificar a los representantes de las comunidades de los “cinco ríos”: Marañón, Cenepa, Santiago, Chiriaco y Nieva. A partir de los años 90, el CAH se fragmentó en un gran número de organizaciones. Actualmente, la casi totalidad de las organizaciones indígenas locales están afiliadas a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P). Esta organización regional, recientemente, se hizo promotora de la Ordenanza Regional de Derecho a la Consulta Previa en la región Amazona, siendo la primera vez en el Perú que logra aprobarse y reconocerse a nivel regional la Ley de Consulta. Este instrumento legal detalla en qué momento se realiza la Consulta, como se realizan las competencias, cómo se identifican las medidas a consultar y qué instituciones deberán encargarse de financiar este proceso8. La minería artesanal, o mejor dicho el lavado del oro, es muy común entre los Awajún y Wampis y practicada desde hace varias décadas por hombres y jóvenes indígenas, sin la utilización de ningún tipo de sustancias química. Sin embargo, desde hace algunos años algunos oreros indígenas han empezado a utilizar el mercurio para condensar el polvo de oro y también han aparecido las “motobombas”, es decir dragas flotantes con bombas de succión para extraer el sedimento y conseguir rendimientos más rápidos y abundantes. La actividad de estas máquinas tiene efectos muy negativos sobre las aguas del río y la fauna ictiológica. Por esto, algunas organizaciones indígenas como8 ODECOFROC, han prohibido la utilización de mercurio y motobombas en las comunidades. Para mayores detalles ver Vigilante Amazónico 2013. La apertura del Gobierno Regional de Amazonas a las instancias de los pueblos indígenas se debe también al hecho que, en la provincia de Condorcanqui, los cargos políticos principales están ocupados por políticos Awajún. En el año 2011, además, un Awajún fue elegido como Congresista de la Republica, el primer indígena amazónico que obtiene un cargo político de tan alto nivel en La minería artesanal, o mejor dicho el lavado del oro, es muy común entre los Awajún y Wampis y practicada desde hace varias décadas por hombres y jóvenes indígenas, sin la utilización de ningún tipo de sustancias química. Sin embargo, desde hace algunos años algunos oreros indígenas han empezado a utilizar el mercurio para condensar el polvo de oro y tambièn han aparecido las “motobombas”, es decir dragas flotantes con bombas de succión para extraer el sedimento y conseguir rendimientos más rápidos y abundantes. La actividad de estas máquinas tiene efectos muy negativos sobre las aguas del río y la fauna ictiológica. Por esto, algunas organizaciones indígenas como ODECOFROC, han prohibido la utilización de mercurio y motobombas en las comunidades. 8 Para mayores detalles ver Vigilante Amazónico 2013.

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el Perú. Pese a estos reconocimientos oficiales, el escenario político local está muy convulsionado y varios dirigentes Awajún se encuentran con graves denuncias por las protestas de 2009. Como veremos en los siguientes párrafos, las organizaciones indígenas están en este momento debilitadas por la presión del frente extractivo transnacional.

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1.2 El recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja y las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor Ubicación: Cordillera del Cóndor – cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatkaim Empresa(s): Afrodita/Dorato Perú; New Dimension Resources Pueblos indígenas directamente afectados: Awajún, Wampis Organizaciones: Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Organización de Desarrollo de las Comunidades del Alto Comaina (ODECOAC), Organización de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de Numpatkaim y Alto Comaina (ODECINAC) Al término del conflicto de 1995 entre Perú y Ecuador, ambos países se comprometieron a crear dos “zonas de protección ecológica bajo soberanía y jurisdicción del Estado respectivo” en la Cordillera del Cóndor, el lugar que había sido el teatro de los enfrentamientos. En el Perú, se declaró la creación de la Zona Reservada Santiago-Comaina, bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Después de un periodo de investigación biológica, realizado conjuntamente con la ONG Conservación Internacional, se optó por la creación de un Parque Nacional en la Cordillera del Cóndor. Se trata de un territorio de gran importancia para la población indígena de la zona, puesto que allí se encuentran las cabeceras de los ríos Cenepa, Comaina y Numpatkaim, en cuyas partes medias y bajas están asentados miles de Awaún y Wampis. Además, por su relativo aislamiento, la Cordillera constituye una zona de refugio para muchas especies animales y vegetales que han empezado a escasear en los territorios más poblados de la región. La decisión de aceptar la constitución del Parque fue muy discutida por los pobladores, ya que una parte de ellos temía que se tratara de una estrategia del Estado para substraerles este territorio tan lleno de recursos. Finalmente, con el consentimiento de las organizaciones indígenas, a partir de 2002 inició el proceso de categorización de esta zona. INRENA y Conservación Internacional realizaron talleres en las comunidades y escogieron promotores indígenas para concientizar a la población local de la importancia del proyecto e involucrarla directamente en su realización. De esta manera, en el 2004, los representantes de las comunidades nativas incluidas en la Zona Reservada Santiago Comaina, en presencia del INRENA y del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural) firmaron un Acta en Huampami, en el que se daba conformidad a la creación del Parque Nacional Cordillera del Cóndor – Ichigkat Muja. El acta estableció que los límites del parque correspondían a los límites de las comunidades tituladas y a los límites de los pedidos de ampliación, fijando un total de 152.873 has para su extensión (ODECOFROC 2009). Sin embargo, en los años siguientes, se hizo evidente la falta de voluntad del Estado peruano de cumplir los acuerdos pactados. En agosto de 2007, mediante el DS 023-2007-AG, se creó oficialmente el Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, con una superficie de 88.477 has, es decir, 64,000 hectáreas menos de la superficie acordada en el Acta de Huampami. Con esta categorización, se dejaron sin protección todas las cabeceras de los ríos Comaina, Numpatkaim y Sawientsa, afluentes del Cenepa. El territorio que quedó afuera del Parque fue concesionado a empresas mineras, sin ningún proceso de consulta previo a las comunidades y organizaciones indígenas.

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Área recortada a la propuesta original del Parque Ichigkat Muja (Fuente: ODECOFROC 2009)

Desde al año 1993, el Estado peruano había otorgado las primeras concesiones en la Cordillera del Cóndor a la compañía Metalfin (empresa que en 1996-7 creó la Minera Afrodita, transfiriéndole el íntegro de sus concesiones en la Cordillera). Sin embargo, con el establecimiento de la Zona Reservada en 1998, la compatibilidad de la actividad minera con los objetivos de conservación ecológica quedó sujeta a la opinión de INRENA. En el 2001, cuando la empresa peruano-canadiense Minería Afrodita pidió autorización para realizar trabajos de exploración en la Cordillera del Cóndor,

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INRENA desestimó esta autorización, declarando que: “los impactos que se pudieran generar como producto de la actividad de exploración y explotación minera afectarían directamente los objetivos de conservación de la zona”. A pesar de esto, como ha documentado detalladamente la organización awajún ODECOFROC (2009), entre el 2005 y el 2006, la compañía minera se entrometió en las políticas ambientales implementadas por el INRENA, también presionó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa con el fin de obtener el permiso para trabajar en la Cordillera del Cóndor. Esta presión dio sus resultados en enero de 2006, cuando INRENA cambió su posición inicial, autorizando los trabajos de la Minera Afrodita, sin alegar ninguna razón y más bien señalando la necesidad de respetar rígidamente todas las medidas de seguridad por la peligrosidad de la actividad minera en esta zona. Actualmente, existen 109 concesiones para la exploración y la explotación de minerales en la Cordillera del Cóndor (otorgadas y en trámite), de las cuales 107 pertenecen a dos empresas canadienses: Dorato Resources/Afrodita (la gran mayoría), y New Dimension Resources (19 concesiones). La población indígena del Cenepa se siente traicionada por el gobierno peruano, que a través del INRENA la había involucrado en el proceso de creación del Parque. La contaminación de las fuentes de agua, la deforestación y el alejamiento de la fauna de la Cordillera amenazan seriamente la supervivencia de las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Cenepa, Comaina y Numpatkaim. Desde el año 2007, esta situación desencadenó un conflicto (actualmente registrado como “latente” por la Defensoría del Pueblo), cuyos actores principales son las comunidades y las organizaciones indígenas de la cuenca del Cenepa (en particular la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC), la empresa minera canadiense Afrodita y el gobierno peruano. En 2008, los representantes de los Awajún del Cenepa enviaron un comunicado anunciando que la Minería Afrodita tenía un plazo de 48 horas para retirarse. Al no recibir respuesta por parte del gobierno ni de la empresa, una numerosa comitiva desmanteló las instalaciones de Afrodita delante de la guarnición militar fronteriza9. Posteriormente, los líderes awajún de ODECOFROC pidieron nuevamente un diálogo con el gobierno, y una vez fueron ignorados. En enero del 2009, seis trabajadores de la empresa minera fueron detenidos en la comunidad de Huampami y liberados seis días después con la condición de que el Gobierno garantice enviar una Comisión de Alto Nivel a esa comunidad. Sin embargo, la Comisión nunca llegó a Huampami y el Presidente de ODECOFROC fue denunciado penalmente por el supuesto delito de secuestro, a pesar de que no se encontraba presente cuando los comuneros decidieron retener a la comitiva de la empresa. En marzo de ese mismo año, otra vez, fueron retenidos en Huampami dos funcionarios del Estado, uno del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Agricultura, quienes llegaron a la comunidad para realizar un taller sobre la extracción de hidrocarburos, sin haber consultado previamente con la ODECOFROC, ni con las autoridades comunales. A las pocas horas, estos trabajadores fueron liberados por los comuneros, quienes reiteraron su rechazo a las actividades extractivas. Estos eventos antecedieron el paro amazónico de 2009, donde hubo una participación masiva de la población de Condorcanqui. En los meses siguientes a los eventos de Bagua de 2009, nacieron varias organizaciones indígenas, a nivel nacional, regional y local, que tomaron posiciones favorables a las compañías extractivas y las políticas del gobierno. En Condorcanqui, surgió una organización llamada Coordinadora Awajún, que pidió disculpas al gobierno por el Baguazo, en nombre de todo el pueblo Awajún. Tales declaraciones fueron inmediatamente desmentidas por el resto de las organizaciones de la zona que, a través de varios comunicados, denunció que la Coordinadora es una “organización fantasma”, puesto que no tiene bases en las comunidades. Desde 2010 hasta nuestros días, las concesiones de la compañía minera Afroida/Dorato Perú se encuentran suspendidas, sin embargo la tensión no ha disminuido. En efecto, según los testigos de ODECOFROC, la compañía sigue realizando actividades de exploración 9

http://servindi.org/actualidad/opinion/12648; http://servindi.org/actualidad/12902

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en la zona y negociando la explotación de los yacimientos de la Cordillera con el gobierno peruano. Además, Afrodita ha instaurado relaciones clientelares con algunas comunidades cercanas a sus instalaciones, quienes han entrado en abierto conflicto con la ODECOFROC, emprendiendo una campaña de difamación en contra de sus dirigentes y obstaculizando su trabajo de información y monitoreo. En más de una ocasión, esta situación ha corrido el riesgo de desencadenar situaciones de violencia entre las comunidades y hasta dentro de las comunidades10. 1.3 Nuevas tensiones en un terreno ya conflictivo: la creación el lote 116 en Condorcanqui Ubicación: ríos Marañón, Cenepa, Santiago y Nieva Este conflicto ha sido descrito y analizado por el autor en su tesis de maestría en antropología, disponible en la PUCP (Garra 2011). Empresa(s): Maurel et Prom, Pacific Rubiales Pueblos indígenas directamente afectados: Awajún, Wampis Organizaciones: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), Consejo Aguaruna Huambisa (CAH), Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Federación de las Comunidades Huambisa del Río Santiago (FECOHRSA), Federación de las Comunidades Awajún del Bajo Santiago (FECAS), Organización de los Pueblos Indígenas Wampis y Awajún del río Kanus (OPIWAK), Federación Aguaruna del Domingusa (FAD), Federación de Comunidades Nativas Aguaruna del Río Nieva (FECONARIN), Organización de Desarrollo de las Comunidades Aguaruna del río Marañón (ODECAM), Federación Indígena de Shawit (FISH), Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis (CEPPAW). El lote 116 fue creado en 2006 y concesionado inicialmente a la empresa Hocol. En 2010 fue asumido por la francesa Maurel et Prom que, a partir del año en curso, se asoció a la canadiense Pacific Rubiales (empresa acusada en Colombia de desplazamientos forzados de la población, colusiones con los paramilitares y violaciones de los derechos laborales)11. El Lote 116 tiene una extensión de 658,879 hectáreas y se sobrepone al territorio de 90 comunidades nativas de Condorcanqui, la Reserva Comunal Tuntanain (en 48.5% de su extensión) y la Zona Reservada Santiago Comaina (en 36.6%). El proyecto tiene como objetivo la perforación de dos pozos desde una plataforma operativa que estará ubicada en la comunidad de Kashap y la construcción de un campamiento de base en el centro poblado de Ciro Alegría12. A pesar de su ubicación en el territorio de los Awajún y Wampis, la concesión del Lote fue realizada por el gobierno peruano sin ningún proceso de consulta. Según los testimonios recogidos en el campo, la empresa busca negociar individualmente con los jefes de las comunidades, ofreciéndoles dinero, servicios y puestos de trabajo a cambio de la aceptación de las actividades extractivas, como lo ha hecho como mínimo con la comunidad de Kashap,. En varias ocasiones, los representantes de las comunidades de Condorcanqui se reunieron y expresaron su rechazo a las actividades petroleras. Los primeros en pronunciarse fueron los representantes de 55 comunidades del río Santiago, quienes en 2007 realizaron una “Declaración unitaria” donde anunciaron su intención de luchar -incluso a costa de sus vidas ­contra la explotación del lote 116 y solicitaron un diálogo directo de alto nivel con el gobierno central para dar a conocer sus propuestas de desarrollo y promover actividades de bajo impacto ambiental. La anulación del contrato de exploración y explotación del Lote 116 estuvo también entre los pedidos contenidos en la plataforma de lucha de Condorcanqui en las protestas de 2008 y 2009. En 2012, se realizó Este conflicto ha sido descrito y analizado por el autor en su tesis de maestría en antropología, disponible en la PUCP (Garra 2011). Información encontrada en los sitios web de medios de prensa: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-301599-campo-rubiales; http://www.elespectador.com/opinion/columna-353500-de-eso-tan-bueno-no-dantanto;http://www. semana.com/nacion/articulo/campo-rubiales-esta-arde/246915-3; http://www.elespectador.com/impreso/investigacion/articulo-306956-enredos-de-una-petrolera; http://www.freemedia.at/home/singleview/article/colombian-journalist-dies-following-police-altercation.html. Sitios consultados en noviembre 2013. 12 Para más detalles ver: Vigilante Amazónico 2012 10

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en Santa María de Nieva el denominado “Encuentro de Jefes y Líderes frente a la amenaza de las actividades hidrocarburíferas y mineras en el territorio ancestral de los Pueblos Awajun Wampis”, congregando a 74 participantes, entre jefes comunales, líderes de organizaciones de base, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y medios de prensa. A pesar de la invitación efectuada por la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajun Wampis, la empresa petrolera Maurel Et Prom no acudió al encuentro, desairando la expectativa de los participantes que la invitaron con anticipación. En 2013, nuevamente, cerca de 80 líderes y lideresas indígenas exigieron al Estado peruano suspender las actividades sin consulta que realizan Maurel Et Prom y Pacific Rubiales, señalando que ambas empresas habían iniciado sus actividades de exploración y estaban desarrollando acciones orientadas a comprar dirigentes y autoridades y promover la división de las organizaciones indígenas. El evento fue convocado por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), entidad regional afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Por su parte, la empresa está realizando reuniones con un grupo de dirigentes Awajún y con los jefes de apenas tres de las comunidades afectadas por el Lote13.

2 Conflictos socio-ambientales en el Datem del Marañón

2.1 Características generales de la región y panorama socio-cultural La provincia de Datem del Marañón14.se ubica en el departamento de Loreto y se subdivide en seis distritos: Andoas, Barranca, Cahuapanas, Manseriche, Morona y Pastaza. Tiene una superficie de 46,619 km2 y una población de aproximadamente 50,000 habitantes. La capital de la provincia es la pequeña ciudad de San Lorenzo (cerca de 8,000 habitantes), situada a orillas del río Marañón. Tratándose de una región bajo amazónica, los ríos constituyen las más importantes vías de comunicación. En este tramo el Marañón tiene un caudal muy amplio y es recorrido por las grandes lanchas que vienen de Iquitos, capital del departamento. La única carretera existente en el Datem del Marañón es aquella que conecta Bagua con Villa Saramiriza, localidad que adquirió cierta importancia regional a partir de los años 1970, por el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el río Pastaza y la construcción del Oleoducto Nor Peruano. La población de las cuencas del río Marañón y sus grandes afluentes Morona, Pastaza, Potro, Apaga y Cahuapanas, presenta desde la época prehispánica una gran variedad lingüística y cultural. En esa época como hoy, los grupos indígenas de la región pertenecían principalmente a las familias etnolingüísticas Jívaro, Candoa y Shawi. Entre los siglos XVII y XVIII, las reducciones jesuitas de Maynas tuvieron un profundo impacto en los procesos de transculturación y reformulación de las identidades locales, así como en la forma de vivir de estas poblaciones. Posteriormente tales poblaciones fueron involucradas en las redes comerciales de jebe y pieles de animales que conectaban la ciudad de Iquitos con los afluentes de los ríos Amazonas y Marañón. Si bien no degeneró en un verdadero sistema de esclavitud, como ocurrió en otras partes de Amazonía, el comercio se basó en el sistema conocido como “enganche”, es decir en el perpetuo endeudamiento de la población, que se transformaba de esta manera en peonaje de los “patrones” o “regatones”. Desde la mitad del siglo XX, en la región tuvieron un rol social preponderante los misioneroslingüistas del ILV, quienes impulsaron la escolarización y el reasentamiento en comunidades de la población indígena. Actualmente, tenemos en el Datem del Marañón una miríada de comunidades nativas culturalmente y lingüísticamente identificadas como Awajún, Achuar, Wampis, Shiwilo, Informe mensual de Petroperu de setiembre 2013. Disponible en: http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/e4101d804181003fa247ae48f77862ad/Informe+Mensual++SETIEMBRE+2013.pdf ?MOD=AJPERES&lmod=-37726885 14 El nombre Datem, en los idiomas Jívaro, designa la planta Banisteriopsis caapi, de gran importancia cultural para el conjunto de las culturas nativas de la región. 13

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Shapra, Kandoshi, Shawi y Quichuas. Algunos millares de hispanohablantes, conocidos en la región como ribereños y dedicados al comercio y la pesca, completan el panorama socio­cultural del Datem del Marañón. La provincia tiene una historia reciente, ya que fue creada en 2005, después de una huelga indefinida de la población indígena que terminó con el saldo de un muerto y varios heridos. El objetivo de esta jornada de protesta fue el conseguimiento de más recursos económicos y mayor participación para las instituciones locales, anteriormente bajo la administración de Alto Amazonas (con capital en Yurimaguas). Al momento de la creación de la provincia, las organizaciones indígenas locales y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, afiliada a la AIDESEP, trabajaron en estrecha colaboración con la administración local, que en su primer periodo fue guiada por el alcalde awajún Emir Masegkai del Movimiento Integracionista del Amazonía Peruana (MIAP). Entre los resultados de esta fuerte presencia indígena en la política local podemos mencionar la histórica Ordenanza municipal nº 012-2008-MPDM-A del 3 de noviembre del 2008. Basándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (textos internacionales ambos suscritos por el Perú), la Ordenanza declara que los gobiernos locales son competentes en materia de acondicionamiento territorial y que los pueblos indígenas deben decidir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de desarrollo. La ordenanza pasa en seguida a reconocer oficialmente la existencia en la provincia de los pueblos indígenas de la región y los derechos territoriales históricos que poseen. En el marco de esta medida legislativa las federaciones indígenas afiliadas a la CORPI empezaron un proceso de autodefinición territorial, cuyo objetivo es la demanda de reconocimiento de Territorios Integrales Indígenas. La noción de “integralidad” implica una visión del territorio que va mucho más allá de la titulación de superficies de tierra para acercarse a las cosmologías indígenas, donde es la interrelación con los seres del entorno que permite la existencia de la humanidad. En este sentido, es el conjunto del espacio de vida de cada pueblo lo que se reclama como territorio y no tiene sentido separar la tierra, el bosque, los cursos de agua, el aire y el subsuelo de todos sus habitantes humanos y no humanos. Por otro lado, el proyecto de Territorio Integral apunta a la integración de las comunidades nativas de un mismo grupo étnico en un solo espacio territorial que incluiría también aquellos territorios no titulados dentro de las “comunidades”, pero que tienen igualmente una importancia histórica, material o espiritual-religiosa para el grupo étnico en cuestión15. Como resultado de un largo trabajo organizativo -cuyo objetivo fue establecer los límites geográficos de los diferentes territorios étnicos -y de un igualmente largo trabajo cartográfico realizado por los equipos de CORPI, tenemos aquí un mapa de los territorios integrales afiliados a esta organización (el mapa incluye también los pueblos afiliados a la organización que viven en la provincia de Alto Amazonas). Este proceso de recomposición de los espacios territoriales étnicos, llevado adelante por las organizaciones de base afiliadas a CORPI, con el apoyo de algunas ONG nacionales e internacionales, debería llevar, según sus promotores, a la creación de una Región Indígena Autónoma en el norte de la Amazonía peruana. Lamentablemente, hasta ahora este proyecto no ha sido tomado en cuenta por el gobierno nacional. Como muestra el mapa siguiente, las políticas del Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, no consideran como relevante la presencia de poblaciones indígenas en el Datem del Marañón. El único interés que parece tener el gobierno central en la región es aquello generado por la renta petrolera, a pesar de las dramáticas consecuencias medioambientales que la extracción de petróleo ya ha generado en el Lote 1AB en el Alto Pastaza. El caso del Pastaza está hoy en el 15 Para mayores informaciones sobre el significado y el proceso de autodefinición de Territorios Integrales Indígenas ver: Surrallés y García Hierro (2009)

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centro de la atención internacional, puesto que el nuevo contrato para la explotación de estos yacimientos será objeto del primer proceso de consulta a los pueblos indígenas en el Perú. Aún no está muy claro si también serán objeto de consulta los otros lotes de la región, con contratos ya subscritos por el MINEM y empresas petroleras transnacionales. De estos lotes recientes, el único donde han empezado los trabajos de perforación es el Lote 64, entre los ríos Morona y Pastaza. Como se detallará, en tan solo diez años, la economía petrolera ha tenido un impacto social desastroso, generando toda una serie de tensiones y conflictos hasta ahora irresueltos. A continuación se presentará una reseña informativa sobre cada uno de estos lotes y los conflictos socio-ambientales relacionados.

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2.2 El caso del Pastaza: cuarenta años de contaminación y nuevas concesiones Ubicación: Parte alta de los río Huituyacu, Huasaga, Pastaza Empresa(s): Pluspetrol (Lote 1AB y 115), Pluspetrol, Ramshorn International, Shona Energy International y Andean Oil and Gas S.A.C (Lote 102) Pueblos indígenas directamente afectados: Quechua, Achuar Organizaciones: Federación de los Indígenas Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Federación de la Nación Achuar del Perú (FENAP), Organización Achuar Chayat (ORACH), Organización Achuarti Iruntramu (ATI) El caso del río Pastaza constituye un ejemplo emblemático de extractivismo en la Amazonía peruana. El Lote 1AB tiene una extensión de 479,265 hectáreas y está ubicado en la parte alta de la cuenca de este río, distrito de Andoas, territorio del pueblo Quechua. La estación recolectora principal (Nuevo Andoas) y la planta de bombeo inicial del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano se encuentran también en el mismo distrito. La extracción de petróleo en Andoas se remonta a principios de la década de 1970, cuando el Estado peruano concesionó el lote a la empresa norteamericana Occidental Petroleum Corporation del Perú (OXY). En el año 2000, la OXY fue remplazada por la empresa argentina Pluspetrol, que de esta manera asumió también los pasivos ambientales de la gestión antecedente. En 2005, Pluspetrol adquirió la licencia del lote 115, ubicado en las partes altas de Huasaga y Huituyacu, territorio de los Achuar, que tiene una extensión de 241,226 hectáreas. Finalmente, desde 2009, Pluspetrol también tiene el 51% del Lote 102 (que anteriormente estaba incluido en el Lote 1AB) junto con las empresas estadounidenses Ramshorn International, Shona Energy International y Andean Oil and Gas S.A.C16. Desde un principio, las actividades petroleras en esta región se desarrollaron en un contexto de total ausencia de fiscalización ambiental por parte del Estado y sin alguna medida de precaución por parte de la empresa. Durante cuarenta años, las aguas del subsuelo, con altos grados de contaminantes, concentración salina y elevada temperatura, junto con los hidrocarburos y los demás concentrados propios de la producción petrolera fueron vertidas al Pastaza y sus afluentes. Ya en el año 1984, después de la primera década de operaciones petroleras en la región, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales declaró que se trataba de una de las zonas medioambientales dañadas más críticas del país. En 2004, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) resolvió cerrar 17 pozos de producción del Lote 1AB durante un periodo de cuatro meses y aplicó una multa a Pluspetrol por la contaminación determinada por el vertimiento de aguas de producción17. Sin embargo, fue solamente en el año 2006, cuando se publicó un estudio realizado por la Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) en la vecina cuenca del Corrientes (Lote 8 – también de Pluspetrol), que se conocieron las dramáticas consecuencias de estas actividades. En los resultados de este estudio se evidenciaba que, debido a la contaminación del agua, más del 98% de los pobladores Achuar menores de 18 años superaba los valores límites de cadmio en sangre y el 66,21% de ellos el límite establecido para el plomo (La Torre 1999). En 2007, después de una larga huelga, los Achuar del Pastaza obtuvieron que Pluspetrol se comprometa a reinyectar en el subsuelo el 100% de las aguas de producción de los Lotes 8 y 1AB. Frente al incumplimiento de tales compromisos, en el año 2008, los Quechua del Pastaza también se movilizaron, tomando las instalaciones del aeródromo de Pluspetrol en Andoas. Durante un operativo de desalojo, un miembro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) fue muerto, lo que desencadenó en los días siguientes una serie de acciones de represalias por parte de la DINOES. Según las denuncias de los pobladores, un mes después de la manifestación, fue asesinado un comunero quichua y varios fueron amenazados y torturados (Isla 2009). En los http://www.perupetro.com.pe, consultado en noviembre 2013 Para mayores informaciones sobre la historia del Lote 1AB visitar: http://casoandoas.wordpress.com (consultado en noviembre 2013). 16 17

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días siguientes, los abogados y periodistas del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas (PDDI) denunciaron que Pluspetrol les impidió el acceso a la zona18 . En 2010, tres dirigentes de la Federación de los Indígenas Quichua del Pastaza (FEDIQUEP) presentaron ante el Congreso de la República del Perú una denuncia por la contaminación y los abusos a la población provocados por Pluspetrol, exigiendo investigaciones por parte de organismos independientes. En su informe, FEDIQUEP acusó Pluspetrol del envenenamiento de aguas y suelo y de casos de diarrea, vómitos y enfermedades de la piel entre los pobladores del alto Pastaza19. En 2011, el gobierno peruano subscribió con los Quechua el denominado “Acta del Pastaza” prometiendo la prestación de servicios de salud y educación y una investigación exhaustiva del impacto de la contaminación. Una vez más, los Quechua tuvieron que movilizarse para exigir el cumplimiento de estos compromisos. En junio de 2012, las comunidades reiniciaron sus movilizaciones en un clima de fuerte militarización20. Frente a tales reclamos, el gobierno peruano conformó una Comisión Multisectorial, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, para analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las cuencas afectadas. En octubre de ese mismo año, el viceministro de Interculturalidad anunció que en 2013 se realizaría el primer proceso de consulta previa en el Perú, en los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en vista del nuevo proceso de licitación pública del lote 192 que deberá sustituir el contrato del lote 1AB en el año 2015. En marzo de 2013, luego de la presentación preliminar del informe de la Comisión Multisectorial, el gobierno declaró el estado de Emergencia Ambiental en los distritos de Andoas y Pastaza. En julio, después de una nueva movilización de los Quechua del Pastaza, Pluspetrol aceptó pagar una compensación a las comunidades nativas y los representantes de la PCM se comprometieron a realizar exámenes toxicológicos a la población21. En los últimos meses, en este marco de mayor atención nacional e internacional hacia el caso del Pastaza, FEDIQUEP ha venido presentando una serie de informes sobre los daños producidos por Pluspetrol al medioambiente y la salud humana. Entre ellos, se han documentado la contaminación de pozos y piletas de agua en las comunidades, la desaparición de una laguna y hasta 112 derrames de hidrocarburos entre 2007 y 2011 por fallas del ducto de transporte de hidrocarburos o desbordes de los tanques sumideros. Por su parte, una serie de estudios gubernamentales a cargo del Autoridad Nacional del Agua, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han confirmado los altos índices de contaminación de las aguas y los suelos por hidrocarburos, arsénico, bario, cadmio, zinc y plomo22. Justo en estos días (noviembre 2013), mientras se redacta el presente documento, el OEFA, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, impuso una multa de 7 millones 220 mil dólares por las actividades realizadas entre mayo y octubre de 2012 en la laguna de Shanshococha (2856 m2), que llevaron a su completa desaparición23. De esta manera, gracias a la lucha de las comunidades y el intenso trabajo político y documental realizado por sus federaciones, unas nuevas esperanzas de reparación parecen abrirse para los pobladores del Pastaza. 2.4. Extracción petrolera y conflictos en el Lote 64 Ubicación: Cuencas de los ríos Morona, Huituyacu, Huasaga Empresa(s): Talisman -Perupetro Pueblos indígenas directamente afectados: Achuar, Shapra, Wampis Organizaciones: http://servindi.org/actualidad/10835; http://servindi.org/actualidad/16859; http://servindi.org/actualidad/18504 http://servindi.org/actualidad/24903 20 http://servindi.org/actualidad/66269 21 http://servindi.org/actualidad/90363; http://servindi.org/actualidad/91030; http://servindi.org/actualidad/93372 22 http://servindi.org/actualidad/93897 23 http://servindi.org/actualidad/96851 18 19

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Federación de la Nación Achuar del Perú (FENAP), Organización Achuar Chayat (ORACH), Organización Achuarti Iruntramu (ATI), Organización Shuar del Morona (OSHAM), Federación Shapra del Morona (FESHAM), Federación Arutam Wampis del Bajo Morona (FAWABAM), Asociación Indígena del Morona (AIM) El lote 64 se ubica en las cuencas de los ríos Morona, Huituyacu y Huasaga, territorios riquísimos en biodiversidad y reconocidos por la Convención Ramsar como uno de los ecosistemas acuáticos más productivos en la selva amazónica. La región está ocupada por los pueblos Achuar y Shuar (o Wampis) y Shapra y colinda con los territorios de los pueblos Quechua. La historia del lote 64 se remonta al año 1995, cuando el Estado suscribió un contrato con la empresa Atlantic Richfield Perú Inc (ARCO). Al enterarse de esto, y conociendo las consecuencias de las actividades petroleras en el río Corrientes, las organizaciones Achuar manifestaron de inmediato su oposición, logrando que en el año 2000 la empresa ARCO abandone el proyecto. En febrero de 2001, el Estado peruano subscribió un nuevo contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 64 con tres empresas: las estadounidenses OXY (50%) y Burlington Resources (25%) y la española Repsol (25%). En el año 2003, nuevamente, los Achuar consiguieron que la empresa Burlington Resources Peru Limited se retire por no contar con el acuerdo de las comunidades24. En 2004 la concesión pasó a la canadiense Talisman, empresa ya responsable de violaciones de derechos humanos y acusada de genocidio en Sudan25. En 2004, Talisman también obtuvo la licencia de exploración y explotación del lote 101, contiguo al Lote 64, sumando un total de 1’698,230 ha26. Desde 2004 hasta la actualidad, las actividades de Talisman en el Morona han venido provocando graves conflictos y divisiones internas entre las organizaciones. El episodio más grave ocurrió en 2009, cuando cerca 130 integrantes Achuar viajaron a un campamento de Talisman Energy para solicitar a los directivos de la empresa que ésta se retirase del lugar. Al llegar al sitio, se encontraron con otro grupo de Achuar armados de escopetas, pertenecientes a las comunidades y la organización que habían negociado la entrada de Talisman. El hecho provocó una confrontación que casi degeneró en enfrentamiento armado, lo que fue denunciado a la Fiscalía de la Nación por los representantes de la Federación de Nacionalidades Achuar del Perú (FENAP). Según las denuncias, Talisman es responsable de haber armado y transportado al contingente achuar que defendió su campamiento, por lo que se le imputa el delito de “genocidio en tentativa”. Actualmente el caso se encuentra en el tercer Juzgado Penal de la Sala Penal Nacional27. Según las notas informativas28 y los testimonios recogidos por el autor en el Morona, entre 2004 y 2012, la política de Talisman consistió en negociar el consenso de las comunidades donde se encuentran sus instalaciones, a través de donaciones en dinero, objetos, servicios, becas escolares y universitarias. De esta manera, la empresa logró también crear organizaciones indígenas favorables a sus actividades y dispuestas a legitimar su “responsabilidad social” en talleres y reuniones con representantes del Estado. Sin embargo, la mayoría de las comunidades, afectadas por el tráfico fluvial, la deforestación y la contaminación, sigue oponiéndose a tales actividades. En varias ocasiones, en los últimos años, los nativos del Morona (Achuar, Shuar y Shapra) cerraron el río y retuvieron las embarcaciones de Talisman en señal de protesta. En 2012, una delegación de Achuar, Para mayor información sobre la historia del Lote 64 consultar la página de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú: http://www.fenap.com.pe 25 Información encontrada en los sitios web de los medios de prensa: http://www.cbc.ca/news/canada/talismanoil-operations-prolong-sudan-civil-war-1.219016; http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2835713.stm (consultados en diciembre 2013) 26 www.perupetro.com.pe 27 http://servindi.org/actualidad/56025 28 http://servindi.org/actualidad/4855; http://www.fenap.com.pe; 24

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apoyados por las ONG Racimos de Ungurahui y Amazon Watch, viajó a Canada y tuvo reuniones con parlamentarios de este país. Los líderes indígenas denunciaron que la empresa Talisman se encuentra operando en territorios indígenas sin haber respetado la normativa internacional sobre la Consulta Previa, dividiendo sistemáticamente la población para conseguir sus intereses29. El 13 de setiembre de 2012, Talisman anunció su decisión de cesar las actividades de exploración petrolera en la Amazonía peruana y de salir del país tras la finalización de las operaciones comerciales en curso. Cuatro meses después, la empresa nacional Petroperú recibió la transferencia del Lote 64 mediante el Decreto Supremo N° 011-2013-EM. El presidente de Perupetro afirmó que la etapa productiva del Lote 64, que debería empezar en enero 2016, podría oscilar entre 2,000 y 4,000 barriles diarios y que las reservas alcanzarían los 40 millones de barriles de reserva. La inversión prevista por Petroperú comprende el mantenimiento de los pozos petroleros y el tendido de un ducto de 97 kilómetros30. El anuncio de Talisman de salir del país ha sido tomado por la población indígena como una prueba más de la falta de responsabilidad de esta empresa. En un “Memorial del pueblo Achuar del Pastaza” de abril 2013, los representantes de este pueblo manifestaron su “incomodidad y disconformidad por cómo el gobierno peruano, a través de su empresa de hidrocarburos Petroperu, han facilitado la salida de la empresa canadiense Talismán, que durante más de 8 años ha venido explorando el denominado lote 64, ubicado entre las cuencas del Morona y Pastaza, generando con su forma prepotente de trabajo conflictos sociales graves y hasta hoy no resueltos entre las comunidades de ambas cuencas”31. En este mismo documento, los Achuar denuncian el desprecio que el gobierno ha demostrado hacia la propuesta de reconocimiento de los Territorios Integrales Indígenas. Según refieren, lejos de haberle prestado atención, y pese a la normativa internacional sobre los derechos indígenas que legitima sus pedidos, el gobierno peruano pretende realizar una nueva ronda petrolera sobre 20 nuevos lotes, entre ellos los lotes 165 y 196 en su territorio (actualmente no disponemos de mayor información sobre estos dos lotes). En una reunión ulterior, en mayo 2013, las organizaciones indígenas Achuar acordaron rechazar la actividad petrolera en sus territorios ancestrales y declararon oponerse al ingreso de Petroperú al Lote 64 por amenazar el medioambiente y poner en riesgo su forma de vida32. Poco después, entre julio y agosto de este año, los Shapra del Morona, que habían negociado con Talisman la construcción del ducto en su territorio, realizaron acciones de protestas reclamando el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empresa antes de su partida definitiva. 2.4 Otros lotes recién concesionados o en estado de exploración en el Datem del Marañón 1) El lote 109: El lote 109, actualmente en estado de exploración, fue concesionado a la transnacional española Repsol YPF en diciembre del 2005 y sucesivamente adquirido en un 30% por la colombiana Ecopetrol. Por su extensión está comprendido en tres provincias administrativas: Datem del Marañón y Alto Amazonas en Loreto y Moyobamba en San Martin. En el Datem del Marañón se sobrepone al territorio de las comunidades Awajún y Shawi de las cuencas de los ríos Potro, Apaga y Cahuapanas. En el mes de febrero 2012, la comunidad Atahualpa en el distrito de Manseriche, denunció http://servindi.org/actualidad/63304 http://elcomercio.pe/tag/110347/petro-peru 31 http://www.fenap.com.pe 32 http://servindi.org/actualidad/87550 29 30

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que Repsol estaba promocionando sus actividades a espaldas de las autoridades legítimas de la comunidad, para obtener el visto bueno de la población para el inicio de las operaciones extractivas. Según el comunicado, el ingreso de Repsol a la comunidad de Atahualpa y anexos se realizó con el fin de “informar confusamente a la población respecto a las actividades petroleras y de conseguir sus firmas (de los pobladores) a cambio de alimentos u otros para simular talleres de consulta”. El comunicado confirmaba también la anulación de la elección de autoridades comunales elegidas fraudulentamente en noviembre de 2011 e inscritas ante los registros públicos con el respaldo de Repsol33. En el mes de marzo de ese mismo año, los representantes de REPSOL se reunieron en la comunidad de Santa Martha con la mayoría de las autoridades de las comunidades nativas de la cuenca del río Cahuapanas y sus organizaciones representativas. Si bien en esta asamblea la mayoría de las autoridades comunales manifestó su desacuerdo con el ingreso de la empresa, dos meses después la empresa petrolera volvió a entrar en la zona para regalar víveres en la comunidad de Santa Martha, la única que firmó un acuerdo con la empresa. Los días 5 y 6 de mayo de 2012, los pobladores shawi retuvieron en Santa María de Cahuapanas dos deslizadores y un bote que transportaban un centenar de pollos, gasolina y materiales de la empresa REPSOL. El 10 de mayo 2012 cerca de 1000 comuneros shawi y awajún se concentraron en Santa María de Cahuapanas declarándose en pié de lucha contra la petrolera REPSOL-YPF que había ingresado a su territorio sin autorización34. Actualmente, el contrato de Repsol en el Lote 109 se encuentra “con obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor”, por falta de “aprobación de instrumento ambiental”. 2) El lote 144: El lote 144 se encuentra ubicado en la parte medio-baja de la cuenca del Pastaza y una parte de la cuenca del río Marañón. Cuenta con una extensión de 683.616 y desde el año 2009 está concesionado a la empresa australiana KEI (Peru 112) PTY LTD Sucursal del Perú. Desde 2011, el pueblo Kandoshi, a través de su Organización Kandozi Musa Karusha del Distrito Pastaza (ORKAMUKADIP) viene expresando su preocupación respecto a la concesión del Lote 144, que abarca su territorio titulado y ancestral. En distintas cartas enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Defensoría del Pueblo peruana, la organización señala que el territorio concesionado abarca un sistema de lagos, ríos, bosques inundables, y pantanos que alimenta al lago Rimachi o Musa Karusha, el más grande de la Amazonía peruana35. Efectivamente, el lago Rimachi es parte del Complejo de Humedales del Abanico del Pastaza y es considerado un sitio Ramsar debido a su riqueza biológica. Es por ello que la organización Kandoshi también ha enviado una solicitud a la secretaría general de Ramsar para el envío de una misión de evaluación que analice el caso del abanico del Pastaza y el riesgo de las operaciones de hidrocarburos en el lote concesionado. Para los Kandoshi, el lago Rimachi es un lugar de gran importancia material y simbólica y en el año 1991, se produjo un fuerte conflicto entre el entonces Ministerio de Pesquería y esta población, debido a la sobreexplotación pesquera del lago. El rechazo actual de los Kandoshi a las actividades petroleras se debe también a un grave antecedente histórico. Como refiere el antropólogo Surrallés (1993; 2007), a inicios de los años 1990, la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) obtuvo la concesión para exploraciones petrolíferas del llamado Lote 4 sobre una extensión de cerca de 900000 hectáreas, donde se encontraba buena parte del territorio titulado de este pueblo. En 1994, la empresa empezó los trabajos de perforación de un pozo exploratorio en las inmediaciones del río Chapuli. Tales operaciones fueron realizadas por cientos de trabajadores ajenos a las comunidades, protegidos por http://servindi.org/actualidad/59528 http://alertamazonica.wordpress.com/2012/05/12/awajun-y-shawis-resisten-la-entrada-de-repsol-en-lote-109/ 35 http://servindi.org/actualidad/51678 33 34

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cuerpos armados de seguridad privada. Ante esta situación, los Kandoshi y la organización nacional AIDESEP empezaron una campaña en contra de la petrolera, exigiendo su retiro del Pastaza. Finalmente, los resultados de la exploración fueron negativos y a mediados de 1995 la compañía abandonó el lugar. Sin embargo, las dramáticas consecuencias sanitarias de estas operaciones perduran hasta nuestros días. Como documenta detalladamente Surrallés (1993; 2007), poco tiempo después aparecieron los primeros signos inquietantes de una epidemia de hepatitis B y Delta de una gran virulencia. Se trata de la epidemia de hepatitis B con los índices más altos de prevalencia de toda América del Sur y con consecuencias dramáticas entre la población que se cuentan por decenas de muertes, especialmente entre adolescentes. La correlación temporal y geográfica entre el foco de infección y la presencia de los trabajadores está comprobada por los datos reportados por el autor citado (Surrallés 2007). De esta manera, mientras los Kandoshi aún siguen pagando con sus vidas las consecuencias de un antiguo proyecto extractivo jamás llevado a cabo, el gobierno peruano vuelve a imponer su voluntad por encima de aquella de los habitantes de la zona, adjudicando nuevas concesiones.

Conclusiones Dos proyectos alternativos y difícilmente compatibles emergen de este breve análisis sobre los conflictos socioambientales en Condorcanqui y Datem del Marañón. Por un lado, el proyecto del Ministerio de Energía y Minas del Perú, que considera las provincias amazónicas como fuentes de recursos y ganancias para el sector privado y el Estado peruano. Como se ha visto, la casi totalidad de la superficie de estas provincias está lotizada para la exploración y la explotación de minerales o hidrocarburos. A pesar de las obligaciones internacionales, en ningún caso los pueblos indígenas han sido consultados antes de adjudicar estas concesiones. Los talleres organizados por los funcionarios del MINEM juntos con los representantes de las empresas interesadas no proporcionan a las comunidades una información imparcial sobre las modalidades y las consecuencias de estas actividades. En realidad, el objetivo de estas reuniones y talleres es obtener, lo más rápidamente posible, una legitimación por parte de las comunidades interesadas. En otras palabras, se negocian acuerdos con los representantes de las comunidades más cercanas de las instalaciones de las empresas, ofreciendo objetos, dinero, puestos de trabajo, servicios y becas escolares. Estos acuerdo además no siempre son respetados por las empresas, lo que exacerba aún más la tensión social. El resto de las comunidades, por ejemplo aquellas ubicadas “río abajo”, que también son afectadas por las actividades extractivas, ni siquiera son consultadas. En varios casos, podemos vislumbrar una clara voluntad de tales empresas en dividir y debilitar las organizaciones indígenas, captando algunos de sus dirigentes para legitimarse y emprendiendo campañas de criminalización y represión en contra de sus opositores. El otro proyecto, claramente, el de las organizaciones indígenas regionales, como CORPI y ORPIAN, o locales, como ODECOFROC y FEDIQUEP. Estas instituciones intentan oponerse al frente extractivo, realizando movilizaciones, denuncias legales y contra-información, y enfrentándose al Estado y sus medidas represivas. Una serie de proyectos alternativos de desarrollo, inspirados en la moderna ideología indígena latinoamericana del “Buen Vivir”, están siendo implementados por tales organizaciones, en cooperación con algunas ONG nacionales o internacionales, sensibles al tema indígena y la cuestión medioambiental. Estos proyectos apuntan a crear fuentes de ingreso para los habitantes de las comunidades a través de actividades de bajo impacto ambiental, por ejemplo el cultivo orgánico de cacao, la piscicultura, la artesanía, la reforestación; o promueven el fortalecimiento de conocimientos y prácticas locales como base para el desarrollo y la integración en la sociedad nacional. Estas organizaciones, en los últimos años, han empezado a colaborar con los gobiernos locales y regionales para proponer modelos de gestión del territorio más acordes con la visión de los pueblos indígenas. Entre estas propuestas, consideramos como muy importante aquella de los Territorios Integrales Indígenas. Se trata de un proyecto que CORPI impulsó hace casi diez años en el Datem del Marañón y que ahora está siendo debatido también entre los Awajún y Wampis de Condorcanqui. La continuidad en la política económica del gobierno de Ollanta Humala con la de sus antecesores ha decepcionado a los habitantes indígenas de Condorcanqui y Datem del Marañón, quienes sostuvieron unánimemente el partido del presidente en las elecciones. En el caso del Lote 1AB Pastaza, los comuneros Quechua han puesto énfasis sobre un punto en particular: no puede

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haber consulta alguna si antes no se han reparado los daños producidos a las comunidades y el medioambiente por la actividad petrolera y no se han mantenido las promesas de desarrollo y servicios. Gracias a una serie de fuerte movilizaciones, como se ha mostrado, estas comunidades han logrado que Pluspetrol sea sancionada por el Estado y se comprometa a pagar a las comunidades una compensación por las tierras substraídas. Sin embargo, al menos otras dos cuestiones quedan pendientes, cuando hablamos de consulta previa. La primera tiene que ver con los efectos reales de la consulta sobre proyectos extractivos, especialmente en caso de rechazo por parte de los pueblos indígenas. En efecto, el reglamento de la Ley de Consulta prevé que el Estado tome la decisión final en caso de falta de acuerdo entre las partes. En un contexto de fuertes presiones como él que se ha descrito, podemos imaginar que las empresas mineras y petroleras buscarán influenciar, de manera más o menos legal y transparente, tanto las instituciones del Estado como las organizaciones indígenas, para lograr un acuerdo que les convenga. Si la consulta se desarrollará en medio de divisiones y presiones de este tipo, provocará aún más conflictos y servirá solamente para deslegitimar a los opositores de las actividades extractivas. La segunda cuestión tiene que ver con la identificación de las medidas y proyectos que deben ser consultados. En la actualidad, la casi totalidad de la Amazonía peruana ya está dividida en lotes y para cada uno de estos lotes ya se han firmado los respectivos contratos. Ahora bien, si consideramos la vigencia del Convenio 169 de la OIT, todos estos contratos hubieran tenido que ser previamente consultados y aceptados por las comunidades, lo que no se ha hecho. ¿Se comprometerá el Estado peruano a realizar un proceso claro y transparente para cada uno de los Lotes mineros y petroleros existentes? En conclusión, regiones como Datem del Marañón y Condorcanqui constituyen un ejemplo emblemático de procesos conflictivos que están ocurriendo tanto en Perú como en la mayoría de los otros países de Latinoamerica. El futuro de los pueblos indígenas, victimas de más de 500 años de colonización, marginación e injusticias, dependerá del destino de tales conflictos.

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