GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA, POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA Y CLASE OBRERA. Gonzalo Palomo Guijarro

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GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA, POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA Y CLASE OBRERA. Gonzalo Palomo Guijarro

En este artículo vamos a tratar de demostrar de qué modo significativo está influyendo la progresiva internacionalización de capitales y flujo transnacional de mercancías en la actual situación del agro español, y por último como repercute esto en las clases trabajadoras. A pesar de las peculiaridades de los mercados agrarios respecto a otros sectores de la producción, vemos cómo en estos últimos su progresiva globalización es ya un hecho incuestionable. El campo está sufriendo uno por uno todos los procesos macro y micro económicos que caracterizan a la globalización neoliberal. El comercio transnacional de productos agroalimentarios, por naturaleza perecederos y por lo tanto sujetos a restricciones en tiempo y condiciones de transporte, se ha visto favorecido progresivamente durante el s. XX debido a los grandes avances tecnológicos en la conservación de alimentos. La descolonización, proceso que, en teoría, permitiría el desarrollo de los países que previamente habían sufrido el monopolio de oferta y de demanda en beneficio de sus respectivas metrópolis, dio paso al cínico proteccionismo agroalimentario de los países desarrollados. Proteccionismo que basado en las subvenciones a la producción, a la exportación y en severas restricciones a la importación colocan a los productos procedentes de los estados con mayor poderío económico en clara ventaja respecto a los de los países menos desarrollados (caso de Norteamérica y la UE respecto a Latinoamérica y África)1. A esto hay que unirle la internacionalización de la inversión que también ha afectado al agro. Empresas como Syngenta (resultante de están la fusión de Novartis y Zeneca), Monsanto o Chiquita2 convirtiéndose a marchas forzadas en competidoras del pequeño agricultor o ganadero mediante el control de todo el proceso de 1

Los campesinos mexicanos están en pie de guerra por la pérdida de competitividad de sus productos: desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio poco pueden hacer frente a los 20.000 dólares de subvención media anual por granjero estadounidense frente a los 800 dólares mexicanos. La masiva entrada de productos agrarios norteamericanos en el mercado mexicano ha supuesto la pérdida, desde que entrara en vigor el tratado hace 9 años, de 1.780.000 puestos de trabajo (El País 1/3/03). 2 Conocida anteriormente como United Fruits, la multinacional bananera estadounidense pasará a la historia por haber provocado la caída del Presidente guatemalteco Jacobo Arbenz a manos de la CIA en 1957, operación en la que fueron asesinados 45 sindicalistas. Unos años después la United Fruits devolvió el favor a la agencia de espionaje aportando barcos para el fallido desembarco de Bahía Cochinos. Más recientemente movió sus hilos en Washington (ha financiado las campañas presidenciales tanto de republicanos como de demócratas en, al menos, las dos últimas legislaturas) para que la administración estadounidense presionara a la europea pues, según Chiquita, el proteccionismo de la UE le habría costado 220.000 millones de pesetas en una década (El País, 18/01/01).

producción desde la investigación en biotecnología (semillas transgénicas, fertilizantes, pesticidas...) hasta la producción mediante contratos de exclusividad con los granjeros que se ven sujetos de este modo a un monopolio de demanda (a finales del año pasado iniciaron un paro patronal los empresarios españoles de las granjas de engorde de pollos por su desprotección frente a este tipo de compañías Todo esto ha ido acompañado de una progresiva integradoras)3. concentración de capitales4 que junto a la intensificación y tecnificación ha reducido drásticamente las necesidades de mano de obra en un sector que ocupaba a la mayor parte de la población hace menos de un siglo. Esto ha traído consigo un aumento paulatino del paro (el paro agrícola ha subido el 13,56% en el tercer trimestre del 2002 respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 194.900 personas desempleadas) y la despoblación rural5.

¿El fin del proteccionismo? A pesar del funesto panorama agrario español actual, este tiene visos de empeorar en los próximos años. El proteccionismo que, mal que pese, ha mantenido la competitividad de los productos agropecuarios españoles tiene puesta fecha de caducidad. Son cada vez mayores las presiones de los organismos defensores del “libre mercado” para que cesen las políticas proteccionistas. Así lo manifestó recientemente Fischler, comisario europeo de política agraria: “Las ayudas directas no tienen defensa ante la OMC”. En la última reunión de la Organización Mundial del Comercio en Sydney, para tratar el tema los subsidios agrarios, el grupo de Cairns (en el que están integrados los estados del Mercosur) acusó a los países europeos y a Japón de poner trabas al libre mercado, al promover el mantenimiento del subsidio a las exportaciones y obstaculizando la apertura. EE UU se desmarcó con la Farm Bill que consiste en el establecimiento de créditos destinados a la venta al exterior y el mantenimiento del sistema de ayudas alimentarias, que sirve a EE UU para deshacerse de sus excedentes agroalimentarios6. Por mucho que Arias Cañete (Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación) se empeñe en decir que España tiene aseguradas las ayudas europeas hasta el 2013, la situación real es que con la Agenda 3

El País, 30/12/02. Desde el ingreso en España en la UE se ha pasado de 250.000 a 50.000 explotaciones lecheras (El País 23/12/02). 5 Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 2.793 pueblos deshabitados y 4.851 con una población de entre 1 y 4 habitantes. 6 Recientemente el responsable de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, cuestionó la ayuda estadounidense para paliar la hambruna africana. Ayuda que se basa en su mayor parte en alimentos genéticamente modificados. 4

2000 –aprobada en Consejo Europeo en marzo de 1999 en Berlín– se establece la congelación del presupuesto agrario comunitario –mayor partida presupuestaria de la UE– y, teniendo en cuenta que en tres años comienzan a entrar los países del Este en la UE, serán más los que se peleen por el mismo pastel (se doblará el número de agricultores de la UE, que actualmente ronda en torno a los 6-7 millones de personas), teniendo preferencia los países más empobrecidos, es decir, los de nuevo ingreso principalmente. Y los/as trabajadores/as del campo qué... Si los empresarios agrarios lo van a tener difícil ya os imagináis quién pagará el pato. De hecho, desde nuestro punto de vista, para entender el porqué de la última Ley de Extranjería y la desaparición de las políticas subsidiarias relacionadas con el PER7 hay que contextualizar la situación del agro español en el marco económico global. La realidad es que a pesar del alto paro agrario y el despoblamiento de nuestros pueblos, ya aludido más arriba, son cada vez más los trabajadores foráneos (100.000 en los últimos 5 años) que se dejan la salud bajo los plásticos almerienses8 o acuden a la campaña de la fresa onubense. En total, unos 172.000 foráneos trabajan en el campo español. Los/as jornaleros/as españoles/as prefieren, en muchos casos, la campaña de la vendimia francesa, donde se cobra hasta un 40 % más. Y es que teniendo en cuenta lo que se paga en España (jornal medio, según convenios, de unos 30 euros9) muy desesperado tiene que estar el/la trabajador/a para dejarse la piel bajo el sol. La media anual de peonadas en las comarcas más productivas es menor de 100: a ver quien es el guapo/a que mantiene una familia, ni aún siquiera su propia subsistencia, con unos ingresos de unos 3.000 euros al año. Antes del Decretazo, todos/as los/as jornaleros/as que demostraran 35 peonadas al año tenían derecho a cobrar el 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI) durante medio año quedándose la media en 1.625 euros por jornalero/a al año. Estos dineros salían de las cotizaciones a la seguridad social (los/as jornaleros/as están obligados a contribuir con 66 euros al mes en concepto de su cartilla agraria), es decir de los recursos generados por la clase trabajadora de este país, que generó con sus cotizaciones a la Seguridad Social un superávit de 3.000 millones de euros en el 2002. Además, tenían derecho a cobrar una pensión por jubilación mínima. En definitiva de los 600.000 jornaleros/as, aproximadamente un total de 365.000 percibían el subsidio con un gasto anual de 925 millones de euros. ¿Saben cuánto se gastó el 7

El Plan de Empleo Rural no es un subsidio sino un plan de inversiones, de unos 125 millones de euros al año, en los pueblos andaluces y extremeños para subir la demanda de mano de obra rural y completar peonadas los/as jornaleros/as. 8 En el Ejido donde trabajan unos 70.000 jornaleros se han estudiado más de un millar de intoxicaciones (El País, 8/12/02). 9 Por ejemplo: campaña del tomate en Badajoz 29 euros; aceituna en Córdoba 28,87 euros; Jaén 38,50 euros; fresa en Huelva 28,76 euros. Jornales según convenios colectivos del 2002.

estado español en recursos armamentísticos en el año 2001? Pues más de 10.000 millones de euros10. Migración y represión. En esta época de déficit cero, al Estado lo que le interesa es quitarse de en medio cualquier gasto social. Como dice Chomsky: “El gasto social tiene un efecto democratizador, por eso el sistema prefiere dinamizar la economía con gasto militar”. De manera que los derechos “recuperados” del Decretazo le han salido baratos al Gobierno teniendo en cuenta que no se vuelve a la situación previa y es un sistema a extinguir (la nueva renta agraria sólo podrá ser solicitada en un máximo de seis ocasiones). Por otra parte la patronal del agro español tiene que reducir gastos si quiere ser competitiva, de acuerdo a la situación de mercados globalizados, y está claro que la mano de obra es un coste como cualquier insumo más. Por lo que se prescribe la búsqueda de mano de obra barata en países empobrecidos (en gran parte por el expolio de las multinacionales europeas y norteamericanas y definitivamente por sus propias clases empresariales y políticas). El problema es que las exigencias en mano de obra del campo son estacionales por lo que gran parte del año se crearían bolsas de trabajadores desempleados, fuente de conflictos como cualquier colectivo embebido en la miseria, y aquí entra en juego la Ley de Extranjería y sus partidas de foráneos a la carta, así como el endurecimiento de la represión vía nuevo Código Penal (ya tenemos la campaña electoral completa: menos impuestos, más seguridad). Trabajadores/as inmigrantes sí, pero con el contrato en la boca (las propias patronales agrarias importan la mano de obra) y que se vuelvan a casita cuando dejen de ser necesarios/as. Mientras que en los siglos XIX y XX el tráfico de mano de obra era entre localidades (el señorito o capataz se paseaba por las plazas de los pueblos eligiendo a los jornaleros) en el siglo XXI será entre países. Conclusión: Como vemos la globalización capitalista va a perjudicar gravemente al pequeño empresario agrario europeo (UPA ha cuantificado la pérdida de rentas en el agro en un 6% durante el año 2002) y a las clases trabajadoras, siendo las segundas dependientes del empresariado y por tanto las más desprotegidas. En un sistema económico capitalista quien posee manda y quién únicamente puede vender su fuerza de trabajo obedece.

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Geografía del Mundo Olvidado. Consejo de Juventud de Extremadura. Coordina Chema Álvarez.

El fin del proteccionismo agrario no tiene por qué suponer, ni mucho menos, que el campesinado empobrecido de los países del Sur encuentre la solución a sus problemas de mercado. No es cierto que la liberalización vaya a acabar con la pobreza en los países del Sur pues será el gran capital agroalimentario quien monopolice sus mercados y controle sus tierras y cabañas ganaderas. El subvencionismo va a servir de bien poco a los/as jornalero/as, en todo caso relentizará la desaparición del pequeño y mediado empresario agrario. Sólo la unión de los trabajadores/as del campo para la defensa de sus intereses frente a la clase empresarial salvará la papeleta del campo. No dudamos que también el pequeño empresario lo va a pasar mal, por eso los trabajadores del campo se tienen que asegurar que no carguen sobre ellos los costes de la globalización. Si no existiera este sistema capitalista que enfrenta los intereses del empresario a los del trabajador no estaríamos en éstas pero hasta que se acabe con la sociedad de clases... La unión de los/as obreros/as del campo, coordinada con las luchas de los trabajadores de la ciudad, ha de ser mundial y solidaria como la globalización. Al margen del sindicalismo burocratizado que ni se inmuta al firmar pactos antiobreros como el último interconfederal entre CC.OO., U.G.T. y la patronal, en el que se supedita el salario obrero a la situación de la empresa (¿cuándo se ha visto que un empresario reparta beneficios?). La economía capitalista nunca entendió de personas, sí de beneficios y crecimiento desenfrenado. La lucha11 contra esta situación pasa, más que nunca, por una unión solidaria de la clase trabajadora mundial. Y esta unión sólo la ofrece, en el plano organizativo, la Asociación Internacional de los Trabajadores. La AIT es una central sindical que permanece fiel a los principios antiestatistas de la I Internacional. Organización que siempre defenderá el que hablar de estados y guerras es sinónimo, y que distinguir entre trabajadores nacionales o extranjeros es el desarme obrero frente a las clases capitalistas. Resumiendo: ante la situación del agro europeo, africano, suramericano... Mundial: Unión, Acción y Autogestión de la clase obrera. O lo que es lo mismo Asociación Internacional de los/as Trabajadores/as.

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No olvidemos que la lucha será cuestión de vida o muerte mientras la clase trabajadora muera de hambre en las 2/3 partes del globo, a pesar de que la producción agroalimentaria es más que suficiente para satisfacer las necesidades de 8.000 millones de personas (Salud2000, junio de 2002). * Otras fuentes: El Campo Hoy. Número 7. Del 22 al 28 de noviembre de 2002. El País: 30 de diciembre de 2002, 6 y 27 de enero de 2003.

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