HIb. Revista de Historia Iberoamericana
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Artículos Francis Violich and the Rise and Fall of Urban Developmental Planning in Chile, 1956-1969 Andra Brosy Chastain
Síntesis y perspectiva de los estudios de transferencias militares europeas en Suramérica (1890-1940) Carlos Camacho Arango
La “ciudadanía corporativa” en el Perú republicano (1834-1896) Alicia del Águila
“El asunto Mesutti”: anticomunismo y espionaje soviético en Uruguay Roberto García Ferreira
¡Hoy es Nochebuena y la ciudad está de fiesta!: la celebración de la Navidad en Santiago, 1850-1880 Daniela Serra Anguita
Reseñas All Can Be Saved. Religious Tolerance and Salvation in the Iberian Atlantic World. Stuart B. Schwartz. Martín Bowen Reinventing Modernity in Latin America: Intellectuals Imagine the Future, 1900-1930. Nicola Miller. Camila Gatica Mizala Las independencias iberoamericanas en su laberinto. Controversias, cuestiones, interpretaciones. Manuel Chust (editor). Jesús Raúl Navarro La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Carlos Huneeus. Alfonso Salgado Portal Memoria Chilena: un ejemplo de curaduría de contenidos digitales. www.memoriachilena.cl. Enzo Abbagliati
HIb. Revista de Historia Iberoamericana Historia Iberoamericana nace con la misión de contribuir a la reflexión sobre el espacio cultural iberoamericano, ampliar el horizonte de las historiografías nacionales, generar un mayor grado de integración entre los historiadores iberoamericanos y aportar a los debates de nuestras sociedades. Historia Iberoamericana aparece dos veces al año y cada uno de sus números contiene artículos de investigación histórica original de alta calidad, garantizada por la evaluación anónima de los pares. Historia Iberoamericana, publicada en español, portugués e inglés, no tiene restricciones temáticas, metodológicas ni cronológicas, tampoco respecto del carácter monográfico o general de sus artículos y números. Su sello distintivo está en una perspectiva y un enfoque que sitúa el objeto de estudio en su relevancia contemporánea. Historia Iberoamericana está dirigida a todos los historiadores especialistas en historia iberoamericana y busca integrar, asimismo, a las nuevas generaciones doctoradas o en vías de doctorarse en universidades de la región.
Comité de Dirección | Executive Board | Comitê Executivo Sol Serrano, Directora
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile
[email protected] Patricio Bernedo, Editor
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile
[email protected] Fernando Purcell, Co-Editor
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile
[email protected] Luz María Díaz de Valdés
Secretaria de Redacción
[email protected]
Comité Científico | Scientific Board | Comitê Científico Manuel Burga
Escuela de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Elisa Cárdenas
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, México.
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Manuel Chust
Departamento de Historia, Geografía y Arte, Universidad de Jaume I, España. Carlos Alberto de Moura Zeron
Departamento Historia, Universidad de Sao Paulo, Brasil. Eduardo Devés
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile, Chile. Roberto di Stefano
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Javier Donézar
Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, España. Pilar González Bernaldo
Département d’Espagnol, Etudes Interculturelles de Langues Appliquees, Universidad de París VII, Francia. Jorge Hidalgo
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Chile. Iván Jaksic
Stanford University, Estados Unidos; Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. María Dolores Luque
Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico. Carlos Malamud
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. Florencia Mallon
Departamento de Historia, University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos. José Luis Martínez
Departamento de Ciencias Históricas Universidad de Chile, Chile. Pedro Martínez Lillo
Departamento Historia Contemporánea, Universidad Autónoma Madrid, España. Alicia Mayer
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Antonio Fernando Mitre
Departamento de Ciencias Políticas, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Raúl Navarro
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), Sevilla, España. Marco Antonio Pamplona
Departamento de Historia, Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil. Pedro Pérez Herrero
Departamento de Historia II, Universidad de Alcalá, España.
HIb. REVISTA DE HISTORIA IBEROAMERICANA |
ISSN: 1989-2616 |
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Héctor Pérez-Brignoli
Escuela de Historia Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Eduardo Posada-Carbó
Latin American Centre, Oxford Saint Antony’s College, Inglaterra. Inés Quintero
Instituto de Estudios Hispanoamericanos, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. Luis Alberto Romero
Departamento de Historia, Universidad de Buenos Aires; Centro de Estudios de Historia Política, Universidad Nacional de San Marcos, Argentina. Hilda Sábato
Departamento de Historia, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Guillermo Zermeño
Centro de Estudios Históricos Colegio de México, México.
Selección | Procedure | Procedimento Normas para Autores
I.- HIb publica artículos originales que contribuyan al conocimiento de la historia de Iberoamérica, y que fomenten el debate y el intercambio entre los investigadores. Las temáticas están abiertas a todos los aspectos históricos, sean sociales, culturales, religiosos, políticos y económicos, abarcando cronológicamente desde el período prehispánico hasta el contemporáneo. HIb se publica en español y portugués, aceptándose también artículos escritos en inglés. II.- Los autores deberán enviar sus artículos en formato Word al correo electrónico: editor@hib. universia.net III.- Los artículos deberán tener una extensión máxima de 50 páginas, tamaño carta, a doble espacio -en letra Arial Regular 12-, incluyendo notas, gráficos, cuadros, ilustraciones, citas y referencias bibliográficas. IV.- Las citas irán a pie de página y deberán ajustarse a las siguientes indicaciones: 1) Cuando se cite por primera vez una obra, deberá figurar nombre y apellido del autor, título (cursiva), ciudad, editorial, año de edición y páginas (p./pp.). Todos estos datos deberán aparecer separados por comas. Las referencias siguientes a esa obra se harán citando el apellido del autor (en mayúsculas), seguido de op.cit. Ejemplos: 1.a) Marcello Carmagnani, El otro occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, Fondo de Cultura Económica, 2004. 1.b) Carmagnani, op. cit., pp. 38-98. 2) Se escribirá en cursiva solamente el título del libro o de la revista en la que se incluya el artículo que se cite, yendo éste entre comillas. En este caso, junto al nombre la revista, se añadirá el volumen, número, año y páginas. Ejemplos:
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2.a) Emilia Viotti da Costa, “1870-1889”, Leslie Bethell (editor), Brazil: Empire and Republic, 1822-1930, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 161-215. 2.b) José Alfredo Uribe, “Economía y mercado en la minería tradicional mexicana, 1873-1929”, Revista de Indias, Vol LXI, N° 222, Madrid, 2001, pp. 47-94. 3) Idem e Ibidem (sin acentuar y en cursiva si se refiere a un artículo o un libro. Si se refiere a una fuente documental no irá en cursiva) se utilizarán para reproducir la cita anterior. Idem cuando es exactamente igual e Ibidem cuando contiene alguna variación como número de páginas, capítulos, etc. V.- Junto a los artículos se enviará un resumen de entre 6 y 10 líneas, además de entre 4 y 8 palabras claves. En el resumen se especificarán los objetivos, las principales fuentes y resultados de la investigación. VI.- El nombre del autor(a) y el de la institución a la que pertenece se deberán indicar claramente. Con un llamado a pie de página al final del título se podrá indicar si el texto es el fruto de algún proyecto de investigación concursable. VII.- Los autores deberán estar en disposición de ceder los beneficios derivados de sus derechos de autor a la revista. VIII.- El Editor Responsable de HIb acusará recibo de los artículos en un plazo de quince días hábiles a partir de su recepción. La aceptación de las colaboraciones dependerá de los arbitrajes ciegos y confidenciales de a lo menos dos especialistas. A partir de sus informes, la Comisión Editora decidirá sobre la publicación e informará a los autores. En caso positivo, el plazo máximo transcurrido desde la llegada del artículo y su publicación es de un año. Al final de cada artículo figuran las fechas de recepción y publicación del mismo. IX.- HIb se publica dos veces al año. X.- HIb publica regularmente reseñas de libros, de no más de tres años de antigüedad, editados en español, portugués o inglés. Las reseñas no deben extenderse más de tres páginas, tamaño carta, y deben ser escritas a doble espacio, en letra Arial Regular 10. Las reseñas deben ser enviadas al correo electrónico:
[email protected] XI.- Declaración de privacidad. Los nombres y direcciones de correo electrónicos introducidos en esta publicación se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona e institución.
Instructions for Authors
I.- HIb publishes original articles that contribute to knowledge of the history of Latin America, and to encourage discussion and exchange among researchers. The topics are open to all historical aspects, whether social, cultural, religious, political and economic, ranging chronologically from the prehistoric period until today. Hib is published in Spanish and Portuguese, also accept articles written in English. II.- The authors should send their articles in Word format to e-mail:
[email protected] III.- The articles must have a maximum length of 50 pages, letter-size, double-spaced in-point Arial Regular 12- including notes, graphs, charts, illustrations, quotations and references.
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ISSN: 1989-2616 |
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IV.- The appointments will go to footer and must comply with the following: 1) When is acknowledged for the first time a work, must bear full name of author, title (italics), city, publisher, year of release and pages (p / pp.). All these data should appear separated by commas. The following references to that work will be quoting the author’s surname (in capital letters), followed by op. Examples: 1.a) Marcello Carmagnani, El otro occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, Fondo de Cultura Economica, 2004. 1.b) Carmagnani, op. cit., pp. 38-98. 2) It is written in italics only the title of the book or magazine to be included in the article that cited, it going in quotation marks. In this case, the magazine next to the name is added to the volume, number, year and pages. Examples: 2.a) Emilia Viotti da Costa, “1870-1889”, Leslie Bethell (editor), Brazil: Empire and Republic, 1822-1930, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 161-215. 2.b) Jose Alfredo Uribe, “Economy and mining market in traditional Mexican, 1873-1929”, Revista de Indias, Vol LXI, No. 222, Madrid, 2001, pp. 47-94. 3) Ibid e Ibid (non-accented and in italics if it refers to an article or book. If you’re referring to a source documentary does not go in italics) will be used to reproduce the above quotation. Idem when exactly the same and when Ibid contains some variation as number of pages, chapters, etc. V.- Along with articles will be sent a summary of between 6 and 10 lines, as well as between 4 and 8 keywords. The summary specifies the objectives, the main sources and research results. VI.- The author’s name (a) and the institution to which it belongs should be clearly. With a call to footer at the end of the title may indicate whether the text was the fruit of a research project contest. VII.- The authors must be willing to cede the benefits of their copyright to the journal. VIII.- The editor in charge of HIb acknowledge receipt of articles within fifteen working days of receiving it. Acceptance of contributions will depend on arbitrations blind and confidential at least two specialists. From their reports, the editorial board decide to publish and inform the authors. If yes, the maximum period elapsed since the arrival of the article and its publication is one year. At the end of each article contains the date of receipt and publication. IX.- HIb is published twice a year. X.- HIb regularly publishes book reviews, not more than three years old, published in Spanish, Portuguese or English. The profiles should not extend more than three-page letter size, and must be written double-spaced, Arial Regular 10 point. The profiles should be sent to e-mail: editor@ hib.universia.net XI.- Privacy Statement The names and email addresses entered in this publication will be used solely for the purposes declared by this magazine and will not be available for any other purpose or another person and institution.
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Normas para Autores
I.- HIb publica artigos originais que contribuem com o conhecimento da historia de Ibero-América, e que propiciem o debate e o intercâmbio entre os pesquisadores. As temáticas estão abertas a todos os aspectos históricos, já sejam sociais, culturais, religiosos, políticos ou econômicos, abrangendo cronologicamente do período pré-hispânico até o contemporâneo. HIb é publicada em espanhol e em português, sendo também aceitos artigos escritos em inglês. II.- Os autores deverão enviar seus artigos em formato Word para o e-mail:
[email protected] III.- Os artigos deverão ter uma extensão máxima de 50 páginas, em papel tamanho carta, entre-linha duplo, com letra Arial Regular 12-, incluindo notas, gráficos, quadros, ilustrações, citas e referências bibliográficas. IV.- As citas irão no pé de página e deverão estar ajustadas às seguintes indicações: 1) Quando for citada uma obra pela primeira vez, deverão aparecer o nome e o sobrenome do autor, o título (itálico), a cidade, editora, ano de edição e páginas (p./pp.). Todas essas informações deverão estar separadas por vírgulas. As referências posteriores sobre essa obra serão realizadas citando o sobrenome do autor (em caixa alta), seguido de op.cit. Exemplos: 1.a) Marcello Carmagnani, El otro occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, Fundo de Cultura Econômica, 2004. 1.b) Carmagnani, op. cit., pp. 38-98. 2) Será escrito em itálico apenas o título do livro ou da revista na qual for incluída o artigo a ser citado, figurando o mesmo entre aspas. Nesse caso, junto ao nome da revista, será acrescentado o volume, número, ano e quantidade de páginas. Exemplos: 2.a) Emilia Viotti da Costa, “1870-1889”, Leslie Bethell (editor), Brazil: Empire and Republic, 18221930, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 161-215. 2.b) José Alfredo Uribe, “Economia e mercado na mineração tradicional mexicana, 1873-1929”, Revista de Índias, Vol LXI, N° 222, Madri, 2001, pp. 47-94. 3) Idem e Ibidem (sem acentuar e em itálico se for a respeito de um artigo ou de um livro. Se for a respeito de uma fonte documentária, não estará em itálico) serão utilizadas para reproduzir a cita anterior. Idem quando for exatamente igual e Ibidem quando contém alguma variação como número de páginas, capítulos, etc. V.- Junto com os artigos será enviado um resumo de entre 6 e 10 linhas, além de entre 4 e 8 palavraschave. No resumo serão especificados os objetivos, as principais fontes e os resultados da pesquisa. VI.- O nome do autor(a) e o da instituição à qual ele pertence deverão estar indicados claramente. Com uma nota no pé da página, no final do título, poderá ser indicado se o texto é o resultado de algum projeto de pesquisa sujeito a concurso. VII.- Os autores deverão estar dispostos a ceder os benefícios derivados de seus direitos de autor à revista. VIII.- O Editor Responsável pela HIb acusará recebimento dos artigos dentro de um prazo de quinze dias úteis a partir de seu recebimento. A seleção das cooperações vai depender das arbitragens cegas e confidenciais de pelo menos dois especialistas. A partir de seus relatórios, a Comissão Editora
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definirá a publicação e informará os autores. Em caso positivo, o prazo máximo transcorrido desde a chegada do artigo até sua publicação é de um ano. No final de cada artigo aparecem as datas de recebimento e publicação. IX.- HIb é publicada duas vezes ao ano. X.- HIb publica regularmente resenhas de livros, com,. no máximo, três anos de antigüidade, editados em espanhol, português ou inglês. As resenhas não devem ir além das três páginas, folha tamanho carta, e devem ser escritas a espaço duplo, com letra Arial Regular 10. As resenhas devem ser enviadas para o correio eletrônico:
[email protected] XI.- Declaração de privacidade Os nomes e endereços de correio eletrônico introduzidos nesta publicação serão utilizados exclusivamente para os fins declarados por esta revista e não estarão disponíveis para nenhum outro propósito ou outra pessoa ou instituição.
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Sumario | Summary | Sumário 1
Francis Violich and the Rise and Fall of Urban Developmental Planning in Chile, 1956-1969
10-39
Francis Violich y el auge y caída de la planificación de desarrollo urbano en Chile, 1956-1969 Francis Violich e o auge da queda da planificação de desenvolvimento urbano no Chile, 1956-1969
Andra Brosy Chastain
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Síntesis y perspectiva de los estudios de transferencias militares europeas en Suramérica (1890-1940)
40-58
Synthesis and Perspective of European Military Transference in South America (1890-1940) Síntese e perspectiva dos estudos de transferências militares européias na América do Sul (1890-1940)
Carlos Camacho Arango
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La “ciudadanía corporativa” en el Perú republicano (1834-1896)
59-83
The “Corporatist Citizenry” in Republican Peru (1834-1896) A “cidadania corporativa” no Peru republicano (1834-1896)
Alicia del Águila
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“El asunto Mesutti”: anticomunismo y espionaje soviético en Uruguay
84-111
“The Mesutti Affair”: Anticommunism and Soviet Espionage in Uruguay “O assunto Mesutti”: anticomunismo e espionagem soviética no Uruguai
Roberto García Ferreira
5
¡Hoy es Nochebuena y la ciudad está de fiesta!: la celebración de la Navidad en Santiago, 1850-1880
112-130
Today is Christmas Eve and the City is Celebrating! : The Celebration of Christmas in Santiago, 1850-1880 Hoje é Natal e a cidade está em festa!: a celebração do Natal em Santiago, 1850-1880
Daniela Serra Anguita
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All Can Be Saved. Religious Tolerance and Salvation in the Iberian Atlantic World. Stuart B. Schwartz. Reseña
131-136
Martín Bowen
7
Reinventing Modernity in Latin America: Intellectuals Imagine the Future, 1900-1930. Nicola Miller. Reseña
137-140
Camila Gatica Mizala
8
Las independencias iberoamericanas en su laberinto. Controversias, cuestiones, interpretaciones. Manuel Chust (editor). Reseña
141-144
La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Carlos Huneeus. Reseña
145-148
Jesús Raúl Navarro
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Alfonso Salgado
10
Portal Memoria Chilena: un ejemplo de curaduría de contenidos digitales. www.memoriachilena.cl. Reseña
149-151
Enzo Abbagliati
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Francis Violich and the Rise and Fall of Urban Developmental Planning in Chile, 1956-1969 Francis Violich y el auge y caída de la planificación del desarrollo urbano en Chile, 1956-1969 Francis Violich e o auge da queda da planificação de desenvolvimento urbano no Chile, 1956-1969
AUTORA Andra Brosy Chastain
University of California, Berkeley, California, Estados Unidos andra.chastain@ berkeley.edu
RECEPCIÓN 29 mayo 2011 APROBACIÓN 29 agosto 2011
The decades following the Second World War were a period of increasing U.S. involvement in Latin America, especially under the Alliance for Progress and its economic aid and technical assistance programs begun in 1961. As part of this broad agenda of modernization, the U.S. was also active in promoting certain concepts of urban planning and development through dynamic partnerships between U.S. and Latin American universities and government agencies. Drawing on a rich body of personal correspondence, university memos, and other primary documents, this paper analyzes the involvement in Chile of Francis Violich, a prominent urban planner at the University of California-Berkeley from the 1940s to the 1970s and frequent planning consultant in Latin America. It argues that the city became the object of transnational modernization goals as actors in both countries sought to construct urban planning as a discipline in Chile. The paper concludes that despite a period of intense exchange of urban planning ideas and expertise sponsored by the U.S. government and Ford Foundation before and during the Frei administration, this exchange suffered a crisis at the end of the decade, precipitating the withdrawal of Violich as well as major U.S. institutional support from Chile. Key Words
Chile; Francis Violich; Alliance for Progress; Modernization, Urban planning; Transnational exchange of expertise; Latin American city.
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.01
En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se vivió un período de incremento de la presencia de Estados Unidos en América Latina, especialmente bajo el proyecto de la Alianza para el Progreso y sus programas de asistencia económica y técnica que comenzaron en 1961. Como parte de esta amplia agenda de modernización, Estados Unidos fue activo en la promoción de ciertos conceptos en la planificación del desarrollo urbano, los que se trabajaron en conjunto con universidades y agencias gubernamentales chilenas. En base a un rico material derivado de correspondencia personal, memorandos de universidades e instituciones gubernamentales, este artículo analiza el
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involucramiento en Chile de Francis Violich, un prominente planificador urbano de la Universidad de California, Berkeley entre las décadas de 1940 y 1970 y consultor para varias iniciativas latinoamericanas. El argumento es que la ciudad se transformó en un objeto de modernización de carácter transnacional con metas y actores que desde ambos lugares contribuyeron a desarrollar el campo de la planificación urbana en Chile. Palabras clave
Chile; Francis Violich; Alianza para el Progreso; Modernización; Planificación urbana; Intercambio transnacional; Ciudad latinoamericana.
Nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial houve um incremento da presença dos Estados Unidos na América Latina, especialmente sob o projeto da Aliança para o Progresso e seus programas de assistência econômica e técnica que começaram em 1961. Como uma parte desta ampla agenda de modernização, os Estados Unidos foram ativos na promoção de certos conceitos na planificação do desenvolvimento urbano, que foram trabalhados em conjunto com universidades e agências governamentais chilenas. Baseado num rico material derivado de correspondência pessoal, memorandos e instituições governamentais, este artigo analiza o envolvimento, no Chile, de Francis Violich, um prominente planificador urbano da Universidade de California, Berkeley entre as décadas de 1940 e 1970 e consultor para várias iniciativas latinoamericanas. O argumento é que a cidade se transformou num objeto de modernização de caráter transnacional com metas e atores que, dos dois lados, contribuíram com o desenvolvimento na área da planificação urbana no Chile. Palavras-chave
Chile; Francis Violich; Aliança para o Progresso; Modernização; Planificação urbana; Intercâmbio transnacional; Cidade latino-americana.
Introducción In June 2008, the president of Chile, Michelle Bachelet, traveled to California to sign a series of cooperative agreements in the areas of energy, agriculture, the environment, and higher education. She toured a vineyard at the University of California-Davis, met with Governor Schwarzenegger in the state capitol, and gave a public speech at the University of CaliforniaBerkeley1. Beneath the banner of “Chile-California: A Partnership for the 21st Century” were many agreements that would be signed by Bachelet, Schwarzenegger and other state officials from both countries, but Bachelet’s promise to invest $6 billion in scholarships to Chilean students for graduate study abroad was especially noteworthy. She announced to the California State Assembly that education was Chile’s “short cut to development” because it would allow Chile to “take a giant step and become a developed nation in the span of one generation”. Educational exchange was to be the cornerstone of Chile’s plan for development in the 21st century2.
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As local newspapers readily noted, California and Chile had a long history of educational partnership dating back over four decades. In her speech at the capitol, Bachelet hailed the Chile-California exchange that brought hundreds of Chilean students to Berkeley, Davis, and Los Angeles in the mid-1960s to earn their graduate degrees. “They talked of agrarian reform, they talked of modernization theory, they wanted to change the world,” she said. “And they changed the face of Chile because they learned how to; here in California”3. Beyond the promotional purpose of her talk, Bachelet was right: the University of California system had been a major partner with Chile in developing the fields of agriculture, the natural sciences, and the social sciences in the 1960s. The question of the way in which this partnership “changed the face of Chile”, however, is more complex. Equally important is the contested process by which expertise and ideas traveled up and down the Pacific Coast. This was not just a partnership between a country and a state that happened to share similar geographies and similar modernization goals, but a project meant to cement Chile’s ties to the United States at a contentious moment for both countries. At the height of the Cold War, as President Kennedy was initiating a massive program of aid to Latin America with the Alliance for Progress and President Eduardo Frei was pushing ambitious reform programs in Chile, the exchange of academic expertise between California and Chile crystallized the high hopes and high stakes of the era. This paper will focus on one aspect of the Chile-California educational exchange by examining the relationships that formed between Berkeley and Chile in the area of urban planning and development. This was a particularly rich time for urban planning, both in the U.S. and Latin America. By the late 1950s, urban planning had consolidated itself as a discipline in the United States, with Berkeley and Harvard/Massachusetts Institute of Technology (MIT) leading the way in research and training of new professionals and the American Institute of Planners tracing its roots to the first national planning convention in 19094. In Latin America, the Inter-American Planning Society (SIAP), founded in 1956, was representative of the growing concern over urbanization and underdevelopment in the region that was manifested in diverse fields, from economics and sociology to architecture and engineering5. This mushrooming of social science institutes devoted to the study of the Latin American city from the mid-1940s to the late 1960s went hand in hand with an urban population explosion as rural migrants moved to cities and settled informally in shantytowns on the urban periphery6. For example, more than 50 percent of the sharp growth experienced by the Santiago metropolitan area, from 1.35 million in 1952 to nearly 3 million in 1970, was due to internal migration7. It was in this context of swift population growth, seemingly uncontrolled urbanization, and persistent underdevelopment that an exchange of urban planning ideas and expertise developed between Berkeley and Chile. To analyze this exchange, this paper will focus on the involvement in Chile of Francis Violich, a prominent urban planner at Berkeley from the 1940s to 1970s. By doing so, the paper aims to contribute to the scholarly literature on the transnational exchange of expertise between Chile and the United States in the mid-20th century. In addition to urban planning, exchanges developed in the areas of economics, agriculture, and law. Perhaps the most famous case of knowledge transfer between the U.S. and Chile is the so-called Chicago Boys, the generation of young Chilean economists trained at the University of Chicago in the 1950s who went on to work
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with the Pinochet regime to bring about radical free-market reforms8. Beginning in the late 1960s, a partnership with the University of California-Davis helped modernize Chile’s agriculture industry, which many scholars have studied in relation to agrarian reform, export-oriented neoliberal policies, and effects on women and the working poor9. More recently, the rise of human rights discourse and the continued hegemony of neoliberalism have been studied in the context of changing legal cultures in the U.S. and Latin America and the transnational exchange of ideas between the two regions10. This paper aims to add another dimension to our understanding of the exchange of expertise between Chile and the U.S. by looking at the city as the object of transnational modernization goals. It also aims to use the case of Francis Violich to illuminate the micro-level negotiation of power among all actors involved. Thus, by tracing Violich’s relationship with Chilean planners, I will argue that urban planning constituted a significant emerging field of knowledge in Chile that, like economics, agriculture, and law, was the focus of hemispheric modernization concerns. At the same time, I will show how the complex power relationships among students, planners, architects, engineers, and bureaucrats in both Chile and the U.S. shaped the construction of urban planning as a discipline in Chile. The analysis consists of five parts. To provide background on the ideas that would be exported to Chile, the first section discusses the career of Francis Violich and the context of urban planning in the United States and at Berkeley in particular. The second section examines the way planning had evolved in Latin America to this point, while the third section addresses the early stage of Violich’s engagement with Chile, roughly 1956-1963, his relationship with several Chilean graduate students who promoted his vision of comprehensive planning, and the push to establish a training center for planners in Chile. The fourth section shows how the Cold War, and Kennedy’s Alliance for Progress in particular, was the condition that allowed a massive aid program to Chile to take place in the mid-1960s which, coupled with President Frei’s ambitious reform program, created a propitious environment for Violich’s urban planning ideas to spread in Chile. This section focuses on both the Chile-California program sponsored by the Alliance for Progress and the University of Chile-University of California academic exchange begun in 1965. The final section examines the tensions inherent in these programs, the collapse of U.S. urban planning aid programs in Chile in the late 1960s, and the rise of a new type of politicized community-level planning. This trajectory suggests that although the mid-1960s represented a moment of effervescence around urban development planning in which the objectives of Chilean and North American planners seemed to converge, by the late 1960s this apparent consensus had unraveled from the pressure of internal contradictions. At the same time, however, a new form of planning was emerging in the wake of the faltering developmentalist model. The story of Violich’s involvement in Chile, the confluence of North American and Chilean visions of urban planning, and the shifting political context serves as a cautionary tale about the limitations of urban planning within a political world.
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The evolution and consolidation of a new profession Francis Violich had a long and rich engagement with Latin America over the course of a career than spanned more than five decades. Born to Croatian parents in 1911, he grew up in San Francisco near Golden Gate Park and graduated in landscape architecture from UC-Berkeley in 193411. He went on to graduate studies in urban planning at Harvard and MIT, then embarked on a study tour of Latin America in 1941 as the Second World War was underway. His ten months of travels took him to ten countries, including longer stays in Brazil, Argentina, and Chile, with two planned trips cancelled due to war conditions12. His ties to Latin America were strengthened by his marriage soon after to Mariantonia Sanabria, sister of the prominent Venezuelan architect José Sanabria13. Upon returning from Latin America, Violich worked as an urban planner in the Bay Area and began teaching city planning and landscape architecture at Berkeley. He also formed part of an interdisciplinary network of environmentally minded colleagues called Telesis which would go on to influence the founding of Berkeley’s Department of City and Regional Planning (DCRP) in 1948 and, a decade later, the creation of the university’s College of Environmental Design (CED)14. According to a retrospective he published shortly before his death, he was part of a generation of architects, landscape architects, and planners whose thinking on urban problems was heavily influenced by the Depression and New Deal. The reality of inequality during this period left an impact on Violich and imparted a social conscience to his work and that of Telesis15. Beginning with his tour in 1941, much of Violich’s research and writing concerned urban planning and development in Latin America. His first book, Cities of Latin America: Housing and Planning to the South (1944) is based on his travels in Latin America. It approaches the social, economic, and physical problems of Latin American cities from the perspective of an enthusiastic, optimistic onlooker writing for a popular North American audience, in part aiming to show what U.S. urban planners can learn from their southern counterparts. His second book, co-authored with the Chilean planner Juan Astica, Community Development and the Urban Planning Process in Latin America (1967), adopts a more practical and action-oriented approach aimed at the professional community. Over the course of the 1960s and 70s he also developed a comprehensive project on urban planning in Latin America with a focus on the four case studies of Caracas, Bogotá, Santiago, and São Paulo, which was eventually published as Urban Planning for Latin America in 1987, after more than ten years of retirement from Berkeley16. Violich’s relationship with Latin America, however, was most strongly felt as an educator and mentor. He consulted on several studies of planning education in Latin America sponsored by the United Nations and Rockefeller Foundation (1956), the Inter-American Planning Society (1960), the United States Operations Mission (USOM) in Chile (1960), and helped set up at least two graduate training centers for planners, in Santiago in 1960 and in Caracas in 1968. He also exerted a powerful influence on graduate students who came from Latin America to study architecture and city planning at Berkeley. Upon Violich’s retirement in 1976, the chair of the Department of City and Regional Planning remarked that “single-handedly, he proved remarkably effective in attracting and advising Latin American students”17. As early as 1953 he was helping
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to facilitate the application of Latin American students to the City and Regional Planning program by arranging a meeting for an applicant with the associate dean of the graduate division; later he went so far as to put an applicant in touch with Clark Kerr, president of the University of California18. In 1958, the year before the College of Environmental Design was founded, Violich boasted that “the largest number of Latin Americans from any single subject on the campus” were in the architecture program19. He used his connections at Berkeley and frequent visits Chile, Colombia, Venezuela, and Brazil to build up a cohort of students dedicated to investigating and solving the problems of mid-century Latin American cities. When these students arrived in Berkeley, however, they encountered not only Violich but an entire array of planning ideas and assumptions that had developed in the United States up to this point. A brief sketch of the evolution of planning education in the U.S. between the 1930s and 60s will illuminate Violich’s own formative years and situate him in the wider world of planning debates at the time. Because Berkeley’s department of City and Regional Planning tended to reflect the status of the field at large, this will also clarify the world in which so many Latin American graduate students were immersed in the 1950s and 60s. When Violich received his education as a city planner, this field had only just begun to emerge as a distinct profession in the U.S. Although Harvard was the first university in the U.S. to introduce a course on city planning in 1909, it did not establish an independent program in city planning until 1929, only a few years before Violich arrived for his post-graduate studies. It was during the Depression, the period that Violich acknowledged as most significant in shaping his sense of planning’s social mission, that programs proliferated across the country. Each institution approached planning in a distinct way, however. At Harvard, Cornell, and the University of Illinois, planning reflected its origins in landscape architecture, while at the University of Nebraska it was taught as part of engineering. In rural schools in the South and Midwest, by contrast, the approach was influenced by federal conservation programs and the Tennessee Valley Authority. The leaders of the newly emerging profession acknowledged that, for many, “planning” was a vague term, certainly not as demarcated as architecture, engineering, or law. In fact, it drew from all these fields, as the head of Harvard’s program wrote in 1927. “It seems[…]that there does exist a very important and rapidly growing mass of knowledge which is not engineering, which is not architecture, which is not law, which is not medicine, but which furthers certain general goods toward which, each in its specific way, all these specialized professions and a good many more are also contributing.” It was in this milieu of a diversity of approaches to planning that Violich studied landscape architecture at Berkeley and city planning at Harvard20. By 1950, however, planning had become “institutionalized into comprehensive land-use planning” and had developed a more consistent body of knowledge independent of architecture and engineering. It had also become part of the governmental process through the work of agencies such as the Tennessee Valley Authority and the Port Authority of New York, as well as through the adoption of urban renewal and comprehensive planning by cities across the U.S.21 The job of the planner was to create city plans, develop codes to enforce those plans, and then enforce those codes. Master plans, blueprints, and comprehensive plans were therefore the central tools of the trade. At Berkeley, where planning had been consolidated with the formation
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of the Department of City and Regional Planning in 1948, the figure of T. J. Kent was emblematic of this period, which planning historian Peter Hall calls the first of three “waves” in city planning at Berkeley. The model planner of this period was both rational and intuitive, assuming the role of apolitical expert while synthesizing the best solutions from personal experience on the job. According to Hall, this model – alternately referenced by its use of comprehensive plans, master plans, or Kent’s idea of the urban general plan – endured in planning classrooms into the 1960s. In the late 1950s and through the 60s, however, there was a paradigm shift in planning brought about by new European geographic and economic theories as well as Cold War weapon systems. Planning was now conceived as a calculated, scientific process “in which vast amounts of precise information were garnered and processed in such a way that the planner could devise very sensitive systems of guidance and control, the effects of which could be monitored and if necessary modified.” Heavily indebted to engineering, systems planning became especially important in transportation planning, for example, because it promised a precise way to predict traffic demand based on land uses. Despite the methodological differences between comprehensive planning and systems planning, a common set of assumptions underlay both processes: “the planning system was seen as active, the city system as purely passive; the political system was regarded as benign and receptive to the planner’s expert advice.” In reality, however, the planner was trying to act as both objective social scientist and active designer, all the while engaged in the messy world of politics and public opinion22. In addition to comprehensive and systems planning, two more “waves” were to hit the shores of the planning academy during Violich’s tenure. From roughly 1965 to 1975, another paradigm shift occurred, partly influenced by the civil rights and free speech movements, Vietnam War, and race riots of the period. Planning was increasingly seen to operate within a pluralistic world in which the planner had lost his “claim to unique and useful expertise” and instead took on the role of community advocate. Part of the shift was due to a turn from strictly physical planning (i.e., planning of the built environment) toward social and economic planning. Mel Webber, who like T. J. Kent was an important figure in the College of Environmental Design, could be considered part of this new Berkeley “wave.” Finally, Hall argues that the influential turn toward Marxism in the 1970s led by geographers such as Henri Lefebvre, David Harvey, and Manuel Castells – the last of whom served on the city planning faculty at Berkeley for many years – comprised another “wave” in planning23. Castells is an intriguing foil to Violich given the former’s involvement in the Santiago urban planning scene in 196824 and his appointment at Berkeley in 1979, three years after Violich’s retirement. Nonetheless, this last “wave” was much less significant in shaping Violich’s career and the planning ideas he promoted in Chile than the earlier modes, most notably the modes of comprehensive planning and community-based planning. By the time that Violich was beginning to attract Latin American students to study city planning at Berkeley, the profession had thus been consolidated in the U.S. after a period of diverse approaches based on other disciplines such as architecture and engineering. Though the planning field was beginning to evolve in the late 1950s, planners retained the confidence and conviction that their technical expertise, properly applied, could solve the most pressing problems facing cities both in the U.S. and overseas. When Chilean graduate students came to Berkeley
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to study planning, they too drew on a recent history of urban planning which, though distinct from the North American experience, prepared them for their time in California.
Planning in Latin America When the first wave of Chilean students began arriving on campus and attending classes in the “Ark,” the small, Arts and Crafts-styled brown shingle building that housed the early architecture and city planning programs, they brought with them an education in urban planning that, like planning in the U.S., drew on an array of influences. Urban planning was not consolidated as a distinct discipline, but the many streams of other traditions that fed into it had been developing over the past three decades or more. In fact, profound transformations in Chilean society that occurred between the early years of the 20th century and 1960 had precipitated a growing interest in planning and urban development that coincided with the increased role of the state in the economy and social welfare. Thus, Armando de Ramon, a prominent historian of Santiago, could write that there was no great interest in studying the planning of urban development at the beginning of the last century, either on the part of Chilean universities or government ministries, while another urban historian, Adrian Gorelik, could describe the meteoric rise of Santiago in the mid-century to become a “fundamental laboratory of Western planning”, with a critical mass of university programs, government ministries, professional organizations, and internationally funded studies dedicated to applying cutting-edge social theories and scientific techniques to spur development25. Violich also commented on the concentration of urban experts in Chile, writing in 1968 that with all the “inputs” from international groups, Chile “should be a model in the field of urban and regional planning!”26. The dramatic ascent of planning in Latin America and Chile reflected the changing tides of architecture and planning thought in Europe as well as the evolution of related disciplines. When Violich returned from his whirlwind tour of Latin America in the early 1940s, he remarked that two of the most distinctive features of Latin American planners compared to their North American counterparts were their European orientation and the wide-ranging, versatile approach in which they had been trained27. These two traits were related. Because their education was highly informed by continental European practices, they tended to consider themselves urbanists rather than planners. As other historians have noted, Europe was the central point toward which Latin American architects and urbanists gravitated from the late 19th century until the Second World War28. Violich credited this European influence for imparting a more imaginative, humanistic, and philosophical touch to the urbanists he met in Latin America. Most practicing planners had in fact been trained (and usually continued working) as architects or engineers, and their work as planners was seen as an offshoot of those fields, rather than its own distinct profession. Similarly, urban historian Arturo Almandoz has described the greater attention to design that the term urbanist implied, as opposed to the more technical, North American category of planner that superseded it around the Second World War. Violich was right that before the Second World War, Latin American urban planners were informed less by his home country than by cross-Atlantic influences.
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This European orientation that early Latin American planners and urbanists shared was not uniform, however, because the trends in architecture and urbanism that were imported across the Atlantic varied over time and place. In the late 19th century, the monumental style of Baron Haussmann’s Paris was a major influence on Rio de Janeiro, Buenos Aires, and Santiago. This Parisian model of wide, diagonal avenues designed to cut through the congested city center and ease traffic circulation, along with elegantly landscaped parks designed to beautify the city and improve public health was the inspiration, for example, for the embellishments of the Alameda and Santa Lucía park in Santiago that mayor Benjamín Vicuña Mackenna carried out in the 1870s. The Latin American versions of Haussmann’s reforms never achieved the same level of comprehensive, total planning that the baron managed in Paris, but the French urban influence was nonetheless very strong throughout Latin America into the early decades of the 20th century29. Overlapping with the influence of French urbanism was the rise of the garden city movement in England, which grew out of the social reformism of the Victorian era and its efforts to relieve the miserable living conditions of industrial, inner city slums. Promoted by Ebenezer Howard, the garden city concept was designed to move workers out of the city into self-sufficient satellite communities composed of low-density single-family housing as well as industry to provide employment. However, when transplanted to Latin America, the idea usually devolved into the promotion of bedroom suburbs on the edge of major urban areas, rather than self-contained developments with jobs and industry integrated into the plan30. The garden city idea was very influential in Santiago in the 1930s when Karl Brunner, an Austrian urban planner, helped develop the eastern neighborhoods of Providencia and Ñuñoa into tree-lined, homogeneous, middleclass suburbs31. As the garden city model suggests, the influence of European urbanism on Latin American cities is not easy to classify: for example, one historian understands Brunner’s impact as part of the humanistic, design-oriented European approach, while other scholars consider the garden suburbs he promoted as antagonistic to the earlier European tendency toward dense, compact cities and instead group it with the low-density suburban model that came to dominate U.S. development and which would be blamed for the subsequent uncontrolled growth of Santiago32. Concurrent with the rise of the garden city idea and the lingering influence of Haussmannstyle urbanism, another set of powerful architecture and planning concepts was gaining force in Europe and soon crossing the Atlantic. Alternately known as modernism or simply as the architecture and planning promoted by members of the Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM), this movement rejected the academic, ornamental classicism then being taught in Europe in favor of functional architecture inspired by industrialization, making use of new building materials such as glass, steel, and concrete. By the 1940s, the CIAM style was gaining steam in Chile in the journal Arquitectura y Construcción, which ran from 1945 to 1950, and by 1954 the Athens Charter, one of the movement’s manifestos, had been translated into Spanish. In addition to functional architecture, modernism also adhered to the principles of functionalism in planning, whereby the four urban functions of housing, industry, recreation, and circulation were to be spatially segregated to promote efficiency and a higher quality of life. Modernism quickly became “the mainstream into which the diverse methodological influences of the planning profession were incorporated”, so that already in the early 1950s, as the first comprehensive plan for Santiago was on the drawing board, the functional separation of uses became the guiding principle behind the Plan Intercomunal de
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Santiago when it was published in 196033. Further evidence of modernism’s popularity can be seen in the major Chilean architecture journal of that decade, AUCA: Arquitectura, Urbanismo, Construcción, Arte, which quoted CIAM luminary Le Corbusier in its inaugural issue, invoking the movement’s sense of mission: “architecture is not a profession; it is a spiritual state”34. After the Second World War, the U.S. began to overtake Europe as the center of influence for Latin American planning35. The field began to adopt a more technical stance and broadened its horizons beyond the workings of the city to encompass regional and national development. This shift from European-inspired urbanismo to the planificación drawn from the U.S. entailed a move from art to science, toward “systemic, procedural and/or political values, relying for purpose on the social sciences and its technical apparatus, rather than design”36. In the 1950s and 1960s, modernization theory and, specifically, the growth pole theory of development took hold of social scientists, planners, and government ministries throughout Latin America37. With this concept of stimulating regional development through “concentrated decentralization” by targeting certain smaller cities or rural areas for public and private investment, governments began implementing growth pole plans in the mid- to late-1960s. One economist, writing in 1973, proclaimed that Chile had “produced the first comprehensive national plan for regional development in Latin America” in 1968, under the Frei administration, with the three main poles set to be Antofagasta, Valparaíso, and Concepción38. As the turn towards technical, social scientific urban planning and the rise of regional and national development planning already suggests, the category of planning itself came to encompass multiple disciplines. When Violich conducted a study on urban planning education in Chile in 1960, he identified not only architecture but also engineering, economics, sociology, law, and public administration as key components of a planner’s education. These first two professions had a long history of overlap with the area of urban planning, while economics had only recently begun focusing on economic development planning39; moreover, sociology and public administration were even newer fields in Chile, according to Violich. In the post-war years, therefore, planning in Latin America and particularly in Chile came to mean a multi-disciplinary, multi-scalar technical endeavor oriented toward stimulating development. Before turning to the first interactions between Violich and his Chilean planning students, it is worth briefly outlining the organizational scaffolding and political scene that existed in Chile in the sphere of urban planning by the late 1950s, when the first crop of Chileans left for Berkeley. In 1928, the University of Chile’s School of Architecture had introduced the first urbanismo courses in the country, which were soon followed by similar courses at the Catholic University of Chile40. Meanwhile, in response to a 1928 earthquake in Talca, the first significant planning law was passed the following year, which required all cities of more than 20,000 inhabitants to create a master plan41. In Santiago, the need for increased coordination of urban development was most acutely felt because of the city’s population growth and territorial expansion. Around 1910, the city’s urbanized area had grown beyond the boundaries of the Santiago comuna, which led to a lack of coordination because each comuna, or municipality, had its own government. This was especially problematic for urban planning because, in 1891, the law of municipal autonomy had given comunas the power to sell off subdivided land. As lot sales became an attractive source of income for municipalities, urban growth boundaries were quickly disregarded42. With the Santiago metropolitan area already comprising 17 different municipalities in 1960 and without a single
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governing body for the entire city, this constituted a severe handicap for planners’ attempts to organize and coordinate development across the city43. Yet planning impulses were reenergized in 1939, when reconstruction after a major earthquake in Chillán (260 miles south of Santiago) spurred the creation of the Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), which ushered in a new era of strong state intervention in the economy under the leadership of the Marxist-reformist coalition of the Popular Front (19381941). With CORFO’s construction of hydroelectric projects, search for oil deposits, and promotion of domestic industries, Chile became a pioneer in planned development, which was continued by the moderate governments of Juan Antonio Ríos (1942-46), Gabriel González Videla (194652), and Carlos Ibáñez del Campo (1952-58)44. This planning soon encompassed urban services with the creation of the Corporación de Vivienda (CORVI) in 1953 and the Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) in 196545. When the first group of Chilean graduate planning students arrived in California in the late 1950s, an institutional framework for national, regional, and urban development planning had emerged in Chile. Nonetheless, persistent disorganization among municipalities and ministries and underfunding by the conservative Alessandri government (195864) were common complaints. The field of urban planning in Chile in the late 1950s was thus both old and new. It had a mature tradition of European urbanism drawn from Haussmann’s Paris, Britain’s garden cities, and the CIAM modernist style, but it was also undergoing a transformation toward a more North American-centered technical approach. One way of appreciating these changes is to set Violich’s opinion of Latin American planners in 1944 alongside his assessment of Chilean planners in 1960. As discussed above, on his first visit he praised European-trained planners for their “versatile,” “less specialized” approach that allowed architects and planners to intermingle and cooperate closely46. Yet fifteen years later he faulted Chilean planners – generally educated as architects, engineers, or economists – for keeping too much within their specialized disciplines. “Each field works far too much within its own orbit,” he lamented, a tendency exacerbated by the way departments were dispersed across Santiago47. The apparent discord between Violich’s view of planners in 1944 and in 1960 is explained by two changes: on the one hand, the increasing number of disciplinary fields encompassed within the umbrella of “planning” and, on the other hand, the technical, specialized character imparted by these new disciplines. To remedy the narrow-mindedness he perceived among Chilean planners in 1960, Violich recommended not only increased interdisciplinary contact but – most significantly for our purposes – increased contact with universities outside the country, pointing to the economics exchange program between the Catholic University of Chile and the University of Chicago as a model for how U.S. urban planning programs could partner with Chilean universities to facilitate the transfer of expertise. This was precisely Violich’s goal as he began recruiting young Chilean planners to study in Berkeley’s College of Environmental Design in the late 1950s.
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Violich’s Early Engagement with Chile, 1956-1963 In 1956, a decade and a half after his first encounter with Chile as a young, newly minted planner, Violich made his second extensive visit to the country. He met with established professionals such as Emilio Duhart, a distinguished modernist architect who had studied with Le Corbusier in France and Walter Gropius at Harvard, as well as a group of ambitious young planners who were attracted to the idea of doing graduate work at Berkeley. Violich was enthusiastically received at the Catholic University’s School of Architecture, where he advised Chilean urbanists to work more cooperatively in order to exert more influence as a field48. This moment represents the start of a decade-long relationship with planning students, practitioners, and the institutional world of universities, government ministries, and U.S. funding sources. One young planner whom he met in Chile, Nicolás García, would join the Berkeley Department of City and Regional Planning (DCRP) the following year, while another, Juan Astica, would remain in Chile but maintain a close working relationship with Violich; they would even co-author a book in 1967. Meanwhile, another Chilean student, Antolín López, had just started studying at Berkeley. Together these three figures – García, Astica, and López – formed the nucleus of Violich’s contacts in the world of Chilean planning in these early years. While they shared the same vision of the role of planning in spurring development, their dynamic relationships illustrate the obstacles that planners faced at this conjuncture in Chile and the differing ways they responded49. García and Astica both expressed deep frustration with the prevailing institutional context of urban planning in Chile, criticizing the way it was undervalued by the government and uncoordinated across different government offices. Six weeks after García had returned to Chile, he wrote to Violich that he was “back to normal again, that is to say, an adjusted chilean (sic) architect that often talks about city planning, a scarcely known business in this corner of the world.” The “shock” of seeing his country through Berkeley-colored glasses was beginning to wear off, and he was growing “fond” of it again. “Everything in Chile but the cities is wonderful. Man, what a landscape! to say nothing of the climate, women, etc. At least in these fields we can play major league any time!” However, the tone of his letter quickly shifted. Professionally, I came back during a bad moment for planning since the present government is somewhat the do-it-yourself type, run by very capable engineers (most of them U.S.-trained) out to do things fast and efficiently & none wishing to waste time on trifles like planning. But we planners are, however, bravely trying to educate them and have hopes of a few good results. Despite the antagonistic climate at the Planning Division of the Ministry of Public Works, the national-level ministry where García worked, he kept an upbeat attitude. An “honest to goodness planning crisis” had swept over the Planning Division, as he described it, because it had been unable to undertake any new projects and instead was caught up in solving day-to-day problems, and yet in the same breath he remarked that “more and more people [are] listening to me”. He wrote enthusiastically of his two cherished projects: first, his efforts to rewrite planning laws and, second, his interest in creating a new graduate school of urban planning, a project on which he hoped to enlist his mentor. Moreover, he was thrilled that his private architecture
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practice, which he continued to pursue as a planner, was “crowded with clients” and had brought in “several good jobs” recently. This letter reveals one of the main frustrations that he and Astica felt as planners; namely, a lack of governmental support and recognition of the value of urban planning. It also hints at one of the factors that motivated figures like García and Astica to build bridges with Violich: he had the potential to open doors to sources of institutional prestige (UCBerkeley) and funding (the U.S. government, the Ford Foundation) that promised to transform the way that cities were managed in Chile50. Astica, who also worked for the Planning Division of the Ministry of Public Works, had a more personal complaint against his employer. In 1958, he had planned to attend a seminar on urban planning in Bogotá with the Centro Interamericano de la Vivienda (CINVA) and had received permission to attend from the Ministry of Public Works, but when the government abruptly reduced spending he was denied the funds to travel. He lamented that urbanismo was not part of the military, since the armed forces were not affected by the new government spending restrictions. “I would have made the trip in any case on my own,” he wrote, but he had to pay his own way for a separate conference and could not afford to pay for both. Two of his colleagues were going to the CINVA conference because, “fortunately, they are not public sector workers” he noted bitterly at the end of his letter51 Unlike García, his description of life as an urban planner was not leavened by tales of a thriving private practice or peers who were increasingly receptive to his ideas; this may have been partly a factor of not having studied for two years at Berkeley, as García had, in that he may not have had the same (perhaps naïve) optimism and idealism drilled into him by Violich52. However, like García, he valued Violich as a well connected mentor. In this letter, for example, he asks Violich to send him copies of the CINVA conference proceedings. Later he will call on him for much more. As we have seen, García and Astica had slightly different outlooks on the professional environment that conditioned their day-to-day work as urban planners for the Ministry of Public Works in Santiago. One way in which they responded to perceived obstacles was a shared effort, however. In 1958, they approached the local Point IV office, the United States’ technical assistance program, to fund a three-prong project to improve city planning in Chile53. One objective was to bring a U.S. advisor to consult on urban renewal projects; another sought an advisor to carry out master plans; and the third objective, which Astica and García were particularly excited about, was designed to improve planning education. Antolín López, who had studied for two years at Berkeley and was now working for Point IV, served as liaison between the Planning Division, where Astica and García worked, and Violich, whom all three were hoping to enlist as the advisor on planning education. The way that they envisioned Violich working with Point IV and the Planning Division is noteworthy because it would be considerably altered. What López, Astica, and García originally wanted was for the University of California to found a training center modeled directly on Berkeley’s College of Environmental Design, which, significantly, had just been christened that year in California. But instead of linking the center with the University of Chile or the Catholic University, they intended for it to attach directly to the Ministry of Public Works and the municipalities to train government planners54. If Astica’s sentiments were widely shared, they found the universities very frustrating to work with because of the “ridiculous” way planning was taught as an “academic” course for architects55. In their proposal to Violich, they hoped to cut
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out the meddlesome middleman of academia and create a direct transfer of knowledge between Violich and the relevant planning agencies. Their mentor in California was polite but firm in his response to his former students’ proposal. After conferring with his colleagues, he answered that “we would question the advisability of establishing a ‘Center for Teaching City and Regional Planning following the main lines of DCRP at Berkeley’, since it would be a major undertaking beyond our capacity and could be destructive of the already established University programs in Chile”. Instead, he thought it would be smarter to “strengthen existing programs” and work directly with the universities, not the Ministry of Public Works or the municipalities, although the University of California would still exercise control over the project by choosing U.S. advisors56. The original proposal, ironically, had the potential to cause greater disorganization and lack of coordination among planners by creating a separate center that purposely cut itself off from the educational institutions that had for decades been the training ground for planners and architects alike. In addition, as Violich notes, it could have generated hostility from these traditional sectors or, at the very least, siphoned talent away from them, thereby exacerbating the existing problem, which Astica had identified, of “duplicated” planning programs in both the University of Chile and the Catholic University57. The relationship between Violich and his ex-students, as this episode illustrates, was not based on a simple transfer of knowledge from advisor to advisees. Astica, García, and López were highly receptive to the ideas coming from Berkeley, but they were so eager to implement the technical, comprehensive mode of planning they had learned that their proposal was perhaps more radical than Violich wanted in its vision of a center modeled directly on Berkeley’s DCRP and connecting directly with government planners. Their plan was meant to reform the planning profession immediately, while Violich, on the other hand, envisioned a longer-term project that would train future teachers of urban planning and send young professionals to study at Berkeley, rather than just assist current practitioners. The agreement between the Planning Division and Point IV began to move forward, and at the end of 1959 Violich was officially invited by the United States Operations Mission in Chile (USOM-Chile, see footnote 47) to serve as consultant on a brief mission to assess planning education and recommend a course of action58. The next year, not long after completing a similar mission to assess planning education throughout Latin America sponsored by the Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP) and the Ford Foundation, he spent October and November in Santiago, published his report59, and, in December 1961, USOM-Chile announced to him that “after much pulling and hauling”, it had secured the funds to open a position for a longer-term consultant who would actually design the program and have it up and running by 1963. The chief of the USOM-Chile housing and planning division noted that much of the credit needed to go to the Center for Economic Planning at the University of Chile. Unlike the school of architecture, the economics department there had shown interest in expanding disciplinary boundaries to include social considerations; it also had “the backing of the most influential planners in government circles”60. Although it is not at first obvious why architecture, the field with the longest history of producing planners, was resistant to the new project, it may well have been due to the impact
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of the modernist movement. The CIAM, Violich wrote in 1958, had been a “potent influence in advancing this ‘super-architect’ concept”, thereby isolating architects from related areas such as engineering or other technical fields. “Architecture throughout Latin America has kept city planning as its own dwarfed child these years and must now let it grow and flourish with a healthy stimulus from many fields”61. When USOM-Chile distributed a job announcement for the position of “City Planning Educator-Administrator” to get the program up and running, it likewise noted that the architecture departments at both universities were “too restricted to the design approach to permit inclusion of the various social and political sciences that are essential in the education of technicians” who must plan for urban development62. Violich’s goal of instituting a comprehensive planning model in Chile was, therefore, not only about being “interdisciplinary,” as he so often put it, but about moving away from the realm of art and design and toward the technical science of developmentalism and modernization. I will return to this point in the next section. By now it may be clear that one of the main benefits accruing to Violich from his relationship with García, López, and Astica was their physical presence as foot soldiers on the ground who could lobby for the comprehensive, social-economic development planning espoused by their mentor63. Astica’s role is especially salient. Before the U.S. office (now known as the International Cooperation Administration) had chosen a consultant, Astica wrote that he was “convinced” that Violich was the “key person to orient us” and, for this reason, had “insisted” that he be given “first priority”. Astica was anxious to iron out dates for the study, since there was a real threat that it would conflict with the SIAP assessment of planning education in Latin America, which Violich was committed to doing the same year. However, Astica wrote that “if it is absolutely impossible for you, I should prefer you suggest me the name of another expert of your personal confidence, and I could give that name to ICA, because if not, ICA can bring anyone they select in a hurry”64. Astica was skillfully lobbying on behalf of Violich, carefully trying to outmaneuver the U.S. bureaucrats who may have had different candidates in mind65. With his close relationship to Violich, Astica not only lobbied for his mentor but used him as a resource to advance his own career. As mentioned above, Astica had a much dimmer view of life as a government planner than his colleague Nicolás García did. One of the ways he sought to remedy the situation was by using his multiple contacts among planners in other countries to secure a new job. In the same 1960 letter cited above, he wrote that “local considerations (very conservative government, don’t like Planning), are forcing me to think in leaving Planning Division.” Violich had already put in a word for him for a position in São Paulo, but this had fallen through66. Violich, clearly interested in using his weight to help Astica, also recognized an opportunity for mutual gain. Within weeks after Astica had detailed his predicament, Violich had written to the Ford Foundation to request funding to bring Astica to Berkeley as a research assistant for at least a year67. While it is unclear how much time Astica spent in Berkeley, he did continue to work with Violich through the end of the decade while based in Chile, and the two coauthored the book Community Development and the Urban Planning Process in Latin America in 196768. With the crucial aid of Astica and García in the Planning Division of the Ministry of Public Works and López in the U.S. office, Violich had successfully advanced a new mode of planning
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in the late 1950s and early 1960s. Drawing on economics and social science, this new form of expertise departed from planning’s earlier emphasis on design and architecture and represented a turn toward planning as an engine of urban, regional, and ultimately national development. When the U.S. office announced the job opening for the consultant who would finally design and launch the new training center, Violich scrambled to ask his Berkeley colleagues for candidate suggestions. “Now that you’ve pushed them into doing all this”, a colleague wryly remarked, “it’s imperative that an able faculty be gotten”. In the end, John A. Parker, the chairman of City and Regional Planning at the University of North Carolina-Chapel Hill, was the chosen expert to turn those plans into reality.
Mid-1960s collaboration and effervescence The apparent fate of the training center that Violich had strived to create offers a window onto the evolution of U.S.-sponsored urban development programs in the mid-1960s. Despite the hire of Parker, an experienced educator and administrator, it appears that the training center sponsored by the U.S. at the University of Chile never materialized. However, a nearly identical program called the Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano y Regional (CIDU), sponsored by the Ford Foundation and based at the Catholic University, did emerge in 1966 as a prominent player in the world of Chilean planning69. It is striking how similar the description of CIDU is to Violich’s proposal from six years before. “An interdisciplinary urban development program has been established at the Catholic University of Chile, involving the Faculties of Law, Economics, Sociology, Engineering, and Architecture”, the Ford Foundation reported. “Initiated in January 1966, the Program is evolving both undergraduate and graduate courses leading to a professional specialization in urban development planning”70. These are precisely the same departments that Violich believed should be incorporated into urban development planning. If the appearance of CIDU at the Catholic University indicates the growing interest in urban planning, the travails of the proposed center at the University of Chile illustrate how fraught with institutional problems and political tensions this field was. The center’s main liaison with the University of Chile, José Vera, soon became a “major obstacle” because of his staunchly anti-U.S. views. Violich and Astica described him as an “arch opponent of all pro-U.S. democratic movements,” most likely referring to the Christian Democratic Party which would win the presidency in 196471. In 1963, the year that the center should have been accepting its first students, Aaron Horwitz, one of the consultants on the project, found himself in tense talks with the university’s rector, Juan Gómez Millas. Both sides blamed the other for “delays” and “inaction,” but they agreed to name architect Jorge Poblete as the center’s new director, decided to pursue new sources of funding from the United Nations and the Ford Foundation, and left the meeting with “friendly optimism”72. Yet within a few months, the plan was stymied again, this time by university politics. Gómez Millas was up for re-election for the rectorship, and the North American consultants halted their search for new funding while waiting for the outcome. In the end, Gómez Millas lost to a candidate from the Socialist Party, although it is unclear how the nascent center was affected by the change in university leadership.
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The rise of the training center at the Catholic University and the demise of the proposals for a center at the University of Chile illustrate an important characteristic of U.S.-backed planning in Chile in the mid-1960s: as more groups became involved, there was a dual tendency toward increased interest and synergy –as well as disorganization and heightened tensions. The interest generated in urban development was largely due to the combination of the Alliance for Progress, begun in 1961, with the election of President Eduardo Frei in 1964. Together, these created a political context that, unlike in the late 1950s, was highly receptive to the modernizing reforms embedded in the discipline of urban (and regional) planning. This section will address the convergence of interest in urban planning, while the following section will turn to the conflicting objectives and struggles within this movement. In August 1961, President Kennedy signed the Alliance for Progress charter at a meeting of the Inter-American Economic and Social Council of the Organization of American States in Punta del Este, Uruguay. It was designed to be a 10-year, $20 billion aid program that aimed not only to promote economic development and political reform, but, through these mechanisms, to usher in a modern age in Latin America. As scholars have shown, the concept that there exists a linear path from traditional to modern societies, advocated by modernization theorists such as Walt Rostow, underlay the massive aid program. With thoroughgoing agrarian reform, “rational industrialization,” income redistribution, and health and education programs, the architects of the Alliance for Progress believed that Latin America could leap ahead to the next stage of development – imaginatively called the “take-off” stage – which would lead inevitably to the final, mature stages of development that characterized Europe and the United States73. In practice, however, the implementation of aid policies frequently depended more on anticommunist security concerns than on the stated goals of social, economic, and political reform. In Chile, for example, the programs of the United States Agency for International Development (USAID, the main agency administering the funds) were often designed to prevent the Marxist coalition, led by Salvador Allende, from winning power. Leading up to the 1964 presidential election, USAID’s coordinated efforts to stabilize food supply, curb inflation, and carry out small educational or health projects in “electorally significant areas” were successful, and the Christian Democrat candidate Eduardo Frei won by a large margin74. Frei’s election signaled not only the effectiveness of these short-term, strategic aid projects, but a new political era. Under the banner of “revolution in liberty,” his goals of agrarian reform, agricultural modernization, dramatic increases in low-cost housing, and urban development coincided remarkably well with the objectives of the Alliance for Progress. The area of low-cost housing indicates just how ambitious his goals were: he pledged to build 60,000 new homes each year for the next 6 years. As of 1960, by contrast, the average construction rate was only 8,000 new homes per year. The conjuncture of unprecedented funding and political will represented by the Alliance for Progress and the Frei administration provides a backdrop for the similarly ambitious programs in urban development spearheaded in the mid-1960s75. While the Alliance for Progress was explicitly directed toward economic development, health, and education, urban development was also recognized as an essential ingredient to modernization. A report by a staff member declared that “planning for cities and for urban
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growth will be central to the success or failure of the Alliance for Progress”, since efforts to speed economic development in Latin America had the potential to worsen urban conditions unless proper measures were taken76. The report hailed the Alliance as a major opportunity to link national economic development with improved urban living conditions so that Latin America did not suffer the same consequences of industrialization as Europe and North America, thereby “bypass[ing]” the “19th century industrial city, with its inhuman congestion and cruel exploitation”77. The city became a major focus of the Alliance to the extent that it was implicated in the dynamics of unbalanced development and the accompanying problems of urban population explosions, squatter settlements, the location of industries, economic planning, and the potential for political unrest. The relationship between urban planning and the broader modernization goals of the period can also be understood in the way that city planners described their own work. Writing two years before it was signed, Violich anticipated the Alliance for Progress’s goals of social development, democratic reforms, and global security and articulated the role of planning in achieving them. Latin America’s current urban planners, he wrote, “well realize that to face up to the problems of the physical environment – of the city and the region, is at the same time to face up to the underlying and long-standing social problems of Latin America that hold back the normal evolution of the culture of its peoples.” As long as planners do not “face up” to the issues of the built environment and thus to social issues, he wrote, “it cannot make the contribution to the stabilizing of world relationships as a whole that it is capable of making.” He continued on by noting the importance of “democratic processes” and the dangers of “dictatorship”78. Urban planners were sometimes quite explicit in announcing the broad aims of their work; they saw themselves not simply as bureaucrats concerned with demographics, zoning, and master plans, but as agents of social, political, and economic transformation. Out of this conjuncture of modernizing, reform-minded agendas headed by the Alliance for Progress and the Frei administration, there was a proliferation of urban development initiatives in both Berkeley and Chile, which created a definitive moment of collaboration and synergy in the mid-1960s. In Chile, the two most important institutions created in this period were CIDU (1966), the new graduate center for urban planning discussed above, and the national Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 1965), which brought housing and urban planning out from the folds of the Ministerio de Obras Públicas (MOP) to give these concerns greater attention. Meanwhile, California began two landmark projects that promised to link it closely to urban development in Chile. The first of these, signed in late 1963 shortly after Kennedy’s death, comprised a technical assistance agreement between Chile and the state of California in the areas of economic budgeting and planning, agriculture, water resources, education, and highway transportation. Encompassing both public and private sectors and financed by USAID as part of the Alliance for Progress, the Chile-California plan was envisioned as way to bring a “warmer,” more “human” touch to transnational development efforts as well as to stop communism in Chile. “It is our hope,” Preston Silbaugh, the program’s director said, “that California will be instrumental in helping this country achieve economic development and thus contribute to democracy’s victory and communism’s demise”79.
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In addition to the Chile-California program, a more strictly academic exchange was proposed to the Ford Foundation by committees from the University of Chile and the University of California in 196580. It was designed to include the four areas of social sciences, natural sciences and engineering, agricultural and veterinary medicine, and the arts. Financed to the tune of $1 million per year by the Ford Foundation for five years beginning in the fall of 1965, it was planned to encompass about 135 faculty and 250 students in long-term stays, plus 120 professors in short-term stays. One campus bulletin emphasized that this was only the beginning of what was hoped to be an ever-widening set of relationships between the California university system and the University of Chile81. Both the Chile-California program and the academic convenio between the University of Chile and the University of California generated a flurry of visits and proposals by planners on both sides of the equator. In October 1965, the director of the Chilean national budget and dean of the University of Chile’s Faculty of Economics, Edgardo Boeninger, made a visit to Berkeley and the University of California-Los Angeles (UCLA). With such an influential figure on campus, several faculty members and administrators jumped at the chance to discuss their personal projects and research with him. He was spirited away to the DCRP department at Berkeley, for example, where Violich discussed his plans for using the convenio to create a long-term exchange of faculty and graduate students in urban planning82. He also met in Los Angeles with representatives of the Chile-California program, the convenio, the Dean of UCLA’s new College of Architecture and Urban Planning, and two urban planning professors from Berkeley. John Dyckman, one of the Berkeley faculty members in attendance, explained that Boeninger was especially interested in creating a transportation economics study group, which had the potential to benefit all parties involved. It could enrich Berkeley’s transportation planning field, lend legitimacy to UCLA’s school in its “infancy”, “beef up” transportation and developmental economics in Chile, and provide a “coveted” academic link for the Chile-California program, which would allow it “greater leverage” when recruiting technical personnel83. As Boeninger’s visit demonstrates, the mid-1960s saw a convergence of interest in both the U.S. and Chile around urban planning and the related areas of transportation, developmental, and economic planning. Further evidence of heightened interest in these questions can be seen in the impact of Violich’s visit to Santiago in June 1966, when he spent a week exploring the possibility of an urban planning exchange through the convenio. That fall, the coordinator in Chile wrote that Violich’s visit was already “bearing fruit” and generating “considerable interest” among students and professors in different departments at the University of Chile; one student was already preparing to apply for a scholarship to study sociology and planning at Berkeley84. In October 1966, Violich was instrumental in arranging a similar visit from René Urbina, of the University of Chile’s Instituto de Vivienda, Urbanismo, y Planificación (IVUPLAN). Urbina had become so enthused about a potential urban planning exchange within the convenio – and frustrated by the limitations of the four existing areas – that he pushed for a fifth area to be added to the convenio, entitled “Planning and Design”, which would be modeled on the fields within Berkeley’s College of Environmental Design85. This proposal is quite reminiscent, in fact, of Nicolás García and Juan Astica’s plan in the late 1950s to establish a center modeled on CED, discussed above in Part III. Violich’s response to Urbina’s bold proposal was, like his response to García and
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Astica, cautious and conservative. He worried that an entirely new group apart from the social sciences and engineering –areas that he felt were integral to planning– would cause unnecessary divisions. Instead, he recommended working within the four-area model and creating a working group on planning and the environment86. Urbina’s visit in turn sparked such interest among Berkeley faculty that one professor, Corwin Mocine, who had little previous experience with Latin America, was inspired to develop a proposal for a seminar in Chile as part of the convenio87. As these episodes indicate, the University of Chile-University of California convenio proved to be a venue for urban planning experts in both countries to come together in the hope of forging longlasting ties. Indeed, the urban development initiatives organized under the convenio crystallized the spirit of the moment. Outside the realm of direct exchanges sponsored by the Ford Foundation and USAID, there was a general feeling of effervescence around planning in Chile. One Chilean architect who studied city planning at Berkeley in this period found that, when he returned to Chile in 1965, planners were the stars of the show – the “vedettes” – who were in such high demand that they worked twelve-hour days88. Astica, who had complained of being undervalued as a planner during the Alessandri administration, now found his services highly sought after by the Frei government89. Another Berkeley planner took a tour of Latin America, where he was wooed by government planning agencies in Venezuela and Peru as well as Chile. He stayed in Santiago, where he felt that his services were highly valued because urban planners with knowledge of economic and social issues were so “in demand”90. Finally, an observer in Chile during the same period remarked that Berkeley’s years of work to influence the direction of planning in Chile had finally paid off: I think that you and your colleagues in C&R Planning can take a lot of satisfaction from the impact Berkeley is having on Chilean policies. Men like Kusnetzoff, Astica, Urbina, Geisse, Lopez, Eyheralde and many others seem to have moved into positions of influence in the new Government and in the university and they draw on their experiences at Berkeley with great frequency91. Planning –of the economy, of industry, of agriculture, and of the metropolitan areas implicated in all of these– summed up the zeitgeist of the mid-1960s moment92. With the flurry of visits, proposals, and transnational discussions they generated, the California-Chile program and the University of Chile-University of California convenio channeled this spirit.
Tensions and transitions Beneath the apparent collaboration among multiple actors and institutions engaged in urban planning in 1965 and 1966, however, a series of tensions threatened to derail the entire project. The world of urban planning now included not only architects and engineers, but economists, social scientists, and all stripes of government workers from both Chile and the U.S. whose political leanings increasingly rose to the surface in their dealings with one another. The very
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convergence of interest in urban development planning brought many disparate actors together whose objectives, though ostensibly aligned, in fact incorporated multiple and often contradictory aims. The changing political climate in Chile helped spell out the end of U.S.-led comprehensive urban planning and bolstered an emerging paradigm of participatory community planning. One of the most significant tensions was between Violich and his own colleagues. When a comprehensive metropolitan transportation study of Santiago was proposed as a joint project between the Chile-California program and Berkeley planners, Violich was deeply skeptical. “I distrust very much North American technical people”, he wrote, “especially university types, who are eager to work in Chile, India or Venezuela in order to experiment with their own ideas on projects that can’t be realized at home in the States”. The study was not overtly experimental, but in Violich’s view it aimed too rigidly to reproduce U.S. methods in Latin America and failed to take Chile’s “greatest needs” into account93. The country’s limited funds should be spent on housing and education, he argued, rather than a cutting-edge transportation system94. While some planners in Chile welcomed the metropolitan transportation project95, one Berkeley contact who was in Chile at the time warned that the proposed study could only gain support if it was broadened to include the regions, since “Santiago is already too much emphasized and the provinces have no attention and have problems of equal or greater dimensions”96. Berkeley planners did carry out the study, but not before the project was reworked to be cheaper, simpler, and more tailored to Chile’s needs. As this drama suggests, power relations were close to the surface in the workings of the Chile-California plan, dominated as it was by government agencies. Paul Wendt, the Berkeley observer who had warned of the proposal’s overemphasis on Santiago, also gave Dyckman and Webber advice on how to navigate the Chilean academic and political system to assure the success of the metropolitan-transportation study. He set up a meeting between Robert Keating, head of the Chile-California program, and Chilean government officials, for example, which he “purposely avoided” attending because of generalized sensitivity to “too much gringo dominance”. Yet he, Keating, and Webber were not averse to political manipulation. Wendt wisely (perhaps cynically) suggested that the study be proposed to MINVU, since it was such a new ministry that it had no “carefully formulated plans, organizations, or policies” yet97. Given such open political tensions, it is not surprising that the California-Chile program was experiencing political “difficulties” after only two years of operation98. The university-based convenio also gave rise to contested relationships, although these were less overtly political and more academic in nature. As René Urbina had sensed, the field of urban planning and development did not fall tidily under the rubric of social science, art, agriculture, or natural science. Given its mixture of sociology, economics, architecture and design, and engineering, it could plausibly draw from three of the four areas that the convenio comprised. Though Violich managed to avert potential hostility from the convenio coordinators by forestalling Urbina’s proposal of a fifth independent field, he did not entirely avoid the problem of disciplinary boundaries. When he sent his own proposal for an interdisciplinary seminar at the University of Chile that would address decentralized, municipal-level planning, the Social Science Subcommittee approved it only on the condition that he indicate his “intention to give the seminar and your related research a special social-science emphasis,” rather than a physical-engineering
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emphasis99. A similar “jurisdictional question” vexed Corwin Mocine, the Berkeley professor who had felt compelled to participate in the exchange after Urbina’s visit. Mocine had proposed a short seminar for the summer of 1967, but as his departure date drew near he grew anxious because he had not been able to secure a departmental home for his seminar in Santiago. Urbina, who was based at the University of Chile’s Institute of Housing, Urbanism, and Planning, was eager to host the seminar, but Mocine preferred to work with Boeninger, who was associated with an institute for public administration. Weeks before he left, however, Mocine learned that Boeninger did not want him100. It is unclear how this problem was resolved, but what does seem obvious is that Mocine, inexperienced in Chile, lacked the crucial intermediaries that Violich employed to such great effect. Without former students in Chile to lobby for him, Mocine found himself adrift in a world that did not feel obligated to work with him simply because he was a foreign expert. In mid-1960s Chile, foreign planning consultants were in abundance101. Yet within five years, many of these consultants were no longer on the Chilean scene. Both the Ford Foundation and its director of urban development programs, John Friedmann, had “closed out” by 1969; Friedmann went on to a career as a planning professor at the University of California-Los Angeles, while the Ford Foundation returned to its “palatial building in New York,” as Violich put it wryly102. Meanwhile, the university convenio had become “practically paralyzed” and unable to move forward on pending scholarships for Chilean students until the outcome of the election for the University of Chile’s leadership was decided103. At the same time that highprofile experts returned to the U.S., however, a new mode of planning was arising out of the ashes of the old. This new approach was community-based, participatory, and increasingly politicized. One harbinger of this new mode was the mobilization of shantytown residents, or pobladores, who pressed for land, housing, and urban services from the government in the late 1960s and early 1970s104. These two trends were in fact related: the political conditions that precipitated the withdrawal of many U.S. programs were also what gave added urgency to community-based, politicized planning. Community-based planning had in fact been gaining popularity at the beginning of the decade, when Violich and Astica presented a paper on the topic at the SIAP Congress in Santiago in 1962. This paper was an early version of research that was later turned into their book Community Development and the Urban Planning Process in Latin America (1967), which argued for a mild form of participatory planning. It did not do away with the role of the expert-run government planning process, but rather called for an incorporation of local community concerns – including participation by residents themselves – into that planning process. Unlike the radical form of community participation later espoused during the Popular Unity, Violich and Astica’s vision of participation sought to bring excluded, marginal populations into “modern systems of life” by accelerating “social integration”105. The paper presented in 1962 was favorably received by other attendees at the Congress, especially Peruvian delegates, and Astica observed that Colombia was also interested in community-based planning. The Christian Democrats also took a keen interest in the topic at the 1962 Congress, and they asked Astica to present the paper to their members. To Astica’s surprise – he was politically independent and was not invested in convincing them – the party wanted to adopt community development as part of their platform for national development106.
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Indeed, the Christian Democrats adopted community-based housing policies during the Frei government. Their central program, called operación sitio, distributed land parcels to homeless residents, who were then to be given material support in building their own homes. This was meant to be a gradual process of bringing urban services such as sewers, water, and electricity to “marginal” populations that had recently migrated to Santiago. At first the program seemed to work because it reduced the number of illegal land occupations as homeless residents expected to receive land from the government. Yet by 1968, the failure of Frei’s housing program was evident. With only 10 percent of families in need granted land through operación sitio, the number of illegal land occupations (tomas) began to increase107. This turn of events not only pushed housing to the forefront of the Popular Unity’s agenda in 1970, but helped radicalize the political environment in which all urban planning projects were carried out108. With this failure of Frei’s housing policies, moderate U.S. figures were left with dwindling possibilities for urban reform. At the beginning of the decade, when the success of the Cuban Revolution and the threat of Allende winning power in the 1964 elections had spurred the Alliance for Progress to invest heavily in the pro-U.S. Christian Democrats, Frei was considered the “last best hope” for countering communism in Chile109. “I am convinced that we have only a few years to act and to achieve concrete goals in Latin America”, wrote one Alliance staff member in 1962, “if we want to preserve their political institutions within the democratic system”110. The erosion of support for the Christian Democratic government in the late 1960s thus also meant, in a way, the failure of U.S.-backed development projects. The closure of the Ford Foundation urban development offices in Santiago, the “paralysis” of the university convenio, and the political “difficulties” with the Chile-California program can best be explained alongside the process by which Frei’s urban reform program faltered and lost public support. These political conditions also gave rise to a new, mobilized form of community development. At the end of Frei’s government and during the Popular Unity, pobladores stepped up their demands for land, housing, and urban facilities, forming mobilized campamentos which sought to foster collective living and political action. In this radicalized context, decisions about land use, urban services, and housing were increasingly made through politicized grassroots organizations, such as juntas de vecinos (popular neighborhood councils). Although the pobladores movement is beyond the scope of this paper, it is important to note that it was gaining ground as U.S.-backed programs were waning111. The technical, comprehensive planning led by organizations such as the Chile-California program was in retreat, while the localized, politicized form of community development and mobilization –especially in poblaciones– was on the rise. The heady mid-1960s moment of U.S.-Chile collaboration centered on urban planning and development had passed.
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Conclusion Throughout the 1960s, Chile was at the center of transnational efforts to use urban interventions as a means of spurring the country’s economic, social, and physical development. Through the work of Chilean students who studied at Berkeley and became vocal proponents of comprehensive planning when they returned, as well as the work of North American academics and consultants, the field of urban planning became the focus of multiple and sometimes conflicting goals of modernizing the country, lifting pobladores out of poverty, and balancing regional development. The early years of Francis Violich’s involvement in Chile, from the late 1950s to the early 1960s, show that Chilean students sought to leverage their connections with Berkeley to improve the state of urban planning in their country. They were eager in their attempt to reform the profession by setting up a U.S.-sponsored training center for urban planners, while Violich was more cautious and proposed a gradual program of changes. His vision of an educational center attached to the University of Chile, however, ran into a series of obstacles, including a change in university leadership and opposition from those who viewed U.S. actors with suspicion. Nonetheless, both Violich and his Chilean students gained from their relationship: Violich’s former students lobbied for their mentor in Chilean planning circles, used their training in Berkeley to advance their careers, and even went to Berkeley to work on Violich’s research projects. These personal relationships between planners in Chile and the U.S. were expanded into major institutional exchanges in the mid-1960s, when the combination of the Alliance for Progress and the Frei government channeled ever more attention and funding to Chile’s problems of urban development. Through the U.S.-sponsored Chile-California program and the academic exchange between the University of Chile and the University of California supported by the Ford Foundation, the flow of urban development expertise reached its height in the mid-1960s. Yet the intense energy that went into promoting urban planning was marred by conflicts among planners over the best path to development and, more seriously, by the political contingencies of an intensifying pobladores movement and the failure of Frei’s housing policies, which shifted the focus from the role of technical experts to the agency of urban residents themselves. Thus the success or failure of the era’s planning initiatives hinged not only on the personal relationships forged among Violich, his students and allies abroad, and the network of academics, professionals, and government officials they worked with in Chile, but on the transnational political climate that both supported their work and later restricted it. Ultimately, the fate of the mid-1960s moment of high hopes for modernizing the country – indeed, the hemisphere – through urban interventions suggests the limitations of planning in an everpolitical world. To the extent that planning declared itself wholly technical and universal, as modernizing urban development programs did, it left itself vulnerable to challenges from those who might question its basis in U.S. interests or its top-down approach with urban decisions flowing from supposed experts. The “short cut to development” that urban planners sought throughout the 1960s was fraught with good intentions amid conflicting objectives and narrowing political options. Chile’s current plans to employ educational exchange to “become a developed nation in the span of one generation” will no doubt be subject to a new set of political contingencies as well.
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Notas Henceforth UC-Berkeley or simply Berkeley. “Chilean leader speaking at UC during state visit,” San Francisco Chronicle (NewsBank), June 12, 2008. “Address by her excellency Michelle Bachelet Jeria President of the Republic of Chile,” Assembly Journal, June 12, 2008, p. 3, 2 . 3 “Address by her excellency”, op. cit., p. 2. 4 See Scott, American City Planning since 1890; Hall, Cities of Tomorrow; and APA History and Organization,” . 5 Luis Eduardo Camacho, “Sociedad Interamericana de Planificación, SIAP 50 Años Vida Institucional y Programática”, Revista Bitácora Urbano Territorial, enero-diciembre, Vol. 1, No. 11, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 268284. 6 Adrián Gorelik, “A produção da ‘cidade latino-americana,’”, trans. Fernanda Arêas Peixoto. Tempo Social, revista de sociologia da USP, Vol. 17, No 1, junho 2005, pp. 120-21. 7 By comparison, in 1960 Los Angeles had 6 million, New York more than 10.5 million, and Buenos Aires 7 million people. See Francis Violich, in collaboration with Robert Daughter, Urban Planning for Latin America: The Challenge of Metropolitan Growth. Boston, Oelgeschlager, Gunn & Hain; Lincoln Institute of Land Policy, 1987, pp. 259-263, 324. 8 A good starting point on this academic exchange, transfer of knowledge, and reception of these ideas in Chile is Juan Gabriel Valdés, Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 9 On agrarian reform and gender up to the 1973 coup, see Heidi Tinsman, Partners in Conflict: The Politics of Gender, Sexuality, and Labor in the Chilean Agrarian Reform, 1950-1973. Durham, Duke University Press, 2002; for the neoliberal period see Heidi Tinsman, “Politics of Gender and Consumption in Authoritarian Chile, 1973-1990: Women Agricultural Workers in the Fruit-Export Industry”, Latin American Research Review, Vol. 41, No 3, 2006, pp. 7-31. For UC-Davis’s take on its own role, see Kathleen Holder, “Chilean Fresh”, UC Davis Magazine Online, Vol. 22, No 3, 2005, http://ucdavismagazine.ucdavis.edu/issues/sp05/feature_3.html 10 See Yves Dezalay and Bryant G. Garth, The Internationalization of Palace Wars. Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States, Chicago, University of Chicago Press, 2002. 11 Kathleen Maclay, “Francis Violich, emeritus professor of city planning and landscape architecture, dies”, 7 Sept 2005. UC Berkeley News. http://berkeley.edu/news/media/releases/2005/09/07_violich.shtml 12 Francis Violich, Cities of Latin America. Housing and Planning to the South. New York, Reinhold, 1944, p. x. 13 Bill Wallace, “Francis J. Violich – Noted UC professor of urban planning”, San Franciso Chronicle, 26 Aug. 2005. http:// articles.sfgate.com/2005-08-26/bay-area/17385571_1_uc-berkeley-urban-planning-city-planning 14 Maclay, “Francis Violich”, op. cit. Telesis is defined as “the intelligent direction of effort toward the achievement of an end” (Oxford English Dictionary), suggesting the group’s belief in the ability of rational environmental planning to achieve desired social and physical ends. 15 Francis Violich, “Intellectual Evolution in the Field of City and Regional Planning: A Personal Perspective Toward Holistic Planning Education, 1937-2010”, June 2001, IURD Working Paper (Institute of Urban and Regional Development). 16 He also returned to his roots in Croatia late in life with his book The Bridge to Dalmatia: A Search for the Meaning of Place (1998). 17 Quoted in “In Memoriam: Francis Violich”, University of California Academic Senate. http://www.universityofcalifornia. edu/senate/inmemoriam/francisviolich.htm 18 Francis Violich Papers (FVP), Carton 11, Chile folder, 29 Dec 1953 letter from Violich to Dean Stewart; FVP, Carton 11, Chile folder, exchange beginning Dec 1961 between Violich and Louis Sleeper. 1 2
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FVP, Carton 11, Chile folder, 13 Aug 1958 letter from Violich to William Wurster. Peter Hall, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, 3rd ed., Oxford, Blackwell, 2002, pp. 354-55; Mel. Scott, American City Planning since 1890: A History Commemorating the Fiftieth Anniversary of the American Institute of Planners. Berkeley, University of California Press, 1969, p. 101, 266, 366. 21 Ibid., pp. 174-78, 247-54. 22 Ibid., p. 360-63. 23 Ibid., p. 367-72. The rise of Marxist geography was, of course, a complex process with a vast literature that cannot be summarized here. 24 Gorelik, op. cit., p. 123. Gorelik writes that Castells was in Santiago sponsored first by the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) and then by the Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU), a center for urban planning graduate studies with which Violich was heavily involved. Castells then stayed on to work in Allende’s government. 25 Armando de Ramon, Santiago de Chile (1541-1991) Historia de una sociedad urbana. Santiago, Catalonia, 2007, p. 220; Gorelik, op. cit., p. 124. 26 FVP, carton 11, Chile folder, 31 July 1968 letter from Violich to Nicolás García. 27 Violich, Cities of Latin America, op. cit., p. 158. 28 Arturo Almandoz (ed.), Planning Latin America’s Capital Cities,1850-1950. London, Routledge, 2002; Arturo Almandoz,. “From Urban to Regional Planning in Latin America, 1920-1950.” Planning Perspectives, Vol. 25, No 1, Jan. 2010, pp. 87-95; De Ramón, op. cit., pp. 220-221; Jorge E. Hardoy, “Theory and Practice of Urban Planning in Europe, 18501930: Its Transfer to Latin America”, in Rethinking the Latin American City. Eds. Richard M. Morse and Jorge E. Hardoy. 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All acknowledge a certain tension in Brunner’s plans between the European urbanism of monumental, dense cities and the growing tendency toward low-density suburban growth associated with Britain and the U.S. 33 Almandoz, “From Urban to Regional Planning in Latin America”, op. cit., p. 91, 93; Sabatini and Soler, op. cit., p. 64, fn. 6. 34 “La arquitectura no es una profesión, es un estado de espíritu” (all translations mine), AUCA Dec 1965, No. 1, p.1. Here the editors also describe the journal’s precursors such as Arquitectura y Construcción from 1945 to 1950. 35 In his 1944 Cities of Latin America, p. 169, Violich wrote that the “younger practicing architects and planners…look toward the United States rather than to Europe to learn more about building the cities of the future, and they always asked of possibilities for traveling, studying, or working in our country.” Architecture also shifted its focus to the United States, in part because leading figures such as Walter Gropius and Mies Van der Rohe had fled Europe during the war. 36 Almandoz, “From Urban to Regional Planning in Latin America”, op. cit., p. 93. 37 Gorelik, op. cit., pp. 114-119. 38 Michael E. Conroy, “Rejection of Growth Center Strategy in Latin American Regional Development Planning”, Land Economics, Vol. XLIX, No 4, Nov. 1973, p. 371. He describes a quick reversal from growth center strategy across Latin America in the early 1970s, but this does not concern us yet. The political context of the late 1960s and early 1970s will be discussed later in the paper. 39 In fact, economics had only very recently begun to emerge as a discipline in Latin America. The absence of economics as an established department at the Catholic University in Santiago is partly why it developed such a close exchange with the University of Chicago in these years. 40 Almandoz, “From Urban to Regional Planning in Latin America”, op. cit., p. 88. 41 De Ramón, op. cit., p. 221. 42 Sabatini and Soler, op. cit., pp. 67-68. 43 De Ramón, op. cit., pp. 226-227. By contrast, Santiago comprised 35 comunas in 1980. 44 The actual work of reconstruction after the earthquake was assigned to a separate entity, the Corporación de Reconstrucción. The proliferation of government agencies with similar aims became a trend in Chile, which many blamed for bureaucratic confusion and inefficiency. 45 De Ramón, op. cit., p. 215, 233-234 46 Violich, Cities of Latin America, op. cit., p. 158. 47 Francis Violich, “Education for urban and regional planning in Chile. A report to the United States Operations Mission to Chile and the Ministry of Public Works of the Government of Chile”, Berkeley, 1960, p. 15. 48 He also proposed an exchange with the University of California. In response, the Catholic University group proposed that they receive a doctoral student who could teach as a professor for a year, with possible funding from the Fulbright 19 20
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Commission. This idea appears to have fallen through, however. 49 FVP, carton 11, Chile folder, 7 Feb 1957 letter from Enrique Ruffat to Violich; FVP, carton 11, Chile folder, 15 March 1957 letter from Violich to Ruffat; FVP, carton 11, Chile folder, 17 Oct 1956 notes from a meeting of the Comisión de Docencia, School of Architecture, Catholic University of Chile. 50 FVP, carton 11, Chile folder, 11 Nov 1959 letter from Nicolás García to Violich. 51 FVP, carton 11, Chile folder, 1958 Oct 14 letter from Juan Astica to Violich. 52 And Violich, as we shall see, was nothing if not optimistic and idealistic. In a 1959 paper presented at a Stanford conference, he wrote that “systematic” urban planning could improve society as a whole through “equable distribution” of schools (thus combating illiteracy), sanitary sewer systems and pure water supply (thus improving health and the “physical vigor needed for the drive toward self-betterment”), distribution of parks and recreation facilities (thus improving health and mental well-being), housing, and economic betterment (FVP, carton 12, unnamed folder, “Urban Development in Latin America: A review,” paper for Stanford Conference on Latin America, 1959, pp. 15-16). A decade later, as U.S.Chile planning partnerships deteriorated, he recognized the desperate situation but was still strikingly optimistic: “After [my sabbatical] I’ll have ALL the answers for Latin America. And, from what I’ve seen on my recent trips, they are needed, but URGENTLY, Peace Corps types not withstanding” (FVP, carton 11, Chile folder, 28 July 1969 letter from Violich to Don Neuwirth). 53 Point IV derived its name from President Harry Truman’s inaugural speech, in which technical assistance was his fourth foreign policy objective. The International Cooperation Association (ICA) and the U.S Agency for International Development (USAID) were later iterations of what was essentially the same U.S. office of technical assistance in Chile. The names shifted, but the office remained the same in terms of how the actors involved related to it. The United States Operations Mission to Chile (USOM-Chile) was also closely related to Point IV, ICA, and USAID. 54 FVP, carton 11, Chile folder, 23 Oct 1959 letter from Antolín López to Violich. García and Astica also discuss the same Point IV agreement in their letters cited above. 55 FVP, carton 11, Chile folder, 25 Jan 1960 letter from Juan Astica to Violich. 56 FVP, carton 11, Chile folder, 16 Nov 1959 letter from Violich to Antolín López. 57 FVP, carton 11, Chile folder, 25 Jan 1960 letter from Juan Astica to Violich. 58 FVP, carton 11, Chile folder, 23 Dec 1959 letter from Lester Manning to Violich. 59 For the USOM-Chile report, see Violich, “Education for urban and regional planning in Chile.” For the SIAP report, see Sociedad Interamericana de Planificación, “La Enseñanza de la Planificación en la América Latina.” 60 FVP, carton 11, Chile folder, 26 Dec 1961 letter from Edmond Hoben to Violich. 61 FVP, carton 12, unnamed folder, Sep 1958, “Urban Growth and Planning in Chile” manuscript. 62 Emphasis mine. FVP, carton 11, Chile folder, 27 Dec 1961, “City Planning Educator-Administrator” job announcement. 63 The military metaphor is apt, as Violich himself described his efforts in a similar vein. “Indeed, in the training of persons to deal with problems of development in a country where social and economic conditions are as pressing as they are in Chile, one is inspired to seek the kind of short-cut training methods employed in wartime as a means of turning out an army of workers to attack the problems in need of planning.” Violich, “Education for urban and regional planning in Chile”, op. cit., p. 32. 64 FVP, carton 11, Chile folder, 25 Jan 1960 letter from Juan Astica to Violich. 65 Astica also lobbied to have Violich included on the team who carried out the SIAP study of planning education in Latin America. See the same 25 Jan 1960 letter to Violich. 66 FVP, carton 11, Chile folder, 25 Jan 1960 letter from Juan Astica to Violich. 67 FVP, carton 11, Chile folder, 24 Feb 1960 letter from Violich to Juan Astica. 68 See FVP, box 2, Chile folder, 16 July 1963 letter from Violich to Claude F. Della Paolera, which makes clear that Astica spent at least two months in Berkeley with Violich in 1962. 69 Similar centers had been established in Peru with the Inter-American Urban and Regional Planning Center (PIAPUR) and in Argentina with Jorge Hardoy’s Instituto de Planeamiento Regional y Urbano at the Universidad de Litoral, created in 1962 and later moved to Buenos Aires as the Centro de Estudios Urbanos y Regionales (FVP, box 2, Barañano, Eduardo (Alliance for Progress) folder, “Planning Education and the Alliance for Progress,” address by Eduardo Barañano to the Washington Center for Metropolitan Studies, 1 March 1962. 70 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, “The Ford Foundation Urban and Regional Development Advisory Program in Chile,” pp. 4-5. 71 FVP, box 1, K folder, 5 March 1963 memo from Violich to Jack Kent. 72 FVP, box 1, H folder, 18 May 1 963 letter from Aaron Horwitz to Violich and John Parker. 73 Jeffrey F. Taffett, Foreign Aid as Foreign Policy. The Alliance for Progress in Latin America. New York, Routledge, 2007, pp. 5, 20-21; Inter-American Economic and Social Council, Alliance for Progress official documents, pp. 10-11. 74 In addition to USAID’s projects, the Frei campaign was also given a major boost from secret CIA funding. 75 Taffett, op. cit., p. 76, 79. 76 FVP, box 2, Barañano, Eduardo (Alliance for Progress) folder, “Planning Education and the Alliance for Progress,” address by Eduardo Barañano to the Washington Center for Metropolitan Studies, 1 March 1962. 77 FVP, box 2, Barañano, Eduardo (Alliance for Progress) folder, “Planning Education and the Alliance for Progress,” address by Eduardo Barañano to the Washington Center for Metropolitan Studies, 1 March 1962.
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FVP, carton 12, unnamed folder, “Urban Development in Latin America: A review,” paper for Stanford Conference on Latin America, 1959, p. 15. 79 George Natanson, “California Ally of Chile in Red Fight: State’s Project Significant with Election of Frei.” Los Angeles Times, 17 Sept 1964, p. 16.”; Jerry Gillam, “California, Chile, U.S. Join in Alliance Pact”, Los Angeles Times, 7 Dec 1963, p. 11; The Chile-California Program, Sacramento, June 8, 1964. 80 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, “Proposal to the Ford Foundation from the University of Chile and the University of California,” 12 March 1965. 81 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, “University of Chile and University of California establish an ‘agreement of cooperation,’” University bulletin, 16 Aug 1965, p. 24; FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 11 June 1965 memo from Dean Fretter to “Faculty interested in Latin America.” 82 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 27 Oct 1965 memo from Violich to DCRP faculty. 83 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 4 Nov 1965 memo from John W. Dyckman to DCRP faculty. 84 FVP, carton 11, U of Calif-U of Chile Cooperative Program folder, 5 Oct 1966 letter from Earl Jones to Violich; FVP, carton 11, U of Calif-U of Chile Cooperative Program folder, 14 Oct 1966 letter from Earl Jones to Violich. 85 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 5 Aug 1966 letter from René Urbina to Violich, 16 Sept 1966 letter from René Urbina to Violich. 86 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 15 Sept 1966 letter from Violich to René Urbina. 87 FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 29 May 1967 letter from Corwin Mocine to Coordinating Committee, University of Chile-University of California Exchange Program. 88 FVP, box 2, Chile folder, 21 June 1965 letter from Guillermo Geisse to Violich. 89 FVP, carton 11, Calif-Chile Urban Studies folder, 31 May 1965 letter from Juan Astica to Violich, 13 July 1965 letter from Violich to Juan Astica. 90 FVP, carton 11, Calif-Chile Urban Studies folder, 12 Oct 1966 letter from Dick Willig to Violich. 91 FVP, carton 11, Calif-Chile Urban Studies folder, 29 May 1965 letter from Paul Wendt to Violich. 92 The country’s architecture journal protested that the physical city itself was being lost in the picture, engulfed by other types of planning. “Today everyone speaks of planning: planning in the economy, in education, in health, in agriculture,” complained a 1967 editorial. “Nonetheless, we have forgotten to speak of THE PLANNING OF OUR CITY.” It was not that the city had been abandoned. Far from it: city planning had come to mean so many different things to so many different government agencies that the earlier notion of architecture-centered planning had taken a backseat to a comprehensive vision of economic, social, and physical urban planning (AUCA, No. 10, 1967, p. 11). 93 FVP, carton 11, Calif-Chile Urban Studies folder, 28 May 1965 letter from Violich to Bill Wheaton; FVP, carton 11, CalifChile Urban Studies folder, 13 July 1965 letter from Violich to Juan Astica. 94 Violich, Urban Planning for Latin America, op. cit., p. 289. 95 Assistance from the Chile-California program included a survey of origin-destination transportation data, which Juan Parrochia, head of the Metro planning commission, praised as the first study of its kind in Chile (Parrochia, p. 47). 96 FVP, carton 11, Calif-Chile Urban Studies folder, 27 May 1965 letter from Paul Wendt to Bill (Wheaton). 97 FVP, carton 11, Calif-Chile Urban Studies folder, 27 May 1965 letter from Paul Wendt to Bill (Wheaton). 98 Political tensions were no doubt exacerbated by the shifting U.S. stance toward Chile in the first years of Frei’s government. The U.S. became more strict about how it dispensed aid (far more than it was with Alessandri, ironically), in part because there was not as much urgency in terms of a Communist threat as in 1963-4. In terms of economic policies, especially regarding the 1966 loan terms, the U.S. became more interested in promoting stabilization policies (cutting government spending to curb inflation and promote a stable market and investment environment, supported by the IMF and World Bank) than in structuralist policies (“priming the pump” by encouraging government spending and import substitution industrialization policies to create domestic consumers and industries, supported by CEPAL economists such as Raúl Prebisch). See Taffett, op. cit., ch. 4. 99 FVP, Carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 22 Nov 1966 letter from Johannes Wilbert to Violich. 100 FVP, Carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 29 May 1967 letter from Corwin Mocine to Coordinating Committee, University of Chile-University of California Exchange Program. Mocine also emphasized that the physical location of Boeninger’s institute was more centrally located in Santiago than Urbina’s institute, and thus could potentially attract interdisciplinary students more easily. It seems ironic – or perhaps fitting – that Mocine became so preoccupied with the physical location of his summer seminar, given his profession as an urban planner. 101 The presence of Berkeley planners, the Ford Foundation, and John Friedmann is one example of the abundance of foreign urban planning experts. Another example is in the advice of John Strasma, an agricultural economist working in Chile for the University of Wisconsin, who cautioned the Berkeley DCRP that they would need to convince Chileans of the usefulness of studying in California, given the many connections to opportunities with other institutions, both domestic and international, that they already had (FVP, carton 12, Proposed Chilean Visit-Convenio folder, 12 Jan 1966 memo from John Dyckman to Violich et al.) It appears ironic that there was some “duplication” of effort and lack of institutional coordination, given Astica’s early complaint about lack of coordination in Chile planning, and his effort to remedy that by turning to Berkeley. 102 FVP, carton 11, Chile folder, 28 July 1969, letter from Violich to Waldo López. 103 FVP, carton 11, Chile folder, 19 Feb 1969 letter from Waldo López to Violich. 104 Another sign was the trend of newly minted Berkeley planners to join the ranks of the Peace Corps volunteers in Chile 78
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Francis Violich and the Rise and Fall of Urban Developmental Planning in Chile, 1956-1969 Andra Brosy Chastain
working on community development, rather than to secure jobs related to comprehensive city-wide plans, as Berkeley graduates had done in the late 1950s and early 1960s. 105 Francis Violich and Juan B. Astica, Community Development and the Urban Planning Process in Latin America, Los Angeles, Latin American Center, University of California Los Angeles, 1967.p. 8, 28. 106 FVP, box 1, K folder, 5 March 1963 memo from Violich to Jack Kent. 107 De Ramón, op. cit., p. 248. 108 The politicized environment is evident not only in poblaciones but within the urban planning ministries themselves. In 1967, there was a strike by employees at the Corporación de Vivienda (CORVI) and protests by MINVU architects that management did not treat them with dignity and that it was unfairly docking their pay. In response, management criticized these architects for isolating themselves and failing to adapt to the “epoch in which we live, which is of ‘the masses’ and not of ‘the elites’” (AUCA, No. 10, p. 13). 109 Leonard Gross, The Last, Best Hope, Eduardo Frei and Chilean Democracy, New York, Random House, 1967. 110 FVP, box 2, Barañano, Eduardo (Alliance for Progress) folder, 30 March 1962 letter from Eduardo Barañano to Violich). 111 For a starting point on the pobladores movement, see Mario Garcés, Tomando su sitio: El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Santiago, LOM, 2002; and Manuel Castells, The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley, University of California Press, 1983., pp. 199-209.
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Síntesis y perspectiva de los estudios de transferencias militares europeas en Suramérica (1890-1940) Synthesis and Perspective of European Military Transference in South America (1890-1940) Síntese e perspectiva dos estudos de transferências militares européias na América do Sul (1890-1940)
AUTOR
Carlos Camacho Arango
1890 y 1940. Las fuentes secundarias utilizadas como base del artículo corresponden a
Institut Français d’Études Andines (IFEA), Université Paris 1 PanthéonSorbonne, París, Francia
[email protected]
El propósito de este artículo es identificar los rasgos comunes de las transferencias
de ideas, prácticas y objetos militares europeos hacia los ejércitos suramericanos entre investigaciones sobre transferencias militares europeas hacia Argentina, Brasil y Chile, pero también hacia otros países menos estudiados como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Además de las misiones militares y del comercio de armas, este artículo tiene en cuenta otras modalidades de transferencia (desplazamientos de oficiales suramericanos) y otros objetos transferidos (publicaciones). En esta perspectiva vemos que en la mayor parte de los ejércitos suramericanos no hubo una relación privilegiada con una de las potencias (Alemania o Francia), sino una síntesis de ideas, prácticas y objetos militares de varios países de Europa (incluidas las potencias). Palabras clave:
Relaciones internacionales; Transferencias culturales; Transferencias militares; Ejércitos; Europa; Suramérica.
RECEPCIÓN 10 diciembre 2010 APROBACIÓN 16 junio 2011
The purpose of this article is to identify the common characteristics of the
transference of ideas, practices and European military objects to the South American armies between 1890 and 1940. The secondary sources on which the article is based, correspond to investigations about European military transference to Argentina, Brazil, and Chile, but also to other less studied countries like Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia. As well as the military missions and the arms trade, this article accounts for other types of transference (transfers of South American officers) and other transferred objects (publications). From this perspective we see that in the majority of
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.02
South American armies there did not exist a privileged relationship with one of the major European powers (Germany or France), but a synthesis of ideas, practices and military objects from various European countries (including the major powers). Key words:
International relations; Cultural transference; Military transference; Army; Europe; South America.
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A intenção deste artigo é identificar os traços comuns das transferências de idéias, práticas e
objetos militares europeus junto aos exércitos sulamericanos 1890 e 1940. As fontes secundárias utilizadas como base do artigo correspondem a pesquisas sobre transferências militares européias para a Argentina, o Brasil e o Chile, mas também para outros países menos estudados como a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Além das missões militares e do comércio de armas, este artigo leva em consideração outras modalidades de transferência (deslocamento de oficiais sulamericanos) e outros objetos transferidos (publicações). Nesta perspectiva vemos que na maior parte dos exércitos sulamericanos não houve um relacionamento provilegiado com uma das potências (Alemanha ou França), mas uma síntese de idéias, práticas e objetos militares de vários países da Europa (incluídas as potências). Palavras-chave:
Relações internacionais; Transferências culturais; Transferências militares; Exércitos; Europa; América do Sul.
Introducción “Nous devons travailler par l’analyse, mais nous ne devons pas condamner toute synthèse…” Fustel de Coulanges, lección inaugural del curso de historia de la Edad Media en la Sorbonne, 1879.
Las ideas, prácticas y objetos militares europeos han atravesado el océano en varias etapas de un proceso de larga duración, empezando por la conquista del nuevo mundo, lo que ha sido posible, en gran medida, por la superioridad militar del viejo continente1. Al transformarse en reinos, los territorios americanos empezaron a formar parte de organizaciones militares transoceánicas. Las campañas militares con las cuales se emanciparon de la metrópoli se hicieron entonces sobre bases europeas2. En el caso de la Gran Colombia “aventureros” británicos contribuyeron a la gesta, a pesar de que la mayoría no contaba con experiencia militar alguna3. Durante el siglo XIX, las nuevas naciones americanas buscaron al otro lado del Atlántico los ejemplos a seguir: económicos, políticos y artísticos, pero también militares. Entre fines de este siglo y la Segunda Guerra Mundial, las travesías de las ideas, prácticas y objetos militares europeos se ampliaron y aceleraron, transformando radicalmente la vida militar suramericana. En el decenio de 1940 Estados Unidos tomó el lugar de preferencia que había ocupado por siglos Europa4. Este artículo está enfocado en la última coyuntura histórica en la que Europa fue el principal referente militar de Suramérica: 1890-1940. Al respecto se ha acumulado una bibliografía de alto nivel. La mayor parte ha sido concebida en marcos binacionales (potencia europea-país suramericano) y se concentra en las peculiaridades de cada relación. Los trabajos comparativos son escasos: tanto el libro pionero de Nunn (1983) como el reciente trabajo de Resende (2007),
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están enfocados en los países ABC (Argentina, Brasil y Chile), aunque Nunn incluye también a Perú, dejando de lado al resto de los países de la región. El objetivo de este artículo es hacer una síntesis de la bibliografía disponible, no en busca de las particularidades nacionales sino de los rasgos comunes, de las grandes líneas de un proceso internacional. Para lograrlo utilizamos la noción de “transferencias culturales” tal como la presenta el historiador Olivier Compagnon: un paradigma que permite al historiador entender mejor la complejidad de las relaciones culturales entre Europa y América Latina. Otros paradigmas, como “influencias” y “modelos”, centran la atención en uno de los extremos (productor o receptor) de los viajes transatlánticos de ideas, prácticas y objetos. El de las transferencias pone el énfasis en las condiciones y modalidades de circulación, y en los vectores de la misma. Al hacerlo, muestra un espectro más amplio de las combinaciones de elementos europeos que resultan de esta circulación permitiendo ir más allá de esquemas bilaterales y unidireccionales5. Antes de empezar es conveniente hacer algunas advertencias. Este artículo se ocupa de los ejércitos de tierra, excluyendo las fuerzas navales o aéreas así como las fuerzas policiales; no examina las apropiaciones del fascismo y del nazismo en Suramérica, problemática que desborda los asuntos militares y que posee una bibliografía propia y de crecimiento rápido; y, por último, no hace uso de fuentes primarias, pues no es el resultado final de un estudio monográfico. Este texto es, más bien, una propuesta para emprender nuevas investigaciones sobre las relaciones internacionales militares de los países suramericanos, en la coyuntura que nos interesa y también en otras, precedentes o posteriores6.
Cronología y geografía La llegada a Chile del capitán del ejército alemán Emil Körner (1885) ha sido considerada el punto de partida de la coyuntura de transferencias militares europeas que nos interesa7. Su rol pionero es indiscutible, pero lo es de una manera un poco más compleja que la aceptada. En 1885, Körner fue contratado por cinco años para enseñar táctica de infantería y de artillería (su arma), historia militar y cartografía en la escuela militar de Santiago8, y fue ascendido al grado de teniente coronel. Los principales cambios que impulsó fueron la creación de una Academia de Guerra y la reapertura de la escuela de clases9. Como se puede ver, las labores iniciales de Körner se limitaron a la formación de oficiales y suboficiales del ejército chileno. Al poner sus primeras acciones en perspectiva histórica, el oficial sajón aparece como uno más de los instructores militares foráneos que prestaron sus servicios en Suramérica a lo largo del siglo XIX10. La posición de Körner cambió radicalmente con la guerra civil de 1891, en la que luchó en el bando opositor del gobierno, que resultó vencedor11. Al final de la contienda, ascendido a general, fue nombrado jefe del Estado Mayor General e inspector general del nuevo ejército, del cual habían sido expulsados los oficiales leales al presidente depuesto, Balmaceda. El poder adquirido y la falta de opositores le permitieron contratar y liderar en 1895 una misión militar alemana como no se había visto antes en Suramérica, no sólo para instruir oficiales y suboficiales
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del ejército de su país anfitrión, sino también para transformarlo de acuerdo con pautas alemanas. El análisis del primer decenio de Körner en Chile lo muestra entonces como la bisagra entre dos coyunturas de transferencias militares. En otras palabras no hubo uno sino más bien dos Körner: el primero fue, a su llegada, uno de los últimos instructores militares europeos del siglo XIX; después de la guerra civil, el segundo se convirtió en el impulsor de las misiones extranjeras y las reformas militares que abrieron las puertas del siglo XX a los ejércitos suramericanos. No nos parece del todo apropiado elegir entre 1885 y 1895 como fecha de inicio de nuestra cronología12. Escoger el año promedio (1890) tiene la ventaja de sugerir que esta coyuntura de transferencias no empezó con la llegada de Körner, o con su regreso a Europa, sino que fue parte de un proceso de larga duración que cobró vida rápidamente y con amplia cobertura entre las dos fechas. En el otro extremo del marco cronológico, 1939 y 1941 podrían servir de linderos, el primero por ser el año en que los instructores europeos abandonaron Suramérica para luchar por sus naciones, el segundo por ser el momento en que los países suramericanos reforzaron sus lazos estratégicos con Estados Unidos al entrar éste en guerra. Pero las transferencias europeas no terminaron con la invasión de Polonia ni con el bombardeo de Pearl Harbor sino que mutaron nuevamente. Por esta razón, 1940 nos parece una fecha límite adecuada. La simetría excesiva del medio siglo que va desde 1890 hasta 1940 recuerda lo que Braudel, inspirado en la entonces nueva historia económica y social, llamaba “relato de la coyuntura”: porciones del pasado medidas en decenas, veintenas o cincuentenas de años, situadas entre el relato episódico, precipitado y dramático, y la historia de la larga, y de la muy larga, duración, lentísima o casi inmóvil13. Al interior de este lapso hay dos periodos separados por el tajo de la Primera Guerra Mundial. Hasta 1914, las transferencias (alemanas sobre todo) pasaron por lo que podemos llamar su “edad de oro”. Todos, o casi todos los países suramericanos quisieron contratar misiones militares alemanas. Las armas germanas, pesadas y livianas, inundaron los mercados. La “Gran Guerra” frenó estas transferencias. Los oficiales europeos abandonaron Suramérica para morir por sus patrias, mientras que el esfuerzo de guerra y la suspensión del comercio transatlántico interrumpieron el flujo de armas. El regreso de la paz prometía reanudar el proceso, pero el tratado de Versalles estipulaba sanciones contra la industria y la organización militar alemanas. Los pedidos de armas previos a la guerra no se podían honrar y las misiones militares alemanas al exterior estaban prohibidas. Todo esto fue aprovechado por Francia para ampliar sus transferencias enviando nuevas misiones a Perú y las primeras a Brasil, Paraguay y Uruguay14; mandando por primera vez un agregado militar a Venezuela, Colombia y Ecuador15; y recibiendo oficiales chilenos como estudiantes de la Escuela Superior de Guerra de París16. A pesar de la desaceleración forzada, las transferencias alemanas no se detuvieron. A la cronología anterior debe superponerse otra, antes de analizar la geografía de las transferencias. Entre 1898 y 1933 Washington intentó hacer de la cuenca del Caribe un “lago interior”17 mediante intervenciones e interferencias en casi todos los países de la región. Esta coyuntura paralela de relaciones internacionales marcó una cisura geográfica en un proceso que de otra manera hubiera podido abarcar toda Latinoamérica. En Centroamérica y el Caribe las consecuencias de la vecindad de Estados Unidos fueron diversas. En países como Cuba,
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República Dominicana, Haití y Nicaragua, donde las intervenciones fueron frecuentes y prolongadas18, las transferencias militares del viejo continente quedaron reducidas a su mínima expresión. En México, el país más poderoso de la región, los uniformes, publicaciones y rifles (Mauser) alemanes empezaban a suplantar a sus equivalentes franceses a principios del siglo XX y el gobierno de Porfirio Díaz estudiaba la posibilidad de contratar una misión alemana, pero las opiniones adversas de Washington, primero, y la Revolución Mexicana y la guerra europea, después, frenaron estos procesos19. En El Salvador, sin embargo, operaron en distintos momentos misiones militares españolas, francesas y chilenas20, lo que muestra que aun en su esfera de influencia más próxima, Estados Unidos no era todopoderoso. El caso de Suramérica era diferente. Aunque el peso militar de la potencia era menor, no se puede olvidar que Colombia y Venezuela tenían vista al “lago”. A principios de los años 1880, Colombia contó al menos con un instructor militar norteamericano, el coronel Henry Lemly21. La separación de Panamá con apoyo de Washington (1903) selló el alejamiento de los dos países, alejamiento que incluyó los aspectos militares. La escuela militar de Venezuela, por su parte, fue “delineada al estilo de West Point”22, sin que esto convirtiera a Estados Unidos en la fuente principal de transferencias militares hacia este país antes de la Gran Guerra. A medida que se avanzaba hacia el sur, el grosor de los lazos que unían a los países con Estados Unidos disminuía, mientras crecía la importancia de Europa en las relaciones exteriores de cada uno. En el extremo del continente, los países ABC tenían muchos más contactos con Gran Bretaña, Alemania y Francia que con el norte de América. Sobre este terreno abonado crecieron las transferencias militares de mayor importancia. Esta tendencia empezó a invertirse después de la Gran Guerra. En los años 1920, Estados Unidos reforzó los lazos económicos con sus vecinos y amplió las transferencias navales y aeronáuticas hacia ellos, pero tuvo que esperar hasta la siguiente guerra mundial para tomar el lugar de privilegio que ocupaban las potencias europeas en Suramérica en cuestiones militares.
Razones Para saber por qué las transferencias se aceleraron y ampliaron entre 1890 y 1940 es necesario tener en cuenta los intereses tanto de los países suramericanos como de los europeos. Para el caso de los primeros, los factores externos no deben ocultar la importancia de los internos23. La Guerra del Pacífico modificó de manera radical las fronteras de los países combatientes. Mientras Chile ganó territorios amplios que debió en adelante vigilar, Perú y Bolivia vieron reducirse sus mapas y aumentar el resentimiento entre sus gentes. Parece curioso que el ganador haya sido el primero en buscar ayuda exterior para mejorar sus fuerzas militares. La explicación no es un misterio si se tiene en cuenta que esta guerra fue la primera ocasión de poner a prueba la organización militar chilena. Las fallas puestas en evidencia tuvieron costos reales en material de guerra y en hombres, e inauguraron un periodo de “autocrítica” en el ejército24. Sin embargo, no podemos olvidar que el énfasis de la reestructuración militar del gobierno de Balmaceda estuvo puesto en la armada y en la fortificación de los puertos de Valparaíso y Talcahuano. Tan importantes como las guerras en nuestra explicación, fueron las
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tensiones en las fronteras. Los momentos álgidos de la rivalidad entre Chile y Argentina (fines del siglo XIX, principios del XX) y entre Argentina y Brasil (primera década del XX) coincidieron con la aceleración y ampliación de transferencias en estos países25. Sin embargo, parece claro que al final del siglo XIX los gobiernos suramericanos asignaban a sus ejércitos no sólo la misión de defender las fronteras sino también la de mantener el orden interno26. También es evidente que los dos países pioneros en la nueva era de transferencias, Chile y Perú, afrontaron sendos conflictos civiles después de la guerra que los enfrentó, y en ambos casos las tropas fieles al gobierno fueron vencidas por fuerzas irregulares. La posguerra civil se presentó entonces como una ocasión más propicia para reformas militares radicales que la posguerra internacional. La conjunción de las falencias mostradas en las fronteras —así llevaran a la victoria, como en el caso de Chile— y en el interior —que trajeron sin excepción el colapso— es probablemente lo que llevó a los gobiernos que se quedaron con el poder a acelerar los procesos del cambio militar. Esta explicación doble se puede utilizar en los casos de otros países27. En Argentina, la protección contra potencias extranjeras pero también contra revoluciones domésticas fueron razones para solicitar misiones alemanas28. En Brasil, la crisis del Acre y la tensión con Argentina aceleraron las transferencias, pero también lo hizo la pobre actuación del ejército en la Guerra de Canudos (1897)29. En Colombia, entre los motivos del gobierno para contratar misiones extranjeras a partir de 1907 se cuentan al menos dos de orden nacional (las derrotas de las tropas del gobierno ante las guerrillas de la oposición en la Guerra de los Mil Días y los problemas de orden público que vinieron con la firma de la paz) y dos de orden internacional (la separación de Panamá en 1903 y el aumento de la tensión en la frontera con Perú)30. La preferencia por Europa y en particular por Alemania se explica por la demostración de su poderío militar en Europa entre 1866 y 1871. Dos aspectos impresionaron a todo el mundo31: la derrota de Francia, el modelo militar más prestigioso hasta ese momento, y la manera nueva y contundente de concebir y de hacer la guerra, utilizando los últimos adelantos de la ciencia y la técnica32. Esto nos lleva a los intereses de los países europeos, pues se ha señalado la venta de armas como el motor de las transferencias33. Este factor fue sin duda importante y de él hablaremos más adelante. El otro factor relevante fue el estratégico. Los europeos buscaban aliados latinoamericanos en caso de guerra y querían poner “rompeolas” a la penetración norteamericana en Suramérica. Dentro de esta lógica, lugares como las islas Galápagos de Ecuador adquirían un valor inusitado34. Pero los intereses suramericanos y europeos no siempre coincidían. Muchas solicitudes de misiones militares fueron rechazadas, en especial en los años previos a la Gran Guerra cuando los problemas en Europa eran la prioridad. No todos los países suramericanos tenían la misma solvencia, valor estratégico, o nivel de orden interno. No todos sus ejércitos gozaban del mismo prestigio ante la sociedad, ni tenían el mismo nivel de preparación, ni presentaban la homogeneidad racial esperada, al menos por los alemanes. El caso de Venezuela es ejemplar. En el cambio de siglo la palabra “general” no era otra cosa que un sinónimo de señor, según anotaba un contemporáneo. Por esos días, el teniente comandante Eckermann, capitán del cañonero alemán Panther
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describió gráficamente una acción militar que se produjo en Cumaná entre las tropas del gobierno y unos insurgentes como “una deliciosa pieza de teatro… muy parecida a la forma en que los niños alemanes juegan a los policías y ladrones”. Los defensores y los atacantes por igual demostraban tener “gran valor personal” cuando corrían desatinadamente por la ciudad disparando sus antiguos rifles Mauser 71/84 sin siquiera apuntar, gritando escandalosamente y barriendo a voluntad y en todas direcciones con el único cañón que funcionaba… Y el enviado alemán en Caracas aprobaba el envío de oficiales prusianos a fines del siglo XIX, advirtiendo que “absolutamente cualquier contacto social con oficiales y reclutas locales, que habitualmente son gente de color, sería imposible para un oficial alemán”. A pesar de todo, la solicitud venezolana fue aprobada en Berlín, pero los oficiales no viajaron porque Caracas canceló la solicitud por falta de dinero35. Teniendo en cuenta este caso, el llamado de misiones militares francesas por parte del gobierno peruano en 1896 puede ser visto no solamente como una reacción a la elección chilena, sino también como una pérdida de interés de Alemania en Perú: este país había recibido al menos un instructor militar alemán en los años 1880, el mayor Carlos Pauli, pero su contrato terminó al caer el gobierno de Cáceres al final de la guerra civil36. La “expansión indirecta de la ciencia militar alemana” por medio de misiones chilenas en Ecuador y Colombia, aparecía entonces como una alternativa37. Para los países suramericanos que no podían recibir misiones europeas, Chile permitía hacer transferencias más baratas, más rápidas y sin la barrera del idioma. Este país era una excelente opción no sólo porque los oficiales de su ejército eran los alumnos más antiguos de los alemanes en Suramérica, sino también porque después de la guerra civil de 1891 y de la reorganización militar liderada por Körner, Chile aparecía como un modelo de orden a los ojos de países menos “ordenados”. A falta de guerras para poner a prueba su ejército, el orden interno permitía poner en escena las lecciones aprendidas. Una de las razones del gobierno de Bogotá para contratar la primera misión chilena en 1907 fue la impresión que dejó en el ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de Colombia, Rafael Uribe Uribe, la revista militar a la que asistió en Santiago en 190538. Para los chilenos, ecuatorianos y colombianos, la necesidad de contar con aliados en caso de una guerra de cualquiera de ellos contra Perú pesó en la decisión de enviar misiones chilenas a Ecuador y Colombia39.
Modalidad 1: Misiones y asesores individuales europeos y chilenos La modalidad de transferencia más importante y la que ha recibido mayor atención de los historiadores es la misión militar. En sus orígenes encontramos los contratos de prestación de estos servicios firmados por representantes de los gobiernos europeos y suramericanos. En ellos quedaban estipuladas las condiciones generales: duración de la misión, posibilidad de renovación, razones de cancelación, número, grado y salario de los miembros, uniformes que debían llevar, autoridades a las que debían rendir cuentas, campos de acción…40. En ocasiones se insertaban condiciones específicas. En el contrato de la primera misión francesa
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en Brasil el gobierno brasileño se comprometía a no solicitar misiones de otra nacionalidad y a dar preferencia al material de guerra francés, mientras que el gobierno francés supeditaba a la aprobación de Brasil el envío de misiones militares a otros países41. En general, estas misiones estaban compuestas por oficiales de las armas de combate (infantería, caballería y artillería) y sus comandantes eran diplomados de estado mayor, es decir, egresados de las escuelas de educación militar superior de sus países, formados para preparar y hacer la guerra de acuerdo con los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica militares europeas. Durante la “edad de oro” de las transferencias las principales misiones fueron las siguientes: - Chile: misión de más de 30 oficiales alemanes en 1895, coronel como grado máximo. En 1908 fueron contratados un mayor y un capitán, y en 1910, otro capitán (Von Kiesling)42. - Perú: primera misión francesa en 1896, segunda en 1902, tercera en 1905, cuarta en 1911 y quinta en 1913. Compuestas por un máximo de nueve miembros, en su mayoría capitanes. El grado más alto fue teniente coronel, ascendido a general del ejército anfitrión (Paul Clément, equivalente de Körner en Perú)43. - Argentina: cinco oficiales alemanes bajo el mando del general Alfred Arent, contratados en 1899 por un año, renovable, para formar oficiales de estado mayor en la Academia de Guerra. Hasta 1914, habrían pasado por Argentina unos 30 oficiales alemanes44. - Bolivia: misión militar alemana avalada por Berlín entre 1911 y 1914, compuesta por tres capitanes, un teniente y trece sargentos, bajo el mando del mayor Hans Kundt45. - Ecuador: trece oficiales y suboficiales chilenos, del grado de mayor hacia abajo, en varias misiones entre 1900 y 191546. - Colombia: misiones chilenas en 1907, 1909 y 1912, de dos o tres miembros cada una, compuestas por capitanes o mayores. Uno de los miembros de la tercera, el capitán Carlos Sáez, prolongó su contrato hasta 1915, año en que renunció47. La guerra europea alteró esta distribución. En el periodo de entreguerras las misiones chilenas llegaron a su fin. Colombia contrató una misión suiza de cuatro oficiales en 192448, mientras que Ecuador optó por una italiana más numerosa en 192249. Las misiones francesas regresaron a Perú en 1920, donde trabajaron hasta 192450, y desembarcaron por primera vez en Brasil bajo el mando del general Maurice Gamelin, con un número de oficiales (36) sólo comparable al de alemanes en Chile en 1895. Después de la reducción progresiva en el número de sus miembros durante los años 1930, el último contrato de una misión francesa en Brasil se firmó en 1936, por dos años. Luego vinieron contratos individuales hasta diciembre de 1940, cuando la nueva guerra impidió su renovación51. Los contratos individuales fueron comunes en este periodo. Los asesores regresaron a Suramérica en dos sentidos. Primero, porque esta modalidad de transferencia parece haber sido más la regla que la excepción durante el siglo XIX52. Segundo, porque la mayoría de estos
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asesores había pasado por Suramérica antes de la Gran Guerra, como miembros de las primeras misiones. Para muchos alemanes de la posguerra, Suramérica se presentaba como un destino promisorio. El coronel Wilhelm Faupel, que había trabajado con el ejército argentino, regresó a Buenos Aires a dictar conferencias en 1921 y permaneció allí como asesor militar del general Uriburu, trabajando sin contrato escrito. Una vez en el cargo llamó, a título personal y sin ayuda ni aprobación de su gobierno, a otros oficiales alemanes que también habían pasado ya por Argentina. Para evitar complicaciones diplomáticas, estos oficiales adquirieron la nacionalidad argentina. Después de la dimisión de su jefe Uriburu en 1926, Faupel dejó Buenos Aires y no dudó en ofrecer sus servicios al ejército peruano. En Lima, el presidente Leguía lo nombró inspector general del ejército, en una clara reacción a la obra de las misiones francesas que habían abandonado Perú pocos años antes. Su reemplazo en Buenos Aires fue el general Johannes Kretzschmar, antiguo profesor de la academia de guerra argentina en 191053. Casos similares se presentaron en otros países. A Bolivia regresó Kundt y a Chile lo hizo Von Kiesling, los primeros entre varios oficiales alemanes que trabajaron en estos países durante los años 1920 y 193054. Pero no sólo fueron alemanes los oficiales asesores que pasaron por Suramérica entre las dos guerras mundiales. Paul Clément, jefe de la primera misión militar francesa a Perú en 1896, volvió a Lima en 1919 en viaje de propaganda oficial y allí se quedó trabajando por su cuenta y hasta su muerte, en forma independiente de las misiones francesas de postguerra. Después de la partida de la última de ellas y ante el fracaso de las labores de Faupel, el gobierno peruano optó por contratar oficiales franceses a título individual durante los años 1930. Los últimos salieron de Lima durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hace que la relación militar entre Perú y Francia haya sido tan duradera como la que tuvieron Chile y Argentina con Alemania. Los instructores individuales también fueron favorecidos por el gobierno colombiano después del regreso a Europa de la misión suiza en 1929. Uno de los miembros de esta misión, el coronel Gautier, permaneció en Bogotá como profesor de la escuela militar. Por su parte, el general Díaz, miembro de la segunda misión chilena en 1909, regresó a esta ciudad para asesorar al Estado Mayor General durante el conflicto con Perú entre 1932 y 193355. Los principales campos de acción tanto de las misiones como de los asesores individuales fueron tres: la educación, la reorganización y el comando. La educación de los oficiales fue la base de las transferencias militares europeas. Su objetivo fue reducir el espectro de la oficialidad heredada del siglo XIX. Los guerreros forjados al calor de las luchas internas o externas, los líderes político-militares y los oficiales de las antiguas escuelas tendrían la oportunidad de transformarse por el estudio en oficiales de nuevo cuño, mientras que las nuevas cohortes empezarían su vida militar en la teoría y no en la práctica guerrera. Dos fueron los niveles más importantes de esta labor educativa: el básico, en las escuelas militares —donde jóvenes civiles se transformaban en oficiales— y el avanzado, en las escuelas superiores o academias de guerra —donde los oficiales eran educados para las labores de estado mayor y de alto comando, es decir, para la preparación y la conducción “científica” de la guerra56—. Los oficiales europeos no siempre empezaron sus labores en el nivel básico ni trabajaron en los dos niveles al mismo tiempo. En Argentina en el primer periodo y en Brasil en el segundo, los oficiales alemanes y franceses llegaron primero y por motivos diferentes a las escuelas superiores y sólo después pasaron a las escuelas militares57. La tarea docente debía completarse con la fundación de escuelas de aplicación de cada arma y de escuelas de suboficiales. http://revistahistoria.universia.net
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El segundo campo de acción fue la reorganización de los asuntos militares del país anfitrión. El mayor margen de maniobra concedido a los oficiales foráneos en este campo marcó un quiebre con la coyuntura precedente (1830-1890), centrada en labores educativas. Los trabajos se llevaron a cabo al menos en dos niveles. El primero fue el intento de uniformar las prácticas militares mediante la aprobación de reglamentos de todo tipo: de guarnición, plazas fuertes, sanidad, milicias, intendencia, instrucción militar. El segundo, más ambicioso, consistió en crear el marco jurídico general de las transferencias, mediante el diseño de proyectos de ley sobre los distintos aspectos de la vida militar o, como en el caso peruano, del proyecto de una ley orgánica que agrupara a las anteriores: distribución de tropas sobre el territorio nacional, organización del ministerio de guerra, movilización, requisición, servicio militar obligatorio, ascensos y retiros. Por medio de leyes se crearon también organismos, como fue el caso en Brasil con los consejos superiores de defensa nacional y de guerra58. Estas labores de los europeos encontraron muchos opositores, tanto civiles y militares, ya que su objetivo no era solamente transmitir las nuevas ideas y prácticas militares, como en el primer campo de acción, sino perpetuar la transmisión de las mismas. El último campo de acción, el menos común, fue el comando del ejército anfitrión. Este fue el caso del segundo Körner en Chile, y de Clément en Perú. En 1897, Körner “tenía el mando absoluto y efectivo del ejército y toda la confianza del gobierno”59. No pasó lo mismo en el periodo de entreguerras, cuando este campo de acción desapareció de las cláusulas de los contratos. Sin embargo, al calor de los conflictos de Leticia y el Chaco, algunos gobiernos suramericanos ofrecieron el comando de sus ejércitos a oficiales extranjeros. El coronel francés París, recién llegado a Lima, y el general Juchler, antiguo jefe de la misión suiza en Bogotá, tuvieron la sensatez de declinar estos dudosos honores, mientras que Kundt en La Paz no resistió el llamado de la gloria y terminó de hundir al ejército que le había dado en Suramérica la vida que en Europa nunca hubiera podido tener60.
Modalidad 2: Desplazamientos de oficiales suramericanos Si bien es cierto que las transferencias se hicieron hacia el occidente, la travesía del Atlántico tuvo en ocasiones el sentido inverso. La otra modalidad importante de transferencias europeas hacia Suramérica, y la menos estudiada hasta el momento, corresponde a los desplazamientos de los oficiales suramericanos. Podemos identificar al menos tres tipos, no del todo independientes, pues todo parece indicar que el primero, el viaje de estudio a Europa, abría las puertas de los dos restantes. Especie de premio reservado a los alumnos aventajados de las escuelas militares, el viaje de estudio les permitía aprender o perfeccionar el idioma de sus maestros, estudiar en los planteles que habían servido de inspiración en Suramérica, y ver en funcionamiento unidades de la organización militar fuente de transferencias. Para Brasil, que no tuvo misiones extranjeras antes de la Primera Guerra Mundial, los viajes fueron muy importantes en este periodo. Al regresar a su país de origen, varios oficiales brasileños se dedicaron a difundir las ideas y las prácticas militares aprendidas en Alemania: modificaron reglamentos y manuales de acuerdo con pautas alemanas, publicaron artículos propios y trabajaron como instructores
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en la escuela de cadetes61. Los oficiales de Argentina y Chile fueron huéspedes privilegiados del ejército germano antes de 1914 (unos 150 de cada país)62. Este tipo de desplazamiento se desaceleró, sin detenerse, entre las dos guerras mundiales. En este periodo se sintió con más fuerza el peso de los oficiales que habían pasado por Europa: en Argentina, oficiales como Basilio Pertiné y José Uriburu, quienes habían estudiado y servido en el ejército alemán, ocuparon los más altos puestos del ejército63; casos similares hubo en Brasil, Chile y Perú64. Los viajes de estudio transoceánicos tuvieron su equivalente al interior de Suramérica. La escuela militar de Santiago se convirtió en un polo de atracción de oficiales de los ejércitos que tuvieron misiones chilenas65. No podemos olvidar que la “reforma militar” del presidente Rafael Reyes en Colombia empezó con la reapertura de la escuela de cadetes en Bogotá, pero también con el envío de los hijos del plenipotenciario Uribe a la escuela militar de Santiago, aprovechando dos becas solicitadas por él. Venezuela, por su parte, envió oficiales a la Escuela Superior de Guerra de Bogotá en 1913, y cadetes a Chorrillos hasta este año y luego a Santiago66.
El segundo tipo de desplazamiento lo hicieron los agregados militares. Por medio de esta
figura, situada en el cruce de caminos de la guerra y la diplomacia, los gobiernos suramericanos pretendían afianzar las relaciones militares con los ejércitos fuente de transferencias y tener observadores que dieran cuenta continuamente de la evolución de los mismos. Estos oficiales fueron enviados a Europa, pero también a otros lugares. El recuento del agregado chileno sobre la derrota infligida a Rusia por Japón al iniciar el siglo XX sirvió a muchos para confirmar la pertinencia de haber elegido a Alemania como fuente principal de transferencias: el éxito japonés se atribuía a sus relaciones militares estrechas con esta potencia desde finales del siglo XIX67. Por su parte, los adictos nombrados en otros países suramericanos recolectaron información estratégica de los ejércitos que podrían ser aliados o enemigos en caso de guerra. Los informes y luego el libro “Argentina, Potencia militar” del oficial brasilero Duval, agregado militar en Buenos Aires entre 1916 y 1920, fueron importantes en el diseño y ejecución de la política militar de su país en el periodo de entreguerras68. El tercer y último tipo de desplazamiento de los oficiales suramericanos a Europa fue la comisión de compra de armas. La asimetría del desarrollo tecnológico a cada lado del Atlántico hacía necesario buscar en Europa —y con menos frecuencia en otros lugares como Estados Unidos y Japón— el armamento que no se fabricaba en Suramérica. Para importarlo se nombraban en ocasiones comisiones técnicas encargadas de comparar la calidad y los precios de casas en competencia. Estas comisiones, en especial en los países ABC, debían impedir que Europa se deshiciera en Suramérica de material de guerra obsoleto69.
Objeto 1: Armamento Las comisiones nos llevan directamente al armamento, uno de los dos objetos militares más importantes en estas transferencias junto a las publicaciones. Las armas fabricadas en Alemania, en especial los cañones, eran la manifestación tangible del nuevo poderío militar de esta nación en el último tercio del siglo XIX. Después de la derrota de 1870-71, la industria
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militar francesa se dedicó a reducir la ventaja que le había tomado la industria alemana. Tal vez el mejor ejemplo de esta recuperación fue la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología militares que llevó a cabo la casa Schneider-Creusot70. Después de que Francia revocara en 1884 la prohibición que le imponía el Tratado de Frankfurt de vender armas en el extranjero, Krupp vio peligrar su cuasi-monopolio latinoamericano71. A fines del siglo XIX Schneider ofrecía su cañón de 75 mm modelo 1897 a México, Perú y Argentina —así como a España y Portugal— y aseguraba pedidos de México, Perú y también de Bolivia72. La competencia por los mercados era feroz. Las potencias europeas estimularon las compras mediante préstamos y otros medios menos transparentes, como hacer publicidad de las compras de un país entre la dirigencia de los países vecinos73. En esta lucha intervenían por Europa los diplomáticos con banquetes y condecoraciones, las misiones y los agregados militares, los agentes de las casas de armamento y los banqueros, y por los países suramericanos las autoridades políticas y militares, los periodistas y uno que otro intermediario civil. Después de Versalles, las casas alemanas evadieron restricciones a la fabricación y exportación mediante compañías ficticias, filiales en el extranjero y participación en sociedades de otros países74. Con la llegada de Hitler al poder, estas tretas se hicieron innecesarias. Las transferencias de tecnología militar europea se limitaron en la mayor parte de los casos a la “relocalización geográfica” de esta tecnología, es decir a la transferencia de maquinaria, técnicas y expertos75. Los gobiernos de varios países fundaron fábricas de munición, pero todo parece indicar que no alcanzaron el objetivo de hacer autosuficientes a sus ejércitos. En Argentina se transfirió en 1891 el conocimiento necesario para fabricar un modelo propio del fusil Mauser, adaptado por la comisión de armamento del ejército76. En la escala de complejidad de tecnología militar propuesta por Krause, la fabricación del Mauser argentino se situaría a lo sumo en el tercer nivel, “habilidades necesarias para adaptar el armamento”, después del primero, “habilidades necesarias para operarlo” y del segundo, “habilidades necesarias para reproducirlo”, pero lejos aún del cuarto y último, “habilidades necesarias para crear armamento”77. Junto a Argentina, tal vez el país que más se elevó en esta escala fue Brasil. Al menos desde 1934, teniendo todavía contratada una misión militar francesa, Brasil compró maquinaria alemana para fabricar partes de proyectiles, bombas, repuestos para fusiles y máscaras de gas, entre otros elementos bélicos. En 1936, oficiales norteamericanos de servicios (no de armas de combate) transmitían su knowhow y su know-why en instituciones como el Centro de instrucción de artillería de costa y la Escuela técnica del ejército brasileño78. Durante los años 1930, militares y civiles de este país dieron pasos firmes hacia la producción nacional de material de guerra. Las restricciones que trajo la Segunda Guerra Mundial fortalecieron esta cooperación79. Cuando examinamos con detenimiento la cronología de las transferencias de armas, vemos de inmediato que ésta precede el marco cronológico fijado en este artículo. Las compras a Krupp habrían comenzado en 1864 en Argentina, 1866 en Chile y 1871 en Brasil80. En esta perspectiva, los cañones aparecen junto a los oficiales instructores (incluyendo al primer Körner) y a las publicaciones militares (de las que hablaremos enseguida) como los hilos que corren paralelos a lo largo del siglo XIX y unen la coyuntura de transferencias militares que termina
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hacia 1830 con la que empieza alrededor de 1890. El armamento fabricado por Krupp sería entonces un embajador militar europeo anterior a las primeras misiones. Éstas habrían llegado a consolidar mercados ya existentes y no a conseguir nuevos clientes para la industria militar europea81.
Objeto 2: Publicaciones El otro objeto privilegiado en esta coyuntura de transferencias fueron las publicaciones militares. El idioma era un inconveniente de base, pues ni el francés ni el alemán se cuentan entre las lenguas oficiales de las repúblicas suramericanas. El alemán estaba, sin embargo, en clara desventaja. Era mucho más fácil encontrar oficiales suramericanos que hablaran francés o que pudieran leerlo82. El embajador alemán en Santiago antes de la llegada de la primera misión, Von Treskow, confirmaba a Berlín que los chilenos preferían a Francia por ser republicana, católica, latina y también porque los ciudadanos educados conocían “superficialmente” su idioma y visitaban su capital83. Quizá por esta razón el alemán no gozó de exclusividad como lengua extranjera en el pénsum de la escuela militar de Santiago, ni siquiera durante la edad de oro de las transferencias germanas. El francés no fue ni el único ni el peor enemigo. El inglés, que entró en los currículos de algunas escuelas militares al menos desde el final de la Primera Guerra Mundial84, terminó por vencerlos a ambos. Al final de nuestra cronología, la enseñanza del francés en el ejército brasileño cedió el paso a la lengua de Estados Unidos, nuevo aliado y nueva fuente principal de transferencias, y también al español85. Para cerrar la brecha del idioma, los europeos se vieron en la obligación de aprender español y portugués, muchas veces después de desembarcar. Una solución de mayor impacto fue la traducción en Suramérica, muchas veces literal, de publicaciones europeas, principalmente libros y artículos de revistas militares. Al parecer, los libros que se tradujeron con mayor frecuencia fueron los reglamentos. La labor de los oficiales chilenos fue decisiva, pues sus traducciones no sólo sirvieron en su país sino también en los países donde trabajaron como asesores. También fueron importantes los textos de estudio escritos por oficiales de este país86. Las publicaciones eran producidas o traducidas por militares y sólo circulaban entre ellos, excluyendo el diálogo con civiles. La suscripción a las revistas era muchas veces obligatoria para los oficiales y muchos libros sólo se vendían en institutos militares. Gracias al sistema de canje entre las bibliotecas militares, los militares de diferentes países podían transferir ideas entre ellos87. Hasta el momento los artículos de revistas militares han sido utilizados por historiadores y politólogos, mediante análisis cualitativos o cuantitativos, para identificar tendencias en el pensamiento militar suramericano. Sin embargo, todavía no sabemos muy bien con qué frecuencia ni de qué manera leyeron estos artículos los oficiales, ni tampoco hasta qué punto asimilaron las ideas y prácticas que se intentaba transferir por este medio88.
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Perspectiva En la introducción a un volumen colectivo sobre los “modelos europeos” en Latinoamérica, el historiador François-Xavier Guerra refutaba la idea de imitación pasiva y afirmaba en su lugar la capacidad de invención, la “nueva disposición de materiales comunes a todas las partes del mismo conjunto cultural”89. En este artículo hemos querido descomponer el proceso de transferencias militares europeas en sus “materiales comunes”, para poder concebir mejor la “nueva disposición” que tuvo lugar en Suramérica. Como resultado tenemos una tipología que va más allá de la dupla misiones militares-armamento. Las asesorías prestadas por oficiales extranjeros contratados individualmente, los desplazamientos de oficiales suramericanos y la circulación de publicaciones nos dan una idea más compleja de las transferencias. Las combinaciones de estos elementos en realidades sociales, étnicas, económicas, políticas y culturales diferentes indican que no todos los países suramericanos tuvieron la voluntad ni la capacidad de aferrarse exclusivamente a Francia o Alemania. Lo cual no quiere decir que la oposición entre las dos potencias militares europeas como fuente de transferencias deje de ser importante en el momento de plantear la problemática. Lo es sin duda en la perspectiva del cono sur, pero en una perspectiva latinoamericana, esta oposición es quizá menos importante que aquella entre los países que favorecieron una sola fuente, fuera ésta Francia o Alemania, y la mayoría de países que recibieron transferencias diversas e hicieron con ellas una síntesis militar irrepetible. Dentro de esta lógica, no tiene sentido para el historiador tratar de matricular a la fuerza a los ejércitos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela en una escuela militar europea en particular. Estos casos pueden servir más bien de contraste para tener una nueva perspectiva de la supuesta ortodoxia militar francesa en Perú, y prusiana en Chile y Argentina.
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Notas Patricia Seed, “The Conquest of the Americas, 1500-1650”, en The Cambridge History of Warfare. New York, Cambridge University Press, 2005, pp. 131-147. 2 Clément Thibaud, Repúblicas en armas: los ejércitos Bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta-IFEA, 2003, Prólogo. 3 Matthew Brown, Adventuring through Spanish Colonies: Simón Bolívar, Foreign Mercenaries and the Birth of New Nations, Liverpool, Liverpool University Press, 2006, pp. 61-2, 82-3, 218. 4 Este reemplazo no tuvo la misma amplitud ni la misma velocidad en todos los países; las relaciones militares con Europa se transformaron y no han desaparecido del todo en el siglo XXI. 5 Olivier Compagnon, “L’Euro-Amérique en question. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos”, Debates, 2009. Puesto en línea el tres de febrero de 2009. URL: http://nuevomundo.revues.org/index54783.html. Consultado el 31 de marzo de 2009, pp. 3-6. A pesar de que el paradigma de las transferencias invita a pensar estas relaciones en términos de ida y vuelta, no hemos encontrado evidencia de apropiaciones europeas de ideas, prácticas u objetos militares suramericanos en esta coyuntura, lo cual no significa que no hayan existido. 6 El autor agradece los comentarios de los dos evaluadores anónimos y la aprobación que dieron a las ideas expresadas en este artículo. 7 Basta mirar la fecha inicial de los marcos cronológicos de los trabajos de Brahm 1990 y 2001, F. Fischer y Blancpain, entre otros. Enrique Brahm, “Del soldado romántico al soldado profesional. Revolución en el pensamiento militar chileno. 1885-1940”. Historia, Vol. 25, 1990, pp. 5-37 y “El ejército chileno y la industrialización de la guerra, 1885-1930. Revolución de la táctica de acuerdo a los paradigmas europeos”, Historia, Vol. 34, 2001, pp. 5-38. Ferenc Fischer, “La expansión indirecta de la ciencia militar alemana en América del Sur: La cooperación militar entre Alemania y Chile y las misiones militares germanófilas chilenas en las países latinoamericanos (1885-1914)”, en Bernd Schöter & Karin Shüller, Tordesillas y sus consecuencias: La política de las grandes potencias europeas respecto a América Latina (1494-1898) Madrid y Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 1995, pp. 243-260. Jean-Pierre Blancpain, “L´armée chilienne et les instructeurs allemands en Amérique Latine (1885-1914)”, Revue Historique, Vol. 578, 1991, pp. 347-394. 8 Blancpain, basado en un reporte de Körner de 1889, habla de otros tres oficiales que habrían llegado con él: el teniente de artillería Schenck, el capitán Janukowsky, encargado de gimnasia y esgrima, y el mayor Betzhold, encargado de fortificaciones. J. Blancpain, op. cit., p. 363. Arancibia, de acuerdo con la historia publicada por el Estado Mayor General del Ejército de Chile, sólo menciona al capitán Hugo Janukowski, profesor de gimnasia y esgrima contratado en la escuela militar en 1886, y al mayor Gustavo Betzhold, profesor de fortificaciones en la Academia de guerra, que habría llegado a Chile en 1889. Roberto Arancibia, La influencia del ejército de Chile en América Latina, 1900-1950, Santiago de Chile, Centro de Estudios e Investigaciones Militares, 2002, p. 124, nota 284. Sater y Herwig, por su parte, sólo se refieren al último: “a prussian officer and Krupp confidant in charge of harbor defense”, que habría ayudado, junto a Körner, a cerrar el contrato de venta de artillería costera para Valparaíso. Holger H. Herwig & William F. Sater, The Grand Illusion: The Prussianization of the Chilean Army, Lincoln , Nebraska, University of Nebraska, 1999, p. 137. Ante la ausencia de más información sobre el teniente Schenck, nos inclinamos a pensar que a Chile no llegó una misión en 1885, pues Betzhold llegó cuatro años después de Körner, y el campo de acción de Janukowsky fue muy reducido. 9 W. Sater y H. Herwig, op. cit., pp. 32-3, 43-4. 10 Hubo instructores franceses en la escuela militar de Santiago en 1840. J. Blancpain, op. cit., pp. 353-54. Los dos primeros directores del colegio militar argentino, creado en 1869, fueron un coronel austro-húngaro y un mayor francés de caballería. Varun Sahni, “Not Quite British: A Study of External Influences on the Argentine Navy”, Journal of Latin American Studies, Vol. 25, No 3, 1993, p. 490. 11 La valía de Körner como estratega no hace la unanimidad de los historiadores, ver W. Sater y H. Herwig, op. cit., pp. 54-55. 1
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F. Fischer es uno de los historiadores que propone 1885 como el punto de partida de la coyuntura. Sin embargo, al final su artículo cita una carta que parece refutar su hipótesis. El 29 de noviembre de 1911, el embajador alemán en Santiago, Friedrich Carl Von Erckert, afirmaba: “los resultados de nuestra ágil y atenta política de casi 20 años relacionada con el ejército chileno nos obligan a mantener y a estimular esa política en el futuro” p. 260. Si la política tenía “casi 20 años” en 1911, no hubiera podido iniciar antes de 1892, es decir, antes de la guerra civil chilena. 13 Fernand Braudel, Ecrits sur l’histoire, París, Flammarion, 1969, pp. 44-5. Este marco cronológico no es otro que el escogido por Nunn para su libro. Aquí lo retomamos, afinando su justificación, ver Frederick Nunn, M., Yesterday’s Soldiers. European Military Professionalism in South America, 1890-1940, Lincoln, University of Nebraska Press, 1983, p. ix-x. 14 Pero también a Rumania y Checoslovaquia. Rogelio Suppo, “Les enjeux français au Brésil pendant l’entre-deuxguerres: la mission militaire. (1919-1940)”, Guerres mondiales et conflits contemporains, Vol. 3, No 215, 2004, pp. 5, 18. 15 Michaël Bourlet, “Les volontaires latino-américains dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale” Revue Historique des Armées, No 255, 2009. Puesto en línea el 15 de mayo de 2009. URL: http://rha.revues.org//index6759. html. Consultado el 3 de julio de 2009, sin p. (documento electrónico) 16 Stefan Rinke, “Las relaciones germano - chilenas, 1918-1933”, Historia, Vol. 31, 1998, p. 252. 17 “American lake”, “U.S. Lake” o “U.S. Mediterranean”. Peter Smith, Talons of the Eagle. Latin America, the United States and the World, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 51. John Child, “From ‘Color’ to ‘Rainbow’: U.S. Strategic Planning for Latin America, 1919-1945”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 21, No. 2, May, 1979, p. 234. 18 Louis Perez, “Armies of the Caribbean: Historical Perspectives, Historiographical Trends”, Latin American Perspectives, Vol. 14, No. 4, Contemporary Issues (Autumn, 1987), p. 497. 19 Warren Schiff, “German Military Penetration into Mexico during the late Diaz Period”, Hispanic American Historical Review, Vol. 39, No 4, 1959, pp. 575-79. Sin embargo Tuchman con base en informes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirma que al iniciar la primera guerra mundial el director general de la fábrica de municiones era Maximilian Kloss, general alemán, y que unos 50 alemanes naturalizados estarían sirviendo de oficiales en el ejército mexicano. Barbara Tuchman, The Zimmerman Telegram, Ballantine, New York, 1985, p. 69. 20 Roberto Arancibia, La influencia del ejército de Chile en América Latina, 1900-1950, Santiago de Chile, Centro de Estudios e Investigaciones Militares, 2002, p. 280. 21 Ricardo Esquivel, “La formación militar en Colombia, 1880-1884”, en César Torres y Saúl Rodríguez (ed), De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo XVIII al XXI, Bogotá, Universidad Javeriana, 2008, pp. 230-33. Luego llegaron instructores franceses, pero se fueron al estallar la Guerra de los Mil Días en 1899. 22 Holger H. Herwig, Sueños alemanes de un imperio en Venezuela, 1871-1914, traducido por Héctor Argibay, Caracas, Monte Ávila Editores, 1991, p. 139 23 Resende desecha los factores internos de su explicación, pues no tienen cabida en su teoría de la “emulación militar”. João Resende-Santos, Neorealism, States, and the Modern Mass Army, New York, Cambridge University Press, 2007. pp. 22-23. 24 Brahm, “Del soldado romántico al soldado profesional…”, op. cit., p. 5. 25 Robert Burr, By Reason or Force: Chile and the balance of Power in South America, 1830-1905, Berkeley, University of California Press, 1965, pp. 177-78, 222, 245. Warren Schiff, “The Influence of German Armed Forces and War Industry on Argentina”. Hispanic American Historical Review. Vol. 52, No 3, 1972, p. 448. Para la competencia naval Brasil-Argentina ver Stanley Hilton, “The Armed Forces and Industrialists in Modern Brazil: The Drive for Military Autonomy (1889-1954)”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 62, No. 4, Nov., 1982, p. 631. 26 En Chile, el país pionero en esta coyuntura de transferencias, la matanza de la escuela de Santa María de Iquique en 1907 por fuerzas navales y terrestres marcó un punto de inflexión, a partir del cual los militares trataron de alejarse de las funciones internas. Ver Guillermo Guajardo, “Cambios tecnológicos y proyectos económicos en las fuerzas armadas de Chile, 1860-1930”, Historia, Vol. II, No 41, Julio-diciembre 2008, p. 380. 27 Sin olvidar, desde luego, la presión que puso Chile sobre sus vecinos al contratar la primera misión alemana en 1895. 28 W. Schiff, “The Influence of German Armed Forces…”, op. cit., p. 436 29 Frank McCann, “A influência estrangeira e o Exército brasileiro, 1905-1945”, en A revoluçao de 30: seminário internacional, Brasília, Ed. Universidade Brasília, 1982, p. 215 30 T. Fischer, “Proyectos de reforma, instrucción militar y comercio de armas de la misión militar suiza en Colombia (19241928)”, Historia y Sociedad. No 5, p. 54. 31 Turquía contrató los servicios del oficial alemán Colmar Von der Goltz en 1886 y Japón cambió su misión militar francesa en 1880 por una alemana. Ver David Ralston, Importing the European Army. The introduction of European Military Techniques and Institutions into the Extra-European World, 1600-1914, Chicago, The University of Chicago Press, 1990, p. 71 y pp. 168-169. 32 E. Brahm, “El ejército chileno y la industrialización de la guerra…”, op. cit., sin p. (documento electrónico). En contraste, la contemporánea Guerra de Secesión norteamericana, a pesar de los adelantos militares que trajo, parecía algo demasiado familiar y censurable para los países suramericanos como para imitar cualquiera de sus legados. 12
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Carlos Maldonado, “‘La Prusia de América del Sur’. Acerca de las relaciones militares chileno-germanas, 1927-1945”, Estudios Sociales, No 73, 1992, p. 95 (nota 5) 34 F. Fischer, op. cit., pp. 259-260. 35 H. Herwig op. cit., pp. 132, 134-35, 138. 36 Efraín Cobas, Fuerza armada, misiones militares y dependencia en el Perú, Lima, Horizonte, 1982, p. 25. 37 La expresión es de F. Fischer, en el título de su artículo. F. Fischer, op. cit. También hubo una misión chilena en El Salvador, así como hubo “presencia militar chilena detectada” en otros países de Centro y Suramérica. Esta “presencia” al parecer tuvo nombre propio: el oficial Samuel McGill, quien sirvió de instructor en Nicaragua (1900), El Salvador (1901), Ecuador (1902), Honduras (1903) y Venezuela (1910-14), Arancibia, op. cit., pp. 30, 176-77. 38 F Fischer, op. cit., p. 243, 256. R. Arancibia, op. cit., pp. 388-390. 39 Adolfo Atehortúa, Construcción del ejército nacional en Colombia, 1907-1930. Reforma militar y misiones extranjeras, Medellín, La Carreta, 2009, pp. 26-27, 95. 40 Para el caso de la primera misión francesa en Perú ver T. Saint John de Crevecoeur, “La mission militaire française au Pérou de 1896 à 1939”, Memoria de maestria (primer año) bajo la dirección de Annick Lempérière, París, Université París 1 Panthéon-Sorbonne, 2007, p. 33. 41 R. Suppo, op. cit., pp. 6-7. J. Resende, op. cit., p. 265. 42 W. Sater y H. Herwig, op. cit., pp. 59-61, 65, 66, afirman que la primera misión contó con 31 miembros; R. Arancibia, op. cit., p. 127, habla de 36; J. Blancpain, p. 367, de 37. 43 T. Crevecoeur, op. cit., pp. 42-43. 44 George Atkins & Larry Thompson, “German Military Influence in Argentina, 1921-1940”, Journal of Latin American Studies, Vol. 4, No. 2, Nov., 1972, p. 258. W. Schiff, “The Influence of German Armed Forces…”, op. cit., pp. 440 y 444. 45 Antes de la llegada de esta misión, Bolivia había contratado tres oficiales retirados del ejército prusiano en 1901 para hacerse cargo de la escuela de suboficiales, del colegio militar y de la escuela de guerra. Fueron reemplazados por cuatro instructores franceses, contratados a título privado en 1905, bajo la dirección del coronel Jacques Sever. Leon Bieber, “La política militar alemana en Bolivia, 1900-1935”, Latin American Research Review, Vol. 29, No. 1, 1994, pp. 87-88. 46 R. Arancibia, op. cit., capítulo dos. 47 Ibid., capítulo cuatro 48 Aline Helg, “Les tribulations d’une mission militaire suisse en Colombie. 1924-1929”, Revue Suisse d’ Histoire, Vol. 36, 1986, p. 205. 49 R. Arancibia, op. cit., pp. 237-238. 50 E. Cobas, op. cit., p. 39. 51 R. Suppo, op. cit., pp. 19, 23 52 Además de los alemanes y franceses en Bolivia antes de 1911, los casos del coronel prusiano Von Ehrenberg, del coronel sajón Von Carlowitz y del oficial chileno McGill, asesores del ejército venezolano antes de 1914, muestran que esta modalidad no había desaparecido del todo durante la edad de oro. H. Herwig, op. cit., pp. 137-38. 53 G. Atkins y L. Thompson, op. cit., pp. 261-262, 264-265, 267. Todo parece indicar que Kretzschmar es el mismo general alemán que buscó en Bogotá un empleo estable como asesor del ejército colombiano en 1925 y que hizo todo lo posible por entrabar las labores de la misión Suiza, T. Fischer, op. cit., pp. 79-81. Sin embargo, en esta segunda fuente el nombre del oficial es Hans Wilhelm y no Johannes. 54 L. Bieber, op. cit., p. 105; C. Maldonado, op. cit. p. 76. 55 R. Arancibia, op. cit., p. 455. 56 En algunos países, los oficiales extranjeros participaron directamente en las labores de preparación para guerras futuras, mediante reformas a los antiguos estados mayores, y recolección y tratamiento de información geográfica, histórica y estadística. 57 G. Atkins y L. Thompson, op. cit., pp. 258-59; R. Suppo, op. cit., pp. 6-7. 58 R. Suppo, op. cit., p. 17. 59 F. Nunn, op. cit., p. 193; R. Arancibia, op. cit., p. 134. 60 T. Fischer, op. cit., p. 88; L. Bieber, op. cit., pp. 89-90. 61 F. McCann, op. cit., p. 215. 62 W. Sater y H. Herwig, op. cit., pp. 26, 61; R. Arancibia, op. cit., p. 131, habla de 97 oficiales chilenos que pasaron “al menos dos años” en Alemania entre 1889 y 1915. 63 G. Atkins y L. Thompson, op. cit., pp. 260-61, 268-69. Para el caso de Uriburu ver W. Schiff, “The Influence of German Armed Forces…”, op. cit., p. 442. 64 Para Chile ver C. Maldonado, op. cit., p. 89; S. Rinke, op. cit., p. 276. 65 W. Sater y H. Herwig, op. cit., p. 88 66 F Fischer, op. cit., p. 243; R. Arancibia, op. cit., p. 429; H. Herwig, op. cit., p. 142. 67 E. Brahm, “Del soldado romántico al soldado profesional…”, op. cit., p. 11. 68 Robert Potash, The Army and Politics in Argentina, 1928-1945. Yrigoyen to Perón, Stanford, Stanford University Press, 1969, p. 4; J. Resende, op. cit., p. 202. 33
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R. Arancibia, op. cit., p. 139. Sin embargo, Alemania vendió a Brasil armas y munición defectuosa en el primer periodo. Ver S. Hilton, op. cit., p. 636. 70 W. Schiff, “The Influence of German Armed Forces…”, op. cit., p. 448. 71 Esta casa había ahogado la competencia de las demás fábricas alemanas. H. Herwig, op. cit., p. 157. 72 J. Blancpain, op. cit., pp. 386-87, W. Schiff, “German-Latin American Relations: The First Half of the XX Century”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 22, No 1, Feb. 1980, p. 112. 73 W. Schiff, “German-Latin American Relations…”, op. cit., p. 113. 74 L. Bieber, op. cit., p. 100. 75 “Geographic relocation”, la expresión es de D. Headrick. The Tentacles of Progress. Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850-1940, New York y Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 9-10. 76 J. Resende, op. cit., p. 199. Este modelo fue probablemente la punta de lanza de la penetración del Mauser en Suramérica, que desplazó a los Remington norteamericanos y a los Gras franceses. J. Blancpain, op. cit., p. 388. 77 Keith Krause, Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade, New York, Cambridge University Press, 1992, pp. 18-19. En comparación, las transferencias de tecnología naval europea a las armadas suramericanas legaron mayores habilidades técnicas a los marinos. Para el caso de Chile ver G. Guajardo, op. cit., p. 395. 78 F. McCann, op. cit., p. 230. 79 S. Hilton, op. cit., pp. 654-55, 660. En este sentido, el caso brasileño se encontraría más cerca de casos como los de Rusia y Japón, donde la industria privada nacional de defensa había facilitado la adaptación de la tecnología foránea y donde la búsqueda de ganancias había estimulado la innovación, que de los demás países de Latinoamérica, los del Mediterráneo y los Balcanes, China y Turquía, donde el rol del sector privado había sido mucho menos protagónico. Jonathan Grant, “The Sword of the Sultan: Ottoman Arms Imports, 1854-1914”, The Journal of Military History. Vol. 66, No. 1, Enero, 2002, p. 35. 80 J. Blancpain, op. cit., pp. 353, 386; H. Herwig, op. cit., p. 146. Según W. Schiff, los primeros cañones Krupp llegaron a Argentina en 1873. W. Schiff, “The Influence of German Armed Forces…”, op. cit., p. 437. 81 Por lo tanto no estamos completamente de acuerdo con W. Sater y H. Herwig cuando afirman: “Berlin’s principal focus was not simply reforming the Chilean army but using its military to CREATE an export market for its technology”, mayúsculas nuestras. Esto se puede decir de Körner en el caso de los fusiles Mauser, pero no en el de los cañones Krupp. W. Sater y H. Herwig, op. cit., pp. 3-4, 136-37, 145-46. 82 Uno de los obstáculos que encontró la penetración militar alemana en México, además de la oposición de Washington, fue la mayor dificultad que tenían los oficiales de este país para aprender una lengua no latina. En 1910, el alemán fue retirado del programa de estudios de la escuela de Chapultepec debido a su impopularidad entre los oficiales alumnos. W. Schiff , “German Military Penetration into Mexico during the late Diaz Period”, Hispanic American Historical Review, Vol. 39, No 4, 1959, p. 578. Indicios permiten pensar que los libros de teoría e historia militar en Francés sin traducción, que tanto circularon en Latinoamérica en el siglo XIX, siguieron haciéndolo durante la coyuntura que nos interesa, incluso en países cuya fuente principal de transferencias era Alemania. 83 W. Sater y H. Herwig, op. cit., p. 65. 84 E. Brahm, “Del soldado romántico al soldado profesional…”, op. cit., pp. 12-13. 85 R. Suppo, op. cit., p. 23. 86 Para el caso de Colombia ver R. Arancibia, op. cit., p. 439. 87 Para el caso de Chile ver E. Brahm, “Del soldado romántico al soldado profesional…”, op. cit., pp. 13-17. 88 El predominio de este tipo de fuente en el libro de Nunn es tal vez la crítica metodológica más fuerte que se le puede hacer a este trabajo pionero. F. Nunn, op. cit. 89 “Nouvel agencement des matériaux communs à toutes les parties du même ensemble culturel”, Annick Lemperiere, et. al., (ed.) L’Amérique Latine et les modèles européens. París, L’Harmattan, 1998, p. 14. Sin embargo, el volumen no dice una sola palabra sobre modelos militares. En el momento en que fue publicado, la tesis de Clément Thibaud, uno de los últimos alumnos de F-X. Guerra, no estaba terminada. A pesar de que las transferencias militares no son su problemática central, Thibaud es el historiador francés más atento a la vida militar suramericana. Esperamos que otros historiadores que se inspiran en el pensamiento de Guerra estén de acuerdo en que las ideas, prácticas y objetos militares también hacen parte de la cultura europea transferida a Suramérica y a otros lugares del mundo. Clément Thibaud, Repúblicas en armas: los ejércitos Bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta-IFEA, 2003. 69
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La “ciudadanía corporativa” en el Perú republicano (1834-1896)* The “Corporatist Citizenry” in Republican Peru (1834-1896) A “cidadania corporativa” no Peru republicano (1834-1896)
AUTORA Alicia del Águila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
[email protected]
El presente artículo se propone mostrar el carácter corporativo de la ciudadanía
en el Perú del siglo XIX. Es decir, el predominio de una regulación de acceso al sufragio que buscaba restringir, pero incorporando una pluralidad de grupos o cuerpos sociales. De allí el término “ciudadanía corporativa”, expresado en fórmulas constitucionales y legales, que tuvo vigencia, con pocas interrupciones, entre 1834 y 1896. La solución corporativa de acceso al sufragio estuvo relacionada con la estructura social del país, pero también con la debilidad del naciente Estado peruano y la elite de la capital. En lo primero, el peso de las comunidades indígenas fue un elemento importante. Esa suerte de “equilibrio corporativo” no se quebraría sino a partir de los cambios generados en la segunda mitad del siglo XIX. Palabras clave:
RECEPCIÓN 2 de junio 2011 APROBACIÓN 22 octubre 2011
Ciudadanía; Corporativismo; Sufragio; Siglo XIX; Perú.
The present article proposes to show the corporatist character of citizenry in
nineteenth-century Peru. That is to say, the predominance of regulating voting rights that looked to restrict, but that also incorporated a plurality of groups or social bodies. That’s why the term “corporatist citizenry”, expressed in constitutional and legal formulas, was in use with few exceptions, between 1834 and 1896. The corporatist solution to voting rights was related to the social structure of the country, but also with the weakness of the newly formed Peruvian State and the capital’s elite. In relation to the country’s social structure, the significance of indigenous communities was an important element. This type of “corporatist equilibrium” didn’t break until the changes generated in the second half of the nineteenth-century.
DOI
Key words:
10.3232/RHI.2011. V4.N2.03
Citizenship; Corporativism; Suffrage; Nineteenth Century; Peru.
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Núm. 2
La “ciudadanía corporativa” en el Perú republicano (1834-1896) Alicia del Águila
Este artigo pretende mostrar o caráter corporativo da cidadania no Peru do século XIX. Istoé, o
predomínio de uma regulação de acesso ao sufrágio que buscaba restringir, embora incorporando uma pluralidade de grupos ou corpos sociais. É daí que provem o termo “cidadania corporativa”, expressado em fórmulas constitucionais e legais, que este em vigor, com poucas interrupções, entre 1834 e 1896. A solução corporativa de acesso ao sufrágio esteve relacionada com a estrutura social do país, mas também com a fragilidade do recém nascido Estado peruano e da elite da capital. No primeiro ítem, o peso das comunidades indígenas foi um elemento importante. Esse tipo de “equilíbrio corporativo” não seria quebrado até as mudanças surgidas na segunda metade do século XIX. Key words:
Cidadania; Corporativismo; Sufrágio; Século XIX; Peru.
Introducción Cuando en 1896 la reforma electoral impulsada por Nicolás de Piérola restringió el derecho de sufragio a los ciudadanos que supieran leer y escribir, el universo de votantes del país se redujo drásticamente. Hasta entonces, el ser analfabeto no constituyó necesariamente, salvo durante un período breve, un impedimento para poder sufragar. E, incluso, cuando la Constitución de Huancayo (1839) estableció que sólo podían votar los alfabetos o letrados1, se exceptuaba de ese requisito a los indígenas y mestizos de poblaciones sin escuelas2, al menos hasta 18443.
En efecto, después de una primera década de ensayos liberales -cuya máxima expresión fue la Constitución de 1828, que estableció el sufragio universal masculino- la ley electoral de 1834 sentaría las bases de un cambio sustancial: la restricción del derecho al sufragio bajo una lógica corporativa. Es decir, establecerá requisitos de acuerdo a perfiles colectivos o según la pertenencia a cuerpos sociales. Esto es lo que denominamos “ciudadanía corporativa”. Fórmulas que apuntaban a restringir el sufragio, pero asegurando la inclusión a una parte o todos los miembros de diversos estamentos de la sociedad peruana. Como veremos más adelante, este carácter corporativo tiene que ver, ciertamente, con la estructura social del país, pero también con la debilidad del naciente Estado peruano y la elite de la capital. La ley de 1834, como veremos, establecía en sus requisitos que podían sufragar los miembros del clero secular, funcionarios públicos, contribuyentes (incluyendo indígenas y artesanos), o los que tuvieran una “profesión científica”. Después de más de una década de debates intensos entre liberales y conservadores, las Constituciones de 1856 y luego la de 1860 llegarían nuevamente a fórmulas corporativas de requisitos alternativos para acceder al derecho al sufragio (en ambos casos, 4). Este aspecto de la Constitución de 1860 no sería reformada sino casi el final del siglo XIX, en 1896.
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Ciertamente, algunas nacientes repúblicas del continente, como El Salvador y Honduras, también optaron inicialmente por algún tipo de fórmula legal de alternativas múltiples para acceder al sufragio, que apuntaban también a incluir diversos estamentos sociales. Otras, más que opciones alternativas, tendieron a condiciones complementarias (exigibles a todos), para hacer más restrictivo el acceso al sufragio. Tal fue el caso de Chile, Ecuador y Bolivia (a partir de 1861). Como veremos en este trabajo, en el Perú las soluciones corporativas (opuestas a condiciones generales, necesariamente aplicables a todos), se mantuvieron hasta fines del siglo XIX. El presente ensayo busca mostrar la particularidad corporativa del derecho al sufragio en el Perú del siglo XIX, así como los procesos políticos y sociales que permiten explicar tanto su vigencia como el final de ese “equilibrio” entre estamentos.
Las “fórmulas corporativas”: Constituciones y leyes Las primeras 3 décadas de la república estuvieron marcadas por la anarquía y la fragmentación política, lo que favoreció el juego clientelístico de los caudillos4. En la década de 1830, el Perú se veía sumido en incesantes guerras internas. Además, los conflictos de delimitación con los países vecinos también llevaron a una fuerte inestabilidad. En 1836, el país llegó a conformar la Confederación Perú-boliviana, proyecto derrotado en 1839.
Pronto los ensayos liberales iniciales (de la década de 1820) dieron paso, frente a esa realidad, a la “adaptación ecléctica”, expresada en la ley electoral de 1834. Adaptación que, por lo visto, tuvo en cuenta tanto la voluntad de frenar los impulsos “centrífugos”, voluntad por lo demás general en el continente, durante esa década5, como de incluir a la vasta y heterogénea ciudadanía, de tal manera que se avanzara en consolidar la legitimación de la nueva república. Y que, además, fueran una manera de “persuadir” a esos ciudadanos a colaborar con el nuevo Estado. Así, si bien la Constitución de 1834 fue en mucho una copia de la anterior (1828), la posterior Ley Orgánica de Elecciones del 23 de agosto de 1834, restringía el derecho de sufragio. No se contravenía con la Constitución, pues no negaba el carácter ciudadano de todos los adultos varones, pero se establecían condiciones para el ejercicio del derecho de sufragio. De este modo, además de ser ciudadano en ejercicio y natural o vecino de una parroquia (al menos por dos años), el artículo 5to. de esa ley establecía que se accedía al derecho al sufragio si se cumplía al menos uno de los siguientes requisitos alternativos: a. Pagar alguna contribución al Estado, o estar reservado legalmente de pagarla, o b. tener algún empleo público, o c. algún cargo o profesión científica, u d. oficio mecánico sujeto a la contribución industrial, o e. pertenecer al clero secular6
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Como puede verse, esas condiciones apuntaban a otorgar el derecho de sufragio a cuerpos sociales concretos. Según el inciso e), el clero secular automáticamente accedía a ese derecho al pertenecer a dicho grupo específico del cuerpo eclesial. Asimismo, según el inciso b), el ser funcionario público. Además, al ser los principales contribuyentes del país, el inciso a) permitía a un importante porcentaje de indígenas el convertirse en votantes, en un sistema de sufragio indirecto7. También, ciertamente, a los artesanos que pagaban el derecho de patentes8. Finalmente, podían votar también los que ejercían algún “cargo o profesión científica” (inciso d). Un dato importante es la ausencia de un requisito alternativo basado en la propiedad. En efecto, este detalle da cuenta de la distancia respecto del liberalismo clásico, que tiene en la propiedad una condición esencial para el ejercicio de los derechos ciudadanos. El requisito de tributar, en realidad, no era nuevo. Durante la Revolución francesa, se estableció esa condición para sufragar en las elecciones de los Estados Generales (1798). Esta condición, sin embargo, consistía en una barrera muy baja, superable por la amplia mayoría. Se buscaba con ello otorgar el derecho al “ciudadano accionario” [citoyen actionnaire] de Sieyès, es decir, a aquel que contribuye con el Estado, y no al que ostenta condición de propietario, simplemente9. Sin embargo, entre esta condición general, orientada a hacer a todos los ciudadanos responsables del sostenimiento de lo público, como fue el caso de la Francia revolucionaria, a la aplicada en la ley electoral peruana de 1834 había una diferencia fundamental: en esta última el tributo constituía sólo una condición entre varias alternativas. Es decir, se podía ser votante sin tributar. En suma, en el Perú constituía un requisito más, en un abanico de varias opciones, ninguna necesaria de ser cumplida por todos, sino alternativos. Esta ley electoral tuvo poca vigencia. Al poco tiempo, logró imponerse en el país el proyecto de la Confederación Perú-boliviana. No consideramos la legislación de dicha Confederación en este ensayo, dado que, como en el caso de la Constitución Vitalicia de Bolívar, no fue producto de un debate interno, sino básicamente traído de exterior, por Santa Cruz. Tras la derrota de la Confederación Perú-boliviana, en el Perú se alzaron voces que reclamaron orden. Estas voces marcaron el tono decididamente conservador de la Constitución de Huancayo de 1839. El derecho a sufragio se restringía aún más: sólo se podía ser ciudadano desde los veinticinco años (a menos que se fuera casado), siempre que se supiera leer y escribir, estando exceptuados los indígenas y mestizos que vivieran en poblaciones sin escuelas (o sea, la mayoría de los primeros), sólo hasta 1844. Otro requisito necesario era el pagar una contribución, salvo que se estuviera exceptuado por ley. Es decir, sólo aplicaba a que aquellos que tuvieran la obligación de hacerlo (como los indígenas), sin condicionar a los otros. Esta Constitución fue considerada la más conservadora del siglo XIX. Cuando en 1844 se cumplió el plazo para que todos los peruanos analfabetos, sin excepción, perdieran el derecho a sufragar, el padrón electoral debió haberse reducido significativa. Al menos ese habría ocurrido en dos distritos de población indígena, de 1847, uno de Ancash (Chavín)10 y otro de Ayacucho (Arma11, hoy Huancavelica). En ellos, los porcentajes de ciudadanos inscritos no alcanzaban el 1% del total de la población (0.4% y 0.7%, respectivamente).
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¿Y qué niveles alcanzó antes de la aplicación de la Constitución de Huancayo? Obviamente, varió de acuerdo a cada legislación, y, ciertamente, a la aplicación (frecuentemente discrecional) en cada provincia. Sin embargo, podemos suponer que, en general, en poblados indígenas, bajo la legislación emanada de las Constituyente de 1823 y 1838, no fue extraño que se alcanzaran porcentajes bastante mayores a los de Arma y Chavín. Una de las escasas fuentes anteriores a estos es la proporcionada por José Domingo Choquehuanca en su Ensayo de Estadística de los ramos económico-políticos de la Provincia de Azángaro en el departamento de Puno (1833). En este documento, Choquehuanca presentaba diversos datos de las parroquias de la Azángaro (Puno), recogidos entre los años 1825 y 182912. Según los datos rpresentados por Choquehuanca, la población electoral en los distritos habría fluctuado entre el 7% (San Taraco) y el 12.7% (Pusi). Esta última, una cifra para la época relativamente alta, más aún tratándose de una población altoandina, mayoritariamente indígena. Es probable que, con la ley electoral de 1834 hubieran descendido en algo esos porcentajes, pues los indios forasteros no tributaban. Sin embargo, en zonas rurales estos constituían una minoría.
Llegado el año de 1844, fecha en que los indígenas y mestizos también debían ser
letrados para poder sufragar, se suscitó un intenso debate en torno a la ciudadanía indígena. Los liberales defendieron el derecho de sufragio de estos últimos. Pero no sólo ellos: también lo hicieron los políticos de la sierra, quienes propusieron el voto de todos los analfabetos, para así conservar a su favor el peso electoral andino13. La posición liberal finalmente ganó, con lo cual se restituyó el derecho de los indígenas y mestizos iletrados. Pero, ¿cómo permitir a los indígenas analfabetos votar y no al resto? Los liberales se enfrentaban a un dilema: ¿cómo no atentar contra el principio de la igualdad ante la ley sin reconocer y atender a la heterogeneidad de la sociedad peruana? No le faltaba razón a Bartolomé Herrera cuando denunciaba: ¿Por qué excluimos, pues, á los blancos, á los negros y á los mulatos, cuarterones, y en fin, á todas las castas que resultan de la mezcla de las tres razas primitivas? Se dirá que estas castas y los blancos tienen medios de aprender a leer y escribir; pero no es así, porque muchos carecen de esos medios. Y de la raza negra, de esa raza desgraciada y envilecida, que merece nuestra compasión tanto como los indios ¿qué se dirá? ¡Qué! ¿no son ellos también nuestros hermanos? […] ¿no será hombre? […] Yo reclamo respeto para la humanidad14 Asimismo, Herrera daba cuenta de la dificultad de identificar lo mestizo: Por lo demás, “[…] Señores, ¿qué es mestizo? (movimiento de sorpresa) ¿qué grado de tinte indígena ha de tener la piel de un peruano para llamarse mestizo […]”15 Esta “inconsistencia” o discriminación positiva se mantendría en las leyes electorales de 1847, 1849 y la de 1851. Es decir, se conservaba la excepción del requisito de sufragio a indígenas y mestizos. (En 1851, la excepción de saber leer y escribir se restringió a los indígenas). De esa época procedía el registro cívico de Santiago Chocorvos, según el cual el 9.5% de la población (37% de los varones adultos) estaba apta para votar16. También otro registro cívico
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de fines de 1848, correspondiente al distrito de Salcabamba (entonces Ayacucho, actualmente Huancavelica), daba cuenta de un 19% de la población inscrita como votante (52% de los adultos varones)17. Esta cifra es probablemente muy elevada, sin embargo, si tomamos en cuenta las leyes mencionadas, no es difícil aceptar que los niveles de sufragantes en parroquias de mayoría indígena pudieran haberse elevado considerablemente. Para los pensadores liberales de la época, la presencia electoral de las mayorías indígenas resultaba fundamental para avanzar en la legitimación de la joven república, a lo largo del territorio nacional. Argumento que, por lo demás, como dijimos, compartían con los caudillos de la sierra, deseosos de mantener el peso electoral de sus provincias. Los liberales tratarían de no sólo resolver aquella discriminación en la legislación, sino ir adelante en sus aspiraciones con la ley electoral de 1855, que otorgaba el derecho de sufragio a todos los ciudadanos peruanos. Sus líderes más notables, como Pedro Gálvez y Manuel Toribio Ureta, que acompañaron al victorioso general Ramón Castilla en su gestión como presidente (1845-1851), y luego en su revolución contra Echenique (1854) habían logrado importantes avances, entre ellas la abolición de la esclavitud y del tributo o contribución indígena, y posteriormente, el derecho universal (masculino) al sufragio. Sin embargo, la presencia masiva del pueblo en la contienda electoral habría tenido un impacto traumático para los notables de varias ciudades. En Lima, el origen afroperuano de la mayoría popular (algunos, esclavos liberados apenas en 1854), fue la fuente preferida de las sátiras de los diarios, y varios de los propios liberales asumieron posiciones poco entusiastas frente a esas masas18. Al año siguiente, los Constituyentes de 1856 buscaron conciliar posiciones, dejando detrás el derecho de sufragio para todos los ciudadanos, para volver a fórmulas corporativas, con 4 requisitos alternativos. De acuerdo a la Constitución de 1856 (artículo 36°), podían sufragar los ciudadanos varones mayores de veintiún años (o menores casados) que además, cumplieran alguno de los siguientes requisitos: a. saber leer y escribir; o b. ser jefe de taller, o c. tener una propiedad que les generara una renta; o d. haber servido a las fuerzas armadas19. Este último requisito fue reemplazado en la Constitución de 1860 por la de tributar (artículo 38°)20. Con los requisitos alternativos de 1856 y 1860, no se cerraba necesariamente el voto a los analfabetos, pero se exigía que cumplieran algunos de los otros tres. Los jefes de taller representaban a los artesanos exitosos. Es decir, se dejaba atrás la fórmula más inclusiva de
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1834, que permitía sufragar a las diferentes clases de artesanos, que tributaban en función de sus ingresos. A su vez, como novedad, la propiedad fue incluida como un requisito para sufragar. Tempranamente, desde las primeras leyes del Protectorado de San Martín, la propiedad o la demostración de determinado nivel de ingreso habían sido condiciones para ser ciudadano21 (en el sistema de sufragio indirecto) o representante ante el Congreso. Sin embargo, la referencia a la propiedad, después de la Constitución de 182322, no fue considerada. Tampoco en el proyecto de Constitución de 1856, entregado a la Convención el año anterior23. Sólo aparecería meses más tarde, y quedaría como uno de los requisitos de sufragio en las Constituciones de 1856 y 1860, acorde con el proceso de reconstitución de la elite limeña y costera, a partir del boom guanero. Sin embargo, este requisito no gozaría inicialmente de igual unánime. Así lo muestra la votación en torno a los 4 requisitos que terminaron conformando el “paquete” de condiciones alternativas de ciudadanía, en 1860. Los dos primeros (saber leer y escribir y ser jefe de taller) fueron aprobados sin ningún voto en contra; y el último (pagar un tributo) sólo obtuvo 8 en contra. En cambio, el referido al requisito de propiedad, obtuvo 66 a favor y 21 en contra24. En el Perú de entonces, la propiedad individual no era la única ni la más evidente “carta de sufragio”. Su aparición como requisito de ejercicio electoral, de manera tardía y no unánime, es un detalle importante, pues de cuenta de las distancias con el liberalismo clásico. Como se ha señalado, en 1860 sólo se cambió último requisito, el de haber servido en el ejército o la armada, por el pago del tributo. Sin embargo, el hecho de que en 1854 se hubiera abolido la contribución indígena dejaba a estos sin esa “llave” de acceso directo al sufragio. (Aunque este se re establecería en diferentes departamentos con formas alternativas de contribución fiscal, además del trabajo forzado). Ahora bien, en la medida en que la mayoría indígena, agrupada en comunidades, era propietaria de tierras, aparentemente, cumplía con ese requisito para sufragar. Sin embargo, como señala Nils Jacobsen, el asunto no estaba del todo claro para los contemporáneos: […] El vacío entre la noción formalistamente liberal de la propiedad privada adoptada en el Código Civil y las variadas prácticas comunitarias de los campesinos indígenas del Perú abrió la puerta a un prolongado debate sobre si los últimos eran propietarios de sus tierras y disfrutaban de la correspondiente protección de la ley25. Jacobsen menciona el caso del alcalde del Cusco, Francisco Garmendia, quien hacia 1858 solicitaba al gobierno central se le aclarase si los campesinos de las comunidades eran propietarios y, por tanto, si tenían derecho a sufragar en las elecciones. Para Garmendia, los comuneros no eran propietarios sino “simples poseedores del derecho de usufructo; ninguno de ellos tiene la posibilidad de vender sus parcelas, ni de pasarlas a sus herederos”26. Sin embargo, José Simeón Tejeda, entonces ministro de Castilla, recordó que los comuneros habían ganado ese derecho con la ley de 182827. Más allá de esta respuesta, el debate muestra lo incierto del reconocimiento jurídico de la propiedad comunal indígena y, por tanto, del derecho al sufragio a partir de 1854, cuando se dio por abolida la “contribución indígena”. Más aún, a decir de Jacobsen, dicha abolición “marcó el tiempo pasado, final del trato de gobierno a los indígenas
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como miembros de un grupo corporativo”28. Como veremos, con las soluciones corporativas de 1856 y 1860 significaban una inclusión más reducida, al menos respecto del contexto entre 1847 y 1855 y de las primeras dos décadas de vida republicana. Sin embargo, la legislación les permitió mantener esa presencia en los sufragios hasta la última década del siglo XIX. Entre 1854, cuando la abolición de la contribución indígena- y 1896, se mantuvo una suerte de equilibrio corporativo, hasta que el contexto, como veremos, hiciera propicio afirmar un proyecto modernizador alternativo. En efecto, en registros cívicos de distritos andinos, encontrados en legajos de 186829, hallamos datos de población electoral en distritos indígenas que fluctuaba entre el 4 y 5.3% de la población total. Es decir, la solución corporativa había significado una restricción del sufragio indígena, respecto de la situación amparada por la legislación existente hasta 1855 (salvo entre 1844 y 1847). Aunque, también, esos porcentajes eran bastante mayores que las registradas en 1847 (menos del 1% en los poblados mencionados anteriormente), así como los niveles a los que volvería a reducirse el electorado rural andino, luego de la ley municipal de 1892 (y la reforma de 1896, para elecciones nacionales)30. Esta es la base jurídica de lo que denominamos “ciudadanía corporativa” que expresa las condiciones del país. En el siguiente cuadro, presentamos los cambios en los requisitos para acceder al derecho al sufragio, entre la ley electoral de 1834 y la Constitución de 1860 (con vigencia hasta 1896).
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La fórmula corporativa de la Constitución de 1860 permanecería hasta 1896, cuando se aprobó la reforma electoral. Su antecedente fue la ley municipal de 1892. En ella se estableció el sufragio directo para la elección de autoridades locales, restringido a los alfabetos. Nicolás de Piérola, una vez derrotó el régimen militarista de Andrés A. Cáceres (1895), promovió la reforma electoral. No vamos a extendernos en sus detalles, ni en el proceso político que lo hizo posible (que podría ser materia de otro ensayo). Baste señalar que, al dejar de lado la fórmula de la Constitución de 1860, para establecer como único requisito para sufragar el saber leer y escribir, la población electoral no sólo se redujo drásticamente, sino que desequilibró radicalmente la relación entre población y sufragantes: la costa y en especial las zonas urbanas pasaron a tener un peso mucho mayor, marginando bolsones enteros de población andina. Con la eliminación del sufragio a los analfabetos, primero en 1892 para elecciones municipales y luego en 1896, para las nacionales, el universo electoral se restringió considerablemente. Cuadro n° 2 Población estimada, población electoral y sufragantes en el Perú, 1899
Población electoral
Sufragantes
Población total (estimación)
Absoluta
%
Absoluta
%
3´383, 000
108,597
3.2
58285
1.7
Elaboración propia. Fuentes: INEI, 2000; Aguilar, 2002.
En la Biblioteca Nacional del Perú se conservan algunos registros cívicos de 1892 y 1893. Estos nos dan una idea de a cuán bajos porcentajes se habría reducido la población electoral en algunos pueblos indígenas. Tal fueron los casos de distritos de la provincia de Cangallo, en Ayacucho31. Dos de sus registros cívicos encontrados presentan información de población total; en el resto (3), estimamos esta cifra a partir de los cálculos hechos por Melitón Carvajal en 189932. Salvo en un caso (Chuschi), los porcentajes de electores fluctúa entre el 1.2 y e 2.2%. Cuadro n° 3 Población total y población electoral de los distritos de Colca, Paras, Vischongo, Totos y Chuschi, provincia de Cangallo, Ayacucho, 1893 Electores
Distrito
Provincia
Departamento
Población registrada* o estimada**
Total
%
Colca
Cangallo
Ayacucho
2867**
62
2.2
Paras
Cangallo
Ayacucho
1435*
24
1.6
Vischongo
Cangallo
Ayacucho
2000**
24
1.2
Totos
Cangallo
Ayacucho
1646*
33
2
Chuschi
Cangallo
Ayacucho
3187**
12
0.3
Elaboración propia. Fuente: BNP, 1893, manuscritos; Carvajal, 1899.
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Así, se daba fin a las soluciones corporativas para el derecho al sufragio, para dar paso a un solo requisito, aplicado a todos los ciudadanos. Es decir, de carácter universal. Paradójicamente, esa solución moderna y de igualdad ante la ley, restringió considerablemente el sufragio en el Perú33.
La “ciudadanía corporativa” peruana en una mirada comparativa34 Pocos países de América Latina llegaron a la segunda mitad del siglo XIX sin una reglamentación de derecho al sufragio con condiciones generales, aplicables a todos por igual. Por un lado, países como Colombia, México o Venezuela, ya reconocían desde entonces el derecho al sufragio universal masculino, y, por otro, países como Chile y Uruguay, exigían un solo requisito para todos (el saber leer y escribir). Sólo el Perú y pocos países se mantuvieron con soluciones múltiples alternativas para acceder al derecho al sufragio. Probablemente, el caso más parecido al peruano sea el de El Salvador. La Constitución de 1841 fue la primera en
redactarse después de la separación de la Federación Centroamericana. En ella se establecían 3 requisitos alternativos para ser ciudadano: ser padre de familia; o que sepan leer y escribir; o que tengan una propiedad “que designa la ley”35. En realidad, ya el primer requisito lo hacía bastante inclusivo36. En 1871, por lo demás, se eliminó la condición de propiedad por la de “tener un modo de vida independiente”37, con lo cual la inclusión de ampliaba. En la Constitución de 1880 se reemplazaba el requisito de ser “cabeza de familia”, por la condición alternativa de “estar alistado en las milicias o el ejército”38. En 1883, finalmente, se amplió el sufragio a todos los varones adultos. Las fórmulas sobre ciudadanía, vigentes en El Salvador hasta esa fecha, no aludían, como en la legislación peruana de 1834, a grupos sociales u ocupacionales determinados. Y, ciertamente, fueron más inclusivos que los requisitos de sufragio establecidos en las Constituciones peruanas de 1856 y 1860. En realidad, el requisito de tener modo de vida independiente, más que constituir una salida corporativa, era un modo bastante inclusivo de la época, común por lo demás en las Constituciones de otros países de la región. El caso de Honduras es parecido. La Constitución de 1848 estableció tres condiciones alternativas: tener propiedad que designa la ley; saber leer y escribir o ser licenciado de cualquiera de las facultades mayores39. Esta fórmula constituyó lo más cercano al modelo corporativo peruano. Ahora bien en las Constituciones de 1865 y 1873, nuevamente se establecen 3 alternativas, pero una de ellas suficientemente inclusiva: el tener oficio o propiedad que les asegure subsistencia. Los otros dos requisitos eran el tener “grado literario” o ser casado40. La combinación de estos 3 requisitos, si bien mantenía la idea de opciones alternativas, parecía (al menos formalmente) ser más abierto que el peruano, menos focalizado socialmente. Finalmente, la Constitución de 1894 establecería el sufragio universal masculino41. En los Andes, la república del Ecuador fue uno los países con mayor número de Constituciones. Sin embargo, desde 183042, invariablemente, el saber leer y escribir fue una condición necesaria para ejercer derechos ciudadanos. Ello dejaba fuera a la gran mayoría de indígenas, incluso a mestizos. Además, se debía demostrar tener algún trabajo como independiente o propietario. En 1861 se eliminaron los requisitos alternativos relativo al ingreso
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o trabajo independiente, manteniéndose la de mostrar condición de letrado en las siguientes Constituciones ecuatorianas del siglo XIX (186943, 1878, 1884 y 1897). No hubo, en ninguna de ellas, excepciones a los indígenas analfabetos u otro grupo social, a fin de que pudieran acceder al derecho al sufragio. En Bolivia, las Constituciones de la primera mitad del siglo XIX tuvieron un carácter bastante inclusivo para la época. Como en Perú, el tributo indígena era fundamental para el sostenimiento del Estado. En efecto, hasta 1866, el tributo indígena significaba cerca del 40% de los ingresos en ese país (Bonilla, 2005: 1054). Inicialmente, las Constituciones de 1831 y 1834 sólo exigían el tener un modo de subsistencia y no ser dependientes, de modo similar a la Constitución peruana de 1823. En 1839, luego de disuelta la Confederación Perú-boliviana y la caída de Santa Cruz, se inició un período liberal que dio lugar a la ampliación de sufragio (sancionado en las Constituciones de 1839, 1843 y 1851). Pero en la Constitución de 1861 y por el resto del siglo XIX y parte del XX, se estableció como requisito indispensable el ser letrado, además de una barrera económica, para poder sufragar. Una suerte de “doble llave”, para acceder a la ciudadanía44. El carácter obligatorio de saber leer y escribir, establecido en esa década de 1860, coincide con la intensificación del conflicto por la tierra entre haciendas y comunidades. Además, particularmente durante el gobierno de Mariano Melgarejo (1864-1870), el cerco estatal a las estas últimas, obligándolas a comprar sus tierras con pago al erario público45. En ninguna de sus constituciones se planteó el modelo de requisitos alternativos que existió en Perú. En Chile, desde la Constitución de 1833, había un requisito general obligatorio, el ser letrado. Además, se debía demostrar un nivel de ingreso definido por ley, sea a través de propiedad, la inversión de capital, o del ejercicio de una profesión46. Así como en Bolivia, ambos tipos de requisitos constituían una “doble llave”, con lo cual la oligarquía chilena podía controlar un sistema electoral con barreras relativamente altas para la participación popular, sobretodo la rural. En ambos casos, las fórmulas alternativas, en cierta manera corporativas, se superponen o añaden a una condición general que restringe (más significativamente en Bolivia que en Chile): el saber leer y escribir. Además, en ambos, los requisitos alternativos, adicionados al capacitario, se refieren a diferentes formas de demostrar lo mismo, el nivel de ingreso. En Chile, la reforma de 1874 ampliaría significativamente el nivel de inclusión, dejando como condición única el saber leer y escribir. En el otro extremo, Colombia había aprobado en 1853 el voto directo y universal masculino47. La fuerte competencia “interlitaria”, dentro del país había promovido el avance en la extensión de la ciudadanía. Venezuela, que tuvo una fuerte presencia popular en la “guerra a muerte” de su independencia, desde 1857 sancionó el sufragio universal masculino. Si bien lo hacía de modo temporal (el saber leer y escribir se exigiría en 1880), desde 1858 en las siguientes Constituciones se eliminó cualquier consideración adicional a la edad y al sexo. En Costa Rica, la Constitución de 1871 amplió el derecho al sufragio, estableciendo en la práctica el voto (casi) universal masculino, para el primer grado de las elecciones (indirectas). Si bien fue suspendida en 1876, se la restableció en 188248.
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Uruguay, por su parte, sólo tuvo una Constitución: la de 1830. En esta, para tener derecho a voto, además de tener un medio de subsistencia se sumaba otro requisito, más determinante por entonces, el ser letrado. Esta era la manera en que los Colorados, que dominaban Montevideo y afines a posturas más liberales (pero unitarios), pudieran controlar el poder. En Argentina, la Constitución de 1853 volvió a ampliar el universo ciudadano, otorgando el voto universal masculino indirecto para la elección del presidente. En México, la capital de la antigua Nueva España, el conflicto entre liberales y conservadores por romper el carácter corporativo de su sociedad avivó desde el inicio la escena política49. Los liberales no sólo impulsaron medidas para romper los privilegios de la Iglesia, sino también de los pueblos o comunidades indígenas. El Acta Constitutiva de 1847 y posteriormente la Constitución de 1857 establecerían, en la práctica, el voto casi universal (masculino), poniendo como única condición el tener algún empleo “honesto”50. Es importante señalar que en México la elección se realizaba por vía indirecta de 3 niveles (no sólo de 2 como en la mayoría de los casos, con voto indirecto). Por lo demás, el sufragio se definía como un derecho y no un deber, es decir, tenía un carácter voluntario. Ello permitió un mayor margen de maniobra sobre el electorado, especialmente el rural. En el Perú, como hemos señalado, casi todo el siglo XIX republicano estuvo marcado por las combinaciones de requisitos alternativos: 5 en la ley de 1834, 4 en las Constituciones de 1856 y 1860 (vigentes hasta 1896). Estos fueron expresión del difícil tránsito del orden colonial a las nuevas reglas de juego. Si bien, una situación común en las nuevas repúblicas, con diferente resolución en los países latinoamericanos.
Persistencia y fin de la “ciudadanía corporativa”: Elementos para una propuesta de interpretación Si la independencia se hubiera efectuado cuarenta años, [para] un hombre nacido o radicado en el territorio [mexicano] (…) entrar en materia con él sobre los intereses nacionales habría sido hablarle en hebreo; él no conocía ni podía conocer otros que los del cuerpo o cuerpos a que pertenecía, y habría sacrificado por sostenerlos los del resto de la sociedad (…) Si entonces se hubiera reunido un Congreso, ¿quién duda que los diputados habrían sido nombrados por los cuerpos y no por las juntas electorales (…)? Esto es lo que sostenía el mexicano José María Luis Mora hacia 183751, sobre sus compatriotas mexicanos a fines de la colonia. Cambiar esa manera de entender la sociedad (incluso a uno mismo, como sujeto social) fue un proceso cultural de largo plazo. Además, materia de contradicciones, traslapes, avances desiguales, etc. De alguna manera, es lo que desde el siglo XIX se denominaría la “herencia colonial”. Término que solía contener esa carga negativa, de lastre. No vamos a detenernos en sus significados y connotaciones, sólo nos interesa recordar que esa percepción colectiva de arrastrar una “herencia” desde la colonia, difícil de superar, anclada en la cultura, en la mentalidad y en los sustratos sociales, fue un denominador más o
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menos común en los países de América Latina52. Sin embargo, insistimos, cada país o subregión experimentó sus propias particularidades. En el caso del Perú, como pretendemos dejar sentado en este ensayo, la fuerza de la institucionalidad corporativa colonial se expresó también en la esfera política. No sólo en la práctica (cosa previsible), sino en la legislación electoral y en las mismas Constituciones. Materialización de ello fue la ciudadanía corporativa.
Queda preguntarnos, ¿por qué persistió a lo largo de casi todo el siglo XIX republicano?
1. La debilidad del Estado y la elite limeña Existen varios elementos que habrían contribuido a ello. En primer lugar, como se ha mencionado, están las condiciones del Estado y de la elite central a inicios de la república. El Estado entraba a la nueva era en franca bancarrota y pronto debió empezar a solicitar empréstitos, tanto de países vecinos y más lejanos (Inglaterra, sobretodo), como de los propios ciudadanos, además de iniciar expropiaciones. Pero, además, como fuente de ingreso regular, los impuestos directos se hicieron imprescindibles. En especial la “contribución de indígenas”, versión republicana del tributo de indios colonial. A esta necesidad de recaudar fondos para el Estado se sumó la de fortalecer una legitimidad social, a lo largo del territorio diverso. Así, el tributo estuvo a la base de la ciudadanía corporativa: no podía ser impuesta a todos (pues no todos, incluyendo muchos principales de las ciudades, pagaban impuestos), pero, a su vez, se consideraba esencial para garantizar la “contribución” indígena al sostenimiento del Estado. De este modo, se marcaba una diferencia o discriminación esencial para acceder al derecho de sufragio. Ciertamente, la incorporación de ese requisito obedecía también a la necesidad de fortalecer la legitimidad de la nueva república (hasta 1855, salvo mientras rigió la Constitución de 1828, y luego de 1860, a excepción de la breve vigencia de la Constitución de 1867). Como varios autores han señalado53, entre los años 1821 y 1824 el Perú no pudo sellar su independencia, haciendo evidente, ya sin la “sombra represora” de Abascal, la “vacilación” de la elite limeña54. Esta elite, ciertamente, había sufrido los efectos del libre comercio y el desmembramiento del virreinato del Perú, a fines del siglo XVIII. La independencia habría empeorado su situación, ya deprimida por esos eventos55. La minería, por lo demás, había dejado de tener los niveles de producción de otras épocas. Perseguidos, expropiados, con ese “desarraigo” frente al resto del país que señala Jorge Basadre56, la elite limeña no se repondría sino hasta el boom guanero de mediados del siglo XIX. No hubo, pues, un liderazgo social, ni detrás de las “batallas jurídicas” por definir la institucionalidad, ni en los campos de batalla. Los pensadores liberales de inicios de la república, en buena medida provenientes del clero y de profesiones como el derecho, tuvieron la suficiente capacidad de maniobra en la década del 1820 para sentar las bases constitucionales de la nueva república (Constituciones de 1823 y 1828). En tanto, los militares se ensartaban en guerras internas que sumergírían al país en la anarquía durante las próximas décadas. Precisamente, ese “empate” de fuerzas a nivel territorial y la indefinición de una elite dirigente, propiciaron la solución corporativa. Una de “equilibrio” plural.
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Cristóbal Aljovín propone, en este sentido, que hacia la mitad del siglo XIX hubo un punto de quiebre en la política peruana y su institucionalidad. Coincide en señalar que, hasta entonces, la precariedad estatal, el fraccionamiento del poder, anclado en caudillismos locales y regionales, y la escasa institucionalidad (ausencia de organizaciones partidarias), serían la característica de la política peruana57. De igual manera, Gabriela Chiaramonti58 pone énfasis en el peso del ámbito local, de los “cuerpos territoriales”, hasta 1860. Creemos que, precisamente, ese fue el contexto que daría sentido a la ciudadanía corporativa.
2. La ciudadanía indígena Un segundo factor, relacionado con los anteriores, es el peso de la población indígena y su organización comunal. Aquella constituía, a inicios de la república, el 61.6% de la población nacional59. La mayoría, analfabeta, habitaba las provincias de los Andes en comunidades indígenas. Considerar o no a los a los indígenas –durante la colonia, pobladores separados de blancos y criollos, autogobernados en sus repúblicas- con la misma calidad de ciudadanos, había producido un arduo debate entre los constituyentes gaditanos. Los representantes americanos, en especial aquellos procedentes de zonas con alta población indígena, como América Central y Perú60, fueron defensores de la causa indígena, pues así buscaban alcanzar mayor peso en la representación61. Así, a fines de la colonia, se establecía un nuevo orden político que integraba, en un solo universo ciudadano, a indígenas con el resto de la población (menos los afrodescendientes). Aquellos, en poblaciones como el Perú, constituían una amplia mayoría. El sistema indirecto de cuatro grados fue el “filtro” establecido en la Constitución de Cádiz, a través del cual se reducía la “amenaza” de esas mayorías incorporadas al sufragio. Alcanzada la independencia, los legisladores pronto se inclinaron por el voto indirecto (elección también sancionada en la Constitución de Cádiz). En efecto, si bien durante el Protectorado de San Martín se intentó establecer el voto directo (1821)62, al poco tiempo los primeros constituyentes optaron por el sufragio indirecto (1823) y, salvo excepciones breves en el tiempo, ello predominó durante casi todo el siglo XIX. La ciudadanía indígena se sustentaba, por un lado, por la tradición gaditana (además de las costumbres comunitarias de elección pública), pero también por la exigencia de la nueva república de legitimar su autoridad a lo largo del país, por lo menos a los ojos de los liberales. Y, razón no menos importante, los indígenas, generaban los mayores ingresos a las arcas del Estado. Pero, además, el voto indígena también era defendido por los caudillos de la sierra63, que buscaban conservar el peso electoral de sus regiones, frente a la costa. Esta población, por lo demás, convivía y resolvía sus problemas públicos de manera “corporativa”, en sus comunidades. Estas constituían unidades fundamentales de la vida social, económica y política en los Andes.
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Así, pudieron construir un sistema con filtro, primero más liberal e inclusivo (años 20), y luego más bien corporativo64 (con intermitencias, a partir de 1834), que permitiese la inclusión de sectores populares, entre ellos los indígenas (de mayoría analfabeta).
3. El pensamiento ecléctico y organicista Un tercer elemento para entender la persistencia corporativa es su expresión en el ámbito intelectual. Es difícil ubicar a la mayoría de pensadores latinoamericanos de fines del período colonial e inicios de la república en una escuela de pensamiento determinada. Si algo predominó entre las elites letradas fue el eclecticismo y el recelo frente a posturas radicales que pretendieran una ruptura violenta con el viejo orden65. Ello fue particularmente cierto en el Perú, donde el iusnaturalismo continuó ejerciendo importante influencia en las primeras décadas del XIX.
No sólo los conservadores se inclinaban por rescatar y mantener aspectos del orden
tradicional. Desde una perspectiva distinta, los liberales peruanos pronto debieron adecuar sus ideales frente a esa realidad fuertemente estructurado en cuerpos sociales y no sólo de los grupos privilegiados, como la Iglesia o el ejército, sino también de indígenas, organizados en su mayoría en comunidades, y los artesanos, constituidos en gremios. Incluso a mediados del siglo XIX, cuando en países como México los liberales propusieron medidas para “descorporativizar” el país –incluyendo medidas contra la propiedad comunal de los indígenas-, en Perú las reformas fueron más bien tibias. Es más, los constituyentes liberales de 1856 y 1860 –considerados los más radicales en materia política- no fueron ajenos a una visión organicista (no individualista) de la sociedad. Por el contrario, influenciados por el liberalismo orgánico alemán, concretamente por las ideas del “krausismo”, trataron de conciliar la heterogeneidad de la sociedad peruana con una visión liberal menos individualista y de trato uniforme. Fue el propio sacerdote conservador Bartolomé Herrera quien introdujo en el Convictorio de San Carlos el liberalismo orgánico de Karl Krause y de su discípulo Heinrich Ahrens. Estos autores cuestionaban el individualismo del liberalismo anglosajón, así como el contrato social (“abstracto”) de Rousseau, lo que resultaba propicio para las clases de Herrera. Pronto, Ahrens pasó a ser lectura obligada en el sistema de educación pública del país66, en particular su Derecho natural o filosofía del derecho. El propio líder liberal Pedro Gálvez reconoció que Ahrens constituyó una de sus referencias fundamentales67, por lo que en el Colegio Guadalupe “arregló el estudio del Derecho Natural según las teorías racionalistas de Ahrens”68. Y, poco tiempo más tarde, José Silva Santisteban, uno de los más entusiastas defensores del librecambio por ese entonces, publicaría su propia versión, corregida y aumentada, de dicho libro (1854)69. No lo hizo sólo por afán intelectual, sino en el contexto de los debates entre el conservador Colegio de San Carlos y el liberal Guadalupe. Ese libro de Ahrens, precisamente, fue el centro de las polémicas70, arrogándose ambas partes la más fiel interpretación del autor.
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¿Por qué la importancia de esa escuela de pensamiento entre los liberales peruanos? El organicismo alemán se basaba en una concepción igualitaria de la sociedad, en el ejercicio de las libertades y el “armonismo descentralista”71. La libertad individual y la sociabilidad, junto con la igualdad, constituían las tres cualidades de la persona humana72. El individuo, aunque libre, no puede concebirse sino en asociación, en relación con los otros. Así el derecho, para Ahrens, “designa una cualidad de relación entre muchas personas”73. En el plano electoral, Ahrens se inclinaba por el sufragio universal, pero en el que pudieran expresarse los diversos “órganos” de la vida social74. Asegurar la expresión de esos diversos grupos de la sociedad fue lo que los liberales de mediados del siglo XIX trataron de lograr. Las diferencias frente al corporativismo tradicional fueron señaladas por el propio Ahrens en su Curso de Derecho Natural: Distamos mucho de querer desconocer la necesidad de la destrucción, respecto á la mayor parte de las instituciones y corporaciones feudales. Basadas en el principio exclusivo del privilegio, ya no podían convenir á las justas exigencias de la igualdad civil y política. […] Mas a nuestro tiempo corresponde reparar las faltas del pasado […] y convencerse de que el cuerpo social no puede existir sin el espíritu corporativo, y sin los órganos que son emanación natural de él75. Ahrens reivindicaba como necesario el “espíritu corporativo”. Y ello lo acercaba con el corporativismo tradicional76. Los conservadores y liberales que debatieron las Constituciones de 1856 y 1860 partieron de una concepción de la sociedad no necesariamente opuesta en todos los sentidos. Las negociaciones en torno a cómo definir el derecho al sufragio expresarían esa concepción orgánica de la sociedad.
4. Modernidad y ruptura corporativa Como señalan Aljovín77 y Chiaramonti78, a mediados del siglo XIX, con el boom guanero y la reconstrucción de la institucionalidad estatal, se empezaron a crear y, eventualmente, fortalecer, mecanismos de control político a cada vez más amplias zonas del país. En las décadas siguientes, el Estado lograría una mayor ingerencia en el ámbito local, a través de los prefectos, subprefectos y gobernadores, autoridades elegidas directamente por el Presidente de la república. El efecto de dicha institucionalización fue el debilitamiento o condicionamiento del poder de los notables en sus parroquias y provincias, los que debían buscar alianzas en el escenario de la capital (de preferencia, el partido del presidente). Además, un mayor control que incluía ingerencia más “efectiva” sobre los procesos electorales79. Además, otro resultado del auge guanero fue la recomposición de la elite costeña y, particularmente la limeña. El Partido Civil fundado en 1872 por Manuel Pardo, fue el primer intento de construir un proyecto nacional liderado por la oligarquía limeña, en primer término, pero también costeña (agroexportadora), y anclada localmente a través de redes80. Así, se iría construyendo un pensamiento hegemónico desde la capital, sustentado en un nuevo liberalismo,
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más bien pragmático. Paulatinamente, sobretodo después de la breve experiencia liberal en torno a la Constitución de 1867 (de breve vigencia), el pensamiento liberal peruano pareció estancarse, al menos en sus aspectos de reivindicación política igualitaria. Como en otros países del continente, se tornó positivista, más librecambista que político. Pero el proyecto de la elite civilista se truncó con la Guerra del Pacífico. Acabado el conflicto, la derrota sufrida puso a flor de piel el problema de la nacionalidad. De cómo en todos esos años de vida republicana no se había consolidado una nación, sino que permanecía fragmentada, sujeta a los caudillismos locales. Situación que habría hecho muy complicado defender los intereses nacionales bajo un solo mando y, por tanto, puso al país en condición de desventaja frente a Chile, que para entonces había alcanzado una mayor maduración de su integración y consolidación como Estado nacional. Así lo expresaría González Prada: (…) En el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce (…); no una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos en nombre de un caudillo, éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal81. Sin embargo, mientras González Prada señalaba como responsable del atraso a la persistencia de corporaciones tradicionales, en general la “herencia colonial”, así como a la situación de opresión de los indígenas, la mayoría de intelectuales de la escena oficial, sin dejar de criticar las “costumbres españolas”, apuntaban sobretodo a las “razas inferiores”. Según Augusto Salazar Bondy82, el positivismo predominante en el continente adquirió en el Perú un sesgo evolucionista que devendría en algunas de las interpretaciones más racistas de la América Latina decimonónica (quizás sólo superado por pensamientos radicales como el de Nicomedes Antelo en Bolivia). Este positivismo permitió el desarrollo de un discurso de “orden” y “unidad nacional”, y de legitimación de la exclusión de esas mayorías. Esto se justificaba como necesario, para poder aprobar el sufragio directo y “dejar sin piso” a los poderes locales que dividían al país. Por lo demás, la naturaleza de indígenas y afroperuanos, base de los ejércitos, fueron señalados, en el discurso positivista dominante, como causante de la terrible derrota. Este discurso pasó por alto su presencia en la resistencia de la sierra y en las propias montoneras comandadas por Andrés A. Cáceres83. Después de la Guerra del Pacífico, a partir de los conflictos por la tierra generados en los Andes, quedaba claro otro cambio: los intereses contrapuestos entre los hacendados de la sierra, decididos a una franca expansión territorial, y las comunidades indígenas. Estos ya no resultaban la masa de votantes que, necesariamente, acomodaban a los caudillos de la sierra. Así, los políticos andinos, que otrora apoyaron el sufragio de los analfabetos, luego de la guerra no parecieron todos tan convencidos de seguir haciéndolo.
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Pero la reforma tomaría tiempo en madurar. Si de manera inmediata a la derrota, la elite limeña y costeña se vio debilitada, frente a una sierra que reclamaba haberse mantenido en heroica resistencia, poco a poco aquella se fue recomponiendo, principalmente en torno al civilismo y a través de la alianza con el héroe de dicha resistencia, Cáceres, elegido presidente del país en 1886. El otrora Brujo de los Andes estuvo lejos estuvo de liderar una clase terrateniente y minera de la sierra. Esta se encontraba ya en franca situación de retraso económico frente a la costa. Si bien el círculo más íntimo de colaboradores de Cáceres estuvo compuesto por militares que lo acompañaron durante la guerra, este fue cediendo puestos claves (por ejemplo, el de ministro de Hacienda) a miembros destacados del civilismo y la élite agroexportadora y financiera. Sin embargo, pronto se desató la tensión entre los socios políticos, cuando Cáceres dio muestras de no estar dispuesto a ceder la presidencia a sus aliados “civiles”, y nombró a otro militar para sucederle, Remigio Morales Bermúdez (1890); y luego, a la muerte de este en pleno gobierno (1894), al permitir que se saltara la sucesión del primer vicepresidente, para que termine el mandato otro militar allegado suyo. Y, finalmente, cuando, de vuelta en el país, Cáceres decidió volver a postular a la presidencia (1895). Previamente, Cáceres había impulsado la descentralización fiscal y, asimismo, había decidido potenciar el poder local, promoviendo una nueva Ley de municipalidades, que permitiría concretar un anhelo largamente postergado: que los ciudadanos pudieran elegir a sus autoridades locales. Estas elecciones serían, a diferencia de las nacionales, de manera directa. Para ello, se terminó aprobando como requisito general, el ser alfabeto (1892). De esta manera, para el ámbito municipal, las mayorías populares, especialmente rurales, quedarían excluidas. Por esos años, el Congreso, controlado por la oposición desde 1892 (especialmente el Senado), trató de aprobar una ley similar para las elecciones nacionales. Reduciendo sustancialmente el peso de la población andina (de mayoría indígena y analfabeta), esperaban ganar a Cáceres en las urnas. Esta ley se llegó a aprobar en 1892, quedando pendiente su ratificación. En 1895, derrotado Cáceres, Nicolás de Piérola, junto con sus aliados civilistas, lograron hacer aprobar la reforma que excluía definitivamente a los analfabetos del derecho al sufragio. El resultado fue la drástica reducción del electorado. Como señalamos en la sección 2, la población peruana con derecho a voto a nivel nacional habría descendido hasta representar apenas el 3.2% de la población total. Pero no se trataba sólo de un descenso notable en el porcentaje de la ciudadanía. Esa restricción a los analfabetos superponía marginación geográfica (la sierra se vería mucho más afectada que la costa, y las zonas rurales más que las urbes); y étnica (la mayoría indígena quedaría prácticamente excluida, salvo una ínfima minoría). Además, la reforma electoral también contemplaba la centralización del órgano electoral. Con ello, el partido Civil logró hacerse más fácilmente del control y manipular los resultados durante la República Aristocrática (1896-1919), salvo la elección de 191284.
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Atrás quedaba el liberalismo que perseguía ampliar la ciudadanía y el equilibrio corporativo. Con el despegue de la elite limeña y norteña y luego la guerra, las distancias sociales y económicas se hicieron más profundas, entre la costa y la sierra, por un lado, y entre notables y pueblo. Y, muy particularmente, las comunidades indígenas, ancladas en las zonas rurales andinas. De este modo, si en 1822, con buena parte del territorio todavía ocupado por las fuerzas realistas, tuvo que hacerse una elección de representantes de departamentos de la sierra en la capital, para conformar la primera Asamblea Constituyente, a partir de 1896 se legitimaba un sistema que, en la práctica, privilegiaba las voluntades de la población de la costa, sobre todo la capital y grandes ciudades, en nombre de todo el país.
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Notas * El presente trabajo es producto de mi tesis doctoral “La república corporativa. Ciudadanos, Constituciones y política en el Perú republicano, 1821-1896”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2011. 1 En adelante empleamos los dos términos alternativamente, como sinónimos. 2 Es decir, la mayoría de indígenas, que vivía en pueblos o comunidades. 3 La Constitución de Huancayo, en su artículo 8°, inciso 2, establecía como uno de los requisitos para sufragar “saber leer y escribir, excepto los indígenas y mestizos, hasta el año de 1844, en las poblaciones donde no hubiere escuelas de instrucción primaria”. Archivo Digital de la Legislación en el Perú. Congreso de la República del Perú (ADLPCRP). 4 Clientelismo y caudillismo fueron características del juego político durante todo el siglo XIX. Sin embargo, los efectos anárquicos fueron especialmente graves –dada la situación del Estado y la sociedad peruana- durante las primeras décadas posteriores a la independencia. 5 A decir de José Chiaramonte, a partir de la década de 1830, se empiezan a configurar en el continente los proyectos de organización estatal y construcción de la nacionalidad, lo cual, por lo demás, tenía un componente centralista, en detrimento de las provincias y de los “impulsos” centrífugos. José Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de la independencia. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 85. 6 ADLPCRP. Ley orgánica de elecciones, 29 de agosto de 1834. 7 El pago de la “contribución de indígenas” diferenciada 3 categorías: 1. Indios originarios, que debían pagar 5 y 9 pesos al años; 2. indio sin tierra, con una contribución fijada en 2.5 y 5 pesos anuales; y 3. los indios forasteros. Heraclio Bonilla, “Bolívar y las guerrillas indígenas en el Perú”, en Heraclio Bonilla, Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, Lima, IEP, Colección Mínima, 2001, p. 177. La propiedad o posesión de la tierra estaba, pues, directamente asociada al pago de dicho tributo. 8 Estos eran cobrados por los maestros de los gremios a cada artesano, en función de sus ingresos. Así, habían cuatro categorías de ingresos y, por tanto, de contribución fiscal. Cfr. Iñigo García-Bryce, República con ciudadanos: los artesanos de Lima, 1821-1879. Lima, IEP, 2008, p.83-86.
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Pierre Rosanvallon. Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Éditions Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 1992, p. 53. 10 Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Censo político y registro cívico del distrito de Chavín.1847. 11 BNP, Censo político de la parroquia de Arma y pueblos de su comprehension. 1847. 12 Es decir, períodos en los que tuvieron vigencia las Constituciones liberales de 1823 y 1828 y, entre estas, la Vitalicia de Bolívar. 13 Gabriela Chiaramonti, Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía. Lima, UNMSM, SEPS y ONPE, 2005, p. 326. 14 Bartolomé Herrera. “Discurso pronunciado por el diputado doctor don Bartolomé Herrera, en la sesión del Congreso celebrada el 6 de noviembre de 1849” en Domingo De Vivero, Oradores parlamentarios del Perú, Lima, Librería Francesa Científica Galland E. Rosay, 1900 [1849], p. 50. 15 Ibíd., p. 49. 16 BNP, Censo político del distrito de Santiago de los Chocorvos, 1847. 17 BNP, Censo político del distrito de Salcabamba, reformado y copiado de su original. Salcabamba, diciembre 20 de 1848. 18 El propio José Gálvez, gran defensor de la ley de 1855 escribiría respecto de los representantes del pueblo elegidos entonces: “[No] sostendremos que [los] miembros [de la Convención] hayan tenido todas las dotes necesarias para merecer el alto puesto que ocupaban; creemos, por el contrario que la mayoría era de hombres nuevos, nacidos del pueblo, sin la instrucción de las celebridades políticas y literarias que hemos tenido en otros Congresos; pero sí sostendremos que la mayoría era de hombres honrados y patriotas (…): hijos del pueblo (…) no sabían más que representar los derechos y las necesidades del pueblo, sin contemporizar con el poder ni con las clases privilegiadas”. José Gálvez, La Convención nacional y la Constitución de 1856, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. 1999 [1858], p. 642. Sobre el miedo a las masas y su incorporación a la vida política durante el siglo XIX, cfr. José Ragas, “Las urnas temibles. Elecciones, miedo y control en el Perú republicano, 1810-1931”, Claudia Rosas ed El miedo en el Perú. Siglo XVI al XX. Lima, PUCP, SIDEA, 2005. 19 ADLPCRP, Constitución de la República peruana dada el 13 de octubre de 1856 y promulgada el 19 del mismo mes. 20 ADLPCRP, Constitución política del Perú, 10 de noviembre de 1860. 21 Por entonces, todos los que cumplían las condiciones de ciudadanía podían sufragar. Sólo en 1834 se distinguió entre ser ciudadano y derecho a sufragio. 22 De alguna manera, en el modo de formular las condiciones de ciudadanía, se establecía las bases de la ciudadanía corporativa: “Artículo 17.- Para ser ciudadano es necesario: 1.- Ser peruano. 2.- Ser casado, o mayor de veinticinco años. 3.- Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840. 4.- Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero”. Sin embargo, el cuarto inciso es tan incluyente que sólo parece dejar fuera a los dependientes y jornaleros. ADLPCRP, Constitución política de la República peruana sancionada por el primer Congreso Constituyente el 12 de Noviembre de 1823. 23 Congreso de la República del Perú, Convención Nacional 1855-1856. Actas oficiales y extractos de las sesionas en que fue discutida la Constitución de 1860, Lima, Empresa Tipográfica Unión, 1911, p. 11. 24 Congreso de la República del Perú, Diario de debates del Congreso peruano en 1860, que ha reformado la Constitución dada por la Convención en 1856, Lima, Tipografía de El Comercio, 1860, p. 212. 25 Nils Jacobsen. “Liberalism and Indian Communities in Peru, 1821-1920”, en Robert Jackson (ed.), Liberals, the church and Indian Peasants. Corporate lands and the Challenge of Reform in Nineteenth-Century Spanish America, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1997, p. 140. [traducción propia]. 26 Ibíd., p. 140-141. [traducción propia] 27 Ibíd., p. 141. 28 Ídem [traducción propia]. 29 Cfr. AHGCRP, 1868, Legajo 4. Actas electorales de Lima. Registro cívico del Distrito de Canta; 1868, Legajo 4, Actas electorales de Ancash. Registro cívico del distrito de Yungay, departamento de Ancash provincia del Cercado y registro cívico del Pueblo de Yungay; 1868. Legajo X. Actas electorales de Cuzco. Libro de Registro Cívico de la Capital de Paucartambo. Marzo 8 año de 1868. 30 En otros documentos hay también información de algunos distritos electorales del resto del país. Así, por ejemplo, existe un registro cívico de la ciudad de Chiclayo (costa norte) que data de 1872. Según ese documento, existían 516 inscritos con derecho a sufragio. Estimada su población de ese año, a partir de la información del censo de 1876, calculamos que la población electoral en Chiclayo bordeaba por entonces el 7.7%. Esta cifra encaja de manera consistente con el rango encontrado en parroquias indígenas, de las que se esperaba tuvieran porcentajes algo inferiores. Estos porcentajes (hacia el 5%) no son niveles deleznables, considerando que las parroquias de indígenas debían ser las de menor nivel de sufragantes. 31 BNP, 1893. Duplicado del registro de electores municipales de los distritos de Vischongo, Totos, Chuschi, Canaria, Colca, Paras, Huancarailla y Cercado de Cangallo. Ayacucho, marzo 9 de 1893. 32 Melitón Carvajal, Sinopsis geográfica y estadística del Perú, 1895-1898, Lima, Oficina tipográfica de El Tiempo, 1899. 9
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La restricción del derecho a sufragio de los analfabetos se aplicó hasta 1979. Hacia 1963, los departamentos del trapecio andino no superaban el 10% de votantes. Así Abancay, el departamento con menor porcentaje de electores en su población total, apenas alcanzaba el 5.98%, y Huancavelica y Ayacucho, 7.44% y 7.87% respectivamente. Cfr. Alicia del Águila, “El otro desborde popular: el voto analfabeto, los nuevos ciudadanos y la ‘crisis’ del sistema de partidos peruano”, Elecciones N° 9, pp. 39-59. Dentro de esos departamentos, había distritos con porcentajes por debajo del 5%, como Cotabambas, que apenas registraba el 3.86% de personas con derecho a sufragar. 34 Las Constituciones mencionadas en esta sección fueron consultadas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras, a excepción de las costarricenses. Sobre Costa Rica, ciudadanía y Constituciones, cfr. Iván Molina Jiménez, “Elecciones y democracia en Costa Rica, 1885-1913”, European Review of Latin American and Caribbean Studies, N° 70, Abril, 2001, pp. 41-57. 35 BVMC, Constitución de 1841. Artículo 5: “Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de veintiún años que sean padres de familia, o cabezas de casa, o que sepan leer y escribir, o que tengan la propiedad que designa la ley”. 36 Sin embargo, dado que El Salvador mantenía hasta fines del siglo XIX niveles de ilegitimidad entre los más altos de América Latina, probablemente ese requisito no haya sido concebido como un simple enunciado inclusivo. En efecto, entre los datos de principales ciudades de América Latina (y del mundo), recogidos por Rómulo Eyzaguirre en 1908, sólo la ciudad de El Salvador superaba los niveles de ilegitimidad de Lima (53%), con un 68%. México tenía entonces una tasa de ilegitimidad del 27% y Buenos Aires apenas 14%. Rómulo Eyzaguirre, La mortalidad de los lactantes de Lima. Sus causas- sus remedios, Lima, tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Imprenta y Librería de San Pedro, 1908, p.15. 37 BVMC, El Salvador, Constitución de 1871, Artículo 9, inciso 2. 38 BVMC, El Salvador, Constitución de 1880, Título II, sección 2, Artículo 7. 39 BVMC, Honduras, Constitución de 1848. Artículo 7. 40 BVMC, Honduras, Constitución de 1865. Artículo 13. 41 BVMC, Honduras, Constitución de 1894. Artículo 20. 42 BVMC, Ecuador, Constitución de 1830, Título I, Artículo 12. “Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; 3. Saber leer y escribir”. 43 En esta Constitución se agregó la condición de ser católico, lo cual que se retiró en la siguiente Carta Magna. 44 BVMC, Bolivia, Constitución política de 1861, sección segunda, artículo 13: “Para ser ciudadano se requiere: 1. Haber nacido en Bolivia, o en el extranjero de padres bolivianos, o haber obtenido carta de naturaleza, a mérito de establecimiento en el país. La residencia de diez años importa haber adquirido la ciudadanía sin previa declaración. 2. Tener veintiún años de edad. 3. Saber leer y escribir, y tener una propiedad inmueble cualquiera, o una renta anual de doscientos pesos que no provenga de servicios prestados en calidad de doméstico”. 45 Heraclio Bonilla,“Estructura y articulación política de las comunidades indígenas de los Andes centrales com sus estados nacionales”, El futuro del pasado. Las coordenadas de la configuración de los Andes, Tomo II, Lima, Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2005, p. 1056. 46 BVMC, Chile, Constitución de 1833, Capítulo IV, Artículo 8. “Son ciudadanos activos con derecho a sufragio: Los chilenos que habiendo cumplido veinticinco años, si son solteros, y veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y escribir tengan alguno de los siguientes requisitos: 1. Una propiedad inmoble, o un capital invertido en alguna especie de giro o industria. El valor de la propiedad inmoble, o del capital, se fijará para cada provincia de diez en diez años por una ley especial; 2. El ejercicio de una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo, cuyos emolumentos o productos guarden proporción con la propiedad inmoble, o capital de que se habla en el número anterior”. 47 Aunque en 1886, a nivel nacional se puso como barrera el tener un medio de subsistencia, ello no significaba una reducción severa del derecho de sufragio. Además, el sufragio universal se mantuvo en algunas localidades, en las elecciones de sus jurisdicciones. Eduardo Posada Carbó, La nación soñada, Bogotá, Editorial Norma, 2006, p. 157. Lo que sí contribuía a reducir el voto popular (particularmente analfabeto rural) era el carácter voluntario del sufragio. 48 Iván Molina Jimenez, “Elecciones y democracia en Costa Rica, 1885-1913”, European Review of Latin American and Caribbean Studies N° 70, Abril, 2001. A decir de Molina Jimenez, “[…] el requisito de propiedad o del ingreso exigido era tan ambiguo que no operaba como un criterio de exclusión”, op. cit., p.43. 49 Cfr. dos ensayos del libro coordinado por Antonio Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. Uno, Andrés Lira, “El Estado liberal y las corporaciones en México (1821-859), y el otro, Antonio Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, en Antonio Annino y François-Xavier Guerra (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. 50 Casi el 20% de la población masculina adulta gozaba de ese derecho hacia 1851. Cfr. Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández. “La ciudadanía orgánica Mexicana, 1850-1910” en Hilda Sabato (coord.), Ciudadanía y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 376. 51 “Revista política de las diversas administraciones que la República mexicana ha tenido hasta 1837”, Leopoldo Zea, Pensamiento político latinoamericano, Caracas, Editorial Ayacucho, N º71, 1980, p. 3-25. 33
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Revisar el clásico textos de Richard Morse, La herencia de América Latina, Plural, julio 1975. Cfr., por ejemplo, Timothy Anna. La caída del gobierno español en el Perú: el dilema de la Independencia. Lima, IEP, 1979; John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona, Editorial Ariel, 2008 [1976]. 54 A decir de John Lynch, “los criollos no se habían comprometido con ninguna causa: buscando sólo conservar su posición, esperaban que ganara el más fuerte”, op. cit., 265. 55 Cfr. John Fisher, El Perú borbónico 1750-1824, Lima, IEP, 2000; Anna, op. cit., 1979, y testimonios como el de Alejandro Von Humboldt, “Recuerdos de una estadía en Lima, 1803”, Estuardo Núñez, El Perú visto por viajeros, Tomo I, Lima, Piesa, Biblioteca Peruana, 1973, pp. 47-61. Una versión más matizada de la situación de la nobleza limeña, Paul RizoPatrón, “La nobleza del Perú ante la independencia”, Juan Luis Orrego, et. al. (comp.), Las independencias desde la perspectiva de los actores sociales, Lima, OEI, UNMSM, PUCP, 2009, pp. 197-215. 56 Jorge Basadre, El azar en la historia y sus límites, Lima, ediciones P.L.V., 1973, p. 202. 57 “Sufragio y participación política: Perú 1808-1896”, Cristóbal Aljovín y Silesio López, Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, IEP, 2005. 58 Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía. Lima, UNMSM, SEPS, ONPE, 2005. 59 De acuerdo a las cifras del Censo de 1827. Cfr. Paul Gootenberg, Población y etnicidad en el Perú republicano (siglo XIX). Algunas revisiones. Lima, IEP, Documento de Trabajo N° 71, 1995, p. 25. 60 Marie Laure Rieu-Millán, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p. 144. 61 Según Antonio Annino, el considerar ciudadanos a los indígenas en 1812 fue posible gracias al “cambio doctrinario acerca del indio [alcanzado] en los años de Carlos III, cuando el jansenismo español socavó el esquema teológico de la escuela de Salamanca (siglo XVI)”. “Soberanías en lucha”, en Antonio Annino y François-Xavier Guerra (coords.), op. cit., p. 402. 62 Durante el Protectorado, se había emitido el Reglamento provisional de 1821, en el que se establecía el sufragio directo. No es aventurado plantear como hipótesis que se siguió el modelo electoral de Buenos Aires. En ese mismo año, se había decretado en aquella ciudad una Ley Electoral que sancionaba el voto directo y la ciudadanía a todo hombre libre mayor de 20 años y no dependiente de otro. Ver Marcela Ternavasio, “Nuevo régimen representativo y expansión de la Frontera política. Las elecciones en el Estado de Buenos Aires: 1820-1840”, Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica siglo XIX, México, FCE, 1995, p. 66. 63 José Chiaramonti, op. cit., p. 326. 64 La Constitución Vitalicia de Bolívar a las reglamentaciones de Santa Cruz fueron, en cambio, más decididamente restrictivas. También lo fue la Constitución de Huancayo de 1839. Sin embargo, la restricción a los indígenas analfabetos sólo se hizo efectiva 3 años (debía regir a partir de 1844), pues en 1847 se volvió a incorporar la excepción de la condición de letrado a los “indígenas y mestizos”. 65 François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, FCE, Editorial MAPFRE. 1997. 66 De acuerdo a una circular de 1845, se instruía para que en la enseñanza universitaria del derecho natural de los centros educativos se enseñara las doctrinas de Ahrens, Heinecio, Burlamaqui y Felice. Cfr. Jorge Basadre, Historia de la república del Perú, Lima, 1822-1933, Tomo IV, Lima, Editorial Universitaria, 1983, p. 304. 67 Según el periodista Enrique Alvarado, Pedro Gálvez habría tenido en la filosofía alemana de su época una fundamental fuente de inspiración teórica. Sobre la influencia de Ahrens, señala que “[…] en los ramos del Derecho ha producido Pedro Gálvez una verdadera revolución. El arregló el estudio del Derecho natural según las teorías racionalistas de Ahrens” (tomado de Basadre, op. cit., Tomo III, p. 249). 68 Enrique Alvarado, Corona fúnebre de Enrique Alvarado, tomado de Estuardo Núñez, La influencia alemana en el derecho peruano, Lima, Libería e imprenta Gil, 1937, p. 13. 69 Derecho natural o filosofía del derecho: compendio escrito conforme a las doctrinas de la escuela alemana profesada por Ahrens. Lima, Tip. de “El Heraldo”, 1854. 70 Cfr. Alex Loayza, “Cambios en el lenguaje político peruano a mediados del siglo XIX: Ahrens y el debate entre los Colegios San Carlos y Nuestra Señora de Guadalupe”, en Paul Pérez Chávez, et. al. (comps.). Sebastián Lorente y el primer Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Actas de conversatorio. Lima, Ediciones Sermat Alfaro, 2010. Sobre el debate entre el Convictorio de San Carlos y Guadalupe, donde estudiaban los hijos de la elite del país, Loayza señala: “El debate ideológico entre ambos colegiosse originó por las diferentes lecturas antagónicas sobre el rol del Estado y los derechos del individuo. El texto sobre el que originó estas interpretaciones fue el Curso de derecho natural o filosofía del derecho del alemán Heindrich Ahrens”, p. 40. 71 Elías Díaz, La filosofía del krausismo español, Madrid, Colección Universitaria, Editorial Dédalo, 1989, p. 206. 72 Heinrich Ahrens, Curso de Derecho Natural ó de Filosofía del Derecho, formado con arreglo al estado de esta ciencia en Alemania, Tomo I, Madrid, Boix Editor, 1841, p. 128. 73 Ibíd., p. 42. 52 53
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Como da cuenta Truyol y Serra, para Ahrens: “El sistema se [basa] en el sufragio universal, pero no ‘abstracto y confuso’, cuyo origen ve en Rousseau, sino ‘organizado, según los grandes órganos de la vida y de la cultura’ […]”. Antonio Truyol y Serra, Historia de la filosofía del Derecho y del Estado 3. Idealismo y positivismo, Madrid, Alianza Universidad Textos 171, 2004, p.41. 75 Heinrich Ahrens, op. cit., Tomo II, p. 172. 76 Los elementos comunes entre estos y el krausismo eran varios. Al respecto, Gonzalo Fernández de la Mora identificó los siguientes: a. el individuo no accede de manera voluntaria al cuerpo social; b. no existe el hombre aislado, sino ubicado en un grupo o grupos determinados; c. Existen cuerpos intermedios, entre la familia, unidad social básica, y el Estado; d. al Estado le corresponde las funciones que no puedan realizar los cuerpos intermedios; d. en los “órganos políticos” debían representarse los intereses de esos grupos (tomado de Fernán Altuve-Febres, “El pensamiento constitucional de Bartolomé Herrera”, en Fernán Altuve-Febres (comp.), Bartolomé Herrera y su tiempo, Lima, Editorial Quinto Reino, 2010, p. 180. 77 Cristóbal Aljovín, op. cit. 78 José Chiaramonti, op. cit. Las Cortes de Cádiz, recuerda Chiaramonti, reforzaron el rol políticos de los ámbitos municipales durante las primeras décadas de la república. Pone como fecha de quiebre 1860, cuando la promulgación de la Constitución de ese año. 79 Cristóbal Aljovín, op. cit. 80 Cfr. Carmen McEvoy, Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su visión del Perú, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.1994; Carmen McEvoy, La utopia republicana. Ideales y realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana (1871-1919), Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. 1997; Ulrich Mücke, Political Culture in Nineteenth-century Peru. The Rise of the Partido Civil. Pittsburg, University of Pittsburgh Press; y Ulrich Mücke, “Poder y política. El Partido Civil antes de la Guerra con Chile”, en Histórica, Lima, PUCP, Departamento de Humanidades, Vol. XXXII, N° 2, Diciembre, 2008. 81 Manuel González Prada, “El discurso del Politeama”, Ensayos escogidos, Lima, Patronato del libro peruano, 1953, p. 22. 82 Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. El proceso del pensamiento filosófico, Tomo 1, Lima, Francisco Moncloa editores, 1965. 83 Cfr. Florencia Mallon “Alianzas multiétnicas y problema nacional. Los campesinos y el Estado en Perú y en México en el siglo XIX”, en Los Andes en la encrucijada. Indios, comunidades y Estado en el siglo XIX, editado por Bonilla, Heraclio, 457-495. Quito, Ediciones Libri Mundi, FLACSO Ecuador, 1989; y Nelson Manrique, Yawar Mayu. Sociedades terratenientes serranas 1879-1910. Lima, DESCO, IFEA, 1988. 84 Nótese en cuadro Nº 4, la diferencia entre la población electoral y los sufragantes efectivos. 74
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“El asunto Mesutti”: anticomunismo y espionaje soviético en Uruguay* “The Mesutti Affair”: Anticommunism and Soviet Espionage in Uruguay “O assunto Mesutti”: anticomunismo e espionagem soviética no Uruguai
AUTOR
Roberto García Ferreira
pública trascendía lo habitual: cumplía sus funciones fuera de hora e inclusive llevaba
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
Desde 1954, Oscar Mesutti era uno de los funcionarios más competentes y
capacitados en el archivo de la cancillería uruguaya. Su compromiso con la función trabajo a su casa. Cuatro años después, su esposa, habitualmente maltratada por Oscar y al igual que él, consumidora de estupefacientes, puso en conocimiento del Juez que su marido entregaba documentos a la embajada soviética. Corría el año 1958 y el “asunto Mesutti” había estallado, transformándose en una “novela” de espionaje que ocupó por casi dos años la atención de la prensa conservadora nacional. Este artículo, sustentado
[email protected]
prioritariamente en documentación de la inteligencia policial uruguaya, permite consignar —y colocar en su real dimensión— las características de aquel inusitado sensacionalismo periodístico en torno al bullado caso Mestti. Palabras clave:
RECEPCIÓN 16 junio 2011
Caso Mesutti; Guerra Fría; Anticomunismo; Espionaje soviético; Inteligencia policial uruguaya.
APROBACIÓN 30 septiembre 2011
Since 1954, Oscar Mesutti was one of the most competent and qualified
employees in Uruguay’s Foreign Office archive. His commitment to public service went beyond the usual: he worked after office hours even taking work home. Four years after, his wife, who was routinely mistreated by Oscar and like him used narcotics, brought to a judge’s attention that her husband handed over documents to the Soviet embassy. It was in 1958 and the “Mesutti affair” had exploded, turning into a quasi “saga” of espionage that for almost two years captured the attention of the conservative national
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.04
press. This article, mainly supported by Uruguayan police intelligence documents, helps point out- and places on a real scale- the characteristics of the uncommon journalistic sensationalism surrounding the much talked-about Mesutti affair. Key words:
The Mesutti affair; Cold War; Anti-communism; Soviet espionage; Uruguayan police intelligence.
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“El asunto Mesutti”: anticomunismo y espionaje soviético en Uruguay Roberto García Ferreira
Desde 1954, Oscar Mesutti era um dos funcionários mais competentes e capacitados no arquivo
da chancelaria uruguaia. Seu compromisso com a função pública trascendia o habitual: cumpria com suas funções fora do horário e até levava trabalho para casa. Quatro anos depois, sua esposa, habitualmente maltratada por Oscar e igual a ele, consumidora de entorpecentes, informou o Juiz que o marido dela entregava documentos à embaixada soviética. Corria o ano 1958 e o “assunto Mesutti” tinha estourado, transformando-se praticamente numa “novela” de espionagem que ocupou, durante quase dois anos, a atenção da imprensa conservadora nacional. Este artigo, sustentado prioritariamente na documentação da inteligência policial uruguaia, permite consignar —e colocar na dimensão real às características daquele inusitado sensacionalismo jornalístico a respeito do muito falado caso Mesutti. Palavras-chave:
Caso Mesutti; Guerra Fria; Anticomunismo; Espionagem soviética; Inteligência policial uruguaia.
Introducción Desde 1954, Oscar Mesutti era uno de los funcionarios más competentes y capacitados en el archivo de la cancillería uruguaya. Su compromiso trascendía lo habitual: cumplía funciones fuera de hora e inclusive llevaba trabajo a su casa. Cuatro años después, su esposa, habitualmente maltratada por Oscar y al igual que él, consumidora de estupefacientes, denunció que su marido entregaba documentos a la embajada soviética. Corría el año 1958 y el “asunto Mesutti” había estallado, transformándose desde allí en una “novela” de espionaje que ocupó por casi dos años la atención de la prensa conservadora nacional. Para dar cuenta de aquellos hechos, este artículo se sustenta prioritariamente en documentación1 del Servicio de Inteligencia y Enlace (SIE)2 de la policía uruguaya, cuyos orígenes se remontan al inicio de la Guerra Fría.
Uruguay y la “ofensiva soviética” Cuando las primeras derivaciones del sonado caso de espionaje se publicitaron a través de la prensa, la situación del país –en lo político, social y económico– no era precisamente calma3. “La crisis que vive el país es una crisis económica y financiera” pero también “institucional y moral”: “políticamente, el país vive sujeto a un orden cuya quiebra real se ha producido hace ya mucho tiempo”, explicaba un lúcido editorial del independiente y prestigioso semanario Marcha4.
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Se trataba de un momento de quiebre, confirmado poco después con la victoria electoral del opositor Partido Nacional en las elecciones nacionales, un hecho que rompería la hegemonía histórica del Partido Colorado, cuyos dirigentes, cada vez más desprestigiados, buscaban soluciones a la grave situación económica. En ese marco, y examinando salidas alternativas para los tradicionales productos de exportación, el parlamento uruguayo se encaminaba a ratificar un Convenio Comercial y de Pagos con la Unión Soviética (URSS). Su trámite se encontraba pendiente desde 1956. Las acciones soviéticas dirigidas en esa dirección formaban parte de una nueva “ofensiva” en América Latina5. Como resultado, fueron varias las misiones rusas que llegaron a la región buscando fortalecer los intercambios comerciales. El año 1958 fue novedoso en ese sentido con el arribo de 15 delegados soviéticos a Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. La visita tenía un carácter simbólico indudable: los parlamentarios llegaban como representantes del Estado soviético y “no como comunistas”, atemperando los prejuicios ideológicos de las elites locales. En el primero de los países, cumplieron una amplia gama de actividades, siendo recibidos por el presidente Juscelino Kubitschek; el gobernador –y más tarde sucesor en la presidencia–, Janio Quadros; y el también más tarde presidente, Joao Goulart. Además, concretaron un Tratado Cultural6. Uruguay estaba incluido en la agenda de los emisarios soviéticos. Retribuían, de esa manera, la visita previa de una delegación de parlamentarios uruguayos que acudieron a Moscú en julio-agosto de 1956. Desde entonces, pero muy especialmente durante 1958, el incremento del comercio bilateral era notorio, según informaba el banco estatal uruguayo7. Era una razón de peso y el oficialismo bregó por la pronta aprobación del Convenio, inspirándose en el pragmático principio de “vender a quien nos compre”: “no podemos ser más realistas que el rey” y “vender a quien nos compra no es un simple ‘slogan’ […] sino una realidad que nos golpea todos los días”8. Tales consideraciones también respondían a la cordialidad expresada por los parlamentarios de la URSS en Montevideo. Como subrayaron los comunistas uruguayos, además de la reciprocidad y camaradería, el objetivo de la visita era profundizar las crecientes relaciones comerciales entre ambos países. En ese marco, sostenían que la aprobación del Tratado de Comercio y Navegación así como los Convenios Comercial y de Pagos “abrirían perspectivas más amplias para la colaboración económica”9. Las categóricas y favorables estadísticas, motivaron un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes: “juzgamos favorable para el país ampliar los horizontes […] comprando a quien nos compra, diversificando y multiplicando en lo posible los mercados adquirentes de nuestra producción, en general casi unilateral”. Por esa razón, los miembros de la Comisión parlamentaria opinaban ante sus pares que “la ratificación parlamentaria colocará al país en condiciones de incrementar sus exportaciones a la URSS –particularmente en materia de lanas y también de carnes- y de multiplicar sus importaciones de ese mercado”10. Con la inminencia del trámite parlamentario; la celebración del XVII Congreso del Partido Comunista del Uruguay (PCU)11 y la visita de los representantes soviéticos a Montevideo como telón de fondo, un “decepcionado” “fotógrafo” de El Popular irrumpió en la escena pública12.
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Dos hechos motivaron su desvinculación. Una tarea que un diplomático moscovita, al que había conocido en el Instituto Cultural Uruguayo Soviético (ICUS), le propuso; y, que “un compañero de trabajo en el diario comunista” le había pedido que realizara unas “reproducciones fotográficas de la Biblioteca Artigas-Washington13 que habían sido conseguidas con mucho secreto por una chica”. Cuando el ruso Sidorenkov “me propuso esa gestión”, “le contesté que […] no me prestaba a esa maniobra” porque “estoy convencido de que el partido comunista local no busca electores” sino “personas de confianza” en su lucha “contra los Estados Unidos”.
Un ex “funcionario” en el SIE El SIE citó al “arrepentido”. Quintans dijo haber conocido a Sidorenkov por su afición a la fotografía, “hace un mes aproximadamente”. En una ocasión, mientras tomaban café en un bar céntrico, el soviético le consultó si “podría conseguir de la Embajada Americana” algunos “informes”. La irrestricta defensa de la soberanía, manifestada por Quintans, hizo que el funcionario ruso no pudiera concretar lo que deseaba de él: “no lo hizo, ante la respuesta que le diera el dicente, de que bajo ningún principio como uruguayo, estaba dispuesto a cumplir semejante misión, pues respetaba a las representaciones diplomáticas extranjeras”14. El interrogatorio policial fue más lejos: si conocía adeptos de Eugenio Gómez15 en el Partido y sobre todo, si conservaba algún “archivo de las fotos que tomó”. En sus respuestas, Quintans fue especialmente explícito con dos cuestiones: las fotografías sacadas y quienes “trabajan en ‘El Popular’”. No sólo aportó sus nombres, apellidos y cargos de los funcionarios –titulares y suplentes–, sino datos de sus esposas. Informó también sobre las cuatro máquinas de linotipo con que contaban y proporcionó detalles relativos a las “reuniones” que celebraba el Dr. Hugo Sacchi para “adoctrinar a los integrantes de la Comisión de Finanzas del Partido”. Por último, lamentó no saber mucho más ya que en el ICUS se enseñaba la doctrina marxista pero “nunca se hablaba del Partido Comunista en el Uruguay”. Tales manifestaciones, bastante impropias para un ex militante comunista, pueden explicarse porque su actuación partidaria no había sido amplia: “aproximadamente unos dos meses”. Además, años atrás había trabajado para el SIE. Con tales elementos, no parece arriesgado suponer que se trataba de un infiltrado en filas partidarias, cuya aparición pública promovía una maniobra propagandística tendiente a opacar la presencia de los parlamentarios soviéticos y, fundamentalmente, trabar la aprobación legislativa de los convenios. Así lo indicaron los comunistas: el “despreciable sujeto” fue poco antes “descubierto en su real catadura de agente de ‘Inteligencia y Enlace’”, algo que “confesó llorosamente en el propio diario”16.
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Oscar Mesutti: “capacidad y eficiencia” Oscar Mesutti nació en Montevideo el 4 de marzo de 1921. Era hijo del matrimonio conformado por el argentino Domingo Mesutti –fallecido en 1951–, y la española Josefa Borraz, que en 1958 tenía 60 años. En 1943 Oscar contrajo matrimonio con la argentina Carmen Forcadell. Tenían tres hijos menores, Guillermo, María del Carmen y María del Pilar. Entre sus estudios, declaró tener Primaria y Secundaria completas, además de tres años de educación superior. Poseía facilidad para dominar varios idiomas: hablaba alemán; francés; italiano17 y tenía “conocimientos elementales” de inglés y ruso18. Dos años después de fallecido su padre, Oscar ingresó como administrativo en el Ministerio de Salud Pública. Según su versión, expresada para fundamentar su intención de ser “tenido en cuenta” para la cancillería, no había cumplido funciones menores en Salud Pública. Como Jefe de Segunda y Traductor de la Secretaría General, fue “asesor” del Ministro en la “confección, estudio y trámite de las leyes Presupuestal y Ordenamiento Financiero y Reajuste Presupuestal”. Por esas razones, entre sus referencias, Mesutti destacó al Ministro, al Director General, al Secretario y al Director del Hospital Pereira Rossell. Mientras que en lo referido a cuestiones de “orden personal e intelectual” presentó, entre otros, a los profesores Oscar Secco Ellauri y Juan Pivel Devoto como referentes19. Desde junio de 1954 su petición fue considerada, siendo designado “en comisión” para la Sección Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus calificaciones en el primer año de labor muestran a un funcionario eficiente y comprometido20. Todo cambió desde entonces. El abandono de la oficina sin autorización y las repetidas faltas, con y sin aviso, se hicieron insostenibles. Febrero de 1958 fue especialmente difícil. Sus “repetidas” inasistencias motivaron retenciones de sus haberes dejándose constancia escrita de ellas21. Según Mesutti, solicitó en enero la licencia anual reglamentaria correspondiente a ese año desde el día 27 para “atender problemas personales” en Buenos Aires. Como ya no se le consideraba de la misma manera, al día siguiente se decidió no otorgar el pedido al no estar “encuadrad[o] en el Plan de Licencias”. En razón de ello y como descargo, Mesutti elevó una extensa misiva al Director de Secciones buscando que reconsiderara su solicitud. Los argumentos esgrimidos incluían el hecho de que todo en su oficina estaba “al día” y que “además de su trabajo” él había “realizado los correspondientes” a otros dos funcionarios22. Expresó además que desde su ingreso al Ministerio, “colaboró lealmente y en la medida de sus fuerzas” aludiendo como testigo al señor Jefe del Archivo, Augusto Maciel. En suma, Mesutti ponía en conocimiento de sus superiores que en Argentina debía “cobrar una suma” con la cual “realizar las gestiones para el traslado de los restos de su padre”. Ante la nota, el Director fundamentó profusamente su decisión de negar el pedido de Mesutti, la que calificó como “arbitraria”23. Primero, ella no era posible porque la sección contaba con un funcionario y otros dos permanecían de licencia. Segundo, no era “competencia” de Mesutti informar cómo se trabajaba en su oficina. Tercero, la sección no se encontraba al día. En cuarto lugar, Quintana sostenía que “si todos los funcionarios […] invocaran motivos de
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orden especial”, estaría “la Administración al servicio de sus motivaciones personales”. Aunque reconocía que Mesutti tenía “muy buenas condiciones de capacidad y eficiencia”, paralelamente “plantea frecuentemente” varias “salidas de la Oficina”, registrando “muchas inasistencias sin aviso” y otras veces se ha retirado “sin autorización”. Tres días más tarde, Mesutti moderó sus afirmaciones. Reconoció “un error”: el trabajo que estaba al día era el suyo24. “Jamás” pensó que la Administración “debía estar a su servicio” alegando como “prueba evidente” haber “cumplido –según consta en las fichas de entrada y salida– gran cantidad de horas extraordinarias” y haber “concurrido a desempeñar tareas en los días de Semana Santa”. En otras oportunidades, su compromiso también trascendió cuestiones personales, presentándose “diariamente” a trabajar “pese a tener a su esposa internada en un sanatorio para sufrir una intervención” de “suma gravedad”. Para finalizar, y aunque también reconocía haber “planteado algunas salidas en horas de oficina”, consideraba que ellas “SIEMPRE FUERON COMPENSADAS AMPLIAMENTE CON MI TRABAJO EXTRAORDINARIO O QUE NO ME CORRESPONDÍA REALIZAR”25. La licencia fue concedida, pero sus vínculos hacia la interna estaban deteriorados. Con toda probabilidad, ello motivó su posterior traslado al Departamento de Asuntos Consulares, desde mayo de 195826. Tres meses después, Mesutti presentó una nueva solicitud. Esta vez, pedía la licencia anual que le restaba tomar y “a continuación, un mes de licencia extraordinaria con goce de sueldo” para trasladarse a Paraguay “por un término de tiempo no determinado”27. El Ministro –recuérdese, una de las referencias personales de Mesutti–, decidió concederle lo solicitado. No sabemos finalmente por qué no abandonó el país. Sin embargo y aunque no puede probarse, parece factible que su intención de alejarse temporalmente estuviera relacionada con los “rumores” que circulaban en la cancillería.
Las investigaciones del SIE Poco después, los “murmullos” se confirmaron y las extensas “jornadas laborales” de Oscar no se explicaban por su compromiso como “servidor público”: en realidad, él alertaba a “delincuentes internacionales” de los exhortos judiciales que llegaban desde el exterior y entregaba información a funcionarios soviéticos. Las crónicas informaron que el origen de tan importante hecho periodístico se había dado durante un juicio de divorcio, mientras ambos cónyuges cruzaban acusaciones. Aunque no ha sido posible consultar los expedientes con las actuaciones del Poder Judicial28, la documentación del SIE29 evidencia que la investigación se inició en ámbitos ministeriales30. Comenzó cuando a la Jefatura de Policía, el 19 de agosto de 1958, llegó una denuncia de la Comisión Honoraria de Lucha contra las Toxicomanías. El doctor Alberto Bertolini, que presidía dicho organismo, sostuvo en su comunicado que tenía la “convicción moral” de que Carmen Forcadell de Mesutti era la autora de las sustracciones y adulteraciones de recetas de ampollas de Nodal31. En suma, y en virtud del “gran volumen” de formularios adulterados, tenía “dudas” de que existiera “una
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organización detrás de dicha enferma” utilizándola como “instrumento” 32. Con premura, el SIE se interesó en el “asunto Mesutti”. Su motivación poco tenía que ver con el tráfico de estupefacientes y en conocimiento de que Forcadell no sólo tenía información sobre las “ampollas”, el SIE la citó a sus oficinas. La trascendencia de sus dichos preliminares y las probables derivaciones llevaron a que el director del servicio –necesitado de fortalecer su deteriorada imagen–, Ángel Stopiello, condujera el interrogatorio. Ella concurrió en la mañana del 28 de agosto y allí habló33. Lo hizo “luego de algunas evasivas”, según la versión consignada por los oficiales en el acta firmada por la imputada. Era la historia de una mujer “castigada”: Carmen relató que cuando contrajo matrimonio con su esposo, ambos pasaron a vivir en la residencia de los padres de aquél. La convivencia no fue lo que esperaba, pues él, “desde la primera época”, la hizo víctima de “malos tratos”. Ella abandonó el hogar, pero las “repetidas súplicas de su suegro” la hicieron retornar. Oscar tenía un carácter difícil y aunque los problemas continuaron, fueron matizados por la presencia paterna, quien “mantenía el hogar propio y el de la deponente con el hijo de aquél”34. No sólo su padre incidía, sino también el hermano, José Mesutti, que trataba de controlar los excesos de su sobrino brindándole un “pequeño empleo” en el Teatro Artigas. El fallecimiento de Domingo y el hecho de que su tío lo despidiera, poco contribuyeron a que el clima del hogar mejorase. La inestabilidad laboral y emocional de Oscar se explicaba, en buena medida, porque dedicaba su tiempo e invertía todo el dinero en el “juego de carreras y ruletas”. Aunque dicha actividad ya la emprendía “intensamente” en vida de su padre, cuando éste murió, profundizó dichos hábitos permaneciendo “más de un año sin trabajar”35. Pese a todo, consiguió ingresar como funcionario estatal en Salud Pública pasando desde allí al Archivo de Relaciones Exteriores. Paralelamente y en razón de su condición de “políglota”, fue contratado por la Compañía Italcable. Afligida, Carmen recalcó que con lo que ganaba “podría sostener el hogar decorosamente”. Sin embargo, y “por la mala administración que realiza, se ha visto en la más estrecha situación económica”36. Sin la presión de su marido, Forcadell dio cuenta de varias otras cuestiones. En primer lugar y buscando matizar sus faltas, declaró que ellas se originaban en la poderosa influencia personal de su pareja, quien poseía una “muy superior cultura”, dominando varios idiomas. Ha “tenido siempre sobre la deponente gran ascendencia y la ha hecho actuar como autómata” consignó un agente, resumiendo las palabras de la interrogada37. Hecha la aclaración, y como segunda cuestión, reconoció haber robado del consultorio del Dr. Fernández “quince o veinte formularios del recetario” de dicho profesional, llenándolos con su puño y letra para obtener una caja de Nodal con 50 ampollas, que le suministraban en el Laboratorio Athenas. Los inyectables, según su versión, eran entregados a Oscar, encargado de “negociarlos”38. Pero las confesiones relativas a “hechos delictuosos” no terminaron allí pues la “determinación” de su esposo la llevó a cometer otras infracciones. Una de ellas era emplear en beneficio propio las colectas para una sociedad Protectora de Animales, de la cual Forcadell
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era secretaria. Instigada “por el dominio” de Mesutti, en “muchas oportunidades se quedó con [el] dinero” donado. Cuando en ocasiones la colaboración era de “cierta importancia”, Oscar gentilmente la “acompañaba hasta la casa de alguna benefactora”. Empero, su caballerosidad estaba presente hasta que recibía el dinero, pues apenas salían él se lo quitaba39. Tras ello, Forcadell se ocupó de lo que realmente importaba a la inteligencia policial, cuyos inspectores trazaron en color rojo una línea divisoria en el expediente. Muchas veces, la señora acompañaba “a su esposo a distintos puntos de la ciudad” donde entregaba documentación a “funcionarios de la Embajada de la URSS”40. Mesutti se había vinculado a ellos hacía “tres años”, enterándose ella desde hace unos dos de la “verdadera actividad”. En principio, le relató que él suministraría información de la cancillería para la publicación de una “revista” a ser “repartida en las representaciones diplomáticas de la URSS”. Extrañada, Forcadell preguntó a su marido si no constituía una actividad “riesgosa” para él. Presuroso, Mesutti contestó negativamente ya que “no iba a firmar nada ni nadie se iba a enterar de ello”. Su función, continuó, era proveer a los diplomáticos moscovitas de “informaciones importantes, que no tuvieran trascendencia pública, ya que de ser así carecerían de valor”41. Oscar, prosiguió su esposa, estaba feliz: le iban a “pagar muy bien”. Pocos días después, “la invitó a salir”. Concurrieron a la esquina de Ejido y la Rambla República Argentina. En el lugar había una persona “esperándole”. Mesutti se adelantó y le dijo a su mujer que aguardara, entregándole al sujeto un sobre con un “rollo de papeles”. Era material para la “revista” comentó cuando se acercó nuevamente a su esposa. A ésta le llamó la atención el procedimiento, pues tendía a realizarse en “forma oculta”. Sin embargo, Oscar le explicó, siempre según consigna el documento policial, que así lo hacía para “no llamar la atención” ni perjudicar su trabajo en el Ministerio, donde “creerían que era comunista”42. Días más tarde, el matrimonio asistió nuevamente al mencionado punto de encuentro. Allí estaba la misma persona, pero en esa oportunidad, su marido le entregó un “diario con papeles adentro”43. Igual forma, y con similar sigilo, emplearon en otras ocasiones. Sin embargo, algunos meses después rompieron la monotonía: Oscar le pidió a Carmen que una vez en el lugar tomara asiento y “colocara dentro de un orificio donde se encuentra una canilla de agua corriente, cuya tapa estaba cerrada, un sobre de nylon que contenía papeles”. Ella “cumplió con la operación” y después de unos minutos, cuando dos hombres se acercaron a la pareja, ambos abandonaron el lugar para dejarles el sitio. Por sugerencia de su esposo, caminaron 40 minutos. Regresaron y allí estaban sentados los dos hombres que al verlos aproximarse se retiraron. Oscar y Carmen reposaron nuevamente algunos minutos y tras ese tiempo, el primero retiró el sobre de nylon que su esposa previamente había dejado allí. Lo guardó entre sus ropas y comenzaron a caminar por Ejido en dirección al centro. A las pocas cuadras, la ansiedad de Mesutti lo apresuró en la apertura del sobre, de donde retiró “varios billetes de cien pesos”. No todos eran para él: le dio “uno a la declarante, diciéndole que era para gastos de la casa”. Según esta última, ella lo interrogó otra vez por aquella extraña situación, recibiendo como contestación “un insulto”44.
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En las próximas instancias, según el acta, ella acudió coaccionada pues Oscar la amenazó “con castigarla”45. La Plazoleta Artigas; la Avenida 18 de Julio esquina Pablo de María; Tristán Narvaja esquina Maldonado y la intersección de Larrañaga y Avenida Italia fueron otros puntos de reunión, habitualmente los “viernes a la hora veintiuna”46. Cuando tenían lugar en el primero de los sitios, cercano a las denominadas “Tres Cruces”, Mesutti y los soviéticos manejaban un mismo código: si el funcionario de la cancillería uruguaya llegaba con un “portafolio”, el ruso sabía que se trataba de material que debía fotografiar y devolver en el momento. Más liviana era la faena cuando se acercaba con un diario: allí el emisario podía regresarle los materiales en la próxima oportunidad47. La frecuencia podía interrumpirse si Mesutti no conseguía “materiales” y, en ese caso, la clave era que el soviético aguardaría “cinco minutos luego de lo cual se retiraba” volviendo “la semana siguiente”48. Los evidentes riesgos que el operativo clandestino suponía49 para los participantes, motivaron un “regalo” de los soviéticos, que llegó “a fines de 1956”: una costosa cámara “Kodak Retina” para que Oscar sacara “fotocopias”50. Fueron varios los diplomáticos que se relacionaron con la pareja uruguaya. En un principio, las reuniones eran con “Kutniezov”. Concurría acompañado de su esposa y ambas parejas, “en diciembre de 1955” fueron “a tomar un copetín a la Confitería China”. “Kutniezov”, tiempo después, se fue del país, tomando su lugar Miguel Spitsin, quien asistía en solitario a los encuentros. Desde hacía algunos meses y luego de que Spitsin también se ausentase, los contactos se realizaban con “Mijailovich”, a quien “vio solamente una vez” y “llevaba un sombrero”51. Los inspectores profundizaron en torno al tipo de registros que Oscar entregaba. Como poco “le interesaba”, Carmen sólo pudo reseñar que lo había visto manejar documentos que “lucían el membrete del Ministerio de Relaciones Exteriores” mientras que otros tenían “sellos” de nuestras “representaciones diplomáticas en el exterior”. Aunque su apatía era notoria, la versión policial del interrogatorio consigna que afirmó ante los investigadores que lo que más interesaba a Oscar eran aquellos papeles de nuestra representación “en Norteamérica”52. Además, ella recordó que en oportunidad de las reuniones conjuntas de militares de la región con vistas a la formalización de un Tratado de Defensa del Atlántico Sur53, desde la Embajada soviética le solicitaron “en forma insistente” una copia. Pese a “toda la preocupación” que Mesutti mostró, no pudo obtenerla: “sólo había una copia” y “en poder del Ministro”54. Los intereses de Oscar muchas veces trascendían lo que llegaba a su escritorio, teniendo que recorrer otras oficinas. En esas búsquedas, según contaba a Carmen, si veía un documento que le interesaba lo tomaba y “se lo llevaba en el bolsillo”. La maniobra no era tan sencilla cuando procuraba legajos o carpetas: allí “colocaba el diario encima” y “al retirarse se lo llevaba”55. Todo indica que la facilidad con la que por momentos sustraía información, brindó excesiva confianza al funcionario “infiel”, quien quebró el evidente sigilo al solicitar permiso, en “tres oportunidades”, para llevar a “su casa, valijas diplomáticas” para “adelantar trabajo”. Tan seguro estaba que en una ocasión, y “en razón de haberse enfermado”, envió a su esposa al Ministerio con una de las
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valijas. Fue “reintegrada”, pero el notorio exceso motivó la “protesta” de una colega de labor56. Aunque en adelante pareció conservar la discreción, un compañero advirtió a Mesutti que en los “corrillos” se “comentaba que él estaba en contacto con la Embajada Rusa”. Los “comentarios” llegaron hasta esa misión diplomática y Spitsin le dijo que “era necesario dejar de verse por un tiempo”57. Consultada al respecto, Forcadell reveló cuánto dinero recibían: “entre quinientos y ochocientos pesos”58. Seguramente alertados por aquellos comentarios, en los “últimos meses… no llegaban…documentos de importancia” y por ende las entrevistas y la “entrega de dinero” eran “más espaciadas”59. El espectro de amistades y “solidaridades” de Mesutti también incluía refugiados argentinos residentes en Uruguay. Al respecto y ya finalizando el interrogatorio, Forcadell recordó el nombre de Aníbal Blache. Estaba “requerido” por la justicia de su país y los varios “exhortos” llegados a la cancillería uruguaya pasaban por manos de Mesutti, quien interrumpía el trámite. Los llevaba “a su casa” por un “par de días” y si no existían reclamos, los destruía, obteniendo de Blache, “diversas sumas de dinero”60. Pese a presentar a su esposo como el “determinante” de todo su accionar, sobraban motivos para que Forcadell quedara detenida, lo que aconteció.
El funcionario “infiel” comparece De inmediato, los agentes convocaron a Mesutti, quien llegó al SIE esa misma tarde. Nuevamente condujo Stopiello el interrogatorio. El imputado desacreditó enfáticamente a su esposa: las “acusaciones” eran “absolutamente falsas”. Lamentaba no “tener la mínima prueba” y negó todo con insistencia. Sostuvo que su trabajo era clasificar la documentación ordinaria, recordando haber abierto “sólo en dos oportunidades la misma” pues eso no le correspondía. También reconoció que en marzo o abril de 1957, autorizado por su jefe, llevó documentos para su casa debido al “exceso de trabajo”. Dada su compenetración con la función pública, realizaba “trabajos fuera de hora”61. Empero, ellos no suponían “entrevistas callejeras” con “persona alguna” y los apellidos de funcionarios soviéticos que su esposa había aportado para él eran “completamente desconocidos”62. No podía desechar que por sus manos habían pasado varias máquinas de escribir; un costoso reloj y una máquina fotográfica. Según sus palabras consignadas por la policía, él inculpó a su esposa salvo en lo inherente al reloj, sobre el cual recordó que un amigo, en tránsito por Montevideo rumbo a Europa, se lo había regalado a fines de 1955, luego de que él fuera a saludarlo al puerto de Montevideo63. Agregó, por último, que creía que el “concepto” que se tenía de su “persona” donde trabajaba, así como por familiares y amistades, alcanzarían para desvirtuarla64. Si bien quedó detenido, los investigadores fueron más a fondo en sus pesquisas y el entorno familiar, los
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vecinos, compañeros de trabajo y, fundamentalmente, todo lo inherente a “los rusos”, cayeron bajo la lupa policial. Como parecía esperable, los testimonios habrían de iluminar con mayor precisión los hechos.
“Ampollas” y “caña”: un entorno “alocado” Durante su interrogatorio, Carmen negó consumir drogas. Además del matrimonio y sus tres hijos, vivían con ellos las respectivas madres de ambos cónyuges. Hacia ellas recurrieron entonces los agentes. Aunque la madre de Oscar “nada sabía” de que su nuera “estuviera enviciada en el consumo de estupefacientes”, veía algunos hábitos extraños. Habitualmente por la mañana, cuando salía a “hacer las compras”, “demoraba excesivamente” y al llegar era común encontrarle a Carmen “botellas de Coca-Cola, algunas veces con caña y otras [con] grapa”. Por la tarde y luego del almuerzo, solía encerrarse “en el cuarto de baño” por mucho tiempo y al salir, “hacía siestas muy largas”. Concluía que si bien siempre había bregado porque su hijo y ella no se separaran, debía reconocer que era “muy despreocupada para las tareas de la casa”65. Tampoco tenía conocimiento de las sustancias la madre de Forcadell. El clima familiar era “alocado” y atribuyó las frecuentes “disputas” al “carácter” de Oscar66. La inocencia de los pequeños delató la “dependencia” de Carmen y las complicidades de sus abuelas. Guillermo, uno de los hijos pequeños recordó que en una oportunidad, mientras jugaba con su “pelota”, esta cayó al apartamento de una vecina. Al procurar la misma, la señora “le manifestó que le dijera a su mamá que no tirara más las ampollas al patio”. Su “hermanita”, de 10 años, vio que “su madre se inyectaba algo” y que meses atrás, la “mandó al apartamento 7” a “pedirle a la señora […] una jeringa”67. Las palabras de sus hijos movilizaron a Carmen, quien entonces recordó que hacía unos meses, por sufrir un corte “muy doloroso” en una muñeca, se había inyectado Nodal, “pero no de ampollas”68. Su existencia en el patio de la vecina en principio no tenía explicación. Pasados unos breves momentos interpretó que podía tratarse de su esposo, quien “pasaba largos ratos” en “el cuarto de baño”69.
“Ni los taximetristas” En la cerrada defensa de su honorabilidad, Mesutti invocó a vecinos, amistades y familiares. No se equivocó respecto a que las respuestas serían unánimes. Sin embargo, el centro de dicho consenso fueron sus opiniones negativas hacia él y su esposa. Los inquilinos del edificio, que lo conocían hace “unos 14” años, tenían un “pésimo concepto”. Censuraron sus “condiciones morales” y trato hacia su esposa, a quien se refería
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en “términos oscos” pidiéndole “que se prostituyera”70. Similares observaciones tuvieron los comerciantes del barrio, a quienes “ha dejado”, siempre, “cuentas impagas”. “Ni los taximetristas de la parada querían trasladar a Mesutti” pues “siempre tenían inconvenientes para cobrar”71. No opinaban mejor sus tíos: “les consta que vive desesperado por dinero”; que “no se encuentra con las facultades mentales en estado normal” y además, creen “que padece desvíos sexuales y morbosos”72. En ese aspecto, los agentes policiales que lo interrogaron concordaban anotando que Mesutti parecía “padecer desviación o inversión sexual notorias”73. Por su parte, tampoco Carmen recogía elogios. En la Protectora de Animales creían que los hurtos eran cometidos por “ambos esposos”, que sacaban “dinero en estrecha connivencia”74. En las tiendas del barrio era bien conocida: la sorprendieron en “Tata” robando “una prenda de poco valor”; un “juego de dominó” en “Mosca” y en la Cooperativa de Salud Pública “un batón”75. Las actividades de Mesutti como empleado de “Italcable” también merecían reservas: el gerente, tiempo atrás, le había entregado mil pesos para comprar una cocina y él los “invirtió en provecho propio”76. En esferas estatales bien diferente era la consideración, algo en lo que el imputado tenía razón. El compañero que advirtió a Oscar del “rumor” declaró que “nunca observó ninguna actitud […] que pudiera confirmar la versión que estaba circulando”. Augusto Maciel, Jefe de la Sección, opinó igual: “nunca observó nada sospechoso”. Como responsable, él fue quien autorizó a que Oscar se llevara “el saco de correspondencia común” y “no la valija diplomática” pues quería adelantar “trabajo”. Para finalizar, lo juzgó como un “funcionario muy apto y diligente”77. La excepción fueron las palabras de una señorita, a quien sí su conducta le “resultaba sospechosa”, desconfiando del “interés que demostraba [Mesutti] en ciertos documentos que no eran de su ingerencia”78.
“Revelación de secretos”: la trama al descubierto Las declaraciones de Forcadell y las pesquisas de los agentes dejaron en evidencia las contradicciones y faltas de Mesutti. Los empeños de máquinas de escribir, algo de lo cual había acusado a su mujer, figuraban a su nombre. En los primeros meses de 1955, la situación económica había sido especialmente difícil y Oscar pignoró dos79. Algo similar con la cámara fotográfica, de lo cual también había responsabilizado a su esposa cuando, en realidad, fue pignorada por él en julio de 195780. “Quedaría plenamente confirmado que el señor Mesutti, tuvo en su poder la mencionada máquina” informó al Juez al Comisario Pírez Castagnet81. No se trataba de algo menor pues Mesutti debía probar para qué necesitaba una máquina tan precisa y costosa. También era fantasioso aquel inusitado obsequio de un reloj por parte del amigo a quien había visitado en el puerto montevideano. Los agentes del SIE, para quienes el control de fronteras constituía una verdadera obsesión, consultaron sus archivos y escribieron al Juez: “compulsadas las listas de pasajeros […] con llegadas y salidas” el nombre del amigo de Mesutti no apareció82.
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Dos días después de su primera comparecencia y conocedor de la frágil situación en que se encontraba, Mesutti se retractó: el reloj se lo había regalado “Aníbal Blach”. Consultado acerca de los motivos del obsequio, la policía escuchó a un Mesutti sensible a las penurias ajenas. En un café cercano al Ministerio, el argentino “Blach” le “contó una historia llena de problemas y penurias por la que estaba atravesando él y su familia”. Aunque parte de esa historia era que el ciudadano “estaba imputado por el delito de contrabando”, ella le “conmovió” hasta tal punto que se comprometió en avisarle “cuando llegara el exhorto” de la justicia de su país83. Cuando efectivamente cumplió con “el favor”, y aunque nada habían conversado, “a los ocho o nueve días”, “Blach” concurrió otra vez al Ministerio. Además de agradecerle –y nuevamente, café de por medio–, le entregó como obsequio un costoso reloj “Longines”84. Tal y como pretendía “Blach”, el “aviso” había servido para abandonar el país sin ser impedido por las autoridades policiales. Después, el SIE descubrió que se trataba de Aníbal Blanche, un ciudadano argentino de 53 años que residió hasta febrero de 1958 en un apartamento del cual se retiró diciendo a los vecinos que retornaba “a su país natal”85. En paralelo, el SIE procuró mayores informaciones. Aunque no se indica su procedencia ni fecha, una hoja suelta sugiere que se trataba de referencias recabadas en el Ministerio. Mesutti o el “Fulano” como se lo denominaba, quiso “ir como Cónsul a la U.R.S.S.” y “confeccionó” un memorándum “con informaciones de carácter comercial con material del Archivo y lo entregó a la Emb. Soviética”. Durante una “fiesta”, el “intérprete” de la “citada Embajada” preguntó “a personal del M. R. Exteriores” por él, definiéndolo como “colega y amigo”. Además, según quedaba consignado en la pequeña esquela, en “la Cancillería” creían que su “traslado” a “otra Sección” había respondido a una “sugerencia de la Emb [sic] Soviética pues tenían informes que se le vigilaba”86. Tras estudiar las averiguaciones aportadas, el Juez procesó a Forcadell y a Mesutti. Tenía la “semiplena prueba”87 de los delitos cometidos por el funcionario de la cancillería ya que sobre su esposa poco se dijo88. Días antes de dictar su sentencia, los primeros –e imprecisos- rumores llegaron a la prensa. Los “trascendidos” indicaban que un empleado de Relaciones Exteriores estaba comprometido en hechos delictuosos. No era “novedoso”, indicaba un editorial de El País. Meses atrás “ya había ocurrido algo semejante” cuando “se inició un sumario en la sección Pasaportes” a un “sereno” que “hurtaba” documentos en desuso89. Al día siguiente, El Debate titulaba: “La corrupción de Relaciones Exteriores en evidencia”. “Podemos asegurar que está demorado” un “Jefe de Sección de la Cancillería” que entregaba “documentos a una embajada extranjera” destacaba más abajo. Se trataba de un grave hecho que se sumaba al del “sereno”, con cuyos pasaportes robados posibilitaba “la fuga” de “delincuentes internacionales”: “esto prueba otra vez que el desequilibrio […] reina en ese foco infeccioso […] que es el Palacio Santos”90. Desde su rotativo, el oficialismo se apresuró a corregir y desmentir “los trascendidos” derivados de la “información primaria”. En ese sentido, observó que contrariamente a lo indicado, el “protagonista” no era Jefe “sino que ocupa un cargo muy inferior” porque “conoce varios idiomas”. La documentación que “pasaba por sus manos” era de “muy escasa importancia” y,
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si se confirmaran las presunciones, los documentos “carecen de valor”. Puestas “las cosas en su justo lugar, lo que se ha denunciado tiene gravedad relativa”91. En ello había coincidido La Tribuna el día anterior: el funcionario detenido “no manejaba documentos confidenciales” y sólo se encargaba de la “mesa de entradas”92. A posteriori el Ministerio emitió un breve texto informando oficialmente que el día 29, el Jefe de Policía de Montevideo había comunicado a la cancillería la detención de un funcionario que habría “sustraído, hace un tiempo, documentación”. El hecho, puesto “inmediatamente” en conocimiento de la Justicia ordinaria, generó que se dispusiera, con idéntica premura, un sumario administrativo93. Los matutinos del día 3 de septiembre notificaron el nombre del acusado y destacaron que el Juez había dictado su procesamiento. Desde filas opositoras al gobierno, unánimes –por lo negativos– fueron los pronunciamientos. No menos evidentes resultaron los aspectos selectivos que los medios hicieron del hecho, jerarquizando uno de ellos y ocultando, visiblemente, otros. “Recibía valiosos obsequios de […] los rusos y de 500 a 800 pesos por mes” informó El País94. El Día, El Debate, La Mañana y La Tribuna opinaron de manera similar, constatándose que siempre se profundizaba en el “espionaje soviético” sin dar cuenta del hecho por el cual Mesutti fue finalmente procesado: por su complicidad con los argentinos95. Acción manifestó que se trataba de “un hombre descontrolado” cuyas “angustias económicas” derivadas de su “descontrol” lo llevaron a cometer delitos. La nota hacía mención a que la “connivencia con criminales” era “sin duda la parte más grave” ya que “por sus manos pasaban los exhortos de las Justicias extranjeras que solicitaban la extradición de criminales”. “Esta es en realidad la parte que dio pie al procesamiento […] ya que la otra –relativa al espionajequedó en forma bastante imprecisa” completó. Es dable subrayar que nuevamente se excluía mención a qué “embajada” estuvo vinculado Mesutti96. Recién en la edición del día siguiente, el oficialismo reconocería que en el “affaire” participaban funcionarios de la “Embajada Soviética”97.
Uruguay, esa “colonia soviética”: el anticomunismo visceral con argumentos El “caso Mesutti” otorgó un importante argumento para los amplios sectores que conformaban el anticomunismo local98. Desde varias décadas atrás se señalaba la peligrosidad de mantener vínculos diplomáticos con la URSS pues ello daba pie a que los soviéticos implementaran operaciones de espionaje no sólo Uruguay sino en los países vecinos99. La intensidad de los ataques periodísticos de entonces no resulta novedosa y era parte de una tendencia –y firme convencimiento– de que debían imponerse a los soviéticos ciertas limitaciones, entre ellas la reducción del número de representantes diplomáticos. Por todo ello, las posiciones editoriales poco le debían al “affaire” del “infiel” funcionario con los moscovitas. Sus prédicas constituían parte de un fenómeno muy visible, que precedía incluso a la Guerra
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Fría, aunque sin dudas los ecos del enfrentamiento bipolar incidieron notoriamente100. El momento del país no podía ser más apropiado para monsergas de ese tenor. A los insistentes señalamientos de que Uruguay constituía la puerta de entrada para peligrosos agentes rusos destinados a América Latina como parte de una ofensiva comunista, debe agregarse, como oportunamente se describió, que el parlamento uruguayo discutía la conveniencia de firmar el Convenio comercial con la URSS. En consecuencia, y como primera observación, cabe señalar que el “asunto Mesutti” generó reclamos de una legislación apropiada a la realidad. Para fundamentar su procesamiento, según informó la prensa, el Juez apeló al artículo 163 del Código Penal101. La Mañana, citando el libro de un jurista, protestó porque se prescindía de una “sanción típicamente penal”, agregando que sería “pertinente revisar nuestras pragmáticas y adecuarlas” a la “absoluta división del mundo en dos campos”, uno de los cuales “sigue las prácticas de todos los despotismos para infiltrarse y socavar las democracias”102. Como fuera señalado, deben repasarse en detalle los aspectos selectivos del periodismo. El Tercer Secretario de la Embajada de la URSS le propuso ese trabajo por conocer “las ideas totalitarias de Mesutti” informó La Tribuna103. Junto a dos fotografías, El País daba cuenta que Mesutti se hacía “merecedor de costosos obsequios”104. También acompañando su artículo con una foto del procesado, El Día tituló que los “agentes soviéticos habían conseguido infiltrarse en nuestra Cancillería” gracias a un funcionario cuyas “ideas totalitarias” lo habían llevado a servir como “enlace” de los comunistas soviéticos desde “hace unos cinco años”. Empero, proseguía el articulista, tenía información de que el uruguayo había sido captado por los rusos “desde la segunda guerra mundial” aunque sin duda la circunstancia de haber sido nombrado “jefe” de sección había “despertado” mayor interés en él105. En esa línea, nuevamente El Día insistió que Uruguay debía combatir la “impunidad” con que se movían los “agentes soviéticos” pues estamos “tontamente sirviendo de cabeza de puente a la infiltración soviética en América Latina” y, por ello, para “algunos estrategas moscovitas el Uruguay figurará” como una “colonia soviética”. Es más, proseguía el editorialista, “estamos traicionando a América” y “no hacemos caso a la Prensa continental que nos ha advertido de que aquí reside el estado mayor que dirige la guerra de conquista psicológica del continente”. El señalamiento no implicaba riesgos menores por cuanto los diplomáticos soviéticos “tenían” a Mesutti “para conocer todos los documentos que llegaban a la Cancillería procedentes de los Estados Unidos”. De esa forma, el caso constituía una prueba más del “triste papel [que] estamos haciendo”. Por último, y expresando un radicalismo cada vez más extremo, solicitaba medidas contundentes: pedimos “que empiecen a tomarse estas cosas en serio”: “¿no hay ya materia de juicio bastante, convicción moral y formal de que tan numerosa delegación diplomática soviética es un riesgo constante […]?”106. Para La Mañana, el “caso Mesutti”, transformaba a Uruguay en un país “espionable”, o “depositario de secretos cuya posesión mueve el interés de otros estados” dispuestos “a pagar dinero para obtenerlos”107.
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Para los lectores de El Día los apellidos soviéticos eran familiares. No sólo por las habituales columnas, sino porque días antes, el “fotógrafo” “arrepentido” había brindado su testimonio denunciando a Sidorenkov como instigador del espionaje ruso. Por ese motivo, un nuevo editorial relativo al “espionaje” y la “diplomacia”, insistía en que aquellos funcionarios eran los “jefes del espionaje soviético en Uruguay”, algo que las “declaraciones” de Mesutti permitieron comprobar. Para finalizar en que si bien quedaba claro el tópico, “la investigación tiene que proseguir” y “no puede detenerse ahora”108. Desde la embajada soviética el hermetismo fue total. La posibilidad de que las investigaciones se profundizaran motivó la partida de Sidorenkov. Evitaba, de esa forma, una probable comparecencia ante la Justicia109. El SIE tomó nota de su “salida:” “Coincidentemente con la campaña periodística […] hoy se constató la salida de esta Capital hacia Moscú, del Diplomático Vladislav Sidorenkov”110. Como era esperable, la prensa anticomunista censuró agriamente la actitud del funcionario soviético. Confirmaba la “confesión” de Mesutti y la responsabilidad del diplomático en “la sublevante maniobra de espionaje que realizaba a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores”111. “Los rusos hacen lo que se les da la gana y encima […] se ríen de nosotros” tituló enfáticamente El Día. El diplomático, “que era sólo un peón, huyó de Uruguay […] dando con la puerta en las narices a quienes pensaban que podría interrogársele [...] Estamos ante una verdadera ofensa […] a la dignidad de nuestro país”. Razonamiento que daba lugar a interpretaciones relativas a las responsabilidades del oficialismo: “este incidente es bochornoso” y “puede hablarse de la responsabilidad por omisión”. Por último, y no menos contundente, era su pedido de que se “vayan los rusos de este país”: “seríamos tontos si pensáramos que todas las ramificaciones […] se reducen a Mesutti”112. Por esos días, el Comité Nacional de Lucha Antitotalitaria entregó por el centro capitalino volantes callejeros donde, con una foto de Sidorenkov, un breve texto alertaba a los transeúntes del “peligroso funcionario del Servicio de Espionaje Soviético que anda por las calles de Montevideo”: “Cuidado oriental! No caiga en la trampa”113. “Pipa de Guindo” era el pseudónimo de otro de los personajes especializados en el espionaje soviético. Sus notas aparecían en el semanario Diario Rural, otro acérrimo portavoz del anticomunismo. Aunque en reiteradas oportunidades exhibía una imaginación propia de las novelas de espionaje, todo indica, por el tenor de sus datos, que también se nutría de informaciones proporcionadas por los servicios de inteligencia. Comprensible era que el “affaire” de Mesutti le permitiera confirmar sus teorías conspirativas: “Muchos se reían de mis pesquisas” ironizó. Recordó entonces a sus lectores “cuántas veces” había “denunciado la penetración soviética”. Por todo ello, “esta historia […] rubrica mis investigaciones”: “se emplea en Salud Pública. Él pide luego traspaso en comisión para Relaciones Exteriores y se le ubica en la Sección Archivo. ¿Quién lo muñequeó? Es un empleado aparentemente modelo: trabaja a deshora. Se separa de la esposa acusándola de enviciarse con drogas. Ella es descubierta como sustrayendo drogas con recetas médicas falsificadas. Va presa y entonces se venga de su marido delatándolo como espía al servicio de Rusia”114.
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El “Ayudante T”, colega de la misma publicación y también versado en el tema, dio cuenta que “Chicotazo” –Benito Nardone–115 tenía “un archivo de los estudios científicos de la Constelación de Eridano, que va desde la estrella Achernar, en la Antártica, sobre la Isla Zavadousky, hasta la estrella de sexta magnitud que está sobre Montevideo y Colonia”. El “archivo” revelaba, según el articulista, el interés y “la importancia del Puerto Franco de Colonia para Rusia”116. El alarmismo no era muy diferente al exhibido por “Nautilus” desde El Día. Según sus informaciones, los rusos habían comprado varias propiedades linderas a la Embajada. Imaginaba, siniestros objetivos: “quiere significar, lisa y llanamente, que los soviéticos […] han tomado la zona residencial de Pocitos como punto de avanzada” y “centro” de “los planes del imperio rusocomunista”. Eran “cosas que deben llamar la atención del Gobierno” que “no defiende como debiera nuestra seguridad interna”117. En el exterior, la prensa y la diplomacia anticomunista del continente también contaban ahora con argumentos. En su informe mensual a Itamaraty, el embajador brasileño solicitó especial atención al “asunto”118. Igual hizo su colega chileno, sorprendido por la tibieza del gobierno uruguayo ante el caso119. La misión diplomática uruguaya en Río de Janeiro remitió a la cancillería –y ésta al SIE– las repercusiones en la prensa brasileña. Tribuna da Imprensa, informó a sus lectores brasileños que Mesutti “controlaba todos los documentos del Ministerio” habiendo sido “comprobado que durante más de un lustro, el funcionario acostumbraba entregar, periódicamente, a los espías de Moscú, los documentos más importantes del país”. No era menor lo acaecido ya que “centenas de Mesuttis actúan en toda América”120. Mesutti “dirigía de modo ejemplar la Mesa de Entradas, donde ingresaban […] los más importantes documentos relacionados con la política exterior del Uruguay”, notificó otra revista121. Para El Debate chileno, donde estaba la delegación soviética, los hechos evidenciaban los riesgos de recibir “misiones que bajo el aparente propósito de negociar, […] en realidad viajan al país, con finalidades de espionaje”122. En Ciudad de México, el Excelsior coincidía: los agentes soviéticos se habían infiltrado “en la Secretaría de Relaciones Exteriores” y “un rojo muy conocido” les “servía de enlace” para “obtener documentos altamente comprometedores”123. Acicateados por el potencial propagandístico que ofrecía el caso y, con premura, varios integrantes del Comité de Naciones en Lucha Contra el Comunismo, una auténtica red anticomunista, se reunieron en Montevideo. El “Foro Anticomunista” congregó a participantes locales y varios reconocidos “luchadores” extranjeros. Las sesiones se desarrollaron en el Ateneo montevideano y contaron con amplia cobertura periodística124. En suma, dicha instancia también dio pie para que se reeditara un folleto publicado seis meses atrás: Peligro Comunista en el Uruguay, de José Pedro Martínez Bersetche125. Apelando a su copioso “archivo personal”, Bersetche aportaba precisas informaciones acerca del PCU, sus “guaridas”, la “fabulosa” prensa oral y escrita, etc. En oportunidad de su primera edición, en marzo de 1958, los comunistas denunciaron que sus “fuentes” provenían de la embajada de Estados Unidos. El aludido salió
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al cruce de tales afirmaciones y dijo ser un “leal patriota” que vivía “vigilante a toda actividad totalitaria, sin debilidades, denunciándolas por entender que es deber de buen oriental y demócrata amante de la libertad”. Con respecto a la acusación, sostuvo que en caso de que el “diario local pro-ruso” tuviera razón, “de ninguna manera restaría importancia [a] su contenido”: todo lo reunido “es fruto de la actividad comunista” y “resultado de mi permanente lucha contra el totalitarismo”126. Sin desconocer que se trataba de un incansable y mesiánico luchador de la causa, hoy puede trazarse un significativo paralelismo entre el texto y la documentación del SIE. Por esa razón, y sin temor a extremarnos en la interpretación, cabe afirmar que el “archivo personal” de Bersetche se nutría de informaciones que provenían del propio SIE, que a su vez las compartía con la CIA y con la policía política brasileña que recibía mensualmente copias de las “actividades comunistas” desde su Embajada en Montevideo. Importa destacar, por último, que al consabido alarmismo exhibido en cada página, su autor parecía evolucionar hacia posturas más radicales y comprometidas en la lucha frontal contra la “enfermiza ideología”: “Que no sea tarde […], hay que actuar inmediatamente” pues “consideramos que no debe dilatarse más […] la defensa de América Latina de los verdugos de la democracia”127.
El “novelón” de Mussio y la “manía anticomunista” Marcha informó, brevemente, que los soviéticos le habían entregado a Mesutti una “costosa Leica” para fotografiar documentos. No conocían “el alma criolla” ironizó, pues “el aprendiz de espía la empeñó”128. Para El Popular se trataba de un “novelón” o “bodrio de difícil digestión”129 inventado por el Coronel Mussio –Jefe de Policía– y la “embajada norteamericana” que pretendían realizar un “escándalo antisoviético”130. Las “provocaciones” se debían a que “los imperialistas yanquis” estaban “alarmados” ante el incremento comercial entre la URSS y Uruguay. Lo de Mesutti, era inverosímil: “¿quién puede confiar espionaje a un toxicómano?”131. Similar a sus colegas de la “prensa grande”, el diario comunista realizó una lectura también selectiva del caso. El centro de las acusaciones eran los vínculos de Mesutti con “maleantes” internacionales “y nada más, como el propio diario ‘Acción’ […] habló”132. Como parte de los argumentos, intensificó sus artículos –si aún más podía– en pro de demostrar que las “influencias foráneas” en el Uruguay se percibían por la intervención de la “Embajada norteamericana”133. Como vimos, la campaña proseguía y los diarios anticomunistas prometieron “revelaciones sensacionales” durante la comparecencia del canciller en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. Escasas fueron las repercusiones: “la prensa de la difamación […] y la embajada yanki que alfombraron 18 de Julio de volantes provocativos, han quedado con un palmo de narices”. Según El Popular, Secco Ellauri habló de la Operación Panamericana y se refirió, con parquedad, a Mesutti: había dos investigaciones, una judicial y otra administrativa por los “sobornos” que recibía de “ladrones internacionales” 134. “Bien envuelto en cocaína” esto “es lo único claro de la historia” subrayaron135.
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Las actas de la Comisión evidencian cuán selectivos también eran los comunistas: la comparecencia del Ministro fue para explicar “la situación del señor Mesutti” y aclarar que los documentos “de mayor trascendencia están directamente en poder del propio Ministro” y no en funcionarios con “tareas secundarias”, como era el caso del implicado136. Las actividades del “Foro Anticomunista” fueron destacadas, aunque el énfasis, naturalmente, fue diferente: se trataba del “Foro de los desaforados del Ateneo”137. En esa línea, dedicó sus esfuerzos periodísticos a desenmascarar a los “desaforados”, en particular a los extranjeros: el peruano Eudocio Ravines y el chileno Víctor Labbe Díaz138. Por último, y una vez más, censuró la actividad de los periodistas dedicados al “anticomunismo”139, un oficio “muy lucrativo”. Con mayor equidistancia pero no menor contundencia, Marcha y sus lectores otorgaron escasa trascendencia al “Foro”. Al respecto, editorializó: “Han pasado muchas figuritas conocidas […] [y] por cierto es conocido el repertorio temático, que reduce cuestiones susceptibles de otro tratamiento a la tónica de la indiscriminada propaganda”140. Un lector, transcribiendo las conclusiones del Foro, opinó: “francamente nunca pensamos que el cinismo de estos funcionarios llegara a tanta torpeza”141. Más locuaz fue un segundo lector, motivado por su propia concurrencia: “basta resbalar la mirada sobre las resoluciones” para “penetrar el sentido que encierran esas salvas a la libertad y a la democracia y descubrir” cierta “sospechosa lealtad al Departamento de Estado”. Además, y para cerrar su misiva, suscribió que los “señores del foro” tenían “ojos” como “para ver nacer un comunista a través de cada baldosa”142.
Para terminar: por una oposición anticomunista “abierta y franca” Tras cumplir seis meses de reclusión, Mesutti y Forcadell quedaron libres143. El derrotero personal de ambos no era promisorio, especialmente para ella, quien “iba a comer a la casa de unos parientes” y “concurría a dormir a la Casa de la Liberada”. Pese a todo, consiguió trabajo en una fábrica textil. Vivía en una pensión muy modesta y “hace poco tiempo inició trámite de divorcio” ya “que desea la tenencia de sus hijos” decía un informe policial144. El mismo memorándum del SIE, daba cuenta que Mesutti vivía junto a su madre e hijos en una casa de “Inquilinato”. Todo indicaba que se le dejaría cesante en Salud Pública. Seguía, según las informaciones, sin trabajar. Sin embargo, los ecos del caso lejos estuvieron de acallarse. Terminado el Foro, trascendió que una nueva instancia del anticomunismo transnacional latinoamericano tendría lugar poco después en Guatemala. Se trataba del IV Congreso Continental Anticomunista y sus reuniones habían comenzado a celebrarse anualmente desde 1954, entonces motivadas por la necesidad de abatir al “gobierno comunista” que presidía el guatemalteco Jacobo Arbenz. Aunque ellas parecían independientes, hoy puede argumentarse que la CIA estaba detrás de las mismas145. “Emilio Faraone, Alfonso Domínguez y José Martínez Bersetche han sido premiados con un viaje a Guatemala luego de su participación en el Foro del Ateneo” ironizó El Popular.
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“Irán a despedirlos […] otros ‘anticomunistas’, un poco acongojados”: “No importa, muchachos, sigan haciendo méritos y tendrán su recompensa. El Tío Sam no olvida”146. Empero, el extendido sentimiento y militancia anticomunista no debe reducirse exclusivamente a la manipulación externa. Aunque resultaba notoria la vinculación de varios de sus integrantes –donde había ex dirigentes comunistas–147, no necesariamente todos eran “agentes controlados”. En ese marco, la prensa conservadora, dirigentes políticos de ambos partidos tradicionales y varios actores sociales unidos en torno al anticomunismo, intensificaron sus denuncias contra los soviéticos. Por lo sucedido con Mesutti, sus diatribas tenían mayor asidero pero sobre todo, argumentos. Las insistencias iban dirigidas a bloquear el Convenio con la URSS, vigilar las “tendencias ideológicas” de los funcionarios públicos148, y bregar por la reducción del personal diplomático soviético. Todas ellas fueron finalmente exitosas, aún cuando la última fuera formalmente aprobada en octubre de 1961. Pero importa especialmente subrayar que los anticomunistas locales, parte de la citada red transnacional, se mostraban presurosos por radicalizar su lucha “frontal” contra el “flagelo”. Sus expresiones eran claras y pergeñaban la idea de evolucionar hacia la represión abierta. Para ello, debía mantenerse “un archivo […] sobre personas y organizaciones acusadas de actividades comunistas en todo el Continente, por medio de […] un Centro Interamericano de Información Anticomunista”149. Por último, un examen atento del caso, su tratamiento y derivaciones, permite, por lo menos, cuatro señalamientos. En primer lugar y al contrastar la documentación del SIE con las versiones de prensa, queda al descubierto cuán distorsionadas e hiperbólicas eran las mismas. Mesutti no era “rojo”. Sus colaboraciones con funcionarios soviéticos, como establecieron los agentes, nada le debían a una presunta militancia comunista. El implicado no era Jefe ni por él pasaban documentos importantes. Tampoco Mesutti confirmó durante los interrogatorios su trabajo de “aprendiz de espía” y mantuvo la versión de que no conocía a Sidorenkov. En suma, su procesamiento se debió a que avisaba a los delincuentes argentinos. Por lo pronto, todo indica que los interesados criterios selectivos del periodismo, aunados a la rigidez propia de la Guerra Fría, impusieron una versión “antojadiza” de los hechos. Poco importaban las pruebas y en ese sentido, el propio Mesutti, a casi un año y medio de los hechos, calificaba duramente aquel “inusitado sensacionalismo”: resulta “inadmisible que teniendo acceso a la única fuente veraz e imparcial como lo es el proceso penal […] la prensa nacional prescinda de ella” y divulgue “versiones […] irresponsables provenientes del extranjero”150. Como segunda observación, y pese a los desmentidos, queda claro que los soviéticos recurrieron a Mesutti, utilizando su posición en la cancillería para apropiarse de información. Aunque muchas veces resultaba natural para la labor de espionaje entablar vínculos con “oportunistas locales” o “personajes furtivos y cambiantes” –de lo cual no estaba a salvo la propia CIA, pese a su incontrastable poder en esta zona del mundo–151, el hecho de recurrir a Mesutti es indicativo de las limitaciones que encontraban para desplegar su acción clandestina los espías soviéticos. Se sabían vigilados y los hechos confirman la hostilidad de una región lejana a su zona de seguridad y donde el peso estadounidense era decisivo.
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En tercer lugar, los documentos del SIE evidencian una vez más el sesgo ideológico del servicio y sus agentes, tempranamente “empapados” en el anticomunismo. Cuando Quintans Pais identificó a la estudiante comunista de 22 años que cursaba Preparatorios en el Liceo Nocturno, inmediatamente un superior le solicitaba a otro funcionario del SIE que con dicha información le iniciara una “ficha a la nombrada Torrado”152. Por último, conviene destacar que lo acaecido en la cancillería153, motivó un permanente recordatorio por parte de los anticomunistas, que desde entonces tomaron el caso como una prueba fehaciente de sus alarmistas predicciones. Acicateados y aún antes de que irrumpiera el desafío cubano, los anticomunistas uruguayos solicitarían cada vez con mayor decisión, adoptar medidas radicales y cuidar las “tendencias ideológicas” de los funcionarios públicos. También, y acompañando sus diatribas de constantes apelaciones “A la Patria”, importa subrayar el convencimiento de que “la conspiración comunista nacional e internacional”, que definían como “un delito de LESA PATRIA”, no podría ser detenida. Según un importante e influyente Memorándum Secreto emitido, meses después del procesamiento de Mesutti, por el Movimiento Nacional Para la Defensa de la Libertad154, “la prevención y el alerta […] no bastarán”: “sólo la oposición abierta y franca –hoy y ahora- nos librará […] del inmerecido látigo”155. Parecían decir presente una parte importante de las más significativas manifestaciones que posteriormente darían legitimidad a los promotores del golpe de estado cívico-militar.
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“El asunto Mesutti”: anticomunismo y espionaje soviético en Uruguay Roberto García Ferreira
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA Archivos Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Uruguay) Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Archivo Administrativo (Uruguay) Archivo General de la Nación, Archivo de Luis Batlle Berres (Uruguay) Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Chile) Archivo Histórico do Itamaraty (Brasil) Cámara de Representantes de Uruguay, Archivo de Documentos (Uruguay).
Diarios, semanarios y revistas Acción (Montevideo) Diario Rural (Montevideo) El Debate (Montevideo) El Día (Montevideo) El País (Montevideo) El Plata (Montevideo) El Popular (Montevideo) La Mañana (Montevideo) La Tribuna (Montevideo) Marcha (Montevideo) Visión (Venezuela)
Bibliografía AA.VV. Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005). Montevideo, EBO, 2008. Agee, Philip. La CIA por dentro. Buenos Aires, Sudamericana, 1987. Alonso Eloy, Rosa y Demasi, Carlos. Uruguay 1958-1968. Crisis y estancamiento. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1986. Bucheli, Gabriel. Violencia política en Uruguay (1958–1974). Un abordaje a las experiencias de violencia política protagonizadas por organizaciones de derecha. Montevideo, Informe inédito, Facultad de Ciencias Sociales, 2009. Deutscher, Isaac. “La conciencia de los ex comunistas”, Revista de Economía Institucional, Vol. 7, No 13 (2005). Fazio Vengoa, Hugo. “América Latina vista por los académicos soviéticos: preámbulo de las relaciones rusolatinoamericanas” en Historia Crítica, No 15 (1997). Finch, Henry. La economía política del Uruguay contemporáneo, 1870-2000. Montevideo, EBO, 2005, 2ª ed., [1980]. García Ferreira, Roberto. La CIA y el caso Arbenz. Guatemala, CEUR-USAC, 2009. Grandin, Greg. Panzós: La última masacre colonial. Latinoamérica en la Guerra Fría. Avancso, Guatemala, 2007. Hobsbawm, Eric. Años interesantes. Una vida en el siglo XX. Buenos Aires, Crítica, 2003. Martínez Bersetche, José Pedro. Peligro Comunista en el Uruguay. Montevideo, Comité de Naciones en Lucha Contra el Comunismo, Diciembre de 1958. Nahum, Benjamín [Director]. El Uruguay del siglo XX. Montevideo, Instituto de Economía–EBO, 2003. Rupprecht, Tobias. “Staging Socialist Modernity. Soviet cultural diplomacy towards Brazil in the 1950s and 60s”, inédito, presentado en Seminario Internacional Brazil and the Cold War in Latin America: New Research and New Sources, Rio de Janeiro, 26-28 September 2010. Sewell, Bevan. “A Perfect (Free-Market) World? Economics, the Eisenhower Administration, and the Soviet Economic Offensive in Latin America”, Diplomatic History, Vol. 32, No 5 (2008). Uliánova, Olga. “Develando un mito: emisarios de la Internacional Comunista en Chile”, Historia, Vol. 41, No 1 (2008). Weiner, Tim. Legado de cenizas. La historia de la CIA. Buenos Aires, Debate, 2009.
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Notas * Este artículo forma parte de las actividades del equipo que el suscrito integra junto a Fernando Aparicio y Mercedes Terra. Deseo agradecer a los evaluadores las sugerencias realizadas a una primera versión de este artículo. Departamento de Historia Americana – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Sistema Nacional de Investigadores. 1 No se trata de registros “inocentes” y por ende corresponden algunas precisiones. Primero, fueron producidos con una manifiesta intencionalidad política por oficiales y/o agentes “empapados” en el anticomunismo. Lo hacían en representación de un Estado que con marcado “sesgo ideológico” desde décadas antes de iniciarse el conflicto bipolar ya acopiaba información de inteligencia en torno a un objetivo central y crecientemente obsesivo: las “actividades comunistas”. Segundo, parece imperioso no perder de vista que se trata de documentos condicionados por el enfrentamiento contra un enemigo frecuentemente presentado como poderoso y omnipresente pues implicaba la razón de ser del servicio. Sobre dichos considerando y en tercer lugar, parece razonable extremar los cuidados en su interpretación, teniendo presente que, en cualquier caso, estamos no ante los hechos como sucedieron sino ante una visión de los mismos. Empero, tales riesgos no inhiben su empleo como fuentes de especial trascendencia siempre y cuando, como se procura en este artículo, ellas sean sometidas a una sistemática crítica, contextualización y contrastación con otras piezas documentales. La expresión relativa al anticomunismo en Greg Grandin, Panzós: La última masacre colonial. Latinoamérica en la Guerra Fría, Avancso, Guatemala, 2007, p. 4. 2 Antigua denominación de la actual Dirección Nacional de Información e Inteligencia. El acceso a la misma fue posibilitado por el entonces Ministro del Interior José Díaz (2005-2008), ante quien el suscrito formalizó un proyecto de investigación de documentación histórica conservada en dicha dependencia. Las consultas fueron limitadas: no pudiendo revisar ficheros temáticos generales, los pedidos de material histórico se sustentaron —sobre todo en sus inicios— en base a intuiciones. 3 Rosa Alonso Eloy y Carlos Demasi, Uruguay 1958-1968. Crisis y estancamiento, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1986, pp. 16-21. 4 “¿Qué hacer?”, Marcha, 19 de septiembre de 1958. Aunque no reconocía filiación político partidaria, su línea editorial era claramente antiimperialista. Respecto de la crisis económica véase Magdalena Bertino, Reto Bertoni, Héctor Tajam y Jaime Yaffé, “La larga marcha hacia un frágil resultado. 1900-1955” y Danilo Astori, “Estancamiento, desequilibrios y ruptura. 1955-1972” en Benjamín Nahum [Director], El Uruguay del siglo XX, Montevideo, Instituto de Economía – EBO, 2003; y Henry Finch, La economía política del Uruguay contemporáneo, 1870-2000, Montevideo: EBO, 2005 2ª [1980], pp. 243-254. 5 Tobias Rupprecht, “Staging Socialist Modernity. Soviet cultural diplomacy towards Brazil in the 1950s and 60s”, inédito, presentado en Seminario Internacional Brazil and the Cold War in Latin America: New Research and New Sources, Rio de Janeiro, 26-28 September 2010; Bevan Sewell, “A Perfect (Free-Market) World? Economics, the Eisenhower Administration, and the Soviet Economic Offensive in Latin America”, Diplomatic History, Vol. 32, No 5 (2008). Acerca de la “orientación tercermundista” de Jruschov y la influencia de los académicos en la confección de la política exterior soviética véase Hugo Fazio Vengoa, “América Latina vista por los académicos soviéticos: preámbulo de las relaciones ruso-latinoamericanas”, Historia Crítica, No 15, 1997, pp. 1-18. 6 Meses después, la URSS y el Brasil firmaron un nuevo acuerdo a raíz del cual trocaron 60.000 toneladas de crudo soviético por 20.000 bolsas de cacao brasileño. Su amplia repercusión fue destacada por la embajada brasileña en Montevideo. “Intercambio comercial entre el Brasil y la Unión Soviética”, Oficio No. 227, Montevideo, 7 de noviembre de 1958 en Arquivo Histórico do Itamaraty (en adelante, AHI), Embajada de Brasil en Uruguay, Oficios, Julio-Diciembre de 1958. 7 Banco de la República Oriental del Uruguay, “Movimiento Comercial con la URSS”, Montevideo, 13 de junio de 1958, folios 99-100 en Cámara de Representantes, Tratado de Comercio y Navegación y Convenios Comercial y de Pagos con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Comisión de Asuntos Internacionales, Carpeta No. 1077 de 1956, Cámara de Representantes de Uruguay, Archivo de Documentos. 8 “Vender a quien nos compre”, Acción, 2 de septiembre de 1958. Medio de prensa afín a la facción “batllista” del gobernante Partido Colorado. 9 “Paz y amistad resumen los anhelos de los parlamentarios soviéticos”, El Popular, 24 de agosto de 1958. La revista latinoamericana Visión, claramente conservadora, no opinaba diferente. “Uruguay: lemas y sublemas. Una elección complicada y una economía de capa caída”, Visión, 10 de octubre de 1958, p. 25. El Popular era el diario del Partido Comunista del Uruguay. 10 Cámara de Representantes, Tratado de Comercio y “Los convenios con la URSS”, El Popular, 29 de agosto de 1958. 11 Días después, Uruguay concretó una importante exportación de 12.500 fardos de lana rumbo a la URSS, hecho que tampoco pasó desapercibido para la atenta diplomacia brasileña. Véase “Intercambio Comercial de Uruguay con la Unión Soviética”, Oficio No. 191, Montevideo, 12 de septiembre de 1958, AHÍ, Embajada de Brasil en Uruguay, Oficios JulioDiciembre de 1958. 12 “Un decepcionado del comunismo narra su pequeña pero reveladora historia: Homero Quintans Pais”, El Día, 23 de agosto de 1958 en Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (en adelante, ADNII), Carpeta 372, “Homero Quintans Pais”. Si bien también se identificaba con el gobernante Partido Colorado, El Día se ubicaba en el ala más conservadora del citado partido político, oponiéndose, hacia la interna del mismo, al “batllismo” que representaba Acción.
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Se trataba de una institución financiada por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Acta de declaración ante el Inspector Angel Stopiello, Servicio de Inteligencia y Enlace, Montevideo, 27 de agosto de 1958, en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. Hasta indicarse lo contrario, las siguientes notas provienen de este documento. 15 Ex Secretario General del PCU, expulsado en julio de 1955. 16 “Despreciable sujeto”, El Popular, 24 de agosto de 1958. 17 Contaduría General de la Nación, Registro General de Funcionarios de la Nación, Ficha Censal, en Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Archivo Administrativo (en adelante, AMREU-A.A.), Carpeta “Mesutti, Oscar”. 18 Oscar Mesutti a Luis Alberto Regueiro, Sr. Jefe de la Sección Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, 21 de marzo de 1955 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. 19 Oscar Mesutti a Luis Alberto Regueiro, Sr. Jefe de la Sección Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, 21 de marzo de 1955 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. 20 Según el jefe de sección, “a entera satisfacción” cumplió sus obligaciones, demostrando, “en todo momento”, “deseo de superarse”. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores, Calificación, Año 1956, Funcionario: Oscar Mesutti, AMREUA.A., Carpeta “Mesutti”. 21 Ministerio de Relaciones Exteriores, Contaduría, Asunto: Mesutti. Inasistencia a sus tareas en febrero de 1958, AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti”. 22 Oscar Mesutti a Elbio Quintana Solari, Montevideo, 24 de enero de 1958 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. 23 Elbio Quintana Solari, Montevideo, 25 de enero de 1958 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. Hasta indicarse lo contrario, las notas provienen de este documento. 24 Oscar Mesutti a Elbio Quintana Solari, Montevideo, 27 de enero de 1958 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. Hasta indicarse lo contrario, las notas provienen de este documento. 25 Ídem. Mayúsculas en el original. 26 Luis Guillot, Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, 27 de mayo de 1958 en AMREUA.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. 27 Oscar Mesutti al Sr. Director del Departamento Consular Don Aquiles Toso, Montevideo, 12 de agosto de 1958 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. 28 La desorganización y escasa versatilidad de los funcionarios del Archivo General de la Nación constituyen dos razones de peso en la explicación de dicha imposibilidad. 29 Las investigaciones policiales elevadas al Juez Letrado de Instrucción y Correccional de 4º. Turno se encuentran en el Oficio No. 918/958, Montevideo, 4 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367, “Denuncia de espionaje en el Ministerio de Relaciones Exteriores”. 30 Los trámites de disolución del vínculo matrimonial comenzaron en febrero de 1959 según un memorándum interno de la policía. “Se informa sobre Oscar Raúl Mesutti y Carmen Forcadell de Mesutti”, Memorándum, Montevideo, 20 de marzo de 1959 en ADNII, Carpeta 367, “Denuncia”. 31 Se trataba de un psicofármaco derivado de la morfina. 32 Oficio No. 918/958, Montevideo, 4 de septiembre de 1958, pp. 1-2 en ADNII, Carpeta 367, “Denuncia”. 33 En cuanto a la utilización de registros policiales obtenidos mediante interrogatorios debe mantenerse extrema cautela en su interpretación y manejo ya que tales documentos fueron confeccionados mediando una situación donde el detenido siempre se encuentra en indefensión. 34 Ibidem, p. 2. 35 Ibidem, p. 3. 36 Ídem. 37 Ibidem, p. 4. 38 Ibidem, pp. 3-4. 39 Ibidem, p. 5. 40 Ídem. 41 Ibidem, pp. 6-7. 42 Ibidem, p. 7. 43 Ídem. 44 Ibidem, p. 8. 45 Ibidem, pp. 8-9. 46 Ibidem, p. 12. 47 Ibidem, p. 9. 48 Ibidem, p. 12. 49 Y que incluía comunicaciones telefónicas “cuando había alguna cosa urgente”. Ibidem, p. 13. 50 Ibidem, pp. 11-12. 51 Ibidem, p. 10. 52 Ibidem, p. 10. 53 La instancia tuvo lugar en Buenos Aires entre el 15 y 30 de mayo de 1957. Véase “Arribó a Montevideo la delegación compatriota a la Conferencia de la Defensa del Atlántico Sur. Pleno éxito alcanzado en la misma”, El Día, 2 de junio de 1957; “Defensa”, Visión, 7 de junio de 1957, p. 13. 13 14
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Oficio No. 918/958, Montevideo, 4 de septiembre de 1958, p. 15 en ADNII, Carpeta 367, “Denuncia”. Ibidem, p. 14. 56 Ídem. 57 Ibidem, p. 14. 58 Ibidem, p. 12. 59 Ibidem, p. 13. 60 Ibidem, p. 15. 61 Ibidem, p. 31. 62 Ibidem, p. 33. 63 Ibidem, pp. 41 y 68. 64 Ibidem, pp. 15-16. 65 Ibidem, p. 17. 66 Ibidem, p. 18. 67 Ídem. 68 Ibidem, p. 20. 69 Ídem. 70 Ibidem, p. 19. 71 Ibidem, pp. 19-20. 72 Ibidem, p. 21. 73 Ibidem, p. 35. 74 Ibidem, p. 22. 75 Ibidem, pp. 37-38. 76 Ibidem, p. 23. 77 Ibidem, pp. 24-26. 78 Ibidem, p. 26. 79 Ibidem, p. 27. 80 Ibidem, pp. 48. 81 Memorándum de Antonio Pírez Castagnet, Montevideo, 1 de septiembre de 1958 en Ibidem, p. 80. 82 Ídem. 83 Ibidem, p. 73. 84 Ibidem, p. 74. 85 Memorándum de Antonio Pírez Castagnet, Montevideo, 1 de septiembre de 1958 en Ibidem, p. 83. 86 Hoja suelta, Ibidem, p. 76. 87 “Mesutti entregaba documentos a Mijail Spitsin y Kunezov”, El Plata, 4 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia de espionaje en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Comentarios de prensa”. No fueron conservadas en dicha carpeta la totalidad de las repercusiones de prensa. En caso de no consignarse la referencia a la citada carpeta, el artículo no proviene de la misma. 88 Según publicó La Mañana, ella fue procesada por “falsificación de firmas, robo de un talonario médico y tráfico de estupefacientes”. “Mijail Spitsin y Kunezov eran dos de los contactos que tenía Mesutti”, La Mañana, 4 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 89 “Pasaportes robados”, y “Sustraía pasaportes”, El País, 29 de agosto de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. El citado diario era vocero del Partido Nacional. Junto a El Día expresaban un radical discurso anticomunista. 90 “La Justicia procesa a un ‘indultado’ del Luisismo”, El Debate, 30 de agosto de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. El Debate era el vocero del “herrerismo”, facción afín a Luis Alberto de Herrera, importante dirigente del Partido Nacional. 91 “No tenía acceso a documentos importantes el funcionario infiel”, Acción, 30 de agosto de 1958. No menos importante era que nada se decía respecto a cuál era la procedencia de la “embajada extranjera” implicada en el “affaire”. Al respecto resulta importante destacar que el tenor de la información contenida en la nota de prensa que se cita, no mereció destaque para la inteligencia policial quien no adjuntó la misma entre los “comentarios de prensa”. 92 “Investigan presuntas infidencias de un funcionario de Relac. Exteriores”, La Tribuna, 30 de agosto de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 93 “Instruye un sumario la Cancillería a fin de esclarecer hechos denunciados”, El País, 31 de agosto de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 94 “Por revelación de secretos fue procesado ayer Mesutti”, El País, 3 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 95 “Por revelación de secretos la Justicia procesó a Oscar Mesutti”, La Tribuna, 3 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 96 “Oscar Mesutti daba el alerta a criminales requeridos del exterior”, Acción, 3 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 97 “El Tercer Secretario de la Embajada Soviética y un tal ‘Kunezov’ habrían sido los enlaces de Mesutti”, Acción, 4 de septiembre de 1958. 98 Acerca del anticomunismo en Uruguay véase Gabriel Bucheli, Violencia política en Uruguay (1958 – 1974). Un abordaje a las experiencias de violencia política protagonizadas por organizaciones de derecha, Montevideo, Informe inédito, Facultad de Ciencias Sociales, 2009. 54 55
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En efecto, el personal con que contaban las embajadas de países pertenecientes al Bloque Soviético parecía desproporcionado para la realidad uruguaya. “El rol de la diplomacia soviética en el Uruguay”, El País, 20, 21 y 24 de diciembre de 1956. 100 Como ha escrito Hobsbawm, “durante la Guerra Fría” el temor hacia el comunismo adquirió “una nueva dimensión histérica”. Eric Hobsbawm, Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2003, p. 167. 101 “El funcionario público que con, con abuso de sus funciones, revelare hechos, públicamente o difundiere documentos por él conocidos o poseídos en razón de su empleo, actual o anterior, que deben permanecer secretos, o que facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años”. Citado en “Nuestra ley penal no reprime de modo certero el espionaje”, La Mañana, 1 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 102 Ídem. 103 “‘Tengo el material que interesa a la revista’. Con esa clave Mesutti entregó información a los rusos”, La Tribuna, 5 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. Itálicas propias. 104 “Muy vinculado a los soviéticos”, El País, 5 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia” 105 “Agentes soviéticos habían conseguido ‘infiltrarse’ en nuestra Cancillería”, El Día, 5 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. Itálicas propias. 106 “Hay que investigar sobre el caso Sidorenkov para demostrar que Uruguay no es una colonia soviética”, El Día, 6 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia de espionaje en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Comentarios de prensa”. Itálicas propias. 107 “El asombro de sabernos objetivo del espionaje”, La Mañana, 6 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 108 El artículo denotaba que “L.L.”, estaba muy actualizado respecto al tema. Es altamente probable que informaciones tan precisas —detalles de su vida en Montevideo así como sus entradas y salidas del país— como las que aportaba fueran el resultado directo de sus cercanos vínculos con el SIE. “Espionaje y diplomacia”, El Día, 8 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. Itálicas propias. 109 La embajada, que tenía 70 funcionarios, sólo contaba con 10 que poseían inmunidad diplomática y Sidorenkov no la tenía pues figuraba cumpliendo funciones meramente administrativas en el país. Uruguay, por su parte, tenían un Encargado y dos Secretarios en su representación en Moscú. “Espionaje y diplomacia”, El Día, 19 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. Por: Nauthilus 110 “Sugestivo e inesperado viaje de un diplomático ruso”, Montevideo, 8 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. 111 Véase “Abandonó el país el diplomático ruso complicado con Mesutti”, La Tribuna, 9 de septiembre de 19587 y “Sorpresivamente partió para Rusia el Tercer Secretario Sidorenkov”, El Plata, 9 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 112 “Los rusos hacen lo que se les da la gana y encima de ello se ríen de nosotros”, El Día, s/f, en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. 113 “Cuidado con este Sujeto”, volante callejero en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. 114 Ídem. 115 Pseudónimo de Benito Nardone (1906-1958), dirigente gremial y periodista de tendencia conservadora cuyo acérrimo anticomunismo lo llevó a ser reclutado como operador político por parte de la CIA. Fue Presidente del Consejo Nacional de Gobierno entre 1960 y 1961, se trataba de un organismo colegiado donde ejercían la presidencia, de manera rotativa, los representantes más votados del partido político triunfante en los comicios. Estaba vigente desde 1952. Además, en el citado Consejo tenía representación el partido político que siguiera en votos al ganador. Tras las elecciones de 1966 se retornó al régimen presidencialista. 116 “¿El Puerto Franco de Colonia a Rusia?”, Diario Rural, 27 de septiembre de 1958. Semanario de la Liga Federal de Acción Ruralista y acérrimo vocero anticomunista. 117 “Espionaje y diplomacia”, El Día, 19 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. Por: Nautilus. 118 Walder L. Sarmanho a Francisco Negrao de Lima, “Actividades comunistas en Uruguay. Agosto de 1958”, Memorándum Secreto No. 178/600, Montevideo, 10 de septiembre de 1958 en AHI-EBU. 119 Llama “la atención que […] hasta el momento se haya limitado a la escueta declaración transcrita y a una breve exposición en el Senado cuyo contenido no ha trascendido. Parecería que el titular de la cartera hubiese hecho voto de conservar su inalterable tranquilidad aún cuando los ataques y críticas que se le formulan, cotidianamente […] arrojen contra el servicio que dirige cargos de extrema gravedad”. “Espionaje soviético en la Cancillería uruguaya”, Oficio Confidencial No. 240/17, Montevideo, 9 de septiembre de 1958, pp. 3-4 en Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Embajada de Chile en Uruguay, Oficios Enviados y Recibidos, 1958, Vol. 5065. 120 “Assunto do dia. O caso Mesutti”, Tribuna da Imprensa, 19 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. Itálicas propias. 121 “Moscou mandou roubar o ‘Tratado do Atlántico Sul”, Maquis, 11 de octubre de 1958, p. 21 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. Itálicas propias. 122 “Caso de espionaje comunista fue sorprendido en Uruguay”, El Debate (Santiago de Chile), 15 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 123 “Quejas uruguayas contra el espionaje rojo”, Excelsior, 29 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. Por: Alfonso Luis Galán. Itálicas propias. 99
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El diario comunista denunció la difusión del Foro a través de la cadena estatal ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayos). “En el aire”, El Popular, 30 de septiembre de 1958. Para ese entonces, el más estable programa radial dedicado al anticomunismo era “Hoy en el Mundo”, que había sustituido a “La Prensa en el aire”, emitiéndose ambos por CX12 Radio Oriental. “Por la plata baila el mono”, El Popular, 10 de octubre de 1958. Es altamente probable que “Hoy en el mundo” fuera un programa controlado por la estación local de la CIA. Véase Roberto García, La CIA y el caso Arbenz, Guatemala, CEUR-USAC, 2009, p. 80. 125 Quien presidía el mencionado Comité transnacional que también integraban —junto a los latinoamericanos— representantes de Albania, Armenia, Bulgaria, Coracia, Checoslovaquia, China, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Ucrania. José Pedro Martínez Bersetche, Peligro Comunista en el Uruguay, Montevideo, Comité de Naciones en Lucha Contra el Comunismo, diciembre de 1958. 126 “Del Sr. J. P. Martínez Bersetche”, El Día, 9 de marzo de 1958. 127 José Pedro Martínez Bersetche, Peligro Comunista, p. 62. Itálicas propias. 128 “Espía con póliza”, Marcha, 5 de septiembre de 1958. 129 “Debe terminar la farsa provocativa fraguada desde ‘Int. y Enlace’ y la Embajada yanqui”, El Popular, 5 de septiembre de 1958. 130 “Un novelón de Mussio y de la embajada norteamericana”, El Popular, 1 de septiembre de 1958. 131 “¿Quién mueve los hilos de las provocaciones de estos días?”, El Popular, 4 de septiembre de 1958. Según informó días después, se trataba de un “cocainómano” dedicado a un “negocio lucrativo”: “avisaba a criminales extranjeros cuya extradición se solicitaba”. “Prensa venal, ‘Inteligencia y Enlace’ y embajada yanqui”, El Popular, 6 de septiembre de 1958. 132 “Debe terminar la farsa provocativa fraguada desde ‘Int. y Enlace’ y la Embajada yanqui”, El Popular, 5 de septiembre de 1958. 133 “Influencias foráneas”, El Popular, 6 de septiembre de 1958. “¡Si se quiere buscar intromisión de una embajada extranjera en la vida de un país, ahí está, en su forma más descarada, en la embajada de la diagonal Agraciada!”. “El tiro por la culata”, El Popular, 13 de septiembre de 1958. 134 “Fiasco de la provocación”, El Popular, 12 de septiembre de 1958. 135 “El tiro por la culata”, El Popular, 13 de septiembre de 1958. 136 Acta No. 51, 10 de septiembre de 1958 en Cámara de Representantes, Comisión de Asuntos Internacionales, Actas, 1957-1958, folio 242. 137 “Foro de desaforados”, El Popular, 25 de septiembre de 1958. Por: Alfredo Gravina y “El ‘Foro’ de los usufructuarios de los 150 millones de dólares”, El Popular, 24 de septiembre de 1958. 138 “E. Ravinez, el cipayo” [sic] y “Quién es Víctor Labbe Díaz”, El Popular, 26 de septiembre de 1958. 139 “Carta abierta el periodista que hace anticomunismo”, El Popular, 25 de septiembre de 1958. Por: Un Uruguayo. 140 “Foros e inquisiciones”, Marcha, 26 de septiembre de 1958. 141 “Democracia versus Totalitarismo”, Marcha, 10 de octubre de 1958. 142 “Manía anticomunista”, Marcha, 17 de octubre de 1958. Por: José Barrientos. 143 Habiendo transcurridos los 6 meses de retención de haberes que disponen las “disposiciones vigentes”, Mesutti solicitó al Señor Ministro que desde el próximo mes se le abonara “el total” de su sueldo. Tres meses más tarde, en junio, el Consejo Nacional de Gobierno dejó sin efecto el pase en Comisión de 1954 y por el cual Mesutti trabajaba en la Cancillería. Véase Oscar Mesutti al Señor Ministro Profesor Don Oscar Secco Ellauri, Montevideo, 11 de febrero de 1959; y Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública, Asunto No. 4059, Montevideo, 18 de junio de 1959 en AMREU-A.A., Carpeta “Mesutti, Oscar”. 144 “Se informa sobre Oscar Raúl Mesutti y Carmen Forcadell de Mesutti”, Montevideo, 20 de marzo de 1959 en ADNII, Carpeta 367, “Denuncia”. 145 La Confederación Interamericana de Defensa del Continente, según la CIA, constituía uno de sus “canales” públicos de trabajo en el continente americano. CIA, “Jacobo ARBENZ, ex-President of Guatemala–Operations Against”, Doc. No. 919959, 16 May 1957. Dos años antes, su creación fue saludada por la prensa anticomunista uruguaya. La Mañana, 27 de agosto de 1955, p. 1 y ADNII, Carpeta 270, “Tercer Congreso Contra la Intervención Soviética en la América Latina”. 146 “Anticomunismo mercenario”, El Popular, 10 de octubre de 1958. 147 Entre ellos, especial era el caso de Eudocio Ravines, importante emisario de la Internacional comunista en los años 30 y en ese entonces devenido en un ferviente anticomunista reclutado por la CIA. Sobre Ravines en Chile véase Olga Uliánova, “Develando un mito: emisarios de la Internacional Comunista en Chile”, Historia, 41:1, 2008, pp. 99-164, especialmente pp. 125-137. Para su vinculación como “agente de la CIA” véase Philip Agee, La CIA por dentro, Buenos Aires, Sudamericana, 1987, p. 477. Acerca de los ex comunistas y su “incapacidad” para la “imparcialidad” véase Isaac Deutscher, “La conciencia de los ex comunistas”, Revista de Economía Institucional, 7:13, 2005, p. 282. 148 “El personal de nuestra Cancillería”, La Mañana, 31 de agosto de 1958 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 149 “Apatía continental. Ineptitud anticomunista”, Visión, 7 de noviembre de 1958, p. 17. 150 Por esa razón, pedía al Sr. Director que por un “deber de ética periodística, se designe un periodista para que examine el expediente penal…e informe a la opinión pública”. “Del Sr. Oscar Raúl Mesutti”, El Debate, 6 de noviembre de 1959 en ADNII, Carpeta 367A, “Denuncia”. 151 Tim Weiner, Legado de cenizas. La historia de la CIA, Buenos Aires, Debate, 2009, pp. 147-148. 152 “Se informa sobre la persona que suministró a Edmundo Porciles, un documento que estaba en poder de Washington Misón”, Memorándum, Montevideo, 13 de septiembre de 1958 en ADNII, Carpeta 372, “Homero”. Itálicas propias. 124
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“El asunto Mesutti”: anticomunismo y espionaje soviético en Uruguay Roberto García Ferreira
No eran las primeras sospechas. Memorándum Confidencial, “Penetración comunista en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, Diciembre de 1955, pp. 12, 19, 21 y 24, Archivo General de la Nación (Uruguay), (AGN-UY), Archivo de Luis Batlle Berres (ALBB), Caja 123, “Comunismo”. 154 Sobre este movimiento véase Gabriel Bucheli, Violencia política, especialmente pp. 8-11. 155 Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad, El Comunismo en el Uruguay, Memorándum Reservado, Julio de 1959, p. 12 y Apéndice en AGN-UY, ALBB, Caja 123, “Comunismo”. 153
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¡Hoy es Nochebuena y la ciudad está de fiesta!: la celebración de la Navidad en Santiago, 1850-1880* Today is Christmas Eve and the City is Celebrating! : The Celebration of Christmas in Santiago, 1850-1880 Hoje é Natal e a cidade está em festa!: a celebração do Natal em Santiago, 1850-1880
AUTORA
Daniela Serra Anguita
fiesta desde tiempos de la Colonia, cedió paulatinamente frente al cambio de mentalidad
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
[email protected]
El artículo aborda la celebración de la Nochebuena en Santiago de Chile,
durante la segunda mitad del siglo XIX. El espíritu carnavalesco que caracterizó a esta que sufrieron las elites santiaguinas a medida que avanzaba el siglo XIX. El análisis de la prensa de la época deja en evidencia que los nuevos ideales ilustrados tenían poco que ver con la expresividad barroca que se manifestaba durante la Navidad, lo que se tradujo en una serie de disposiciones gubernamentales que terminaron por transformar la sociabilidad festiva de los chilenos con respecto a la Nochebuena. Palabras clave:
Carnaval; Cultura Popular; Fiestas Religiosas; Navidad; Chile.
RECEPCIÓN 17 noviembre 2010 APROBACIÓN 27 julio 2011
This article deals with the celebration of Christmas Eve in Santiago de Chile,
during the second half of the nineteenth-century. The carnival spirit that characterized this celebration dating back from colonial times, gradually faded away facing the changing mentality that Santiago’s elite underwent as the nineteenth-century progressed. The analysis of the press from that time shows that the new enlightened ideals had little to do with baroque expressivity that was expressed during Christmas, which resulted in a series of governmental regulations that ended up transforming Chilean’s festivity sociability with respect to Christmas Eve. Key words:
Carnival; Popular culture; Religious celebrations; Christmas; Chile.
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.05
O artigo aborda a celebração da Noite de Natal em Santiago do Chile, durante
a segunda metade do século XIX. O espírito carnavalesco que caracterizou essa festa mundana desde os tempos da Colônia, cedeu gradativamente face à mudança de mentalidade que sofreram as elites de Santiago à medida que o século XIX avançava. A análise da imprensa da época põe em evidência que os novos ideais ilustrados tinham pouco a ver com a expressividade barroca que se manifestava durante o Natal, e isso se
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traduziu numa série de disposições governamentais que terminaram transformando a sociabilidade festiva dos chilenos a respeito da Noite de Natal. Palavras-chave:
Carnaval; Cultura Popular; Festas Religiosas; Natal; Chile.
Introducción Hacia mediados del siglo XIX, durante las noches del 24 y el 25 de diciembre, los habitantes de la ciudad de Santiago, la capital de la República de Chile, se volcaban a sus principales avenidas a celebrar con abundancia de comidas, música y bailes el nacimiento del Niño Dios. La sociedad entera, sin distinción de clases, esperaba con ansias la fiesta de Nochebuena, celebración popular, masiva y pública que era celebrada en clave tradicional con un marcado predominio de lo rural1. La Navidad también simbolizaba el final del año. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de nuevas oportunidades, razón que producía un mayor ánimo de festejo entre los habitantes de Santiago. Era una noche en la que los niveles de permisividad aumentaban: se comía, bebía y gastaba en exceso, actitud que comúnmente se traducía en desórdenes y borracheras. Un siglo y medio más tarde las cosas son diferentes. Si bien se ha mantenido casi intacto el contenido cristiano de esta fiesta religiosa, la forma en que la sociedad conmemora la venida de Jesús al mundo muestra profundos cambios hoy día. Resulta extraño imaginar una Nochebuena celebrada cual carnaval en la Alameda del centro de Santiago, festejo que hoy se caracteriza por el espíritu de recogimiento que reina en los hogares, escenario íntimo de una celebración que reúne a la familia y que está orientada hacia los niños. Pero las fuentes consultadas son elocuentes con respecto a la Navidad decimonónica y nos transportan de forma vívida hacia lo que entonces fuera el acontecimiento más esperado e importante del año. ¿Cuándo se produjeron los cambios que transformaron por completo el carácter de la Nochebuena? A medida que avanza el siglo XIX el elemento carnavalesco de la fiesta de Navidad se fue perdiendo y con ello se comenzó a dejar atrás su carácter popular, retirándose de las calles para recluirse al interior de los hogares de los habitantes de la capital. Junto a esto, comenzó a tomar fuerza una nueva celebración: la fiesta de Año Nuevo, celebrada cada 31 de diciembre. Si bien fue una iniciativa impulsada en los círculos de la élite ilustrada, no tardó mucho en extenderse hacia el resto de la sociedad. De esta manera la Navidad abandonó su sentido como fiesta primordial de fin de año, con su contenido particular, lo que implicó que muchas de las conductas festivas que la caracterizaban fueron quedando en el olvido. ¿Habrá sido quizás una estrategia de la élite el introducir la ilustrada festividad de Año Nuevo para ir quitándole protagonismo a la popular Nochebuena?2 Cierto o no, las calles de la capital durante la Navidad
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se transformaban a mediados de siglo en el escenario del festejo más significativo del año. Si bien la descripción de esta fiesta es de por sí impresionante, este ejercicio no satisface la riqueza documental que está escondida en los periódicos y crónicas de la época3. Es por esto que realizaremos un viaje entre 1850 y 1880 que nos permitirá vislumbrar los cambios estructurales que, junto a determinados acontecimientos, forjaron la nueva esencia de la Nochebuena4. Es preciso notar que el tema de la Navidad decimonónica ha sido abordado de forma más bien tangencial por la historiografía chilena, ya que se ha trabajado en relación a temas más generales, como el de la religiosidad popular (Salinas: 1987, 1991, 2005; Parodi: 2000); las fiestas religiosas del calendario litúrgico (Cruz: 1995, 1998; Browne: 1996; Millar: 2000); y la vida cotidiana del pueblo (Salinas: 2005), entre otros. Pero siendo esta fiesta la más importante para el pueblo y para el conjunto de la sociedad en aquella época, merece ser protagonista de su propia historia. Junto al ejercicio de descripción y análisis, iremos viendo los sutiles cambios que comenzaron a operar en las nociones de colectividad, de espacios públicos y privados y en los códigos sociales y morales de los habitantes de Santiago hacia la segunda mitad del siglo XIX, realidades que iluminarán el estudio del Chile decimonónico desde una nueva perspectiva.
La Nochebuena chilena: el carnaval se toma Santiago La celebración de la Nochebuena en Chile se remonta a los primeros años de la Colonia5. Los españoles que conquistaron el territorio trajeron consigo no sólo los dogmas de la tradición cristiana, sino que también sus formas plásticas y rituales de representación. Tanto la Iglesia Católica como la Corona española tenían plena conciencia de la importancia del uso de los espacios públicos para acceder, de forma eficaz, a la comunidad de fieles. Por esta razón las ceremonias civiles y religiosas se convirtieron en una herramienta fundamental para acaparar todos los espacios, invadiendo la ciudad y la vida cotidiana de sus habitantes. La religión salió de los templos a las plazas y principales avenidas, circunstancia que no solo servía para festejar, sino que también era utilizada como una instancia de adoctrinamiento, particularidad que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Hacia 1850 la catolicidad de la ciudad aún se manifestaba por todas partes: en su arquitectura, en el uso de las calles y plazas y en la medición del tiempo regido por el tañido de las campanas, entre otros aspectos6. Pero la utilización de los espacios públicos no era solamente una iniciativa propia de la autoridad eclesiástica, sino que respondía también a la forma espontánea y cotidiana en que el pueblo expresaba su sociabilidad festiva. Por lo general en Santiago, las condiciones de vida de los estratos más bajos era de hacinamiento y precariedad, situación que se traducía en una falta de espacios privados donde se pudieran desarrollar actividades sociales7, como por ejemplo el festejo de la Nochebuena. Pero más allá de las circunstancias económicas, el mundo popular celebraba la Navidad en las calles y plazas de la ciudad porque correspondía con su forma de sociabilidad de corte tradicional, donde lo privado y lo público se confundían8. Este escenario se mantuvo a lo largo del
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siglo XIX, lo que evidencia que la moderna noción de lo privado9 aún no había hecho su aparición en el grueso de la población del Chile decimonónico, particularmente en Santiago. Para el caso de la Navidad, a diferencia de otras celebraciones religiosas que se desarrollaban en los espacios públicos pero que mantenían el orden y recato, se agregaba un elemento adicional que transfiguraba a esta festividad en una ocasión de jolgorio popular. Como en la antigua tradición hispánica y occidental esta fiesta estaba muy ligada al carnaval, era un tiempo que estaba llamado a subvertir la realidad social y la jerarquía cotidiana, característica que se traspasó también al Nuevo Mundo. Si bien algunos autores plantean que la experiencia del carnaval es un espacio y tiempo de transgresión de la cultura oficial, la Navidad chilena del siglo XIX jugó un rol diferente, al configurarse como una especie de transgresión autorizada por la propia cultura oficial10. Los elementos propios del carnaval funcionaron como una válvula de escape, una forma de relajo social que, basada en la inversión simbólica del orden cotidiano de las cosas, terminaba reforzando la jerarquía social ordinaria. La manera en que se festejaba el nacimiento del Niño Jesús durante la Colonia y más tarde en la República de Chile tenía, entonces, los rasgos propios del catolicismo oficial de origen hispano -serio, jerárquico y clerical-, pero a la vez poseía un contenido y manifestación francamente popular. Este cristianismo de vena festiva y alborotada se mezclaba con la tradición ritual americana, elementos que, junto al rasgo subversivo propio del carnaval, transformaban a la Nochebuena en una fiesta sin igual. Sin embargo, para las autoridades de una iglesia obsesionada por el cuidado del alma y el descuido del cuerpo, no era fácil coexistir con estas expresiones populares de religiosidad11. Lo profano, la exaltación de los sentidos, el exceso de comida, alcohol y baile y el relajo de las costumbres sexuales, permitían al pueblo experimentar una devoción más ligada a su cotidianeidad12. Este carácter juerguista y subversivo de la Nochebuena se mantuvo con pocas modificaciones hasta mediados del siglo XIX, cuando lentamente comenzaron a surgir iniciativas para apaciguar las ansias festivas del pueblo capitalino. Pero ¿cuáles eran las inversiones propias de lo carnavalesco que comenzaron a impacientar a las autoridades eclesiásticas y civiles? ¿Constituían acaso una amenaza para el orden jerárquico y moral que la élite y un clero cada vez más ilustrados querían imponer al pueblo?
La Navidad hacia 1850. Inversión de lo cotidiano Al fijar la mirada en la Nochebuena de la década de 1850, se advierten rasgos importantes de cómo durante esta festividad el orden corriente de las cosas era subvertido como ejercicio casi existencial de la fiesta misma. Sin trasgresión no era posible crear un nuevo orden que, si bien
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era temporal y espacialmente limitado, permitía a la sociedad renovar sus normas y jerarquías. A continuación, algunos ejemplos de inversiones que le brindaron a la Navidad un acento popular y rural que la hizo característica.
La naturaleza como riqueza y don En primer lugar, la ubicación de la Navidad en el calendario significaba de por sí una experiencia de inversión. Mientras que en los países del hemisferio norte la venida del Mesías se conmemoraba durante los fríos meses de invierno, al trasladarse a América la celebración recaía durante el solsticio de verano, generando una atmósfera totalmente opuesta. Esta situación reforzó en las primeras generaciones hispanas venidas al Nuevo Mundo la experiencia de la Navidad como un tiempo maravilloso, donde la naturaleza se tornaba pródiga, fecunda, generosa y frutal, una afirmación de la vida y de la renovación del mundo13. Esta idea se transformó en el contenido principal de la Nochebuena y perduró con mucha fuerza hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Como la Navidad se festejaba durante los calurosos meses de verano, la variedad y disponibilidad de elementos para conmemorar el nacimiento del Niño Jesús, con respecto a los países de Europa, era absolutamente diferente. Esto permitió que la celebración fuese adaptada desde su versión original a una nueva que incorporaba los ingredientes más típicos del país, generando en los chilenos un afecto especial por esta época del año. Lo más significativo de la Nochebuena, tanto en términos materiales como simbólicos, fue la presencia de la naturaleza en su momento de mayor esplendor. El contexto frutal y floral que se generaba en el tiempo de Navidad14, producía un clima de abundancia y de goce que no se repetía en otro momento del año15. Como señalaba un periódico en 1851: Ya hemos llegado a la plaza de abastos, como si dijera, a la gran esposicion anual de las primeras frutas, flores, verduras y legumbres que una vegetación profunda y pródiga, ayudada por los esfuerzos de los agricultores, nos pone de manifiesto en el recinto de la plaza16. Los productos de la tierra eran comercializados durante la noche del 24 de diciembre, pasando a constituir el elemento principal del banquete pascual. Las ventas de frutas, flores y otros alimentos se apostaban en los corredores de la Plaza de Abastos, lugar que se transformaba en el epicentro de los festejos de la Nochebuena. Los puestos se instalaban en una hilera, cuyo menaje se componía por lo general de tres o cuatro sillas, un mostrador de taberna y faroles chinescos de diversos colores que, junto con iluminar, generaban un ambiente alegre17. En las ventas se ofrecían los mejores productos de la tierra y las primeras frutas de la estación, así como otros comestibles y bebestibles preparados especialmente para la ocasión. Era común encontrar en los mostradores un cántaro con huesillos, una olla con cazuela, un ponche arrima’o a nieve y, cómo no, un recipiente de horchata con y sin “malicia”. Entre las frutas y flores no podían faltar: El damasco [que] perfuma con su olor el ambiente casi provocando envidia de las flores; brinda sus ricos colores la guinda; bajo negra capa de luto cubre la breva su corazón de
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fuego; despierta el apetito el durazno y allá, en modesto jarrón, crece verde y gallarda la mata de trigo que luce sus primeras espigas […] Aquí la popular albahaca, allí la tierna sensitiva, allá el lirio, acullá la rosa o el jazmín: se ha escogido lo mejor del jardín o del huerto para adorar el portal que honró, haciéndolo su cuna, el Salvador del mundo18. Todos los habitantes de Santiago se volcaban a las calles a disfrutar de estos productos, a deleitarse con la música de las cantoras y a bailar zamacuecas en las fondas instaladas a un costado de la plaza. Este ambiente fue descrito vividamente por la prensa de la época, como lo demuestra la siguiente crónica sobre los festejos de Nochebuena realizados en la ciudad de Valparaíso: Sería un delito capital dormir esa noche […] Oleadas de jente de diversos sexos, clases y condiciones cruzan en todas direcciones la ciudad: la parte relijiosa afluye a las iglesias que abren sus puertas a desusadas horas, para dar cabida a los que van a elevar plegaria por el Infante del pesebre; otra parte […] fiel a citas dadas de antemano, acuden en busca de sus parejas que a cierta y convenida hora deben reunirse en algun punto. Se ponen, pues, en movimiento y ya hemos llegado a la plaza de abastos […] Nuestro paso sera cortado y nuestros oidos ensordecidos por los infinitos vendedores de las nuevas frutas, cuyos gaznates se disputan la preferencia en el gritar. El uno encomia la breva fresquita aunque madurada por un esfuerzo artístico del hortelano; el otro el duraznito de la virjen, cual la laxante ciruela, el dorado albaricoque; otro proclama la sandilla madurita, las guindas y sus inseparables compañeras, las peras; en fin todo es confusion, todo gritos y chillidos19. La naturaleza, como vemos, era un elemento protagonista a la hora de celebrar. Por una parte permitía a todos, incluso a los más pobres, disfrutar de ricas comidas durante la Nochebuena, claro elemento de inversión si se considera que durante el resto del año la subsistencia y la precariedad marcaban el transcurso de la vida en los estratos más bajos. Pero, por otro lado, se transformaba en la principal ofrenda para el recién nacido. Si durante todo el año se había trabajado duro para subsistir con lo mínimo20, la Navidad inauguraba un tiempo, aunque efímero, de riqueza y abundancia material -y también espiritual- para los más pobres, quienes contaban con los productos de su propia tierra para ofrendar y celebrar la llegada de Jesús al mundo. La fecundidad de la tierra era un don de Dios, circunstancia que permite entender la relación básica que esconde la lógica de la ofrenda: cada obsequio llama a otro obsequio de vuelta. La fertilidad era un regalo y para que ésta se perpetuara, se le debían ofrendar a Dios los productos de la tierra21. Las primeras frutas del año y flores de la estación eran los regalos privilegiados. Como recuerda un cronista con nostalgia, “al pié del nacimiento se colocaban las ofrendas que le llevábamos los niños del pueblo, platos con trigo nacido de un verde pálido bellísimo, los primeros duraznos, brevas, ciruelas i hasta huevos de gallina i de perdiz”22. Estas ofrendas hacían que los nacimientos23 adquirieran un aspecto único y alegre, al presentar a un Niño Jesús rodeado de los elementos que representaban lo mejor y más llamativo del campo chileno. Incluso algunas veces era posible ver, junto a los Reyes Magos, a un huaso
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o una banderita chilena adornando el cuadro. El pueblo le ofrendaba “con el puro aroma de sus tradiciones, i el obsequio de sus costumbres”24, que para los habitantes de Santiago de 1850 era todavía lo propio del mundo rural. La riqueza material y simbólica que otorgaba la presencia de la naturaleza, hacía de la Nochebuena un tiempo particularmente festivo, transformándose en un período de entrega, de goce y de alegrías sin limitaciones. Este aspecto fue otra experiencia de inversión, puesto que permitía que los más desposeídos gozaran de las bondades de la tierra, riqueza que podían ofrendar al recién nacido, disfrutar como banquete pascual y ofrecer como mercadería en las ventas apostadas en el centro de la capital.
Fin de año, nuevas oportunidades
Por otra parte la Nochebuena representaba el cierre del año, lo que encarnaba un horizonte
de doble significación: por un lado simbolizaba el límite de ciertos anhelos, la oportunidad de alcanzar determinados deseos; pero por otro, era vista como el momento de dejar atrás un año que muchas veces había sido difícil, renaciendo las esperanzas de un futuro mejor. Las fuentes, nuevamente, son significativas al respecto. Como señalaba un periódico: En los anales del pueblo esta fiesta siempre forma una época feliz, que suele ser el fin de ciertas especulaciones; el termino de sus deseos; el horizonte de su felicidad; el colmo de sus esperanzas; porque a porfía quiere que le acontezca algo feliz o ambiciona para entonces algo nuevo o estraordinario. Así suele decir: para la Pascua tendré tantos pesos; para la Pascua me casaré; para la Pascua estaré de vuelta; para la Pascua estrenaré aunque no sea más que la manta; yo para la Pascua tengo pantalones nuevos, botas o caballo25. No sólo se celebraba el nacimiento de Jesús, sino el renacer de la vida de cada individuo, condiciones que merecían un festejo fuera de las proporciones normales con las que se celebraban el resto de las fiestas religiosas y que requería del relajo de determinadas normas sociales y conductuales, para así llevar el gesto festivo más allá de los límites cotidianos. Gracias a esta excepcionalidad de la fiesta de Nochebuena, como principal festividad del año, es que el tema del gasto aparece como un elemento que debe ser considerado. El acto festivo se trata de un consumo puro, en el que se lleva a cabo el gasto en todas sus consecuencias, conducta que lleva a la gratuidad y a la generosidad; a la entrega y al don26. Es bajo esta lógica que podemos entender cómo durante la Navidad se gastaba hasta lo que no se tenía27, ya que era la única vez en el año en que el pueblo gozaba de total libertad para consumir sin remordimientos. Como refiere un cronista sobre lo que su criada le manifestó con respecto a la fiesta: “Hoy, me dijo, es Noche Buena, i como no pierdo la costumbre de dar una vez al año, rienda suelta al gusto; quiero plata i libertad”28. Esta cita muestra cómo durante las celebraciones el gasto estaba permitido en todas sus dimensiones, constituyéndose como
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otro ejemplo de inversión. Si bien era cierto que el dinero escaseaba durante todo el año en los estratos populares, esto no impedía salir a festejar y a gastar a la Plaza de Abastos la noche del 24 de diciembre.
La jarana se toma el centro de la ciudad Como señala Maximiliano Salinas, la fiesta parece ser el momento triunfal de la cultura popular, al mismo tiempo que se transforma en una amenaza al sistema por la posibilidad permanente del descontrol social29. La particularidad de la fiesta de Nochebuena hacia mediados del siglo XIX es que el elemento popular lograba superponerse a los esfuerzos de control y recato que las autoridades civiles y eclesiásticas buscaban imponer, esfuerzo que da cuenta de la presencia efectiva de elementos carnavalescos que se buscaban moderar. Sólo bajo la lógica de las inversiones podemos comprender que el mundo popular se instalara en el centro de la ciudad cada 24 de diciembre, introduciendo a un espacio cotidianamente reservado para el comercio e intercambio de productos, los elementos inherentes a su desbordante forma de celebrar: el alcohol, la música y el baile. Estos sujetos populares, muchos de ellos venidos del campo, formaban una especie de puente entre el mundo rural tradicional y el medio urbano30, desarrollando un sistema de vida marcado por la temporalidad, la inestabilidad y el desarraigo31, condiciones que durante la Nochebuena eran dejadas de lado, instaurándose un tiempo especial: el tiempo de fiesta, que trascendía y re-significaba lo cotidiano, permitiendo experimentar la liberación propia del carnaval32. Esta forma de subversión del orden incomodaba a las autoridades33, quienes cedían una vez al año permitiendo que el pueblo festejara a sus anchas la fiesta más significativa del calendario litúrgico. Pero lo que en 1850 disgustaba, hacia 1870 se había transformado en una franca aversión por las formas excesivas y descontroladas con que el pueblo festejaba la venida del Mesías. Este cambio de actitud respondía, por una parte, a que las numerosas costumbres europeas adoptadas por la oligarquía habían ido aumentando paulatinamente la distancia con las del bajo pueblo34; pero, también, a que el reformismo eclesiástico de tendencias ilustradas y regalistas se distanció del culto exteriorizado y espontáneo, que podía parecer excesivamente burdo, desbordado e irracional. Para los católicos de mediados del siglo XIX, el rito debía seguir siendo público, pero ya no en las calles sino recluido en los templos35, ideal que contrastaba fuertemente con lo que ocurría efectivamente durante la fiesta. El lugar que encarnaba lo más desenfrenado del festejo popular era la fonda. Apostadas junto a las ventas alrededor de la Plaza de Abastos, en estas carpas de lona improvisadas -donde se instalaban mesas, sillas de junco y se despejaba la pista de baile- se daban todos los elementos característicos de la fiesta popular. Adornadas con banderas, papeles de mil colores y farolitos, las fondas permitían que las conductas festivas que durante todo el año se habían desarrollado en los márgenes de la ciudad, se trasladaran al centro mismo de la capital36, lo que sólo podía explicarse bajo la lógica del carnaval.
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En las fondas se podía ver la manera característica de divertirse del pueblo, “la zamacueca y el ponche eran ahí los principales agentes del contento popular”37, junto a las tonadas y cantos a lo divino y a lo profano, interpretados por las cantoras con arpas y guitarras. La mujer, figura bastante marginal en una época que anuló casi totalmente su participación política y pública, podía salir de su estado cotidiano de reclusión y subordinación para festejar con gozo el nacimiento del Niño Dios. Durante la Nochebuena ellas eran quienes animaban las fondas y quienes protagonizaban el comercio navideño situado en la Plaza de Abastos. Así las mujeres -en su rol de cantoras y venteras- pasaban a configurar un nuevo elemento de transgresión. Pero las fondas no eran un foco exclusivo de festejo popular. El baile y el alcohol atraían a gente de todas las clases y condiciones que, dejando atrás las diferencias que cotidianamente los distinguían, daba paso a una multitud de la que todos formaban parte38. Esto hacía de la Nochebuena una fiesta única, en la que “se codeaban gentes de toda clase sin distinción de sexo, edad ni fortuna”39, generando una atmósfera muy particular que no se repetía en otras fiestas.
El juego, la sexualidad y la violencia también tenían su espacio en las fondas. Así muchas
veces la alegría y el entusiasmo terminaban en riñas o desórdenes entre borrachos, situación que desataba enfrentamientos que terminaban con la intromisión de la policía y con más de algún sujeto en la cárcel40. Además existían aquellos que, aprovechándose de la confusión que generaba la multitud de gente, se dedicaban a robar a los paseantes objetos tales como sombreros, relojes, pañuelos y prendedores, entre otros. Ciertamente estas situaciones molestaban a las autoridades y a una elite que, cada vez más visiblemente, refinaba sus costumbres a la luz de la influencia de ideas ilustradas provenientes de Europa. Como advierte la prensa de la época Lector, no seas tú ni ninguno de tu familia del número de esos cristianos que profanan un dia tan santo […] ¿No has visto con dolor a muchos cristianos elegir esa noche, verdaderamente sagrada, para cometer todo jénero de excesos? La plaza de Abastos, la Alameda ¿no son testigos de acciones inmodestas, de riñas, pendencias, embriagueces i otros cien actos, tan punibles como ésos?41 Estos primeros indicios de aversión comenzarán a expresarse en diferentes medidas, patrocinadas por la elite y el clero ilustrado, las que tendrán como objetivo ir reformando el carácter carnavalesco de la Nochebuena.
Fiesta de los sentidos La experiencia de la fiesta se desenvolvía en un espacio y tiempo limitados y tenía un orden y lógica propios. Todos los sentidos estaban involucrados, desde los más nobles, hasta aquellos considerados más bajos, en una experiencia que implicaba la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato42.
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Bastaba con recorrer la Plaza de Abastos para quedar absorto frente al panorama que se extendía por delante y quedar anonadado por la infinidad de aromas que inundaba el ambiente43. Era cuestión de acercarse a cualquier venta para degustar los más ricos manjares y acudir a una fonda para escuchar las zamacuecas que se entonaban sin cesar durante toda la jornada. La música se entremezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes quienes, al anunciar sus productos, generaban una atmósfera alegre y un tanto alborotada44. Esta noche se transformaba en la ocasión perfecta para el encuentro entre enamorados45, quienes podían escapar fácilmente a la mirada vigilante de los padres para intercambiar un obsequio, una flor o un confite. Algo muy común era que las jóvenes recibieran un ramito de claveles y albahacas de regalo, el que se lucía coquetamente como prendedor en el pecho o en el pelo46. Pero junto a la galantería y el coqueteo, habían amores más audaces, que se escabullían entre la gente para dirigirse a lugares más apartados en los cuales daban rienda suelta a la pasión. ¿Y los niños? Si bien la Nochebuena era una fiesta de adultos, los niños y jóvenes participaban de una forma muy particular y que apelaba a lo más esencial del carnaval: la irracionalidad. La tradicional Misa de Gallo, que se celebraba a la medianoche el 24 de diciembre, reunía a una diversa multitud de fieles que acudían a las iglesias a presenciar la liturgia por el nacimiento del hijo de Dios, donde la austeridad del culto católico se confundía con el ánimo de fiesta que reinaba en el ambiente. La celebración de la misa y la recreación del pesebre eran interrumpidos por toda clase de gritos de animales y ruidos de instrumentos populares, tales como: Chicharras de madera, canarios de lata, cachos, flautines, silbatos, pititos de caña, capagatos, y otra infinidad de instrumentos a propósito para producir el más diabólico estrépito. Se arman tales ingeniosos instrumentos con el objeto de dar el debido y necesario esplendor a los Nacimientos, las misas de Aguinaldo y, especialmente, a la de Noche Buena47. Este molestoso estruendo era protagonizado por una multitud de niños que, corriendo en todas direcciones, festejaban a su modo la venida del Niño Jesús. La bullanga48, nombre con el que se conocía esta manifestación, incorporaba el elemento animalesco y lúdico a la celebración de la Navidad, simbolizando el triunfo de la infancia y de la animalidad primordiales, de la debilidad y de lo tradicional frente a la racionalidad moderna y urbana49. Pero esta tradición festiva estaba a punto de desaparecer, ya que a finales de la década de 1850 surgieron las primeras medidas concretas tomadas con el objeto de reformar la celebración de la popular Nochebuena.
¿Nochebuena o noche mala? Como hemos señalado, hacia 1850 la Navidad era una fiesta de carácter tradicional, popular, masivo, público y, por sobre todo, tenía determinados rasgos de carnaval, particularidad que comenzó a desaparecer hacia finales del siglo XIX. Para entender este proceso,
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reconocemos que existieron cambios estructurales y determinados acontecimientos que, de forma interrelacionada, condujeron a una total transformación del sentido de la Nochebuena. En primer lugar, el cambio de mentalidad experimentado por la élite a lo largo del siglo XIX fue el principal catalizador de las transformaciones que sufrió el conjunto de la sociedad chilena. La influencia europea, que siempre había estado presente, comenzó a manifestarse de forma más evidente a partir de 1840 en un sector de la oligarquía y ya hacia mediados del siglo comenzó a perfilarse una notable distancia entre la élite y el resto de la sociedad50, sobre todo con respecto a las formas de sociabilidad, gestualidad, hábitos y vestimenta. Los efectos que este proceso tuvo sobre la fiesta de Navidad fueron innumerables. El cambio de mentalidad de la élite modificó las nociones que se tenían sobre el colectivo, por lo que la forma en la que la sociedad se reunía a celebrar pasó a considerarse grotesca e inadecuada, versión muy opuesta al modelo urbano e ilustrado de sociedad que se quería instaurar.
Con respecto a la religiosidad, durante la primera mitad del siglo XIX ya existían ciertos
reparos con respecto a la forma en que se llevaba a cabo la celebración de la Nochebuena. Estas ideas pertenecían a una minoría ilustrada que estaba expresando el tránsito desde una vida centrada en la tradición y la fe hacia una concepción fundamentada en la razón y la ciencia. Este sector de la sociedad vinculaba estrechamente la religión y la moral, lo que condujo a la promoción y al fortalecimiento de una religiosidad más conservadora y racional, en detrimento de las modalidades expresivas de la religiosidad barroca51. En este sentido, el hecho de que la iglesia y la plaza adquirieran la misma categoría como escenarios de fiesta durante la Navidad, no correspondía con las ideas ilustradas que habían penetrado en la Iglesia, entre ellas la revalorización de la liturgia y el afán moralizador de las costumbres52. A partir de esto, y a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, serán recurrentes los llamados de atención hechos por la iglesia a través de la prensa. Como se señaló en un periódico: ¡Nó, por Dios! Si eres cristiano, si deseas honrar a Jesucristo i honrarte a ti mismo, no vayas a esas horribles orgías con que tantos infelices profanan la santidad de esa noche mil veces santa […] Las campanas te anuncian la hora feliz. Lector ¡al templo nó a la orjía!53 La idea era devolver el culto a los templos y recluirlo al interior de los hogares, condiciones que aún no se correspondían con la mentalidad más tradicional del bajo pueblo. Esta situación generó un desfase entre la manera en que tradicionalmente se había festejado la Navidad y la nueva forma que, tanto las élites como el clero ilustrado, querían imponer. Este grupo tomó conciencia de que para construir una nación moderna y culta debían poner atajo a la expresividad festiva del pueblo54, lo que implicaba no sólo reformar su tipo de sociabilidad, sino que urgía reacondicionar los espacios de la ciudad y la forma como éstos eran habitados, acorde con los nuevos ideales de civilidad.
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De la plaza a la Alameda de las Delicias En este sentido hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la celebración de la Navidad y que, en gran medida, cristalizó los cambios que se venían forjando en el seno de la élite y el clero ilustrado. Si bien la Nochebuena se había celebrado desde sus inicios cual feria en la Plaza de Abastos, en 1856 el Intendente de Santiago trasladó los festejos a la Alameda de las Delicias con “el objeto de hacer menos posibles los desórdenes y dar mas brillantez y arreglo a esa fiesta popular designada tan impropiamente hasta aquí con el nombre de Noche Buena”55. Esta iniciativa fue criticada por el mundo popular, sobre todo por las venteras, quienes al año siguiente enviaron una carta al Cabildo exponiendo sus aprehensiones al respecto: Evidentemente ninguna ventaja, decimos, reportó al público el año pasado, i no se consiguió más que aumentar nuestros sacrificios i gastos para trasladarnos con nuestras ventas a la Alameda, fuera de las mil incomodidades i altercados a que una se vé espuesta al tomar posesion del asiento […] Si se mira pues nuestra petición […] no podrá ménos que convenirse que la fiesta de la pascua no es lo mismo en la plaza que en la Alameda; i si se toma en consideración por otra parte nuestras molestias i sacrificios, no puéde menos que abogar la equidad a favor de nosotras… Todas las fruteras i floreras56. A pesar de los reclamos, el decreto se mantuvo. Las autoridades consideraban que la multitud que se reunía en la plaza impedía el cumplimiento de la ley y el resguardo del orden, dificultando la tarea de contener las borracheras, evitar las riñas, los robos y pellizcos, de los cuales eran víctimas los paseantes. Este momento fue crucial porque determinó no sólo la forma en que se continuaría festejando el nacimiento del Niño Jesús, sino la manera en que la élite se relacionaría en adelante con las clases populares. Atrás quedarían los tiempos en que la Navidad era festejada por el conjunto de la sociedad en un mismo lugar. La Plaza de Abastos, lugar céntrico que simbolizaba la reunión, que invitaba al encuentro y que congregaba a la sociedad sin distinción, fue reemplazada por la Alameda de las Delicias, gran arteria urbana que conectaba los diferentes extremos de la ciudad y en la que convergían las calles que conformaban el trazado urbano. La Alameda representó un paseo a gran escala, donde ya no era bien visto confundirse y mezclarse unos con otros. El paseo se transformó en la nueva lógica de la celebración de la Navidad, característica que fue dando paso a una dispersión en la forma de celebrar esta fiesta y luego a una “segregación espacial según estratos sociales”, fenómeno que comenzó a manifestarse en diferentes espacios de la ciudad57. Una vez más las fuentes son elocuentes: La jente de buen tono tiene a ménos acercarse a comer a las mesas por lujosas que sean; bien al contrario de lo que sucedia en la plaza en donde era una cosa admitida confundirse, mezclarse con el pueblo, tomar de cuanto se veia, i gastar lo mas que se podia58.
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Así vemos cómo la idea de la Nochebuena como un carnaval -gran feria donde se da rienda suelta a los sentidos, donde el caos está autorizado y se manifiesta un desborde festivocomienza a tensionar con un modelo europeo que privilegia la lógica del paseo, el recato, el orden y finalmente, la paulatina separación entre clases sociales.
La ciudad se transforma. Nuevos espacios para celebrar A comienzos de la década de 1870 el proceso de modernización de la ciudad, sus habitantes y costumbres estaba ya en marcha. Si bien hasta mediados del siglo XIX la élite había compartido sus momentos de ocio con el bajo pueblo, hacia 1870 el proceso de marginación de las formas de diversión popular cristalizó con la apertura de nuevos espacios de recreo para la oligarquía59. Para esto, surgió la necesidad de llevar a cabo un rediseño de la ciudad, proyecto impulsado en 1872 por la llegada de Benjamín Vicuña Mackenna a la Intendencia de Santiago, con el objetivo de dotar a la ciudad de espacios y de una organización propios de una ciudad moderna. Recién venido de Europa y encantado con la ciudad de París, considerada por él como la urbe modelo, centró todos sus esfuerzos en remodelar Santiago para convertirlo en el “París de América”60. La iniciativa no pretendía mejorar únicamente los servicios públicos -tales como el agua potable, el alumbrado, la seguridad y el transporte- sino también reformar los hábitos de los ciudadanos. Pero había una intención subyacente, la cual era disciplinar a los sujetos populares mediante su distribución en la trama citadina, lo que continuó siendo una preocupación permanente de la oligarquía durante todo el siglo XIX61. La construcción del paseo del cerro Santa Lucía entre los años 1872 y 1874 fue quizás el mejor ejemplo de los ideales urbanos que se buscaban imponer y del cambio de mentalidad que se estaba tejiendo en un amplio sector de la élite santiaguina. Antiguo refugio de peones desocupados, el cerro fue completamente remozado con anchas avenidas, pintorescos senderos, jardines y edificios62; transformándose en lugar de entretenimiento y arte, salud e higiene. Si bien el paseo fue pensado para el disfrute de toda la sociedad, estaba moldeado desde las necesidades y gustos de la oligarquía63, los cuales aún diferían con los del bajo pueblo. La Navidad fue una instancia decisiva en este proceso. Si bien hacia 1868 se estaban abriendo nuevos espacios como alternativa a la Alameda para la celebración de la Nochebuena64, la apertura del cerro Santa Lucía en 1874 marcó una clara diferencia en la relación que hasta ese momento se había dado entre la élite y el mundo popular durante la fiesta. El recientemente inaugurado paseo se engalanó con sus mejores adornos y recibió a una multitud de visitantes con números de humor y magia, tonadas populares interpretadas con arpa y guitarra, bandas de música y un restaurante perfectamente servido, tentando a los concurrentes con refrescos, dulces, apetitosos fiambres y botellas de vino65. Era la primera vez que la Alameda de las Delicias no era el foco exclusivo de los festejos de la noche del 24 de diciembre y en adelante, no volvería a serlo. En los años que siguieron las posibilidades se multiplicaron y ya para el año 1878 se organizaban fiestas en la Quinta Normal de Agricultura, en el parque Cousiño, en la plaza San Isidro; se daban bailes de máscaras en el teatro Dramático; y se instalaban ventas y fondas en los márgenes de la ciudad.
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El pasearse por la Alameda durante la popular Nochebuena ya no era tolerable para la élite, no había que confundirse y ni mezclarse con los otros, tendencia exclusivista que involucraba la gestualidad, la vestimenta, pero que también comprometía a la ciudad de Santiago. El paseo de Santa Lucía llegó para acoger las nuevas formas de sociabilidad que la oligarquía buscaba imponer, caracterizada por un código de conducta más elaborado que implicaba una forma distinta de relacionarse; pero también representó la concreción de un proceso de dispersión festiva que ya se venía dando. Sin duda que el crecimiento urbano experimentado por Santiago, producto de la migración de una masa rural que ya no podía ser absorbida como fuerza de trabajo en los saturados campos chilenos66, aceleró en alguna medida la transformación urbana, social y cultural de la capital. Esta metamorfosis fue aprovechada y guiada por los intereses de la oligarquía y, en cierta medida, de la iglesia católica, quienes terminaron por aburguesar y borrar todo rasgo carnavalesco y barroco de la fiesta de Nochebuena.
Año Nuevo: una fiesta ilustrada Los cambios producidos a partir de 1850 en el carácter y forma de celebrar la Nochebuena fueron definitivos. Pero faltaba un elemento importante para erradicar definitivamente el barroquismo excesivo de la fiesta de Nochebuena, lo que comenzó a darse a principios de la década de 1870. Hasta mediados del siglo XIX la Navidad era también la fiesta de fin de año, razón que justificaba muchas de las actividades festivas que comenzaron a impacientar a la élite -como el gasto desproporcionado, la gran ingesta de alcohol y el hecho de amanecer bailando en la Alameda-. Pero este sentido fue cediendo frente a la intromisión de la celebración del Año Nuevo como una fecha independiente, festejado los 31 de diciembre. Los primeros indicios comenzaron a circular por la prensa de forma más bien esporádica y no tan evidente hacia finales de la década de 1860, cuando aparece en el periódico La Libertad una noticia que recuerda la fiesta de máscaras que tendría lugar la noche del 31 de diciembre67. Pero, al parecer, esta tradición importada de Europa tenía ya algunos años, porque si bien es la primera vez que aparece una noticia al respecto, el periódico señala que “siempre el baile de fin de año es uno de los más concurridos”68, dando a entender que era una experiencia que se estaba replicando debido al éxito alcanzado en años anteriores. Lo más interesante fue la nueva sociabilidad festiva que impuso esta fiesta, ya que se introdujo a través de los bailes privados y proliferó en diversos lugares, formato que poco tenía que ver con los festejos populares que se daban en la plaza y que reunían a todos los habitantes de Santiago en un solo lugar. La introducción del Año Nuevo significó un quiebre sustantivo en cuanto al contenido que había representado la Nochebuena hasta ese entonces, pero más
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importante aún, terminó por zanjar la distancia entre la clase alta y el bajo pueblo a la hora de festejar, circunstancia referida en las fuentes: La Pascua es la fiesta del pueblo; el año nuevo, la fiesta de las clases mas cultas de la sociedad. En cuatro dias mas nadie se podrá quejar; pues, en el transcurso de una semana, todos, así ricos como pobres, habrán celebrado su fiesta favorita69. La elite estrenaba una nueva forma de conmemorar la llegada de un nuevo año, la cual tomó fuerza hasta consagrarse como una festividad trascendental dentro del calendario anual de celebraciones70. A partir de entonces el tiempo de Navidad amplió su significación, para integrar a esta nueva festividad ilustrada. A partir de ese momento los festejos quedaron restringidos hasta el 26 de diciembre, acortándose el llamado tiempo de Navidad que antes se extendía a los primeros días de enero. Esto fue un reflejo concreto de los cambios que transformaron por completo la esencia de la antigua Nochebuena chilena.
Conclusiones El estudio de la Navidad santiaguina ilumina a la sociedad decimonónica desde una nueva perspectiva. A través del análisis de la forma como se celebraba la Nochebuena, podemos descifrar la noción que se tenía de lo colectivo y la transformación que experimentó en un período corto de tiempo. El paso de una festividad masiva, pública y eminentemente popular hacia una celebración civilizada, recatada y cada vez más dispersa, deja en evidencia la compleja transición que experimentó el conjunto de la sociedad. Con avances y retrocesos, la modernidad hacía su arribo a la joven república, considerada un elemento indispensable para la consolidación del proyecto de nación. Este escenario produjo un abrumador desfase entre la forma en que el pueblo festejaba la Nochebuena y la nueva actitud que las élites ilustradas buscaban imponer, lo que demuestra el ritmo desigual y a la vez indiscriminado con que la modernidad se introdujo en la mentalidad de los habitantes de Santiago. Es importante rescatar el rol que jugó la ciudad, al constituirse en un espacio transversal, donde se promovían las viejas costumbres populares, pero a su vez se catalizaba un cambio social y cultural de envergadura. Fue un escenario dinámico en la tensión entre la tradición y la modernidad, permitiendo analizar este proceso tanto “desde arriba” como “desde abajo”. El mundo popular intentó resistir los cambios, pero una élite cada vez más conciente de la necesidad de moralizar, educar y controlar el desborde popular, sobrellevó los inconvenientes y triunfó en su odisea por hacer de Santiago un ejemplo de urbanidad y desarrollo. La fiesta por el nacimiento del Niño Jesús encarnó el proceso de individuación71 que experimentaron los habitantes de Santiago con respecto al control de sus instintos y a la racionalización de sus comportamientos, sepultando para siempre el espíritu desbordado que el carnaval le había otorgado a la tradicional Nochebuena.
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Notas * Este trabajo se ha realizado en el marco de ejecución del Proyecto Nº 1080210 de FONDECYT Chile. 1 Es una fiesta popular porque tiene como protagonista a las clases más pobres, junto a su forma de sociabilidad festiva; es masiva porque convoca y reúne a una cantidad enorme de gente; y es pública porque se desenvuelve en los espacios de la ciudad, como plazas y avenidas, principalmente. 2 El concepto “festividad ilustrada” es utilizado para hacer referencia a una forma más racional, contenida y sencilla de celebrar, en contraposición a la “festividad barroca” que es desbordante, recargada y con predominio de los sentidos. Para entender la fiesta barroca hispanoamericana véase: Isabel Cruz de Amenábar, La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1995, pp. 18-65. En relación a otras fiestas, como las nacionales o seculares, véase: Paulina Peralta, ¡Chile tiene fiesta! 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Esta condición fue bien aprovechada por los críticos de la época, quienes recurrentemente cuestionaban cómo los elementos carnavalescos transformaban a la Nochebuena en una “noche mala”. 6 Sol Serrano, “La privatización del culto y la piedad católicas”, en Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (eds.), Historia de la vida privada en Chile, Vol. 2, Santiago, Taurus, 2005, p. 142. 7 Maximiliano Salinas, “Comida, música y humor. La desbordada vida popular”, en Sagredo y Gazmuri, op. cit., p. 85. 8 Según Philippe Ariès en determinado momento se produce un cambio en las sociedades, en donde se pasa de un tipo de sociabilidad en la que lo privado y lo público se confunden, a una sociabilidad en la que lo privado se halla separado de lo público e incluso lo absorbe o reduce su extensión. Este proceso ocurrió en Chile a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Véase: Philippe Ariès, “Para una historia de la vida privada”, en Philippe Ariès y Georges Duby (comp.) [et. al.], Historia de la vida privada, Tomo V, Buenos Aires, Taurus, 1991, p. 16. 9 Lo privado, según la definición de Sol Serrano, lo entendemos como un espacio a construir e identificado con la familia, ya que no necesariamente es un espacio individual sino que también se puede dar con otros. Es un espacio jerárquico y definido por vínculos de protección y dependencia, diferente de la vida doméstica o cotidiana. Véase: Serrano, “La privatización del culto…”, op. cit., pp. 139 y 140. 10 Concebimos el fenómeno del carnaval como un espacio de inversión temporal del orden cotidiano, que termina por reforzar la jerarquía social, siguiendo las ideas de Eco y Caro. Véase: Julio Caro, El Carnaval, Madrid, Taurus, 1985 y Umberto Eco, et. alt., Carnaval, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. 11 Entendemos por religiosidad popular a aquellas expresiones espontáneas y cotidianas de la fe, que no necesariamente están ligadas con los dogmas oficiales y la forma ortodoxa de manifestación del credo. Si bien no es un concepto que alude a un sector específico de la sociedad, se le asocia comúnmente con las clases más pobres o marginales. 12 Salinas, Historia del pueblo de Dios en Chile, op. cit., pp. 78-80. 13 Maximiliano Salinas, Canto a lo divino y la religión del oprimido en Chile, Santiago, Rehue, 1991, p. 129. 14 El tiempo de Navidad era un marco temporal más amplio que los días 24 y 25 de diciembre. Se iniciaba con la novena al Niño Dios, la cual comenzaba generalmente cada 16 de diciembre y, si bien algunos indicios permiten pensar que la fecha de término era el 6 de enero, para Pascua de Reyes, no se ha podido establecer con seguridad esa información. 15 Salinas, Historia del pueblo de Dios en Chile…, op. cit., p. 155. 16 El Diario, 26 diciembre de 1851, Valparaíso. 17 El Progreso, 28 diciembre de 1872, Melipilla. 18 El Estandarte Católico, 24 diciembre de 1877, Santiago. 19 El Diario, 26 diciembre de 1851, Valparaíso. 20 En los sectores más pobres los trabajos más comunes entre los hombres era de vendedores ambulantes, obreros y artesanos; mientras que las mujeres trabajaban en el servicio doméstico, como lavanderas, comerciantes ambulantes, costureras y prostitutas, principalmente. Véase: Alejandra Rojas, Mundo popular, cultura y arte en Chile durante el siglo XIX, Tesis para optar al grado de licenciado, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, pp. 111-117. 21 Lewis Hyde, The Gift. How the creative spirit transforms the World, Gran Bretaña, Canongate Books, 2007, pp. 19 y 20. Hay otras posturas, como las de Arjun Appadurai quien plantea que la ofrenda trae consigo la obligación de volver a regalar, generando una cadena interminable de dones y obligaciones. Pero lo que sucede en la Nochebuena chilena es diferente, ya que la ofrenda constituye más bien una entrega que es recompensada de alguna u otra manera y no conlleva necesariamente la responsabilidad de volver a regalar. Véase: Arjun Appadurai, The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 22 El Chileno, 25 diciembre de 1897, Santiago.
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Los nacimientos, o pesebres, eran un grupo de figuras de madera policromada que representaban el nacimiento del niño Jesús. Los más elegantes venían de Quito y era común que se instalaran en iglesias, conventos y en algunas casas particulares. Estas representaciones miniaturizadas se convertían en polo de atracción para la gente que paseaba por la ciudad. La música, interpretada por cantoras, no podía faltar y acentuaba el carácter festivo de esta devoción popular. Véase: Cruz, op. cit., pp. 183-186. 24 El Chileno, 25 diciembre de 1896, Santiago. 25 El Diario, 26 diciembre de 1853, Valparaíso. 26 Cruz, op. cit., p. 33. 27 El Conservador, 26 diciembre de 1857, Santiago. 28 El Eco de Talca, 31 diciembre de 1858, Talca. 29 Salinas, Historia del pueblo de Dios en Chile…, op. cit., p. 170. 30 En mi opinión, el mundo rural no se contrapone al urbano ni es una etapa anterior, sino que son categorías que se superponen y dialogan. Esta idea pretende ser un aporte frente a suposiciones que apuntan a lo contrario, noción que resulta avalada a la luz del estudio de la Nochebuena del siglo XIX. 31 Jaime Valenzuela, “Diversiones rurales y sociabilidad popular en Chile central: 1850-1880”, en Maurice Agulhon, et. al., Formas de sociabilidad en Chile, 1840-1940, Santiago, Editorial Vivaria, 1992, p. 373. 32 Es importante destacar la importancia cotidiana que tenía la diversión para el mundo popular. Tanto Fernando Purcell como Jaime Valenzuela, señalan que la sociabilidad festiva que se desarrollaba durante la Nochebuena, era una realidad habitual para los miembros de las clases más bajas. Véase: Fernando Purcell, Diversiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y crítica social. Colchagua, 1850-1880, Santiago, DIBAM, 2000 y Valenzuela, 1992, op. cit., pp. 269-278. 33 Desde 1850 tenemos fuentes que señalan la aversión de las autoridades por la fiesta de Navidad, en especial debido a su carácter carnavalesco, el cual se considera un freno para la educación moral del pueblo. Véase: La Barra, 27 diciembre de 1850, Santiago. 34 Manuel Vicuña, El París Americano. La oligarquía chilena como actor urbano en el siglo XIX, Santiago, Universidad Finis Terrae, 1996, p. 37. 35 Serrano, “La privatización del culto…”, op. cit., pp. 143-144. 36 Purcell, op. cit., p. 48. Para revisar otras fiestas que se daban en diferentes lugares de la ciudad, véase: Maximiliano Salinas, et. al., ¡Vamos remoliendo mi alma! La vida festiva popular en Santiago de Chile. 1870 a 1910, Santiago, LOM Ediciones, 2007. 37 La Libertad, 26 diciembre de 1868, Santiago. 38 El Ferrocarril, 25 diciembre de 1857, Santiago. 39 El Ferrocarril, 25 diciembre de 1874, Santiago. 40 Las Novedades, 25 diciembre de 1877, Santiago. 41 El Mensajero del Pueblo, 24 diciembre de 1870, Santiago. 42 Giuseppina Grammatico, et. al., La fiesta como el tiempo del Dios, Santiago, UTEM-Centro de Estudios Clásicos, 1998, p. 25. 43 El Diario, 26 diciembre de 1851, Valparaíso. 44 El Ferrocarril, 25 diciembre de 1869, Santiago. 45 Salinas, ¡Vamos remoliendo mi alma!..., op. cit., p. 14. 46 Los Tiempos, 26 diciembre de 1878, Santiago. 47 Moisés Vargas, La diversión de las familias. Lances de Noche Buena, Santiago, Instituto de investigaciones históricoculturales de la Universidad de Chile, 1954, pp. 203-204. 48 La bullanga era una costumbre celebrada en varios pueblos de España durante los jueves santos. Los muchachos solían producir estos ruidos en sustitución de las campanas que no se podían tañer. Otros antecedentes refieren a que cuando las campanas sonaban en las iglesias, los niños salían por las calles haciendo ruidos para acompañar el festejo. Véase: Julio Caro, El Carnaval, Madrid, Taurus, 1985. 49 Salinas, Canto a lo divino…, op. cit., p. 157. 50 Vicuña, op. cit., p. 34. 51 Marciano Barrios, La iglesia en Chile. Sinopsis histórica, Santiago, Editorial Universitaria, 1987, pp. 53 y 54. 52 Las ideas ilustradas penetraron en la iglesia católica e incluso se acrecentaron durante el siglo XIX, lo que se manifestó en la importancia dada a la parroquia, a la predicación, al uso de la lengua vernácula, el valor otorgado a la caridad como obra trasformadora para laicos y religiosos, entre otras. Véase: Sol Serrano (Ed.), Vírgenes viajeras: Diarios de religiosas francesas en su ruta a Chile 1837-1874, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000, p. 30. 53 El Mensajero del Pueblo, 21 diciembre 1872, Santiago. 54 Salinas, “Comida, música y humor…”, op. cit., p. 105. 55 El Diario, 20 diciembre de 1856, Valparaíso. 56 El Conservador, 16 diciembre de 1857, Santiago. 57 Concepto acuñado por Armando De Ramón y citado en: Vicuña, op. cit., p. 46. 58 El Conservador, 26 diciembre de 1857, Santiago. 23
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Vicuña, op. cit., p. 48. Ibid., p. 87. 61 Igor Goicovic, “Sociabilidad popular y mecanismos de control social en el espacio aldeano decimonónico: Illapel, 18401870”, en Jaime Valenzuela (ed.), Historias urbanas. Homenaje a Armando de Ramón, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007, p. 187. 62 Benjamín Vicuña Mackenna, Álbum del Santa Lucía: colección de las principales vistas, monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo, Santiago, Imprenta de la Librería del Mercurio, 1874, p. VI. 63 Vicuña, op. cit., p. 103. 64 El Ferrocarril, 26 diciembre de 1871, Santiago. 65 Ibid., 27 diciembre de 1874. 66 Ann Johnson, Internal migration in Chile to 1920. Its relationship to the labor market, agricultural growth, and urbanization, California, University of California, 1987, p. 268. 67 La Libertad, 3 diciembre de 1868, Santiago. 68 Ídem. 69 La Época, 27 diciembre de 1884, Santiago. 70 Los Tiempos, 31 diciembre de 1880, Santiago. 71 Idea tomada de Norbert Elias. Véase: Norbert Elias, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 59 60
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All Can Be Saved. Religious Tolerance and Salvation in the Iberian Atlantic World Stuart B. Schwartz Todos pueden ser salvados. Tolerancia religiosa y salvación en el mundo atlántico iberoamericano Todos podem ser salvados. Tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibero-americano New Haven, Londres, Yale University Press, 2008, 352 páginas ISBN: 978-0300125801
RESEÑA Martín Bowen
École des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.), París, Francia
bowen.martin@ ehess.fr
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.06
Esta obra constituye probablemente una de las propuestas historiográficas más innovadoras del último tiempo sobre el mundo ibérico moderno. Ello tanto por el marco geográfico escogido por el autor, el amplio “mundo ibérico atlántico”, que sin esconder las diferencias entre diversas zonas y culturas que lo integran, congrega al mundo peninsular portugués y español con las posesiones americanas de ambas monarquías; como por el objeto de su estudio, la “tolerancia religiosa” en un mundo que generalmente es presentado como enemigo de todo desvío de la ortodoxia religiosa. Como viene siendo usual en la producción historiográfica sobre el mundo ibérico moderno, los comportamientos que operan fuera de la norma eclesiástica oficial son rastreados, paradójicamente, a través del organismo encargado de reprimirlos, la Inquisición. Schwartz se interna en los archivos de dicha institución en Cartagena de Indias, Coimbra, Córdoba, Cuenca, Évora, Lima, Lisboa, México, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza, concentrándose especialmente en España, México y Portugal. El texto está divido en tres partes. En la primera, titulada “Iberian doubts”, el autor introduce el problema teológico de la “salvación” en el pensamiento católico y cristiano, desde los inicios de la Iglesia hasta el mundo moderno. Se trata aquí del controversial punto relativo a la salvación (o la condena) de personas y pueblos que no eran católicos. La doctrina del extra ecclesiam nulla salus (fuera de la Iglesia no hay salvación) generó diversas resistencias, enunciadas ya por teólogos, ya por gente común, desde la Antigüedad tardía. El autor rastrea estas resistencias en la época moderna principalmente a partir de lo que la Inquisición catalogaba como “proposiciones”, tanto en sus versiones letradas como en sus variantes comunes o “populares”. En ellas se expresaba generalmente una idea particularmente fuerte: que cada cual se salva “en su ley”, es decir, dentro de su propia religión, siempre y cuando haya seguido en ella los buenos preceptos. Siguiendo al autor, dichas “proposiciones” tenían lugar en un espacio, el ibérico, cuya historia estaba marcada fuertemente por el contacto y conflicto entre católicos, musulmanes y judíos. Luego de la conversión forzada o la expulsión de la península de musulmanes y judíos, un largo proceso que se
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extiende por lo menos desde 1492 hasta mediados del siglo XVI, esos contactos se mantuvieron y dieron una base “real” (un sustento “social”) a las ideas de tolerancia religiosa que el autor rastrea en los archivos. Schwartz sostiene que dicho sustrato social de encuentro cotidiano permite que, pese a la presión institucional y a los variados episodios de conflicto entre cristianos viejos, conversos y moriscos, varias personas -de trayectorias y adscripciones religiosas diferentes- se mantuvieran en la convicción de que se podía acceder a la salvación en distintas religiones. No sólo la ortodoxia religiosa cristiana, sino también la judía y (en menor medida) la musulmana se vieron confrontadas a diversos grados de “relativismo” religioso; y las conversiones de una religión a otra, que se traducían en itinerarios personales a veces francamente novelescos, no eran precisamente excepcionales. Pero, más allá de las conversiones, ¿qué motivos podía tener un súbdito católico para relacionarse con individuos considerados como peligrosos y cuyo contacto era severamente castigado? Una de las respuestas que Schwartz encuentra en los archivos de la Inquisición es fundamental: la curiosidad, que se esgrimía como justificación principalmente para explicar a cristianos interesados en las prácticas y saberes de los judíos. La curiosidad, negativamente codificada en la tradición cristiana como reflejo de ambición y transgresión de la norma divina, adoptaría un nuevo impulso en el siglo XVI, comenzando a ser objeto de análisis teológicos más matizados. Ella se sitúa al centro de la voluntad de conocer tanto al mundo natural como a las diversas sociedades humanas. Es de notar, entonces, que el mismo concepto utilizado por los “científicos” de la época -piénsese en los “gabinetes de curiosidades”- haya estado al centro del interés mostrado por cristianos comunes y corrientes en el saber de esos “otros”, los judíos. La segunda parte del texto lleva por título un provocador “American Liberties” que, jugando con la políticamente cargada frase relativa a la excepcionalidad de Estados Unidos de Norteamérica, muestra los alcances de la mirada comparativa de amplia escala propuesta por Schwartz. El descubrimiento, por parte de los cristianos, de otros pueblos con nuevas creencias y nuevos usos sociales en otras tierras se inserta plenamente en esta historia de encuentros y contactos religiosos. Pues si por una parte, como se sabe, las monarquías católicas desarrollaron rápidamente un discurso legitimador de sus soberanías sobre el territorio recién descubierto basado en su vocación misionera universal, por otra el autor muestra que existieron voces disidentes en diversas escalas socioculturales que cuestionaron de forma más o menos explícita dicha construcción teórica. Más allá de la obra y debates entre afamados autores como Vitoria, Sepúlveda o Las Casas, Schwartz nos ilumina sobre los nuevos emigrados europeos que aportaron a América no sólo sus creencias, sino también sus dudas. La imagen de una monarquía española católica monolítica, implacable en la represión de las diferencias y cuyo discurso hegemónico no es puesto en duda jamás por sus súbditos no parece sobrevivir al análisis documental. Tanto la naturaleza no pecaminosa del contacto sexual entre europeos e indígenas como la salvación de los indios “en su ley” podían ser objeto de opiniones encontradas con la doctrina oficial. Ideas heterodoxas sobre judíos, moros y protestantes atravesaron el Atlántico, a pesar de las restricciones que, como se sabe, la monarquía hispánica puso en práctica para evitar la disidencia religiosa en América.
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Ahora bien, por muchos motivos, desde el interés personal hasta asuntos de dogma, era difícil para los súbditos católicos pensar que los indígenas americanos podían salvarse “en su ley”. Pero la traducción americana de dicha forma de tolerancia o escepticismo religioso ibérico sí tuvo lugar entre los habitantes de Iberoamérica. Aún más lejos, incluso los esclavos africanos, cuyo estatuto humano era considerado inferior al de los indígenas, podían ser considerados sujetos aptos de redención fuera del cristianismo, y la trata de esclavos ser vivamente condenada. Junto a ello, Schwartz se detiene en los modos en que la religiosidad popular combinaba distintos sistemas de creencias, dentro de los cuales a las formas y prácticas “mágicas” indígenas o de origen africano se les reconocía un alto grado de eficacia. América no fue sólo el sueño de milenaristas y evangelizadores, sino también el origen de nuevas dudas y heterodoxias. Los propios indígenas, ya avanzado el proceso de cristianización, aunque fervientes católicos se mostrarían mas bien indiferentes que intolerantes ante creencias diferentes a las suyas. El caso brasileño es especial, por cuanto concita en un primer momento a la vez el sueño misionero jesuita y las aspiraciones de libertad y enriquecimiento de colonos que, en buena cantidad, eran “nuevos cristianos”, es decir, judíos conversos. Que Brasil era un terreno prolífico en transgresiones en materia religiosa es ejemplificado por Schwartz con el caso del movimiento de Santidade del sur de Bahía durante la segunda mitad del siglo XVI, el que integraba aspectos propios de la tradición Tupi con elementos del cristianismo. Por otra parte, la dominación holandesa de la zona de Pernambuco desde 1630 hasta mediados de ese siglo, permite entender hasta qué punto una política de tolerancia religiosa podía ser exitosa en una sociedad étnica y culturalmente compleja. Al parecer del autor, la libertad de comercio y de religión asegurada en un primer tiempo de dominación holandesa era ampliamente apreciada por los diversos habitantes de la zona. Incluso durante la represión religiosa que siguió a la reconquista de dicho territorio por la monarquía portuguesa habrían existido muestras de tolerancia religiosa. Del mismo modo, no puede obviarse la evidente influencia de las prácticas aportadas al sistema de creencias brasileño por los esclavos africanos, cuya eficacia, como en el caso de la “magia” indígena, era generalmente aceptada (y por ende perseguida por la Inquisición). Dicha aceptación de la eficacia de la “magia” de esos otros sistemas de creencias testimoniaría el carácter heterodoxo del pensamiento de los súbditos de las monarquías católicas. La tercera parte del texto, significativamente más breve que las anteriores, trata sobre el camino hacia la tolerancia como sistema (toleration, en contraste con tolerance) durante el siglo XVIII. En ella el autor sigue las dos raíces evidentes de dicho proceso: la tolerancia y convivencia religiosa tradicional y la nueva fuerza de los argumentos racionalistas (de Spinoza a Rousseau) en el pensamiento ibérico. La Inquisición enfrentó estos nuevos desafíos redefiniendo la naturaleza de las transgresiones religiosas castigadas, sobre todo en lo referente a las llamadas “proposiciones”, condenando ahora a los escépticos e indiferentes como “ateos” o “libertinos”, entre varios otros nuevos epítetos. Schwartz muestra de forma coherente cómo la tolerancia, como sistema, atentaba contra los principios básicos del catolicismo político, pues significaba, en última instancia, dudar de la verdad revelada. Pero todos los esfuerzos de las autoridades católicas no lograron erradicar los deseos de libertad de conciencia y la admiración -muchas veces exagerada- por los países en que la tolerancia estaba establecida en mayor o menor medida. Por supuesto, tal y como en siglos pasados, la experiencia de la alteridad religiosa y política
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continuó siendo una realidad cotidiana en el mundo ibérico. Hacia fines de siglo, la cuestión de la tolerancia religiosa cristalizaba visiones de mundo encontradas, y era ya claramente uno de los elementos centrales de la vida política y social del mundo ibérico. El texto finaliza con una revisión bibliográfica que muestra los avances de la historiografía social de la tolerancia religiosa en el mundo europeo, con una conclusión sintética en que se analiza la composición social de los hombres (y escasas mujeres) procesados por la Inquisición por proposiciones tendientes a la tolerancia, así como de la naturaleza de dichas expresiones. La tolerancia es un objeto difícil de estudiar, pues pone en escena la difícil cuestión de la “otredad”. En efecto, podría pensarse, a la luz de las reflexiones críticas de un analista como Eduardo Subirats, que algunos de los argumentos de tolerancia analizados por Schwartz no son sino formas complejamente elaboradas de etnocentrismo. En efecto, muchas de estas nociones de tolerancia se fundamentan en la convicción de que los “otros” pueblos y religiones son, en el fondo o hasta cierto punto, cercanas a la cristiana, una especie de sucedáneo de la única religión verdadera. Pero ello sería negar el alcance de las críticas al cristianismo enunciadas por los actores que Schwartz analiza, al mismo tiempo que consistiría en un gesto teórico de clausura de aquello que puede fundar cualquier análisis histórico de la convivencia de los pueblos. Pues, en cierta medida, Schwartz nos recuerda que no existen los sujetos “puros”, ni aún aquellos pueblos amazónicos que ciertos antropólogos desean mantener “libres” de la “contaminación” occidental para un futuro (e imposible) estudio de una comunidad completamente “otra”. Del mismo modo, es difícil definir qué es y en qué consiste la tolerancia religiosa. En efecto, Schwartz se concentra en un punto complejo de la tolerancia religiosa, el de la salvación de cada uno “en su ley”, fórmula que no tiene que ver directamente con la definición del espacio público de la sociedad que la incorpora. Es una tolerancia que la mayor parte de las veces se enuncia a sí misma en términos religiosos. Es decir, es una tolerancia que recurrentemente se entiende desde una perspectiva que no es neutra, cuyo lenguaje y forma de explicar el mundo están de antemano definidos de forma religiosa. Este punto merecería debate, pero cabe resaltar que los inquisidores perseguían dicha tolerancia a veces allí donde ella se manifestaba, a sus ojos, de la manera más radical: en la afirmación que todos se salvaban. Pues hay una distancia teológica importante entre permitir diversos cultos -ya sea de manera pública o privada- en un espacio político determinado, y permitir la afirmación que esos “otros” tolerados también “se salvarán”. De hecho, la distinción entre esos dos planos de análisis parece haber posibilitado la secularización en el mundo ibérico en el siglo XIX. Pues la cuestión de la salvación y de la gracia divina constituye un nudo teológico difícil de resolver y que no ha dejado de generar interpretaciones contradictorias, según analiza el propio Schwartz. Por aquí pasa entonces una cuestión estructural relativa a la doctrina católica y a la experiencia histórica del catolicismo, pues igualmente universal que la Iglesia es la pregunta por su condición de ser, pese a ello, una iglesia entre tantas otras. Para el autor, la frase “cada uno se salva en su ley” es una respuesta e interpretación de “sentido común” y popular para la cuestión de la diversidad de religiones. En efecto, Schwartz utiliza la noción de “common sense” para dar una explicación a los enunciados de escepticismo
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religioso encontrados en el amplio abanico de fuentes estudiadas. Esta idea permite vincular las posibles convicciones de hombres y mujeres del mundo popular ibérico en la “larga duración” sin hacer referencia al concepto de “mentalidad”. Schwartz subvierte entonces, a partir de la comparación implícita con la matriz anglosajona que también yace en el ya mencionado uso que hace de la frase American Liberties, la apreciación general sobre la producción intelectual de las personas comunes y corrientes del mundo ibérico de la época moderna, que generalmente es explicada como un subproducto de la “ideología” dominante o como una especie de folklore depositario de sabidurías ancestrales. En efecto, la noción de common sense presenta un gran interés epistemológico, pues permite al autor desprenderse del modo en que los inquisidores concebían la diferencia religiosa. Por un lado, el autor logra exitosamente revalorizar las nociones expresadas por la gente común a partir de su “racionalidad popular” (el término es de Schwartz), opiniones que hoy nos parecen cercanas al buen sentido, a la observación lógica y al razonamiento teológico tolerante. En ello Schwartz invierte el juicio de los inquisidores, que muchas veces se mostraban indulgentes hacia estos heréticos por cuanto los consideraban ignorantes, rústicos o de poca inteligencia; en definitiva, sujetos cuyas opiniones tendrían escaso interés. El autor demuestra que dichas opiniones, por el contrario, son de un gran interés histórico, no por una fetichización del mundo popular que sigue estando en boga en ciertas escuelas historiográficas, sino porque dichas opiniones respondían a una racionalidad que traducía experiencias históricas reales, y que, como veremos luego, forman parte central de la historia moderna de Occidente. Al mismo tiempo, Schwartz no busca perseguir el “origen”, la contaminación o el agente inicial que habría introducido en los diferentes espacios que abarca su estudio la idea según la cual “cada uno se salva en su ley”. Por el contrario, la noción de common sense implica la voluntad de buscar explicaciones estructurales, es decir, de entender el patrón que permita explicar por qué a lo largo y ancho del mundo ibérico atlántico -y fuera de él- hombres y mujeres fueron acusados de abogar por este estilo particular de tolerancia religiosa. Así, escribe Schwartz, para mucha de la gente común que no sabía leer “no era la lectura sino el sentido común el que generaba sus ideas” (p. 41). Incluso puede llegar a sugerir que no era tanto que la gente iletrada o más pobre se inspirase en autores o autoridades escritas que les precediesen, sino más bien que esa misma “racionalidad popular” producía las condiciones de posibilidad, el contexto, en el que los letrados concebían sus ideas. En este punto Schwartz hace gala de un pensamiento original, pues se muestra algo más inclinado que Carlo Ginzburg, por ejemplo, a reconocer que los pensamientos de un molinero del Friuli podían tener su origen en su propia experiencia, o en su “propio cerebro” como el afamado Menocchio tanto insistía. De este modo, a partir de la evidencia empírica recolectada, Schwartz logra desarticular la tesis de Lucien Febvre según la cual el ateísmo sería estructuralmente imposible en el siglo XVI, sentando las bases que permiten explicar su existencia precisamente en términos de experiencias históricas estructurales. Por ello su inclusión de los ataques a la ortodoxia religiosa de los propios judíos y musulmanes se hace tan interesante. El escepticismo religioso en mundo cristiano no tendría así su origen en el hecho de estar “infectados por influencias judías, musulmanas o luteranas” sino en su propia duda y crítica (p. 61), amparada en una experiencia histórica de contactos, préstamos y mutaciones de larga duración. Pero lejos está el autor de proponer algún tipo de determinismo social sobre
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estos puntos: su interés, por el contrario, es mostrar la posibilidad de la disidencia religiosa en un contexto social que la dificultaba bastante, como el del mundo ibérico. Es de esperar, de todos modos, que el uso de este marco conceptual genere críticas y debates que permitan enriquecer nuestras formas de aproximación a la historia social de los hechos religiosos. Para la historia iberoamericana es particularmente interesante que Schwartz, al desprenderse de las categorías analíticas propias de los inquisidores (gesto teórico cuya fecundidad ha sido también probada por Alessandro Stella), restituya a la experiencia ibérica su lugar en el marco de la historia moderna. Los conflictos y la disidencia religiosa al interior de las monarquías católicas ibéricas no responden a influencias (benignas o perniciosas) venidas desde el exterior, como querían creer los contemporáneos, sino a contradicciones internas propias del sistema social y doctrinal de dichos organismos políticos. En este sentido, su aproximación al problema de la experiencia histórica moderna puede compararse con la de Jorge CañizaresEsguerra o Jean-Frédéric Schaub: una historia del mundo atlántico moderno como historia de identidades en incertidumbre. En el caso de Schwartz, se trata de una historia social de un tipo específico de incertidumbre identitaria (por así decirlo), la religiosa, que fundamenta parte importante de la experiencia moderna del mundo atlántico. El autor es enfático a la hora de resaltar que los estudios contemporáneos indican generalmente que ya no se puede pensar en las religiones o en las adscripciones religiosas como entes monolíticos o sistemas completamente coherentes y cerrados sobre sí mismos. En el texto, entonces, dicha incertidumbre tiene su correlato epistemológico en el uso de categorías generalmente reservadas en las sociedades anglosajonas para el análisis de sociedades “modernas”. Schwartz, según lo declara más de una vez en su obra, no quiere hacer de la historia ibérica una historia de tolerancia, ni tratar de presentar una imagen falsamente benigna del sistema político de las monarquías católicas. No se trata ni de exculpar ni de condenar, sino de hacer una historia social de un hecho constitutivo de las sociedades democráticas modernas, la tolerancia religiosa. La historia social del hecho religioso, como demuestran textos como éste o el recientemente publicado libro de Sol Serrano (¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885)), tiene todavía mucho que aportar. Pues tras las imágenes estáticas que aún habitan nuestra imaginación histórica, sobre todo las relativas al catolicismo y a los súbditos católicos, existe un mundo rico en matices y complejidades que requiere nuevos análisis.
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Reinventing Modernity in Latin America: Intellectuals Imagine the Future, 1900-1930 Nicola Miller Reinventando la modernidad en América Latina: Los intelectuales imaginan el futuro, 1900-1930 Reinventando a modernidade na América Latina: Os intelectuais imaginam o futuro, 1900-1930 Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008, 292 páginas ISBN-13: 978-0230603875
RESEÑA Camila Gatica Mizala
University College London, Londres, Reino Unido
[email protected]
Diversos intelectuales han buscado dar sentido a la experiencia de la modernidad. Para autores como Marshall Berman, la modernidad será la experiencia de vivir en un momento histórico de acelerados cambios y progresos, que al mismo tiempo genera una sensación de incertidumbre y de falta de consistencia (solidez) de la época que se vive. Asimismo, el paso a la modernidad implica una conciencia de la historia y de la realidad que se está viviendo. Por lo mismo, podemos sostener que ésta será una experiencia subjetiva, personal, en donde la percepción que se tiene del proceso será vital para entender desde dónde se piensa, vive y escribe la modernidad. En este sentido, debido al carácter subjetivo de la experiencia, la estética, la cultura y las ideas, éstas serán herramientas particularmente iluminadoras de las vivencias de aquellos intelectuales que piensan la modernidad. Estas expresiones artísticas e intelectuales van a configurar un medio para comunicar todo lo que es percibido como parte de ese acelerado cambio en la forma de comprender al mundo. De esta forma, las producciones artísticas e intelectuales buscarán significar y entender el nuevo periodo en que se desenvuelve la historia; y nos permitirán a nosotros comprender cómo se están percibiendo los cambios de la modernidad desde su contexto. El concepto mismo de modernidad, más allá de su experiencia, permite una amplia cantidad de posibilidades e interpretaciones. Ahora bien, la experiencia latinoamericana presenta ciertas particularidades que la hacen valiosa en sí misma. América Latina es una región que merece ser estudiada por ser una fuente rica de desarrollo de una más amplia comprensión del concepto de modernidad.
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.07
Son estas experiencias particulares las que Nicola Miller analiza en su libro Reinventing Modernity in Latin America: Intellectuals Imagine the Future, 1900-1930. La autora parte de la idea que existe un estado de relatividad construido desde América Latina misma, en donde el concepto de modernidad representa un estado que siempre puede alcanzarse; a la vez que nunca es logrado del todo. Debido a esto, la modernidad siempre parece estar en otro lado en términos temporales y espaciales. Será este carácter esquivo de la
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modernidad el que la investirá de poder e importancia. Ahora bien, lo que le interesa no es tanto si existe o no una modernidad en Latinoamérica, sino cómo se ha construido un imaginario social de la modernidad. En otras palabras, lo que busca Miller es entender desde la teoría y las prácticas sociales cómo se está comprendiendo la modernidad en diversos países de la región y cómo se está dotando de legitimidad a ese proceso. El enfoque del libro es el período que va entre 1900 y 1930, ya que para Miller ésta es la etapa en el cual la modernidad de América Latina tomó forma. Será el comienzo del siglo XX y particularmente las celebraciones de los distintos centenarios de independencia, así como la creciente presencia de Estados Unidos en la región, el motor para que Latinoamérica comience a adquirir conciencia de los efectos de los procesos de modernización que venían acumulando una serie de inequidades desde hacía varias décadas. Al mismo tiempo, el libro se centra en un momento de apertura de nuevos espacios –físicos e intelectuales- en América Latina. Comienzan a construirse nuevos lugares públicos como plazas, boulevards, parques, museos, galerías de arte, teatros, librerías, cines, grandes tiendas, cafés, bares y restaurantes. Por otra parte, son años en que se fundan una gran cantidad de periódicos y magazines que permiten la diseminación de las nuevas ideas, además de constituirse en medios de encuentro y difusión privilegiados de los intelectuales que están pensando la modernidad en los diversos países de la región. Es importante destacar la diferencia que la autora establece entre el concepto de modernidad, el de modernización y el de modernismo. Se ha tendido a confundir el concepto de modernidad, reduciéndolo al de modernización, que corresponde más bien al desarrollo industrial y técnico, producto de la modernidad y no a la modernidad en sí misma. De esta forma, el concepto de modernización es más bien el objetivo de la modernidad, que se puede ver en términos cuantitativos y físicos, mientras que la modernidad apunta a una experiencia subjetiva de cómo interactuamos como individuos con el tiempo y la historia. De hecho, podemos decir que en Latinoamérica existió antes la voluntad de ser modernos –que se observa en las independencias americanas- que una modernización –que podemos detectar en algunos países de la región desde 1870. Al tomar el concepto de imaginario social de la modernidad, Miller busca entenderla sin que se vea reducida a modernización, sino que en relación a esta última. Por otro lado, el modernismo en Latinoamérica será una respuesta a la modernidad, una rebelión a la tradición, en donde lo estético y artístico jugarán el rol de expresar todo lo que ha sufrido cambios con la modernidad. En otras palabras, es la percepción cultural y social del cambio de la modernidad. El modernismo jugará un rol crucial en la vida intelectual de la región; es a partir de la reacción que generará el modernismo en los intelectuales que muchos de los discursos desarrollados en el libro tomarán fuerza. Es el modernismo lo que impulsará un desarrollo de un profesionalismo literario que abrió los espacios que aprovecharon los intelectuales que pensaron la modernidad de la región. A partir de lo anterior, resulta interesante analizar el concepto de modernidades múltiples, visión que permite ampliar la discusión sobre la modernidad más allá de las sociedades industriales y de las teorías clásicas de modernización. La idea de modernidades múltiples
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presume que la mejor forma de entender el mundo contemporáneo y de explicar la historia de la modernidad es por medio de la comprensión de la historia como una continua constitución y reconstitución de una multitud de programas culturales. Es por esto que no se puede decir que modernidad y occidentalización sean términos idénticos, ya que los patrones culturales europeos no sólo no constituyen una modernidad auténtica, sino que no es la única. Aún más, podemos plantear a partir de lo anterior, que por toda Latinoamérica (y por otras partes del mundo) se han desarrollado diversas modernidades que no son copias de la propuesta europea. El hablar de modernidades múltiples permite abrir el estudio de la modernidad a otras experiencias que son el resultado de distintas concepciones de modernidad. De esta forma, accedemos a imaginarios alternativos al europeo, que son igualmente ricos y presentan nuevas opciones al estudio de las mentalidades. Ahora bien, para poder definir estos imaginarios, es preciso mirar más allá de estas aproximaciones a la modernidad y definirla en términos de su “horizonte de expectativa” y de sus “espacios de experiencia”. En otras palabras, el libro analiza distintas formas de plantear el conocimiento que condicionan, a su vez, la forma de ser y de plantearse ante la realidad particular de cada autor. Esto nos permite analizar la modernidad desde su base epistemológica, lo que demuestra un carácter reflexivo de los autores frente a la conciencia del tiempo, espacio y de los seres humanos en relación con los otros. La autora centra su análisis en cuatro intelectuales latinoamericanos que le permiten ahondar en cuatro temas ligados inherentemente a la modernidad latinoamericana: el rol de la razón a través de José Enrique Rodó; la relación entre el Estado y la sociedad propuesta por Juan B. Justo; el significado de la historia, siguiendo los escritos de Alfonso Reyes; y el carácter de la revolución, a través de José Carlos Mariátegui. Estos cuatro intelectuales son vistos por Miller como mediadores de la modernidad, es decir, más que como expositores o traductores de ideas y opiniones, como productores de esas ideas a través de periódicos y magazines fundados para diseminar las ideas de la modernidad. En su análisis, Nicola Miller explora de forma amplia las ideas desarrolladas por estos cuatro intelectuales, incorporando las condiciones de su producción y la historia de la recepción de sus obras e ideas, ya que para la autora son procesos profundamente interrelacionados. De esta forma, lo que busca es revelar las ideas de modernidad de la región estudiando el cómo y por qué ciertas figuras se transformaron en íconos. Para esto, el corpus teórico de cada uno de estos pensadores fue estudiado en su amplitud, rescatando el diálogo con la sociedad y con aspectos particulares de la modernidad. En muchos casos, las ideas eran expresadas a través de columnas en periódicos y de críticas literarias, espacios modernos en sí mismos, que permitían el flujo de ideas así como la apertura e inclusión de otros sectores de la sociedad. Rodó, Justo, Reyes y Mariátegui conforman un proyecto común de modernidad alternativa que buscaba integrar la crítica, la autonomía, el progreso y el universalismo con la búsqueda espiritual, la solidaridad social, la hospitalidad y una ética de la autenticidad. Más allá de las diferencias que se pueden encontrar entre estos personajes, fueron intelectuales cuyas carreras se hicieron posibles gracias a los efectos de la modernización de la vida intelectual en América Latina. Al mismo tiempo, todos fueron capaces de aprovechar las oportunidades que
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Reinventing Modernity in Latin America: Intellectuals Imagine the Future, 1900-1930. Nicola Miller Reseña: Camila Gatica Mizala
estos nuevos medios les ofrecían para lograr influir a nivel nacional y regional a partir de su producción intelectual. Uno de los aspectos en común entre estos cuatro intelectuales, que da una pista de la particularidad de la modernidad latinoamericana, es que cuestionaron la promesa igualitaria de la modernidad. Sostuvieron que las diferencias locales e históricas podían persistir, particularmente fuera de esos países en donde los intereses capitalistas requerían que la modernidad fuera un paso obvio. En otras palabras, sostuvieron que había que mirar la historia de la región y las tradiciones para poder construir algo nuevo, propio. La mejor forma de solucionar el dilema que presentaba el postcolonialismo era por medio de la apropiación creativa, que permitía una síntesis y un diálogo, en lugar de la negación y el olvido. De esta forma, sugieren distintas formas de vivir en la ambivalencia de la modernidad y esto es parte de la novedad del proyecto intelectual latinoamericano. De hecho, esta conciencia crítica de la historicidad y de la importancia del momento histórico es inherentemente moderna.
A partir de lo anterior, no deja de ser interesante analizar el rol que estos intelectuales
vieron en la cultura como un elemento clave en cualquier imaginario alternativo de la modernidad. Todos usaron la reflexión estética de la modernidad –el modernismo-, adoptando variantes como ensayos, crónicas, anécdotas y notas, para probar diferentes formas de representar lo moderno. El trabajo de estos cuatro hombres nos muestra diversas formas de percibir, entender e imaginar el mundo, tomando la promesa genérica de la modernidad. Finalmente, la premisa del libro es su aporte más importante. Miller sostiene que existe una respuesta a la modernización en América Latina que no corresponde ni a una opción tecnocrática, ni a una esencialista; sino a una modernidad alternativa. Esta opción busca lograr una promesa de modernidad política y cultural, así como de potencial económico. Es esta alternativa la que toman los intelectuales latinoamericanos, ya que les permite provocar un cambio en los debates, buscando poner un énfasis en la construcción de las identidades, tanto individuales como colectivas. La propuesta de estos intelectuales del nuevo siglo era que “la autenticidad radical no se podía lograr aisladamente porque en la práctica era dependiente del reconocimiento de otros”. Aún más, estos intelectuales no vieron lo tradicional como opuesto a lo moderno, sino como dos elementos interrelacionados que necesitaban convivir, ya que estaban en un permanente proceso de reformulación. Esa sería la peculiaridad de la modernidad latinoamericana.
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Las independencias iberoamericanas en su laberinto. Controversias, cuestiones, interpretaciones Manuel Chust (editor) Iberamerican Independences in their labyrinth. Controversies, questions, interpretations As independências ibero-americanas em seu labirinto. Controvérsias, questões, interpretações Publicacions de la Universitat de València, Sevilla, 2010, 441 páginas ISBN: 9788437079004
RESEÑA Jesús Raúl Navarro
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEHA CSIC) Sevilla, España
[email protected]
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.08
Esta obra debemos enmarcarla en la ya dilatada trayectoria del Dr. Manuel Chust, profesor de la Universitat Jaume I, que ha venido alentando los estudios comparativos entre la realidad peninsular e iberoamericana en el periodo de las independencias de las repúblicas americanas. Un proceso que venía requiriendo desde hace tiempo de los encuentros que ha potenciado junto a otros colegas como Ivana Frasquet y Víctor Mínguez desde la pequeña pero dinámica universidad ubicada en Castellón, ya fuera desde la vertiente histórica o desde la iconográfica, las que confluyen en no pocas ocasiones en torno al proceso que aborda este libro colectivo. Por todo ello, el profesor Chust era la persona adecuada para lidiar con un proyecto del calibre de este libro en el que se ofrecen interpretaciones distintas sobre los procesos de independencia en Iberoamérica aportadas por autores de generaciones, formaciones y países muy diversos (España, Reino Unido, México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú y otros). Como ya dijimos, el foro que abrió Chust desde ya hace años entre historiadores europeos e iberoamericanos ha permitido sacar a la luz una lista considerable de publicaciones, facilitar la reflexión sobre lo que supuso el proceso independentista en gran parte de los países iberoamericanos y sobre todo dejar un arsenal de conocimiento que ocupa un lugar destacadísimo en los esfuerzos académicos españoles por contribuir a la reflexión historiográfica sobre los procesos de independencia. En este sentido, el libro que nos ocupa se trata de un trabajo no sólo original sino también importante para la historiografía sobre las independencias. Original porque no es un libro al uso, como bastantes de las iniciativas que se han abordado desde la Jaume I, en la que el grupo de investigación que hay tras Manuel Chust y el CIAL (Centro de Investigaciones de América Latina) tiene casi una docena de miembros que destacan por la homogeneidad y complementariedad de sus trayectorias científicas. El libro reúne a cuarenta autores del peso de John Lynch, Josep Fontana, Halperin Donghi, Carrera Damas, Gil Novales, Jaime Rodríguez, John Elliot, y tantos otros, quienes
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responden a cinco cuestiones básicas a la hora de enfrentarnos a los estudios independentistas. Unas preguntas que ha sabido muy bien plantear y escoger el editor y que son las siguientes: ¿cuál es la tesis central de las independencias?, ¿cuáles son los orígenes de la crisis de 1808?, ¿hubo más continuidades que rupturas?, ¿qué interpretaciones explican mejor las independencias? y ¿qué queda por investigar? Pero además de ser un libro original por abordar las independencias a partir de un cuestionario cerrado, es también un libro importante porque los planteamientos que hacen los autores sobre unas cuestiones que nos seguirán preocupando aún muchos años a los historiadores han sido abordados desde muchos prismas. Ahora, en este libro, los expertos nos ofrecen de una sola vez cuarenta pinceladas sobre varias cuestiones clave en la interpretación de los procesos independentistas. Cuestiones tan vivas y complejas que quizás nos asalten muchas más dudas e inseguridades cuando acabemos de leer la obra, pero es que plantear dudas, deficiencias metodológicas o carencia de pruebas consistentes en conclusiones repetidas sin más desde hace décadas es uno de los objetivos básicos de cualquier acercamiento a un tema histórico. Mucho más si nos estamos refiriendo a un tema tan complejo como el surgimiento de las nuevas repúblicas en Iberoamérica, en casi todo un continente. Todos los temas que se abordan en este libro, pese a su importancia o quien sabe si precisamente por ello, se entrelazan con las conciencias nacionales e imposibilitan el avance historiográfico entre el gran público e incluso en el colectivo de historiadores académicos. Las historiografías tradicionales siguen campando a sus anchas, cómodamente protegidas por un nacionalismo que ha evolucionado poco desde el siglo XIX y que imposibilita, o al menos dificulta, la expansión de un aire renovado entre la sociedad de las ya no tan jóvenes repúblicas. El mismo editor del libro nos avisa de los problemas que podemos tener cuando pedimos a historiadores especialistas en los procesos de independencia que las historias nacionales se dejen atrás y se ofrezcan síntesis y generalidades. Esta compleja relación entre análisis histórico y nacionalismo es uno de los varios problemas con los que nos encontramos a la hora de abordar los estudios de los procesos independentistas en Iberoamérica, pero en un libro de síntesis como es éste no hay espacio para el nacionalismo. Otros problemas que deben resolverse son, sin duda, y Chust lo señala muy bien, el peso que aún tienen los estudios de los “casos dominantes” que se extienden o se pretenden extender como modelos generales –algo que supone la existencia de un gran desequilibrio historiográfico en un tema como el que nos ocupa- y la lectura de las independencias desde el presente, con ojos del siglo XXI. Pero quizás sea el primer problema mencionado, el del viejo nacionalismo, el de mayor complejidad con el que nos seguimos encontrando todavía hoy en día al abordar los estudios independentistas. Y esto pese a que son evidentes los avances historiográficos que han aportado muchos de los autores de este magnífico libro. Aún podemos afirmar, con todo y sin temor a equivocarnos mucho, que la propuesta hegemónica hoy en día sigue siendo la historia nacionalista si bien no podemos ocultar el esfuerzo por abrirse hacia otros países de algunas historiografías como es el caso de la argentina. Una historia que ha olvidado que la revolución de la independencia supuso importantes cambios en las capas altas de la sociedad criolla pero que el orden social establecido permaneció, que el campesino indígena no se integró en el proyecto
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revolucionario y que como muy bien dice en el libro el profesor Fontana los grupos dominantes de las nuevas sociedades combinaron el afán por descubrir antepasados godos con el desprecio por el indio y el cholo. Estos “pequeños detalles” son los que marcan lo que fue y lo que no fue la independencia. Hay que bajar al detalle, al terreno de lo cotidiano, para saber qué supuso realmente la independencia. No quedarnos en los grandes personajes, en las élites, sino bajar a la sociedad compleja que se forma en y tras el largo proceso histórico de la independencia, tratar de entender lo que ocurre con los sectores mayoritarios que apenas aparecen en la documentación histórica para así poder entender mejor los problemas que aquejan hoy en día a los países iberoamericanos y también lo que ocurrió hace dos siglos. Quizás sea éste el motivo por el que a la historiografía tradicional le interese la actividad militar y política de los grandes próceres. Así, se simplifica la complejidad de las fuerzas que actuaron en 1808 y de paso se distorsiona la realidad, no admitiendo ni preguntas ni cuestionamientos como dice el profesor Izard. Los casos a citar podrían ser interminables pero uno, relativamente conocido y paradigmático, es el del intelectual pardo José Domingo Díaz en Venezuela, una de cuyas obras más importantes (los Recuerdos sobre la rebelión de Caracas) tras haber sido reeditada a mediados del siglo XX, ha requerido una nueva reedición crítica. Díaz fue abiertamente realista, algo que, sumado a sus oscuros orígenes familiares, ha hecho de él un personaje muy controvertido para la historiografía republicana más rancia. Miembros de Sociedades Bolivarianas, de la Academia Nacional de la Historia Venezolana y autores diversos como Ricardo Archila, Héctor Parra Márquez, Vicente Lecuna, Mario Briceño, Héctor García Chuecos, Ismael Puerta Flores, Ángel Francisco Brice, Enrique Bernardo Núñez, José Rafael Fortique, Plácido Daniel Rodríguez Rivero, Arístides Rojas o Julio Febres Cordero han abordado su estudio desde unas premisas habitualmente muy peyorativas, y tratando de explicar su actitud política como resultado tan solo de traumas psicológicos íntimos y no de procesos históricos, políticos y sociales en los que el personaje se vio envuelto. Estudios más recientes de su trayectoria ideológica tratan de enmarcarlo en los convulsos años de la independencia y en el estudio de la propaganda ideológica que practicó como elemento indisolublemente unido a los conflictos bélicos de la independencia venezolana y a su devenir histórico. Sin duda, la obra de Germán Carrera Damas y la de Elías Pino Iturrieta, entre otros autores más recientes, han contribuido a relativizar el peso de la historiografía republicana más tradicional en Venezuela, que trata de preservar de forma poco rigurosa los valores sagrados e inviolables de la república sin utilizar el más mínimo debate historiográfico y ajena al estudio sereno que implica el avance en nuestra disciplina. Éste es un caso, uno de tantos, en los que conviene abrir puertas y ventanas –historiográficamente hablando—para acometer la relectura de procesos tan complejos como el del realismo en Venezuela o el de los realistas venezolanos, que destacaron en el ámbito de la propaganda política como redactores, traductores, etc. y que dejaron su impronta más personal en un conflicto que, por circunstancias diversas, les condujo lejos de su patria tras la independencia. Y ya para acabar, si algo debe destacarse de este libro, a la luz de lo que acabo de mencionar, es que la historia de las independencias no es lineal, no es sencilla: es un proceso muy complejo por el que hay que andar de puntillas, revisar afirmaciones hechas con prisa y poca reflexión, crear controversias, ahondar sobre áreas aún poco transitadas, alentar los estudios en temas complejos que requieren nuevas fuentes, releer con ojos distintos y nuevas miradas las páginas escritas desde el siglo XIX. Por tanto, ante nosotros se abre, todavía, doscientos años
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Las independencias iberoamericanas en su laberinto. Controversias, cuestiones, interpretaciones. Manuel Chust. Reseña: Jesús Raúl Navarro
después, toda una amplia batería de temas que necesitan de nuestra atención, de nuestras preguntas y de nuestras dudas. En este esfuerzo por seguir avanzando, este libro de Manuel Chust abrirá sobre todo a los jóvenes lectores, aprendices de historiadores, nuevos caminos y sobre todo nuevas dudas ante la evidencia de que no existe un modelo interpretativo único sino que el proceso de independencias supone la existencia de procesos muy complejos que necesitan de un aguerrido “ejército” de historiadores libres de estereotipos y con una enorme ilusión por seguir avanzando. Sólo queda saber cuándo el avance historiográfico que hoy se experimenta en el estudio de los procesos de independencia llegará al gran público y cuándo caerán tantos estereotipos creados por dos siglos de historias nacionales.
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La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita Carlos Huneeus The Chilean Cold War: Gabriel González Videla and the Ley Maldita A Guerra Fria Chilena: Gabriel González Videla e a Lei Maldita
Santiago, Debate, 2009, 404 páginas ISBN 978-956-8410-26-1
RESEÑA Alfonso Salgado
Columbia University, Nueva York, Estados Unidos
as3918@columbia. edu
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.09
La Guerra Fría Chilena es un documentado estudio de la política anticomunista de Gabriel González Videla, presidente de Chile entre 1946 y 1952. Carlos Huneeus, politólogo que anteriormente había dedicado sus energías a estudiar regímenes militares y transiciones democráticas ocurridas en períodos más recientes, se acerca ahora a este fenómeno histórico interesado, como está, en indagar las consecuencias de dicha política en la calidad de la democracia chilena. Huneeus argumenta que la cruzada anticomunista del presidente radical González Videla tuvo un efecto altamente negativo en el desarrollo de la institucionalidad democrática. Más aún, sostiene que los orígenes de los factores que llevaron al quiebre de la democracia en 1973 no deben datarse en los turbulentos años sesenta, como los especialistas acostumbran hacerlo, sino en 1947, cuando el gobierno de González Videla le declaró la guerra al comunismo. Según Huneeus, la guerra contra el comunismo desestabilizó el sistema de partidos, debilitando a las principales tiendas políticas; contagió a los católicos y a los militares, dividiendo a los primeros y llevando a los segundos a intervenir en política; e impidió el normal desarrollo del movimiento sindical, tornando las reivindicaciones laborales en una cuestión de seguridad interna. Al mismo tiempo, el clima anticomunista relegó a un segundo plano problemas estructurales del campo chileno que terminaron por hacer crisis en las décadas siguientes. Conceptual y metodológicamente, la investigación del profesor Huneeus es una contribución valiosa al conocimiento de un período aún poco estudiado de la historia chilena y, como tal, debe ser bienvenida por los historiadores iberoamericanos, aun cuando el autor se esfuerce en distanciarse de este gremio y, siguiendo a Dankwart Rustow, recalque, algo presuntuosamente, que la historia “es un tópico demasiado importante para ser dejado exclusivamente a los historiadores” (p. 9). Cientista político formado en Alemania, Huneeus desmenuza las aristas más eminentemente políticas del conflicto. El suyo es un estudio de caso que, si bien recurre a la historia, pretende dialogar con la politología. Su énfasis en la institucionalidad democrática, propio del paradigma disciplinar desde el cual escribe, es novedoso sin ser por ello ajeno a las inquietudes intelectuales de los historiadores, viéndose en este caso enriquecido por su
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La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Carlos Huneeus Reseña: Alfonso Salgado
tratamiento del rol jugado por el liderazgo presidencial en un sistema democrático. Para demostrar su argumento y testear la pertinencia de los conceptos que utiliza, Huneeus reúne un voluminoso corpus documental. Su reconstrucción empírica no tiene nada que extrañarle a la de los mejores practicantes de la disciplina histórica. Hace buen uso de los fondos ministeriales, complementa el relato con información de prensa, precisa ciertos datos en base a entrevistas; se excede, sí, al documentar el debate parlamentario con demasiada minuciosidad. El texto se nutre, además, de los informes del embajador británico, quien ofrece una mirada distante pero sin duda iluminadora. Los primeros capítulos del libro examinan los orígenes del conflicto entre González Videla y los comunistas chilenos. Nos presentan a un presidente que, desde el principio, encabezó un gobierno minoritario, situación que lo llevó a buscar aliados a diestra y siniestra. A un año de haber alcanzado la primera magistratura gracias al pacto entre su partido, el Radical, y el Comunista, González Videla, de carácter tan impulsivo como poco experimentado en materias administrativas, decidió romper con sus socios originales y tenderle el brazo a la derecha, la cual sin embargo sólo le dio la mano a regañadientes. Los constantes desacuerdos con sus ministros y la crisis económica de la posguerra lo llevaron a depender cada vez más de medidas que podrían tildarse de autoritarias, delegados militares incluidos. Huneeus, que apunta cuidadosamente cada una de las leyes de facultades extraordinarias promulgadas en el período, hace bien al datar el inicio de la embestida contra el comunismo en 1947, un año antes de que tomara cuerpo la draconiana Ley de Defensa de la Democracia. También acierta al subrayar la importancia de los factores locales por sobre los internacionales en el giro de González Videla, distanciándose del discurso de los traicionados comunistas y de interpretaciones aún hoy canónicas. Aunque algunos comentaristas le han criticado el haber desestimado la importancia de la presión norteamericana demasiado a la ligera, sin consultar siquiera toda la documentación pertinente, un estudio reciente, que revisa los papeles de la embajada norteamericana, parece confirmar la intuición de Huneeus. Los capítulos siguientes analizan la aprobación, aplicación y posterior derogación de la Ley 8,987, de Defensa de la Democracia, conocida popularmente como “Ley Maldita.” En lo que dice relación con la aprobación, el libro refiere con detalle los varios proyectos y la acalorada discusión parlamentaria, mostrando cómo el tema dividió a democráticos, socialistas, conservadores e, incluso, radicales. Se trató, en el decir de Salvador Allende, de una verdadera “bomba atómica.” La ley resultante, que en lo sustancial declaró al Partido Comunista “asociación ilícita” por considerarle contrario a la democracia, impuso drásticas sanciones contra comunistas confesos y presuntos. Ahora bien, como nota Huneeus, las medidas también afectaron a alguno que otro socialista, falangista y opositor en general. Su significación tampoco se redujo a lo estrictamente político, puesto que obstaculizó la organización sindical y, en la práctica, criminalizó las huelgas. Implicó, en efecto, modificar una serie de normativas de vital importancia, como lo eran la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Código del Trabajo. Aquí, Huneeus podría quizás haberse detenido también en la discusión pública posterior a la aprobación de la Ley de Defensa de la Democracia, pues González Videla se vio obligado a defender las alteraciones del sistema sindical en su discurso presidencial del 21 de mayo de 1949. De manera más breve, en lo que se refiere a la aplicación de la referida ley, el libro aborda la difícil implementación de sus medidas más polémicas, a saber, la masiva eliminación
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de los votantes comunistas de los registros electorales, la expulsión de los comunistas de la administración pública y la desafiliación sindical de los líderes comunistas. Huneeus recalca el accionar conjunto de militares y ministros en la aplicación de estas medidas, siempre bajo la impaciente mirada del presidente. Destina también algunas páginas a reconstruir los pormenores de la relegación de activistas en localidades rurales. El penúltimo capítulo analiza la derogación de la legislación a fines de los años 50. Si bien su inclusión puede parecer algo forzada en un libro sobre los orígenes de la Guerra Fría, se trata de un apartado que no deja de ser sugerente. En él, Huneeus demuestra que, no obstante se logró derogar la Ley de Defensa de la Democracia, parte de su espíritu y de su articulado se conservaron en la nueva Ley de Seguridad Interior del Estado, la cual continuó restringiendo severamente las actividades huelguísticas. La Guerra Fría Chilena concluye retomando los planteamientos esgrimidos en las páginas iniciales. Nos ofrece, entonces, la posibilidad de sopesar los argumentos vertidos a lo largo del texto y justipreciar la obra en su conjunto. El libro es, en su mayor parte, convincente. La cruzada anticomunista de González Videla, efectivamente tuvo consecuencias impensadas en prácticamente todas las colectividades políticas, desestabilizando el sistema. Como bien nota el autor, el Partido Radical, que hasta entonces era el más poderoso del país, declinó abruptamente hasta casi desaparecer en unos pocos años. Incluso la derecha debió sufrir la división interna y el castigo del electorado. La izquierda, en cambio, terminó por forjar una coalición unitaria que, en lo sustancial, fue la base del gobierno de la Unidad Popular. Aunque su análisis de las consecuencias es sólido, Huneeus exagera un poco en su intento por persuadir al lector. El Partido Radical, huelga recordar, ya mostraba signos de decadencia, como la misma votación con que González Videla llegó a la presidencia lo demuestra. Además, fueron muchas las leyes que dividieron a la clase política chilena de mediados del siglo veinte. Aunque en su momento diputados y senadores subrayaron la importancia de esta ley en el porvenir de la democracia chilena, como Huneeus no deja de recordarnos a lo largo del libro, la grandilocuencia parlamentaria puede llevar a engaño. Por otro lado, por mucho que el anticomunismo ayude a explicar la postura beligerante de la derecha y de los militares en las décadas siguientes, éste no nació con el gobierno de González Videla. La persecución contra el comunismo debe enmarcarse en una historia de más larga duración. No hay que olvidar que el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo en el período entreguerras golpeó duro tanto a sindicalistas como a comunistas. Al mismo tiempo, la influencia del discurso anticomunista del gobierno de González Videla no debe sobreestimarse. Como reconoce el mismo Huneeus, este discurso no logró generar un ambiente propicio para la denuncia. A esto agregaría que esta variante del discurso anticomunista fue sólo una de las tantas fuentes retóricas de las cuales bebieron los militares post 1973. Ahora bien, la principal falencia de La Guerra Fría Chilena en el análisis del clima comunista y su influencia entre los militares radica en que se esboza un argumento que no se esfuerza en probar. Huneeus sostiene, desde el principio, que la mayoría de los generales y coroneles que ocuparon cargos en el régimen militar de Augusto Pinochet participaron en labores de represión durante el gobierno de González Videla, argumento que retoma en la conclusión. Se trata de una idea interesante, probablemente acertada, pero a lo largo del texto no se destina ninguna página a probarla. El lector debe entonces confiar en que el autor efectivamente cruzó las listas de la plana mayor
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La Guerra Fría Chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Carlos Huneeus Reseña: Alfonso Salgado
de las Fuerzas Armadas en ambos períodos. A modo de consuelo, éste nos ofrece un par de frases de Pinochet sobre su trabajo en el centro de detención de Pisagua durante el gobierno de González Videla, tomadas de su archicitado y no del todo confiable Camino Recorrido. No obstante sus innumerables méritos, La Guerra Fría Chilena flaquea cuando debiera golpear más fuerte, esto es, al contrastar los planteamientos hasta aquí reseñados con las interpretaciones prevalecientes sobre el quiebre de la democracia chilena. Según Huneeus, González Videla no sólo debilitó la democracia, sino combatió a los comunistas en vez de preocuparse de extender los derechos cívicos a los campesinos y solucionar el estancamiento económico. “En consecuencia, la intensidad del conflicto político y social en los años 60, por la reforma agraria y la sindicalización campesina impulsada por el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva (PDC) (1964-1970), no puede ser considerado como la causa de los problemas posteriores del sistema político, sino como la consecuencia del debilitamiento de la democracia y la negativa a impulsar la modernización del campo por los gobiernos anteriores, especialmente el de González Videla” (p. 369). Huneeus pone de cabeza el argumento con que la comunidad politológica ha pretendido culpabilizar a Frei por la posterior inestabilidad de la Unidad Popular y la intervención militar de 1973. El autor no sólo parte del discutible supuesto de que “los Presidentes también deben ser evaluados por las decisiones que dejan de adoptar” (p. 369), lo que nos lleva a preguntarnos por qué los antecesores de González Videla no son también responsabilizados, sino que espera que creamos que Frei habría estado obligado a tomar las medidas que precisamente adoptó. Olvida, en última instancia, que éste último fue tan producto de la Guerra Fría como lo fueron Allende y Pinochet. González Videla creía que para combatir al comunismo había que combatir a los comunistas. Frei creía que para combatir el “problema comunista” ―un término cuya pertinencia el autor defiende― había que combatir la pobreza, especialmente la pobreza rural. A fines de los cuarenta, el falangista Radomiro Tomic y el conservador socialcristiano Eduardo Cruz Coke defendieron esta postura en el parlamento. Medio siglo y una década después, Huneeus, académico ligado a la Democracia Cristiana, se hace eco del discurso de sus antepasados ideológicos, a los cuales cita en extenso. El lector debe colegir que González Videla pudo haber solucionado el “problema comunista” de un “paraguazo”. Bastaba con que hubiera permitido la sindicalización campesina y emprendido reformas en la estructura de la propiedad agrícola. Frei lo intentó, pero ya era demasiado tarde. Los democratacristianos, sin embargo, estuvieron siempre en lo correcto: traían consigo la fórmula mágica para terminar con la Guerra Fría. Fue sólo una cuestión de “timing.” Huneeus peca aquí, precisamente, de lo que algunos cientistas políticos acusan a la DC de aquellos años, “mesianismo ideológico”, un factor que ayuda bastante a explicar, quizás inclusive más que la ebullición campesina, la tragedia chilena. En resumen, La Guerra Fría Chilena es un acabado y sugerente estudio de la política anticomunista de González Videla. No se limita a analizar los orígenes de la Guerra Fría en Chile sino pretende además desafiar una de las interpretaciones más extendidas sobre el posterior quiebre de la democracia chilena. Para pesar de su autor, sin embargo, funciona mejor como reconstrucción histórica de 1947 que como explicación politológica de 1973.
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RESEÑA DE PÁGINA WEB Enzo Abbagliati
Director de elquintopoder. cl (Fundación Democracia y Desarrollo)
[email protected]
DOI 10.3232/RHI.2011. V4.N2.10
En el mundo pre digital, con el acceso a información sujeto a un conjunto de barreras físicas, la información era un bien que tendía a la escasez. Si la información que requeríamos no estaba a nuestro alcance, ya fuera en una biblioteca, en un archivo o en una librería cercana, o en el kiosco de la esquina en formato de periódico o revista, su ausencia aumentaba su valor. Y nuestra frustración. ¿Quién no recuerda haber encontrado en alguna nota a pie de página o en una bibliografía las referencias de un artículo o un libro que nos resultaría fundamental para nuestro trabajo pero al cual no teníamos posibilidad de acceder? Quizá ésa era la mayor (y más dura) expresión del valor de la información en el mundo académico. Sin embargo, en Internet la información pierde su valor. Potencialmente, todo contenido tiene una expresión digital, la que bajo diferentes formatos y tipos de licenciamiento, elimina las barreras de acceso, por lo menos aquellas que en el mundo analógico eran infranqueables. La permanente innovación en las tecnologías de información y comunicación, traducida entre otras cosas, en un drástico abaratamiento de los medios de producción, reproducción, edición, almacenamiento y distribución de contenidos digitales o contenidos analógicos digitalizados, ha provocado un fenómeno inédito en la historia. Hacia 2006, se calculaba que la información contenida en formatos digitales era tres millones de veces superior a la existente en todos los libros escritos por la Humanidad, proyectándose para el 2010 que esa cifra hubiera alcanzado los 18 millones de veces. En apenas unas décadas, el mundo de la información ha pasado de las lógicas de la escasez a las lógicas de la abundancia. De la mano de esta explosión, han surgido o recobrado vigencia, las preguntas sobre la calidad de la información y la confianza en las personas o instituciones que la generan o comparten. La abundancia tiene su patología, la “infoxicación”, ese riesgo siempre presente de hacer clic en la fuente equivocada o en el contenido tergiversado, impactando en nuestra capacidad de interpretar la realidad, o que nos paralice ante la imposibilidad de saber identificar con cierto nivel de certeza cuál es el hipervínculo que nos permita enhebrar nuestra
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comprensión. El futuro de la información es de alta complejidad y en él se avizoran tres posibles escenarios, que bien resumen Antoni Gutiérrez-Rubí y Juan Freire: un futuro caótico, donde la crisis de las autoridades tradicionales y la sobreabundancia de información no encuentran solución; un futuro con nuevas formas control, en el que unas pocas instituciones filtren los contenidos y pongan fronteras (tecnológicas, legales o económicas) al acceso a la información; o un futuro donde la abundancia de información sea de manera colectiva, con la participación abierta de instituciones y personas, “ordenada”, valorada y seleccionada. En el tercer escenario, que David Weinberger ha denominado “el poder del desorden digital”, las instituciones que tradicionalmente han sido fuentes de información confiable tienen la obligación de estar presentes. La reputación digital no paga tributo –necesariamente- a la reputación histórica, como bien aprendió la Enciclopedia Britannica, que en apenas una década presenció como Wikipedia, una enciclopedia virtual construida en múltiples lenguas simultáneamente por miles de voluntarios en todo el mundo, se posicionó como una de las principales fuentes de información en Internet. La curaduría de contenidos digitales es una de las claves del futuro de la información. En este contexto, Memoria Chilena, el portal de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile cuya misión es ser la Biblioteca Nacional Digital bajo el slogan “el portal de la cultura de Chile”, es un magnífico ejemplo de cómo una institución que se encuentra inscrita en la historia del país como fuente de información fidedigna y de calidad, aprovecha la tecnología para rediseñar la forma en que cumple con sus objetivos, contribuyendo a la puesta en valor de contenidos a partir de la experiencia y conocimiento de sus equipos de trabajo. El portal, que acaba de cumplir diez años de existencia, parte de una serie de premisas. La primera: la memoria de un país no es un relato único, sino que es su diversidad de culturas e identidades la que construye una mirada cabal de su pasado. La segunda: preservar y dar acceso digitalmente a esa memoria es un ejercicio de democratización del conocimiento. Y la tercera, a través del conocimiento de su memoria, las personas y las sociedades pueden valorarla, cumpliendo así Memoria Chilena un valor educacional fundamental. Sus cifras son claras. Con 700 sitios temáticos disponibles, más de 2.800 libros descargables (la mayor parte del dominio público chileno, pero también con libros cedidos por sus vigentes titulares de derechos), cerca de 75 mil documentos y casi 900 mil páginas digitalizadas, Memoria Chilena es hoy la más grande base de datos sobre las culturas de Chile disponible en Internet, algo que durante este año ya ha sido corroborado por más de 1.5 millones de visitantes. Es un sitio cuya riqueza principal radica en la profundidad y múltiples rutas de navegación, pudiendo acceder a sus contenidos a través de cinco grandes áreas temáticas (Historia, Literatura, Artes, Música y Ciencias Sociales) o desde algunas de sus secciones especiales, entre las cuales se encuentran joyas de gran valor como Crítica Literaria (que da acceso a más de 50 mil archivos pertenecientes a la sección Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional), las salas virtuales (entre ellas, la dedicada a poner en valor el legado de Gabriela Mistral en base al archivo personal donado hace pocos años al Estado de Chile por la heredera Doris Dana,
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su asistente personal y confidente) y un conjunto de sitios e iniciativas asociadas que permiten personalizar y segmentar la experiencia del visitante con los contenidos consultados. Es Memoria Chilena un ejercicio permanente de curaduría de contenidos. Ante la imposibilidad de poder poner todo el acervo patrimonial de la Biblioteca Nacional en la Web, personal altamente especializado procede a definir qué contenidos son los más relevantes, tomando en consideración su carácter noticioso (asociado a ciertas coyunturas), su valor histórico o su potencial de consulta por parte de investigadores, estudiantes o público en general. En este proceso se renueva, implícitamente, el valor social de la Biblioteca Nacional como institución que garantiza a sus usuarios que todos aquellos contenidos que comparte son de alta calidad y pertinencia. Tal como fundamentó el jurado que le entregó el año 2010 el Stockholm Challenge Award en la categoría cultura (popularmente conocido como el “Nóbel de Internet”), “by interweaving individual discourses into a symbolic common-ground, Memoria Chilena acts as a dynamic ad integrative gateway to national cultural heritage, thus encouraging its preservation and study”. A través de la curaduría, Memoria Chilena construye ese terreno común que nos permite a todos reconocernos en nuestra historia y nuestras identidades. Es en ese ejercicio de construcción en el cual el portal presenta algunas de sus más relevantes oportunidades de crecimiento y renovación. Más allá de revisar su usabilidad y diseño visual (que se mantiene casi inalterado tras una década), Memoria Chilena debiera avanzar hacia la constitución de una comunidad integrada por las personas que usan el portal y los equipos a cargo de la elaboración de los contenidos. La memoria histórica es, entre otras cosas, un ejercicio colectivo de selección y valoración. Hoy se pueden diseñar e implementar con cierta facilidad procesos colectivos de curaduría digital usando herramientas propias de los medios sociales. Si bien tiene presencia en Facebook, Twitter y You Tube, estos canales operan –a grandes rasgos- como espacios de difusión de Memoria Chilena hacia sus usuarios, y no tanto como articuladores de un ecosistema conversacional que entregue “poder editorial” a sus usuarios y que éstos ayuden a definir qué contenidos son digitalizados y destacados por el portal. Superar esta limitación, así como revisar y anular las restricciones para el pleno uso de todos aquellos contenidos que forman parte del dominio público chileno y que Memoria Chilena lleva a Internet (un proceder que no ha estado exento de críticas), son dos formas sencillas en las cuales podría proyectar aún más su labor, consolidando su rol como referente en la Web chilena y reescribiendo colaborativamente y pluralizando su slogan como “el portal de las culturas de Chile”.
HIb. REVISTA DE HISTORIA IBEROAMERICANA |
ISSN: 1989-2616 |
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Semestral |
Año 2011 |
Vol. 4 |
Núm. 2