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II Conferencia de la SSE del Ministerio del Interior

Madrid, 12 y 13 de abril de 2016

II Conferencia de la SSE del Ministerio del Interior Madrid, 12 y 13 de abril de 2016

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ÍNDICE Introducción

pág. 5

Capítulo 1. Ámbitos de negociación

pág. 7

Capítulo 2. Acción sindical

pág. 8



Dirección General de Tráfico

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Dirección General de la Policía

pág. 11



Dirección General de la Guardia Civil

pág. 13



Subsecretaría

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Personal laboral

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Acción social

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Salud laboral

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Formación

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Igualdad

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Capítulo 3. Organización

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pág. 24

Órganos de la Sección Sindical Estatal

Convocatoria y normas

pág. 27

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INTRODUCCIÓN

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Crisis significa cambio. El problema es que suele ser a peor. Francisco Baldó

Si cuando en junio de 2011 nos disponíamos a celebrar la VI Conferencia de la Sección Sindical Estatal del Ministerio del Interior decíamos que llegaba en un momento de profunda crisis económica y que ello había condicionado de forma contundente los posicionamientos sindicales, al alcanzar el momento en el que vamos a celebrar nuestra II Conferencia tenemos que poner de manifiesto que aquella profunda crisis no solo se ha mantenido a lo largo de estos años sino que ha supuesto el mayor ataque a las personas más desfavorecidas y a la clase trabajadora. El Gobierno del PSOE inició las medidas restrictivas y de recortes con una reforma laboral, la congelación de las pensiones y una bajada en las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública. Pero con el Gobierno del PP hemos sufrido la brutal política de recortes que ha tenido graves consecuencias económicas, sociales y políticas: profundización en la crisis, destrucción de tejido empresarial y pérdida masiva de empleo, pérdida de derechos laborales y sociales con caídas salariales, depreciación de pensiones, empobrecimiento generalizado, reducción de las prestaciones que afectan a todos los colectivos sociales, devaluación y privatización de los servicios públicos de sanidad y educación, práctica paralización de la atención a la dependencia, privatización de la justicia, aumento de la emigración forzosa de jóvenes talentos, incremento de la pobreza y la exclusión social. El Gobierno del PP, tras la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, amparándose en la coyuntura económica que atravesaba el país y la necesidad de reducir el déficit público con el objetivo de conseguir la estabilidad presupuestaria a la que nos obligaba la Unión Europea, aprovechó la ocasión para meter la tijera en las retribuciones del conjunto de la plantilla pública de la AGE -supresión de la paga extra de diciembre de 2012 o reducción de la prestación económica durante los primeros 20 días de IT- y también en nuestros permisos, tanto de asuntos propios como de vacaciones por antigüedad. Además, usaron este RD para dar una vuelta de tuerca más, socavando los ámbitos de negociación existentes hasta el momento, al dejar sin efecto todos los pactos, acuerdos y convenios colectivos que excedieran de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuya consecuencia inmediata fue la reducción de los créditos horarios y permisos sindicales de sus representantes.

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Como consecuencia de lo dispuesto en el RD 20/2012, en noviembre de ese mismo año, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dictó la Resolución por la que se aprobó el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la AGE, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación. En este contexto hay que tener presente la tremenda dificultad en la que se ha tenido que desarrollar el trabajo sindical. El brutal ataque que han sufrido las organizaciones sindicales, la práctica paralización de los ámbitos de negociación y la continua imposición de medidas que suponían recortes y pérdida de derechos, nos han obligado a desarrollar una acción sindical más a la defensiva que dedicada a conseguir avances en los derechos y condiciones de trabajo. Pero lo fundamental es que estamos ante el final de un ciclo, como han puesto de manifiesto los resultados de las últimas elecciones generales del 20 de diciembre, que ha sacado a la luz el conflicto entre quienes quieren iniciar un periodo basado en las tesis neoliberales de “menos Estado” y quienes defendemos la refundación del Estado (más) social y de derecho. Sección Sindical Estatal de CCOO del Ministerio del Interior

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CAPÍTULO 1. ÁMBITOS DE NEGOCIACIÓN

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La firma en 2007 del acuerdo Administración-Sindicatos estableció las competencias de la Mesa General del Estado al objeto de configurar la estructura de la negociación y fijó la creación de las mesas delegadas de cada departamento ministerial. En nuestro caso serían la Mesa Delegada de Interior, que engloba Subsecretaría, Dirección General de la Policía y Dirección General de la Guardia Civil; y la Mesa Delegada de la Dirección General de Tráfico. De estas mesas dependen los siguientes grupos de trabajo y comisiones:  Mesa

Delegada de Interior: Comisión de acción social, Comisión de formación, Comisión de igualdad, Grupo de trabajo de temporalidad y empleo, Grupo de trabajo de Policía, Grupo de trabajo de Guardia Civil y Comisión de seguimiento del calendario laboral de los Servicios Centrales.

 Mesa

Delegada de Tráfico: Comisión de acción social, Comisión de formación, Comisión de seguimiento del calendario laboral y Comisión de seguimiento de la productividad.

En estos últimos cuatro años, cabe señalar que en el caso de la Mesa Delegada de Interior, y gracias a esta SSE, se fijó un calendario de reuniones de todas la comisiones y grupos de trabajo, que durante los primeros tres años y medio se han celebrado puntualmente y que, en la mayoría de los casos, nos ha servido para poder hacer planteamientos a corto y medio plazo. Eso sí, la cantidad de las mismas no ha tenido ni el resultado ni la calidad que entendemos que debían, dada la falta de voluntad de los gestores y gestoras de RRHH de avanzar en la negociación, a pesar del trabajo y esfuerzo de esta SSE y de todos sus representantes por intentar llegar a acuerdos que mejoren la calidad de las condiciones laborales la plantilla pública del departamento. La Mesa Delegada de Tráfico, que ha tenido siempre un funcionamiento más fluido en su número de reuniones y en la consecución de objetivos, ha sufrido también la llegada del PP al gobierno y esa falta de voluntad para llegar a acuerdos y avanzar, muy a pesar de las compañeras y compañeros que han estado presentes en las negociaciones. Para temas específicos del Personal Laboral, que está incluido, lógicamente, en todos estos ámbitos de negociación, está la Subcomisión Delegada de la CIVEA del Ministerio del Interior (engloba en este caso todos los ámbitos del ministerio, incluida la DGT), que se reúne mensualmente y de la que dependen los siguientes grupos de trabajo: Vestuario; Adscripciones temporales y Traductores-Intérpretes.

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CAPÍTULO 2. ACCIÓN SINDICAL

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Dirección General de Tráfico La política de recortes que ha venido imponiendo el Gobierno del Partido Popular ha supuesto una merma en las condiciones de trabajo y retributivas del personal de nuestros organismos. La primera y más brutal consecuencia es la pérdida de empleo, situación que se agrava por la nula tasa de reposición. El personal funcionario se ha visto reducido entre 2011 y 2015 en 614 efectivos, bajando de 4348 -sobre 4804 plazas dotadas presupuestariamente- a los 3734 -sobre 4439 dotadas-. Y no es mejor la estadística en personal laboral, donde se pierden 30 efectivos, pasando de tener cubiertas 306 plazas -de 348 dotadas- a 276 -sobre 332-. Para paliar la pérdida de efectivos, la DGT ha adoptado medidas de cara a la galería, que desde CCOO valoramos como desesperadas, poco éticas e ineficaces, como la de abrir más de 100 plazas de la RPT de personal funcionario a personal militar de las Fuerzas Armadas -incluyendo jefaturas de oficina local, provinciales o de secciones- o la de informar desfavorablemente todas las peticiones de comisión de servicios externas. El concurso, que como nos vemos obligados a recordar a la Administración desde la SSE es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo, se ha convertido en excepcional: cuatro concursos generales y cuatro específicos en este periodo, con un número ridículo de plazas ofertadas, las cuales en muchos casos estaban ya cubiertas de manera provisional. Parece importante señalar en este punto que CCOO ganó la demanda interpuesta contra la Orden INT/2250/2014, de 20 de noviembre, por la que se convocó concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de Tráfico, fundamentada en la diferenciación que la DGT establecía en la valoración de los méritos específicos para el puesto de Operador de Información de jornada continuada, con la clave APC1 y CE de 7.653,52€, y el puesto de Operador de Información, con la clave AP y CE de 4.360,44€. Esta SSE fue la única que consideró que esta diferenciación artificial en los méritos específicos vulneraba el derecho al acceso en condiciones de igualdad a los puestos ofertados. La desnortada política de gestión de recursos humanos en la DGT ha convertido la comisión de servicios en la forma habitual de provisión, lo que se traduce para la Administración en discrecionalidad y para CCOO en arbitrariedad. En 2013 desde la SSE impulsamos una negociación encaminada a que las organizaciones sindicales tuviésemos participación en estas adjudicaciones, a pesar de que no se contempla en el RD 364/95. No fue posible porque la DGT trató de vincular este acuerdo a la negociación del calendario laboral de 2014, que obviamente no tiene relación alguna. Precisamente el calendario laboral es una de las mayores luchas de la SSE, ya que en 2012 la DGT publicó de forma unilateral la Instrucción 2012/PRI-74, de Calendario Laboral

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de la DGT para 2013, aplicando las pérdidas de derechos que había ido publicando el Gobierno del PP desde 2011. Esto significó la desaparición de incentivo de presencia efectiva, consagrando las 37 horas y media en cómputo semanal -40 para el régimen de especial dedicación-. La DGT convocó de nuevo la negociación del calendario a principios de 2013, que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Desde CCOO consideramos que se vulneraban los derechos recogidos en el Plan Concilia por la pérdida de la parte flexible del horario, además de la exclusión del personal sujeto a horarios especiales, por lo que se interpuso una demanda que fue perdida, al entender el tribunal que el Calendario Laboral para 2013 no vulneraba derecho alguno. En este contexto, se encaró la negociación de un calendario para 2014 con una Administración crecida y unos sindicatos debilitados. El resultado, pocas mejoras: un horario de verano sin recuperación en cómputo anual, o las 50 horas de compensación por formación a través del sistema online, pudiendo disfrutar así de 5 días de asuntos particulares más en el año. Pero nada se logró con respecto a los horarios especiales, por lo que la DGT cuenta desde 2014 con un calendario laboral para horarios generales y otro para puestos sometidos a turnos -centros de gestión, patrullas de helicópteros y gerencias de informática-. En cuanto a retribuciones, al venir la política de recortes, congelaciones y supresión de la extra de diciembre de 2012 a través de los Presupuestos Generales del Estado, poco margen tenemos en nuestra acción sindical. No obstante, a lo largo de 2015 desde CCOO hemos venido solicitando la modificación de la RPT del organismo y la negociación de una nueva instrucción de productividad. Os recordamos que la última modificación significativa de nuestra RPT se produjo en 2007 y afectó a 4299 puestos; y en 2008 se reclasificaron 2342 puestos de operador de Información de nivel 15 al 17, quedando pendientes los puestos específicos. Por ello, cuando en abril de 2015 se mantuvo la primera reunión encaminada a negociar la modificación de la RPT, se presentó una propuesta que afectaba a 1933 puestos, con un coste de 4.500.000 euros, dirigida a todos los puestos de trabajo exclusivos de la DGT; fue elevada a la CECIR en julio y seguimos sin noticias. Tenemos que referirnos aquí a las movilizaciones encabezadas por CSIF y CGT y apoyadas desde la Asociación de Examinadores de Tráfico ASEXTRA y USO, que convocaron una huelga con carácter indefinido desde el 14 de septiembre, con paros de tres horas al final de la jornada, por la insostenible situación del colectivo de examinadores y examinadoras de Tráfico. Cuestiones como la entrega del resultado del examen en diferido para evitar agresiones, el carácter público de los exámenes y la reducción de pruebas a un máximo de 12 diarias, fueron los argumentos empleados por los convocantes; una huelga que desde CCOO entendimos como una presión a la CECIR para que aprobara la propuesta de modificación de la RPT. Una huelga, además, instrumentalizada por ASEXTRA, que ha tratado de forzar una regulación específica en las condiciones de trabajo y retributivas del colectivo. A finales de octubre se desconvocó la misma tras comprometerse la Administración a designar una parte del remanente de productividad al colectivo, que hasta ese momento se distribuía entre la mayoría del personal. Esto obligó a reunir la Mesa Delegada para negociar una nueva instrucción de productividad, que aún no está cerrada, pero de la que podemos

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destacar ya varias cuestiones. Iniciamos una negociación sin incremento del presupuesto, donde el remanente se genera por la reducción de efectivos, y que se reparte atendiendo a criterios de carga de trabajo. Consecuencia de esto, la DGT pretende modificar el anterior encuadramiento de jefaturas provinciales y oficinas locales, atendiendo a un estudio sobre cargas de trabajo de 2015. En tercer lugar, la DGT manifestó su intención de incrementar las cuantías de todos los tipos de productividad, algo de desde CCOO entendemos que favorecería de forma desproporcionada a determinados colectivos en detrimento de otros. Pretenden también aprovechar para ligar la productividad a la presencia, penalizando el absentismo. Para terminar, la distribución propuesta desde la DGT produciría una merma en las retribuciones de parte del personal, algo que esta SSE considera inasumible. En cuanto a los planes de acción social, CCOO no apoyó los de 2012 a 2014 por el drástico recorte presupuestario que suponían; pasaron de 1.830.000 a 457.000 euros en tres años. En 2015 se incrementó el presupuesto hasta los 571.500 euros, lo que facilitó que firmáramos el Plan, para poder participar así en la negociación de la distribución de las ayudas. Propusimos recuperar la Ayuda al transporte justificado -más sostenible, eficiente y seguro-. En 2016 hemos vuelto a apoyar el Plan de Acción Social de la DGT. En materia de formación la DGT se ha limitado a presentar propuestas continuistas, con la única novedad del curso ‘Resolución de conflictos’ para el que desde CCOO propusimos se tuviera preferencia en los casos de personal con atención directa al público. Cabe destacar el incremento de la subvención del INAP para Formación Continua en 2013, pasando de 160.627 a 360.531 euros con respecto al año anterior. En 2014, tras asumir el INAP la formación en idiomas y ofimática, se redujo hasta los 271.000 euros. Desde CCOO participamos activamente aportando propuestas para la elaboración de los planes, siendo el único sindicato que ha presentado acciones formativas orientadas a las áreas de actividades propias del organismo, tanto para actualizar conocimientos como para reciclar al personal que desempeña funciones relacionadas con la seguridad y educación vial y formación de conductores y conductoras.

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Dirección General de la Policía En este periodo de 2011 a 2015 son varios los frentes que nos hemos encontrado en el ámbito de la DGP: Algo que arrastrábamos de muy atrás en este ámbito era la falta de concursos y su espaciamiento. Desde la creación del Grupo de trabajo de temporalidad y empleo, CCOO hemos presionado a los gestores de Policía y el Ministerio para que se convocara al menos un concurso por año, cosa que en esta etapa se ha conseguido. De esta manera se evita, además, que la forma habitual -e indebida- para la movilidad del personal funcionario de este ámbito sean las comisiones de servicio. En los concursos de 2012, 2013 y 2014 el único objetivo que ha tenido la Administración ha sido el de fijar la temporalidad, publicando plazas que se encontraban ocupadas en comisiones de servicios y adscripciones provisionales. Esto ha llevado a que prácticamente ninguna de las plazas ofertadas en dichos años fueran vacantes puras, dificultando la movilidad y la promoción profesional. El último concurso, resuelto en 2015, se publicó, por fin, con 100 vacantes puras. CCOO logramos, con mucho trabajo y esfuerzo, la implantación del certificado único, que ha evitado la arbitrariedad y el favoritismo que existían a la hora de certificar los méritos de las y los solicitantes, y que hace que los concursos sean más ágiles. También se recuperaron los 3 puntos por pertenecer al ámbito, que habían sido eliminados en 2011; de esta manera los concursos facilitan la movilidad y promoción del personal que ya trabaja en Policía. Otro de nuestros caballos de batalla ha sido la lucha contra el turno de tarde, implantado en 2009 en un momento de gran demanda del DNI electrónico, y al que no encontramos sentido desde 2012. CCOO así lo hemos venido manifestando en el Grupo de trabajo de Policía desde entonces y, sin ser lo que habríamos querido, se han conseguido varios avances: desde la SSE se realizó un estudio pormenorizado de la RPT analizando dependencia por dependencia, y se presentó un informe detallado de los más de 26 horarios diferentes que existen actualmente en las oficinas de atención al público de la Policía, y señalando todas aquellas en las que prestaban servicio 1 o 2 personas de turno de tarde. Esto hizo reaccionar a los gestores y gestoras de RRHH de Policía y, por primera vez, se comprometieron a abrir la puerta a la posibilidad de que estas funcionarias y funcionarios “atrapados” tuvieran la posibilidad de pasar a turno de mañana si ese era su interés. La satisfacción no puede ser completa porque muchos comisarios/as, bien por sus compromisos políticos o por razones que desconocemos, se han negado sistemáticamente a la supresión de este turno de tarde sin sentido, a pesar de que somos el único organismo que presta todo el año un servicio de atención a la ciudadanía hasta las 21 horas. A este colectivo de la plantilla, y a parte del turno de mañana, se le añade otro frente: siguen teniendo nivel 15, ya que este Gobierno se negó a reclasificar a quienes hicieran los dos años con posterioridad al 30 de mayo de 2010, incumpliendo el Acuerdo AdministraciónSindicatos que así lo preveía. Esto les hacía participar en inferioridad de condiciones en los concursos, impidiendo su movilidad y promoción, hasta el concurso de 2015, en el que sí han podido solicitar plaza en igualdad de condiciones gracias a la presión realizada por esta SSE en el Grupo de trabajo de temporalidad y empleo -hasta entonces, en RRHH

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del ministerio ponían como excusa que Función Pública no lo permitía- pero, sobre todo, ante el Subsecretario del Departamento, quien, obligado por la insistencia de CCOO, dio el impulso político que correspondía ante Función Pública y esta admitió que concursaran en igualdad. Desde la SSE se inició en octubre de 2014 una campaña a nivel estatal, en estrecha colaboración con las estructuras territoriales, para iniciar la reclamación del nivel 17 y del montante económico correspondiente. Esta reclamación no está basada en el incumplimiento del Acuerdo Administración-Sindicatos de 2007, sino en la desigualdad que genera entre los miembros de la plantilla que realizan las mismas funciones. Hasta ahora se han presentado ante el Subsecretario casi una centena de reclamaciones y, vía judicial, ya se han ganado dos sentencias en el País Vasco y otras dos en Madrid. Otro tema que desde CCOO no nos cansamos de recordar y reclamar a RRHH es que las comisiones de servicio son un instrumento excepcional de cobertura de puestos de trabajo. En cada reunión se insiste en que nos informen de las plazas ocupadas de este modo y en que se establezcan unos criterios objetivos para cubrirlas. Durante este periodo hemos conseguido que se nos entregasen los listados con todas las comisiones de servicio, un instrumento de trabajo que nos permite reclamar que las que estén más de 2 años ocupadas de esta forma sean incluidas en los concursos. Sin embargo, la nueva vuelta de tuerca que se le ha ocurrido a la Administración en este periodo ha sido la de ofertar plazas sin ton ni son al personal de correos allí donde han estimado oportuno, indistintamente en turno de mañana o de tarde y sin que previamente pueda optar a ellas la plantilla que ya trabaja en el ámbito. De inicio, este “desembarco” que se esperaba en nuestro ámbito fue parado por CCOO ante el agravio y la falta de movilidad que produce el hecho de que incluso se hubiera creado una bolsa de trabajo en RRHH del Servicio Postal para el acceso a las plazas en Policía. Pero aún no es batalla del todo ganada: de vez en cuando volvemos a tener noticias de la llegada de personal de Correos a alguna dependencia. Terminamos exponiendo dos campañas que desde esta SSE hemos llevado insistentemente al Grupo de trabajo de Policía y en las que, al no obtener respuesta, vamos a trabajar en colaboración con la estructura territorial: la elaboración de un listado de “poliburocráticos”, policías que cubren puestos que deberían ser desempeñados por personal no policial, y la distribución de productividades, cuyos datos debidamente desglosados no quieren facilitarnos y que tendremos que conseguir unidad por unidad.

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Dirección General de la Guardia Civil La escasa plantilla de funcionarios/as de Cuerpos Generales y Personal Laboral con que cuenta la Dirección General de la Guardia Civil y su dispersión por todo el territorio son dificultades añadidas para la acción sindical en este ámbito. A pesar de ello, se ha conseguido crear el Grupo de trabajo de Guardia Civil, estableciendo un foro donde centrar los temas que afectan específicamente a su personal. Temas como la distribución de la productividad continúan siendo un punto de conflicto constante, ya que la Guardia Civil se niega a negociar unos criterios objetivos y claros para el reparto y se sigue adjudicando a criterio de los jefes de unidad, y que la partida presupuestaria destinada a productividad común para guardias y personal civil. A pesar de que la Orden General de la Guardia Civil 12/2014 establece la igualdad en la percepción entre la plantilla de CCGG y la de Guardia Civil, hay una discriminación sistemática del personal funcionario y laboral. Gracias a la insistencia de CCOO hemos conseguido que se estudien algunos casos concretos donde teníamos constancia de que los funcionarios/ as habían sido directamente excluidos del reparto de dicha productividad. Desde la SSE reclamamos una partida independiente para cada cuerpo, y mientras esto se logra, conminamos a los servicios de RRHH de la Guardia Civil para que apliquen correctamente al menos su propia normativa. Con respecto al calendario laboral, la interpretación subjetiva de las jefaturas de unidad provoca dificultades a la hora de solicitar permisos, flexibilidad horaria, etc., especialmente en los casos de conciliación de la vida laboral y familiar, ya que no se aplica correctamente la normativa vigente en estos casos y -de nuevo- “se mete en el mismo saco” a guardias civiles y resto de empleados/as públicos/as del ámbito. Algo parecido sucede con los horarios, que dependen de cada Comandancia o Zona. En este sentido, nos encontramos con una negativa sistemática a la negociación de un calendario laboral, siguiendo el consabido principio de “mejor dejar las cosas como están”. Con respecto a los concursos de traslados, nuestro objetivo es que se publique uno por año, como en el caso de la DGP, para terminar con el recurso a las comisiones de servicio y adquisiciones provisionales como mecanismo habitual de provisión de puestos. CCOO hemos conseguido finalmente que se publiquen las plazas vacantes ofertadas en comisión de servicio, pero queda mucho camino por recorrer para lograr un acuerdo que establezca unos criterios de adjudicación claros y objetivos. Una nueva situación que se ha producido es la incorporación al ámbito de la Guardia Civil de personal del cuerpo de gestión (funcionarios y funcionarias de grupo A2), al que se ha desprovisto totalmente de funciones acordes a su grupo y se ha relegado a tareas de tipo auxiliar, privándolo además de expectativas de carrera profesional y de movilidad. Se produce la paradoja de que es un tipo de personal con el que la Guardia Civil no quiere contar, pero al que no permite concursar para salir del ámbito.

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Subsecretaría Ya en nuestra anterior Conferencia manifestábamos que la Subdirección General de Personal e Inspección del Ministerio del Interior no estaba a la altura de la responsabilidad que desde esta SSE consideramos debe asumir. Y en estos últimos cuatro años la tónica de esta Subdirección ha sido continuar manteniendo la falta de voluntad por negociar ni una sola de las cuestiones que llevamos años planteando y su poco respeto por las organizaciones sindicales, actitud que, como no podía ser menos, se ha transmitido a todos los ámbitos de negociación, de modo que en ocasiones se han “bloqueado” desde aquí –desde donde se gestiona el personal de todo el ministerio- temas en los que se podía haber avanzado en la DGP o Guardia Civil, por ejemplo. En el ámbito estricto de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, la negociación ha encontrado continuos obstáculos y ha llegado casi a enquistarse, a pesar de nuestros esfuerzos, en temas como:  La revisión y modificación de la productividad de los Servicios Centrales del Ministerio

-que lleva más de diez años sin actualizarse-.  El

establecimiento de una productividad para el personal laboral de estos mismos Servicios -del mismo modo que la percibe el personal laboral del resto de ámbitos de MIR-.

 La

falta de interés en cubrir las necesidades de personal laboral a la hora de solicitar incluir plazas en la OEP.

 La

nula iniciativa para conseguir la integración en el ámbito del Convenio Único del personal fuera de convenio (no se consiguió que desde el Ministerio se elevara una propuesta seria a Función Pública hasta 2015).

 La

arbitrariedad e imposición de criterios en los concursos de traslados.

Tan solo podemos destacar el aceptable nivel de diálogo con la Administración y los avances logrados en la negociación y seguimiento del Calendario laboral de los SSCC del ministerio, que se firmó a raíz de la publicación de la Instrucción de Jornada y Horarios de 2012. En el ánimo de CCOO al exigir la negociación de este calendario –como prevé el EBEP, por otra parte– estaba y está mejorar las condiciones del personal del ámbito en lo que a horarios se refiere dentro del escaso margen de actuación que la citada Instrucción y sus posteriores modificaciones permiten. Las reuniones periódicas de la Comisión de seguimiento del calendario nos han permitido poner de manifiesto las deficiencias que el propio calendario pueda tener y que deben pulirse, así como los problemas que van surgiendo en el día a día en su aplicación (y especialmente del propio sistema de control horario) que los propios trabajadores y las propias trabajadoras nos exponen.

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Personal laboral El personal laboral, siempre expuesto a los recortes del sistema funcionarial y al que raramente se aplican sus ventajas, ha seguido teniendo que luchar contra corriente para que los varapalos no fueran dobles. La oferta de empleo público bajo mínimos, el derecho a la movilidad presente sólo en el papel o la aplicación de la Instrucción de jornada y horarios de forma arbitraria en Policía y Guardia Civil, siguen afectando en mayor grado al personal laboral. En los dos últimos años se ha ido frenando la alarmante pérdida de puestos de trabajo de personal laboral en Interior. Pero la prácticamente nula amortización del último año -explicada por las nuevas directrices de Función Pública, que establece unas condiciones más estrictas a la hora de amortizar plazas para costear o modificar otros puestos- no vale de nada si no se acompaña de mecanismos para ocuparlos.

Subsecretaría Policía Guardia Civil Tráfico Total Interior

PUESTOS 2014 | 2015 184 | 177 990 | 981 158 | 168 326 | 331 1658 | 1657

OCUPADOS

VACANTES

155 (138 fijos) 778 (764 fijos) 139 (122 fijos) 283 (278 fijos) 1355 (1302 fijos)

20 (+ 2 reservados) 186 (+ 17 reservados) 22 (+ 7 reservados) 35 (+ 13 reservados) 263 (+ 39 reservados)

* Plantilla de personal laboral en el Ministerio del Interior a junio de 2015 ** No incluye el personal fuera de Convenio ni el contratado por obra y servicio)

Siguen quedando bolsas de temporalidad -en 2015 el índice era del 3,17%-, que afectan fundamentalmente al colectivo de traductores y traductoras e intérpretes en los ámbitos de Policía y Guardia Civil, cuyos puestos no se convocan “por motivos de seguridad”, con la consiguiente privación de derechos de movilidad y otros reservados al personal laboral fijo. Desde CCOO hemos llevado a cabo una campaña de denuncia del poco valor que se da al personal laboral en el Ministerio del Interior, y de la nula voluntad por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos a la hora de cubrir vacantes: no hay intento de incluir plazas de turno libre en las OEP -en 2015, una plaza con reserva para discapacidad intelectual-, y las convocatorias de promoción interna son claramente insuficientes -en el mismo año, 16 puestos-. En la Policía, la mayor plantilla laboral, sigue habiendo un elevado número de vacantes, y nos consta una falta de efectivos -ordenanzas, traductores y traductoras de plantilla que son suplidos por empresas...- reconocida incluso desde los servicios de RRHH. Desde CCOO hemos instado repetidamente a que desde el ámbito se presione para que se convoquen en concursos y en la oferta de empleo público. Nos encontramos cada vez con más frecuencia con la necesidad de aclarar aspectos relativos a las funciones de los diferentes grupos profesionales, especialmente en los

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grupos 4 y 5, cuyas tareas de ordenanza, telefonista, peón y mantenimiento se están viendo modificadas con las nuevas tecnologías y los cambios en los modos de trabajo, además del solapamiento en muchos casos entre el personal de plantilla y el externo. En cuanto a los concursos de traslados, en los últimos cuatro años se han convocado únicamente dos para el personal laboral; se sigue incumpliendo el denunciado Convenio Único en lo relativo al derecho a la movilidad -el artículo 29 establece que los puestos vacantes han de ser ofertados en concursos de carácter interdepartamental, abiertos y permanentes, que se resolverán en el primer semestre de cada año-. En ambos casos se produjo un enfrentamiento con la parte social, dados los graves incumplimientos del Convenio en el número de plazas de obligada convocatoria; la falta de información y diálogo en la negociación de las bases; y la nula participación de las organizaciones sindicales en el proceso y control de valoración de las instancias, entre otros. El resultado, un concurso recortado y chapucero en 2013, y uno que parece llevar el mismo camino, si bien incluye un pequeño número de vacantes puras. Desde CCOO nos hemos opuesto abierta y reiteradamente al incumplimiento de lo establecido en el Convenio en cuando a la provisión y el escamoteo de las plazas que deben salir a concurso, y así lo hemos hecho constar en cada reunión de la Subcomisión delegada de la CIVEA en el Ministerio del Interior. Como sabéis, a finales de 2015 el Sector de la Administración del Estado de CCOO decidió en Plenario la denuncia del III Convenio Único, sentido en el que ya se había manifestado nuestra Comisión Ejecutiva ya que consideramos que se requiere una revisión a fondo en muchos aspectos. Esta denuncia conjunta de las centrales sindicales de CCOO y UGT se formalizó el 15 de diciembre, habiéndose ya constituido e iniciado la Comisión negociadora del IV Convenio. Nuestra organización plantea una serie de ejes y objetivos fundamentales: la recuperación de derechos robados al personal público, la jornada laboral de 35 horas semanales, la retribución mínima de 1200 euros mensuales para el grupo profesional inferior, la revisión de las retribuciones complementarias y el derecho al desarrollo de la carrera profesional entre otros. Dentro de la plataforma puesta en marcha desde CCOO para la negociación, nuestra SSE considera irrenunciables: la revisión y actualización de las tablas retributivas básicas y de las retribuciones complementarias, con la modificación y creación de nuevos complementos; y la inclusión del personal fuera de Convenio en nuestros ámbitos, lo que supondría un avance sustancial en sus condiciones de trabajo y el reconocimientos de sus derechos -especialmente del colectivo de técnicos superiores y de grado medio en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias-. Recordamos que, en este sentido y gracias a la labor de este personal y la mediación de nuestra SSE, los ministerios de Interior y Hacienda y Administración Pública elevaron una propuesta de inclusión a Función Pública, que ha sido desestimado por la CECIR recientemente. A través de esta negociación estamos trabajando en que esta modalidad de contratación quede reducida a casos muy excepcionales, debidamente justificados y regulados. En definitiva, desde CCOO buscamos que el IV Convenio Único mejore las condiciones de trabajo del personal laboral en los siguientes aspectos:  Adecuación

del sistema de clasificación y de los requisitos de acceso al nuevo sistema de titulaciones académicas, MECES -Marco Español de Cualificaciones para

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la Educación Superior-, con la necesaria equiparación al sistema que establece el EBEP.  Garantía de carrera profesional para todos los grupos y colectivos, así como del derecho

a la movilidad mediante un sistema de concurso de traslados abierto y permanente, donde se tengan en cuenta además las posibilidades de funcionarización.  Revisión

de la clasificación de algunos colectivos -por ejemplo, el de traductores/ as-intérpretes- con las propuestas de vías para la promoción horizontal, y de un sistema de adscripción a distintos grupos con posibilidad real de promoción vertical, adecuando titulaciones y especialidades.

 Delimitación

clara de las tareas de cada grupo y área funcional.

 Mejora

y garantía de las condiciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en lo que concierne a los derechos ya consolidados por el personal funcionario y que debía ser de aplicación directa.

 Garantía

de igualdad como elemento transversal presente en todos los aspectos del Convenio y su aplicación, con atención a la eliminación de la brecha salarial.

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Acción social En estos cuatro años la acción social ha venido marcada claramente por los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno: en los ámbitos de Subsecretaría, Policía y Guardia Civil hemos pasado de 2.360.000 euros a un presupuesto de 590.000 destinado a este concepto, lo que supone un recorte del 75%. Ante este panorama, nuestra SSE se ha opuesto a firmar cualquier plan que suponga una reducción tan brutal en la partida. Aun así, CCOO hemos participado siempre en la negociación de los planes de acción social para aportar ideas e intentar ajustar el reducido presupuesto para cubrir aquellas ayudas que consideramos más sociales y, por tanto, prioritarias. En el primer año de recortes la Administración impuso modificaciones respecto a planes de años anteriores disparatadas: exclusión de ayudas audiovisuales, de ayudas para celíacos/ as, supresión del primer tramo de las ayudas de discapacidad, o la implantación de la controvertida “ayuda por descendiente”, que suponía de facto la eliminación de las ayudas con gasto justificado de escolarización y guardería por parte de un Gobierno que se “está cargando” la educación pública, y parecía más bien suponer un premio a la natalidad. La evolución en los siguientes años, debido al mantenimiento de esos recortes presupuestarios, nos ha obligado a buscar fórmulas para conseguir planes lo más universales posibles, de modo que se han establecido los siguientes criterios: no poder percibir más de dos ayudas; incompatibilidad de la percepción de la ayuda de transporte con el resto de ayudas; presentación telemática de las solicitudes -al principio nos generó dudas lo que empezó como una imposición por parte de la Administración, pero el hecho es que ha agilizado la tramitación y cobro de las ayudas-; la eliminación de la ayuda por descendiente para volver a las ayudas de estudios de hijos e hijas o el aumento de la cuantía máxima a percibir por solicitante de 350 a 600 euros.

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Salud laboral Pocas mejoras se han logrado en el Ministerio del Interior en este ámbito: queda muy claro que la salud laboral de las empleadas y empleados públicos no preocupa (ni a gestores/ as de nuestro ámbito, ni al Gobierno que ha de promover que se vele por la seguridad y la salud de todos los trabajadores y las trabajadoras) y que no hay voluntad de escuchar las propuestas de las organizaciones sindicales. Una de las principales batallas de esta SSE ha sido la consolidación del Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, exigiendo la evaluación o auditoría externa del mismo, y que viene a cumplir con el deber de la Administración de protección de su plantilla. Esta herramienta permite gestionar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que comprende un conjunto de actuaciones e interrelaciones de las distintas unidades del Departamento, asignando responsabilidades operativas y definiendo los procedimientos de gestión y articulación de los mecanismos de consulta. En los ámbitos de Subsecretaría y Policía se mantienen reuniones de seguimiento periódicas. A través de las Mesas Delegadas de cada ámbito se ha trabajado para fomentar nuestra participación en la regulación de la normativa específica en prevención de riesgos laborales y salud laboral, procurando dotar de contenido a dos órganos que eran de vital importancia en nuestro ministerio: el Comité Intercentros de Seguridad y Salud de la Dirección General de Tráfico –hoy extinto, como los que existían en cada jefatura provincial– y la Comisión Nacional de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía –que, afortunadamente, sigue funcionando–. Precisamente en el ámbito de la Policía, nuestra preocupación fundamental ha girado en torno a la constitución de los comités de seguridad y salud, y a mantenerlos tras los cambios legislativos que hicieron desaparecer muchos de estos órganos de representación en los servicios periféricos. Desde CCOO seguimos insistiendo en crear fórmulas que optimicen la organización de los recursos especializados, incorporando a los delegados/as de prevención como colaboradores con un determinado nivel de cualificación. Esta SSE cree imprescindible una evaluación de riesgos psicosociales en los centros de trabajo, como la realizada ya en la Subdirección General de Asilo, con el correspondiente seguimiento a través de un plan de actuaciones preventivas. Igualmente, creemos conveniente formular nuevamente las bases para la integración de la prevención y la consulta y participación del personal, lo que supondría una mejora directa de las condiciones de trabajo.

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Formación En la negociación de los planes de formación continua seguimos marcados por los recortes del 75% en las subvenciones del INAP que sufrimos en 2012, y que apenas se recuperan en estos últimos años; es más, se han vuelto a reducir las cuantías cuando, a raíz del informe CORA, las acciones formativas en materia de ofimática e inglés pasaron a impartirse desde el citado Instituto. Como en el caso de Acción Social, CCOO no hemos firmado ninguno de los planes desde que comenzaron los recortes, ya que a pesar de participar activamente en las reuniones, proponer cursos e itinerarios formativos, y participar en la evaluación de los mismos, no podemos estar de acuerdo y avalar que se cercene un derecho tan básico como la formación en las tareas que desempeñamos, para la movilidad laboral o para la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Esto no supone perjuicio alguno para el personal del ámbito, ya que los planes se aprueban conjuntamente en la Comisión de formación, donde CCOO no hemos dejado de manifestar que no estamos de acuerdo con los recortes, pero participamos activamente la negociación del plan. Cabe recordar que los planes de formación vienen de dos partidas presupuestarias diferentes: la Formación Continua, subvencionada desde el INAP, y la Formación General, a cargo del presupuesto del propio ministerio y en la que las organizaciones sindicales no tenemos participación –es más, salvo que lo pidamos expresamente, ni siquiera accedemos a las cuantías y forma de distribución de estos recursos–. Una de las mejoras que vamos a proponer desde esta SSE es que en los planes se detalle a qué partida se carga cada acción formativa, a fin de poder evaluar si aquellas en las que tenemos poder de decisión son adecuadas o no, y que el personal pueda saber cómo se administra el presupuesto de formación en cuyos criterios de distribución participamos las organizaciones sindicales. Un avance significativo has sido la mejora en los criterios selección a la hora de acceder a la formación, tras ajustarse los cupos de reserva para cada tramo de antigüedad en función de las solicitudes recibidas desde cada uno de ellos. Esto ha tenido como resultado una mayor igualdad entre los porcentajes de solicitantes y personal formado. En cualquier caso, este es un ámbito que cambiará sustancialmente: estamos pendientes del desarrollo de la Ley 30/2015, que implica cambios drásticos en la formación para el empleo y que, en principio, no prevé la participación de las organizaciones sindicales en la creación y gestión de los dichos planes.

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Igualdad El 10 de diciembre de 2015 se publicaba en el BOE el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. Más de cuatro años han pasado desde el I Plan, y desde entonces CCOO venimos reiterando en las escasas reuniones mantenidas en el ámbito del Ministerio del Interior la necesidad de disponer de una mayor información cuantitativa y cualitativa que nos permita abordar los temas relativos a la igualdad presentando propuestas y medidas concretas. La falta de convocatoria de las Mesas de Igualdad con la frecuencia que sería necesaria viene demostrando el poco interés de la Administración en este tema. Cuando se convocan, la impresión es que nuestros gestores/as se limitan a cumplir los mínimos que marca la ley –y a veces ni eso– sin la más mínima intención de dotar de contenido las reuniones. Por poner un ejemplo, las únicas medidas que se marca nuestro ministerio en el marco del II Plan de Igualdad se encuentran en el Eje 3: Formación, información y sensibilización, y se concretan en dos: E.16. La Dirección General de Tráfico realizará acciones de sensibilización del personal de la DGT: elaboración de un test de satisfacción sobre la aplicación de las medidas de igualdad (DGT). E.17. El Ministerio del Interior reservará un espacio en intranet y en la Escuela virtual para informar sobre igualdad de trato y no discriminación, marco jurídico, planes de igualdad, violencia de género y conciliación. Dos medidas que nos parecen, obviamente, insuficientes. Estamos de acuerdo en que la formación, la información y la sensibilización sobre este tema deben ser una de las principales líneas de actuación, pero siempre que vengan acompañadas de acciones que faciliten la igualdad efectiva en el acceso al empleo público, las condiciones de trabajo, las retribuciones, la conciliación de la vida familiar y laboral, la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo y denuncia de las situaciones que se produzcan, y, por supuesto, la prevención y lucha contra la violencia de género. Son temas y exigencias que han marcado nuestra actuación en esta “depreciada” Comisión y que seguirán siendo nuestro caballo de batalla en las próximas reuniones.

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CAPÍTULO 3. ORGANIZACIÓN

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En la anterior Conferencia nos encontrábamos ante un importante cambio en la estructura organizativa como consecuencia del Congreso Constituyente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), ya que nuestro Sector de la Administración del Estado pasó a compartir la estructura organizativa de la Federación con quince sectores, y no debemos olvidar que tanto la Federación como el Sector inciden plenamente en nuestra labor sindical. Al afrontar nuestra II Conferencia volvemos a encontrar profundos cambios, esta vez por la imposición de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de noviembre de ese mismo año, por la que se aprobó el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la AGE, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación. La aplicación de esta nueva normativa ha llevado a la desaparición de nuestras secciones sindicales provinciales tal y como las teníamos constituidas, y a los delegados y las delegadas LOLS. Igualmente se transformaron los órganos de representación del personal laboral, con la desaparición de los comités de empresa y los delegados y las delegadas sindicales que se elegían en el ámbito del Ministerio del Interior. Nos encontramos pues ante una nueva estructura organizativa que nos supone un profundo cambio en el desarrollo de nuestra acción sindical. La afiliación en cada provincia se integra en la sección AGE y el personal laboral ha elegido un único comité de empresa para todo el ámbito de la Administración del Estado en cada provincia. Si entonces decíamos que nuestra acción sindical se basaba en tres vértices, las estructuras territoriales, las secciones sindicales y los delegados y las delegadas -tanto electos en los órganos de representación como LOLS-, ahora podemos decir que el único vértice que se mantiene es el de las estructuras territoriales. Unas estructuras que ahora se convierten en el imprescindible apoyo y cobertura hacia el personal público y centros de trabajo de nuestros ámbitos, y en especial a nuestra afiliación. De la misma manera, hemos de apostar por la consolidación y fortalecimiento del Sector del Estado, tanto a nivel estatal –apoyando y fortaleciendo el SAE desde la SSE– como como a nivel territorial –potenciando la participación de nuestros afiliados y nuestras afiliadas en las estructuras provinciales–. Sin dejar a un lado la autocrítica por las deficiencias que en materia organizativa tengamos que realizar, es importante también poner de manifiesto nuestra capacidad de trabajo. Desde la anterior Conferencia se han celebrado 22 reuniones de la Comisión Ejecutiva y 4 Plenarios de la Sección Estatal. Igualmente, se han organizado distintos grupos de trabajo que se han centrado en diferentes cuestiones con el fin de elaborar las propuestas de CCOO –productividad, salud laboral, calendario laboral, traducción e interpretación,

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formación e igualdad– que han contado con la participación de compañeras y compañeros de distintos territorios. Todo este conglomerado de reuniones, mesas de negociación, grupos de trabajo..., pone en evidencia que contamos con una sólida estructura en todo el Estado y con un caudal humano que nos permite hacer frente a todos los retos que se nos presentan.

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Órganos de la Sección Sindical Estatal CONFERENCIA La Conferencia de la Sección Sindical Estatal del Ministerio del Interior se compone por delegadas y delegados elegidos proporcionalmente a la afiliación existente en los diferentes territorios, siendo el máximo órgano de deliberación y decisión. Sus funciones son valorar y aprobar el trabajo sindical precedente, establecer líneas de actuación y elegir a los miembros de la Comisión Ejecutiva y al Secretario o Secretaria General por un periodo de cuatro años. PLENARIO El Plenario estará formado por 35 miembros, distribuidos de la siguiente manera: § 11 miembros de la Comisión Ejecutiva, incluido el Secretario o Secretaria General. § 19 miembros, uno por comunidad, nacionalidad o ciudad autónoma. § 5 miembros por las comunidades o nacionalidades de mayor afiliación. Los miembros del Plenario serán elegidos en sus respectivos territorios, intentando alcanzar la paridad, y se comunicará el nombre de los elegidos a la Comisión Ejecutiva en un plazo no superior a 3 meses desde la celebración de la Conferencia. En caso de dimisión de un miembro de un territorio, este será sustituido por otro de ese mismo territorio a la mayor brevedad posible. El Plenario, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, podrá incorporar a sus reuniones, con voz pero sin voto, a personas determinadas cuando considere oportuna su presidencia. De cada una de las reuniones del Plenario de la Sección Estatal se levantará acta que, independientemente de su aprobación en el siguiente Plenario, dará lugar a la elaboración de un informe para su remisión a cada uno de sus miembros. Estos se encargarán de difundir las actas entre los afiliados y las afiliadas de su territorio y contribuirán a debatir las propuestas adoptadas. El Plenario será convocado por el Secretario o Secretaria General a propuesta de la Comisión Ejecutiva, celebrándose, con carácter general, una reunión al año. Se podrán celebrar reuniones con carácter extraordinario cuando las circunstancias así lo aconsejen y siempre a criterio de la Comisión Ejecutiva o cuando lo requiera al menos un tercio de los miembros del Plenario. Son funciones del Plenario la discusión y valoración de propuestas, estrategias y medidas de acción sindical de la Sección Sindical Estatal.

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COMISIÓN EJECUTIVA La Comisión Ejecutiva es el órgano encargado de la dirección y ejecución de la acción sindical de la Sección Sindical Estatal, y está obligada a cumplir los acuerdos adoptados en la Conferencia. Es el órgano de gestión de los medios y recursos con que cuente la Sección Estatal. Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva se nombrará a los y las representantes en las mesas, comisiones o grupos de trabajo. Estará compuesta por un máximo de 11 miembros, incluido el Secretario o Secretaria General. Para la aprobación de cualquier medida, la Comisión Ejecutiva deberá contar con un número no inferior a 6 miembros presentes. En su primera reunión, la Comisión Ejecutiva acordará el reparto de responsabilidades. No obstante, el funcionamiento será colegiado, sin perjuicio de la creación de cuantas comisiones estime necesario en las que podrá delegar la gestión, valoración o elaboración de documentos, propuestas o situaciones cuyo desarrollo y ejecución se entienda que resultarán más operativos trabajando en grupo más reducido. La Comisión Ejecutiva se reunirá bimestralmente con carácter general, si bien el Secretario o Secretaria General podrá convocar cuantas reuniones estime oportunas para el normal desarrollo del trabajo sindical. Igualmente, se podrá convocar reunión cuando lo requiera al menos un tercio de los miembros de la Ejecutiva Estatal. De cada reunión se levantará acta en la que se reflejarán los siguientes datos: asistentes, lugar y hora de celebración de la reunión, asuntos tratados, acuerdos adoptados y resultados de las votaciones, en su caso. Se facilitará copia del acta en el plazo de una semana tras la celebración de cada reunión a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva. Con el fin de conseguir la máxima operatividad de la Comisión Ejecutiva se crearán los canales de comunicación suficientes para que todos sus miembros tengan en cada momento la mayor y mejor información sobre la totalidad de los temas tratados en los órganos de participación tanto internos como de negociación con la Administración.

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SECRETARIA O SECRETARIO GENERAL Se elegirá en la Conferencia y sus funciones son las mismas que las del Secretario o Secretaria General del SAE en su ámbito. Ostenta la representación de la Sección Sindical Estatal de CCOO del Ministerio del Interior. Actúa bajo el acuerdo colegiado de la Comisión Ejecutiva, siguiendo el principio de dirección y representación colectiva, y tiene como misión la de cohesionar e impulsar las funciones de dicho órgano. Convoca y preside las reuniones de la Comisión Ejecutiva, trasladando a la instancia que corresponda los acuerdos adoptados por este órgano. Garantiza el efectivo cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptadas por la Comisión Ejecutiva y los órganos de dirección del sindicato. Tiene además el resto de competencias asignadas a los secretarios y las secretarias generales de secciones sindicales en el artículo 4º del documento confederal “Reglamento de Secciones Sindicales y Secretarios/as Generales”.

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CONVOCATORIA Y NORMAS

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Para cualquier aspecto no contemplado en estas normas de desarrollo organizativo de la II Conferencia de la Sección Sindical Estatal del Ministerio del Interior, serán de aplicación las Normas Congresuales para el proceso del X Congreso, aprobadas el 9-3-12 por el Consejo Confederal. ORIENTACIONES GENERALES a) En el desarrollo de CCOO como sindicato de hombres y mujeres, y para lograr la plena participación, compromiso y responsabilidad en todas las estructuras de dirección electas y en las delegaciones que corresponda elegir, las candidaturas de los ámbitos en las que la afiliación de mujeres sea inferior al 30% incorporarán como mínimo un número de mujeres proporcional al mismo número de afiliadas en dicha organización incrementado en un 10%. En aquellas organizaciones en las que la afiliación de mujeres sea igual o superior al 30% del total de la afiliación, las candidaturas guardarán la proporción 60/40 por 100 para cada uno de los géneros. Las proporciones mencionadas deberán ser respetadas en las listas en los dos niveles: titulares y suplentes. En las asambleas congresuales y/o conferencias congresuales de centros de trabajo, el número de hombres y mujeres que integrarán las candidaturas, tanto para los órganos electos como para las delegaciones a elegir para los otros niveles congresuales, será proporcional a la afiliación de cada género de la circunscripción congresual correspondiente. Desde la organización convocante se facilitará el número de mujeres y de hombres que correspondan, y cuando concurran varias candidaturas se procurará que la suma de personas electas garantice el resultado establecido. La ubicación en las listas de las candidatas y candidatos se realizará de la siguiente manera: 1. En las organizaciones donde la afiliación de alguno de los dos sexos sea inferior al 30% para los congresos y/o asambleas, las candidaturas se elaborarán garantizando la alternancia entre hombres y mujeres que en las mismas correspondan, con los porcentajes de afiliación de cada sexo. 2. En las organizaciones donde la afiliación de alguno de los sexos sea igual o superior al 30% para los congresos y/o asambleas, las candidaturas se elaborarán en cremallera, alternando sucesivamente uno y otro sexo. En caso de que la proporción planteada en la candidatura sea inferior al 50% para alguno de los dos sexos, se confeccionará la candidatura en cremallera desde la primera posición hasta donde el número de candidatas y candidatos lo permita. 3. A tal efecto, las estructuras de las organizaciones sindicales, incluidas las de centro de trabajo, deberán disponer, en el proceso electoral, de los datos de

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afiliación (número y porcentaje que representan sobre el total de la afiliación) desagregados por género y edad, publicándolos junto al censo electoral. b) De la misma manera y para potenciar la participación de la afiliación más joven, todas las asambleas congresuales y congresos procurarán que las candidaturas presentadas para sus órganos de dirección y para las delegaciones a los procesos congresuales contengan una representación adecuada de este colectivo. c) Se entenderá que las candidaturas que se presenten en las diferentes asambleas congresuales cumplen los requisitos (constancia de la aceptación indubitada – Art. 10 EC.) cuando van con la firma original y acompañada de fotocopia de DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte de cada componente de las mismas. ASAMBLEAS DE PRIMER NIVEL Se celebrarán asambleas congresuales entre el 16-03-2016 y31-03-2016 en todos los centros de trabajo que tengan 25 personas afiliadas o más. Los centros de trabajo que tengan menos de 25 personas afiliadas, se agruparán por CCAA para celebrar su asamblea congresual. A estos efectos se entenderá como centro de trabajo el conjunto de afiliados y afiliadas de Policía, Guardia Civil y Tráfico, en la estructura territorial en la que esté organizada la Federación de CCAA correspondiente -provincial, comarcal o insular-, excepto en Madrid que se entenderá como centro de trabajo el conjunto de centros dependientes del Ministerio del Interior -Policía, Guardia Civil, Tráfico y Subsecretaria del Ministerio del Interior-. En las asambleas en donde estén agrupadas personas de distintas CCAA, por no llegar alguna de ellas a tener derecho de representación propia por el número de personas afiliadas, será la de mayor afiliación la encargada de la organización de la fase electiva. Estas asambleas congresuales tendrán dos fases bien diferenciadas, una que corresponderá a la fase deliberativa, en las que la afiliación podrá participar para debatir y presentar las enmiendas que estime conveniente a los documentos presentados a debate, y otra que corresponderá a la fase electiva, que se convocará simultáneamente y con una duración de 4 horas, en la que toda la afiliación de la circunscripción electoral convocada podrá votar y elegir entre las candidaturas presentadas tanto para la estructura de la propia Sección Sindical de centro de trabajo como para la delegación a la II Conferencia de la Sección Sindical Estatal del Ministerio del Interior. Las diferentes Federaciones de CCAA elaborarán un desarrollo normativo propio para realizar las asambleas congresuales de centro de trabajo y/o agrupamientos. Estas asambleas deberán ser convocadas públicamente por el órgano de dirección de la Federación de CCAA correspondiente, con una antelación mínima de 30 días. A estos efectos se remitirá convocatoria, con los datos que figuren en el Sistema Informático Confederal, sms, carta personal al domicilio, teléfono o correo electrónico de cada persona afiliada, garantizando en todo caso que la comunicación llegue al conjunto de la afiliación.

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Con la convocatoria de las asambleas congresuales se comunicará la existencia de los censos de afiliación con derecho a votar por estar al corriente de pago, indicando que estarán a disposición, para su comprobación, en los locales del sindicato y/o en los locales sindicales de los centros de trabajo, así como la ubicación de los mismos. Los censos deberán estar debidamente custodiados por el sindicato en cada ámbito para preservar la debida intimidad de los datos personales de cada persona afiliada, atendiendo a lo dispuesto legal y estatutariamente. Hasta 5 días antes de la celebración de la asamblea congresual podrá ser impugnada la exclusión o indebida inclusión de personas afiliadas ante el órgano convocante. Dichos órganos resolverán estas impugnaciones en el plazo de un día a partir de la fecha de reclamación, comunicando razonadamente el resultado a la persona impugnante. Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso en el plazo de un día, contando a partir del siguiente a su notificación, ante la Comisión de Resolución de Reclamaciones correspondiente, quien tendrá dos días, contados a partir del recibo de la reclamación, para resolver y notificar su decisión, que será definitiva y ejecutiva. El censo definitivo se proclamará 24 horas antes de la celebración de la asamblea congresual y será el que se utilice para efectuar la acreditación, la presentación de candidaturas al inicio de las asambleas y el ejercicio del derecho al voto. En las asambleas congresuales, la presidencia y sus funciones serán asumidas por el órgano convocante, y se encargará de dirigir la asamblea, moderar los debates, establecer los tiempos para las diferentes intervenciones, leer y someter a votación las propuestas, asimismo informará del comienzo y duración de la fase electiva con indicación expresa del sitio donde está ubicada la mesa electoral. El orden del día de la asamblea congresual debe contener la forma concreta de llevar a cabo el debate de los textos propuestos, y la votación a los órganos de dirección de la Sección Sindical de centro (si procede) y la delegación a la II Conferencia de la Sección Sindical Estatal. En el transcurso de la asamblea congresual se votarán los textos propuestos y/o las modificaciones a los mismos. Las conclusiones, modificaciones y/o resoluciones se aprobarán por mayoría simple. Se enviarán, junto con el acta, todas aquellas propuestas que obtengan mayoría así como las minoritarias que obtengan al menos el 10% de los votos de las personas afiliadas acreditadas en la asamblea. Los afiliados y las afiliadas podrán presentar candidaturas para la elección de la delegación a la VII Conferencia y para la dirección de la Sección Sindical de Centro – si procede – cumpliendo todos los requisitos establecidos en los estatutos y en las normas congresuales vigentes. Las candidaturas deben ser presentadas en modelo normalizado y deben contener tantos candidatos y candidatas como puestos a cubrir más un 20% de suplentes como mínimo. La aceptación de inclusión en la candidatura debe ir firmado en original y acompañado de fotocopia del DNI, NIE, etc.

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Las candidaturas guardarán la proporcionalidad de género correspondiente a la circunscripción electoral correspondiente. Los candidatos y las candidatas para presentarse a la elección a los órganos de dirección de la sección sindical y a la delegación para la Conferencia Estatal, deberán estar al corriente de pago y contar con seis meses, al menos, de antigüedad en la afiliación en el momento de la convocatoria de la asamblea congresual. Las candidaturas debidamente cumplimentadas se presentarán ante el órgano convocante con una antelación mínima de tres días a la fecha fijada para la votación. Al día siguiente de su presentación, se hará la proclamación provisional de las candidaturas presentadas que cumplan los requisitos estatutarios y reglamentarios. Contra esta proclamación provisional se podrá interponer recurso al día siguiente ante el órgano convocante, que previo requerimiento de subsanación si fuera necesario, notificará al día siguiente su resolución definitiva y ejecutiva. Las candidaturas serán proclamadas, por el órgano convocante, el día inmediatamente anterior a la celebración de la asamblea. De la asamblea congresual se levantará acta, que contendrá los textos de los temas debatidos, las propuestas de modificación que hayan obtenido mayoría, las propuestas de modificación que hayan obtenido al menos el 10% de los votos de las personas acreditadas, las eventuales resoluciones, el resultado de las votaciones, los nombres de las personas elegidas que conformarán la dirección de la sección sindical de centro de trabajo, si procede, y los nombres de las personas delegadas a la II Conferencia de la Sección Sindical Estatal. Copia de esta acta se enviará inmediatamente a la Secretaría de Organización de la FSC ([email protected] - [email protected]) y a la Secretaría de Organización de la Sección Sindical Estatal del Ministerio del Interior ([email protected] y [email protected]).

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II CONFERENCIA DE LA SECCION SINDICAL ESTATAL La II Conferencia de la Sección Sindical del Ministerio del Interior se hace dentro del proceso congresual del X Congreso Confederal y II Congreso de la FSC-CCOO, en fecha 12 y 13 de abril 2016 en Madrid. El número de participantes en la II Conferencia de la Sección Sindical Estatal del Ministerio del Interior será de 50 personas delegadas, 45 de ellas elegidas en las diferentes asambleas de Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Anexo 1 de esta Norma de Desarrollo Organizativo, y 5 como miembros natos, elegidas por y entre la Comisión Ejecutiva saliente, guardando los criterios de proporcionalidad y género. En la sesión de apertura de la II Conferencia, se elegirá una Mesa Presidencial que estará compuesta por cinco personas, una por cada una de las 3 delegaciones de mayor cotización a la II Conferencia y 2 personas nombradas por el órgano de dirección saliente. De entre sus miembros elegirá un/una Presidente y un/una Secretaría de actas. La Presidencia tendrá la función de moderar los debates, leer las propuestas de resolución -si las hubiese- establecer los tiempos para las distintas intervenciones, someterlas a votación y ser la dirección sindical hasta el momento en que se elijan los órganos de dirección de la Sección Sindical Estatal. El Presidente o la Presidenta será el portavoz de la Presidencia. Abrirá la II Conferencia pasando a votación el reglamento y orden del día, que contendrá además de los tiempos de debate y las horas de votación, la hora de cierre de distribución de credenciales y la hora límite para entregar tanto las propuestas de resolución como las diferentes candidaturas a Secretaría General y Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal. Aprobado éste, dará la palabra al Secretario General saliente para que proceda a la lectura del informe de coyuntura y la presentación del Documento a debate. En la II Conferencia se formarán las siguientes Comisiones: a. Comisión de Credenciales que verificará la identidad de las personas que asisten como delegados y delegadas a la II Conferencia y resolverá los posibles conflictos. Estará compuesta por 3 personas, una de ellas nombrada por el órgano de dirección saliente y las otras dos elegidas una por cada una de las dos delegaciones de mayor cotización. Adjuntarán un informe en el que debe constar el número de delegados y delegadas convocadas y los efectivamente acreditados, desagregados por género que se adjuntará al acta de la Conferencia. b. Comisión electoral o de candidaturas, que recibirá las propuestas de candidatura tanto para la Secretaría General como a la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal -con un máximo de 11 personas-, presentadas por las delegaciones y/o por los delegados y delegadas de la Asamblea Congresual. Estará compuesta por siete personas, 2 de ellas elegida por el órgano de dirección saliente y una elegida por cada una de las 5 delegaciones de mayor cotización.

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Las candidaturas presentadas deberán cumplir todos los requisitos establecidos en los estatutos y en las normas congresuales vigentes. Las candidaturas deben ser presentadas en modelo normalizado y deben contener tantos candidatos y candidatas como puestos a cubrir. La aceptación de inclusión en la candidatura debe ir firmado en original y acompañado de fotocopia del DNI, NIE, etc. Las candidaturas guardarán la proporcionalidad de género correspondiente. Los candidatos y las candidatas para presentarse a la elección a los órganos de dirección de la sección sindical estatal, deberán estar al corriente de pago y contar con seis meses, al menos, de antigüedad en la afiliación en el momento de la convocatoria de la asamblea congresual. c) Comisión de Resoluciones, que será asumida por la Presidencia de la Asamblea Constituyente y que recibirá las propuestas de resolución -si las hubiera- que vinieran avaladas por el 10% de las delegadas y los delegados. Una vez recogidas todas las propuestas de resolución se pasarán al pleno de la Conferencia para su votación. De la Conferencia se levantará acta que contendrá los textos de los temas debatidos, las propuestas de modificación de los mismos, las resoluciones -si las hubiere-, el resultado de las votaciones, los nombres de las personas elegidas para conformar los órganos de dirección de la Sección Sindical Estatal, y las incidencias relevantes que pudieran producirse. A dicha acta se acompañará un ejemplar de cada candidatura presentada. Copia de esta Acta, así como las actas de la constitución o renovación de las Secciones Sindicales de centro de trabajo, se enviarán inmediatamente a la Secretaría de Organización de la FSC-CCOO ([email protected] - [email protected]) para su registro en el Sistema Informático Confederal. Madrid, 04 de Marzo de 2016

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