IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN NUEVO LEÓN INDICADORES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CUARTO INFORME MAYO, 2013

El presente informe fue coordinado por Martín Carlos Sánchez Bocanegra, Director General de Institución Renace ABP y elaborado por Mariana Franco, Alejandra Bocardo, Laura Puga y Nadejda Iliná, integrantes del área de Investigación y Desarrollo Institucional de Institución Renace ABP.

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El Observatorio

El Observatorio Ciudadano de la Justicia de Nuevo León (OCJNL) es un instrumento de participación ciudadana coordinado por Institución Renace y conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil que realizan acciones de vigilancia, monitoreo, evaluación y difusión del nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Los miembros fundadores del Observatorio son los siguientes:

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Fue constituido en noviembre de 2011 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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CONTENIDO Presentación

6

I. CONTEXTO Y ESTADO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NSJP EN EL ESTADO

8

II. RADIOGRAFÍA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN NUEVO LEÓN

15

III. METODOLOGÍA

18

INSTITUCIONES EVALUADAS

18

SISTEMA DE INDICADORES

18

SISTEMA BINARIO

20

SOLICITUDES DE INFOR MACIÓN Y ANÁLISIS

21

IV. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

22

1. EJE DE NORMATIVIDAD

22

2. ACUERDOS POLÍTICOS

23

3. EJE DE CAPACITACI ÓN Y SERVICIO CIVIL DE CARRERA

24

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

31

5. EJE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

33

6. EJE DE TECNOLOGÍA S DE INFORMACIÓN

34

7. EJE DE DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y PART ICIPACIÓN CIUDADANA

35

8. CONSTITUCIONALIDA D

36

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

39

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PRESENTACIÓN El Observatorio Ciudadano de la Justicia presenta su Cuarto Informe sobre la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Nuevo León. Su objetivo es realizar un diagnóstico cuantitativo del proceso de implementación de la reforma, así como una evaluación cualitativa de las acciones realizadas por las instituciones que forman parte del sistema. Con base en esta evaluación, se presentan recomendaciones concretas de políticas y prácticas que fortalecerían la implementación en el estado. El Observatorio Ciudadano de la Justicia reconoce la disposición de las instituciones parte del sistema de justicia penal de Nuevo León que permitió la recopilación de la información necesaria para la elaboración del informe. De manera particular, agradecemos al Poder Judicial del estado de Nuevo León, la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, el Instituto de la Defensoría Pública del estado de Nuevo León, la Universidad de las Ciencias de la Seguridad, así como a la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal del estado de Nuevo León (SIJUPE). Su disposición para proporcionar la información solicitada, constituye un acto de transparencia, factor esencial en cualquier Estado democrático. A continuación se presenta un puntaje de tres factores que se consideraron para evaluar la transparencia de parte de las instituciones en el proceso de solicitud de información para la elaboración del Informe. En la siguiente tabla se puede encontrar el puntaje obtenido por cada Institución. Debe manifestarse que este puntaje no se considera dentro del cálculo del porcentaje de avance del proceso de implementación. Tabla 1. Puntaje de las Instituciones en la Transparencia en el proceso de Solicitud de Información A. Velocidad de la B. Calidad y pertinencia de la C. Interlocución con las Institución entrega de la información entregada Instituciones información Procuraduría 5 5 10 Defensoría 10 10 10 Poder Judicial 10 10 10 Órgano 10 10 10 Implementador Seguridad Pública Estatal (Fuerza Civil + 0 0 0 Secretaría) Universidad de las Ciencias de la 5 10 10 Seguridad

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Tabla 2. Escala de puntajes del factor Velocidad en la entrega de la información A. Velocidad en la entrega de la información Puntaje máximo La Institución entregó la información en la fecha indicada 10 La Institución entregó la información después de la fecha indicada 5 La institución no entregó la información 0 Tabla 3. Escala de puntajes del factor de Calidad y pertinencia de la información entregada B. Calidad y pertinencia de la información entregada Puntaje máximo La información proporcionada por la Institución corresponde íntegramente a lo solicitado 10 La información proporcionada por la Institución corresponde parcialmente a lo solicitado 5 La institución no entregó la información 0 Tabla 4. Escala de puntajes del factor de Interlocución con las Instituciones C. Interlocución con las Instituciones Puntaje máximo La Institución mostró total apertura y accesibilidad en el proceso de solicitud de información 10 La Institución mostró apertura y accesibilidad en el proceso de solicitud de información 5 La Institución presentó resistencia en el proceso de solicitud de información 0 Es fundamental consolidar el vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, especialmente cuando se trata conocer a detalle los cambios que impactarán de forma trascendental la procuración e impartición de justicia. La evaluación no sólo constituye una forma de señalar avances y fallas, sino que es la base para la formulación y propuesta de políticas públicas. Se espera que el presente informe contribuya a resaltar los avances del proceso de implementación del nuevo sistema, a detectar las áreas de oportunidad en Nuevo León, así como a la búsqueda de soluciones conjuntas y especializadas que se traduzcan en propuestas concretas de programas y políticas públicas.

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I. CONTEXTO Y ESTADO GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NSJP EN EL ESTADO Nuevo León fue la primera entidad en México en reconocer que el sistema de justicia penal debía ser transformado.1 Lo anterior con la finalidad de eliminar una serie de males que han aquejado históricamente la forma en la que se ha procurado e impartido justicia; tales como la corrupción, la ineficiencia de las autoridades, la falta de profesionalismo y la amplia gama de facultades discrecionales del Ministerio Público, entre otros. En el 2004 se aprobó una iniciativa que instauró un sistema mixto, “predominantemente oral” 2, en el estado. Este hecho constituyó el comienzo de la transición del viejo sistema inquisitivo, a uno completamente diferente: el acusatorio-adversarial. Un modelo de justicia moderno y transparente, con el que “se pretende mejorar la impartición de justicia penal, introduciendo importantes cambios tendentes a equilibrar las atribuciones oficiales o del Estado y las garantías ciudadanas.”3 La entidad se ha caracterizado por ser un estado líder en el desarrollo industrial, comercial y de servicios, y por mantener tasas superiores de crecimiento económico al promedio nacional. Una entidad que hasta hace pocos años proclamaba ser ejemplar. Sin embargo, en los últimos años, la escalada de violencia ha provocado una crisis de inseguridad que afecta de múltiples formas a la ciudadanía. Diversos incidentes han expuesto graves fallas del sistema de Seguridad Pública y de Justicia. La sociedad neoleonesa se ha enfrentado a una gran cantidad de delitos que no se investigan, a violencia que no se previene integralmente, a corrupción e impunidad que prevalecen, aunado a un Ejecutivo estatal que demanda un amplio margen de maniobra para enfrentar una situación excepcional, cuyas causas las atribuye al crimen organizado y al narcotráfico. El 18 de febrero del 2007 dio inicio la Operación Coordinada Noreste (Nuevo León y Tamaulipas). Ingresaron a la entidad las fuerzas federales con la finalidad de combatir al narcotráfico y crimen organizado. Con dos mil 35 elementos y un arsenal especial4, se iniciaría la lucha contra el narcotráfico en el noreste del país. 1

El Gobernador del estado de Nuevo León, Lic. José Natividad González Parás, durante su participación en la conferencia nacional Retos de la Reforma Penal: Equilibrando la Presunción de Inocencia y la Seguridad Pública realizada en el 2009, mencionó: “México se encuentra en estos momentos inmerso en un proceso profundo de revisión de estructuras jurídicas institucionales y procedimentales en materia de impartición de justicia”, por lo que participamos en este proceso analizando la reforma a la prisión preventiva en nuestro país.” 2 Decreto No. 118 por el que se reforma el Código Procesal Penal de Nuevo León. (P.O. Julio 28, 2004). Consultado el 15 de octubre 2011. Disponible en: http://bit.ly/sbFpRJ 3 Ayala, M., Carrasco, J., Sauceda, A., & Varas, A. (2009). La reforma al sistema de justicia penal en Nuevo León: Sus principales tendencias (2004-2007). México: Grupo Offset Monterrey. 4 Ingresaron al estado 48 vehículos tácticos militares; 12 binomios canófilos; dos aviones Cessna-182-SL; un helicóptero Bell-412; un helicóptero QH-60; un helicóptero Mi17; dos helicópteros Bell-206. Información obtenida del mensaje del Gabinete de Seguridad que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial el 18 de Febrero de 2007. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=29059

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El aumento de la presencia de las fuerzas federales en el estado de Nuevo León provocó una gran presencia militar en las dependencias de seguridad pública, hecho visible tanto en la Secretaria Estatal como en las Secretarias Municipales. En este contexto se han tenido que llevar a cabo reformas y modificaciones institucionales de enorme trascendencia, como lo es la aprobación local de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 2008 que instaura en México un nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Fuerza Civil, la nueva institución estatal policiaca de Nuevo León, es el mejor ejemplo de las dificultades que presentará la implementación del modelo acusatorio al darse sobre cimientos de instituciones débiles o militarizadas. Ante la infiltración y la falta de capacidad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se inició una campaña de reclutamiento de nuevos elementos en junio de 2011. La nueva fuerza operó sin un marco regulatorio hasta 2013 y a la fecha cuentan con 3250 policías, de los cuales, la Secretaría de Seguridad Pública en el informe del Observatorio anterior reportó que sólo 1000 elementos habrían recibido algún curso de capacitación sobre el nuevo sistema. En conclusión, tomar en cuenta los niveles de inseguridad y la debilidad institucional en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal es relevante por dos motivos. En primer lugar la situación de las policías -estatal y municipales- juega un factor determinante en el ritmo y la armonía del proceso de implementación, ya que la tendencia ha sido que se mantengan aisladas. Los titulares de las dependencias argumentan que la operación diaria los rebasa, y que una capacitación integral e interinstitucional les restaría capacitad de reacción. En segundo, el contexto de inseguridad genera incentivos para que el Ejecutivo estatal, junto con el Procurador y el Secretario de Seguridad Pública, estén enfocados a la resolución de crímenes de alto impacto, dejando de lado el resto de la carga de los delitos del fuero común. Precisamente en Nuevo León se decidió que los delitos de menor incidencia fueran los primeros que comenzaran a ser procesados bajo el nuevo sistema acusatorio5. El primer grupo de delitos representa el 6% de la incidencia delictiva de acuerdo a un estudio realizado por el órgano técnico implementador6.

5

El Código de Procedimientos Penales de Nuevo León en su primer artículo transitorio señala que el procesamiento de los delitos se aplicará de manera gradual y sucesiva considerando como factor el tipo de delito; se plantea un plazo de 4 años a partir del 2012, donde después de cada 1 de enero entrará un determinado grupo de delitos hasta completar la totalidad del delitos señaladas en el Código Penal de Nuevo León 6 Información extraída de la presentación “Sistema de Iniciación de Vigencia” elaborada por SIJUPE (Septiembre 2011)

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A un año de que el nuevo sistema de justicia penal entrara en vigor en Nuevo León7, comienzan a observarse las principales lecciones de su operación. Los primeros resultados arrojan información relevante para fortalecer el proceso de implementación. El presente informe señala algunos de estos aspectos, a partir del diagnóstico del estado actual de la implementación de la reforma penal en el estado. En el año 2013, 15 delitos8 más comenzaron a ser operados en el nuevo sistema de justicia penal, que sumados a los que habían entrado en vigor en el año 2012, dan un total de 67. Entre los nuevos delitos tenemos violencia familiar y robo simple, que por gran su incidencia en la entidad, generan retos en materia de atención a las víctimas y en las acciones de investigación. Para hacer frente a la transformación en la operación que exige el nuevo sistema, las instituciones han debido prepararse a través del diseño de estrategias de reorganización institucional, capacitación a sus operadores, mecanismos de cooperación interinstitucional, diseño de proyectos normativos, entre otros. En el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y marzo de 2013, el conjunto de acciones que han realizado las instituciones del sistema de justicia penal en Nuevo León, reflejan un avance del 76% de la implementación del NSJP, El desglose de esta información se encuentra en el apartado IV. Evaluación de la Implementación.

Tabla 5. Compendio ejes/categorías Valor eje/categoría

Calificación Nov. 2012

Calificación Abril 2013

Normatividad

0.17

70%

79%

Acuerdos políticos

0.17

84%

84%

Capacitación y Servicio Civil de Carrera

0.11

53%

61%

Reorganización Institucional

0.11

68%

74%

Infraestructura y Equipamiento

0.11

64%

65%

Tecnología

0.085

55%

55%

Difusión, Transparencia y Participación Ciudadana

0.085

50%

56%

Constitucionalidad/Convencionalidad

0.16

100%

100%

72%

76%

Eje/Categoría

Total porcentaje

7

La vigencia del sistema penal acusatorio en Nuevo León inició el 01 de enero de 2012 con un primer grupo de delitos señalados en el primer transitorio del Código Procesal Penal para el estado de Nuevo León. 8 Ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres; Revelación de secretos; Delito en contra del patrimonio del estado o de los municipios por parte de servidores públicos; Cohecho en uno de sus supuestos; Peculado en uno de sus supuestos; Tráfico de influencia; Enriquecimiento ilícito; Delitos cometidos en la administración y procuración de justicia; Falsificación y uso de sellos, llaves; Violencia familiar; Lesiones que pongan en riesgo la vida; Lesiones en riña; Robo simple; Encubrimiento; Delitos electorales

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Casos operados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Con los delitos que en el año 2013 comenzaron a ser operados en el nuevo sistema de justicia, desapareció la brecha entre el número de casos de delitos del viejo y del nuevo sistema. Esta situación presenta exigencias a las instituciones, en tanto que un mayor número de operadores deberá iniciar la transición hacia el nuevo sistema, lo que a su vez requiere de esfuerzos de capacitación, contratación, e inversión de recursos. Al mismo tiempo, deben desarrollarse y aplicarse mecanismos y protocolos de investigación y coordinación entre las instituciones. En suma, la planeación y preparación para la operación del sistema penal acusatorio requiere mayor concentración. En el gráfico siguiente se observa que de un total de 59,961 delitos registrados por la PGJNL en el año 2012, 10,877 correspondían al nuevo sistema, lo que representa un 18.1% del total. En los primeros cuatro meses del año 2013 el porcentaje se incrementa, en tanto que 13,035 de 22,266 delitos, representa un 58.5% que corresponde al nuevo sistema. El análisis del estado actual del proceso de implementación, contribuirá a que el sistema se encuentre mejor preparado para solventar los casos.

Transición hacia el nuevo sistema: los casos del nuevo sistema han sobrepasado la incidencia de los casos del viejo sistema.

Incidencia delictiva en Nuevo León (Enero - Diciembre 2012)

2012

Nuevo Sistema

10877

Viejo Sistema

49084

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

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Incidencia delictiva en Nuevo León (Enero - Abril 2013)

Nuevo Sistema

13035

2013 Viejo Sistema

9231

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Fuente: Gráficas elaboradas por el equipo técnico del OCJNL con información de la PGJNL

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Recursos para la reforma en Nuevo León: Presupuesto A continuación se presentan los recursos económicos, estatales y federales, invertidos por cada institución para la implementación y operación del sistema penal acusatorio en Nuevo León, del año 2010 al 2013: Tabla 6. Proyección de inversión sistema penal acusatorio en Nuevo León, 2013. Implementación y Operación Implementación del NSJP (2013)

Operación del NSJP (2013)

Recursos estatales Recursos federales Recursos estatales Poder Judicial de Nuevo León Procuraduría General de Justicia Nuevo León Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León

Recursos federales

Total por institución

$0.00

$0.00

$52,312,896.70

$3,500,000.00

$55,812,896.70

$0.00

$20,120,810.00

$284,991,244.00

$0.00

$305,112,054.00

$1,611,948.00

$0.00

$2,730,660.00

$0.00

$4,342,608.00

Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León

Información no proporcionada

SIJUPE

$11,973,577.00

$17,367,548.59

Total

$298,576,769.00

$37,488,358.59

N/A No aplica

$55,043,556.70

$29,341,125.59

$3,500,000.00

Total destinado al $394,608,684.29 NSJP 2013 Fuente: Tablas elaboradas por el equipo técnico del OCJNL con información de las instituciones operadoras del sistema de justicia y Ley de Egresos de Nuevo León 2013

Tabla 7. Proyección de inversión sistema penal acusatorio en Nuevo León, 2010-2012. Implementación Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (2010-2012) Estatal

Federal

Procuraduría General de Justicia Nuevo León

$ 59,168,450.00

$51,799,950.00

Poder Judicial de Nuevo León

$ 7,338,670.08

-

Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León

“Del presupuesto anual estatal se destina a los tres sistemas penales; no se han recibido recursos federales”

Secretaría de Seguridad Pública “No se tiene desglosado por ese rubro” Recursos estatales destinados a la implementación (Ley de Egresos y Subsidios SETEC - Órgano implementador federal)

$44,511,510.90

$61, 852,166.00

SUBTOTAL

$111,018,630.98

$114,652,116.00

TOTAL $225,670,746.98 Fuente: Tablas elaboradas por el equipo técnico del OCJNL con información de las instituciones operadoras del sistema de justicia y Ley de Egresos de Nuevo León 2010, 2011 y 2012

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Paralelamente se presenta una tabla de resultados para el período 2010-2013 con la finalidad de comparar el comportamiento de los presupuestos para las instituciones del NSJP en los últimos tres años: Tabla 8. Recursos invertidos para el sistema penal acusatorio en Nuevo León, 2010-2012. Implementación y Operación Institución

Inversión 2010-2012

Inversión 2013

Total por institución

Defensoría

No disponible

$4,342,608.00

$4,342,608.00

Procuraduría

$110,968,400.00

$305,112,054.00

$416,080,454.00

Seguridad Pública

No disponible

No proporcionada

No disponible

Poder Judicial

$7,338,670.08

$55,812,896.70

$63,151,566.78

SIJUPE

$106,363,676.90

$29,341,125.59

$135,704,802.49

Total por año

$224,670,746.98

$394,608,684.29

Total $619,279,431.27 Proyección aproximada de costo total de la implementación del nuevo sistema (realizada por SIJUPE, cálculo a enero de 2013) $2,800 millones Fuente: Tablas elaboradas por el equipo técnico del OCJNL con información de las instituciones operadoras del sistema de justicia y Ley de Egresos de Nuevo León 2010, 2011, 2012 y 2013

De acuerdo a las gráficas, se puede apreciar que el total de presupuesto destinado a la implementación y operación del NSJP en el 2013 ($394, 608,684.29) supera la cantidad invertida desde el 2010 hasta el 2012 ($224, 670,746.98). Para final de este año, se proyecta que se habrán invertido un total de $619, 279,431.27 pesos como recurso para la implementación y operación del sistema penal acusatorio. Inversión que apenas llega al 22% de lo necesario para cubrir la implementación.

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II. RADIOGRAFÍA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN NUEVO LEÓN El objetivo de este apartado es presentar la información de las instituciones encargadas de la operación del sistema de justicia penal en el estado de Nuevo León. Por esta razón se solicitaron a las Instituciones datos precisos que contribuyen a visualizar, de manera general, la estructura de tales instituciones.

Organigrama Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León Dirección General

Dirección de Defensa en la etapa de investigación y en procesos

Dirección de defensa ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales

Procuraduría General de Justicia de Nuevo León Procurador General de Justicia

Dirección General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa Dirección de Atención Ciudadana Dirección de Justicia Penal Alternativa DOPAVIDET Subdirección Ministerio Público Dirección General de Averigüaciones Previas

Dirección General de Control de Procesos y Amparos

Dirección General de Sistema Penal Acusatorio Director de Investigación Zona Metropolitana Dirección de Investigación de Zona Rural

Poder Judicial del Estado de Nuevo León

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Presidente del TSJ Consejo de la Judicatura Gestión Judicial

Jueces de Control

Jueces de Juicio Oral

Jueces de Ejecución

Encargado de agenda Encargado de salas Encargado de trámites

Técnicos

Número de funcionarios Cuadro 1. Funcionarios IDPNL Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León Número de Defensores Públicos que operan exclusivamente en el NSJP 28 Número de Defensores Públicos que operan en el sistema tradicional y en el 5 Directores NSJP 65 Defensores Públicos Número total de Defensores Públicos del IDPNL 9 Directores 256 Defensores Públicos

Cuadro 2. Funcionarios PGJNL Procuraduría General de Justicia de Nuevo León Número de AMPOs

64

Número de AMPIs

65

Número de mediadores

37

Número de policías investigadores

55

Número de auxiliares de investigación

167

Agentes del Ministerio Público de las Unidades de Control de Detenidos

89 Total

477

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Cuadro 3. Funcionarios PJNL Poder Judicial de Nuevo León Número de Jueces de Control Número de Jueces de Juicio Oral Número de Jueces de Ejecución Número de Magistrados

8 3 5 8

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III. METODOLOGÍA

INSTITUCIONES EVALUADAS La presente metodología de análisis para evaluar el proceso de implementación del sistema penal acusatorio se aplica en las acciones de las instituciones que forman parte del sistema penal, así como del órgano técnico implementador local durante el periodo de Noviembre de 2012 a Marzo del 2013. Las instituciones evaluadas son las siguientes: el Poder Judicial del Estado; la Procuraduría General de Justicia del estado; Instituto de la Defensoría Pública del estado; la Secretaría de Seguridad Pública del estado; y el Órgano Técnico Implementador de la Reforma Penal en la entidad (SIJUPE). SISTEMA DE INDICADORES Por cuarta ocasión, se emplea la metodología del OCJNL basada en los ejes del Sistema de Indicadores de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Los ejes evaluados son: 1) Normatividad, 2) Acuerdos Políticos, 3) Capacitación y Servicio Civil de Carrera, 4) Reorganización Institucional, 5) Infraestructura y equipamiento, 6) Tecnologías de Información, y 7) Difusión, Transparencia y Participación Ciudadana. A estos siete ejes establecidos por la SETEC se añadió un octavo: Constitucionalidad. Aun cuando los ejes corresponden a los establecidos por la SETEC, la composición de cada uno de ellos fue producto de la investigación de las mejores prácticas observadas, consultas con expertos y operadores del sistema, así como de estándares revelados por las experiencias latinoamericanas presentados por estudios académicos. Se realizó una revisión exhaustiva de las herramientas con las que cuenta el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), el Instituto Vera, entre otros organismos internacionales. Esta revisión documental nos llevó a la construcción de los indicadores y pautas que componen cada uno de los ocho ejes que conforman el sistema de evaluación. Resulta necesario mencionar que este sistema no es estático; el hallazgo de mejores prácticas y la funcionabilidad de los propios indicadores y pautas llevarán a modificar, agregar o eliminar los que se consideren necesarios. El objetivo es construir un sistema que constituya un referente de las acciones que los estados deben emprender a fin de implementar el nuevo sistema de justicia penal. A continuación se presenta una síntesis del Sistema de Indicadores del OCJNL:

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Tabla 9. Sistema de indicadores OCJNL N°

Categorías/Ejes

N°

1

Normatividad

1 2 3

Reforma a la Constitución Política del Estado Nuevo Código Procesal Penal Estatal Nuevo Código Penal Estatal

4 5 6 7 8

Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado Nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Nueva Ley de la Coordinación General de la Defensoría Social y de Oficio del Estado Nueva Ley que regula la Ejecución de Sanciones Penales

9 10 11 1 2

Nueva Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos Nueva Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado Presupuesto Constitución y operación de un órgano implementador Voluntad política del más alto nivel y permanente

3

Mecanismos de cooperación con entidades externas al gobierno local

4 1 2 3 4 5 1 2 3

Presupuesto Planeación y prospectiva de los programas de capacitación Metodología y Contenido de los cursos de capacitación Cobertura de los cursos de capacitación El servicio civil de carrera está implementado para cada operador Presupuesto Implementación del marco jurídico para la reorganización institucional Planeación Modelo de Gestión

4

Presupuestos Creación/existencia de áreas necesarias para el funcionamiento del NSJP Evaluación Protocolos Infraestructura Las instituciones cuentan con el equipamiento mínimo requerido para su funcionamiento

2

Acuerdos Políticos

3

Capacitación y Servicio Civil de Carrera

4

Reorganización Institucional

Indicador

5

Infraestructura y Equipamiento

5 6 7 1 2

6

Tecnologías de información

3 1 2

Presupuesto Plataforma tecnológica Software interinstitucional

7

Difusión, Transparencia y Participación Ciudadana

3 1 2

Presupuestos Acciones y medios de difusión Transparencia en el sitio web

3 4 1

Participación ciudadana Presupuesto Independencia e imparcialidad del tribunal

2 3

Derecho a un juicio previo El principio contradictorio o adversarial

4 5 6 7

El principio de inmediación El derecho de defensa El derecho a la igualdad procesal El principio de publicidad

8

Constitucionalidad

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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La libre valoración de la prueba El principio de fundamentación de las decisiones El principio de celeridad El principio de proporcionalidad El derecho a deducir recursos El principio de continuidad El principio de concentración Principio de inocencia del imputado El principio de legalidad El principio de intervención mínima El principio de lesividad El principio de responsabilidad personal El principio de resocialización

SISTEMA BINARIO La metodología utilizada para la evaluación del proceso de implementación según el presente Sistema, se basa en la propuesta del Centro de Estudios de Justicia para las Américas para la evaluación del Índice de accesibilidad a la información judicial. En ese sentido, se adoptó el sistema compuesto por (1) “categorías” o “ejes”, (2) “indicadores” y (3) “pautas”. De esta forma, un conjunto de indicadores conforman categorías/ejes. Y un conjunto de pautas conforman indicadores. Por lo tanto, de lo general a lo específico, el orden es el que sigue: categoría, indicador y pauta. Para realizar el cálculo se utiliza el “sistema binario de valoración”. De esta manera, el puntaje de cada indicador se obtiene sumando las respuestas ponderadas de las pautas, que pueden ser respondidas con uno (1), cuando se cumple con el criterio de evaluación, o con cero (0), cuando no cumple con el criterio. Para calcular el puntaje de un indicador, los resultados se multiplican por un peso proporcional a la cantidad de pautas, de tal manera que cada indicador toma un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, si a un indicador determinado le corresponden 4 pautas, cada pauta recibirá una calificación binaria (1 ó 0) en función de su cumplimiento o no con el criterio de evaluación. Ahora supongamos que la pauta N°1 recibe como calificación un 1 (sí cumple), la N°2 un 1 (sí cumple), la N°3 (sí cumple) y la N°4 un 0 (no cumple). La suma de los valores ponderados de todas las pautas tiene un total de 1, y en este ejemplo, cada pauta tiene un valor ponderado de .25. En ese sentido, el cálculo del indicador se realiza de la siguiente forma: (1x.25) + (1x.25) + (1x.25) + (0x.25) = .75 La misma metodología se sigue cuando se trata de sacar el valor de la categoría, en tanto que se suma el valor ponderado de los indicadores (su peso proporcional por el resultado a noviembre de 2012). El resultado final del avance se realiza conforme a la siguiente tabla de ponderaciones: 20 www.ocj.org.mx

Tabla 10. Ponderación de ejes/categorías Eje/Categoría

Valor eje (categoría)

Normatividad

0.17

Acuerdos políticos

0.17

Capacitación y Servicio de Carrera

0.11

Reorganización

0.11

Infraestructura y Equipamiento

0.11

Tecnología

0.085

Difusión, Transparencia y Participación Ciudadana

0.085

Constitucionalidad

0.16 Total: 1

La asignación de valores ponderados para cada una de las siete categorías obedeció al siguiente criterio: Tabla 11. Justificación de la ponderación de ejes/categorías Valor

Justificación

0.17

Eje indispensable para iniciar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal

0.16

Eje indispensable para que el nuevo sistema de justicia penal cumpla con los principios fundamentales del modelo acusatorio y con los mínimos estándares internacionales de derechos humanos

0.11

Eje indispensable para instrumentar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal

0.085

Eje indispensable para consolidar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Una vez revisado el sistema de indicadores, se procedió a elaborar cuestionarios enfocados en cada institución, atendiendo a la estructura del NSJP en la teoría y en las buenas prácticas nacionales e internacionales. Los cuestionarios se enviaron a las siguientes instituciones: Poder Judicial del estado de Nuevo León, Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, y al Órgano Implementador Local de Nuevo León (SIJUPE) durante el mes abril de 2013. Posteriormente, se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios y directivos de las instituciones, con el objetivo de revisar la información recopilada y clarificar dudas, para que la obtención de los datos fuese lo más completa posible. Las respuestas a los cuestionarios fueron revisadas a la luz del sistema de indicadores y de sus definiciones, y se procedió al vaciado de información por parte del equipo técnico del OCJNL. Tras la definición de las respuestas, se realizó el procedimiento de evaluación binaria, y se obtuvieron los resultados finales.

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IV. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN El objetivo de esta sección es presentar los resultados del estudio realizado a través del sistema de indicadores. La presentación de los resultados se hará de manera separada por cada uno de los ejes, se mencionará el puntaje obtenido, y se señalarán algunos de los hallazgos más relevantes.

1. EJE DE NORMATIVIDAD En el eje de Normatividad se encontró un avance del 79%. Dentro del porcentaje total de avance del proceso de implementación en el estado de Nuevo León, el eje de Normatividad tiene asignado un valor ponderado alto: un 0.17/1. Esto porque se considera un eje indispensable para iniciar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Esta categoría está compuesta por once indicadores, de los cuales, los primeros diez corresponde a los proyectos legislativos que deben aprobarse para la adecuada implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el último indicador es el Presupuesto que se destina a los proyectos normativos del eje de Normatividad. A continuación, se presenta la tabla síntesis de este eje. Eje 1. Normatividad Categorías/Ejes

N°

Indicador

Calificación Mayo 2013

Normatividad

1

Reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León

1

2

Nuevo Código Procesal Penal de Nuevo León

1

3

Nuevo Código Penal de Nuevo León

0.2

4

Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

0.4

5

Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León

1

6

Nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León

1

7

Nueva Ley del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León

1

8

Nueva Ley que regula la Ejecución de Sanciones Penales

0.4

9

Nueva Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos

0.2

10

Nueva Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León

0.2

11

Presupuesto

1 Total categoría/eje

0.79

En relación a este eje, los proyectos que obtuvieron el puntaje completo fueron los siguientes: La Reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el Nuevo Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León, la Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y la Nueva Ley del Instituto de la Defensoría

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Pública de Nuevo León. Las pautas que integran cada indicador tienen que ver con el estatus de aprobación de cada proyecto normativo. Los proyectos que se encuentran en elaboración son: el Nuevo Código Penal de Nuevo León, la Nueva Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, y la Nueva Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León. Estos indicadores obtuvieron un menor puntaje en relación a la etapa en la que se encuentra cada proyecto. La Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y la Nueva Ley que regula la Ejecución de Sanciones Penales obtuvieron un mayor puntaje, en tanto que se encuentran como Iniciativas de Ley en el Congreso. Es importante que los proyectos que se encuentran en elaboración o como iniciativa de ley, respeten los tratados internacionales de los derechos humanos y los principios constitucionales del sistema acusatorio, para que de esta manera se dé una operación efectiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Uno de los aspectos que deberán recibir una mayor atención en los proyectos normativos pendientes -Nueva Ley del Poder Judicial como la Nueva Ley que regula la Ejecución de Sanciones Penales- son las atribuciones de los Jueces de Ejecución. Es de suma importancia que la figura del juez de ejecución sea independiente y que de igual manera tenga capacidades que el realice de manera exclusiva. Deben contar con un espacio dentro de los centros penitenciarios para de esta manera vigilar la legalidad de las sanciones administrativas que sean impuestas en el interior de los mismos, así como resolver las peticiones o quejas que los internos hagan en relación con el régimen penitenciario. Será imprescindible que los Jueces de Ejecución cuenten con la facultad para sancionar desde custodios hasta funcionarios de la administración penitenciaria, así como de llevar a cabo la resolución de casos de reducción de penas por buen comportamiento y la revocación de libertad preparatoria. En suma, los jueces de ejecución deben ser los operadores del nuevo sistema de justicia penal con la facultad para la protección legal de demandas sobre servicios y garantías a los que las personas privadas de su libertad tienen derecho.

2. ACUERDOS POLÍTICOS El puntaje en el presente eje asciende a 84%, que puede considerarse como una calificación alta; siendo a la vez uno de los más relevantes en el marco de la evaluación, pues su ponderación asciende a 0.17/1, ya que se considera que las acciones en la presente categoría son indispensables para el inicio y el impulso del proceso de implementación en la entidad. La categoría se compone de cuatro indicadores: Constitución y operación de un órgano implementador, Voluntad política del más alto nivel y permanente, Mecanismos de cooperación con el gobierno federal y Presupuesto. A continuación se presenta una tabla síntesis de esta categoría, en donde se señala el puntaje a mayo 2013 de cada indicador. 23 www.ocj.org.mx

Eje 2. Acuerdos Políticos Categoría/Eje

N°

Indicadores

Calificación Mayo-2013

Acuerdos Políticos

1

Constitución y operación de un órgano implementador

2

Voluntad política del más alto nivel y permanente

3

Mecanismos de cooperación con el gobierno federal

1

4

Presupuesto

1 Total categoría/eje

1 0.608

0.84

Se puede apreciar en los resultados de la evaluación un patrón de estabilidad en el presente periodo. Una vez constituido el Órgano Técnico Implementador (SIJUPE) y definidas sus responsabilidades, tareas y prerrogativas en el proceso de implementación, su principal reto es dirigir hacia una adecuada implementación los esfuerzos interinstitucionales, en contraste con estrategias que alientan las acciones poco coordinadas. Así, la tarea de SIJUPE, Defensoría, Procuraduría, Seguridad Pública y Poder Judicial, deberá contemplar la creación de planes integrales de implementación, modulando las necesidades de las instituciones del NSJP, así como proyectos en conjunto para asegurar la gradualidad de la reforma a un paso constante en Nuevo León. Con esta finalidad, tendrán que presentar un alto nivel de disposición y voluntad de trabajar en conjunto por parte de todas las instituciones involucradas. Además de SIJUPE, el principal promotor de voluntad política en el modelo de implementación será la Coordinación Interinstitucional, conformada por el Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia, el Secretario de Seguridad Pública y el Consejero Jurídico del Gobernador, y el Director General de la SIJUPE deberá fungir como Secretario Técnico. Esta Coordinación deberá guiar el trabajo de SIJUPE a través de programas interinstitucionales que contemplen las necesidades de todas las partes del NSJP. La importancia de las sesiones de dicha Coordinación y la asistencia de los representantes pertinentes y titulares de las instituciones reside en la potencialidad de éste para fungir como un canal directo de comunicación y colaboración en asuntos de la más alta relevancia para las instituciones, impulsando a su vez el compromiso político con la reforma.

3. EJE DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO CIVIL DE CARRERA El eje de capacitación obtuvo un puntaje de 61%, nueve puntos porcentuales por arriba del diagnóstico anterior. El eje tiene un peso proporcional de 0.11, en tanto que se considera que es uno indispensable para instrumentar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal, debido a la implicación de nuevas funciones, actividades, prácticas, pautas de actuación, y sobre todo, un cambio cultural en todos los niveles de la estructura penal. 24 www.ocj.org.mx

A pesar de su incontrovertible importancia, se ha advertido que en América Latina, las reformas han dejado relegado el campo de la capacitación, en tanto que su diseño y ejecución no ha sido el más adecuado para la implementación del Nuevo Sistema, ni ha brindado los resultados más efectivos. Esto se explica parcialmente porque “los programas de capacitación se han enfocado en una perspectiva teórica abordando los aspectos normativos de la reforma, dejando de lado la capacitación en las modalidades de trabajo concretas que deben enfrentar los distintos actores en el funcionamiento diario del nuevo sistema”9. En México debemos aprender de las fallas, aciertos y desaciertos que experimentaron los países de la región latinoamericana durante el proceso de implementación. Será fundamental analizar las conclusiones del aprendizaje latinoamericano para adoptar las buenas prácticas que contribuyan a la verdadera formación del personal del sistema penal, capaz de aplicar los principios del sistema acusatorio, respetuoso con los derechos humanos, y con las habilidades que garanticen la eficacia del procedimiento penal, así como tomando en cuenta las necesidades locales de gradualidad en la implementación. Por otro lado, tal capacitación encontrará su verdadera efectividad en la implementación y funcionamiento del servicio civil de carrera, basado en el cumplimiento de reglamentos de integración y ascenso La categoría está compuesta por la Planeación y prospectiva de los programas de capacitación, la metodología y el contenido de los cursos, su cobertura, la implementación del servicio civil de carrera en cada institución, y presupuesto para el área. A continuación se presentan los indicadores en una tabla síntesis, con su calificación correspondiente en el mes de mayo 2013.

9

Duce, Mera y Riego (2001). La Capacitación Interinstitucional en la Reforma a la Justicia Criminal en Chile. CEJA.

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Eje 3. Capacitación y Servicio Civil de Carrera Categoría/Eje

N°

Indicadores

Calificación Mayo2013

Capacitación y Servicio Civil de Carrera

1

Planeación y prospectiva de los programas de capacitación

.625

2

Metodología y Contenido de los cursos de capacitación

.712

3

Cobertura de los cursos de capacitación

.52

4

El servicio civil de carrera está implementado para cada operador

.416

5

Presupuesto

1 Total categoría/eje

.61

Como puede observarse, se encuentra una calificación alta en el indicador (2), Metodología y Contenido de los cursos de capacitación, en donde se evaluó que los cursos contemplaran contenido teórico y normativo, sobre los principios del NSJP, contenidos y procesos específicos del sistema acusatorio, así como la inclusión de mecánicas y talleres prácticas para el desarrollo de las destrezas necesarias para la función de cada operador. No obstante, los contenidos prácticos de delitos complejos, así como el aspecto de los derechos humanos continúan siendo áreas de oportunidad en el eje. El ámbito de capacitación presenta variables retos. Algunos de ellos es la carencia de programas de capacitación integral por parte de algunas instituciones del sistema de justicia, debido a que la operación diaria rebasa sus capacidades institucionales. Por otro lado, se reconoce la existencia de cursos integrales de capacitación por parte de la Procuraduría, Defensoría y el Poder Judicial, así como la inclusión de materias de derechos humanos y del nuevo sistema en el contenido práctico y teórico de éstos, en tanto que se ha avanzado de un modelo de improvisación de cursos conforme se van recibiendo recursos federales a una planeación con objetivos a mediano y largo plazo que toman en cuenta las particularidades de la gradualidad y la implementación local del NSJP. Adicionalmente, se presenta como un desafío el hecho de que las instituciones continúen en proceso de cobertura para la capacitación de sus operadores y directivos en materia del nuevo sistema. Por otro lado, el Servicio Civil de Carrera implica un reto muy importante para las instituciones neoleonesas. Conviene recordar que es a través de este sistema como realmente adquirirá trascendencia la capacitación ofrecida a los operadores. El Servicio implica no sólo una sistematización basada en factores objetivos para la designación de puestos y sistema de asensos, sino también la profesionalización de los propios operadores a través de evaluación y concursos, entre otras herramientas. Asimismo, será fundamental que el Servicio Civil de Carrera quede también establecido y definido en las Nuevas Leyes Orgánicas de cada institución y en sus respectivos reglamentos, y que se desarrollen los perfiles de los puestos basados en competencias y en los requerimientos del NSJP.

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A la fecha, la ley orgánica de Fuerza Civil, de la Procuraduría y de la Defensoría lo contemplan, y aunque la ley orgánica vigente del Poder Judicial también, debe aprobarse un nuevo cuerpo normativo acorde exclusivamente a los principios y figuras del sistema penal acusatorio, y no coexistir con las bases y estructura del sistema tradicional. Adicionalmente, se han encontrado avances en la materia en cuestiones de evaluación de desempeño y desarrollo de perfiles acordes a las necesidades de la reforma; los próximos esfuerzos deberán dirigirse para que las instituciones como el PJNL, IDPNL, SSPNL –en sus vertientes de Policías y Administración Penitenciaria-, SIJUPE y PGJNL apliquen en su legislación y en la práctica los principios del Servicio Civil. A continuación se presenta un compendio de los cursos de capacitación ofrecidos por las Instituciones del Sistema de Justicia Penal del estado de Nuevo León en el periodo noviembre 2012 – marzo 2013.

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Tabla 12. Curso de capacitación ofrecido a los operadores del NSJP en el periodo Noviembre 2012 – Marzo 2013 Institución

Número de cursos

Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León

2

Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal del estado de Nuevo León (SIJUPE)

12

Nombre del curso 1. Justicia Restaurativa 2. Taller introductorio de litigio oral 1. Cuarto Modulo Taller: Investigación Inicial, Formal, Etapa Intermedia 2. Tercer Módulo la Investigación del Delito 3. Cuarto Modulo Taller: Investigación Inicial, Formal, Etapa Intermedia 4. Quinto Modulo El Juicio Oral 5. Quinto Modulo El Juicio Oral 6. Primer Módulo Introductorio para la Reforma Penal 7. Primer Módulo Introductorio para la Reforma Penal 8. Primer Módulo Introductorio para la Reforma Penal 9. Quinto Modulo El Juicio Oral

Poder Judicial del Estado de Nuevo León

3

10. Primer Módulo Introductorio para la Reforma Penal 11. Primer Módulo Introductorio para la Reforma Penal 12. Primer Módulo Introductorio para la Reforma Penal 1. Interpretación Jurídica 2. Interpretación y Argumentación Jurídica 3. Capacitación para Personal de Juzgados de Control y Gestión Judicial

Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León

72

1. Curso: Capacitación Básica Para Operadores Del Nuevo Sistema De Justicia Penal (Escribientes/auxiliares de investigación) 2. Curso: Capacitación Básica Para Operadores Del Nuevo Sistema De Justicia Penal (policías ministeriales) 3. Diplomado Para Asesor Victimológico 4. Foro Sobre El Juicio Oral (Agente del MP) 5. Foro Sobre El Juicio Oral (Delegado del MP) 6. Foro Sobre El Juicio Oral (AMPO) 7. Foro Sobre El Juicio Oral (Administrativo) 8. Fortalecimiento de competencias para la toma de denuncia: Redacción Jurídica, Media Filiación, Entrevista 9. Taller Avanzado Para Mediadores (USAID) 10. Diplomado De Justicia Restaurativa (USAID) 11. Modelo de gestión: proceso macro 12. Modelo de gestión: procesos de control de detenido 13. Modelo de gestión: procesos de control de detenido 14. Modelo de gestión: procesos de denuncias 15. Modelo de gestión: procesos de denuncias 16.Modelo de gestión: procesos de investigación 17. Modelo de gestión: procesos de investigación

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18. Modelo de gestión: procesos de investigación 19. Modelo de gestión: procesos de investigación 20. Modelo de gestión: procesos de denuncias 21. Modelo de gestión: procesos de denuncias 22. Modelo de gestión: procesos de investigación 23. Modelo de gestión: procesos de justicia penal alternativa 24. Modelo de gestión: procesos de justicia penal alternativa 25. Modelo de gestión: procesos de investigación (aux) 26. Modelo de gestión: procesos de investigación (aux) 27. Sensibilización al cambio 28. Sensibilización al cambio 29. Sensibilización al cambio 30. Sensibilización al cambio 31. Modelo de gestión: proceso macro COPAVIDET 32. Sensibilización al cambio 33. Modelo de gestión: proceso macro COPAVIDET 34. Curso de introducción a la PGJ gpo 3 35. Curso de introducción a la PGJ gpo 4 36. Impartición de la prueba en el juicio oral y la cadena de custodia gpo1 37. Impartición de la prueba en el juicio oral y la cadena de custodia gpo2 38. Violencia contra las mujeres gpo 1 39. Violencia contra las mujeres gpo 1 40. Violencia contra las mujeres gpo 3 41. Violencia contra las mujeres gpo 4 42. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 8 43. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 9 44. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 10 45. Atención al público en trámites y servicios 46. Capacitación básica para operadores del nsjp (aei) gpo 1 47. Capacitación básica para operadores del nsjp (aei) gpo 2 48. Capacitación básica para operadores del nsjp (aei) gpo 3 49. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 11 50. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 12 51. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 13 52. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 14 53. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 15 54. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 16 55. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 17 56. Derechos humanos en procuración de justicia gpo 18 57. Derechos humanos en procuración de justicia 58. Derechos humanos en procuración de justicia 59. Derechos humanos en procuración de justicia

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60. NSJP (auxiliares de investigación) 61. Derechos humanos en procuración de justicia 62. NSJP (auxiliares de investigación) 63. Diplomado de asesor victimológico 64. Especialidad en medicina forense 65. Derechos humanos en procuración de justicia 66. NSJP (auxiliares de investigación) 67. Diplomado de asesor victimológico 68. Especialidad en medicina forense 69. Derechos humanos en procuración de justicia 70. Diplomado de asesor victimológico 71. Especialidad en medicina forense 72. Capacitación básica para operadores del NSJP (unidad antisecuestro) Seguridad Pública del Estado de Nuevo León Universidad de Ciencias de la Seguridad

Información no proporcionada 0

Sin ser el responsable de capacitar a los nuevos operadores del sistema de justicia, el órgano implementador local ha llevado a cabo un número significativo acciones de capacitación. De manera más específica, se presenta a continuación el total de operadores que han sido capacitados por SJIUPE en el periodo enero 2012 – marzo 2013 de todas las instituciones. Puede observarse que los cursos han alcanzado a un gran número de operadores. Debe aclararse, que si bien estos cursos ofrecen un panorama introductorio de la reforma penal a los operadores, no son suficientes para asegurar que un operador se encuentra plenamente capacitado y preparado para cumplir de manera eficaz con las funciones que le corresponden en el sistema penal acusatorio. Aún más, debe señalarse que si bien SIJUPE puede fungir como apoyo brindando capacitación en el proceso de implementación, no es un órgano capacitador y la responsabilidad de capacitación del sistema no debe recaer sobre él. Tabla 13. Operadores capacitados por SIJUPE enero 2012 – marzo 2013 Operadores

Número

AMPOs

124

AMPIs Auxiliares de Investigación de la PGJ

65 167

Policías de Investigación de la PGJ

55

AMPUCDs

117

Mediadores

37

Defensores Públicos

60

Jueces de Control

5

30 www.ocj.org.mx

Jueces de Juicio Oral

3

Jueces de Ejecución

3

Policías de la SSP Estatal

0

Policías de Seguridad Pública Municipal

0

Secretarios del PJ Magistrados del PJ Personal operativo de la Administración Penitenciaria y Centros de Reclusión de la SSP

124/2012 13/2013 0 0

Abogados Particulares Reporteros o representantes de medios masivos de comunicación

508/2012 73/2013 0

4. REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL La Reorganización Institucional es una categoría compleja, en tanto que guarda una relación estrecha con otros ejes. En esencia, se refiere a todas las modificaciones que deben realizarse para la conformación de los nuevos puestos, áreas, estructuras, procesos y funciones que implica el NSJP. Esta categoría también toma especialmente en cuenta las nuevas facultades que algunos eslabones del NSJP deben adquirir para asegurar su funcionamiento, así como la modificación de organigramas, creación de protocolos y canales no sólo de comunicación, sino también de coordinación, para que el sistema sea adecuadamente implementado en su gradualidad. Este eje tiene un valor total de .11/1, de los cuales se obtuvo una ponderación de 65% en el estado de Nuevo León.

Eje 4. Reorganización Institucional Categoría/eje

N°

Indicador

Calificación Mayo-2013

Reorganización Institucional

1

Implementación del marco jurídico para la reorganización institucional

2

Planeación

.50

3

Modelo de Gestión

.8

4

Presupuestos

1

5

Creación/existencia de áreas necesarias para el funcionamiento del NSJP

.66

6

Evaluación

.38

7

Protocolos

.66

1

Total

.74

En el ámbito de reorganización institucional son muchos los cambios que deben introducirse, y diversas las estructuras que deben crearse, por lo que es esencial que esta reorganización tenga una planeación, apegada al proceso de implementación por delito de Nuevo León. En este caso, se ha realizado un primer paso trascendental, el diagnóstico inicial del sistema penal, que dará pie a la reorganización de todas las instituciones. Uno de los principales retos se encuentra en el plan integral de 31 www.ocj.org.mx

planeación que debe desarrollar cada institución, que considere todos los ejes, los delitos, y los niveles. Sólo de esta forma será posible anticiparse a los imprevistos, y definir las prioridades de la institución, así como los programas que debe efectuar para lograr la implementación efectiva. Otro de los temas que requerirá un énfasis especial es la situación de los Jueces de Ejecución y las autoridades de Administración Penitenciaria. De acuerdo a la normatividad del sistema penal acusatorio, los jueces de ejecución tienen importantes roles en materias relacionadas con penas y sanciones que se encuentran siendo purgadas, tanto en libertad como privados de ella. En este sentido, el juez de ejecución se encuentra involucrado con el sistema de administración penitenciaria, teniendo diferentes atribuciones que repercuten sobre los custodios, pero también sobre las autoridades de dicho sistema. Es importante para el ejercicio del NSJP la existencia de protocolos que sirvan como canales de coordinación bilaterales entre dichos jueces y el sistema de administración penitenciaria en forma de mecanismos formales. Se reconoce que existe comunicación entre estas dos entidades; no obstante, al no existir los protocolos, no puede hablarse de una real coordinación, por lo que las características del NSJP no se traducen en realidades dentro de los centros penitenciarios, subsistiendo malas prácticas típicas en el sistema tradicional. Otro tema de suma importancia es en cuanto a los operadores del NSJP que están dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Actualmente, la PGJNL cuenta actualmente con 64 Agentes del Ministerio Público Orientadores, 37 Mediadores, 65 Agentes del Ministerio Público Investigador, 89 Agentes del Ministerio Publico de las Unidades de Control de Detenidos, 55 Policías investigadores y 167 Auxiliares de Investigación. Es decir, el total de los operadores del nuevo sistema de justicia penal en la PGJNL es de 477 y de este total el 35% son auxiliares de investigación. La figura de auxiliar de investigación no se encuentra prevista en la Constitución, y para que el NSJP opere de manera efectiva, no es necesario que exista dicha figura. También, es importante mencionar que se está invirtiendo tiempo y recursos en capacitar a los auxiliares de investigación, porque de acuerdo a la información que recibimos por parte de la PGJNL, todos los auxiliares de investigación han recibido al menos una capacitación sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Estas capacitaciones debieran ser utilizadas en Policías debido a que, de acuerdo a la Constitución y a lo establecido para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio, son los Policías en coordinación con el Ministerio Publico los indicados para llevar a cabo las investigaciones de los delitos. Otro aspecto que exige atención en el eje de Reorganización Institucional es la Unidad de Medidas Cautelares. Esta unidad interinstitucional de servicios previos al juicio deberá llevar a cabo actividades de recomendación y seguimiento a medidas cautelares; llevándose a cabo ambas funciones. Esta función requerirá de una coordinación entre personal especializado para la formulación de medidas cautelares y policías para el seguimiento y acato. La acentuación de las medidas previas al juicio y las medidas

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cautelares es de vital importancia para la correcta operatividad del NSJP, en tanto que sirven para reducir las cifras de impunidad y evitar el uso excesivo de la prisión preventiva.

5. EJE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO El eje de Infraestructura y Equipamiento tuvo un puntaje total de 65%. Este eje se relaciona con los espacios, construcciones y equipo disponible y necesario para el desempeño de las funciones del NSJP. Se considera una categoría complementaría a la Capacitación y Servicio Civil de Carrera y a la de Reorganización Institucional, en tanto que es fundamental que los operadores capacitados y las nuevas áreas tengan un espacio destinado para la realización de sus funciones. Eje 5. Infraestructura y Equipamiento Categoría/eje

N°

Indicador

Calificación Mayo-2013

Infraestructura y Equipamiento

1

Infraestructura

0.56

2

Las instituciones cuentan con el equipamiento mínimo requerido para su funcionamiento

0.4

3

Presupuesto

1 Total

0.646

Uno de los aspectos más importantes en este ámbito tiene que ver con los Centros de Orientación y Denuncia (CODE), cuya apertura significa un avance en el proceso de implementación, y que implican un elevado esfuerzo de edificación o reestructuración de espacios, en aras de que sean adecuados a los requerimientos del NSJP. En el ámbito del equipamiento, el NSJP también significa una modernización de los equipos de investigación y servicios periciales. Este ámbito no ha presentado evolución o retroceso desde la anterior evaluación. Es importante señalar la carencia o estado bajo de espacios físicos operativos para los defensores públicos, tanto en los juzgados como en los centros penitenciarios. Para la correcta operación del NSJP, la Defensoría y los defensores deberán contar con el equipo y adecuaciones materiales que permitan la realización de sus actividades debido al peso que ésta representa en el sistema penal acusatorio tanto en los penales, en los que existe de manera incipiente, como en los juzgados; donde no se ha adecuado. Otra de las características de la infraestructura en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es la construcción y funcionamiento de los CODES (Centros de Atención y Denuncia). A continuación se presenta una lista de los CODES que han sido establecidos:

CODE APODACA ESCOBEDO

DIRECCIÓN ABASOLO #901 COLONIA FUTURO APODACA EN APODACA AV. LAS TORRES #401 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL MARIANO ESCOBEDO EN ESCOBEDO

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VIALES MONTERREY SAN NICOLÁS ZONA NORTE SAN JERONIMO ALAMEY JUAREZ ZONA SUR SAN PEDRO SANTA CATARINA MONTEMORELOS JUSTICIA FAMILIAR MONTERREY* JUSTICIA FAMILIAR ESCOBEDO* CADEREYTA GARCIA PALACIO DE JUSTICIA POLICIA MINISTERIAL**

AV. LINCOLN #300 COLONIA MORELOS EN MONTERREY JORGE GONZALEZ CAMARENA COLONIA EL ROBLE EN SAN NICOLAS AZTLAN S/N ESQUINA CON APOLO COLONIA SAN BERNABE EN MONTERREY AV. SAN JERONIMO #510 COLONIA SAN JERÓNIMO EN MONTERREY MARIANO ARISTA S/N COLONIA DEL NORTE EN MONTERREY B. REYES #313 COLONIA CENTRO DE JUÁREZ LAGO DE PATZCUARO #120 COLONIA INDEPENDENCIA EN MONTERREY CORREGIDORA #507 COLONIA CENTRO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA MIGUEL HIDALGO #102 COLONIA INFONAVIT LA HUASTECA EN SANTA CATARINA AV. CAPITAN ALONSO DE LEON ESQUINA CON CALLE FRANCISCO ZARCO S/N COLONIA ZARAGOZA EN MONTEMORELOS N.L. HIDALGO #274 ENTRE GARIBALDI Y CUAHUTEMOC EN EL CENTRO DE MONTERREY AV. LAS TORRES ESQUINA CON GRAFITO COLONIA PEDREGAL EN ESCOBEDO CARRETERA LIBRE MONTERREY - REYNOSA KM 29+900 COL. CALVARIO LERDO DE TEJADA #103 COLONIA SAN MARTIN AV. RODRIGO GOMEZ S/N COLONIA VALLE MORELOS EDIFICIO DE PALACIO AV. GONZALITOS #2300 COLONIA URDIALES EN MONTERREY

Será tarea del próximo informe investigar las condiciones bajo los que operan los CODES arriba señalados, especialmente identificar cuales operan con personal exclusivo del sistema acusatorio y señalar como alerta los que cuentan con personal del sistema tradicional, que estaría duplicando funciones.

6. EJE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN El eje de Tecnologías de Información obtuvo un puntaje de 45%. Tiene un peso proporcional de 0.085/1 del total, puesto que se considera indispensable para consolidar el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Es interesante señalar que no todas las instituciones neoleonesas cuentan con una plataforma tecnológica especializada para el registro y seguimiento de los casos, haciendo más difícil encontrar relaciones y cumplir con las funcionalidades requeridas por cada operador en el NSJP. Eje 6. Tecnologías de Información Indicador

Categoría/eje

N°

Calificación Mayo-2013

Tecnologías de información

1

Plataforma tecnológica

0.75

2

Software interinstitucional

0.25

3

Presupuestos

0.75 Total

0.55

Se reconoce que el paso siguiente en el proceso de implementación implicará la adopción de una plataforma interinstitucional, de modo que la información pueda compartirse ente todas las instituciones para agilizar procesos, aunque tendrá ciertos elementos que podrán adquirir el carácter de privacidad por su propia naturaleza. Esta plataforma interinstitucional ya ha sido diseñada, a pesar de que aún se encuentra en desarrollo.

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Se recalca la carencia de un software tecnológico especializado en la Defensoría, en tanto que los avances en el eje tecnología permitirían una visión más analítica de los datos, permitiendo encontrar correlaciones estadísticas entre los casos y participación de defensores, representando un importante avance dentro de los planteamientos del NSJP. Se recomienda la adopción de un software de esta índole, más allá del uso de plataformas como Excel para el registro y seguimiento de los casos. 7. EJE DE DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Esta categoría obtuvo un puntaje de 56%, y tiene también un valor ponderado de 0.085/1. Con respecto al informe anterior, se presentó un avance general de 6% en el avance de la implementación. Esta categoría contempla tres vertientes. La primera es la difusión, en tanto que un nuevo sistema penal, exige dar a conocer a la población las reglas que regirán el procedimiento, sus derechos, la forma de exigirlos, las funciones de cada institución y cuándo y de qué forma acudir a ella. La segunda vertiente que integra esta categoría es la transparencia, que se refiere a poner a disposición del ciudadano toda la información referente a los procesos que llevan las instituciones parte del sistema penal, pero también los datos de la misma estructura penal; el presupuesto y su distribución, el organigrama, el directorio, y todas las acciones que llevan a cabo las instituciones para implementar y operar el sistema. La última vertiente, ampliamente relacionada con la anterior, es la participación ciudadana. Un Estado democrático se caracteriza por la existencia de canales de participación para la ciudadanía. No se trata sólo de la vigilancia de las instituciones y la actuación del Estado, sino de la evaluación de los procesos para la propuesta y diseño de políticas públicas. En referencia a las Acciones y medios de difusión, persiste la falta de uso de las redes sociales como recurso gratuito que permite aproximarse a diversos y amplios sectores poblacionales. Se reconoce el esfuerzo, en este sentido, del Poder Judicial; si bien no envía mensajes únicamente sobre el sistema acusatorio, ha acentuado el aprovechamiento de dichas plataformas para transmitir información importante con respecto a la institución además de constituirse como un espacio de interacción con los ciudadanos. Este punto implica una reducida inversión económica, por lo que se recomienda su aplicación para todas las instituciones, con especial énfasis para el Órgano Técnico Implementador, SIJUPE, pues es responsable de dirigir las acciones de difusión de las instituciones neoleonesas. La elaboración de un plan integral de difusión que atienda a mecanismos de evaluación de impacto de las acciones y medios de comunicación utilizados es necesario para una adecuada implementación que integre en sus procesos a la sociedad civil. Cabe señalar que la impresión de materiales visuales como boletines o folletos no es un indicativo suficiente de difusión, puesto que su impacto sobre el conocimiento y la percepción del Nuevo Sistema entre la ciudadanía no alcanza su máximo potencial. 35 www.ocj.org.mx

Respecto a la transparencia en los sitios de internet, se encuentra un 48%. Es positivo que a partir de la evaluación pasada, las instituciones subieron un 11% su calificación a través de la publicación de información importante actualizada en sus sitios web. No obstante, la cifra continúa insuficiente, por lo que es importante que las instituciones muestren la voluntad de poner a disposición pública y de manera permanente los datos. Es preciso recordar que la transparencia es uno de los principales valores del NSJP, puesto que impulsa mayor claridad en todos los ámbitos y ejes. Asimismo, se recomienda la creación de páginas web individuales para cada una de las instituciones, con la finalidad de crear interfaces más amigables para los ciudadanos que busquen información institucional en el portal oficial, en tanto que la estrategia de funcionamiento a través del portal del Gobierno del Estado es confusa y difícil de utilizar. A continuación se presentan los puntajes obtenidos para cada indicador y para la categoría. Eje 7. Difusión, Transparencia y Participación Ciudadana Categoría/eje

N°

Indicador

Calificación Mayo-2013

Tecnologías de información

1

Acciones y medios de difusión

0.46

2

Transparencia en el sitio web

0.48

3

Participación ciudadana

.8

4

Presupuesto

.8 Total

0.55

8. CONSTITUCIONALIDAD Esta categoría obtuvo un puntaje de 100%. Este eje se añadió ya que si bien los proyectos normativos que contienen las figuras y áreas esenciales señaladas por la Reforma Constitucional pueden haber sido aprobados, los procesos y la plena correspondencia de éstos con los principios constitucionales no se encuentran asegurados. Por lo tanto, este eje se refiere a la adecuación y correspondencia entre la normatividad jurídica de los estados, reflejados en las Constituciones locales, leyes orgánicas y reglamentos afines al NSJP, con las leyes establecidas por la Constitución Federal, los Derechos Humanos y las obligaciones internacionales de México adquiridas a través de tratados y que se encuentran plasmados en los cinco principios constitucionales para un sistema acusatorio. De esta manera, se revisa que no exista contradicción entre las leyes del estado y las federales. Es importante señalar que, en una primera instancia al aprobarse la Reforma en una entidad federativa, el estado recibe un puntaje máximo de 1, en tanto que su normatividad se presume estará armonizada a los principios básicos del nuevo sistema.

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No obstante, las leyes posteriores a dicha promulgación deben de encontrarse acordes a estos mismos principios, ya que la existencia de contradicciones y diferencias puede significar regresión. Este eje tiene una ponderación de .16 en el total del puntaje, puesto que se considera fundamental para la adecuada implementación del sistema penal acusatorio. Los principios del debido proceso penal que están siendo evaluados en esta pauta son la independencia e imparcialidad del Tribunal, el Derecho a un juicio previo, el Principio contradictorio, el Principio de inmediación, el Derecho de defensa, el Derecho a la igualdad procesal, el Principio de publicidad, la libre valoración de la prueba, el Principio de fundamentación de las decisiones, el Principio de celeridad, el Principio de proporcionalidad, el Derecho a deducir recursos, el Principio de continuidad y el Principio de concentración. De igual forma se están evaluando principios o garantías penales los cuales son el Principio de inocencia del imputado, el Principio de legalidad, el Principio de intervención mínima, el Principio de lesividad, el Principio de responsabilidad personal y el Principio de resocialización. De acuerdo al eje de Normatividad, los proyectos que ya fueron aprobados son La Reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el Nuevo Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León, la Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y la Nueva Ley del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León. Estas leyes fueron evaluadas dentro de este eje y obtuvieron el total de los puntos ya que los proyectos están siguiendo los principios evaluados en esta pauta. Es de suma importancia que las leyes que no han sido aprobadas o que aún están en etapa de elaboración cumplan con los estándares que se evalúan en el eje de Constitucionalidad para que de esta manera no se violen principios constitucionales y se cumplan las obligaciones internacionales de México adquiridas a través de tratados internacionales. Eje 8. Constitucionalidad Categoría/eje

N°

Indicador

Calificación Mayo-2013

Constitucionalidad

1

Independencia e imparcialidad del tribunal

1

2

Derecho a un juicio previo

1

3

El principio contradictorio o adversarial

1

4

El principio de inmediación

1

5

El derecho de defensa

1

6

El derecho a la igualdad procesal

1

7

El principio de publicidad

1

8

La libre valoración de la prueba

1

9

El principio de fundamentación de las decisiones

1

10

El principio de celeridad

1

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11

El principio de proporcionalidad

1

12

El derecho a deducir recursos

1

13

El principio de continuidad

1

14

El principio de concentración

1

15

Principio de inocencia del imputado

1

16

El principio de legalidad

1

17

El principio de intervención mínima

1

18

El principio de lesividad

1

19

El principio de responsabilidad personal

1

20

El principio de resocialización

1 Total

1

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los avances en el proceso de implementación en los distintos ejes evaluados se reflejan en un avance total de 76% en el periodo noviembre 2012 – marzo 2013, lo que representa un avance del 4% respecto al mes de noviembre de 2012. El diagnóstico del estado actual de la implementación en Nuevo León orienta sobre ciertas líneas que contribuirían a un fortalecimiento del sistema de justicia penal en el estado. En ese sentido, el Observatorio Ciudadano de la Justicia presenta las siguientes recomendaciones a las instituciones del estado: 1. Reforzar los compromisos políticos de las instituciones y las autoridades legislativas para la aprobación de los proyectos normativos necesarios para la operación del NSJP que aún se encuentran pendientes: Nuevo Código Penal de Nuevo León, la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, y una Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos que asuma a su vez los compromisos de la ley general análoga. De especial relevancia resulta la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, que permitirá que se asiente la estructura para un modelo de justicia alternativa apegado a la Constitución y a estándares internacionales, superando los modelos discrecionales o de aplicación de justicia sujeta a criterios no homologados. 2. Si bien el Modelo de Gestión Interinstitucional ya está desarrollado, consensado y actualmente se está capacitando a los operadores del sistema en su utilización, será necesario instrumentarlo en todas las instituciones a través de un software para hacer viable su uso y que realmente mejore la coordinación y comunicación entre dichas instituciones. Si la Secretaría de Seguridad Pública y las Policías Municipales no se adhieren a este proceso, nunca podrá instaurarse un modelo de gestión que realmente sea interinstitucional y contemple a todas las instituciones involucradas en un proceso penal. La ruta de los casos debe ser fluida entre una institución y otra, sin perderse información, por lo que el establecimiento del número único de expediente será indispensable. 3. Crear las Unidades de Medidas Cautelares, las cuales son necesarias para proteger el proceso y a la sociedad en general. Estas unidades funcionarán como filtro dentro del proceso y servirán para corroborar si la persona merece estar en libertad o si existe algún riesgo para la sociedad. De igual forma, con estas unidades se respetará la presunción de inocencia sin ignorar el respeto a la seguridad de las personas y de la víctima. Ya existe una partida federal destinada para este año que asciende a un monto de $3,000,000.00. queda pendiente definir la Institución que alojará esta Unidad, que en otros estados como Morelos, recae en la Secretaria de Seguridad Pública.

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4. Diseñar una estrategia de difusión que permita que el conocimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal realmente permee en la sociedad. Para ello, será necesario que las Instituciones se vinculen con Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades, para lograr una apropiación e identificación genuina con el tema. La difusión debe hacer énfasis en la finalidad del nuevo sistema de justicia penal: el respeto de los derechos de víctimas e imputados en un proceso. De acuerdo con información proporcionada por el Órgano Implementador, el Gobierno del Estado autorizó $6, 857,000.00 para un Plan General de Difusión. Se sugiere que en este Plan no se incluya impresión de pósters, folletos, y materiales similares, en tanto que su alcance es limitado y no comunican la esencia del nuevo sistema penal. En contrario, por su alto impacto y bajo costo, se recomienda la utilización de herramientas disponibles son diversas y deberán ser utilizadas por las Instituciones; redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter), sitios de internet, así como material audiovisual atractivo ya realizado que podría retomarse. 5. Fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional, específicamente a través de al menos una reunión durante el año 2013 entre los titulares de los tres Poderes y directivos de todas las instituciones parte del Sistema de Justicia Penal. En la reunión deberán estar presentes el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, el Presidente del Congreso del Estado, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el Procurador General de Justicia, el Secretario de Seguridad Pública, el Director del Instituto de la Defensoría Pública, así como el Director del Órgano Implementador Local. En este espacio deberán acordarse líneas específicas del Plan de Implementación del Nuevo Sistema del año 2014, mismas que deberán ser públicas. 6. El eje de capacitación demuestra grandes avances para las instituciones, debido a que se han ido adhiriendo a los cursos y modelos de capacitación algunas temáticas transversales como la de los derechos humanos. Asimismo, se reconoce el esfuerzo de PGJ y SIJUPE para la capacitación de policías municipales, en tanto que se han llevado a cabo convenios con organizaciones para la impartición de cursos. El reto a futuro es profundizar dicha capacitación con proyectos sólidos e integrales a través de los recursos de un monto de $6,038,500.00 pesos dirigidos de SETEC, a través de SIJUPE, para la inducción de los Ayuntamientos en el NSJP a través de cursos, así como el proyecto de modelo de coordinación operativa de las policías del nuevo sistema de justicia penal. La capacitación constante y profunda para policías ayudará a éstos a cumplir con las nuevas funciones que les otorga el sistema acusatorio en materia de investigación, al tiempo que ayudará a reducir la participación de los auxiliares de investigación en el proceso. 7. En materia de Reorganización, se recomienda a la Defensoría Pública la mayor sistematización de protocolos y procesos, utilizando para este medio los recursos de $2,325,333.33 dirigidos por parte de SETEC a través de SIJUPE para proyectos de “Diseño e implementación de protocolos de actuación de los defensores públicos del Estado en materia penal, dentro del sistema acusatorio” y “Sistematización 40 www.ocj.org.mx

de los procesos en las áreas de defensa penal”; la mayor profesionalización de IDP que coadyuvaran a la adecuada implementación de la reforma. 8. En materia de infraestructura y equipamiento, se celebra la aprobación del proyecto inversión de recursos para mobiliario y equipo de cómputo para el Poder Judicial que representa un total de $2,984,389.66 pesos, entre recursos estatales y federales. Es importante que, para potencializar el efecto de tan importante inversión en mobiliario y equipamiento, se tomen en cuenta las necesidades de infraestructura y locación e incidencia de casos. 9. Sobre el nombramiento de los nuevos operadores del Poder Judicial, se deberá realizar bajo un esquema de servicio civil profesional de carrera, así como la consideración del factor incidencia de casos, para que las ubicaciones geográficas sean estratégicas, puesto que en el modelo actual los juzgados no es eficiente ni adecuado, pues se encuentran aglutinados en lugares específicos de difícil acceso para segmentos poblacionales de todos los municipios de Monterrey y la Zona Metropolitana, así como el resto del estado.

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