Panorama LOS EFECTOS DE UN DECRETO PRESIDENCIAL

Industria pesquera, a la deriva MARY TRINY ZEA AET ELISA TEJERA C. [email protected]

CRISIS. La prohibición de la pesca con palangre afectó la actividad en el puerto de Coquira, en Chepo, Juan Díaz y Vacamonte. LA PRENSA/Maydée Romero Sprang

Infografía: Redes El gobierno de Ricardo Martinelli decidió que Panamá debía “ordenar” la pesca y para ello dio un mandato: prohibirles a las embarcaciones industriales la pesca en línea con anzuelos. La decisión se vendió y publicitó como una solución casi salomónica para preservar el ecosistema marino. Se trataba, según el Gobierno, de eliminar un mecanismo con el que se daban descomunales capturas, porque en las líneas de pesca con anzuelos caían de manera incidental especies como tiburones, tortugas y rayas que no sobrevivían, a pesar de que eran devueltas al mar. Fue con esta bandera que se promulgó, de un solo plumazo, el Decreto Ejecutivo 486 del 29 de diciembre de 2010, que prohíbe la pesca industrial con el método de palangre. Ha pasado un año y seis meses desde aquel cambio de reglas y el sector pesquero se encuentra a la deriva.

El balance es deprimente, desde el punto de vista económico y la óptica ambiental. Hay decenas de embarcaciones paradas, cientos de empleos perdidos, y de exportaciones con una caída del 67.5% a febrero de 2012, en comparación con el año anterior. Desde 2011 la industria empezó a mostrar signos de agotamiento y tasas de crecimiento negativas por “la disminución en la captura de especies orientadas a la exportación”, destacó un informe de la Contraloría General. Esta tendencia se ha agudizado. En el primer bimestre de 2012, en el envío de atún de aleta amarilla, pescado fresco y filetes –los mayores productos marinos de exportación– se lograron transacciones por un valor de apenas 3.9 millones de dólares, 7.2 millones menos que en el mismo período del año pasado. Y más allá del desplome económico, la comunidad científica local e internacional cuestiona fuertemente la medida tomada por el Gobierno panameño, ante la falta de argumentos sólidos que respalden la eliminación de la pesca en línea con anzuelos. Héctor Guzmán, biólogo marino del Instituto Smith- sonian de Investigaciones Tropicales, dijo que si el objetivo de la ley era proteger los recursos marinos pesqueros en Panamá “se equivocaron”, porque no se está protegiendo nada. Explica que, paradójicamente, mientras en el país se les prohíbe a los industriales el uso de líneas de anzuelos, de los tiburones que se venden en los supermercados locales, el 90% es crías inmaduras que nunca se reprodujeron. Un bote artesanal captura en promedio 300 crías por semana y el 96% de la pesca de tiburón (cazón) se registra en aguas ribereñas y costeras. “En Panamá no hay un ordenamiento pesquero y los resultados de estudios sobre los recursos marinos son alarmantes”, aseguró. Por su lado, el Instituto de Investigación Marina, en Bergen, Noruega, que compara los efectos colaterales de todas las formas de pesca, sustenta que el palangre es uno de los métodos menos dañinos para el ecosistema (ver cuadro). Argumentan que con este mecanismo hay un mínimo de pesca fantasma, que es cuando las redes quedan enredadas en el fondo del mar atrapando especies por años. Mientras, la pesca con arrastre y trasmallos, utilizada mayormente en Panamá, es la que tiene los índices de mayor impacto al ecosistema. Wildfire Foundation (WWF), una de las organizaciones de conservación más importantes en todo el mundo, también hizo críticas. “Prohibir sin base en evaluaciones reales no debe ser confundido con manejo u ordenamiento; los argumentos para la prohibición aplicada a esta flota carecen de sustento técnico”, dijo Lucas Pacheco, exoficial de pesquerías de la entidad que conversó con este diario cuando se mantenía en el cargo. En Panamá ni siquiera había cifras que demostraran que el palangre estaba acabando con las especies. La WWF tenía observadores en el 25% de la flota que utilizaba palangre, pero el aporte de la información científica ya no existe tras la firma del decreto, lo que empeora la situación. Al no haber data que analizar, tampoco hay medidas de mitigación que aplicar. En los últimos 10 años, en Panamá y en todo el Pacífico de América Latina, la población de tortuga golfina y negra se ha duplicado, lo que no justifica la prohibición, señala Martín Hall, del programa de captura incidental de la Comisión Internacional del Atún Tropical.

Hall, que ha trabajado durante 50 años en estudios marinos en Panamá, calificó el decreto como “drástico”, ya que desde México hasta Perú el palangre sigue vigente, y lo que se ha propuesto son medidas de mitigación. “Para saber cuál es la pesca más dañina hay que tener datos, y en Panamá no hay cifras. No hay que satanizar ningún tipo de pesca”, manifestó. Otro especialista que descalificó el supuesto ordenamiento fue Juan Maté, asesor científico para asuntos costeros marinos del Smithsonian. A su juicio, se debió empezar por adecuar la ley de pesca que data de 1959, que “está obsoleta”, y en la que se tipifica como pesca artesanal barcos que en la práctica son industriales. Ángel Vega, científico y catedrático de la Universidad de Panamá en Veraguas, alerta sobre la decisión, que además calificó de “inconsulta”. En su trabajo sobre La pesquería de pez dorado en el golfo de Chiriquí de 2009-2010, concluye que la “captura incidental de tortugas y tiburones fue baja, pues fueron pocos los individuos capturados en función de la cantidad de anzuelos utilizados”. “No se trata de eliminar artes de pesca de un plumazo, se trata de hacer un análisis basado en fundamentos científicos”, criticó. El Gobierno, en tanto, es esquivo respecto a los resultados del decreto. Desde septiembre de 2011 este diario comenzó el proceso de solicitud de información ante la Autoridad de los Recursos Acuáticos y Pesqueros (ARAP) para conocer el balance después de prohibirse la pesca en línea con anzuelos. Sin embargo, tras el envío formal de nueve correos electrónicos y varias conversaciones telefónicas, los encargados de prensa de esta entidad advirtieron verbalmente, el 23 de noviembre de 2011, de que no se daría información de este tema “y menos a La Prensa”. Dos meses después, Giovanni Lauri Carreti, director de la ARAP, dijo en un acto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) que no tenían un balance. “Estamos trabajando en las cifras para hacer unas declaraciones, pero si ustedes les preguntan a los pescadores artesanales, a todos les ha ido mucho mejor que en años anteriores”, fueron las parcas declaraciones de Lauri, al insistir en el tema. Emilio Kieswetter Rubio, en sus últimos meses como ministro de Desarrollo Agropecuario del actual gobierno, confesó una razón que hasta ese momento no era parte de los principales argumentos del staff del presidente Martinelli. Reveló que se prohibió la pesca en línea con anzuelos para favorecer la pesca deportiva. “Lo positivo es que el turismo que se dedica a la pesca deportiva aumentó en el país”. Kieswetter Rubio indicó que la prohibición ayudó a incrementar la cantidad de recurso marino que se necesita para practicar la pesca deportiva. “Con esta medida se ha visto un efecto positivo para la flora y fauna del país”. En un corto tiempo el turismo deportivo en el país se triplicará, dijo uno de los aliados del Presidente hasta ese momento. Se impulsará el turismo de pesca deportiva, que en Costa Rica genera 500 millones de dólares, indicó el exfuncionario, quien presentó la propuesta al Gabinete en representación de la ARAP, entidad que está bajo la tutela del Mida.

Sus declaraciones coinciden con las del administrador de Turismo, Salomón Shamah, que se había mantenido aislado de este tema, pero que tras bastidores impulsó la medida. Shamah declaró que fue él y el ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, quienes impulsaron el decreto. “Yo apoyé al ministro Papadimitriu. Primero porque había que impulsar la pesca deportiva, segundo porque hay que proteger el mar, y tercero porque se lograría la reconversión de los pescadores con palangre”, dijo. Papadimitriu, en tanto, negó los señalamientos de Shamah. Entendemos que usted y el ministro Shamah impulsaron el decreto en Gabinete para que fuese aprobado para impulsar, en parte, la pesca deportiva. “Falso. Yo no impulsé nada con el Sr. Shamah”. El ministro de la Presidencia, además, expresó que esa fue una instrucción que le dio el presidente al titular del Mida. “Y creo que es la ARAP la encargada de eso”. Cabe señalar que Giovanni Lauri, administrador de la ARAP, trabajó como ejecutivo de Sea Deli Panamá, empresa de la familia Papadimitriu, dedicada al procesamiento y exportación de camarones, y para lo cual no se usa el palangre. Ante estas coincidencias, Gustavo Justines, gerente de la empresa Pesca Fina, dijo que la ARAP ha mantenido su posición ante un grupo de presión que considera a las demás empresas como enemigas y no como competidoras”. Precisó que el objetivo detrás del decreto era hacerle daño a las empresas pesqueras, y no se trataba de proteger ningún recurso. “Los pescadores deportivos se han aprovechado de la situación para mantener la exclusividad de ciertas zonas...”. Segunda entrega: Empresas se hunden tras decreto

MIL PERSONAS PIERDEN SU EMPLEO Con esta prohibición se paralizaron 116 embarcaciones industriales palangreras, de acuerdo con los registros de la ARAP. La medida dejó sin empleo directamente a mil personas que trabajaban en los barcos, entre los que se encuentran 300 que les daban mantenimiento a las embarcaciones y a otras 700 de las plantas procesadoras. Estos cálculos no incluyen al personal que laboraba en la cadena logística que respaldaba los mil contenedores anuales que se exportaban ni a los proveedores de insumos. Pese a los perjuicios económicos son pocos los que se atreven a dar detalle de lo sucedido, pues hablar del tema provoca terror. Panalang Unión, Bahía Azul, South Winds Sea Food Company, y Marpesca son algunas de las compañías que lideraban la exportación de pescado y que fueron afectadas con la emisión del decreto que prohíbe el uso de anzuelos en línea; sin embargo, sus representantes prefirieron guardar silencio. Otros empresarios se mostraban dispuestos a conversar del sector, siempre que el tema no estuviese vinculado al palangre.

La sola pregunta del efecto de la prohibición era como una amenaza, se les quebraba la voz, se ponían nerviosos, y pedían apagar la grabadora, o se marchaban. El cierre de sus negocios y la restricción en la salida de sus embarcaciones fueron algunas de las razones que los obligaron a guardar silencio. “Es una decisión política del Gobierno que ha llevado a la industria a la quiebra”, coinciden algunos de los exportadores, que prefirieron la reserva de su nombre. Mary Triny Zea C. Aet Elisa Tejera