29 de Noviembre de 2011

INFORME

2011

Este informe analiza la evolución de la cultura de la Responsabilidad Social Corporativa en 2011, destacando su vital relevancia en tiempos de incertidumbre y haciendo referencia expresa a la responsabilidad social de las Administraciones Públicas.

RSC COMO REMEDIO A LA INCERTIDUMBRE

Contenido INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 7 1.

EVOLUCIÓN DE LA CULTURA RSC DESDE 2010 ..................................................................... 8

2.

CLIMA DE OPINIÓN RESPECTO DE LA RSC........................................................................... 27 2.1. Contribución al bienestar de las empresas españolas ..................................................... 28 2.2. Las instituciones más apreciadas ..................................................................................... 29 2.3. ¿Se penaliza la falta de responsabilidad medioambiental y social? ................................ 30 2.4. Los sectores que generan más y menos confianza .......................................................... 31 2.5. Las cuestiones de rsc consideradas más relevantes ........................................................ 32 2.6. Grado de desempeño en los diferentes asuntos de RS................................................... 33 2.7. Valorando la información de las memorias de RSC ......................................................... 34 2.8. El informe de RSC ¿la fuente de información más fiable? ............................................... 35 2.9. Presente y futuro de la RSC.............................................................................................. 36 2.10. Confianza en el futuro de la RSC ¿Aumentará el interés a pesar de la actual situación? ................................................................................................................................................. 38 2.11. Los poderes públicos ¿mantendrán como el interés por la RSC? .................................. 39

3.

LA RSC EN SECTORES ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .............................. 40 3.1. Una aproximación a las cifras del sector.......................................................................... 42 3.2. El marco conceptual y normativo .................................................................................... 48 3.3. Actuaciones en materia de RSC – España ........................................................................ 96

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 117 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS ................................................................................................... 120

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Índice de Gráficos Gráfico 1. Confianza global en los Negocios. Top 10 de los países por PIB ................................ 10 Gráfico 2. Confianza global en el Gobierno. Top 10 de los países por PIB.................................. 11 Gráfico 3. De acuerdo: ¿Debería el Gobierno regular las actividades de las corporaciones para que aseguren que los negocios se comporten con responsabilidad? ........................................ 11 Gráfico 4. Índice de Responsabilidad Social de las Empresas ..................................................... 13 Gráfico 5. ¿Qué empresa ha cambiado más entre el año 2009 y 2010? .................................... 14 Gráfico 6. Ranking del Índice General de Reputación País ......................................................... 15 Gráfico 7. Ranking de Países según su entorno económico percibido ....................................... 16 Gráfico 8. Sectores Económicos con mejor Reputación en España 2011 ................................... 18 Gráfico 9. Empresas con mayor Reputación en España en el 2011 ............................................ 19 Gráfico 10. Las cinco primeras empresas con mayor reputación en Oferta e Innovación ......... 20 Gráfico 11. Las cinco primeras empresas con mayor reputación en Trabajo y Finanzas ........... 21 Gráfico 12. Las cinco primeras empresas con mayor reputación en Ciudadanía, Liderazgo e Integridad .................................................................................................................................... 22 Gráfico 13. Evolución del número de consultas, reclamaciones y entidades adheridas de Confianza Online 2003 – 2010 .................................................................................................... 25 Gráfico 14. Contribución de las empresas al bienestar de la sociedad. Señale de entre las siguientes afirmaciones aquella con la que esté más de acuerdo.............................................. 28 Gráfico 15. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (2011) 29 Gráfico 16. ¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes informaciones? (2011) ................ 30 Gráfico 17. Valoración de la confianza en las compañías por sectores (2011)........................... 31 Gráfico 18. ¿Qué asuntos cree que deberían ser prioritarios en las agendas de RSC de las compañías? ................................................................................................................................. 32 Gráfico 19. ¿Cuál cree que es el desempeño de las compañías españolas en cada uno de los asuntos siguientes? ..................................................................................................................... 33 Gráfico 20. Indique cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor su percepción sobre la información en materia de responsabilidad corporativa que actualmente elaboran las compañías españolas .................................................................................................................. 34

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Gráfico 21. Indique la credibilidad que a la hora de formarse una opinión tienen las siguientes fuentes ........................................................................................................................................ 35 Gráfico 22. Evolución de la responsabilidad de las compañías españolas.................................. 36 Gráfico 23. ¿Cuál era, a su juicio, la atención que recibía la Responsabilidad Social Corporativa por parte de la Alta Dirección de las compañías hace tres años? ¿Cuál es la atención que recibe hoy? ¿Cuál será, a su juicio, la que recibirá dentro de tres años? .............................................. 37 Gráfico 24. Cómo va a afectar el actual clima de incertidumbre económica a la cultura de la RSC de las compañías españolas................................................................................................. 38 Gráfico 25. ¿Cómo va a afectar el actual clima de incertidumbre económica a la atención que prestan los poderes públicos a la RSC? ....................................................................................... 39 Gráfico 26. Tamaño de las AAPP en España. Evolución de los recursos corrientes o no financieros................................................................................................................................... 42 Gráfico 27. Peso de las Administraciones Públicas en el PIB (recursos no financieros) ............. 43 Gráfico 28. Peso de las Administraciones Públicas en el PIB (empleos no financieros) ............. 44 Gráfico 29. Evolución de los empleos no financieros en las AAPP, por nivel de administración. Índices 1995=100 ........................................................................................................................ 44 Gráfico 30. Evolución de los asalariados en el Sector Público. Miles de personas..................... 45 Gráfico 31. Evolución de peso relativo de los asalariados en el Sector Público sobre el total de asalariados en España. Porcentajes ............................................................................................ 46 Gráfico 32. Evolución de peso relativo de los asalariados de los distintos niveles de las AAPP en el total de asalariados en España. Porcentajes........................................................................... 46 Gráfico 33. Evolución de la Remuneración de los Asalariados en los distintos niveles de las AAPP. Índices 1995=100.............................................................................................................. 47 Gráfico 34. Evolución de la Capacidad o Necesidad de Financiación de las AAPP. Millones de euros............................................................................................................................................ 47

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INTRODUCCIÓN El presente informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) pretende dar continuidad a la serie de informes iniciada en 2007 cuyo objetivo es tratar de dar cuenta, anualmente, de los principales avances que experimenta la introducción y difusión de la cultura de RS en nuestras empresas y organizaciones, así como las resistencias a las que enfrenta. La evolución de la Responsabilidad Social Corporativa desde 2010 ha estado marcada por la decepción de una recuperación económica que parecía estar produciéndose en las principales economías pero que no termina de consolidarse y por la irrupción en el escenario internacional de la crisis de deuda soberana en varios países de la Unión Europea, lo que provoca un nuevo y profundo proceso de erosión de la confianza tanto de los mercados como de los propios ciudadanos y empresas. El contexto general es pues, más negativo que el del anterior informe de 2010 en el inicio de la recuperación comenzaba a vislumbrarse. En esta ocasión el informe además de revisar la evolución de la cultura de Responsabilidad Social Corporativa desde 2010 hasta la actualidad, se reflexiona acerca de la responsabilidad social en las Administraciones Públicas españolas.

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1. EVOLUCIÓN DE LA CULTURA RSC DESDE 2010

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La evolución de la Responsabilidad Social Corporativa desde 2010 ha estado marcada por la decepción de una recuperación económica que parecía estar produciéndose en las principales economías pero que no termina de consolidarse y por la irrupción en el escenario internacional de la crisis de deuda soberana en varios países de la Unión Europea, lo que provoca un nuevo y profundo proceso de erosión de la confianza tanto de los mercados como de los propios ciudadanos y empresas. El contexto general es pues, más negativo que el del anterior informe de 2010 en el inicio de la recuperación comenzaba a vislumbrarse. En anteriores informes se concluía que la supervivencia de la RSC – al menos hasta ahora –es debido a que cada vez más empresas la integran en su estrategia, en su forma de ver la compañía. No obstante también se señalaban otros puntos más negativos, como la grave crisis de confianza que existe en el entorno financiero y empresarial. A pesar de que la crisis de confianza parecía haber ido superándose de sus peores niveles, los nuevos acontecimientos nos hacen preguntarnos acerca de si dicha tendencia se está manteniendo o ha vuelto a empeorar desde 2010. La importancia de la cuestión es clara puesto que la confianza es la base de una gestión socialmente responsable, y más aún, del buen funcionamiento de las relaciones económicas y sociales. Bajo esta perspectiva en el presente informe se muestra la evolución de la cultura de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas española, el estado de la confianza de los agentes económicos en su entorno nacional e internacional y el ranking de las empresas y los sectores más responsables en la economía española.

Valoración de la Confianza en los agentes económicos por países La valoración de la confianza que tienen los agentes económicos en sus negocios y en la relación que tienen con el Gobierno es primordial para analizar la situación de la Responsabilidad Social en los países más afectados de la crisis. Es por eso, que se tomará como referencia los datos aportados por Edelman Trust Barometer de 2011, en el estudio en el que recoge el factor de confianza global en los principales centros, instituciones, empresas u organizaciones de cada país. Este factor de confianza global aparte de que es dirigido para el top 10 de los países por PIB, también se lo diferencia en dos enfoques: El enfoque de confianza en los negocios y el enfoque de confianza en el Gobierno.

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A través del Gráfico 1 se puede apreciar que la confianza en los negocios y empresas ha aumentado considerablemente en algunos países, como es el caso de Brasil, donde el incremento de 2010 a 2011 es de 19 puntos porcentuales, así como también de Alemania y Francia con 12 puntos porcentuales más, que en comparación con el año 2010. Por el contrario, es importante denotar que EE.UU. presenta una caída de 8 puntos porcentuales en relación con el año 2010, seguido de Japón y Reino Unido con 5 puntos porcentuales menos, en comparación con el mismo año. Gráfico 1. Confianza global en los Negocios. Top 10 de los países por PIB

Fuente: Edelman Trust Barometer (2011)

Como muestra, el Gráfico 2 se puede analizar el segundo enfoque, en donde se presenta la confianza que se tiene en el Gobierno. En la mayoría de países, en comparación con el año anterior, han aumentado la confianza en sus gobiernos; como es el caso de China y de Brasil que han incrementado esta confianza con 14 y 46 puntos porcentuales, respectivamente más que en el año 2010. Sin embargo, EE.UU. tiene una caída de 6 puntos porcentuales y Alemania es el país que tiene la mayor caída de puntos porcentuales (10) en la confianza con el gobierno. Analizando la confianza que los países tienen en sus respectivos Gobiernos y reconociendo que el Gobierno tiene una influencia directa e importante hacia el desarrollo responsable de los agentes económicos dentro sus actividades; el Gráfico 3 muestra la percepción de estos países

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acerca si los gobiernos deben regular que las empresas cumplan con el comportamiento responsable dentro de la economía. En ese sentido, Reino Unido es el país con mayor aceptación a que el Gobierno regule las actividades de las empresas, ya que muestra un 82%, mientras que el país que menos porcentaje presenta es Japón, con un 42%. Francia (50%), Alemania (49%) y España (48%) por su parte, presentan porcentajes que bordean el 50% de aceptación. Gráfico 2. Confianza global en el Gobierno. Top 10 de los países por PIB

Fuente: Edelman Trust Barometer (2011)

Gráfico 3. De acuerdo: ¿Debería el Gobierno regular las actividades de las corporaciones para que aseguren que los negocios se comporten con responsabilidad?

Fuente: Edelman Trust Barometer (2011)

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Ranking de las empresas más responsables a nivel mundial Tomando en cuenta las conclusiones de anteriores informes, en donde se destaca que las RSC ha sido capaz de resistir a la crisis económica y que es más, se ha fortalecido como una de las estrategias más importantes que tienen las empresas dentro del mercado, para sus clientes y sus competidores; cabe destacar a aquellas empresas que son valoradas como las más responsables, debido a que éstas son las que han determinado políticas socialmente responsables aún con la desconfianza generalizada en el mundo empresarial. En este sentido, para presentar un ranking y poder comparar a las empresas que más practican políticas socialmente responsables se analizará el Índice de Responsabilidad Social de las Empresas desarrollado por el Reputation Institute en colaboración con el Boston College Center for Corporate Citizenship. Este índice engloba a las 50 empresas más responsables sobre la base de los criterios de ciudadanía, gobernanza y bienestar en el puesto de trabajo. El Gráfico 4 permite realizar una comparación entre las puntaciones de los años 2009 y 20101, mientras que en el Gráfico 5 se puede identificar las variaciones que han sufrido estas empresas en el mencionado periodo. Comprobando así, que las tres empresas más responsables para el año 2010 son: Johnson & Johnson con una puntuación de 82.67, seguido de la empresa The Walt Disney Company con 81.33 y Kraft Foods Inc. con 80.56. Por el contrario, las tres empresas que presentan la peor posición dentro de las empresas más responsables son: Starbucks Coffee Company con una puntuación de 72.81, seguido de Hewlett-Packard con 72.80 y finalmente 3M con 72.52. Sin embargo, las dos empresas que han aumento su posición dentro del ranking como las empresas más responsables son: Starbucks Coffee Company presenta una variación positiva de 10.27, debido a que en el año 2009 tenía un puntaje de 62.54 y en el año 2010 un puntaje de 72.81 y Advanced Micro Devices –AMD muestra una variación de 8.18, ya que pasa en el año 2009 de 66.40 al 2010 con 74.58. Mientras, que las dos empresas que caen en su puntuación en el periodo mencionado son: General Mills con un cambio negativo en su calificación de 0.82 debido a que en el año 2009 tenía un puntaje de 75.95 y en el año 2010 un puntaje de 75.13 y Fedex muestra una variación de -1.30, ya que pasa en el año 2009 de 74.87 al 2010 con 73.57.

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Las empresas que se muestran son aquellas que se puede apreciar las variaciones en el periodo 2009 -2010, de modo que las empresas que entran o salen del índice en el 2010 se han eliminado. Son un total de 10 empresas eliminadas

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Gráfico 4. Índice de Responsabilidad Social de las Empresas

Fuente: Datos de Boston College Center for Corporate Citizenship y Reputation Institute

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Gráfico 5. ¿Qué empresa ha cambiado más entre el año 2009 y 2010?

Fuente: Datos de Boston College Center for Corporate Citizenship y Reputation Institute

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RSC en las empresas Españolas Antes de analizar en detalle la percepción de los sectores económicos y de las empresas españolas, en materia de su reputación, es importante mostrar como la reputación de España, como país, se encuentra en relación a algunos de los países de Europa y el Mundo. Es por eso, que Reputation Institute lanza anualmente un ranking de la reputación que tiene cada país, mediante la construcción de un indicador (CountryRep Pulse 2010) que es el resultado de las valoraciones emitidas por los encuestados en cuanto a la admiración y respeto, reputación reconocida, buena impresión y confianza que les merece cada país analizado.

Gráfico 6. Ranking del Índice General de Reputación País

Fuente: Fuente: Reputation Institute, Reputación de España en el Mundo 2010

En este sentido, en el Gráfico 6 se muestra el Ranking de 19 países en función de su reputación. España ocupa el puesto duodécimo con una puntuación de 67.50 sobre 100. Cabe destacar que según este ranking, la valoración de España está muy cercada a la valoración de los países como Holanda (68.40), Bélgica (68.00) y Alemania (68.00). Sin embargo, dentro del

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ranking, los países que encabezan son Suecia y Canadá con valoraciones de 76.30 y 75.60, respectivamente; mientras que los países que tienen la menor puntuación son Francia y Portugal con puntajes de 62.70 y 61.80, respectivamente. Dentro del mismo informe de Reputation Institute 2010, se analiza el entorno económico percibido por cada país, es decir, se preguntó a los encuestados si el país “ofrece un entorno favorable para hacer negocios: cuenta con una economía estable de bajo riesgo y con una infraestructura desarrollada”. Las respuestas obtenidas dentro de este indicador pueden asemejarse a un indicador de competitividad y del clima de negocios dentro cada país.

Gráfico 7. Ranking de Países según su entorno económico percibido

Fuente: Fuente: Reputation Institute, Reputación de España en el Mundo 2010

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En este sentido, en el Gráfico 7 se muestran los resultados del ranking de países según su entorno económico para el año 2010. Suiza y Suecia son los países que encabezan la lista como los países con mejor entorno económico, mostrando un puntaje de 74.40 y 70.70, respectivamente. Los países que tienen menor puntaje son Portugal y Grecia con sus respectivas valoraciones de 53.10 y 49.0. España se encuentra en el puesto 15 de los 19 países analizados con una puntuación de 58.00, muy cercana a los valores de Francia (60.00), Irlanda (57.90) e Italia (57.40). Reputation Institute, además del informe comparativo entre países, presenta un informe sobre los resultados principales de un indicador llamado RepTrak Pulse por país para el año 2011, donde permite elaborar ranking de los sectores económicos y de las empresas con mayor reputación dentro de España. La reputación de una industria ejerce generalmente un importante impacto

en las

percepciones de las empresas individuales. Es por eso, que el Gráfico 8 presenta a los sectores económicos con mejor reputación en España para el año 2011. En donde, el sector Electrodomésticos y Electrónica es quien lidera el ranking con una puntuación de 77.26, seguido del sector Alimentación e Informático con valoraciones del 75.54 y 75.17, respectivamente. Al igual que en años anteriores y debido a la participación del sector financiero en la actual crisis, continúa presentando una reputación vulnerable y una desconfianza marcada en España. Los dos sectores que tienen la puntuación más baja, son el sector Financiero – Bancos, antes mencionado, con un puntaje de 55.69 y el sector Medios de Comunicación con un puntaje de 47.27. Así también, uno de los sectores estratégicos para España, como lo es Turismo se encuentra en el octavo puesto de los 19 sectores analizados con una puntuación de 68.72.

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Gráfico 8. Sectores Económicos con mejor Reputación en España 2011

Fuente: Reputation Institute Rep Trak España (2011)

Después de haber analizado la reputación a nivel sectorial de España, a continuación, en el Gráfico 9, se presentan los resultados del indicador RepTrak Pulse para el año 2011. La empresa que genera más confianza en la economía española es Google, ubicándose como primera en el ranking de las 25 empresas con mejor reputación, con un puntaje de 83.30, seguida de Nokia con un valor de 83.02 y Danone con 82.05. Mientras, que las tres empresas que presentan menos confianza dentro del mismo mercado son las empresas Peugeot, Toyota y Philips con valoraciones de 73.43, 73.33 y 73.11, respectivamente.

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Gráfico 9. Empresas con mayor Reputación en España en el 2011

Fuente: Reputation Institute Rep Trak España (2011)

En informes anteriores se sustentaba que según Reputation Institute, las dimensiones asociadas a las RSC en España suponen aproximadamente el 40% de la reputación de las empresas. Estas dimensiones son la oferta, innovación, entorno de trabajo, la integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas2. Es de suma importancia poder analizar cuáles son las 2

Definición de Dimensiones: Oferta: Empresa ofrece productos y servicios de calidad (ofrece productos excelentes y servicios fiables) 19

empresas que lideran la aplicación de políticas socialmente responsables en cada una de las dimensiones antes mencionadas. El Gráfico 10, muestra cuáles son las 5 empresas españolas con mayor reputación en la dimensión de oferta de bienes y servicios de calidad y en la dimensión de la capacidad de innovación de las empresas. En donde, tanto Nokia como BMW presentan la misma posición en las dos dimensiones. Siendo Nokia la líder con una valoración de 93.34 en Oferta y 82.64 en Innovación, y dejando a BMW como la quinta empresa con un puntaje de 79.86 en Oferta y 79.08 en Innovación.

Gráfico 10. Las cinco primeras empresas con mayor reputación en Oferta e Innovación

Dimensión Oferta

Dimensión Innovación

Fuente: Reputation Institute Rep Trak España (2011)

En el Gráfico 11, se presenta los resultados en las dimensiones de trabajo y finanzas, dos dimensiones que representan la situación y perspectiva de la actividad económica de la empresa, tanto por el nivel de obtener eficientes resultados como por la satisfacción y motivación que percibe los empleados de cada empresa. Innovación: Es empresa innovadora (da productos o servicios novedosos o bien innova en hacer las cosas) Trabajo: Empresa es un lugar atractivo para trabajar como empleado Integridad: Es empresa gestionada con responsabilidad (se comporta de forma ética y transparente) Ciudadanía: Empresa se preocupa por la sociedad, invierte en buenas causas y no daña el medio ambiente. Liderazgo: Empresa es una compañía bien liderada (tiene lideres reconocidos y profesionales) Finanzas: Empresa es una compañía rentable (Obtiene buenos resultados financieros) 20

En la dimensión de trabajo, Google es la empresa que tiene mejor entorno laboral para sus trabajadores con una puntuación de 77.84, mientras que Microsoft es la quinta empresa con una valoración de 74.56. Por el contrario, en la dimensión de Finanzas se cambian las posiciones, siendo Microsoft la líder de las empresas con alta rentabilidad, mostrando un valor de 85.86, mientras que Google tiene una puntuación de 80.47.

Gráfico 11. Las cinco primeras empresas con mayor reputación en Trabajo y Finanzas

Dimensión Trabajo

Dimensión Finanzas

Fuente: Reputation Institute Rep Trak España (2011)

En el Gráfico 12, se presenta los resultados en las dimensiones de la gestión socialmente responsable de las empresas, de la preocupación hacia el desarrollo de la sociedad y el medio ambiente y de los líderes y profesionalismo que tienen las empresas en los altos mandos. En este sentido, las tres empresas quienes encabezan el primer lugar dentro del ranking en estas tres dimensiones antes mencionadas son: Danone es la empresa líder en la Dimensión de Ciudadanía con una valoración de 72.07, demostrando que involucran dentro de su plan de negocios la preocupación y cuidado del medio ambiente para el bien de la sociedad, Nokia es la empresa con mayor reputación en la dimensión de Liderazgo con un puntaje de 77.66, mostrando así, que sus líderes y directivos son personal preparado, reconocido y que actúan de manera ética con la empresa y Decathlon es la empresa que tiene el puntaje más alto con 74.26, debido a que es la mejor empresa que gestiona su actividad económica con políticas socialmente responsables.

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En el caso contrario, las empresas que tienen los menores puntajes dentro de las cinco empresas con mayor reputación son Decathlon en la dimensión de ciudadanía con una valoración de 75.55; Microsoft en la dimensión de Liderazgo con un puntaje de 79.96 y Mercedez Benz en la dimensión de Integridad con una puntuación de 75.09.

Gráfico 12. Las cinco primeras empresas con mayor reputación en Ciudadanía, Liderazgo e Integridad

Dimensión Ciudadanía

Dimensión Liderazgo

Dimensión Integridad

Fuente: Reputation Institute Rep Trak España (2011)

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Percepción y conocimiento de la RSC en las empresas españolas (Informe Forética) Para conceptualizar en resumen esta apartado, donde se ha analizado la percepción y evolución de la RSC en las empresas españolas, la asociación Forética ha elaboración el informe sobre la evolución de la Responsabilidad Social de las Empresas en España para el año 2011. Forética es una asociación de empresas y de profesionales de la RSC en España, cuyo objetivo es fomentar la cultura de gestión ética y la responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar un modelo de negocio competitivo y sostenible3. Para las empresas, el entendimiento y consolidación real de lo que significa políticas de responsabilidad social dentro de su plan estratégico es vital. Es por eso, que Forética muestra dos indicadores, los cuales permiten entender el grado de penetración del concepto en el tejido empresarial español. Los dos indicadores son la Notoriedad y la Nitidez del término RSC. En ese sentido, en el año 2008 el 53.9% tiene conocimiento del concepto RSE (Notoriedad), mientras que al 2010 se muestra un crecimiento del 6 puntos porcentuales, ya que conocen del término RSC un 59.8%. Este 59.8 % que conocen el concepto de RSC, está dividido entre que el conocimiento sea de manera espontánea (43.3%) o de manera sugerida (16.5%) para el año 2010 Analizando a las empresas españolas segmentado por su tamaño, el 97.3% de las empresas medianas y grandes de España están familiarizadas con el término RSC, mientras que el 59.5% de las pequeñas empresas conocen del término al año 2010. El crecimiento que tienen las empresas medianas y grandes con respecto del 2008 es del 19.7%, ya que ha pasado del 77.6% al 97.3% y las pequeñas empresas, por su parte, ha crecido un 6.1%, pasando del 53.4% al 59.5% Al momento de pensar qué significa para las empresas el concepto de RSC (Nitidez), las respuestas de las empresas encuestadas en el mencionado informe han sido las siguientes: la RSC representa un grado de compromiso de la empresa ante la sociedad, así como también, es la responsabilidad de los directivos hacia los trabajadores; sin olvidar el compromiso con el medio ambiente y su sostenibilidad. En ese sentido, para justificar de mejor manera, la comprensión y aplicación de políticas socialmente responsables, se detalla, en general, las prioridades que reflejan las empresas, en función de su propia: Respetar los derechos

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www.foretica.org 23

humanos y la intimidad de sus trabajadores y proveedores, crear empleo, No discriminar y promover la igualdad, apostar por la prevención y salud en el trabajo, ser respetuoso con el medio ambiente, ser transparentes, atender y proteger los derechos de los clientes, garantizar la ética en la gestión, entre otros.

RSC y crisis: Es evidente, que la crisis que se ha vivido ha afectado directamente a las actividades de las empresas y a la priorización o modificación de sus gastos e inversión dentro de su presupuesto. En ese sentido, las empresas encuestadas declaran que una de cada tres empresas españolas, aproximadamente, ha dejado de realizar actividades de la RSC. Sin embargo, más del cincuenta por ciento han mantenido e incluso incrementado sus políticas de RSC en el momento de crisis utilizando a la RSC como herramienta para salir de ella. Exactamente es el 65.21% de las empresas españolas sostienen la credibilidad en las actividades de la RSC. Es importante conocer cuáles son las perspectivas del tejido empresarial, más aún en este periodo de incertidumbre y de intranquilidad de los mercados. Es por eso, que al momento de preguntar a las empresas en el año 2010 sobre las perspectivas de la RSC en el futuro, los resultados son que el 56% creen que será mayor, el 28% dice que será menor y que el 11% será menor en el futuro. En lo que se refiere a la importancia que tendrá la RSC en los próximos años, alrededor 8 de cada 10 empresarios creen que las políticas de la RSC van a tener mayor relevancia en sus actividades.

Seguimiento a la Iniciativa Socialmente Responsable: Confianza Online En la edición anterior, se comenzó a realizar un seguimiento a iniciativas que ayuden a evaluar comportamientos socialmente responsables dentro de las empresas españolas. Es por eso, que se analizó el desarrollo y participación de Confianza Online. Esta empresa está focalizada hacia un gran número de empresas y profesionales dedicadas a la realización, fomento y defensa del desarrollo de la publicidad y el comercio en los nuevos medios, generalmente en internet4.

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www.confianzaonline.es 24

Confianza Online abarca tanto las comunicaciones comerciales como los aspectos contractuales de las transacciones comerciales que las empresas y entidades públicas realicen con los consumidores por medio de internet y otros medios electrónicos. En ese sentido, ofrece a las empresas un Código de Conducta específico, un Código Ético de Confianza Online y un Sello de Confianza, con el fin de incrementar las garantías a los usuarios/clientes que entren

a las páginas web y puedan percibir el compromiso de responsabilidad en las

comunicaciones comerciales y en las transacciones. Para medir el éxito de esta iniciativa y para poder darle seguimiento a su evolución se han determinado tres indicadores cuyos resultados se ven reflejados en el Gráfico 13. Los indicadores son la evolución del número de consultas, la evolución del número de reclamaciones y el número de entidades adheridas al proyecto de Confianza Online.

Gráfico 13. Evolución del número de consultas, reclamaciones y entidades adheridas de Confianza Online 2003 – 2010

Fuente: Memoria Anual Confianza Online 2003-2010

El detalle del número de reclamaciones se ve claro en el año 2008 que crece de manera exagerada, alcanzando un nivel de 3.163 reclamaciones; mientras que el número de consultas para el mismo año presentaba 1.473 aclaraciones. Sin embargo, el número de consultas para el

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año 2010 creció en referencia al año 2009 en un 390%, pasando de 2.805 a 13.730 consultas. Esto evidencia el interés que las empresas y los usuarios están teniendo para garantizar estratégicamente a sus clientes en las operaciones comerciales que realicen. Así también, tanto el número de reclamaciones como el número de consultas han crecido para el periodo 2004 – 2010 a unas tasas de crecimiento medio de 181% y 123%, respectivamente. En referencia, al número de entidades efectivamente adheridas a obtener estos códigos éticos y de eficiencia operativa ha sido considerable y creciente, debido a que el periodo analizado, presenta una tasa de crecimiento medio del 41.63% y una tasa de crecimiento al año 2010 en relación al periodo anterior de 125.6%, pasando de 355 a 801 empresas adheridas. Hasta ahora se ha realizado un análisis de la evolución de la RSC y su situación actual, objetivo principal de este apartado. Sin Embargo, como se ha mencionado, la intervención de las instituciones de la Administración Pública influye directamente al comportamiento del tejido empresarial, es decir, promueve la aplicación o no de políticas socialmente responsables. Dentro del Informe Forética, para el 2010, el 52.4% dice que las Administraciones Públicas deben incentivar el desarrollo de políticas de RSC en empresas, el 23.5% debe desarrollar normas/leyes de RSC de manera general y el 24.1% de las empresas describe que las Administraciones Públicas no debe intervenir. Es por eso, que resulta oportuno analizar la importancia de la intervención de las Administraciones Públicas en la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas españolas.

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2. CLIMA DE OPINIÓN RESPECTO DE LA RSC

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Por cuarto año consecutivo, la Fundación Alternativas, contando con el apoyo de sus colaboradores, ha realizado una consulta pública con el objetivo de conocer detalladamente el clima de opinión existente con respecto a las prácticas responsables de las empresas españolas. En definitiva, este capítulo busca conocer la opinión sobre la RSC en la realidad española. Puesto que en las ediciones anteriores el mayor porcentaje de respuestas se obtenía de las empresas en esta última ola se ha decido aplicar la encuesta a las empresas. La encuesta se realizó entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 2011 y contó con la participación de 185 empresas, tomándose la muestra representativa de la estructura sectorial de la economía española.

2.1. Contribución al bienestar de las empresas españolas Una de las primeras cuestiones a investigar es la opinión de los encuestados sobre la contribución de las empresas españolas a la generación de bienestar en la sociedad, así como su signo y su dimensión. Gráfico 14. Contribución de las empresas al bienestar de la sociedad. Señale de entre las siguientes afirmaciones aquella con la que esté más de acuerdo

No sabría decir

1% 2% 0% 1%

Creo que la contribución de las empresas a la sociedad es fundamentalmente negativa

2% 1% 0% 3% 12% 7% 6% 3%

Creo que la contribución de las empresas a la sociedad es, en ocasiones, negativa

37% 34% 35%

Creo que la contribución de las empresas a la sociedad es, en ocasiones, positiva

13% 48% 56% 59%

Creo que la contribución de las empresas a la sociedad es eminentemente positiva

80% 0%

2008

20% 2009

40% 2010

60%

80%

100%

2011 Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

28

2.2. Las instituciones más apreciadas Gráfico 15. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (2011)

Confío en las ONG; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés general, y no sólo el propio.

17%

Confío en los medios de comunicación; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés general, y no sólo el propio.

8%

Confío en las grandes empresas; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés general, y no sólo el propio.

9%

Confío en las pequeñas y medianas empresas; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés general, y no sólo el propio.

46%

30%

32%

32%

Confío en los partidos políticos; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés 2%10% general, y no sólo el propio. 9%

6% 7% 0%

64%

21%

0%

0%

59%

21%

23%

40%

46%

20%

14%1%

31%

19%

41%

Confío en los sindicatos; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés general, y no 4% 15% sólo el propio.

Confío en las organizaciones religiosas; creo que en su modo de actuar tienen en cuenta el interés general, y no sólo el propio.

22%

2%

2%

45%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Completamente de acuerdo

Más o menos de acuerdo

Completamente en desacuerdo

No sabría decir

Más o menos en desacuerdo

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

29

2.3. ¿Se penaliza la falta de responsabilidad medioambiental y social? Gráfico 16. ¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes informaciones? (2011)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Rechazaría adquirir los bienes o servicios de aquellas compañías cuyo comportamiento social o ambiental no me pareciera adecuado

57%

Rechazaría comprar las acciones de aquellas compañías cuyo comportamiento social o ambiental no me pareciera adecuado

62%

Rechazaría trabajar para aquellas compañías cuyo comportamiento social o ambiental no me pareciera adecuado

44%

Hablaría mal a mis familiares o amigos de aquellas compañías cuyo comportamiento social o ambiental no me pareciera adecuado

44%

Utilizaría los medios que Internet pone a mi disposición para criticar a aquellas compañías cuyo comportamiento social o ambiental no me pareciera adecuado Estaría dispuesto a manifestarme activamente contra aquellas compañías cuyo comportamiento social o ambiental no me pareciera adecuado

27%

23%

27%

7% 8%1%

19%

7% 13%0%

27%

24%

21%

28%

10% 16% 2%

11%

11%

13%

20% 1%

39%

34%

Completamente de acuerdo

Más o menos de acuerdo

Más o menos en desacuerdo

Completamente en desacuerdo

2%

2%

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

30

2.4. Los sectores que generan más y menos confianza Como ya se ha comprobado en anteriores informes, la crisis de confianza no afecta a todos los sectores por igual, por lo que es importante ofrecer el detalle sectorial.

Gráfico 17. Valoración de la confianza en las compañías por sectores (2011)

Distribución Textil y calzado Medios de comunicación

30% 37%

10%

20%

25%

Tecnología y Electrónica

20%

38%

Telecomunicaciones

42%

20%

Turismo, hoteles y ocio

33%

16%

32% 8%

49% 29%

Agua y servicios básicos

27%

30%

Electricidad y Gas

46%

14%

42%

Alimentación

37%

Química

49%

23%

43%

Banca 1% 14% Inmobiliaria

48%

7%

Petróleo

Seguros

42%

38%

7%

Construcción

20% 19%

21%

15%

Automóvil

29%

19%

30%

Transporte aéreo

26%

Biotecnología y Farmacia

25%

0%

44% 50% 38%

20%

40%

60%

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

31

2.5. Las cuestiones de rsc consideradas más relevantes Se tratan en este punto las opiniones de los encuestados en relación con cuáles piensan que son los asuntos que debieran ser prioritarios en las agendas de RSC de las empresas españolas. Gráfico 18. ¿Qué asuntos cree que deberían ser prioritarios en las agendas de RSC de las compañías?

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

32

2.6. Grado de desempeño en los diferentes asuntos de RS Tras ser consultados sobre los aspectos que en su opinión deberían tener más importancia en las agendas de RSC de las empresas, se preguntó también a los participantes en la encuesta que opinaran sobre el desempeño alcanzado por las compañías españolas en asuntos relacionados con la RSC; en definitiva, ¿En qué aspectos se considera muy buena la actuación de las empresas? Gráfico 19. ¿Cuál cree que es el desempeño de las compañías españolas en cada uno de los asuntos siguientes?

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

33

2.7. Valorando la información de las memorias de RSC La información sobre las políticas de responsabilidad social es fundamental para que la sociedad aprecie estas estrategias. Sin embargo, ¿Cómo se valora esta información?

Gráfico 20. Indique cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor su percepción sobre la información en materia de responsabilidad corporativa que actualmente elaboran las compañías españolas

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

34

2.8. El informe de RSC ¿la fuente de información más fiable? Gráfico 21. Indique la credibilidad que a la hora de formarse una opinión tienen las siguientes fuentes

Nada creible

Muy poco creible 20% 40%

0% El presidente o consejero 10% delegado de la compañía El representante de una ONG

La prensa escrita La radio

20%

11%

21%

La información elaborada por ONG activistas

Los premios recibidos por cuestiones relacionadas…

44%

23%

33% 25%

4% 16% 2%

32%

46%

21% 17%

34%

43%

8% 10%

8% 13%

48%

La información elaborada 7% 10% por organizaciones de… La información aparecida en blogs u otros…

13%

28%

52% 37%

15%

14% 4% 33%

46%

La opinión de un 1% 10% compañero de trabajo

5%1%

46% 43%

24%

2% 4%

13% 4%

26%

15%

4%

10%2%

48% 53%

La opinión de un amigo o 1%7% familiar

La información elaborada por la prensa…

31%

25%

28%

La opinión de un 2% 1% académico o profesor…

26%

36%

22%

8%

14% 3%

43%

38%

La televisión El informe de la responsabilidad social

30%

15%

El representante de un sidicato

Relativamente creible 60% 80% 100%

34% 45%

5% 11%1% 11%1%

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

35

2.9. Presente y futuro de la RSC. El gráfico 22 permite apreciar la opinión de los encuestados con respecto al comportamiento de las empresas.

Gráfico 22. Evolución de la responsabilidad de las compañías españolas

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

36

Por otra parte, en el gráfico 23 se aprecia la opinión de los encuestados sobre cómo ha evolucionado la atención recibida la RSC por parte de la alta dirección de las compañías españolas.

Gráfico 23. ¿Cuál era, a su juicio, la atención que recibía la Responsabilidad Social Corporativa por parte de la Alta Dirección de las compañías hace tres años? ¿Cuál es la atención que recibe hoy? ¿Cuál será, a su juicio, la que recibirá dentro de tres años?

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

37

2.10. Confianza en el futuro de la RSC ¿Aumentará el interés a pesar de la actual situación? Una cuestión muy importante que se ha querido reseñar es cómo se piensa que influirá el clima de incertidumbre en la cultura de RSC de las compañías españolas.

Gráfico 24. Cómo va a afectar el actual clima de incertidumbre económica a la cultura de la RSC de las compañías españolas

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

38

2.11. Los poderes públicos ¿mantendrán como el interés por la RSC? En el anterior apartado se ha hecho mención de la opinión de los encuestados sobre el interés de las compañías en la RSC y su posible evolución a pesar del clima económico actual, pero ¿Qué opinan respecto a lo que ocurrirá con el interés de los poderes públicos?

Gráfico 25. ¿Cómo va a afectar el actual clima de incertidumbre económica a la atención que prestan los poderes públicos a la RSC?

Fuente: Fundación Alternativas, IAES y MDK

39

3. LA RSC EN SECTORES ESTRATÉGICOS: ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

40

En anteriores informes ya se destacaba la necesidad de que todas las organizaciones y no sólo las empresas, interiorizaran en su comportamiento la cultura de la responsabilidad social. En ese convencimiento el informe 2010 trató el tema en el ámbito de las ONG y las organizaciones sindicales. En el Informe 2011 el interés se centra en las Administraciones Públicas. La aproximación a la Responsabilidad Social en el caso de las Administraciones Públicas ha de tener, como se verá más adelante, un doble frente. Por un lado, el que se refiere al papel que estas deben desempeñar en la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial; por otro lado, y en la medida en la que también son instituciones que gestionan recursos económicos, humanos y técnicos, la que se refiere a sus propias políticas de RS, tanto en sus relaciones e impactos con el entorno como en sus relaciones internas. En este segundo frente es cierto que la propia existencia de las Administraciones Públicas se justifica en el hecho de que su finalidad es la de preservar y lograr mejoras en el interés común, de lo que parece que su comportamiento socialmente responsable se presupone por la misma definición. Sin embargo, la realidad parece poner de manifiesto la necesidad, en aras a mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones públicas, de que las Administraciones Públicas hagan todo lo posible por demostrar transparencia y veracidad en la gestión de los recursos que manejan, una preocupación real por los impactos ambientales, económicos y sociales de su actuación, y una gestión interna de sus recursos humanos que muestre su compromiso con las personas y que apueste por la igualdad de oportunidades, la salud laboral y, en general, por la búsqueda de un equilibrio vital de sus trabajadores. El hecho de que las Administraciones Públicas actúen bajo los principios de la Responsabilidad Social, resulta en la actualidad una cuestión de gran trascendencia por dos motivos fundamentales. El primero, porque de ellas emanan decisiones que tienen importantes impactos en el entorno económico y social, tanto directos como los que derivan de los incentivos que generan en el resto de los agentes económicos. El segundo, por el elevado peso que tienen las Administraciones Públicas en la economía. Precisamente, al análisis de las principales cifras se dedica el siguiente epígrafe, lo que nos permitirá ilustrar la magnitud de su importancia cuantitativa.

41

3.1. Una aproximación a las cifras del sector

Para realizar una aproximación a las principales magnitudes del sector de las AAPP en España, se han tomado datos del Ministerio de Economía y Hacienda y de Instituto Nacional de Estadística. La información se refiere tanto al total de las AAPP como a los distintos ámbitos que la conforman: Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social. Como se puede observar en el Gráfico 26, partiendo a finales de los años 70 de una exigua Administración Pública, dotada de unos recursos corrientes muy escasos, durante los años siguientes su tamaño experimente un intenso aumento e ininterrumpido hasta 2007. La fuerte crisis económica iniciada en 2008 ha puesto fin a esta tendencia de tantos años, habiendo reducido de forma muy notoria la recaudación por la caída en la actividad económica.

Gráfico 26. Tamaño de las AAPP en España. Evolución de los recursos corrientes o no financieros.

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Hacienda.

Con esta evolución el peso que suponen las Administraciones Públicas sobre el PIB español ha sido también creciente, de donde se deduce la creciente importancia relativa del desempeño que sus actuaciones tienen sobre la economía y sociedad de nuestro país. El Gráfico 27 ilustra la evolución del peso de las AAPP sobre el PIB desde 1995 hasta 2007, en términos de la proporción que suponen sus recursos no financieros sobre el PIB de cada periodo. 42

Gráfico 27. Peso de las Administraciones Públicas en el PIB (recursos no financieros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Hacienda.

Como puede observarse, el tamaño de las AAPP españolas ha llegado a tener un peso muy considerable, medido en función de la proporción que suponen sus recursos no financieros sobre el PIB. El máximo fue de un 41%, alcanzado en 2007, aunque en los dos años siguientes la caída en los ingresos públicos provoca un descenso por debajo de los niveles de 1995. Por tanto, en algunos periodos el sector público español ha rebasado la cifra del 40%, que suele identificarse como la que alcanzan aquellos países muy desarrollados en los que el Estado tiene un papel clave en la economía, aunque en numerosos países de la Eurozona este porcentaje supera ampliamente la cifra del 40%. En términos de empleos no financieros, la magnitud del peso de las AAPP es también patente, aunque su evolución algo diferente, como se ilustra en el Gráfico 28.

43

Gráfico 28. Peso de las Administraciones Públicas en el PIB (empleos no financieros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Hacienda.

Gráfico 29. Evolución de los empleos no financieros en las AAPP, por nivel de administración. Índices 1995=100

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía y Hacienda.

Como se observa en el Gráfico 29, que ilustra la evolución desde 1995 de los empleos no financieros en los distintos niveles de las AAPP españolas, el avance y ganancia de peso no se ha producido de forma homogénea. Así, las Comunidades Autónomas son las que han experimentado un mayor dinamismo (ha multiplicado sus recursos por 3,5) en respuesta al

44

desarrollo, consolidación y recepción de competencias de las Autonomías. Las Corporaciones Locales se encuentran en un segundo lugar (multiplica por 2,5), quedando la Administración Central de la Seguridad Social muy por detrás en su dinámica (multiplican aproximadamente por 1,5).

Gráfico 30. Evolución de los asalariados en el Sector Público. Miles de personas

45

Gráfico 31. Evolución de peso relativo de los asalariados en el Sector Público sobre el total de asalariados en España. Porcentajes

30,00 25,00 20,00 ASALARIADOS EN EL SECTOR PÚBLICO. TOTAL

15,00

ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL CONJUNTO DE LAS ADMONES.PÚBLICAS

10,00 5,00 0,00

Gráfico 32. Evolución de peso relativo de los asalariados de los distintos niveles de las AAPP en el total de asalariados en España. Porcentajes

14,00 11,74

12,00 10,00 8,00 7,34 6,00 4,44 4,00

3,60 2,86

2,00 0,23

20112

20102

20092

20082

20072

20062

20052

20042

20032

20022

20012

20002

19992

19982

19972

19962

19952

19942

19932

19922

19912

19902

19892

19882

19872

0,00

ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LA SEGURIDAD SOCIAL ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO EN COMUNIDADES AUTONÓMAS ASALARIADOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

46

Gráfico 33. Evolución de la Remuneración de los Asalariados en los distintos niveles de las AAPP. Índices 1995=100

Gráfico 34. Evolución de la Capacidad o Necesidad de Financiación de las AAPP. Millones de euros

47

3.2. El marco conceptual y normativo A continuación se presenta una reseña sobre el surgimiento del concepto de Responsabilidad Social, sus antecedentes, su evolución y su incorporación en el ámbito de las Administraciones Públicas. Se inicia con la exposición de las primeras manifestaciones que contribuyeron al despertar de la conciencia sobre la realidad del planeta y a la necesidad de prestar especial atención al uso de sus recursos y al cuidado de los derechos humanos, tales como el desarrollo sostenible, el avance tecnológico y la globalización. Cabe mencionar también el papel de las Administraciones Públicas y su creciente influencia. Posteriormente se revisa la definición del concepto de “Responsabilidad Social”, su surgimiento en el sector empresarial y su asimilación por las Administraciones Públicas.

3.2.1. Antecedentes Desarrollo Sostenible El término desarrollo sostenible, fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio ambiente y Desarrollo creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (desarrollo sustentable, sostenibilidad o sustentabilidad) definido como aquel que satisface las necesidades del

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Sin embargo, ya a mediados de los setenta se había utilizado el término por primera vez; el club de Roma5, a través de su primer informe sobre los límites del crecimiento, señaló la falta de sostenibilidad a medio plazo del modelo económico vigente al no contemplar los impactos ambientales en el mismo.

5

En 1968 se reunió en Roma un grupo de 105 científicos, políticos, de 30 países distintos para hablar de los cambios que se estaban produciendo en el planeta por consecuencia de acciones humanas. Dos años más tarde el club de Roma estaría creado y legalizado bajo legislación suiza. En 1972 el Club de Roma encargó la publicación del Informe “Los límites al crecimiento” (en inglés The Limits to Growth). La autora principal de dicho informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows; después de su publicación se desató el inicio de un movimiento que sería conocido como ecología política y otras corrientes político-filosóficas derivadas tales como el ecofeminismo o el ambientalismo. 48

El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la obligada relación que debe darse entre desarrollo, inicialmente entendido como crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costes humanos, naturales y ambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a ser sustituida por una conciencia de la existencia de esos límites y de la importancia de crear condiciones a largo plazo que hagan posible un bienestar para las actuales generaciones, sin que ello sea una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad.6 La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, como del hecho de que una creciente actividad económica sin más criterio que el económico produce, tanto a escala local como planetaria, graves problemas en el medio ambiente que pueden llegar a ser irreversibles. Al principio, el término de desarrollo sostenible hacía referencia solo a cuestiones ambientales, sin embargo el concepto ha evolucionado y en términos generales las políticas de desarrollo sostenible afectan a tres áreas: económica, ambiental y social. En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo al Documento Final de la cumbre mundial de 2005,7 se refieren a los tres componentes fundamentales del desarrollo sostenible, como "pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente": el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

•

Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable.

•

Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Supondría, tomando el ejemplo de una empresa, tener en cuenta las consecuencias sociales de la actividad de la misma en

6

Para la evolución conceptual de las ideas de desarrollo y progreso pueden consultarse R. Nisbet (1986), “La idea de progreso”, Revista Libertas:5, ESEADE (http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/45_2_Nisbet.pdf.) y M. Rojas Mullor (2011), La idea de progreso y el concepto de desarrollo, EPIC/Universidad Rey Juan Carlos (http://www.campusepic.org/file.php/1/Idea_de_progreso.pdf). 7

Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Aprobado el 24/10/2005. 49

todos los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general.

•

Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables8.

"Tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, las empresas y las personas. Por todo ello, ha venido configurándose lo que se ha denominado la estrategia del desarrollo sostenible, que trata de cubrir los aspectos económicos, sociales y ambientales del crecimiento. En esencia, se trata de diseñar un modelo de crecimiento que permita la prosperidad de las generaciones presentes sin poner en peligro las posibilidades de crecimiento de las generaciones venideras. Esta estrategia se ha ido configurando en foros internacionales, como la OCDE y la UE, y sin duda, seguirá adquiriendo una progresiva importancia a lo largo de los años. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza aún más en el concepto al afirmar que "... la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano

como la diversidad biológica para los organismos vivos"; Se convierte en "una de las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual". En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible9. En la misma línea conceptual se orienta la organización mundial de ciudades (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU) con la Agenda 21 de la cultura. La respuesta del Estado español al surgimiento de la estrategia del desarrollo sostenible, se refleja a través de su Ley de Economía Sostenible10 cuya finalidad es introducir en el

8

Oñate, J. J., Pereira, D., Suárez, F., Rodríguez, J. J., & Cachón, J. (2002). Evaluación Ambiental Estratégica: la evaluación ambiental de Políticas, Planes y Programas. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa 9

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Adoptada por la Conferencia General de la Unesco en su 31ª reunión el 2 de noviembre de 2001. 10

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 50

ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. Esta Ley define economía sostenible como “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo

económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.

Avance tecnológico El desarrollo tecnológico, especialmente el relacionado con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha transformado profundamente no sólo el sistema productivo sino la estructura social en los países industrializados. Este proceso repercute con fuerza en los países en desarrollo y, por el momento, se traduce en un gran desconcierto con respecto a las políticas que corresponde adoptar (Albornoz, 2001). Hoy en día la tecnología está presente en cualquier entidad y justamente, el desarrollo alcanzado obliga a apoyarse en ellas para, entre otras funciones, agilizar los distintos procesos haciéndolos más precisos y confiables. Los cambios actuales superan los avances tecnológicos alcanzados en el mundo de la comunicación e información (imprenta, teléfono, radio, cine y televisión) de épocas anteriores, y que supusieron una auténtica revolución en su momento. Las tecnologías que ahora penetran nuestra sociedad son de un mayor impacto por su característica de globalización, rapidez y capacidad de crecimiento. Las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son el resultado de las posibilidades creadas por la humanidad en torno a la digitalización de datos, productos, servicios y procesos, y de su transportación a través de diferentes medios, a grandes distancias y en pequeños intervalos de tiempo, de forma confiable, y con relaciones costo-beneficio nunca antes alcanzadas por el hombre (Castañeda, 2003). Según Montero O’Farrill (2006), las TIC son “buenas tecnologías” producto de dos razones fundamentales: su gran versatilidad, que le ha permitido y le permitirá una introducción explosiva, transformadora y benéfica en términos productivos, sociales y culturales en general, 51

en múltiples y muy diversas actividades humanas, y sus relaciones costo-beneficio, que la llevan a aumentar la productividad del trabajo en los más diversos procesos de producción y servicio en que se introducen. Ahora bien, esta tecnología no supone solamente un mero hacer, no es algo exclusivamente instrumental y/o artificial, no se limita a ser siempre eficaz sino que frecuentemente replantea y agrava los problemas. Las TIC están haciendo que se resuelvan problemas tradicionales, pero a su vez están ampliando problemas que parecían pequeños o estaban ocultos y están haciendo aparecer otros nuevos. Ahora más que nunca podemos visualizar con mayor claridad el poder de la información. Nos hallamos en un medio cultural que puede calificarse de abierto y democrático, accesible y universal, con una fluidez impresionante de espacios, tiempos y fuentes donde adquirir nuevos conocimientos y realizar experiencias más personales y reflexivas. Las tecnologías, el poder y el mandato sobre ellas, están permitiendo un desarrollo personal y social de más calidad, pero también, y al mismo tiempo, se están convirtiendo en germen de separación y exclusión social. Como se ha puesto claramente de manifiesto desde el movimiento denominado “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, las relaciones entre la sociedad y las tecnologías son bidireccionales, de forma que la sociedad influye para creación y potenciación de determinadas tecnologías y, al mismo tiempo, las tecnologías impulsan determinados modelos sociales y culturales. Según Montero O’Farrill (2006), ello nos lleva con toda claridad a asumir y rechazar la concepción de la neutralidad de las tecnologías e indicar con completa claridad que las tecnologías no son neutras sino que reflejan y potencian determinados valores, incluso su neutralidad puede ser puesta en duda desde sus inicios, ya que la potenciación de unas tecnologías frente a otras viene en primer lugar impulsada, o rechazada, por los valores subyacentes en esa sociedad y en ese momento histórico. La Red, como cualquier tecnología, no es neutral y, se trata de redes de comunicación formadas por personas. Ello supone que las tengamos que percibir como redes de interacción humana, y en consecuencia no nos podremos olvidar que funcionarán teniendo en cuenta los valores, las actitudes, y las creencias de los que allí participan.

52

Globalización Se entiende como globalización al proceso de convergencia económica, tecnológica, social y cultural entre los países del mundo.

Este proceso conlleva transformaciones sociales,

económicas y políticas que se reflejan en una aparente unificación de los mercados, sociedades y culturas. El motor principal de este impulso ha sido el avance tecnológico que, al lograr una importante mejora en las comunicaciones, ha repercutido en un mejor control de los procesos y la toma de decisiones en tiempo real, siendo las empresas las que rápidamente han reaccionado ante las innumerables posibilidades que el mundo les ofrece, adquiriendo gran protagonismo en el control de las economías, llegando incluso a desfasar a los Estados11. Al poder las empresas elegir, la localización que más convenga a sus intereses y no a los del territorio o sociedad donde se instalan, los mercados nacionales dejan de tener sentido como espacio jurídico y pierden cada vez más sus prerrogativas tradicionales. Por otro lado, este proceso se ha dado con tanta rapidez, que no ha permitido el desarrollo equitativo de instituciones para regularlo. El nuevo espacio jurídico se sostiene gracias a la cooperación entre los sujetos que forman parte de él12, por recomendaciones, declaraciones y normas dictadas por instituciones internacionales que conforman un derecho global en el que las decisiones que se adoptan “limitan los poderes de los ejecutivos nacionales”. Predomina entonces el objetivo de facilitar los intereses de las empresas y que estas puedan movilizar sus bienes, servicios, capitales y personas, limitando todo aquello que lo impida. Los estados tienen dificultades para responder con celeridad ante las necesidades de regulación que surgen frente al mercado global, y los ciudadanos, cada vez más conscientes de los desajustes económicos, ambientales y sociales que la globalización plantea, exigen una renovación de la gobernanza mundial13.

11

El documento “La Responsabilidad Social de la Administración. Un reto para el siglo XXI” emitido por la Diputación de Barcelona en 2008 presenta un análisis conciso y claro sobre el impacto de la globalización. 12

Cassesse, Sabino (2006), p. 22 a 24 (en el Informe La Responsabilidad Social de la Administración. Un reto para el siglo XXI” de la Diputación de Barcelona).

13

Gobernanza hace referencia a cómo las instituciones utilizan los poderes que les otorgan los ciudadanos. 53

En el ámbito social, la globalización implica un respeto universal y formal de los derechos, pero especialmente de los derechos de carácter individual y liberal que no representan ninguna limitación al principio de la libertad de mercado. En la práctica se marginan los derechos que entran en confrontación directa con los intereses económicos de la libertad de mercado y la propiedad privada, alejando a amplios sectores sociales del mercado de trabajo, a los más desprotegidos económica, social y culturalmente14. El problema no es la globalización en sí, sino la carencia de reglas que la regulen y su supeditación a los intereses de los más fuertes15. Es de resaltar la manera cruda, aunque con un dejo de esperanza para contrarrestarla, como Castells (1997) planteó la problemática generada por la globalización: “... existe una brecha

extraordinaria entre

nuestro

sobredesarrollo

(sic)

tecnológico

y nuestro

subdesarrollo social. Nuestra economía, sociedad y cultura están construidas sobre intereses, valores, instituciones y sistemas de representación que, en general, limitan la creatividad colectiva, confiscan la cosecha de la tecnología de la información y desvían nuestra energía a una confrontación autodestructiva. Este estado de cosas no tiene por qué ser así. No hay un mal eterno en la naturaleza humana. No hay nada que no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada, provista de información y apoyada por la legitimidad. Si las personas están informadas, son activas y se comunican a lo largo del mundo; si la empresa asume su responsabilidad social; si los medios de comunicación se convierten en mensajeros, en lugar de ser el mensaje; si los actores políticos reaccionan contra el cinismo y restauran la fe en la democracia; si la cultura se reconstruye desde la experiencia; si la humanidad siente la solidaridad de la especie en todo el planeta; si afirmamos la solidaridad intergeneracional viviendo en armonía con la naturaleza; si emprendemos la exploración de nuestro yo interior, haciendo la paz con nosotros mismos. Si todo esto se hace posible por nuestra decisión compartida, informada y consciente, mientras aún hay tiempo, quizás entonces, por fin, seamos capaces de vivir y dejar vivir, de amar y ser amados”.

14

Fariñas, Dulce (2000), p. 15 a 23

15

Küng, H. (1999), p.172 (en el Informe La Responsabilidad Social de la Administración. Un reto para el siglo XXI” de la Diputación de Barcelona) 54

Según las conclusiones de la Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización16, en informe publicado en 2004:

•

El debate sobre la globalización se convierte en un debate sobre la democracia y la justicia social. Empieza a generarse una verdadera conciencia global atenta a las desigualdades ligadas a la pobreza, la discriminación por razón de sexo, el trabajo infantil y la degradación ambiental. Las normas que rigen el comercio mundial actual favorecen a los ricos y poderosos y pueden perjudicar a los pobres y débiles, ya se trate de países, empresas o comunidades.

•

Los problemas producidos por la globalización no derivan tanto de esta como de las deficiencias en su gobernanza. La economía es global, las instituciones sociales y políticas continúan siendo de alcance local, regional o nacional. Las políticas internacionales actuales son incapaces de dar respuesta a los desafíos que plantea la globalización. El papel del Estado es fundamental, tanto para la integración de los países en la economía global como para garantizar límites al impacto de la globalización y los desequilibrios que esta provoca.

•

El objetivo es conseguir un proceso de globalización con una dimensión social que se base en valores universalmente compartidos por sus actores y para hacerlo hace falta: -

Un marco ético más sólido, dado que la globalización se ha desarrollado en el vacío ético;

-

Reforzar las iniciativas voluntarias de la responsabilidad social de la empresa;

-

Mejorar la gobernanza. Conseguir un sistema global más participativo y democrático fomentando el diálogo en la red de actores de la globalización: Estado, sociedad civil, empresas, sindicatos, grupos religiosos, universidades, medios de comunicación. Redes que cada vez comparten más intereses comunes. En la actualidad, la posibilidad de conseguir un sistema de gobernanza global que sea más participativo y democrático depende de estas redes crecientes de personas e instituciones más que de los proyectos de gobierno mundial o la reorganización institucional global.

16

La Comisión Mundial sobre la dimensión social de la globalización ha sido instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2002, como organismo independiente creado para dar respuesta a las necesidades de las personas derivadas de los cambios provocados por la globalización. 55

Es de resaltar que uno de los problemas que se ha visto amplificado por la globalización es el aumento de las desigualdades y la polarización social. El funcionamiento de la nueva economía global ha acelerado los procesos de exclusión, afectando a personas, grupos sociales y étnicos. En lo que se refiere a las minorías, el concepto de inclusión presupone la existencia de personas vulnerables a la discriminación. El compromiso exige evitar esta posible discriminación y conseguir políticas no excluyentes que incluyan a todos los ciudadanos. A este respecto, el Consejo de Europa propuso como objetivo, en el año 2000 en Lisboa, hacer de la economía de Europa la más competitiva del mundo en un período de 10 años, con la idea de que una economía fuerte conduciría a la creación de empleo, y que junto a la política social y ambiental, se llegaría al desarrollo sostenible y a la inclusión social. En el 2003 se plantea el “Refuerzo de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa” vinculando, a las políticas nacionales de la UE, la elaboración de estrategias que respondan a las necesidades de los grupos que presentan un riesgo particular. En este sentido: “Los Estados miembros han de elaborar estrategias integradas y coordinadas para responder a las necesidades y luchar contra las numerosas desventajas de los grupos que presentan un riesgo particular, como las personas con discapacidad, los migrantes y las minorías étnicas (incluidos los gitanos, las personas sin hogar, los antiguos reclusos, las personas que sufren adición y las personas mayores aisladas).” En el nuevo modelo inclusivo, las diferencias entre los individuos se observan, no por la causa que las genera, sino por la vertiente social de sus consecuencias. Por esto se habla de cohesión y protección social como mecanismos integradores de las diferencias sociales, sean cuales sean sus orígenes. Esta interpretación permite abarcar los grupos que, por situaciones heterogéneas, sufren un riesgo particular de ser excluidos del sistema. En conclusión, la globalización económica exige mecanismos de control y de reglamentación jurídica también globales que se adapten a las nuevas relaciones y al nuevo espacio transnacional en el que se desarrollan, con el fin de dotarla de una dimensión social o, lo que viene a ser lo mismo, evitar tanto como sea posible los desajustes sociales que provoca.

56

3.2.2. Responsabilidad social - RS En una sociedad inmersa en procesos de globalización, con una mayor conciencia de la importancia por cuidar los recursos del planeta, con una población cada vez más formada y conocedora de sus derechos como personas, en un entorno donde imperan los valores de la democracia, y enfrentada al cambio constante debido a los rápidos avances tecnológicos, las organizaciones (tanto públicas como privadas, gubernamentales o no) tienen que responder también por el cumplimiento de las expectativas de todos los grupos que influyen en sus decisiones o se ven afectados por su actividad. A lo anterior hay que añadir la presión y vigilancia que los grupos y movimientos internacionales ejercen sobre el cuidado del medio ambiente, la adecuada gestión económica y el cumplimiento de los derechos humanos. En este contexto, las organizaciones están cada vez más vigiladas y tienen que ser conscientes y responsables del impacto que ejerce su actividad en los grupos con los que interactúa, en el medioambiente y en la sociedad en general. La Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas (RSA) es una de las formas en las que se expresa el concepto más general de Responsabilidad Social (RS). De hecho, la RS es un movimiento colectivo, práctico y plural, que surge de la voluntad e inquietudes de actores y sectores muy diversos, entre los cuales cuentan, además de las empresas, otros como los Organismos internacionales, las ONG, las universidades, las Organizaciones sindicales y, por supuesto, las Administraciones Públicas. Valga mencionar el planteamiento de responsabilidad social formulado por Fernández (2005), quien citando a Sethi y Boatright, señala que el concepto de responsabilidad social predominante en la actualidad hace referencia a “la asunción de la obligación de llevar el comportamiento corporativo a un nivel superior en el que sea congruente con las normas, valores y expectativas sociales existentes y no sólo con los criterios económicos y legales”. Los elementos que definen la RS17:

•

En primer lugar, del que constituye su fin último: la promoción del desarrollo sostenible y

el bienestar social. Este fin último es, por tanto, el más claro nexo común de toda organización, pública o privada, nacional o internacional, con o sin fines de lucro, que participe de la voluntad de actuar bajo criterios de la RS.

17

Para un tratamiento más detallado de lo que la RS es y no es véase Vallaeys (2008) 57

•

En segundo lugar, la utilización como medio básico para alcanzar dicho fin la participación

de las partes interesadas y/o afectadas en el cumplimiento de la misión de la organización y desarrollo de sus actividades (grupos de interés o stakeholders).

•

En tercer lugar, la necesidad ética de focalizar la actuación en la gestión de los impactos de sus actuaciones y decisiones, tanto internos como externos. Ello supone el acatamiento de las normas éticas universales de gestión para el desarrollo sostenible, tanto en la gestión laboral y ambiental, como en la gestión de sus vínculos con la sociedad (Derechos Humanos, Convenciones de la OIT, Pacto Mundial de la ONU, directrices del Global Reporting Initiative…).

•

En cuarto lugar, la exigencia de ser practicada en todas sus relaciones e integrada en toda

la organización.

RS no es:

•

No cabe simplificarla hasta el punto de confundirla o identificarla con la filantropía o ayuda social, pues estos son conceptos que carecen del necesario enfoque integrador resultante de los cuatro elementos básicos anteriormente citados, para referirse solamente a actuaciones concretas y aisladas dentro de la operativa de la organización.

•

La RS no se basa sólo en una ética individual dependiente de la voluntad personal de cada sujeto (que con ser fundamental constituye solo pequeña parte del problema), sino de una ética social consensuada y coordinada para abordar cuestiones sociales, económicas y ambientales.

•

Por otro lado, tampoco cabría entender la RS como una postura ideológica de izquierdas o de derechas, puesto que su esencia parte del diálogo de todas las partes interesadas y de la pluralidad de enfoques que se capilarizan conectando actores muy diversos. Ni es un discurso de ideología empresarial, ni un movimiento de izquierdas en contra del capital. La RS concierne a todos, puesto que su fin último también es cosa que a todos afecta y que de todos depende.

La siguiente definición, ofrecida por Vallaeys (2008), sintetiza de forma muy clara las consideraciones anteriores: “La Responsabilidad Social es una exploración colectiva mundial

para definir y practicar una nueva filosofía de gestión de las organizaciones, tomando la palabra gestión en su noble sentido de lo que nos permite organizarnos, trabajar y convivir

58

juntos, con grandes reglas y pequeños hábitos, hacer viables nuestras acciones, perennes nuestras instituciones y habitable nuestro mundo”. Algunas iniciativas positivas en pro del desarrollo sostenible y de la búsqueda del impacto positivo de la globalización son la Responsabilidad Social Empresarial, la Inversión Socialmente responsable, que encuentra en la Banca Ética (Triodos Bank), la garantía de inversiones respetuosas con la sostenibilidad ambiental y el respeto de los Derechos humanos. Igualmente positiva ha sido la creación de instituciones como WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), cuyas acciones están orientadas a la ecoeficiencia, entendida como “el logro de más con menos” (más bienes y servicios con menos energía y recursos materiales), o CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies), entre cuyos principios figuran la protección de la Biosfera, el uso sostenible de los recursos naturales, etc. Esta coalición ha promovido la inclusión en una “Climate Watch List” de aquellas empresas que transgreden gravemente sus principios y ha impulsado, junto con el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la creación de “Global Reporting Initiative” (GRI), un centro concebido para aumentar la calidad de las memorias de sostenibilidad de las compañías – públicas o privadas- con un triple balance: económico, social y medio ambiental. Buena prueba de que la RS es un movimiento integrador, es la aprobación, en 2010, de la Norma internacional ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. Dicha norma, que tiene una vocación de orientación y no de certificación, procede de un consenso internacional entre expertos representantes de los principales grupos de interés con la intención de fomentar la aplicación de las mejores prácticas de RS en todo el mundo, cuyo trabajo comenzó en 2004. Está diseñado para ser utilizado en instituciones de todo tipo, tanto lucrativas como no lucrativas, tanto en el sector público como en el privado, porque ninguna está libre de formar parte del problema en algún grado y, por tanto, también de su posible mejora o resolución. La RS no es una meta absoluta que se alcanza. Puesto que conocer todos los impactos posibles, directos y colaterales, presentes y futuros que puede provocar la actividad de una organización es imposible, tampoco resulta posible decidir éticamente sin incertidumbre y riesgo y, por ello, solo cabe hablar y plantearse la RS en términos de caminar en la dirección de búsqueda de una mejora continua.

59

El Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009)18, define la RS como un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental, adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible. Los cuales se concretan en los siguientes objetivos:

•

El respeto y la promoción de los derechos humanos;

•

La lucha contra la corrupción, la extensión de las “buenas prácticas laborales”;

•

El impulso del empleo estable;

•

Las políticas de igualdad, la incorporación al mercado de trabajo de los colectivos

•

Con especiales dificultades;

•

La adopción de estrategias de adaptación al cambio;

•

La implementación de procesos productivos y servicios respetuosos con el medioambiente;

•

El compromiso local, el consumo y la responsabilidad social en las inversiones, la cadena de valor;

•

La educación;

•

El intercambio de experiencias y la promoción de la RSE”.

El desarrollo sostenible abarca la totalidad de las actividades humanas. Sin embargo, los retos de la sostenibilidad son diferentes para cada tipo de sector según sus propias particularidades, es así como surgen los términos:

•

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC)19

•

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

•

Responsabilidad Social de la Administración pública (RSA o RSP)

18

Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009). “Informe sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la Responsabilidad Social de las empresas en España”. Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/090128_INFORME_RSE_Subsecretario_2.pdf 19

Hay una sutil diferencia en el significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de la responsabilidad social empresarial (RSE), en la medida en que distinguen entre la empresa y la corporación, entendiendo que ésta última incorpora a todas las organizaciones, empresariales o no e independiente de su tamaño, aunque para muchos ambas expresiones significan lo mismo. Wikipedia 12.12.2011 60

•

Responsabilidad Social de las Organizaciones no gubernamentales

•

Responsabilidad Social de organizaciones sindicales

3.2.3. La Responsabilidad Social como herramienta: Del Sector Privado a la Administración Pública La complejidad de las circunstancias en las que se ven inmersas las empresas, hacen que estas se vean abocadas a ampliar su visión y a considerar como objetivos no solo sus propios intereses (como pueden ser maximizar el valor de la empresa para sus propietarios), sino también los intereses de todos los actores relacionados con la empresa, los de sus grupos de interés o stakeholders, sean estos internos (los propios trabajadores) o externos (clientes, consumidores, ciudadanos, sociedad), además del impacto que su actividad genera en el entorno socio-económico y ambiental, conscientes de que en ello se juegan su propia existencia. El mundo globalizado demanda de las empresas un comportamiento ético que permita conseguir un mercado laboral más justo. Las manifestaciones ante el desequilibrio social y económico resultante de la economía globalizada exigen a las empresas un cumplimiento estricto de las normas jurídicas, respeto de los convenios colectivos y las leyes laborales, de las normas de protección de los consumidores y la normativa medioambiental, así también como de las normas contables que exija el ordenamiento jurídico. La responsabilidad social que se exige a las empresas no deja de ser un reclamo para que la ética presida todas sus actuaciones en pro del desarrollo sostenible. La concepción de la empresa pasa entonces por ser replanteada y surgen las teorías de ética empresarial, de la responsabilidad social empresarial, de la empresa como coalición de intereses plurales o teoría pluralista empresarial, entre otras, adoptadas desde diversos ámbitos (sociología, economía, psicología, filosofía, recursos humanos, derecho), que exige a la empresa que asuma y aplique en su gestión interna y externa los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista, la que se denomina “ética cívica”, basada en la igualdad, solidaridad, libertad, diálogo y respeto activo o tolerancia. Que integre la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades20.

20

Sánchez.Urán Azaña Y. (2011). Responsabilidad Social y Ética “Públicas” y relación laboral con el empleo público. Universidad Complutense 61

Las empresas en su constante afán por responder a tales circunstancias y en su búsqueda permanente de herramientas estratégicas que le ayuden a hacer frente a los cambios de una sociedad en la que se esfuman las viejas certezas y prolifera la incertidumbre, echan una mirada a sus propios sistemas de gobierno. Son conscientes de que no se puede dirigir una empresa sin tomar en consideración lo que sucede fuera de ella y en esto es en lo que se basa la gobernanza. Las empresas se ven obligadas a incorporar en su gestión a todos aquellos actores que están involucrados en el desarrollo de su actividad, a sus grupos de interés: los directivos y empleados, los consumidores de los productos, la comunidad donde se ubican, los gobiernos que regulan su actividad, las asociaciones que se preocupan por el impacto al medio ambientales o las entidades que trabajan para la cohesión social. La RSE en este sentido, es una materialización del concepto de gobernanza, es decir la necesidad de gobernar la empresa entendiendo que esta forma parte de una red compleja21. Inicialmente, la Responsabilidad Social surge, aparentemente, como una herramienta en el sector empresarial (RSE) a través de la cual las empresas dan a conocer las acciones sociales que realizan de manera voluntaria y las medidas que implementan para el cuidado y preservación del medio ambiente. Todo ello con la intención de mejorar su relación con la sociedad o como respuesta a la necesidad real de asumir el impacto que genera su actividad en el entorno en aras de preservar su propia existencia y la sostenibilidad del planeta. Se dio también la interpretación de que las actuaciones de RSE de las empresas son una mejora competitiva y un factor de discriminación positiva en el mercado, que deriva en un rendimiento en imagen de marca o en oportunidades de mercado.22 Posteriormente la RSE evoluciona como un complemento de gestión en las empresas, ya sea a través de una nueva unidad o de nuevas funciones asignadas principalmente a los responsables del marketing corporativo que se encargan de la acción social. La RSE alcanza su 21

Joaquim Brugué Torruella (2009). La Responsabilidad social empresarial: Una manifestación de lo que hoy llamamos gobernanza, artículo incluido en Apuntes para una metodología de elaboración de un plan integral de promoción de la responsabilidad social en una administración autonómica: El caso de la comunidad foral de Navarra. 22

Según el Foro de la empresa socialmente responsable celebrado en Madrid por la Fundación Sagadoy con el patrocinio de Acciona, Mapfre y la Comunidad de Madrid (febrero de 2007) se define la RSE como “un activo estratégico generador de ventajas competitivas para las empresas” y que “muestra oportunidades de mejora entre aquello que se comunica y aquello que se hace” a la vez que tiene “claros vínculos con la rentabilidad”. Europa Press, 16 de febrero de 2006 a http://www.europapress.es/noticias.aspx en La Responsabilidad Social de la Administración. Un reto para el siglo XXI de la Diputación de Barcelona 62

máxima expresión cuando se integra en la empresa como parte de su estrategia, como una forma de entender globalmente el modelo de empresa, generando un nuevo modelo de gestión empresarial. En este nuevo modelo, la RSE ha de impregnar toda la empresa, enmarcando todas aquellas actuaciones que afectan a la gestión de la empresa y las que están vinculadas al concepto de desarrollo sostenible. A pesar de que la implantación de la RSE en las empresas es de carácter voluntario, las demandas y expectativas sociales que genera son un elemento determinante para exigir la intervención de los poderes públicos en su protección. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los valores que protege entran de pleno en el terreno de lo que es público y que afectan al interés general al referirse al medio ambiente, al desarrollo social, a los derechos humanos y a las prácticas empresariales sobre el entorno. El informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados (2004) (publicado por MTAS, 2006), define RSE como: “La Responsabilidad Social de las empresas es, además del

cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su estrategia políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés23”. Según este informe, coexisten en el estado español tres maneras de entender la RSE (aunque no siempre se presentan en estado puro): 1) La RSE como respuesta a demandas y presiones sociales. Entendida como una

demanda más del mercado, intensa sobre todo la destinada a las grandes empresas, exigiendo comportamientos más responsables. 2) La RSE como un complemento de gestión: como otro elemento de la acción empresarial, como un departamento más que se encarga de la acción social. 3) La RSE integrada en la gestión, como una forma de entender globalmente el modelo de empresa, una visión de un nuevo modelo de gestión empresarial. La RSE ha de 23

Proviene de la definición de la propuesta del Libro Verde de la Comisión Europea: integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. COM(2001) 366 63

impregnar toda la empresa. Por este modelo, la RSE enmarca todas aquellas actuaciones que afectan a la gestión de la empresa y que están vinculadas al concepto de desarrollo sostenible: Las empresas deben integrar en sus operaciones las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de sus actividades. Al cambiar el entorno global, cambian las estrategias y valores que han de desarrollar.

Valga resaltar la nueva definición de RSE formulada por la CE en Comunicación de octubre de 2011, en el marco de la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre responsabilidad social de las empresas, según la cual manifiesta:

Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de: •

maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio;

•

identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas24.

La madurez del concepto está avanzando progresivamente y ha dado pie a la generación de mecanismos de evaluación y certificación, así también como a instrumentos de información de la responsabilidad social, las denominadas “memorias o informes de responsabilidad social”25. Una interesante conclusión acerca de la utilidad de las memorias de responsabilidad social la aportan Ioannis Ioannou (London Business School) y George Serafeim (Harvard Business School), en su documento “The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting”. Después de analizar prácticas en varios países a nivel global, concluyen que los informes de sostenibilidad no sólo aumentan la transparencia, sino que también pueden cambiar el comportamiento de las empresas. La divulgación de la información de ASG (Ambiental, Social, Buen Gobierno) fuerza a las empresas a manejar estos asuntos de manera eficaz a fin de evitar tener que revelar rendimientos negativos a sus partes interesadas. 24

COM(2011) 681 final. Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 25.10.2011 25 Las memorias o informes de responsabilidad social, son también llamados informes de sostenibilidad. 64

Entre las herramientas que apoyan, fortalecen, evalúan y certifican la asunción e integración de la Responsabilidad Social están:

•

Accountability: Responde a la idea de evaluación y rendición de cuentas. Supone la existencia de un proceso de planificación previa que oriente la estrategia y los comportamientos de una organización a la consecución de unos objetivos paralelos a sus finalidades principales. La accountability no consiste simplemente en elaborar una memoria social, sino que va más allá del ámbito informativo, incluyendo las siguientes fases: lo primero es definición estratégica para integrar aspectos sociales y medioambientales en la organización empresarial. En segundo lugar está la determinación de la política de transparencia así como la reflexión de cómo se ha de medir y verificar esta información. Y finalmente está el establecimiento de la política de comunicación adecuada.

•

Modelo GRI (Global Reporting Initiative), que establece directrices para lograr una mayor calidad de las memorias de responsabilidad social y una mayor confrontación, consistencia y eficacia en su difusión. Este modelo plantea un enfoque progresivo asequible a organizaciones de cualquier tamaño, sector y ubicación, y ayuda a identificar todos los aspectos relevantes que hay que tener en cuenta en la elaboración de las memorias.

•

Existen diversas normas internacionales que han asumido de manera voluntaria las empresas que buscan dar un componente de exactitud a su información social. Entre ellas cabe mencionar: -

El modelo SAI 8000: Surge en1997 en Norteamérica, su intención es controlar los abusos empresariales relevantes cuando las empresas operan en países poco desarrollados. Este modelo permite evaluar la RSE, enfatizando los aspectos relacionados con los derechos humanos.

-

La Norma SGE 21. Norma creada por FORÉTICA26: es el primer sistema de gestión ética y socialmente responsable europeo que permite lograr una certificación de carácter global.

26

En el marco del X Congreso de Empresas de Calidad y Medio Ambiente, de Barcelona, en 1999, se planteó la necesidad de poner en marcha una cultura de empresa basada en la responsabilidad de sus miembros ante el conjunto de sociedad y el entorno, razón por la cual se constituyó FORÉTICA, en forma de asociación sin ánimo de lucro. 65

-

Accountability 1000 (AA 1000): Esta norma pretende garantizar la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. Esta Norma establece los procesos que debe llevar a cabo la organización para responder por sus acciones.

-

ISO 14001: Es la norma internacional de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM). La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos.

-

OHSAS18001: Esta norma se ocupa de la gestión de la seguridad y salud laboral y ayuda a las organizaciones a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como una parte integral en las prácticas habituales del negocio.

-

ISO 26000: Publicada en 2010, es una guía que establece líneas en materia de Responsabilidad Social establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).

-

Por otro lado, la Responsabilidad Social se plantea como una dimensión más a considerar entre los objetivos estratégicos (CMIS).

Así, como las empresas están obligadas a atender el llamado de las tendencias provenientes de la comunidad internacional que derivan de la conciencia de una necesidad imperativa de un desarrollo sostenible, y de asumir y controlar las consecuencias de la globalización y los problemas de gobernanza que esta genera, los poderes públicos se ven también abocados a asumir una actuación en este ámbito, y con mayor razón por ser la Administración Pública a quien le corresponde constitucionalmente servir al interés general o público. Este planteamiento, que incluye tanto las políticas ante la RSE a nivel general, como la aplicabilidad de sus exigencias en el ámbito público, ha sido denominado responsabilidad social pública, asumiendo que es aquella cuya iniciativa depende de los poderes públicos (Diputación de Barcelona (2008)27).

27

Diputación de Barcelona (2008). La Responsabilidad Social de la Administración. Un reto para el siglo XXI. Disponible en http://www1.diba.cat/uliep/pdf/39527.pdf 66

La Responsabilidad Social se presenta entonces como una herramienta voluntaria, paralela y complementaria de la legislación convencional, que los estados deben fomentar e integrar en sus políticas y en sus administraciones. La Administración pública debe tener una actuación ética y socialmente responsable, constituyéndose en un sujeto comprometido con y promotor de la ética y de la responsabilidad social. El informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados (2004), en la Recomendación 34, hace referencia a la promoción de la RS en la propia gestión de las Administraciones públicas:

La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, los Organismos Públicos dependientes de la Administración, las Empresas Públicas y la Administración Local deben ser ejemplares en la integración de principios y prácticas de RSE en su propio funcionamiento”. Y en el 2009, en la proposición no de Ley sobre RSE (DO del Congreso de 2 de julio de 2009, Serie D, núm.223), se incorporan recomendaciones para que el Gobierno impulse, en especial, una gestión socialmente responsable en las Administraciones Públicas; se incluyen también principios que permiten definir la RS de la Administración Pública desde su perspectiva de organización, manifestada en sus relaciones con sus ciudadanos y con su propio personal.

3.2.4. La Responsabilidad Social de la Administración Pública - RSA El concepto de Responsabilidad ha estado, históricamente, arraigado al ámbito de los poderes públicos. Según Cueto (2010), el primer texto constitucional donde aparece el concepto de responsabilidad es el Bill of Rights de Virginia (junio de 1776, art. 2.°), se encuentra también en el art. 15 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo texto es inequívoco: «La Société a le droit de demander compte á tout agent public de son

administration» (la Sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público). Esta fórmula tiene tras de sí una considerable base histórica en el constitucionalismo americano y francés, así también como en el constitucionalismo español originario (la Constitución de 1812), como parte de toda una Historia de España sobre la responsabilidad de los gobernantes y administradores públicos dibujada en una Memoria de 1923 por Alcázar Molina28.

28

CUETO, C. (2010). “La responsabilidad corporativa de los gobiernos y administraciones públicas: fundamentos y soluciones innovadoras desde el sector público local”. Disponible en http://personales.ya.com/aeca/pub/on_line/comunicaciones_xivencuentroaeca/cd/40h.pdf 67

A pesar de la existencia de fundamentos jurídicos de la responsabilidad corporativa en la normativa internacional y en la propia de España, la realidad muestra que hay casos en los que los gobernantes y administradores públicos eluden las normas y el control o rendición de cuentas ante quienes representan, como reconoce González Pérez (2006) : “huyendo del

Derecho Administrativo, para actuar en el ámbito del Derecho privado con la misma libertad que cualquier empresario que no maneja fondos públicos; o cuando no resulta posible escapar del Ordenamiento administrativo, reduciendo en lo posible formalidades y controles”29. En España, los principios de transparencia, eficacia de las políticas y de los servicios públicos, el compromiso con los valores sociales o el respeto al medio ambiente han sido formulados en la legislación y en algunos documentos no estrictamente normativos tales como: La Ley 30/1992 (artículo 3)30, donde establece que las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan en base a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sumisión plena a la Constitución, a la ley y al derecho, además, en su último apartado concreta que “en sus relaciones con los ciudadanos, las administraciones públicas actúan en los principios de transparencia y participación; La Ley 6/199731 (artículo 3), donde concreta los principios que articulan el funcionamiento de la Administración estatal y establece el de economía, suficiencia y adecuación estricta en los medios a los fines institucionales; y El Real decreto 951/2005, de 29 de julio, donde establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, y un conjunto de programas que tienen como objetivo mejorar la calidad de los servicios. Aunque los fines de las Administraciones Públicas se orientan a la consecución del bienestar social, resulta demasiado simplista, y puede estar alejado de la realidad, suponer que las administraciones públicas son siempre y por definición socialmente responsables. Lo primero no es garantía de lo segundo, de la misma forma que una cosa son las palabras y otras los hechos. Reconocer que las administraciones públicas también pueden ser parte del problema que nos aleja del fin último de promover el desarrollo sostenible y el bienestar social (efectos colaterales negativos, falta de diálogo e incumplimiento de expectativas de grupos de interés o de algunas de las normas éticas de gestión), supone una paso imprescindible para movernos en la vía de la responsabilidad.

29

GONZALEZ PEREZ, J. (2006): “Corrupción, ética y moral en las Administraciones Públicas”. Edit. Civitas, p. 113. Citado por Cueto (2010) 30 Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 31

Ley 6/1997 de 14 de Abril, de Administración del Estado (LOFAGE). 68

No son pocos los casos de corrupción o presunta corrupción que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación, y que involucran a alcaldes, concejales, altos cargos enredados en procesos judiciales abiertos vinculados a casos de corrupción. Según artículo32 publicado en el medio de comunicación en línea cadenaser.com, España es uno de los países de Europa donde un mayor número de políticos imputados por jueces se presentan para gobernar regiones y municipios, en las elecciones autonómicas de mayo de 2011. El 80% de los imputados se reparten en el PP y el PSOE. En los últimos cinco años, hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas. Según datos del CIS33, en el 2009 la corrupción llegó a estar como una de las principales preocupaciones de los españoles, algo que no ocurría desde marzo de 1996. Casos como “Gürtel”, “Palma Arena”, “Malaya” o “Pretoria” han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad34. La realidad parece manifestar que existe la necesidad, en aras de mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones públicas, de que las Administraciones Públicas hagan todo lo posible por demostrar transparencia y veracidad en la gestión de los recursos que manejan, una preocupación real por los impactos ambientales, económicos y sociales de su actuación, y una gestión interna de sus recursos humanos que muestre su compromiso con las personas y que apueste por la igualdad de oportunidades, la salud laboral y, en general, por la búsqueda de un equilibrio vital de sus trabajadores. El compromiso de responsabilidad de la administración pública no puede ser solo implícito y darse por hecho que se cumple, debe hacerse explícito, claro y extensible a toda la comunidad

32

“El mapa de la corrupción en España”. Publicado en Cadenaser.com [En Línea], 11/05/2011. http://www.cadenaser.com/espana/articulo/mapa-corrupcionespana/csrcsrpor/20110511csrcsrnac_5/Tes 33

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia. La función principal que el CIS tiene encomendada es la de contribuir al conocimiento científico de la sociedad española 34

“La Papeleta de la corrupción”. Publicado en elmundo.es [En Línea], 26/04/2011. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/29/espana/1301391040.html 69

donde opera. En definitiva, debe constituir tanto una filosofía como una política institucional global. Las Administraciones Públicas se esfuerzan constantemente en la mejora de sus procesos, a través de técnicas de gestión y de inversiones en infraestructura, tecnología y formación de su personal, todo ello con el fin de cumplir con la misión de servir con objetividad los intereses generales y responder más eficientemente las demandas de la Sociedad Civil. Sin embargo, surgen nuevos desafíos como consecuencia del desarrollo sostenible, la globalización y la sociedad del conocimiento. Aparecen en el escenario nuevos actores y se hace necesario fomentar una mejor comunicación y coordinación con instituciones de diversas índoles, tanto estatales como privadas, con o sin ánimo de lucro, organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones sindicales, los ciudadanos y los propios funcionarios. Las Administraciones Públicas ven en La Responsabilidad Social una opción para responder con especial atención a los retos que impone el desarrollo sostenible, la globalización y la modernización de la administración pública en un mundo cada vez más “tecnificado”, estableciendo como objetivo la identificación de los principales impactos que determinarán sus acciones y decisiones, gracias a la interacción participativa y transparente con todos los grupos de interés afectados por su gestión, en el marco de un comportamiento ético y socialmente responsable en todos sus ámbitos de actuación. La Responsabilidad Social en el sector público se refiere al cuidado de los impactos que causan sus decisiones y acciones en las personas, los hogares, las organizaciones, las comunidades y las administraciones en lo relativo al medio ambiente, su bienestar social y su futuro. Según el Informe 2009 sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la responsabilidad social de las empresas en España del Ministerio de Trabajo e Inmigración (2011), hay cuatro aspectos que hacen a las Administraciones Públicas actoras en el proceso de implantación de la RSE: transparencia y gobernanza, empleabilidad socialmente responsable, consumo y aprovisionamientos públicos e inversión socialmente responsable35.

35

Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009). “Informe sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la Responsabilidad Social de las empresas en España”. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/090128_INFORME_RSE_Subsecretario_2.pdf 70

Transparencia y Gobernanza La transparencia es un elemento central de la Responsabilidad Social de las Administraciones públicas. SÁNCHEZ-URÁN (2011)36 en su análisis del efecto de la integración de la RS en la

gestión de los servicios que tiene encomendados la Administración Pública, y en particular de cómo sus empleados desarrollan las funciones para la consecución de aquellos, plantea que al corresponder constitucionalmente a la Administración Pública servir al interés general, se le exige que tenga una actuación ética y socialmente responsable. Según lo anterior, la RS y Ética de la Administración Pública se expresa como el compromiso

por ser y presentarse ante sus grupos de interés como organización ética y socialmente responsable, en el sentido de extender hacia sus empleados ese compromiso, de tal manera que éstos se definen como medios o instrumentos para conseguir que su ética y su RS se proyecte hacia los terceros con los que se relaciona, en particular, con los ciudadanos, con la sociedad. Agrega además, que La Ética y la RS se traducen en la adopción de conductas materializadas en “Códigos”, ya sean Códigos de Conducta, Códigos Éticos, de Buenas Prácticas o de Buen Gobierno, entre otros, a través de los cuales se implica a los trabajadores en el logro de la política de RS de la Organización, y sirve como instrumento para contribuir a la imagen externa de esta, como ética y socialmente responsable. Cabe mencionar que en España, las Administraciones públicas crean una parte importante de los empleos. En la Administración Central, en las Autonómicas y en las Locales, en su conjunto, hay cerca de dos millones de personas empleadas en la actualidad. El Gobierno de España ha llevado a cabo medidas cuyo fin es mejorar los servicios que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos, a través de una gestión más transparente y evitando casos de corrupción, valga mencionar el Código de buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. No obstante, SÁNCHEZ-URÁN (2011) concluye que es necesario cuestionarse el modo en que la

Responsabilidad Social y la Ética se proyectan en el Empleo Público, analizando en primer lugar el contexto y el marco legal español de la denominada “dimensión pública” de las mismas, para, en segundo lugar, concretar su proyección en el empleo público y, en particular, en lo que

36

Sánchez-Urán Azaña, Yolanda (2011). Responsabilidad Social y Ética "Públicas" y Relación Laboral de Empleo Público. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Serie ISSN 1137-5868 (En prensa) 71

refiere al CÓDIGO DE CONDUCTA de los empleados públicos, indagando en su significado y eficacia jurídica. Otro instrumento que contribuiría notablemente a la transparencia en la gestión es la realización de informes de RS o memorias de sostenibilidad por las Administraciones públicas.

Empleabilidad socialmente responsable A la Administración Pública, en su papel de empleador, le corresponde poner en práctica comportamientos socialmente responsables y ser ejemplo de ello ante la sociedad, fortaleciendo así la credibilidad del concepto de RS y de su fomento en las empresas. La Empleabilidad socialmente responsable incluye medidas relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos tales como: la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los empleados públicos, a través de la flexibilización de las jornadas laborales para, entre otras situaciones, atender al cuidado de hijos, discapacitados y en general personas dependientes; posibilidades para el acceso a los beneficios sociales en los casos de maternidad y de paternidad.

Consumo y aprovisionamientos públicos La Administración Pública desempeña además un papel como consumidor y prestadora de bienes y servicios. Por ello, debe integrar criterios sociales y medioambientales, y los principios del desarrollo sostenible, en los sistemas de gestión pública relacionados con sus adquisiciones, compras públicas, y en la forma de prestar sus servicios. Las cláusulas sociales y medioambientales aplicadas por las Administraciones públicas constituyen un valioso instrumento para impulsar, dentro del respeto al derecho de competencia, la actividad de empresas social y medioambientalmente responsables. En el informe de conclusiones del grupo de trabajo del CERSE dedicado al análisis de consumo responsable en España, se presenta la siguiente definición: “Por consumo responsable entendemos la elección de los productos no solo en base a la

relación calidad/precio, sino también en base a las implicaciones sociales y medioambientales

72

de los productos o servicios mismos y al buen gobierno de las organizaciones que nos los ofrecen.”

37

Inversión socialmente responsable La Inversión Socialmente Responsable (ISR) es un elemento fundamental de la Responsabilidad Social de las Empresas. La Administración Pública deberá asumir un papel en la regulación de la incorporación de criterios sociales y ambientales en la selección de inversiones de las entidades gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones, y en la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es necesario que la Administración pública impulse este tipo de inversiones, a través de políticas públicas y desarrollos normativos.

3.2.4.1. El papel de la RSA en la Administración Pública Las administraciones públicas tienen un doble papel en lo que se refiere a Responsabilidad Social: Por un lado, está la inclusión de la Responsabilidad Social como una dimensión más de su estrategia, haciéndola parte intrínseca de su gestión interna, en pro de una eficiente utilización y administración de los recursos, que tiene a su disposición (económicos, humanos y ambientales). Con esto atendería sus impactos organizacionales. Por otro lado, está el cuidado del impacto e influencia de su gestión en el entorno, hacia la comunidad que atiende y representa, hacia la sociedad, lo que representa su impacto social. Esto se manifiesta a través de sus acciones de promoción y facilitación de la implantación de comportamientos responsables en el sector privado y su impulso en el sector público, de las medidas que adopte para regular el comportamiento de todos los grupos de interés que conviven en la comunidad, y de las políticas que adopte para lograr una óptima prestación de los servicios públicos y garantizar el bienestar social.

37

CERSE (2011). Informe del Grupo de Trabajo 3: Consumo e Inversión socialmente responsable. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/110503_SUBGRUPO_CONSUMO_SOCIALMENTE_RESPONSABLE_documen to_consenso_mayoritario.pdf 73

Del funcionamiento de las AAPP: Como consumidor, empleador y gestor. Aspectos: Económicos, humanos, ambientales

De las políticas y servicios públicos: Impacto en la Comunidad Generación de empleo, seguridad, salud, educación, medioambiente

Impactos Organizacionales

IMPACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De las acciones de todos los grupos de interés:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Medidas de regulación que pueda implementar la administración pública

Impactos Sociales

De la promoción y fomento para la implantación de la responsabilidad social. En todo tipo de organizaciones (públicas, privadas,…)

Esquema 1. Elaboración propia. Impactos de las administraciones públicas

Según estudio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), basándose en la desagregación del concepto de sostenibilidad expresado por la GRI (2005, 2006), el desarrollo sostenible puede referirse a diferentes ámbitos cuando se aplica al sector público, en función de qué actores o acciones de qué actores sean objeto de análisis. Así, la sostenibilidad se aplica al impacto: Del funcionamiento de las organizaciones públicas; de las políticas y servicios y públicos; y de las acciones de todos los intereses afectados (grupos de interés), incluyendo los organismos públicos38.

38

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), responsable de la Presidencia Española de EUPAN durante el primer semestre de 2010, encomendó a Governance International (www.govint.org) la realización de un estudio sobre los modelos de sostenibilidad empleados en el sector público. El resultado: “Hacia una administración pública sostenible” (2011), Ministerio de Política territorial de administración pública. 74

1) Impactos organizacionales: RS como estrategia para la gestión interna de la administración pública Los impactos organizacionales hacen referencia directa al funcionamiento de las administraciones públicas, por desempeñar estas un papel como organismo “consumidor” y “empleador”, y por gestionar importantes recursos económicos que la comunidad le confía para el logro del bienestar social y para servir con objetividad a los intereses generales. En la actual crisis financiera, la sostenibilidad de las organizaciones públicas pasa a estar en el centro de atención, siendo aún más relevantes, los impactos de las decisiones que se tomen en aspectos relativos a: consumo de energía, necesidades de suelo, contratación de servicios, adquisición de bienes, medios financieros, competencias para la prestación de servicios, adecuada gestión del recurso humano (formación, planes de carrera, clima organizacional, salud y seguridad en el trabajo) y el respeto a los valores que otorgan legitimidad al funcionamiento de la organización. Así también, no dejan de ser menos importantes las decisiones relativas a la diversidad, tales como la equidad de género, el respeto a las minorías, la no discriminación laboral o política, el respeto por la etnicidad. Los instrumentos con los que cuenta la Administración Pública para interiorizar la responsabilidad social en su gestión interna pueden ser desde la asunción de medidas puntuales a la incorporación de planteamientos estratégicos que impacten a toda la organización. Entre los instrumentos de planificación estratégica para promover, impulsar y potenciar la filosofía de la RS, sugeridos por la Diputación de Barcelona (2008), se encuentran:

• La incorporación de unidades administrativas en la estructura de la organización que se encargue de proyectar estrategias y medidas socialmente responsables, de asegurar que los temas relacionado con la RS estén en la agenda diaria, de apoyar, coordinar y supervisar al resto de unidades de la organización;

• Impulsar

la

inversión

socialmente

responsable;

Apostar

por

entidades

gubernamentales y sin ánimo de lucro;

• Promover mecanismos de transparencia y buenas prácticas en la gestión (en todo lo que se refiere al clima laboral, la gestión económica, administración de los recursos, etc.); 75

• Llevar a cabo campañas de promoción y sensibilización para fortalecer el compromiso social de los poderes públicos (incluir bonificaciones, premios, incentivos fiscales). Medidas puntuales que se pueden llevar a cabo:

• En el ámbito interno: la formulación de un código ético, implantación de sistemas de gestión respetuosos con el medio ambiente, formación para la sensibilización de los trabajadores públicos, introducir en los temarios de acceso al empleo público el concepto y los principales aspectos de la RS, entre otros.

•

Y en lo que concierne a medidas puntuales en la relación de la administración pública con el ámbito externo, se pueden citar: la elaboración de planes directores de RS, impedir el mal uso del término “Responsabilidad Social”, mejorar la comunicación con los ciudadanos (Ej. Memorias de sostenibilidad), comunicar los avances en temas de RS, velar por que se lleve a cabo una contratación pública responsable, incluir cláusulas sociales y contratos reservados, fomentar el uso de memorias de sostenibilidad de los agentes con los que interactúe la Administración Pública, entre otros posibles.

Un elemento importante, que ayuda a fortalecer el comportamiento socialmente responsable y la transparencia en la gestión, además de aportar importantes beneficios a la Administración Pública, es la rendición de cuentas expresada a través del pleno acceso a la información con la publicación de memorias de sostenibilidad o de Responsabilidad Social, o cuentas públicas de gestión. Sin embargo, la rendición de cuentas no es efectiva en sí misma sino existe una sociedad civil activa y vigilante que esté alerta y denuncie cualquier conducta incorrecta, razón por la cual los servicios públicos deberán favorecer la participación y el control ciudadano reduciendo los

costes de tal actividad […] reforzando la participación ciudadana en los procedimientos para la elaboración de disposiciones de carácter general, ampliar la participación de representantes de la sociedad civil en consejos de administración de organismos y agencias públicas, garantizar de forma eficaz el acceso a los registros y archivos públicos por los ciudadanos interesados, abrir el público las reuniones para toma de decisiones públicas, impulsar las encuestas al cliente de los servicios públicos, desarrollar sistemas como la selección aleatoria de ciudadanos para participar en debates sobre medidas concretas. (Villoria 2000:157-158).

76

2) Impactos sociales Los impactos sociales abarcan todas las formas en las que la administración pública puede afectar e influir en la comunidad en la que opera. Por un lado está la promoción y el fomento para la implantación de la RS en las organizaciones tanto públicas como privadas, por otro el impacto de sus políticas y decisiones en la prestación de los servicios públicos (Educación, salud, seguridad, medioambiente, etc.). Por último están las medidas de regulación que toma la administración pública como respuesta a las acciones de los grupos de interés que comparten la comunidad. Todo lo anterior con el objetivo de preservar el desarrollo sostenible y el bienestar social.

De las políticas y servicios públicos El impacto de las políticas y servicios públicos en la comunidad, hace referencia a cómo influyen y afectan estos en asuntos relativos a: La generación de empleo (Ejemplo: crecimiento del empleo en un área local como consecuencia de la reducción de las cargas burocráticas para creación de empresas); la cobertura de las necesidades humanas de seguridad, salud y educación; y al medioambiente (impacto de los organismos públicos en la calidad del aire, el agua, el suelo, y en la biodiversidad de los sistemas). El Foro de Expertos sobre RSE39 señala que los principios de responsabilidad tienen que ser la guía para el desarrollo de las políticas de la Administración, “con el fin de proteger, entre otros, los derechos de los consumidores, no permitir las agresiones a los derechos humanos, alcanzar la máxima observancia de estándares laborales dignos y no discriminatorios, respetar el medio ambiente y erradicar cualquier tipo de corrupción, así como cualquier otro aspecto en el que se identifique una desprotección de los derechos básicos”40.

39

El Foro de Expertos sobre RSE fue constituido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en marzo de 2005 y en él participaron representantes de varios Ministerios y expertos provenientes de grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad. 40

Foro de Expertos sobre RSE. Informe del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas (resultado de sus tres primeras sesiones). Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/foro_expertos/contenidos/INFORME_FOROEXPERTOS_RSE.pdf 77

De las acciones de todos los grupos de interés (intereses afectados) El impacto de las acciones de todos los grupos de interés (intereses afectados), incluyendo los

organismos públicos, se refiere a la necesidad de conocer el impacto de las actividades de todos los grupos de interés en la comunidad a donde pertenece la Administración pública y las medidas que esta puede establecer para su regulación.

Fomento y promoción de la Responsabilidad social en el sector privado y su impulso en el sector público. Uno de los principios rectores para el impulso la RSE es mejorar el diálogo social fomentando asociaciones entre el sector público y el privado para lograr una mayor cooperación, también lo es el establecimiento de responsabilidades comunes para lograr un consumo y una producción sostenibles y así lo manifiesta la CE (2005). Son los poderes públicos los que deben facilitar el buen desarrollo del proceso de diálogo y acuerdo entre todas las partes interesadas en el que debe desarrollarse la RSE, teniendo en cuenta a las empresas y organizaciones por un lado y las partes interesadas de la sociedad por otro. La Comunicación de la CE de octubre de 2010 señala que los poderes públicos deben desempeñar un papel de apoyo ofreciendo una combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de acciones reguladoras, por ejemplo para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comportamiento responsable de las empresas y asegurarse de que estas deben rendir cuentas. Según las conclusiones del Foro de Expertos, los poderes públicos pueden adoptar una posición positiva y activa apoyando el desarrollo responsable de las empresas para que en los próximos años y en concordancia con la sensibilidad y la demanda de los ciudadanos, las empresas españolas adopten una gestión responsable tanto en España como en sus actividades en el extranjero, en su propio ámbito e involucrando a sus proveedores y subcontratistas.

78

En lo que se refiere a instrumentos para el fomento de la Responsabilidad Social en las empresas y su impulso en el sector público, cabe mencionar planteamientos estratégicos y su materialización a través de acciones puntuales. A nivel estratégico, los poderes públicos pueden establecer políticas públicas como las siguientes:

• Políticas de promoción e incentivos de la RSE, aplicables no sólo a las grandes empresas, sino también a las PYMEs.

• La regulación y universalización de aspectos cruciales que dan credibilidad y rigor a la RSE: el informe de sostenibilidad de las empresas y su verificación.

• Fomento a través de la educación y formación, información y apoyo técnico para el desarrollo de la RSE entre los diversos agentes de la sociedad civil, en toda la sociedad en general, y entre las empresas y sus directivos en particular.

• Consolidar la voz de las partes interesadas (consumidores, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil interesadas en la empresa, sean medioambientales, de Derechos Humanos, de desarrollo etc.) fomentando su participación y ejerciendo de mediador entre ellas a través de la creación de instrumentos de deliberación y concertación.

• Los poderes públicos tienen también que impulsar dentro del mismo Estado, en todas sus actividades económicas, empresas públicas y organismos públicos las mismas pautas de conducta responsable que intenta promover en la sociedad y ser modelo y ejemplo.

• Finalmente, los poderes públicos tienen que utilizar los criterios de la Responsabilidad Social como guía para toda la normativa administrativa, con el fin de proteger, entre otros, los derechos de los consumidores, no permitir las agresiones a los derechos humanos, alcanzar la máxima observancia de estándares laborales dignos y no discriminatorios, respetar el medioambiente y erradicar cualquier corrupción así como cualquier otro aspecto en el que se identifique una desprotección de derechos básicos. Entre las acciones puntuales que se pueden considerar para el fomento de la RSE, están:

• La incorporación de instrumentos fiscales que la favorezcan.

79

• La reforma de las leyes financieras para facilitar información sobre cómo se incorporan las consideraciones sociales y medioambientales en la toma de decisiones de las inversiones.

• La promoción, creación y vigilancia de mecanismos de verificación, de evaluación y accountability.

• El control de la información que las empresas dan a los consumidores y que estos tienen en cuenta a la hora de elegir un producto o servicio. La regulación de una etiqueta social que identifique los productos en relación con el respeto de los derechos de los trabajadores o el medio ambiente podría ser, a pesar de las dificultades de aplicación que actualmente existen, una solución en este sentido.

• Estableciendo premios y reconocimientos a las empresas con buenas prácticas empresariales. En lo que se refiere a los informes de RSE, cabe destacar la necesidad de que, desde los poderes públicos, se aprueben medidas que favorezcan la realización por parte de las empresas de Informes Anuales de Responsabilidad en España. El proceso de información en materia de RSE representa la actitud sistemática de las empresas y de cualquier organización para gestionar sus políticas de RSE y divulgar sus prácticas ante sus grupos de interés y en distintos momentos de un ejercicio económico, convirtiendo al Informe de RSE, en el principal medio de un sistema de información eficiente, sin que ello implique que sea la única forma de comunicar. El Informe de RSE es la parte más visible y sistematizada de un sistema de información en RSE, que consiste en un documento que se hace público y que, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos, muestra el resultado e impacto económico, social y medioambiental de la actividad de la organización que lo realiza en un período de tiempo determinado. Es necesario destacar el papel que está desempeñando en el debate público el Foro de Expertos creado por iniciativa del Gobierno y coordinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o la creación en el año 2005 de la subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, cuyo informe de conclusiones y recomendaciones fue aprobado en junio de 2006. Las conclusiones del foro destacan la posición que tiene la Administración Pública al ser consciente de la necesidad de crear un marco de referencia objetivo y transparente que de credibilidad y rigor a la RSE. La Administración Pública es partidaria de contar con la máxima 80

información objetiva y verificable sobre políticas y prácticas de RSE y, por ello, quiere promover la estandarización de la información básica de las organizaciones en materia de RSE, que variará según las circunstancias concretas de su actividad. Información que servirá de base para posibles políticas públicas de fomento y promoción de la RSE. Tanto desde el Foro de Expertos de RSE, como desde el Foro de la Mesa de Diálogo, se realiza una intensa labor en búsqueda de acciones para promover la RSE, en temas relativos a: La Inversión Socialmente Responsable (ISR) para promover una mayor transparencia en el mercado financiero, promover reducciones fiscales para quienes inviertan en fondos que beneficien el medioambiente (como agricultura ecológica, biotecnologías, o energías renovables), bonificaciones en la seguridad social para facilitar la integración de personas con dificultades (como discapacitados, madres jóvenes, personas mayores); reducir la fiscalidad de las empresas que incorporen criterios de RSE o penalización por información engañosa en memorias de sostenibilidad, entre otros.

3.2.4.2. Evolución de la RSA Al igual que en el sector empresarial, la evolución natural de la Responsabilidad Social de la Administración Pública, exige de instrumentos de medición y verificación de las acciones realizadas en pro de la sostenibilidad del sector público. En 2011 se han publicado los resultados de un estudio de la Agencia Estatal de Evaluación de la Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios (AEVAL) que plantea un Marco de Sostenibilidad para la Administración pública, y que ha sido sugerido para su futuro desarrollo por parte de la red de Innovate Public Services Group (IPSG)41.

El objeto de la medición del Marco Europeo de Sostenibilidad es la evaluación interna y la elaboración de las memorias externas. El Marco se basa en información “cuantitativa” y aprovecha las lecciones extraídas del desarrollo y la utilización de otros modelos en los que se está trabajando con el mismo propósito: La adopción de un Cuadro de Mando Integral de la Sostenibilidad (CMIS); El enriquecimiento del modelo de excelencia CAF prevista para el 2012; 41

La Agencia Estatal de evaluación de la Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, responsables de la Presidencia Española de EUPAN durante el primer semestre de 2010 (Red Europea de Administración Pública), elaboró un estudio sobre los distintos modelos para la medición de una Administración Pública sostenible, cuyos resultados debían permitir ulteriores actividades del IPSG (Grupo de Servicios Públicos Innovadores). 81

La adopción de la norma ISO/DIS 26000; La adaptación del sistema IWA (diseñado para las corporaciones locales; La introducción de un sistema común para la elaboración de memorias como el suplemento de la GRI para organismos públicos42.

Los requisitos que han sido considerados indispensables para el modelo sugerido son:

-

que el objeto del modelo sea medir y mejorar la sostenibilidad de los organismos públicos en relación con el bienestar social, ambiental y económico de las comunidades a las que sirven;

-

que el modelo se centre en resultados ya que estos permitirán establecer la línea de mejora de la sostenibilidad;

-

que el sistema se base en indicadores “duros”, los cuales pueden ir acompañados de indicadores “blandos” y de las descripciones de las políticas, con el fin de mejorar la interpretación de los resultados;

-

se sugiere que haya un conjunto clave de indicadores, a pesar de la flexibilidad que se precisa para adaptarse a las diferentes realidades de los sectores públicos, con el fin de poder realizar comparaciones entre las organizaciones públicas;

-

se sugiere un conjunto clave de indicadores, en una primera instancia, que ayuden a reflejar el impacto del funcionamiento de la organización en la sostenibilidad, y para una segunda etapa otros indicadores que reflejen el impacto de las políticas y los servicios públicos en el medio ambiente y la sociedad.

A manera de resumen, podemos decir que se pueden clasificar en cuatro grupos los diferentes frentes de actuación de la Administración Pública43:

-

Regulador, desarrollando legislación específica que contribuya a una mayor responsabilidad social de las empresas.

42

El suplemento de la GRI para organismos públicos se descartó durante la presidencia sueca de la Unión Europea en 2009 en el seno de la red EUPAN ya que no se considera adecuado por el momento para el sector público. 43 Covadonga A. G. y otros. Acciones de la Administración para promover la responsabilidad social de las empresas: El caso del país vasco. Universidad del País Vasco. 82

-

Facilitador y/o promotor de acciones de responsabilidad social en las empresas, para que estas empiecen o continúen con sus acciones de responsabilidad social.

-

Sensibilizador de la opinión pública para que sea esta la que demande a las empresas en las que trabajan o las que compran, que actúen de una forma socialmente responsable: La existencia de regulaciones no asegura su cumplimiento, a veces la empresa prefiere pagar la sanción que se derive de un incumplimiento de la norma, que acometer las inversiones necesarias para acatarla. Por ello, en ocasiones, la presión del entorno puede ser más influyente. Consecuentemente otra vía de impulso es la de contribuir a la educación de la ciudadanía para que sea esta la que tire de las empresas, demandándoles una mayor RS.

-

Líder del proceso de sensibilización siendo una organización de referencia o modelo ejemplar en el que, como organización con empleados y vinculación con la sociedad en la que está inmersa, demuestra a través de su propia actuación que ser responsable con la sociedad, es bueno, tanto para la institución como, por supuesto, para la sociedad. Ejemplos tales como medidas de conciliación de la vida laboral y familiar (Plan Concilia), Igualdad de género, actuaciones de buen gobierno para los altos cargos de la Administración General del Estado. Promoción de RS entre sus proveedores, exigiéndoles políticas de RS.

3.2.5. Soporte de la RS La RS se apoya en la actualidad sobre un amplio abanico de pilares que se han venido construyendo con bastante celeridad durante la década de los noventa y, sobre todo, en la primera década del siglo XXI. Los principales referentes sobre los que se apoya la RS proceden tanto del marco internacional, como también del europeo y nacional.

83

Marco internacional Una de las primeras referencias que puede destacarse a escala internacional es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), celebrada en junio de 1992 de la que se deriva la Declaración de Río de Janeiro, que centra la atención mundial en la idea de que los problemas ambientales del planeta están íntimamente relacionados con las condiciones económicas y los problemas de la justicia social. Demostró que las necesidades sociales, ambientales y económicas deben equilibrarse unas a otras para obtener resultados sostenibles a largo plazo. En esta cumbre se aprobaron importantes documentos, referencias clave para el desarrollo de los temas que tratan, como son: El Programa 21 que es un plan de acción cuya finalidad son metas ambientales y de desarrollo en el siglo XXI; La Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, que define los derechos y deberes de los Estados; La Declaración de principios sobre los bosques; y Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la Desertificación. Las relaciones entre los países ricos y pobres han venido siendo conducidas, desde la Conferencia de Río, por un nuevo conjunto de principios innovadores, como los de "responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre los países", de "el que contamina paga" y de "patrones sostenibles de producción y consumo". En 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Declaración sobre principios y derechos fundamentales del trabajo con la intención de poner de manifiesto la determinación de la comunidad internacional de afrontar los retos que plantea la globalización. Esta declaración es la “reafirmación universal de la importancia del progreso social basado en valores comunes”44. Los principios y valores aquí enunciados están incorporados en la declaración tripartida de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT y son reconocidos por la OCDE y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas como un marco de referencia de los valores universales que se han de tener en cuenta. En el 2000 se crea el Pacto Mundial de las Naciones Unidas45 (Global Compact). El pacto solicita a las empresas que adopten y promuevan diez principios fundamentales sobre 44

Declaración sobre principios y derechos fundamentales del trabajo OIT, Ginebra, junio 1998 El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), es la iniciativa ciudadana corporativa mayor del mundo, con 6.000 participantes de más de 135 países. A él se adhieren de forma voluntaria organizaciones que deciden alinear sus actuaciones con los Diez Principios Éticos (véase http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html) y llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, entre ellos los Objetivos del Milenio. 45

84

derechos humanos, trabajo medio ambiente y lucha contra la corrupción. Participan en este pacto todos los sectores de la sociedad: los gobiernos que definieron los principios en los que se basa la iniciativa, las empresas, organizaciones laborales y organizaciones de la sociedad civil. El Pacto es un instrumento de libre adscripción, y las empresas y organizaciones que se adhieren adquieren el compromiso de comunicar a la sociedad, con periodicidad y transparencia, los progresos que realizan en su proceso de implantación, mediante informes de Progreso. En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 57/254 que proclama la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, para el periodo 2005-2014, que defiende que los estados incorporen en sus sistemas de educación reglada, no reglada y libre, una visión de la economía, del crecimiento y el desarrollo que englobe la vitalidad económica, la justicia, la cohesión social, la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, promoviendo a cooperación de las partes interesadas y del conjunto de la sociedad. Se ocupa de la sostenibilidad en los ámbitos ambiental, social y económico. Ha sido de gran importancia la contribución proveniente de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales. Las Líneas directrices de la OCDE elaboradas en 1976 y revisadas en 2004, contienen recomendaciones de los gobiernos a las empresas multinacionales sobre aspectos sociales y medioambientales. Elaboradas por 33 Gobiernos (los miembros de la OCDE, más Argentina, Chile y Brasil), son un código de conducta formado por principios y normas voluntarias de comportamiento. En febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, el cual había sido adoptado en diciembre de 1997 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en la “Cumbre de la Tierra”, Río de Janeiro (1992). El Protocolo de Kioto, es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Las emisiones totales de los países desarrollados deben reducirse durante el periodo 2008-2012 al menos en un 5% respecto a los niveles de 1990.

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Conviene también resaltar la contribución a la RS de las Directrices del Global Reporting Institute46 (GRI), que fija pautas para la rendición de cuentas de las organizaciones y elaboración de memorias de sostenibilidad. El estallido de la actual crisis reaviva la conciencia a escala internacional de la necesidad de actuar de una forma responsable y transparente por parte de las organizaciones e instituciones, incluidas las Administraciones Públicas. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirma en Julio de 2009 los principios del desarrollo sostenible y subraya la necesidad de alcanzar un consenso mundial sobre los valores y principios fundamentales en pro del desarrollo económico sostenible, justo y equitativo. Añade que la Responsabilidad Social y ambiental de las empresas es un componente destacado de ese consenso y promueve el llamado Pacto Mundial de Naciones Unidas. El trabajo que se viene realizando, a escala internacional, de sensibilización, promoción e implementación de la Responsabilidad Social, definitivamente supone un reto en la situación actual. La reciente noticia sobre la retirada de Canadá del Protocolo de Kioto47, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos y mantener el desarrollo de sus yacimientos petrolíferos, es una prueba de ello. No obstante, este tipo de acontecimientos son una clara muestra de la necesidad de fortalecer la Responsabilidad Social tanto en su ámbito conceptual (formación y sensibilización), como en la búsqueda de consensos a nivel internacional para su legítima implementación.

Marco europeo La primera referencia importante que cabe resaltar es la resultante del proceso de Lisboa en 2000, la llamada Estrategia de Lisboa. Esta marca como objetivo estratégico convertir a la Unión en “la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social”. 46

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización pionera en el mundo por la elaboración del marco más utilizado en los informes de sostenibilidad. La información utilizada para la creación del Marco GRI se obtiene a través de una búsqueda de consenso entre múltiples grupos de interés: Participantes provenientes del sector empresarial, de la sociedad civil y laboral, de instituciones académicas y profesionales. 47 “Canadá abandona el Protocolo de Kioto para evitar multas por incumplimiento”. Expansión.com [En línea], 13/12/2011]. Disponible en http://www.expansion.com/2011/12/13/economia/1323742867.html 86

En esta cumbre, se presenta por primera vez de forma explícita una estrategia basada en los tres pilares: el económico, el social y el ambiental. También se destaca la importancia del denominado triángulo del conocimiento, constituido por la investigación, la educación y la innovación, y el llamamiento especial al sentido de responsabilidad social de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación con la formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible”. Posteriormente, la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo Europeo en Gotemburgo en junio de 2001, añade una dimensión ecológica a la Estrategia de Lisboa y completa las tres dimensiones del objetivo más general a largo plazo de Europa, el desarrollo sostenible, lo que implicaba examinar de una manera coordinada las consecuencias económicas, sociales y ecológicas de todas las políticas y tenerlo en cuenta en los procesos de decisión. En ella se señala la importancia de la formación, que puede ser vital para la movilización ciudadana en este frente, para impulsar su participación en el desarrollo sostenible y su actitud responsable tanto individual como colectiva, promoviendo así los cambios requeridos. Destaca también su visión temporal de larga perspectiva cuando remarca la necesidad de responder a las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras. También en 2001, ve la luz el Libro Verde, primera Comunicación de la Comisión Europea (CE), para fomentar un marco europeo para la RS de las empresas (RSE), en el que se destaca la oportunidad de considerar a los recursos dedicados a ello más como una inversión que como un gasto. Conceptualmente señala como una característica de las acciones de RS la idea de suponer un paso más allá del mero cumplimiento de la legalidad, y de aportar, en ese sentido un plus que voluntariamente las organizaciones deciden dar en pro de la sostenibilidad. Los conceptos básicos y características de la RSE propuestos fueron recogidos en la posterior Comunicación de la CE de 2002 relativa a “la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, en él se afirma que a pesar de la amplia gama de enfoques relativos a la RSE, existe un consenso generalizado sobre sus principales características que son: Asumir la RS como un comportamiento que adoptan las empresas voluntariamente, más allá de sus obligaciones jurídicas, por considerar que a largo plazo redunda en su propio interés, y Reconocer que la RS está intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo sostenible, por lo cual las empresas han de integrar en sus operaciones las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de sus actuaciones.

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La CE hace también una invitación a las administraciones públicas, en el sentido de que estas deben buscar la integración de los principios de responsabilidad social, tanto en sus sistemas de gestión como en las relaciones con sus interlocutores. En comunicación emitida en 2003, la CE insta a los Estados a: -

Fomentar la RSE a escala nacional, de forma paralela al desarrollo de una estrategia a escala comunitaria

-

Fomentar el diálogo con los interlocutores sociales y el diálogo civil

-

Intercambiar información y experiencias sobre sus políticas

-

Incorporar la RSE a sus políticas nacionales

-

Incorporar, en su caso, los principios de la RSE en su propia Administración.

En junio de 2005, la CE hace referencia a una nueva dinámica para las relaciones laborales con el propósito de proseguir fomentando la responsabilidad social de las empresas. Esta nueva estrategia proclama como principios rectores de las políticas “Mejorar el diálogo social, aumentar la responsabilidad social de las empresas y fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado para conseguir una mayor cooperación, y el establecimiento de responsabilidades comunes para lograr un consumo y una producción sostenibles”. En 2006 se define la Nueva Estrategia Europea del Desarrollo Sostenible (EEDS) adoptada por el Consejo Europeo en la cumbre de Bruselas que busca establecer una estrategia única y coherente sobre el modo en que la UE puede asumir su compromiso a largo plazo con los retos que plantea el desarrollo sostenible (la primera EEDS fue en el 2001). En ella, se indica que

Todas las Instituciones de la UE deberán garantizar que las principales decisiones políticas se basen en propuestas que hayan sido objeto de una evaluación del impacto de la alta calidad, ponderando, de manera equilibrada, la dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible… Los Estados miembros deberían utilizar … en particular la evaluación del impacto a la hora de asignar fondos públicos y elaborar estrategias, programas y proyectos. Cabe resaltar, que la Unión Europea, ha tratado de impulsar la RS con acciones de sensibilización y herramientas para PYMEs con avances en la incorporación de criterios sociales y ambientales en la contratación pública, que se han ido trasladando a legislaciones nacionales, como es el caso de su Comunicación sobre Compra y Contratación Pública Verde con criterios de compra ambientales estandarizados en toda la UE para diez productos y servicios (equipos informáticos, obras de construcción, textiles, alimentación, limpieza, jardinería, mobiliario, electricidad, papel y transporte), basados en ecotiquetas (sistemas de 88

gestión ambiental) y que tiene reflejo en el plan de compras verdes de la Administración general del Estado aprobado en 2008 por el Gobierno español.

El drástico cambio de escenario con la actual crisis, lleva a la CE al lanzamiento de la Estrategia 2020, en sustitución a la de Lisboa, y en ella se destaca la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial para promover cambios que permitan recuperar la confianza, mencionándose expresamente la transparencia y la rendición de cuentas (Comisión de las Comunidades Europea, 2010:24).

Son tres las prioridades propuestas en la Estrategia 2020:

-

Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

-

Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

-

Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

En marzo de 2009, la CE hace un llamamiento a las empresas para que mantengan como prioridad en sus agendas las políticas éticas y responsables. Algunos países van más allá, como es el caso de Dinamarca, que desde 2006 obliga a las 1100 mayores empresas cotizadas y de propiedad estatal a que informen de sus avances en RSC48. En marzo de 2010, el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) ha hecho público su apoyo al desarrollo de un marco regulador europeo en materia de responsabilidad por parte de la Comisión Europea, el cual debe incluir tanto elementos de estrategia de sostenibilidad corporativa, como prácticas de gestión. Estas entidades consideran que no existe un tipo de información específica sobre temas de responsabilidad social y que actualmente las memorias de RSE tienden a incluir tanto datos requeridos por los agentes del mercado como información no financiera. 48

Pérez José – Fundación Economía y Desarrollo. Las administraciones públicas y sus modelos de apoyo a la RSE: Cómo impulsar con coherencia, artículo incluido en Apuntes para una metodología de elaboración de un plan integral de promoción de la responsabilidad social en una administración autonómica: El caso de la comunidad foral de Navarra. 89

En Comunicación de la CE, de octubre de 201149, la CE desarrolla aún más su política de RSE, con el planteamiento de una nueva estrategia donde vuelve a insistir sobre la importancia de la RSE para contribuir en la consecución de los objetivos del Tratado de la Unión Europea de alcanzar un desarrollo sostenible y una economía social de mercado altamente competitiva. Asimismo, conseguir el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, incluido el de una tasa de empleo del 75%. El comportamiento responsable de las empresas es especialmente importante cuando agentes del sector privado ofrecen servicios públicos. Ayudar a reducir los efectos sociales de la actual crisis económica, como la pérdida de puestos de trabajo, forma parte de la RSE. Esta conlleva un conjunto de valores sobre el que se construirá una sociedad más cohesiva y en el que se basará la transición a un sistema económico sostenible. En esta misma comunicación se resalta que a pesar de los avances que se han venido consiguiendo en la UE en temas de RSE, sigue habiendo importantes retos pendientes. Muchas empresas de la UE aún no han integrado plenamente las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones y su estrategia de base. Se sigue acusando a una pequeña minoría de empresas europeas de vulnerar los derechos humanos y de incumplir normas laborales básicas. Solo quince de los veintisiete Estados miembros de la UE cuentan con políticas nacionales para promover la RSE50. Por otro lado, en lo que se refiere a la mejora de la recompensa que supone la RSE en el mercado, la nueva estrategia afirma que la UE debe impulsar políticas en el ámbito de la contratación pública y la inversión responsable. La CE propone facilitar una mejor integración de las consideraciones sociales y medioambientales en la contratación pública como parte de la revisión de 2011 de las Directivas sobre contratación pública, sin añadir cargas administrativas para los poderes adjudicadores o las empresas ni cuestionar el principio de la adjudicación de los contratos a las propuestas económicamente más rentables. La CE apoya el desarrollo de capacidades de los inversores sobre la forma de integrar información no financiera en las decisiones de inversión. En este contexto, anima a las empresas a divulgar información relativa a la implementación de normas sobre buena 49

COM (2011) 681 final. Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 25.10.2011 50

COM (2011). «Responsabilidad Social de las Empresas: Políticas Públicas Nacionales en la UE». 90

gobernanza fiscal. Propone además, estudiar el requisito de que todos los fondos de inversión e instituciones financieras informen a sus clientes (ciudadanos, empresas, poderes públicos, etc.) sobre cualquier criterio de inversión ético o responsable que apliquen o cualquier norma o código al que se adhieran. Y en lo que respecta a la Importancia de las políticas nacionales y subnacionales sobre RSE, se anima a las autoridades locales y regionales a hacer un uso inteligente de los Fondos Estructurales de la UE para contribuir al desarrollo de la RSE, especialmente entre las PYME, y a colaborar con las empresas para afrontar mejor problemas como la pobreza y la inclusión social, reconociendo que muchas medidas de políticas públicas destinadas a apoyar la RSE se aplican mejor a nivel nacional, regional y local. Por otro lado, la CE propone51:

•

La creación de un nuevo fondo propuesto, con una dotación de de 90 millones de euros, para apoyar a las empresas cuyas actividades tengan un elevado impacto social o medioambiental;

•

La introducción de cambios en la normativa europea sobre la transparencia, para obligar a las empresas a notificar toda adquisición de instrumentos financieros, más allá de las acciones que sirvan para reforzar el control en una empresa determinada Lo anterior con el fin de impedir que inversores asuman el control "encubierto" de compañías;

•

A fin de evitar los casos de corrupción y sobornos en los sectores de extracción de materias primas, maderero, petróleo y gas en terceros países, el Ejecutivo comunitario ha propuesto obligar a las empresas europeas que operan en estos sectores que notifiquen los pagos a los Gobiernos de los países donde extraen dichos minerales o madera con el objetivo de saber "a quien pagan, cuánto pagan y por qué". Las empresas estarán obligadas a notificar los impuestos, regalías y bonos que pagan por países y sectores en los que operan.

51

Europapress.es, Diario on-line. “Bruselas defiende crear un fondo con 90 millones de euros para apoyar a las empresas que apuestan por la RSC”. 26 de Octubre de 2011. http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-bruselas-defiende-crear-fondo-90-millones-eurosapoyar-empresas-apuestan-rsc-20111026125311.html

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Con relación a los esfuerzos de la CE por despertar la conciencia de los consumidores sobre la importancia de una utilización más eficiente de los recursos naturales para reducir el impacto sobre el medio ambiente y lograr un futuro más sostenible, cabe mencionar la campaña “Generation Awake Your choices make a world of difference!”.

Con esta campaña, la CE persigue lograr un cambio de mentalidad y de pautas de comportamiento en los consumidores, así como una toma de conciencia sobre la forma en la que las decisiones de consumo pueden afectar a recursos del planeta.

No dejamos de cuestionarnos sobre la coherencia de las políticas de la UE en materia de RS y su gestión de la actual crisis económica, en un momento en el que las empresas se sienten asfixiadas por no conseguir créditos de las entidades financieras (principales actores de la crisis) y las personas están ahora más preocupadas por mantener su empleo. Sin embargo, esta situación, es precisamente la que saca a la luz la verdadera conciencia, comprensión y actitud que se tiene ante la responsabilidad social y es cuando más hay que ahondar en ello, identificando toda la casuística que se puede generar en la Sociedad cuando aparecen los verdaderos problemas y buscando las vías y procedimientos para poder afrontarlas y prevenirlas en el futuro. Es una oportunidad para crear las bases formativas y fortalecer los valores que requiere la Sociedad para contribuir al desarrollo sostenible.

Marco nacional Según cita Cueto (2010) sobre la regulación de la responsabilidad de los poderes públicos en España, el fundamento más básico está previsto en la Constitución, en el art. 9.3 (CE); que puede interpretarse en el sentido de una responsabilidad general de los gobernantes y administradores de cualquier poder público (legislativo, ejecutivo y judicial) y manifestarse en múltiples aspectos. Sin embargo, existen otras dimensiones de la responsabilidad del sector público en su contribución a la efectividad de determinados valores y principios de nuestra sociedad, reconocidos y ratificados a nivel internacional; entre ellos, el de contribución a la sostenibilidad global, cuyos fundamentos están más que reconocidos en la normativa internacional y en nuestro ordenamiento jurídico; muchos se corresponden con “derechos y deberes fundamentales” o “principios rectores de la política social y económica” del Título I de la Constitución Española de 1978 (CE). En particular, las normas relativas a los derechos

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fundamentales y a las libertades que se interpretarán de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos (1948) y los tratados internacionales sobre tales materias ratificados por España (art. 10.2 CE). En España, las evidencias muestran el protagonismo creciente que se le concede a la Responsabilidad Social, sobre todo en el siglo XXI, siendo ya bastante numerosas y sólidas. Sólo a nivel estatal, hay un número importante de Leyes orgánicas, Leyes ordinarias y Reglamentos de desarrollo. Destacan la creación, a finales de 2004 de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (ASEPAM)52. Hoy en día son más de 1000 entidades adheridas que suscriben los diez principios de respeto a los derechos humanos (traslación del Pacto Mundial surgido en el año 2000, a España). Su modelo multistakeholder agrupa a distintos grupos de interés: empresas, ONGs, sindicatos, instituciones académicas y organismos sociales. Se crea en 2005 el Foro de expertos en RSE, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la participación de representantes de varios Ministerios, de expertos provenientes de grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad. Su principal referencia es la Estrategia Europea para el Desarrollo Sostenible. El Foro señala en un informe que los poderes públicos tienen que impulsar dentro del mismo Estado, en todas sus actividades económicas, empresas públicas y organismos públicos, las mismas pautas de conducta responsable que intenta promover en la sociedad. También destaca la oportunidad de integrar el enfoque de RS y de los principios del desarrollo sostenible en los sistemas de gestión de lo público, y de impulsar dentro del Estado prácticas de conducta responsable en todas las actividades económicas, empresas públicas y organismos públicos. Por tanto, no se circunscribe este foro exclusivamente a las empresas, sino que hace patente la conveniencia de extender la RS a todas las organizaciones que aportan un valor añadido para la sociedad, con o sin ánimo de lucro, ya sean públicas o privadas. Muy importante es destacar la relevancia que le conceden a la educación para profundizar en los principios de la RS, el desarrollo sostenible y a la formación de los cuadros directivos de las empresas, representantes de los trabajadores, y responsables de las administraciones públicas y otras organizaciones sociales.

52

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2008 se aprobó la nueva denominación de la Asociación que viene a ser "Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas". 93

Cabe destacar también la voluntad del Estado Español de vincularse con la RS, mediante la

exigencia de conductos y comportamientos específicos a sus agentes principales: los directivos públicos. Ejemplo de ello es el Código de buen gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado53, elaborado por el gobierno del Estado Español en 2005, aplicable a los miembros del Gobierno del Estado, a los secretarios de Estado y a los demás altos cargos de la Administración general del Estado y de las entidades del sector público estatal de derecho público o privado vinculadas o dependientes de aquella, que estipula que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones deben cumplir “no solo las obligaciones previstas en las leyes, sino, que además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas” y, en concreto establece como principios básicos: “Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres”. Cabe mencionar también la Ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado (BOE 11-04-2006). En junio de 2006, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados creó una subcomisión parlamentaria que elaboró un informe54 para potenciar y promover la RSE. Se trata de un documento relevante por proclamar el propósito de los poderes públicos de integrar los aspectos de RS en su actuación y en la legislación futura. Este informe hace recomendaciones tanto para impulsar la RSE, como para que se integre la RS en la actuación administrativa. Está también la reglamentación relacionada con los principios rectores de la política social y económica en España, como la Ley de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia (BOE 15-12-2006), o con los “derechos y deberes fundamentales” como la Ley de Igualdad (BOE 23-3-2007) y la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE 30-12-2006). Así mismo cabe mencionar el compromiso de aplicación de aspectos éticos, sociales y ambientales a las compras públicas recogido en la vigente Ley de Contratos del Sector Público

53

Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, que dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la Administración General del Estado (BOE/07/032005) 54

Acuerdo de la Comisión por el que aprueba, con modificaciones el informe, BOE 424 de 4 ago 2006. 94

desde 2007, la Ley de Responsabilidad Medioambiental (BOE de 23/10/2007), la Ley para la regulación del régimen de Empresas de Inserción (BOE de 14/12/2007) y la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE de 14/12/2007). En 2007 se produce el lanzamiento de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que entronca con la impulsada en Europa en 2006, y con la promulgación de la Ley de Economía Sostenible (LES)55 de 4 de marzo de 2011 (BOE de 5/3/2011). En 2008 se constituye el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) con fines de asesoramiento al Gobierno, el cual planteó la creación de grupos de trabajo relacionados con los siguientes temas: papel de la RSE ante la crisis económica y un nuevo modelo productivo; transparencia: promover estándares y/o características de las memorias y/o informes de RSE y sostenibilidad; consumo e inversión socialmente responsable; educación, formación y divulgación de RSE. El 22 de mayo de este mismo año, fue aprobado el Código Unificado de Buen Gobierno por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estableciendo que las sociedades cotizadas deberán tomarlo como referencia cuando presenten, en el primer semestre de 2008, el informe anual de Gobierno corporativo. El 4 de marzo de 2011 se publica la Ley 2/2911 de Economía Sostenible que introduce en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear aquellas condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. En noviembre de 2011, es aprobada la Ley de Contratos del sector público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), que incluye criterios sociales, medioambientales, incluyéndose expresamente a las empresas de inserción y la contratación de personas en situación de discapacidad. La Ley posibilita que se recojan condiciones especiales de ejecución de tipo social o medioambiental con el fin de promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre géneros, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo y cualesquiera otras que favorezcan la estrategia coordinada para el empleo. Esta Ley otorga un trato favorable a

55

Otras leyes que preceden a la LES contribuyeron con anterioridad a la incorporación de los principios de responsabilidad y sostenibilidad en las universidades. Entre ellas, la Ley 23/2998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional al Desarrollo; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y, la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 95

empresas de inserción y a las empresas que contratan a discapacitados, propiciando de esta manera el desarrollo de la economía social y la responsabilidad social de las empresas. Entre las actuaciones más recientes del gobierno español en pro del desarrollo sostenible, está la aprobación del Real Decreto por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible56. El Fondo tiene por finalidad impulsar la actividad económica por parte de las empresas españolas en los nuevos sectores asociados a una economía baja en carbono. Esta herramienta impulsa la actividad de las empresas en los sectores asociados a la lucha contra el cambio climático mediante la adquisición de créditos de carbono, contribuyendo de este modo al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones asumidos por España. Aparte de todo lo anteriormente expuesto, existe además toda una extensa y prolija relación de normas jurídicas a nivel estatal, autonómico y local: A nivel autonómico, ha entrado ya en vigor un primer precedente: Ley de RSE de Extremadura (DOE 15/12/2010).

3.3. Actuaciones en materia de RSC – España En España se continúa avanzado en la introducción de actuaciones socialmente responsables en la propia Administración Pública. Además de la consolidación de un marco jurídico y normativo, cabe destacar actuaciones relacionadas con su desempeño frente a políticas públicas de responsabilidad corporativa de la Comisión Europea (2007)57, y las medidas desde el punto de vista de la “soft regulation”58 (estrategias, planes, guías), que se han venido desarrollando en los últimos años, tales como:

•

El “Programa Óptima” del Instituto de la Mujer, cuyo fin es fomentar la igualdad en el trabajo.

56

Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-201117631.pdf 57 Tomado del Artículo de Carlos Cueto, “Modelo regulador y oferta de RSC pública en España Destacado”, de 10 de marzo de 2011, publicado en la Web RSC El valor de la Responsabilidad Social, de la cátedra de Responsabilidad Social de la UNED. 58 En el ámbito de la UE conviven normas y otros instrumentos como planes, estrategias, acuerdos que comentan la implantación de la RSE.

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•

El proyecto “Acelerando la RSE en Empresas Públicas”59 -coordinado por Forética, Garrigues Medio Ambiente y ADIF-. Iniciativa, puesta en marcha en septiembre de 2010 con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración y las empresas públicas Emasesa60 y Autoridad Portuaria de Valencia, además de la adhesión de ocho gobierno autonómicos (Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco). El proyecto organizó talleres orientados a formar a representantes de empresas públicas sobre temáticas de interés en el ámbito de la RSE en el sector, especialmente vinculadas a los requisitos de la recién aprobada Ley de Economía Sostenible: "Estrategia RSE y diálogo con los grupos de interés", "Contratación pública sostenible" y "Comunicación y reporting".

•

El fomento del microcrédito con el fin de apoyar la creación de pequeños negocios realizados por personas con problemas de inserción en el mercado de trabajo.

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La puesta en marcha de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, en el marco de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

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Programas de apoyo para la realización de estudios y jornadas llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro que promocionan prácticas de RSE.

•

Paralelamente, han ido surgiendo también iniciativas público-privadas, como el “Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable”, que se constituyó inicialmente como una reunión informal de administraciones públicas, empresas contratistas y el sector de la discapacidad con el fin de lograr una mayor incorporación de elementos sociales en la contratación pública.

Algunas de las actuaciones implementadas que atañen a los empleados de la Administración son las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar incluidas en el Plan Concilia; el Plan para la igualdad de género de la Administración General del Estado que puso en marcha en marzo de 2005; existe una reserva del 5% del empleo público para personas con discapacidad desde la aprobación del Real Decreto 2271/2004 del 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad; un programa de actuaciones de buen gobierno para los altos cargos de la Administración General del Estado, que existe desde el Acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2005. 59

Seleccionado como una de las 13 mejores iniciativas de colaboración entre stakeholders a nivel europeo dentro del CSR MarketPlace-Enterprise 2020 de Bruselas organizado por CSR Europe a finales del 2010. 60

Empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. 97

Es de resaltar la reciente Ley Orgánica 7/201161, según la cual los Diputados y Senadores han

de ser ejemplo de rigor y de transparencia, de manera que ambos principios constituyan las señas de identidad de su actividad política. Esta Ley tiene por objeto ordenar la publicación de las rentas percibidas por los parlamentarios durante su mandato, así como las variaciones experimentadas en su patrimonio personal. La presente Ley pretende contribuir a liberar a los Diputados y Senadores de injustificables valoraciones negativas que muchas veces se predican del colectivo de los políticos teniendo como única base los juicios previos. Por otro lado, el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), constituyó en el 2009 cuatro grupos de trabajo para analizar y proponer líneas de actuación frente a temas de interés y preocupación en el contexto socio-económico actual: 1) El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución al nuevo modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible; 2) Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de sostenibilidad; 3) Consumo e Inversión Socialmente Responsable; 4) RSE y la Educación; 5) Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al Desarrollo.

Son de destacar otras iniciativas y medidas adoptadas por el gobierno tales como la resolución por la que se recogen las subvenciones concedidas para actividades de promoción de la economía social, la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo para entidades asociativas y fundaciones privadas; la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que recogen medidas en beneficio de los autónomos, la economía social y la responsabilidad social de las empresas.

3.3.1. Actuaciones del CERSE En mayo de 2011 fueron aprobados en el Pleno del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) (Órgano consultivo y asesor del Gobierno) presidido por el 61

Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Disponible en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/registro_intereses 98

Ministro de Trabajo e Inmigración, los documentos con los resultados de los análisis realizados sobre los temas, iniciados en el 2009:

El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución al nuevo modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible62 El contexto de la actual crisis supuso cuestionar, entre muchas otras cuestiones, si la Responsabilidad Social Empresarial tiene futuro, o si puede suponer una eficaz herramienta para la mejora del modelo productivo, fortaleciendo y reforzando una nueva orientación hacia un desarrollo económico más sostenible, o si simplemente iba a quedar postergada por los efectos de la crisis. Este frente de trabajo se centró en el análisis de la actual crisis económica, contraponiendo la forma de actuar socialmente responsable de las empresas ante la irresponsabilidad del comportamiento de ciertas empresas y reguladores que han sido una de las principales causas de la grave situación económica y social de hoy en día, y proponer soluciones que minimicen los costes sociales debidos a ajustes productivos, en la búsqueda de un nuevo modelo productivo donde predomine la transparencia en la gestión, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y de género, el medioambiente y la participación de todas las partes implicadas en el devenir de las empresas. Se propuso realizar el análisis en base a experiencias concretas, prácticas, y reales en empresas, preferiblemente de tamaño pequeño o mediano, y en el ámbito nacional. Se contemplaron tres bloques temáticos: el primero relacionado a las políticas de RSE vinculadas a la gestión de la empresa y a su relación con los trabajadores (gestión del talento, conciliación, medidas de igualdad y mejora de la productividad); el segundo relacionado con las políticas y prácticas de gestión externa de la RSE (productos o servicios que se ofrecen); y el tercero relacionado con las políticas, programas o prácticas que se acometen en directa relación con, o promovidas por las Administraciones Públicas, tanto como impulsora y creadora de políticas de RSE, como en su rol de empleadora y protagonista de dichas políticas.

62

CERSE (2011). Informe del Grupo de Trabajo 1: El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución a un nuevo modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/110503_GTRUPO_DE_TRABAJO_EL_PAPEL_DE_LA_RSE_ANTE_LA_CRISIS_ ECONOMICA.pdf 99

Las conclusiones obtenidas sobre el análisis de las políticas, programas o prácticas acometidas promovidas por la Administración Pública, fueron las siguientes:

“La RSE debe llegar no sólo a las empresas sino a todas las entidades asentadas en un territorio o comunidad, ya sean públicas o privadas. La educación en todos los ámbitos (hogar, calle, centros educativos, empresas, organismos…) es fundamental para asumir los nuevos retos planteados por la RSE. La gobernanza de carácter participativo permite conjugar el equilibrio entre aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales del modo de vida de un colectivo. El acceso al empleo debería acompañarse de itinerarios personalizados que permitan la integración en el mundo laboral de personas con dificultades. La inclusión de criterios de RSE por parte de las Administraciones Públicas se debe contemplar en la aplicación en sus propias estructuras. La exigencia en contratación para obras, suministros o servicios de cláusulas específicas, debe encuadrarse necesariamente en el respeto de las normas que regulan la contratación administrativa, y basarse en régimen de total transparencia, para evitar generar situaciones de discriminación, distorsión en mercado, o indefensión. Este tipo de colaboraciones público-privadas, han contribuido a identificar y desarrollar sinergias, evitando la duplicidad de actuaciones, obteniendo mayor rentabilidad de los medios disponibles y eficacia en los resultados También ha permitido favorecer la implantación de la RSE en la gestión de las empresas, especialmente en la pymes.”

Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de sostenibilidad63 El objetivo fundamental de este frente fue analizar la transparencia de las empresas, organizaciones y Administraciones públicas y la propuesta de un instrumento para lograr la transparencia, como es el informe o reporte de RSE. Este informe es admitido por todas las partes interesadas, aunque la adecuación de los estándares y características de las memorias de sostenibilidad e informes de RSE pueda variar en función de la percepción de cada uno de los grupos de interés representados en el Consejo.

63

CERSE (2011). Informe del Grupo de Trabajo 2: Transparencia, Comunicación y Estándares de los Informes y Memorias de Sostenibilidad. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/110503_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_TRANSPARENCIA_COMUNICACION_Y_ STANDARDS_DE_LOS_INFORMES_Y_M.DE_SOSTENIBLIDADl.pdf 100

Como punto de partida, se realizó un diagnóstico de la labor llevada a cabo en España en materia de reporting RSE, tanto desde la perspectiva de las empresas/organizaciones como desde la de la administración. El resultado fue el siguiente: En España, 33 de las 35 empresas/organizaciones del IBEX publican memoria de RSE (2009), y en 85% de las empresas/organizaciones cotizadas en el Mercado continuo, han publicado un informe similar. Parece ser que la crisis no ha afectado al ritmo de avance de elaboración de las memorias, en el 2010 se elaboraron un 10% más que en el 2009 (138 memorias con formato GRI). España ocupa una posición mundial tanto por el número de informes que aplican la metodología de los indicadores GRI64, como por el número de empresas/organizaciones que se han comprometido a informar de sus acciones en relación con el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas65. Aún así, existen importantes espacios de mejora tanto en la información publicada sobre el proceso de implantación de los sistemas de gestión de RSE, como en la presentación de resultados relevantes: En ocasiones se identifica en las memorias de RSE una desconexión entre los compromisos adquiridos, los procedimientos existentes, los impactos producidos y los resultados del ejercicio; contexto que es preciso mejorar para ir avanzando en el nivel de confianza de la sociedad. En lo que respecta a la administración y al resto de organizaciones público/privadas, se observa que el número de informes de responsabilidad social que se publican es reducido. El informe de conclusiones incluye recomendaciones para la elaboración de las memorias.

Consumo e Inversión Socialmente Responsable66 Este frente de trabajo asumió el análisis sobre si el fomento del consumo responsable debe hacerse mediante la utilización del etiquetado (tanto de comercio justo como ecoetiquetas u otro etiquetado) como herramienta distintiva de cumplimiento de criterios sociales y 64

GRI: Global Reporting Initiative, es la entidad que ha elaborado el estándar más aceptado internacionalmente en este tema. 65 United Nations Global Compact 66 CERSE (2011). Informe del Grupo de Trabajo 3: Consumo e Inversión socialmente responsable. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/110503_SUBGRUPO_CONSUMO_SOCIALMENTE_RESPONSABLE_documen to_consenso_mayoritario.pdf 101

medioambientales, promoviendo la producción cívica o responsable. Analiza también el planteamiento en materia de aprovisionamientos públicos o contratación pública, ya que es importante evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado en cuanto a si la contratación pública está teniendo en cuenta, en la cláusulas de contratación, criterios sociales y medioambientales. Por otra parte la Inversión Socialmente Responsable también es objeto de gran debate.

El informe de conclusiones ofrece un detallado análisis sobre lo que el consumo socialmente responsable y una serie de recomendaciones para establecer líneas de actuación a este respecto como son:

•

Las políticas gubernamentales de fomento del consumo responsable, deben considerar entre sus objetivos: la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de las desigualdades, tanto en el ámbito nacional como en la relaciones entre los países.

•

Se recomienda la adopción de un sistema de verificación del informe/memoria por un tercero independiente, con la adecuada y reconocida capacidad técnica.

•

Para eliminara asimetrías en la información, es necesario que se establezca un sistema que identifique a las organizaciones, especialmente a las socialmente responsables.

•

Se recomienda a las Administraciones públicas que, de acuerdo a la normativa aplicable, hagan uso, en los procesos de contratación pública, de las cláusulas especiales en relación con la ejecución del contrato, referidas a las consideraciones de tipo social y ambiental.

RSE y la Educación67 Este frente es más transversal y su misión es sensibilizar, informar, divulgar y formar en materia de RSE y extender su conocimiento a todos los ciudadanos. El objetivo fundamental de este frente consistía en realizar un dictamen sobre el estado del sistema educativo español, en particular sobre la consideración en los contenidos de la

67

CERSE (2011). Informe del Grupo de Trabajo 4: La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), el Desarrollo Sostenible y el Sistema de Educación y Formación. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/110503_GRUPO_DE_TRABAJO_RSE_Y_EDUCACION.pdf 102

enseñanza reglada, no reglada y libre de los nuevos requerimientos de responsabilidad y del paradigma del desarrollo sostenible como ejes esenciales del sistema de educación y formación. El informe de conclusiones se pronuncia y establece recomendaciones sobre los siguientes aspectos:

•

Las lecciones de la crisis financiera y económica mundial

•

El sistema de educación y formación y los principios y valores del desarrollo sostenible

•

La estrategia europea de desarrollo sostenible y el papel de las universidades: La estrategia universidad 2015

•

La necesidad de un mayor compromiso de la universidad con las empresas y el desarrollo de las localidades y regiones

•

La educación en gestión y el papel de las universidades y las escuelas de negocio

Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al Desarrollo68 El objeto de análisis de este frente de trabajo fue la Gestión de la Diversidad, la Cohesión Social y la Cooperación al Desarrollo, partiendo del planteamiento de que una adecuada gestión de la diversidad dentro de las estrategias de RSE sea considerada en positivo y no se convierta en factor de desigualdad, y que junto con las actuaciones de Cooperación al Desarrollo, constituyen elementos coadyuvantes de la Cohesión Social.

3.3.2. Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 Desde finales de 2008, la economía española atraviesa una situación de desaceleración que se inscribe en un contexto de crisis económica generalizada a nivel mundial. Dentro de este marco, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, junto con la a Ley de Economía Sostenible, se configuran como pilares fundamentales para sentar las bases de una recuperación sólida cimentada en la transformación del modelo de crecimiento español.69

68

CERSE (2011). Informe del Grupo de Trabajo 5: Gestión de la Diversidad, Cohesión Social y Cooperación al Desarrollo. Disponible en http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/docs/110503_GRUPO_DE_TRABAJO_GESTION_DE_LA_DIVERSIDAD.pdf 69 Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf 103

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 recogen medidas en beneficio de los autónomos, la economía social y la responsabilidad social de las empresas.

•

Se incluyen medidas para el fomento del empleo autónomo y de la economía social (94 millones de euros), así como para su difusión y la de la responsabilidad social de las empresas (5,2 millones). También se incluyen actuaciones para la orientación del empleo por cuenta ajena y propia por importe de 94 millones de euros.

•

Por primera vez, se recoge el presupuesto destinado para atender la nueva prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con arreglo a la Ley 32/2010, de 5 de agosto, con un gasto estimado de 11 millones de euros, en los que se incluyen el pago de la prestación económica, las cotizaciones sociales y medidas de fomento del empleo para los trabajadores autónomos que hayan perdido su actividad por causas ajenas a su voluntad.

•

Se establece con carácter indefinido la medida que permite utilizar hasta un 80% de la prestación por desempleo para invertir en su autoempleo para jóvenes de hasta 30 años de edad y mujeres de hasta 35 años (disposición transitoria cuarta).

•

También, y de forma indefinida, se permite el abono del valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones por desempleo que pretendan incorporarse de forma estable como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades y con independencia de su duración.

3.3.3. Subvenciones estatales para fomento de RSE en pymes En marzo de 2011 la Secretaría General de Industria emite una resolución, por la que se convocan, para el año 2011, ayudas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: Iniciativa «RSE-PYME»70. El objetivo de estas subvenciones es ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la elaboración de informes de sostenibilidad, la creación o adaptación de metodologías específicas para la producción de estas memorias de RSC o la implantación de sistemas de gestión de responsabilidad social en un número significativo de pymes; así como la organización de congresos, seminarios, jornadas, y otras actividades de naturaleza similar

70

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6068.pdf 104

tendentes a iniciar, sensibilizar, formar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento de la RSE tanto a la PYME como al personal perteneciente a las organizaciones beneficiarias. El fin último es mejorar la competitividad de estas empresas. La convocatoria cuenta con un presupuesto para 2011 de un millón de euros, y la cuantía máxima de cada subvención no puede superar los 50.000 euros anuales.

3.3.4. Avance de la implantación de la RS en las administraciones públicas Responsabilidad Social en las Comunidades Autónomas Algunos casos concretos de avance en materia de Responsabilidad Social de la Administración Pública en las comunidades son:

Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Andalucía

La Junta de Andalucía pretende contribuir a dinamizar la economía andaluza, creando instrumentos normativos que incidan en tres finalidades: primero, propiciar el espíritu emprendedor y la innovación como motor del crecimiento económico y la creación de empleo, donde juegan un importante papel las universidades como agentes generadores de conocimiento para el cambio de modelo productivo; segundo, aumentar la competencia efectiva de los mercados y la libertad de empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos administrativos, y, tercero, generar confianza sobre la base de la responsabilidad social de las personas emprendedoras.

Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón 2008-2011: Acuerdo estratégico para sentar las bases que permitan incrementar el potencial de generación de riqueza, como uno de los principales objetivos en materia de política económica del Gobierno de Aragón, compartido por los interlocutores sociales firmantes de este Acuerdo, UGT, CCOO, CREA y CEPYME Aragón.

Aragón

La finalidad última consiste en plantear las bases, objetivos y medidas para el progreso económico y social de Aragón durante el período de vigencia del mismo, a través del diálogo social y potenciando la participación institucional de los agentes sociales, con el convencimiento de que sólo desde la apuesta compartida por un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero, basado en la mejora de la competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad, es posible abordar un mayor nivel de desarrollo social, económico y de calidad en el empleo.

105

Plan Autonómico de Inclusión Social del Principado de Asturias 2009-2011: Instrumento para potenciar la inclusión de las personas y familias en situación o en riesgo de exclusión social, especificando las líneas prioritarias de actuación.

Principado de Asturias

El Capítulo VI de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, bajo la rúbrica “Medidas de Incorporación Social”, contempla en sus artículos 28 y 32 la necesidad de que la Administración del Principado de Asturias elabore periódicamente un plan autonómico de inclusión social, en consonancia con lo establecido en el ámbito de la Unión Europea. Dicho plan debe recoger las medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y favorecer la inserción social de quienes padecen situaciones o riesgo de exclusión social, integrando y coordinando las actuaciones de los servicios públicos implicados. Cumpliendo ese mandato, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de 24 de junio de 2009, aprobó el Plan Autonómico de Inclusión Social del Principado de Asturias 2009 – 2011. El Plan se rige por los principios de aplicación al sistema público de servicios sociales contenidos en la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias y los que perfilan la política de exclusión en la Ley de Salario Social Básico. De todos ellos, singulariza los siguientes: • • • • • • • •

la inclusión como derecho responsabilidad pública la persona como sujeto activo de la intervención multidimensionalidad coordinación de proyectos y agentes consideración del territorio a efectos de materializar el principio de proximidad igualdad de género calidad.

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.

Baleares

Esta ley tiene por objeto establecer las medidas y las líneas de actuación que permitan al Gobierno, a la Administración de la comunidad autónoma y a los entes del sector público instrumental de las Illes Balears actuar de conformidad con los principios y valores de la buena administración y del buen gobierno, en el contexto de mejora continua de la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y de la calidad democrática por lo que se refiere a los efectos de las intervenciones públicas y a la acción de gobierno.

Asistencia técnica en Igualdad y Responsabilidad Social, del Gobierno balear: Iniciativa ganadora en la categoría de Iniciativas Públicas en el III CSR MarketPlace, 71 organizado por Forética en septiembre de 2011, bajo el lema “Destino RSE”.

71

Forética es una red global de organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la Responsabilidad Social, que aglutina a más de 200 socios. 106

Se trata de la asistencia técnica en Igualdad y Responsabilidad Social provista por el Gobierno balear: El organismo público ha creado una base de datos de todas las organizaciones de Baleares, las ha catalogado según su tamaño, y ha diferenciado aquéllas que tienen la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Igualdad. En el caso de las pymes y micropymes, ha sido necesario motivarlas para que instauren medidas de RSE e igualdad, con medidas accesibles y sin coste alguno, pero que les proporcionan muchos beneficios en su organización empresarial. En dos años se ha logrado que, a través de las diferentes subvenciones y del asesoramiento técnico, más de 50 empresas (datos de diciembre 2009), que no tenían obligación de presentar memorias de RSE y planes de igualdad, los hayan presentado.

Canarias

Primeras Jornadas de Líderes de Responsabilidad Social Corporativa: Celebradas en Octubre de 2009, y en las que, además de la corporación insular, han colaborado Asescan, Campus Global Formación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas Jornadas están enmarcadas dentro del Plan Estratégico de Empleo de Gran Canaria. Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

72

Cantabria

“Fondo Cantabria Coopera, por una cooperación concertada y de calidad” : Es una fundación pública sin ánimo de lucro, que estará integrada por ayuntamientos, empresas, gobierno y otras instituciones de la comunidad autónoma de Cantabria que destinen una parte de su presupuesto a financiar intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo. 73

Sociedad para el desarrollo regional de Cantabria (SODERCAN) : Es un conjunto de empresas públicas dedicadas a promover y contribuir activamente en la creación de un entorno socio-empresarial, que favorezca las inversiones en el tejido industrial y desarrolle la innovación y la mejora competitiva; generando valor social y medioambiental en las empresas, Administración y sociedad de Cantabria.

Castilla - La Mancha

Primer Foro de Responsabilidad Social Corporativa Medioambiental (Toledo, 14/11/2011). Presentado por El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha. El objetivo de este foro es sensibilizar a los participantes para la puesta en práctica de valores más competitivos y cambiar el paradigma profesional, haciendo de la RSC medioambiental una habilidad fundamental. El Consejo de Cámaras desarrolla desde 2005 el Servicio Cameral de Medio Ambiente (SECMA), creado en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De esta manera, las Cámaras han contribuido a resolver las dudas de las empresas en temas relativos a residuos, energías renovables, legislación o subvenciones.

Castilla y

72 73

Castilla y León encabeza la lista nacional en certificación forestal, de parques eólicos

“Fondo Cantabria Coopera”. http://www.fondocantabriacoopera.org/ Sociedad para el desarrollo regional de Cantabria (SODERCAN). http://www.cantabriaresponsable.es/ 107

León

y de responsabilidad social empresarial. «Una muestra de la importancia de la sostenibilidad en la región», según La Asociación Española de Normalización y 74

Certificación (Aenor) . La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León entra a formar parte de la Red de Regiones Europeas por las Energías Renovables (RENREN), incorporándose al grupo europeo de trabajo para fomentar buenas prácticas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Plan de medidas de responsabilidad social de la Generalitat de Catalunya 2009-2012: Cuya misión es “Impulsar el comportamiento socialmente responsable en todos los agentes sociales, promoviendo especialmente la competitividad responsable y sostenible en las empresas y organizaciones, incluida la propia Administración pública”

Cataluña75

RScat Responsabilidad Social en Cataluña: Iniciativa conjunta impulsada desde la Generalitat de Catalunya en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del país que se enmarca en el Consell de Relacions Laborals, concebida como una plataforma de intercambio y difusión donde puedan converger todas aquellas ideas y actuaciones de responsabilidad social (RS) impulsadas por empresas, organizaciones y administraciones públicas catalanas, con la asunción de unos valores comunes y apostando decididamente por una competitividad responsable y sostenible. Programas: “RSE pymes”: RSE para pymes y “RSE Coop”: Empresas de Economía cooperativa

76

Comunidad Valenciana

"Acelerando la RSC en las empresas públicas" : Proyecto en el que participa la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para impulsar la responsabilidad social en la administración Pública. Provincia de Castellón: Cabe destacar las actuaciones de la provincia de Castellón, que 77

pretende consolidarse como territorio socialmente responsable . Para ello ha establecido un plan de mejora y fomento de la creación de empleo y

74

“La región líder en certificación eólica, responsabilidad social y forestal”. Abc.es [En Línea], 19/11/2011. Disponible en http://www.abc.es/20111019/local-castilla-leon/abci-region-lidercertificacion-eolica-201110190819.html 75 Responsabilidad Social en Cataluña. http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e 1a0/?vgnextoid=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3218cf005d9af110V gnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES 76 El proyecto ha sido seleccionado como una de las 13 mejores iniciativas europeas de colaboración entre stakeholders. 77 “Castellón Socialmente Responsable (Buena Práctica INAP 2010)”. Noticia publicada en http://responsabilidad-corporativa.es/responsabilidad-social-administracionespublicas/responsabilidad-social-de-las-administraciones-publicas/buenas-practicas/item/207-castellonsocialmente-responsable-buena-pr%C3%A1ctica-inap-2010. Mayo 2011

108

mejora de las condiciones laborales para personas en riego de exclusión social y/o con discapacidad y de la igualdad efectiva de oportunidades, mediante cláusulas sociales en el proceso de contratación pública y a través de la creación de un centro especial de empleo. Una de las fortalezas del plan, es la expresa y unánime voluntad de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal, plasmada en sesión plenaria de 27 de noviembre de 2008, con el objetivo de constituirse como territorio socialmente responsable, proponer a las administraciones públicas e instituciones de la ciudad el desarrollo de actuaciones en materia de responsabilidad social.

La Ley de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura (DOE 15-12-2010) es la primera que procede a regular legalmente a nivel autonómico la RSE en España (incluso antes que la Ley estatal de Economía Sostenible).

Extremadura

En la ley se hace referencia expresa a la conveniencia de que las administraciones públicas desarrollen medidas de potenciación de la actividad socialmente responsable, y ello puede pasar en el supuesto de suministros públicos por la exigencia de determinados requisitos en términos de RSE por parte de aquellas empresas que deseen acceder en la ejecución de contratos con la Administración previa contemplación en los anuncios de licitación y en los respectivos pliegos. 78

Sistema de autoevaluación de empresas responsables : Según el cual, aquellas entidades que lo deseen podrán cumplimentar un cuestionario, que será distinto en función del tamaño y tipología de la empresa o entidad, y tendrán la posibilidad de solicitar la calificación de “Empresa Socialmente Responsable” o bien exclusivamente llevar a cabo aquellas mejoras derivadas de su autoevaluación.

78

“Extremadura desarrolla un sistema de autoevaluación de empresas responsables”. ComunicaRSE [En línea], 12/12/2011. Disponible en http://comunicarseweb.com.ar/?Extremadura_desarrolla_un_sistema_de_autoevaluacion_de_empresa s_responsables&page=ampliada&id=8054&_s=&_page=tags 109

Plan Estratégico de RSE 2011-2014: Elaborado por la Junta de Galicia con la participación de la Administración autonómica, la CEG, UGT y CCOO. Trata de impulsar la RSE no solo en el tejido empresarial, sino a todos los grupos de interés para que en su gestión diaria se apliquen criterios de RSE. Los objetivos del plan son: •

La formación, conocimiento y la difusión de la responsabilidad social.

•

El incremento del número de empresas que incorporen prácticas socialmente responsables.

•

Actuar desde la propia Administración como “primer ejemplo y como muestra visible” del camino a seguir, tanto en la propia Administración autonómica como apoyando estas prácticas en las administraciones locales.

•

La coordinación, el impulso y el seguimiento del propio Plan, a través de indicadores y otras herramientas.

Galicia

En lo que se refiere a medidas concretas, contempla la inclusión de la responsabilidad social en las diferentes etapas educativas, con el fin de que la importancia de este concepto sea asumido por los ciudadanos desde sus primeros años. Además, se ha puesto en marcha el Observatorio gallego de RSE, como herramienta de cooperación entre los agentes económicos y sociales; y, por último, el impulso de la responsabilidad social empresarial en las medidas de apoyo, convocatorias de subvenciones y contratos públicos. Por otro lado, el Puerto de A Coruña lleva realizando su Memoria de Sostenibilidad desde hace cuatro años. Y dicen: “Aunque somos transparentes por Ley y rendimos cuentas en el BOE como empresa pública, queremos contar a todos nuestros grupos de interés, sobre todo a los ciudadanos, cómo hacemos las cosas”.

El Gobierno de La Rioja, consciente de sensibilidad de la sociedad y de las empresas en materia de responsabilidad social corporativa, ha llevado a cabo diversas actuaciones 79 de impulso y fomento de la responsabilidad social en las empresas riojanas :

La Rioja

•

Plan Estratégico para el impulso de la responsabilidad social en las empresas riojanas

•

Foro Riojano para la Responsabilidad Social.

•

Programa de líneas de crédito a interés cero destinados a la ejecución de proyectos y realización de inversiones, en responsabilidad social.

•

I Congreso Europeo de Responsabilidad Social.

•

Responsabilidad social y medio ambiente

•

Líneas ader para la integración de la Responsabilidad social

79

Responsabilidad Social en la Rioja. Larioja.org [En Línea] [Ref. 16/12/2011]. Disponible en http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=431801 110

Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid: Tiene por objeto definir los principios, criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles de transparencia en la gestión pública, el comportamiento ético de los servidores públicos y mejorar las relaciones de confianza entre el Ayuntamiento de Madrid y los ciudadanos.

Comunidad de Madrid

Guía para la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Aprobada en octubre de 2011 por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con el fin de cumplir con el Código de Buenas Prácticas Administrativas (CBPA). Desde enero de 2010, las empresas municipales Empresa Municipal de transportes (EMT), Madrid Movilidad, Madrid Espacios y Congresos, Promoción Madrid, Madrid Arte y Cultura y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), a las que se ha unido por propia iniciativa y de modo voluntario la empresa mixta Mercamadrid, han constituido diversos grupos de trabajo para confeccionar la guía La publicación contiene un conjunto de medidas de buen gobierno y de carácter social y ambiental que serán incorporadas selectivamente por todas las áreas de Gobierno, organismos públicos y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, mediante una hoja de ruta para su desarrollo progresivo durante los próximos años.

Programa de incentivación de la RSC - Navarra 2008-2011: Concibe la RSC como una cultura de exigencia mutua entre las empresas, la sociedad y sus instituciones, de fomento de la corresponsabilidad en materia de RS. Además, han asumido el enfoque participativo, propio de la naturaleza de la RS, animando a forjar la colaboración de todas las partes implicadas en la promoción de RSC en Navarra: Administraciones, empresas, organizaciones empresariales, ONGs, universidades. Se trata del primer programa autonómico en España realizado siguiendo los preceptos del informe elaborado por la Subcomisión del Congreso de los Diputados en esta materia.

Navarra

Subvenciones para actividades en materia de responsabilidad social empresarial: Con el objetivo de Regular la concesión de subvenciones, destinadas a la organización de actividades sensibilización y difusión en materia de responsabilidad social empresarial, de acuerdo con los objetivos y finalidades que a este respecto se establecen en el IV Plan de Empleo de Navarra 2009-2012. • •

A través de la convocatoria pública de ayudas, durante 2011, el Gobierno de Navarra ha concedido 120.000 euros En el 2012, las ayudas para el fomento de la RSC en empresas ascenderán 114.000 euros

Sello InnvaRSE: El Gobierno de Navarra busca incrementar la visibilidad y competitividad de las empresas que lo poseen.

País Vasco

La administración del País Vasco se preocupa por impulsar la RS de las empresas desde diversas administraciones vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y 111

Ayuntamientos de lugares con más de 75.000 habitantes): Según estudio realizado por 80

la Universidad del País Vasco se evidencia que las administraciones vascas tienen en común la implantación de la Agenda 21, y la sensibilización en temas de igualdad de género y cuidado del medio ambiente. El estudio arrojó también que en cuanto al conocimiento empresarial del concepto, en el ámbito de las PYMES, aún no se visualiza un elemento de ventaja competitiva y útil para generar valor en la empresa, lo cual evidencia la necesidad de una labor de concienciación, promoción y difusión de la RSE dentro del ámbito de las PYMEs.

Región de Murcia

Comisión Interdepartamental de Responsabilidad Social Corporativa (CIRSOC): Aprobada en abril de 2011, para impulsar la RS en la Administración autonómica. El nuevo organismo desarrollará funciones de coordinación, propuesta, asesoramiento y seguimiento en esta materia en el ámbito regional. Pero sobre todo, nos pone de manifiesto la necesidad de articular un órgano administrativo que permita y posibilite una actuación efectiva y concertada porque la RSC afecta, por su carácter transversal, a todos los departamentos de la Administración Autonómica. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada: Su objeto es establecer el régimen jurídico y los procedimientos integrados de intervención administrativa a los que deben sujetarse los planes, programas, proyectos y actividades que pueden afectar al medio ambiente, así como diversos mecanismos de fomento, con la finalidad de alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cuenta entre uno de sus fines promover la responsabilidad social corporativa.

I Plan de Igualdad para empleados públicos: En octubre de 2011 fue aprobado el I Plan de Igualdad para Funcionarios y Personal Laboral de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Ceuta Con una vigencia de cuatro años, el Plan busca fomentar la plena igualdad, convencidos de que las medidas "promoverán una mayor responsabilidad social" en la Ciudad Autónoma que beneficiará no solo a los trabajadores, sino al conjunto de la sociedad en general.

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Covadonga A. G. y otros. Acciones de la Administración para promover la responsabilidad social de las empresas: El caso del país vasco. Empresa global y mercados locales: XXI Congreso Anual AEDEM, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 6,7 y 8 de junio de 2007 / coord. por Carmelo Mercado Idoeta, Vol. 1, 2007 (Ponencias), ISBN 978-84-7356-500-4, pág. 79. 112

Sistema de gestión ambiental del aeropuerto de Melilla: Conocedor de su responsabilidad social, el aeropuerto de Melilla sabe que conseguir un impacto nulo de su actividad sobre el medio ambiente es casi imposible, pero está en sus manos hacer que sea imperceptible con el fin de salvaguardar su entorno. Para ello, ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que controla los impactos que su actividad puede generar sobre el hábitat.

Melilla

La Autoridad Portuaria de Melilla implanta un modelo de RSC y Sostenibilidad en su gestión: La Autoridad Portuaria de Melilla se encuentra trabajando desde 2010 en la implantación de un modelo de RSC en su gestión con la redacción de una Memoria de Sostenibilidad que será añadida a su Plan de Empresa y que vendrá a reforzar su compromiso con los criterios medioambientales, económicos y sociales en su filosofía de gestión. La redacción del documento entronca con lo estipulado en la nueva Ley de Puertos y con las políticas de crecimiento sostenible desarrolladas por el enclave melillense en los últimos años.

Ranking de la Práctica Municipal de Transparencia (ITA 2010)81 La Organización no gubernamental “Transparencia Internacional (TI)”, a través de sus capítulos en el mundo y su Secretariado Internacional, aborda las diferentes facetas de la corrupción, tanto al interior de los países como en el plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. Quizás la principal herramienta en la lucha contra la corrupción sea el acceso a la información.

España Por su parte, Transparencia Internacional España puso en marcha el “Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP)”, el cual persigue un doble objetivo: Por una parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de las Diputaciones Provinciales (incluídas las Diputaciones Forales, Cabildos insulares y Consells baleares), y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y la sociedad en su

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Transparencia Internacional (TI): Organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global. http://www.transparencia.org.es/ 113

conjunto. Dicha evaluación se lleva a cabo mediante un conjunto integrado de ochenta indicadores, pertenecientes a cinco Áreas de transparencia. Las cinco Áreas de transparencia que se evalúan en el INDIP son las siguientes: a)Información sobre la Diputación Provincial, b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, c) Transparencia económico-financiera, d) Transparencia en las Contrataciones de servicios, e) Transparencia en materias de Servicios y Apoyo a Municipios. Con la aplicación de este Índice cada Diputación obtiene una puntuación individual, surgiendo así un ranking o clasificación del nivel de transparencia de las instituciones analizadas. En el 2010 se publicó la tercera edición del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), “ITA 2010”82, en el cual se ha medido el nivel de transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España. Seis de estos Ayuntamientos obtuvieron la máxima puntuación posible: BILBAO, GIJÓN, PONFERRADA, PUERTO DE SANTA MARÍA, SABADELL y SANT CUGAT DEL VALLÉS. Es reseñable que en la edición del ITA 2010 las puntuaciones medias alcanzadas por el conjunto de los Ayuntamientos evaluados han sido más altas a las del año precedente (2009), año en el cual también habían mostrado un significativo incremento respecto a la anterior edición (2008). Así, la puntuación media general de los 110 Ayuntamientos en 2010 ha alcanzado 73´2 puntos (sobre 100), frente a la de 64´0 alcanzada en 2009 (y de 52´1 en 2008).

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Transparencia Internacional (2010). Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010 (ITA 2010”. Disponible en http://www.transparencia.org.es/ITA%20-%202010/INDICE%20ITA%202010.htm 114

Tabla 1. Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010 (ITA 2010), agrupado por comunidad

Fuente: Transparencia Internacional (2010). Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010 (ITA 2010”. http://www.transparencia.org.es/ITA%20%202010/AGRUPACIONES_CCAA_TAMANO_GENERO_CAPITALIDAD_2010.pdf

En lo que se refiere a la edición del ITA 2011, debido a la celebración en 2011 de las Elecciones municipales, por una parte, y a la convocatoria de Elecciones generales del 20 de noviembre, por otra, y para no interferir ni solaparse con estos procesos electorales, la próxima edición del ITA se ha pospuesto para el año 2012.

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Ámbito Internacional83 En lo que se refiere al ámbito internacional, el 1 de diciembre de 2011 ha sido presentado el Índice de Percepción de la Corrupción 2011, que recoge una visión panorámica y clasificación de 183 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales. Según se observa en los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de

Transparency International, algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos frente a la corrupción, ya se manifieste ésta en abuso de recursos públicos, sobornos o el hermetismo en la toma de decisiones. El Índice califica a 183 países y territorios con una puntuación entre 0 (sumamente corrupto) y 10 (muy transparente) según los niveles de percepción de corrupción del sector público. Utiliza datos de 17 encuestas que analizan factores como aplicación de leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de interés. Más de dos tercios de los países clasificados obtuvieron una puntuación inferior a 5. Nueva Zelanda obtuvo la primera posición, seguida por Finlandia y Dinamarca. En el último lugar se ubican Somalia y Corea del Norte (incluida por primera vez en el Índice). Los países de la eurozona afectados por la crisis de la deuda son algunas de las naciones de la Unión Europea que obtuvieron las puntuaciones más bajas, y esto refleja, en parte, la incapacidad de las autoridades públicas de hacer frente a los dos factores clave que impulsaron la crisis: el soborno y la evasión fiscal.

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Transparencia Internacional (2011). Índice de Percepción de la corrupción 2011”. Disponible en http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepcion%202011/ASPECTOS_M%C3%81S_DESTA CADOS_IPC_2011.pdf 116

CONCLUSIONES

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El informe RSC del presente año se ha abordado, una vez más, en un contexto de importantes dificultades económicas en el panorama internacional y español, aunque también de ralentización en el ritmo de disminución de la actividad económica y de aparición de algunas señales de retorno hacia la senda de crecimiento en algunas economías. Ello comienza a también a hacerse sentir en los niveles de confianza de los ciudadanos, según se deriva de fuentes como Edelman Trust Barometer, que de hecho, aunque aún están en niveles bajos, han comenzado a repuntar, entre ellos los que se refieren a las empresas. Para la economía española, las señales de consolidación del cambio de signo del ciclo no son todo lo claras que sería deseable, pero hacen oportuno y necesario complementar la atención de los problemas más acuciantes del corto plazo con una mirada decidida hacia el futuro. Esta es la idea principal que subyace en el propósito de este nuevo informe, que analiza la Responsabilidad Social Corporativa con una perspectiva de su utilidad para frenar el deterioro de la incertidumbre y la desconfianza, elementos que son absolutamente indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema de economía de mercado. Puesto que el debate económico de la actualidad se va centrando cada vez más en la salida de la crisis, y en las respuestas a los problemas de la deuda soberana de los países de la Eurozona, resulta cada vez más necesario que nuestras empresas, organizaciones y administraciones públicas, dirijan sus actuaciones no sólo a tratar de sobrevivir hoy, sino también a mejorar la sostenibilidad del modelo, y hacerlo más resistente y adaptable a las condiciones de un entorno en continuo cambio, generador de riesgos y de oportunidades. En este contexto, la introducción y el arraigo de la RSC en la gestión continúa siendo un reto para todas nuestras organizaciones, puesto que el modelo de negocio más extendido en nuestro país se ha construido sobre unas bases que no facilitan la sostenibilidad. Se apoya excesivamente en una cultura de jerarquías y limitada cooperación interna, frente a la de gestión de equipos; en unas relaciones laborales poco adaptadas al nuevo entorno, con escasa variación de la agenda de negociación empresas-sindicatos; y, en general, una notable desconsideración hacia el capital humano y fuerte resistencia al cambio. La innovación en los modelos de gestión es, en el caso de las organizaciones españolas, un elemento primordial, dada la creciente divergencia que se observa respecto a las organizaciones de los países más prósperos. Nuevos modelos de gestión, más sostenibles y responsables que impulsen la generación de riqueza y de valor en la sociedad, que equilibren los diversos objetivos de todos los participantes en la acción colectiva de la empresa y que promuevan un sentido de reciprocidad con los empleados. 118

Las barrares que actualmente puede encontrar este cambio necesario son importantes y tienen un doble origen. El primero se vincula con la cultura empresarial dominante, impregnada de comportamientos inerciales, con una dirección que posee escasos conocimientos de la existencia de las nuevas prácticas de organización y de sus beneficios, además de no contar con las capacidades para implementarlas. El segundo tiene que ver con los efectos de la crisis, la incertidumbre y las duras restricciones financieras que se han derivado de ella, que limitan las posibilidades de invertir en RSC y, en definitiva, en los nuevos modelos de empresa. En este marco, ¿cuál ha sido la tendencia de la RSC en nuestro país durante 2010? Cabe destacar el predominio de las empresas que opinan que, pese al clima de incertidumbre, se mantendrá o incluso aumentará el interés de las empresas por la RSC, y de las que señalan que en el próximo ejercicio al menos mantendrán los mismos recursos que el presente para el departamento de RSC. Estas evidencias parecen afianzar la idea destacada ya en los informes precedentes, de que la responsabilidad social de las empresas no se trata sólo de una cuestión de moda, sino que va forjando en las empresas que la incorporaron, en su mayoría dentro de la última década, una cultura empresarial diferente, basada en la experiencia de los efectos y resultados que se van observando con su implementación. En definitiva, la Responsabilidad Social ofrece soluciones de futuro, que implican cambios en la gestión empresarial, pero también en otros agentes económicos y organizaciones, entre los que se cuentan las ONGs y los sindicatos aquí analizados. Sólo bajo una perspectiva de responsabilidad compartida se podrán sentar las bases necesarias para salir fortalecido de las situaciones difíciles.

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