INTERVENCIÓN CÍRCULO DE ECONOMÍA (27-5-16)

Buenos días, Quiero comenzar por agradecer al Cercle de Economía la invitación a participar de nuevo en su reunión anual, esta vez la trigésimo segunda reunión que bajo el encabezamiento de “Política, Empresa y Sociedad ante los retos del siglo XXI” me ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los retos económicos de futuro que afronta nuestro país. España va saliendo lentamente y con dificultades de esta dura crisis que empezó hace ya casi 8 años y ha dejado tremendas cicatrices en nuestra sociedad. Los datos macroeconómicos muestran que hemos superado lo peor de la recesión, que la economía crece y que se genera empleo. Y sin embargo, existen serias dudas sobre el modelo de crecimiento actual y sus efectos sociales, que me gustaría poner encima de la mesa, sin catastrofismos, ni alarmismos. En primer lugar, se trata de un crecimiento impulsado básicamente por factores externos y coyunturales, por todos conocidos, como son el bajo precio del petróleo que reduce nuestra factura energética, un euro devaluado que impulsa nuestras exportaciones o la política monetaria expansiva que está rebajando los costes financieros de nuestra endeudada economía. El propio ministro de Economía reconocía recientemente que estos factores externos supusieron alrededor de la mitad del crecimiento del 2015. Depender tanto del exterior es arriesgado. Las propias previsiones del gobierno, enviadas a Bruselas, muestran que la sensibilidad del crecimiento a variaciones de las condiciones externas es muy elevada. Es decir, solo con leves cambios del entorno internacional el crecimiento se reducirá al entorno del 1,5%, que es la tasa de crecimiento potencial de medio plazo de nuestra economía.

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En segundo lugar, nuestro crecimiento actual se asienta en la demanda interna. Pero el impulso del consumo es poco sostenible en el tiempo dada la caída de las rentas medias y bajas. Esto último, se debe a un modelo de crecimiento basado en gran medida en la creación de empleos precarios, de carácter temporal y a tiempo parcial, y de bajos salarios, como refleja la caída de las rentas salariales en 2015 en 40.000 millones de euros. Es difícil pensar que España puede acercarse a los países más avanzados de nuestro entorno, en niveles de bienestar, productividad y desarrollo, generando mayoritariamente este tipo de empleo y con una sociedad cada vez más desigual. En tercer lugar, España arrastra excesivos desequilibrios macroeconómicos, que nos hacen vulnerables a futuras crisis internacionales; sobre todo el alto nivel de endeudamiento público y privado, y como resultado de ello, la alta dependencia de la financiación procedente del exterior. El escenario de baja inflación a medio plazo será una dificultad añadida para reducir el endeudamiento. Por último, junto a las dudas del modelo de crecimiento actual, no hay que olvidarse de los dos grandes desafíos inevitables a medio plazo de nuestra economía, como son el calentamiento global y el envejecimiento de la población, que son necesarios abordar hoy para evitar los problemas del mañana. Por tanto, tenemos un modelo de crecimiento que se va agotando rápidamente, que no es socialmente incluyente y genera enorme desigualdad, con gran vulnerabilidad externa y que no es medioambientalmente sostenible, ni afronta con garantías los desafíos del futuro. Esto exige, a mi juicio, poner las luces largas y transitar hacia un cambio profundo de enfoque y estrategia en las siguientes tres grandes áreas de política económica, que son las que explicaré durante esta intervención: -

Políticas para generar un crecimiento sostenido de la demanda agregada Políticas para mejorar la productividad de las empresas Y políticas para mejorar la competitividad-país.

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Generar un crecimiento sostenido de demanda agregada requiere, en primer lugar, de políticas de ámbito europeo. Parece claro que dados los estrechos márgenes para llevar a cabo políticas fiscales nacionales y en un contexto en que la política monetaria expansiva del BCE está alcanzando rápidamente sus límites, si es que no los ha alcanzado ya, se necesita complementar la política monetaria con políticas fiscales de corte keynesiano a nivel continental. No lo digo solo yo, lo lleva repitiendo el propio Draghi hace tiempo. Esto implicaría, a mi juicio, al menos tres cosas  Uno. Un verdadero plan de inversiones europeo, mucho más potente que el actual Plan Juncker y financiado con recursos públicos, destinado a proyectos pan-europeos que estimulen la productividad y competitividad.  Dos. Impulsar la inversión pública en aquellos países que tienen margen fiscal para ello, como Alemania, lo que tendría un importante efecto de arrastre en el resto de Europa.  Y tres: un nuevo diseño de la gobernanza fiscal y macroecónomica europea, más sencillo y transparente y que avance hacia una posición fiscal común, acabando con la asimetría actual que penaliza a los países deficitarios, pero no a los excedentarios, cuando son dos caras de la misma moneda. En segundo lugar, y ya en el ámbito de la política nacional, la previsible ralentización del crecimiento exige de medidas para impulsar la demanda doméstica, que favorezcan el consumo y la inversión. La evidencia empírica nos indica sin lugar a dudas que, en las economías avanzadas, elevados niveles de desigualdad tienen efectos negativos sobre el crecimiento futuro. Es decir, los modelos de desarrollo incluyentes y acompañados de cohesión social son mucho más robustos y sostenibles en el tiempo. O dicho de otro modo, la igualdad es motor de crecimiento.

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España no saldrá de la crisis hasta que hayamos reducido notablemente nuestra inasumible tasa de pobreza infantil. No habrá crecimiento justo hasta que consigamos reinsertar a gran parte de nuestros parados de larga duración, 2.700.000 –de los que 2.070.000 son parados de muy larga duración, llevan así más de dos años- no habrá verdaderamente senda de crecimiento hasta que dejen de aumentar el número de trabajadores pobres, como lo han hecho estos dos últimos años, pese al crecimiento del empleo. Por tanto, la incorporación de la lucha contra la desigualdad y la pobreza en el corazón de las políticas económicas es una cuestión de eficiencia económica, no sólo ética e ideológica. La política social no puede ser una muleta de la política económica, tiene que ser un eje vertebrador y dinamizador de la economía. Sin embargo, en España, en los últimos años hemos experimentado un crecimiento de la pobreza y desigualdad muy importantes. El pasado martes conocimos la Encuesta de Condiciones de Vida que muestra que la desigualdad empeora, y que un 28% de los ciudadanos está en riesgo de pobreza o exclusión social, dato que aumenta hasta el 33% para los menores de 16 años, lo que significa que la pobreza infantil afecta a uno de cada tres niños en nuestro país. Es decir, la reactivación del mercado de trabajo no es más que una condición necesaria para alcanzar mejoras distributivas, pero la generalización del trabajo a tiempo parcial y la precariedad en el empleo impiden que pese al actual escenario de crecimiento se reduzcan los niveles de desigualdad. Ante esta evidencia, hemos diseñado una nueva política del Estado de Bienestar destinada a combatir la pobreza y exclusión, el Ingreso Mínimo Vital, que paliará las necesidades más acuciantes de los 720.000 hogares sin ingresos, aquellos afectados por el paro de larga duración y cuyo objetivo será la eliminación de la pobreza infantil severa en 4 años. Junto a lo anterior, debemos hacer frente al nuevo fenómeno de los trabajadores pobres, es decir asalariados, muchos de ellos a tiempo completo, que no llegan a fin de mes y que ya constituyen casi el 15% % del total de trabajadores. Frente a este fenómeno, nosotros hemos planteado una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 5% este año como un tránsito hacia un SMI que converja en el nivel del Salario Medio en dos legislaturas, tal y como

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propone la Carta Social Europea. Estamos convencidos que a medio plazo, esta subida tendrá un efecto positivo en el consumo de las familias, la reducción de la desigualdad y por tanto en el crecimiento de nuestra economía. El estímulo de la demanda agregada requiere, también, de medidas para reforzar los grandes pilares del Estado del Bienestar, la sanidad, la educación, la dependencia y garantías de igualdad de oportunidades, que han quedado enormemente debilitadas tras todos estos años de crisis. Sin duda, recuperar buena parte de estos recortes es imprescindible. Pero al mismo tiempo debemos tomar medidas para gastar mejor los recursos de los contribuyentes. Por eso reforzaremos la evaluación de las políticas de gasto y por eso hemos propuesto una auditoría integral del gasto público para eliminar todo gasto superfluo, establecer mejor las prioridades y aumentar la eficiencia de nuestro Estado. El objetivo a medio plazo es modernizar nuestro Estado del Bienestar con el fin de que nos ayude a salir de la crisis y, al mismo tiempo, siente las bases para garantizar su propio futuro desde la justicia social, la promoción del desarrollo económico y garantizando su sostenibilidad. Para empezar queremos hablar menos de gasto y más de inversión social, reorientando las prioridades hacia herramientas que garanticen una auténtica igualdad de oportunidades, y además de proteger sirva sobre todo para anticipar y preparar a los individuos ante los nuevos riesgos. La evidencia científica nos da algunas pistas sobre dónde colocar los recursos para que rindan mejor. Un ejemplo claro es la extensión de la educación pública de 0 a 3 años, que será uno de los compromisos prioritarios si llegamos al gobierno. También políticas familiares, de ayuda a la dependencia y de igualdad, que faciliten e incentiven la plena e igual integración de las mujeres en el mercado laboral. Todo ello es inversión social y por ello deben priorizarse y tratarse como lo que son, instrumentos de cohesión social y dinamización económica. De nuevo, la reducción de la desigualdad como motor de crecimiento.

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Por el lado de los ingresos públicos vamos a plantear una política fiscal más justa y eficiente, que acerque nuestros niveles de recaudación a la media de la Zona Euro. Para ello, desplazaremos parcialmente la carga fiscal que actualmente recae sobre las rentas del trabajo hacia la acumulación de riqueza, las grandes corporaciones, el fraude fiscal y las actividades económicas contaminantes y más responsables de emisiones de CO2. Así lograremos un sistema tributario más justo y más estable, al tiempo que elevamos la recaudación en unos dos puntos del PIB de forma estructural, que nos permitirán aumentar el gasto social y productivo, compatible con la ineludible consolidación fiscal. La reducción de la desigualdad requiere también actuar en lo que se llama la predistribución, que agrupa todas aquellas políticas que inciden en la distribución primaria de la renta, antes de la intervención del Estado. Una de ellas se refiere sin duda al mercado de trabajo. Es conocida nuestra voluntad de derogar la Reforma Laboral del Partido Popular, y su sustitución por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que suponga una auténtica carta de derechos, adaptada a las necesidades de los trabajadores del siglo XXI. En particular, hay tres aspectos centrales que corregiremos respecto al actual marco de relaciones laborales: En primer lugar, queremos reequilibrar las relaciones laborales a través de una modificación profunda de la regulación de la negociación colectiva en la reforma laboral de 2012. Para nosotros esto es un aspecto fundamental, pues estamos convencidos de que únicamente en un marco de negociación colectiva y diálogo social, se garantizan las condiciones de paz social, la mejora de la productividad y el reparto justo de rentas. En segundo lugar, hay que poner en marcha una política decidida para mejorar la calidad del empleo y combatir la inestabilidad y la precariedad laboral, que tanto perjudica sobre todo a nuestros jóvenes. Para ello, proponemos la reducción de las modalidades de contratos a tres: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación. Además, reforzaremos la inspección de

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trabajo y penalizaremos el excesivo uso del trabajo temporal y las rotaciones en las plantillas. Y finalmente, plantearemos una reforma profunda de las políticas activas de empleo. Actualmente, menos del 2% de los desempleados encuentran trabajo gracias a los Servicios Públicos de Empleo. Necesitamos hacer más y hacerlo mucho mejor. Precisamente esta semana hemos presentado un Plan de choque contra el desempleo de larga duración, que pretende mejorar la empleabilidad y formación de 1,1 millones de parados de larga duración, o sea, la mitad de todos los parados que llevan más de dos años sin trabajo, enfocado sobre todo en los mayores de 45 años y los jóvenes poco cualificados. Junto a esto queremos crear una Agencia Pública de Empleo, que sustituya al actual Servicio Público de Empleo Estatal como instrumento para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, al tiempo que introducimos la evaluación permanente de las políticas activas de empleo, para saber qué funciona y qué no. El tercer pilar de las políticas de reactivación de la demanda consiste en Recuperar al Estado como agente económico, como impulsor de la actividad económica. Hoy es más evidente que nunca que la estrategia del Laissez-faire que ha imperado a nivel internacional durante los últimos años no es ni óptima, ni eficiente, y además ningún país sensato la lleva a cabo. Muy al contrario, en los países más avanzados los Estados tienen un papel que va más allá de limitarse a corregir los fallos de mercado, para ser actor dinamizador de la economía. Es lo que se conoce como el Estado emprendedor, en el que el sector público lidera y orienta la búsqueda de nuevos nichos de empleo y riqueza, asume riesgos que el sector privado no es capaz de asumir, y acompaña a las empresas, facilitándoles su crecimiento, financiación, capacidad de innovación y la apertura de nuevos mercados. Por tanto, pienso que España necesita un gobierno que se implique en la actividad económica en la misma medida que en Estados Unidos, Israel,

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Alemania, Suecia o Corea del Sur. En estos países, muchas de las grandes empresas innovadoras que todos conocemos se han beneficiado de programas públicos de financiación, innovación, investigación o transferencia de tecnología. Para ello, debemos desarrollar instrumentos de política pública disponibles. No se trata de inventar la rueda (como pretenden algunos), sino de aprovechar y reformar lo que ya hay. En primer lugar las empresas necesitan financiación. El PSOE en su programa electoral se compromete aumentar la financiación pública de manera inteligente, enfocándose en start-ups o PYMES que quieren crecer e internacionalizarse En segundo lugar, debemos impulsar la innovación, apoyando desde el sector público la incubación y crecimiento de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos innovadores. Nos comprometemos a situar el gasto público en I+D+i en los niveles de 2008, transformando el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en una verdadera Agencia Estatal de Innovación, con competencias y recursos reforzados. Impulsaremos nuevas formas de transferencia de tecnología en colaboración con el sector privado y pondremos en marcha la Compra Pública Innovadora, que constituirá el 3% de las licitaciones que se hagan desde el sector público. El segundo gran bloque de medidas que queremos plantear para afrontar los retos económicos del futuro se refieren a la puesta en marcha de medidas de oferta que mejoren la productividad. Como ya he dicho alguna vez parafraseando a Krugman, la productividad no es todo, pero en el largo plazo lo es prácticamente todo. El aumento de la productividad y la reducción de la desigualdad van íntimamente ligados a la mejora del nivel educativo y formativo de nuestro capital humano, para servir mejor las necesidades del futuro. Los socialistas hemos propuesto un gran Pacto Educativo, para aumentar los recursos destinados a la educación, y que garantiza las becas como derechos. Un área esencial que debemos potenciar de manera urgente es la Formación Profesional, apostando por la FP dual, con ciclos formativos más cortos y más adaptados a las necesidades empresariales

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Otro de los factores limitantes del crecimiento de la productividad de nuestras empresas es su reducido tamaño medio, comparado con otros países de nuestro entorno. Es por tanto, prioritario remover las barreras explícitas e implícitas, regulatorias, financieras, sociológicas y laborales que condicionan el crecimiento de las empresas, y prestar especial atención a la modernización de las empresas familiares. Asimismo, un gran salto de productividad llegará de la mano de las tecnologías de la información y comunicación. Si llegamos al gobierno, lanzaremos un Plan de Transformación Digital para alcanzar el objetivo de cobertura del 100% de la población con Banda Ancha en 2018, dos años antes del objetivo europeo del 2020. Pondremos especial énfasis en extender la digitalización a nuestras PYMES, en garantizar la equidad territorial en el uso de las TICs y en incorporar la total transformación digital de nuestras administraciones públicas, sobre todo las locales que están más retrasadas. El tercer y último gran bloque de cambio de estrategia en la política económica se refiere a las políticas integrales para aumentar la competitividad de nuestro país. Me refiero a la competitividad sostenible, muy diferente de la que ha impulsado el actual gobierno, que consiste básicamente en reducir costes salariales. Y es en este ámbito donde entran en juego todos los factores de país. Factores que definen el entorno socioeconómico e institucional en el que se desenvuelven las empresas y que afectan directamente a los costes de producción de bienes y servicios. Permítanme que comente tan solo tres aspectos que considero esenciales para la mejora de la competitividad de nuestras empresas y sobre los que deberíamos abrir un debate: -

En primer lugar, el coste de la energía en España es de los más elevados de la Unión Europea, con un efecto negativo sobre la competitividad de nuestros productos. Dichos costes vienen muy influidos por determinadas peajes regulados, que según la CNMC suponen el 37% del precio final de la factura eléctrica y representan costes asociados a determinadas políticas energéticas. Estamos dispuestos a revisar dichos costes, de una forma

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integral, para decidir cuáles deben ser asumidos por las eléctricas, cuáles pagados por los consumidores de electricidad y cuáles podrían ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado. Quiero hilar esta reflexión sobre los costes de la energía, con la necesidad imperante de llevar a cabo una reforma profunda de nuestro modelo energético y medioambiental. Si llegamos al gobierno impulsaremos una gran transición energética que gire en torno a dos ejes fundamentales: la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables. Con ello lograremos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que todavía representan el 75% de la energía que consumimos, al tiempo que transformamos el sector energético en motor de innovación, desarrollo y creación de empleo, y combatimos el cambio climático. -

En segundo lugar, las infraestructuras de transporte. Nuestro país ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar las infraestructuras de transporte en las dos últimas décadas, en concreto en ferrocarril, autovías y aeropuertos. Sin embargo, su extraordinario desarrollo no siempre ha estado acompañado de los nodos intermodales que permitan el cambio de modo de transporte de forma ágil, lo que acaba repercutiendo en la competitividad de nuestras empresas. Por ello, creo que la prioridad en los próximos años debe centrarse en la mejora de los nodos intermodales y logísticos, en particular para el transporte de mercancías, sobre todo las conexiones ferroportuarias, y en llevar a cabo un cambio en los criterios de planificación de las infraestructuras, que debe partir de una visión global del sistema de transporte. En esta planificación el Corredor Mediterráneo será una prioridad principal.

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Y en tercer lugar, necesitamos mejorar la competencia de nuestros mercados de bienes y servicios. La defensa de la sana competencia no solo es buena para el crecimiento, sino que es esencial para lograr una economía inclusiva que garantice una igualdad de oportunidades para todos y defienda los derechos de las PYMES, los trabajadores y los consumidores. Desgraciadamente, en estos cuatro últimos años hemos asistido a una colonización inaceptable de las instituciones que regulan y supervisan la competencia. Yo me comprometo a restaurar la

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independencia real de las instituciones supervisoras y reguladoras de los mercados, a revisar toda la regulación de sectores estratégicos donde haya una elevada concentración empresarial para favorecer la entrada de nuevos competidores, y a reformar la ley de contratos públicos para garantizar que todas las licitaciones se realizan con la máxima concurrencia, transparencia, e integridad. Estas acciones promoverán la innovación, reducirán precios y en último término serán importantes para mejorar la competitividad de la economía española. Señoras y Señores, El conjunto de políticas que les he explicado conforman una estrategia de gobierno para hacer frente a los desafíos económicos, no ya solo del presente, si no para ganar el futuro. No están todos, pero sí los aspectos más importantes para la modernización de nuestra estructura económica, nuestro tejido productivo y nuestro Estado del Bienestar. Son reformas de calado, modernizadoras, que reflejan lo mejor de la socialdemocracia europea y se inspiran en las mejores prácticas de los países más avanzados. Estamos a un mes de la repetición de las elecciones generales. Es un escenario político inédito en España.

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Llevamos 6 meses en funciones, aunque considerando la actitud vital del presidente del gobierno, pueda parecer que llevamos 4 años. NO Quien se está quieto solo acierta cuando no hacer nada es la estrategia correcta. Pero en el resto de las ocasiones, que son la mayoría, se equivocan. Exactamente como un reloj estropeado, que acierta dos veces al día. Los problemas de Cataluña y de España son muchos y complejos. El panorama político es también complejo.

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De nada sirve quejarse de la incertidumbre. Tampoco valerse de ella para bloquear acuerdos en favor de aspiraciones propias o de egos. Lo que debemos es avanzar en mecanismos de gestión de esa incertidumbre, de este nuevo marco político. Y creo humildemente que el Partido al que tengo el honor de representar ha demostrado en su historia pasada y muy reciente que es capaz de gestionar mejor que nadie la complejidad política que vive ahora mismo nuestro país. Porque es capaz de entenderse con la mayoría de las fuerzas políticas y por el capital humano acumulado en sus años de gestión al frente de las instituciones y, consiguientemente, experiencia de sus cuadros. Para la puesta en marcha de las soluciones tenderé la mano a izquierda y derecha, y que no voy a vetar a ninguna fuerza porque desde la transversalidad un mayor número de ciudadanos se sentirán representados por el cambio y verán atendidas sus demandas. No se trata de arrinconar a nadie. Al contrario. Aquellos que no quieren cambio no podrán participar en mi gobierno, pero sí en las grandes transformaciones que requieren de grandes acuerdos, es decir de las políticas de Estado. El cambio es urgente, no ya necesario. No puede esperar más. No se trata de cambiar por cambiar. Se trata articular un gobierno que se haga cargo de las necesidades de los ciudadanos y que acometa una agenda de reforma de políticas públicas que sitúe a España, y a Cataluña, como una referencia de progreso económico y cohesión social en la Europa del siglo XXI. Los ciudadanos podrán volver a contar que antepondrá siempre los intereses generales a los Muchas gracias.

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