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La comarca que quiso ser provincia JOSÉ IGNACIO MICOLAU ADELL

Hasta los años treinta del siglo XIX, el concepto de Bajo Aragón o Tierra Baja era más bien un concepto puramente geográfico: la zona llana, en oposición a las tierras altas del sur de Aragón. Se identificaba con lo que había sido la parte más septentrional del Corregimiento de Alcañiz, entre 1711 y 1833. Pero en la segunda mitad de dicha centuria, la idea de Bajo Aragón adquiere cierta singularidad, un nuevo carácter. Por ello, no resulta casual que el primer semanario aparecido en Alcañiz, entre 1867 y 1869, se llamara El Bajo Aragón. A nuestro modo de ver, hay dos elementos que ayudan a comprender el proceso de construcción de cierta identidad bajoaragonesa durante el siglo XIX: por un lado, la larga duración de la división en corregimientos –y la identificación del Corregimiento de Alcañiz con la Tierra Baja– debió dejar su huella en las mentalidades colectivas, y, por otro, la división provincial de noviembre de 1833, que desde la comarca bajoaragonesa será permanentemente cuestionada. El Bajo Aragón, de ser un simple espacio geográfico, pasó a tener un cierto particularismo territorial, que no llegó a traducirse en un movimiento político específico, pero que, como ha escrito el profesor Forcadell, en la segunda mitad del siglo sí acabará perfilándose, de la mano de una cierta élite cultural burguesa, como una identidad comunitaria, “una construcción móvil y cambiante” que se expresará tanto política como culturalmente. A lo largo del XIX se hace patente la necesidad de ordenar las circunscripciones administrativas del Antiguo Régimen; el instrumento será la división del país en provincias. Ya en la guerra de la Independencia, se trazó una estructura provincial que, para el caso aragonés, fijó prefecturas en Huesca, Zaragoza y Teruel. Esta primera ordenación del territorio fue poco respetuosa con los límites históricos del antiguo reino de Aragón. Así, la zona de Alcañiz, por ejemplo, se asignó a la prefectura de Tarragona. Pronto fue preciso una reforma para alcanzar una mayor eficacia administrativa: el 11 de junio de 1812, el mariscal del Imperio Luis Gabriel de Souchet decretó la división de Aragón en cuatro intendencias provinciales: Zaragoza, Huesca, Teruel y Alcañiz.

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de Zaragoza en el que calificaba la agregación de “antipolítica, por satisfacer intereses locales en tiempos de revuelta, [fomentando] la discordia en medio de la lucha”, “antifraternal, porque la provincia de Zaragoza se apropiaba… de los mejores y más ricos partidos” y “antieconómica, porque arranca… a una multitud de pueblos de su centro de administración..., da ocasión al fraude… y a la disminución de las rentas públicas, trastornando todo el orden establecido”. Sin duda, la reacción de la junta turolense y su mayor peso político hizo reconsiderar su posición a la junta zaragozana. La segregación bajoaragonesa había durado menos de un mes: por una Real Orden de 14 de agosto se dispone que vuelvan a quedar incorporados a la provincia de Teruel los cuatro partidos de Alcañiz, Híjar, Valderrobres y Castellote. Si durante la década moderada la solicitud de una sede episcopal o de un obispo auxiliar había sido el pretexto, desde el Bajo Aragón, para seguir cuestionando la ordenación territorial, en los años de la revolución de 1868 y de la Primera República lo que se señaló fue la necesidad de un subgobernador civil para la comarca, a cuenta del insurgente carlismo que acechaba de nuevo al territorio. En la larga etapa de la restauración monárquica, la reivindicación particularista del Bajo Aragón tomará cuerpo –al calor también de nuevos movimientos políticos como el municipalismo y el regionalismo– en las posiciones de los regeneracionistas bajoaragoneses. Pero será durante la Dictadura de Primo de Rivera cuando el desencuentro provincial alcance su punto máximo. El nuevo régimen autoritario que, retóricamente, pretendía acabar con la vieja política, impulsó un Estatuto Municipal (1924) y otro de carácter provincial (1925) que, al permitir la formación de mancomunidades, parecía abrir la puerta de cara a “rectificar –según decía el nuevo Estatuto– la división provincial vigente”. Así lo vieron los diputados bajoaragoneses Carlos Esteban y Miguel Soler que, con la oposición frontal de la Diputación Provincial de Teruel y del Gobierno Civil –que acabó suspendiendo una asamblea de municipios bajoaragoneses el 23 de agosto de 1925–, convocaron reuniones y asambleas, durante más de dos años, con el objetivo de solicitar o bien la formación de una nueva provincia con la Tierra Baja o la agregación de la comarca a la provincia de Zaragoza, alternativa por la que finalmente optaron los alcaldes de Híjar, Alcañiz y Valderrobres en un extenso informe elevado al Gobierno el 20 de noviembre de 1925. Tampoco en esta ocasión se verían satisfechas las esperanzas de cambio. La Dictadura de Primo de Rivera no llegó a desarrollar la reforma administrativa prometida y las aspiraciones bajoaragonesas quedaron frustradas de nuevo. Al lado de los problemas políticos, sociales y religiosos que están en cuestión en los años 30 del siglo XX, el asunto que nos ocupa, aunque no desaparece del panorama político, forzosamente había de quedar en segundo término. En el espacio de los partidos políticos y sindicatos es donde las tensiones derivadas de la división provincial tendrán su más clara manifestación. Por un lado, la reordenación del territorio ya formaba parte del ideario anarcosindicalista de la CNT, puesto en práctica durante la Guerra Civil por el Consejo de Defensa de Aragón, con sede en Cas-

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pe. Por otro, la Falange –un partido político marginal en sus inicios, pero con una relativa implantación en Alcañiz y el Bajo Aragón– será precisamente quien aliente de nuevo la vieja reivindicación particularista del Bajo Aragón. Primero, ofreciéndose Alcañiz, en mayo de 1938, para acoger los servicios e instituciones del Estado hasta la reconstrucción de la capital provincial. Y, un año después, Emilio Díaz Ferrer –uno de los falangistas más relevantes de la inmediata posguerra– remite al general Franco un Informe sobre el estado de la provincia de Teruel, antes y después de la Guerra de Liberación, en sus aspectos económico, cultural, político y social. Retrato de Emilio Díaz Ferrer realizado Recogiendo fundamentalmente el por José Gascón en 1968 espíritu de la reivindicación bajoaragonesa de los años veinte, y la posición de la Falange anterior a la contienda, “defiende una reforma administrativa total de la provincia”. Pero aquí la posible provincia bajoaragonesa no fue más que un espejismo después de una guerra cruel. A diferencia de la Restauración, e incluso de la Dictadura de Primo de Rivera, en esta ocasión los anhelos bajoaragoneses fueron sólo la pequeña batalla de algunos políticos alcañizanos. A la postre, quedó claro que los tiempos no estaban para secesionismos de ningún tipo. El nuevo régimen iba a ser el más centralista de la historia de España y la provincia, el perfecto instrumento de esa política.

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