La "España inmigrante": marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración

La "España inmigrante": marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración Lorenzo Cachón Rodríguez Rubí (Barcelona), Ed. Anthropos,

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La "España inmigrante": marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración Lorenzo Cachón Rodríguez Rubí (Barcelona), Ed. Anthropos, 2009, 352 páginas.

CONTENIDO

Primera parte: migraciones, mercados de trabajo y marco institucional discriminatorio en un mundo globalizado

Las migraciones están más que nunca de actualidad, ya que se han transformado en un fenómeno global que se ha acelerado mucho en los últimos 20-30 años y que cada vez obliga más a los Estados a adoptar políticas adaptadas y diferenciadas en materia económica, social, jurídica, etc.

El aspecto más profundizado por el autor en este libro es la dimensión económica, y por lo tanto, Lorenzo Cachón, partidario de un enfoque multidisciplinar de los mercados de trabajo, empieza por repasar las teorías de sociólogos como Weber y Bourdieu, y algunos de sus conceptos: clase social, proletariado, proceso de socialización, capital social, poder, regulación de mercado, segmentación laboral, inserción (estable o precaria), coacción, población ocupada, exclusión y desempleo.

En el estudio de las migraciones laborales, la teoría de la segmentación del mercado de trabajo tiene mucha utilidad, sobre todo para entender la iniciación y la consolidación de los procesos migratorios. Según esta teoría, las sociedades industriales generan sistemáticamente una variedad de puestos de trabajo que los trabajadores a jornada completa del país rechazan directamente o aceptan sólo cuándo los tiempos son especialmente difíciles. Son puestos de trabajo que ofrecen poca seguridad, pocas posibilidades de promoción y poco prestigio. Para cualquier sistema industrial es un problema encontrar a personas que cubran estos trabajos mal pagados y considerados degradantes. La segmentación del mercado de trabajo es un elemento central en el proceso que conduce a la formación de minorías étnicas y a la marginación de los grupos de extranjeros: trabajos de baja categoría, salarios bajos, malas condiciones de trabajo, sobreexplotación, status de residencia inseguros, déficit de capital educativo y social (estudios y relaciones), vulnerabilidad, tasa

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elevada de desempleo, concentración residencial en áreas desfavorecidas, discriminación social y étnica (por parte de las instituciones, de la sociedad y de las empresas), y racismo.

Una vez explicitados estos datos, el libro hace un repaso a las diferentes oleadas migratorias que se han producido en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos países centroeuropeos (Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, etc.) se transforman en un polo de atracción y de inmigración masiva, económica y temporal. A través del análisis histórico se llega hasta la actualidad, analizando el porcentaje de inmigrantes que viven y trabajan en los países europeos para, después, hacer una previsión de futuro sobre los flujos migratorios que se producirán por motivos laborales.

En este fragmento del libro, el autor también habla de la construcción de una política común de inmigración y del reconocimiento progresivo de la contribución significativa que la inmigración representa para el crecimiento económico europeo.

Llegados a este punto, toca centrarse en la inmigración en España y para analizarla el autor se basa en la teoría del ciclo migratorio desarrollada por el sociólogo belga Dassetto. Además de analizar las fases de la inmigración en España, Lorenzo Cachón expone sus características actuales y finalmente hace un repaso a la inmigración irregular y sus causas.

Destaca también el apartado dedicado al marco institucional, que Cachón considera discriminatorio para los inmigrantes. Argumenta que el marco institucional define categorías de residentes en situación legal (así como sectores laborales y vías de entrada) y por lo tanto, define a los otros como "irregulares". A veces, dice, el Estado no compensa los efectos discriminatorios del mercado e incluso, ratifica sus efectos excluyentes. En otras palabras, el Estado no siempre promueve los derechos en igualdad de los extranjeros y puede favorecer la llegada de personas con mayor nivel social o de mujeres procedentes de países periféricos por determinados sectores laborales, lo cual sitúa a las mujeres extranjeras en una posición de inferioridad con respecto a las ciudadanas españolas.

A continuación, el autor sintetiza la evolución de la legislación de extranjería en España entre 1985 y 2008. El año 1985, justo después de la entrada de España en la Unión Europea, la LOE (Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros

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en España) establece un dispositivo de entrada legal en España que era prácticamente de uso imposible porque se tenía que conseguir un visado en el país de origen después de tener una oferta de contrato por parte de un empresario español que tenía que certificar la falta de trabajadores españoles para la ocupación ofertada. El problema es que el gobierno no ha establecido mecanismos y organismos que permitan este contacto entre los empresarios y los trabajadores extranjeros. Por lo tanto, a partir de esta ley, empiezan a llegar migraciones irregulares a España. Para rectificar este defecto, el gobierno pone en marcha procesos excepcionales de regularización de trabajadores irregulares a partir de 1991: habrá seis, de los cuales el último de 2005 ha sido lo más importante (casi 600.000 personas regularizadas).

En 1994, el "Plan para la Integración Social de los Inmigrantes" se convierte en el primer intento de abordar la integración de los extranjeros en sentido global, tal como exigía la Unión Europea. En 1996 se introduce un nuevo sistema de permisos de trabajo.

Durante la legislatura 1996-2000, una nueva "Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social" (LODLE) opta para la máxima equivalencia de derechos jurídicos y sociales entre nacionales y extranjeros, y suaviza el régimen sancionador, dada la gestión ineficaz de la inmigración.

Durante la legislatura 2000-2004, se hace una nueva reforma con puntos polémicos como la exigencia de estar en situación regular para poder tener derechos políticos y sindicales; al final, una sentencia del Tribunal Supremo anulará esta reforma. En esta legislatura también se decide autorizar una entrada ordenada de extranjeros y la administración empieza a fijar contingentes que siempre serán inferiores al número real de personas que llegan demandadas por el mercado de trabajo.

En la legislatura 2004-2008 no se modifica la ley y sin embargo se establecen las bases normativas para la creación de una política de inmigración laboral (abierta a todos los procedimientos de entrada, incluido un "Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura" realizado trimestralmente y por provincia), además de una política activa de integración y de reconocimiento de los derechos de los extranjeros. Ésta última sigue los planteamientos de la Comisión Europea y se elabora con el acuerdo de los agentes sociales. También se prevén vías especiales de acceso al mercado laboral que no necesiten un permiso de trabajo: la reagrupación familiar, las autorizaciones

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por estudios, las profesiones con excepciones (profesores extranjeros invitados, etc.) además del sistema de preferencia (ya previsto en la LOE de 1985) para las personas que tienen familiares españoles, ascendencia española o un origen nacional "preferente" (antiguas colonias españolas como los países de América Latina, Filipinas, Guinea Ecuatorial, etc.).

En la legislatura iniciada en 2008 se ha creado el "Ministerio de Trabajo e Inmigración" y se ha aprobado una normativa que permite capitalizar las prestaciones de desempleo a los extranjeros no comunitarios que quieren volver voluntariamente a sus países de origen en el contexto de la crisis económica. Esta medida ha creado desconcierto e interpretaciones confusas, por lo que se plantea reformar la LODLE (ya que se tienen que agilizar todos los procesos administrativos y su transparencia), pero no parece que la reforma prevista afecte a la regulación de los permisos de trabajo ni los dispositivos de entrada por motivos laborales.

Segunda parte: los inmigrantes en el mercado de trabajo en España

En la última década se ha producido un cambio fundamental en el mercado de trabajo en España: el aumento considerable del número de extranjeros activos, que han pasado de ser un 1,2% (200.000) en 1996 a un 15,4% (3.523.100) en 2008. Este hecho se ha añadido a dos otras modificaciones de la población activa: el aumento del nivel educativo de los activos y la incorporación creciente de las mujeres a la vida activa laboral.

A partir de estos datos, el autor analiza qué caracteriza los extranjeros que trabajan en España. Y se fija, por ejemplo, en su perfil (sexo, origen, edad...), su nivel educativo, su experiencia laboral o su grado de actividad.

Una de las conclusiones a las cuales llega es que la tasa de actividad de los extranjeros es más elevada que la media española. Desde 1999 ha crecido mucho el número de trabajadores extranjeros en situación de alta y cotizando en la Seguridad Social. Pero paralelamente, también constata la existencia de un número muy elevado de inmigrantes en situación laboral irregular así como la importancia de la economía sumergida en España, donde hay una fuerte presencia de trabajadores extranjeros.

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Esta realidad no se muestra de forma homogénea por todo el territorio español, sino que el autor cita diferencias significativas entre las diferentes comunidades autónomas. Como en el caso italiano, en España también se pueden distinguir tres modelos de distribución laboral de los extranjeros: el industrial, el metropolitano y el meridional. A partir de aquí se traza un mapa de España donde se dibujan los diferentes modelos laborales que predominan.

Otro aspecto que se aborda en este punto del libro es la vulnerabilidad de los inmigrantes en el mercado de trabajo. Las crisis económicas, dice el autor, afectan más a los extranjeros que los autóctonos ya que trabajan en sectores más afectados y ocupan puestos de trabajo de baja calificación. Su vulnerabilidad se manifiesta en mayores tasas de paro, en un nivel de temporalidad laboral más elevado, en salarios más bajos, en condiciones de trabajo peores, en un nivel más elevado de accidentes y de enfermedades profesionales... Por todo ello, podríamos calificar la mayoría de trabajos que desarrollan los extranjeros en España con las tres “P”: penosas, peligrosas y precarias.

Tercera parte: políticas de integración de los inmigrantes y con los inmigrantes La tercera y última parte del libro hace una amplia reflexión sobre el concepto de integración ligado con el de ciudadanía, que suscita mucho interés entre los politólogos desde los años noventa del siglo XX. Este interés no sólo se explica porque está vinculado a la nacionalidad y a las políticas de naturalización, sino porque tiene que ver con la identidad, la pertenencia y el reconocimiento. Dicho de otra forma, una política de integración de los extranjeros tiene que tener en cuenta dos conceptos: la ciudadanía democrática y el pluralismo, y abordar tres dimensiones: la político-legal, la socioeconómica y la cultural y religiosa.

Las últimas páginas del volumen se dedican pues a las políticas de integración, a su presencia en Europa y, concretamente, a España. En este sentido, se expone el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), iniciativa que el autor considera un paso muy importante porque explicita, por primera vez en España, un marco político para la integración de los extranjeros, formula principios claros de carácter incluyente, pone en marcha un conjunto coherente de dispositivos para avanzar en la integración y porque se ha elaborado con un fuerte compromiso de participación y consenso.

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También reclama la necesidad de aplicar, difundir, formar, controlar y evaluar las políticas antidiscriminación de los inmigrantes, así como la conveniencia de aprobar una ley general de igualdad, y también de crear un organismo independiente del gobierno (y no gubernamental como en España) y competente en todos los campos, como ya sucede en Bélgica, Gran Bretaña, Francia o Suecia. Buena parte de la no discriminación de los recién llegados pasa por las 3 “R”: Redistribución, Reconocimiento y Representación, aspectos a los que el autor también dedica unas cuantas páginas.

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