Primer Simposio sobre la Minería y la Metalúrgia Antigua en el SW Europeo, Serós 2000, 5.0, pp.359-368

LA MINERÍA Y LA METALURGIA DURANTE LA EDAD MODERNA Rosa Serra LOS PRECEDENTES Los orígenes de la minería y la metalurgia moderna en España se vinculan directamente al proceso de industrialización de nuestro país, un proceso caracterizado por el retraso y el fracaso, y por la sectorización (textil y siderurgia) concentrada en zonas muy concretas.

La legislación española sobre el sector minero era, a principio del s. XIX, antigua y obsoleta. Regían aún “Las Ordenanzas de Minas” que dictó en 1584 Felipe II y que regulaban la explotación de minas metálicas, manteniendo para el resto de recursos minerales las leyes medievales precedentes, diferentes en cada uno de los antiguos reinos que configuraban sus dominios peninsulares. Los recursos no metálicos y muy especialmente la sal, piedra y hierro estaban vinculados a los antiguos derechos jurisdiccionales de los señoríos. Las Ordenanzas atribuían al monarca la regalía sobre los productos minerales, reservándose la facultad de conceder la explotación a terceras personas mediante el pago de un canon – el quinto- del valor de la producción.

A lo largo del s. XVIII y muy especialmente durante el reinado de Carlos III los ministros ilustrados - especialmente Jovellanos y Casado- y las Sociedades Económicas de Amigos del País impulsaron el debate sobre la necesidad de adecuar la legislación minera al mismo tiempo que se daban a conocer los primeros estudios teóricos sobre los usos y las posibilidades de los recursos minerales, muy especialmente del carbón. Este mineral interesaba a los ministros de Carlos III para modernizar la marina de guerra; el primer ejemplar de máquina de vapor del modelo Newcomen que funcionó en España fue construido en Madrid por el marino Jorge Juan de Santacilia en 1772 y fue instalada en el dique del Arsenal de Cartagena.

La primera

instalada del modelo Boulton & Watt, se utilizó para desaguar las minas de Almadén en 1789 y la compra e instalación fue iniciativa del almirante Valdés.

La incipiente demanda de carbón impulsó la explotación de las diferentes cuencas españolas pero también pusieron de manifiesto la necesidad de una moderna legislación para solucionar los continuos litigios que se planteaban entre comunidades y empresas explotadoras.

La guerra de 1808-1814 no solo interrumpió las actividades mineras y los

contactos con Europa, también los caminos abiertos para actualizar la legislación.

360

LA LEGISLACIÓN LIBERAL DEL S. XIX La primera ley moderna, la Ley General de Minas de 1825 fue iniciativa del ministro de Fernando VII Luis López Ballesteros, un reformista que se avanzó a la legislación liberal de la época isabelina. El objetivo de la nueva ley era muy claro: fomentar y ordenar la minería ya que la riqueza que podía generar esta actividad podía solucionar los urgentes problemas financieros del reino. Se trataba de una ley fuertemente intervencionista pero que mereció la aceptación de los liberales hasta 1849, que aprobaron la segunda Ley de Minas, modificada posteriormente en 1859. Es interesante conocer algunos de sus principales artículos obra de Fausto de Elhuyar, antiguo director de Minas DE Méjico durante el período 1788-1821.

El rey, y después la Nación, era considerado los propietarios de los recursos minerales; diferenciaba claramente entresuelo y subsuelo; se reconocía a los descubridores de unos recursos mineral el derecho de concesión con algunas limitaciones tendentes a garantizar la explotación efectiva del recurso (investigación, realización de labores, evitar perjuicios a terceros, limitaciones de espacio explotable, etc.). La ley reservaba a la corona las minas de azogue de Almaden, cobre de Riotinto (Huelva), las de plomo de Linas y Falset (Tarragona), las de calamita de Alcaraz (Albacete), el azufre de Hellín (Albacete) y Benamanuel (Málaga) y las de grafito o lápiz plomo de Marbella (Málaga) así como algunas minas de carbón y hierro de Asturias y Navarra como garantía a los préstamos que el gobierno recibía de diferentes banqueros. Las disposiciones que desplegaban la ley fijaron la política fiscal (impuestos de producción, cánones de superficie, impuestos industriales, comerciales, de transporte y consumo, contribución sobre bienes inmuebles, etc.).

Se trataba, sin duda, de una legislación embrionaria, y muy consciente de que el Estado no podía garantizar el cumplimiento de la ley por lo que, la misma legislación, potenciaba extraordinariamente la denuncia entre particulares. A pesar de ello la Ley de 1825 sentó las bases y el marco referencial para futuras leyes hasta que en 1868 se aprobó la ley de minas más importante de la historia moderna del estado español.

La ley de 1825 creó la Dirección General de Minas y dividió el territorio en distritos mineros; se fundó el cuerpo de Ingenieros de Minas (1833), la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid (1835) y un Reglamento (1836), seguido en 1858 por la creación del cuerpo de “Delineadores o auxiliares facultativos de minas”. En 1849 se impuso la obligación de confeccionar y publicar estadísticas mineras, y lentamente se impulso la investigación geológica; en 1840 Guillermo Schulz concluyó el primer mapa geológico de Asturias, pero no fue hasta 1870-73 que se impulsaron definitivamente los trabajos de la “Comisión del mapa i

geológico de España” y empezaron a publicarse sus estudios ( ).

361 El gobierno surgido de la revolución democrática de 1868, “La Gloriosa” dictó el 29 de diciembre de 1868 el “Decreto dando bases generales para la nueva legislación de minas” , una norma breve de tan sólo 33 artículos que fueron validados por las Cortes constituyentes sin modificaciones puesto que se trataba de una ley liberal, finalmente liberal, y por esencia los 33 artículos bastaban para regular lo poco que los liberales del momento les interesaba regular. Es sin lugar a dudas, la ley más decisiva para la minería española y por diversas e importantes razones: su vigencia se alargó hasta 1944 y abrió una insospechada era de esplendor a pobre i anticuado panorama minero español. ii

Jordi Nadal ( ) lo resume con palabras muy claras: “Alcanzadas finalmente la ¿facilidad para conceder? Y la seguridad para explotar’, que venían reclamando desde mucho tiempo antes, los recursos financieros acudieron en ayuda del sector, abundantes y sin demora. El número de concesiones mineras creció de forma vertiginosa. De pronto, como sí de un nuevo e inmenso ‘El Dorado? Se tratara, el subsuelo español pasó a ser objeto de una especulación enfebrecida en la que, en intrincada mescolanza, confluyeron simples aventureros y auténticos hombres de empresa. A resultas de ello, en 1913, a los cuarenta y cinco años de vigencia del nuevo régimen, cuando la fiebre había remitido, las sociedades mineras pudieron computarse en la cifra de 564,...

Por todo ello no me parece arriesgado afirmar que, en menos de medio

siglo, la ley de 1868 había puesto la mitad del subsuelo explotado en manos extranjeras. El laboreo de las minas, al contrario del de los campos, exigía unos elevados capitales de explotación, difíciles de reunir en el bando indígena. Los resultados de esa oleada inversora se tocaron enseguida. Salvado el bache de 1869, por causas políticas, la exportación de minerales y metales de primera fusión cobró un auge tan extraordinario que no tardó en alterar la estructura misma del comercio exterior”

En realidad la Ley de Minas de 1869 era una auténtica ley de desamortización del subsuelo español. La situación de la hacienda española era desastrosa y urgía reducir el déficit; la privatización de los recursos mineros supuso una auténtica invasión de capital extranjero interesado no solo en los recursos minerales, también en bajo coste de la mano de obra peninsular, la ausencia de legislación laboral y de seguridad en el trabajo, la escasa presión fiscal, y las posibilidades que ofrecía la explotación a cielo abierto que permitían unos bajos costes de explotación.

El 24 de noviembre de 1869 se firmó el contrato de venda, por un período de treinta años, de las minas de azogue de Almaden y de las salinas de Torrevieja por la cantidad de 90.000 francos a la casa Rothschild; el gobierno garantizaba también una comisión del 2% y l abono del carretaje, almacenaje, seguro contra incendio y gastos desde la llegada de los azogues a Londres hasta realizarse la venta de este. El arrendamiento de las explotaciones de cobre de Riotinto acabó en venta el 17 de diciembre de 1873; la compañía inglesa “Riotinto Limited” formada por “Matheson y Cia” , Deutsche National Bank

de Bremen y la familia

362 Rothschild adquirió la explotación por 92.800.000 pesetas y la obligación de construir un ferrocarril minero y de uso público. Estos y otros contratos fueron muy criticados; se trataban de operaciones ruinosas que además comprometían la existencia de las explotaciones , y en el caso del azogue, dejaban poco producto en el mercado español

La ley de 1869 no fue acotada y parcialmente corregida hasta 1897 (Reglamento de Policía Minera de 13 de junio) pero básicamente atendió a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mineros. Este reglamento se sumó a un conjunto de leyes anteriores y posteriores en esta misma línea. Destacan por su importancia las que atendían los temas medioambientales como calcinación de minerales sulfurosos al aire libre (1888), la de indemnización por daños a la agricultura (1890) o enturbiamiento de aguas públicas (1900); también las que atendían a los temas de seguridad en la mina como la de desagüe de minas inundadas (1889) o empleo de explosivos en las minas con grisú (1904); y también las que mejoraban las condiciones de trabajo y de vida de las zonas mineras como la de accidentes de trabajo (1900), trabajo de mujeres y niños (1900), descanso dominical (1904), jornada máxima de trabajo en la mina (1910), establecimiento de escuelas en las fábricas, explotaciones, minas y talleres (1900). Demasiado tarde y de una manera demasiado tímida ja que los reglamentos de política minera solo intentaban paliar las duras condiciones de trabajo de los mineros

No podemos perder de vista un hecho trascendental: la legislación respondía a una demanda y a una necesidad acuciante. Las terribles explosiones de grisú de La Reunión (Sevilla) i Mieres (Oviedo) ocurridas en 1904 aceleraron la redacción y aprobación de la ley. El nuevo Reglamento de Policía Minera de 1910 es fruto del alto número de accidentes registrados en 1907: 14.452 accidentes de los cuales 304 fueron mortales. También la legislación medioambiental aparece a remolque de los hechos; las múltiples quejas de los pueblos de la provincia de Huelva, incluidos motines y todo tipo de altercados, referidas a los efectos contaminantes que producían la calcinación al aire libre del cobre de Riotinto en 1888, consiguió, aunque con retraso, la publicación de medidas correctoras.

Reglamentos de política minera de 1897 i 1910 regulaban las técnicas mineras (obligación de elaborar planos, laboreo de pozos y galerías, ventilación, desagüe, clasificación de minas según el peligro de explosiones, accidentes, etc.) y ampliaban las competencias del cuerpo de ingenieros de minas (inspección de minas, obligatoriedad de contrato de un ingeniero superior para las empresas con más de 30 trabajadores).

No sólo estaban en manos del capital extranjero las minas; también eran extranjeros los ingenieros de la mayor parte de las explotaciones. A modo de ejemplo destacar que el curso 1912-1913 el número de alumnos matriculados en la Escuela Superior de Minas de Madrid era de 149, unos 25 alumnos en cada uno de los seis cursos. La Escuela de Capataces de Minas, de Mieres, Almaden y las que se fundaron mas tarde en Cartagena (1884), Linares

363 (1892), Huelva (1901) o Bilbao (1913) no consiguieron paliar los déficits de personal técnico del país.

Los efectos de la desamortización se percibieron rápidamente; la explotación de minerales, muy especialmente de plomo, cobre, mercurio y hierro, creció espectacularmente hasta llegar a ser una tercera parte de los productos comerciales exportados a finales de s. XX. El cobre y las piritas de Huelva ofrecían la materia primera para la obtención de la sosa cáustica y del ácido sulfúrico, muy importantes para la industria química europea. Por esta razón, un consorcio de industriales químicos ingleses fundó, en 1866, la “Tharsis Sulphur and Cooper Company”.

El mercurio, que tradicionalmente

se utilizaba en la metalurgia, la química i la

fabricación de espejos, vio multiplicar sus usos con la Revolución Industrial: explosivos, instrumentos de precisión, fotografía y electricidad. El 88% del mercurio español se exportaba a Inglaterra. La familia Rotchill, propietaria de las minas de plomo de Peñarroya, se convirtió en el primer productor mundial de cinabrio

y controló el mercado mundial de mercurio.

La

explotación de las minas de hierro, en manos británicas, convirtió a España en el primer país europeo exportador de este mineral.

Sin duda España fue “El Dorado” para los países industrializados de Europa Occidental, muy especialmente para Gran Bretaña. Francia y Bélgica. Pero este “enclave exterior en suelo hispano” como señala Nadal no se aprovechó para crear fuerte y consolidada industria de base (siderurgia, metalurgia y química) capaz de situar España en el conjunto de los países industriales de Europa. La exportación de minerales equilibraba la balanza comercial pero frenaba el desarrollo de la industria metalurgia y química española. En palabras de Luis iii

Carlos Fernández-Espinar ( ), la política minera abierta a la colonización exterior produjo un esquilmamiento de los mejores y más valiosos recursos minerales hasta el punto de hablarse de una desacapitalización del subsuelo español. Un dato más: a principios del s. XX España era el principal exportador mundial de minerales ferrosos y un importante importador de artículos de hierro y maquinaria; la red ferroviaria española se construyó con material de importación.

LOS PRIMEROS DECENIOS DEL S. XX: INICIO DEL INTERVENCIONISMO El cambio de siglo señaló un nuevo ritmo de las exportaciones minerales españolas. Al período alcista de 1899-1908 (los minerales representaban el 18,3% del total exportado) le sigue un quinquenio recesivo (14,4% del total exportado) y la situación se agudizó con el estallido de la Guerra Mundial. A partir de la 1ª Guerra Mundial España dejó de ser la gran potencia minera de Europa. La exportación de metales metálicos y de plomo cayeron en picado

364 fruto no de una situación coyuntural, sino de la pérdida de competitividad frente a otros países productores y el aumento del consumo interior que no pudo compensar la perdida del mercado exterior. No podemos olvidar que el conflicto europeo provocó un aumento extraordinario de los precios de los metales quintuplicando el rendimiento económico de las instalaciones, pero en España la producción sólo se incrementó un 50%.

Por estas fechas buena parte del capital extranjero se había retirado, o se estaba retirando, del mercado español debido a diferentes razones que coincidían en el tiempo: cambios espectaculares en la tecnología metalúrgica (superación del procedimiento Bennesser en la siderurgia por el Martin-Siemens), disminución de la productividad y aumento de los costes de explotación al agotarse los filones más ricos y accesibles; aumento de los sueldos y los costes salariales para las empresas (en España se introdujo la jornada laboral de 8h en las minas en 1919), aumento de la presión fiscal (impuesto sobre el producto bruto de la explotación, tasas indirectas).

Y frente a esta situación de crisis, la reacción de los diferentes gobiernos del período no fue otra que la más improcedente: la nacionalización del sector. Los datos estadísticos lo demuestran claramente:

1900: - 114 empresas extranjeras (59 empresas británicas, 39 empresas francesas, 17 empresas belgas, 7 otros países). - 29 empresas españolas con capital extranjero. 114 empresas españolas.

1923:

- 97 empresas extranjeras (39 Gran Bretaña, 35 Francia, 17 empresas Belgas y 6 otros países). - 49 empresas españolas con capital extranjero. - 500 empresas españolas.

Uno de los sectores que experimentó cambios más espectaculares fue el del carbón. La guerra europea paralizó las importaciones de carbón inglés y, en consecuencia, la industria acusó la falta de combustible y el Estado se volcó en proteger el carbón español (hulla y lignito) y a potenciar espectacularmente la cuenca asturiana. Entre 1920 i 1939 la minería energética fue el sector económico español más fuertemente intervenido.

Tan revelador como estos datos es el hecho que comportó el proceso gradual de intervencionismo del Estado en materia minera. En 1914 se reguló la producción de sustancias básicas para la producción de abonos agrícolas y para la defensa (sales potásicas, nitratos,

365 fosfatos, azufres y hulla), se paralizaron gran número de expedientes de solicitud de concesiones y fruto del descubrimiento de los importantes yacimientos de sales potásicas en Cataluña (Sallent, Balsareny, Súria y Cardona) estas se sometieron a estricto control, reservándose la Administración la facultad de intervenir la explotación si los resultados no respondían a las expectativas.

Y el intervencionismo continuó con Primo de Rivera y, en 1938, en plena guerra civil, la Ley de 7 de junio, acentuó el intervencionismo, con las siguientes medidas: la concesión no tenia la categoría de propiedad e imponía una producción mínima; El Estado se reservaba la explotación de yacimientos de interés nacional y los extranjeros fueron excluidos de las concesiones y de su participación en sociedades mineras domiciliadas en España se limitó.

EL FOMENTO DE LOS HIDROCARBUROS: 1944-1973. En 1944 se inicia una nueva etapa de la historia de la minería española. La Ley de 1944 supuso una ruptura total con la legislación liberal vigente desde 1868,. Una nueva clasificación de las sustancias minerales (rocas, y minerales), un fuerte intervencionismo al considerar la minería como uno de los principales bastiones de la “economía nacional”, importantes limitaciones al capital extranjero, e importantes reservas especialmente de minerales radioactivos.

Si en 1920 el subsector de la minería representaba el 20% del sector industrial español, este porcentaje no ha hecho más que disminuir a lo largo de los últimos decenios del s. XX: 5% en 1940, 2,3% en 1970 y 1,9% en 1980. Y estas cifras globales son aún más significativas si tenemos en cuenta que corresponden, en su mayor parte al sector del carbón, el único en alza durante el periodo 1940- 1970 debido a los múltiples y constantes refuerzos y ayudas proporcionadas por la situación política de aislamiento internacional y la posterior política de nacionalización del sector con la creación, en 1967, de la empresa HUNOSA (Empresa nacional Hulleras del Norte) controlada por el INI.

En el contexto del II Plan de Desarrollo Económico Y Social, se promulgó la Ley de Minas de 1973, después de veintinueve años de vigencia de la Ley de 1944. Una mayor liberalización en materia de inversiones extranjeras, una nueva clasificación de los recursos, la regulación de la explotación, y una mayor atención a la protección del medio ambiente, son sus principales aportaciones. Se trataba de adaptar y actualizar el sector minero español a la nueva situación económica mundial y responder al reto de la modernización tecnológica y de una explotación racional, programada y selectiva. Y es que la situación del sector era crítica. La balanza comercial española de productos minerales pasó de tener un saldo favorable de 1.000

366 millones de pesetas en 1960, a un déficit de 13.000 millones en 1972. La importación de productos minerales se había multiplicado por 15 en doce años.

El marco general de la Ley de 1973 se complementó con Disposiciones Estatales que son consecuencia de los cambios políticos de los últimos 30 años, muy especialmente a partir de la vigencia de la Constitución de 1978 y de los diferentes traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas. El marco general de la Ley se desplegó en disposiciones referidas a desechos y residuos, restauración de espacios naturales, seguridad minera, fomento del carbón y con legislación de las mismas Comunidades Autónomas, y de la más reciente de la UE.

Estadística de las explotaciones mineras españolas en el período 1975-1994. Productos

1975

1980

1984

1994

ENERGÉTICOS 162

202

Empleos

53.013

52.036

54.052

29.859

1

16.294

30.633

42.223

30.300

148

96

78

13

Empleos

14.173

11.286

9.783

2.229

Toneladas

12.161

12.367

11.682

1.516

460

370

301

197

Empleos

11.198

9.524

7.621

4.045

Toneladas

11.580

15.446

14.834

9.529

Explotaciones

Tm

265

151

M.METÁLICOS Explotaciones

M. NO METÄL. Explotaciones

CANNTERA Explotaciones

3.666

3.596

3.034

3.154

18.229

17.211

14.067

17.270

140.468

153.852

142.004

236.364

Explotaciones

4.436

4.264

3.678

3.515

Empleos

96.613

90.057

85.523

53.403

Toneladas

180.613

212.298

210.743

277.709

Empleos Toneladas TOTAL

(Fuente: L.C. Fernández-Espinar, p. 621)

EL PATRIMONIO MINERO: UN VALOR EN ALZA España, como todos los países de la Unión Europa, está poniendo fin a una larga historia de actividad minera. Una actividad residual ja en algunas zonas, significativa en muy

367 pocas – solamente Asturias- y muy pronto desconocida y olvidada. Las condiciones especiales de extracción (galerías subterráneas) la hacen desconocida y por ello “inexistente”; los impactos medioambientales que ha generado la desprestigian. Instalaciones mineras obsoletas, muchas veces abandonadas en

entornos de paisajes negros, contaminados,

yermos y pobres de vida y de actividad económica son frecuentes en nuestro país.

No podemos soñar con pasados gloriosos. Todas las actividades humanas tienen su principio y su fin, también la minería; pero este fin, inevitable des de el punto de vista económico e industrial, no puede ser un fin definitivo. Nos compete a todos conservar y dar a conocer nuestra historia y nuestro patrimonio y el de la mina lo es, al igual que el patrimonio artístico, monumental, histórico, paisagístico o urbano. Con este fin nacieron en Europa a mediados de los años setenta un conjunto de iniciativas destinadas a conservar el patrimonio minero a partir de la creación de museos i/o parques patrimoniales. Son el ejemplo de una nueva disciplina, la de la Arqueología Industrial, y de un nuevo concepto, el de Patrimonio Industrial, en este caso referida a la larga, diversa i desconocido mundo de las minas. Museos como el de Bohum (Alemania), Ironbrigde (Gran Bretaña), Lewarde (Francia), etc. son ejemplos a seguir: miles de visitante se acercan anualmente a estos centros para conocer el mundo fascinante de la mina. Estos museos no podrán

nunca convertirse en

substitutos de la antigua actividad minera, nunca podrán proporcionar la riqueza ni el empleo que ofrecieron las antiguas explotaciones, pero si que pueden dar a conocer la historia de la mina y conservar con orgullo el patrimonio.

EXPERIENCIAS CATALANAS: LA RECUPERACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MINERO Cataluña tiene una larga tradición de explotación de los escasos recursos del subsuelo. A pesar de ello, la minería y todo su rico mundo – técnicas de explotación, recursos, condiciones de trabajo pasadas y presentes, maquinaria, oficios, comercialización del producto, consumo, connotaciones sociales... y un largo etc.- son aún un mundo desconocido e ignorado.

Casi la totalidad de los museos locales y comarcales de Cataluña y muy especialmente l Museo Arqueológico de Cataluña con todas sus sedes, tienen colecciones con importantes restos de la metalurgia antigua que ilustran muy bien la importancia de la minería antigua. Los trabajos presentados en este simposio lo atestiguan. Los trabajos de los arqueólogos han sido y son la base, sintetizada y adaptada, para elaborar los programas de Historia y los actuales currículum de Ciencias Sociales de la enseñanza Secundaria Obligatoria. Los alumnos de este país hace años que conocen la importancia de los metales en el proceso de colonización de Mediterráneo por parte de los pueblos orientales y

368 saben de la importancia del comercio del cobre y del estaño, y el espectacular impacto que supuso la generalización del hierro en el desarrollo de los pueblos europeos.

Las nociones básicas sobre minería se retoman en los manuales escolares cuando el carbón, el hierro y los demás recursos se convierten en los principales protagonistas de la revolución industrial no sólo Europea, sino también catalana y basca. Pero no podemos olvidar que al ser Cataluña un país pobre en recursos minerales, los escolares y el gran público desconoce la importancia de esta actividad que ha dado vida a muchos pueblos y comarcas de este país.

Hace años que se trabaja con el objetivo de dar a conocer la historia de la minería en los últimos 150 años desde diferentes campos. Es muy importante la aportación en el campo de la historia económica de Jordi Nadal i Josep M. Mata Perelló es un divulgador incansable des de la Escuela Universitaria Politécnica de Manresa. Des de los proyectos patrimoniales se está abriendo un nuevo camino: el Museo de Gavà muestra un espacio singular, único en Europa, el de las minas prehistóricas del neolítico; la Muntanya de Sal de Cardona ha acogido más de 250.000 visitantes. El Sistema de Museos de Ciencia y Técnica de Catalunya, que tiene su sede central en la fábrica Vapor Aymerich de Terrassa, agrupa dos experiencias de museos mineros: el de las Minas de carbón de Cercs (Berguedà) i el de las minas de Plomo de Bellmunt del Priorat.

BIBLIOGRAFIA

1. COLL, Sebastián y SUDRIÀ, Carles: El carbón en España. 1770-1961. Una historia económica, Madrid, Ed. Turner, 1987. 2. NADAL, Jordi: El fracaso de la Revoilución industrial en España, 1814-1913, Madrid, Ed. Ariel 1991, 12ª edición, p. 93. 3. FERNÁNDEZ-ESPINAR, Luis Carlos: Derecho de Minas en España (1825-1996), Granada , Ed. Comares, 1997, p.451.