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La restitución de tierras: entre el miedo y la impunidad Paola Andrea Posada Investigadora del IPC El caso del Totumo (Urabá)1 Hace apenas cuatro meses que el Urabá antioqueño lamentaba el asesinato de “Colombia”, como le llamaban a Albeiro Valdés Martínez, cuando éste lunes 19 de septiembre la región volvió a estremecerse con la noticia del asesinato de Hernando Pérez Hoyos, “Nando”. Ambos tenían en común ser campesinos del corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí; ambos fueron desplazados y despojados de sus tierras por paramilitares bajo el mando de Carlos Ardila Hoyos, alias “Carlos Correa”, primer comandante paramilitar que operó en el Urabá; ambos eran campesinos que reclamaban la restitución de sus predios arrebatados; y tanto “Colombia” como “Nando” hacían parte de Asovirestibi 2, una organización social con más de 1.400 asociados que trabaja por la recuperación de las tierras usurpadas por grupos paramilitares en la región agroindustrial. Los dos habían sido amenazados de muerte por los para-terratenientes que les usurparon sus predios, a fin de que no insistieran en recuperarlas. Albeiro fue amenazado por Jairo Humberto Echeverry Montoya, quien dijo que “no respondía” si se hacía la restitución de las tierras que consideraba como suyas, mientras que Hernando Pérez Hoyos fue amenazado por Julio Arcesio Gómez Durango, quien manifestó públicamente que “no se dejaría quitar esas tierras, así tuviera que matar a uno o dos”, según cuentan los pobladores de El Totumo. Tanto Albeiro como Hernando habían solicitado medidas de protección a las autoridades públicas y para ambos el estudio del riesgo dio como resultado “riesgo ordinario”; es decir, las autoridades no hallaron razones objetivas para brindarles una protección diferente a la que recibe el resto de ciudadanos del común por cuenta del Estado. Meses después, ambos campesinos fueron asesinados. Albeiro: una restitución fallida

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Este documento es elaborado en el marco de una investigación sobre el Despojo de tierras en Urabá (2010), a cargo del Grupo de Investigación de Tierras del IPC. 2 Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, con domicilio principal en el municipio de Apartadó.

En diciembre de 2009, Albeiro Valdez Martínez, de la mano de Asovirestibi y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) logró que el Gobierno nacional le entregara el título que demostraba que era el legítimo propietario de 35 hectáreas de las 105 que le había despojado el desaparecido comandante paramilitar “Carlos Correa”. Las 70 hectáreas restantes correspondían a tierras baldías que eran disputadas por Jairo Humberto Echeverry Bedoya y Diego Fernando Echeverry Rico, quienes habían comprado esas tierras a Nelly Durango López, viuda de “Carlos Correa”. Pero no tardaron en llegar las amenazas. Ese mismo mes, hombres que se identificaron como miembros de las Águilas Negras se presentaron en la casa de Albeiro amenazándolo para que se fuera con su familia de esas tierras o sino los asesinarían. Esa amenaza se cumplió el 11 de mayo, cuando desconocidos se llevaron al labriego para una supuesta reunión con las Águilas Negras. Horas después fue hallado muerto en la carretera que conduce de Turbo al Totumo. De acuerdo al acta de levantamiento, el cuerpo presentaba signos de arrastre y golpes en brazos, cabeza y espalda, lo que permitía establecer que la causa de su muerte era violenta. Sin embargo, el médico legista dictaminó muerte natural. Hoy se tienen serios indicios que Albeiro fue víctima de envenenamiento. La familia Valdés Martínez fue nuevamente desplazada. Pasado un mes del asesinato de Albeiro, mediante una querella en la Inspección de policía de Necoclí, el alcalde encargado de dicho municipio, Edelfred Villalobos Ortega, en compañía del Inspector, le regresaron las 35 hectáreas a Jairo Humberto Echeverry Bedoya. Mientras tanto, Hernando Pérez Hoyos, a pesar de las constantes amenazas y el dolor compartido por los demás campesinos del Totumo, también desplazados y despojados, por la muerte de su vecino y compañero “Colombia”, seguía con la pretensión de que las autoridades por fin le restituyera su tierra. Hernando y su familia fueron obligados a salir forzosamente de sus tierras por órdenes de “Carlos Correa” en 1995, las mismas que tras años de habitar y trabajar en ellas, le fueron adjudicadas por el Incora, (hoy Incoder)3 a su padre Anibal Pérez Duarte, en el año 1974. Cuatro años después del desplazamiento, en el certificado de libertad y tradición del predio aparece registrada una compraventa viciada cuyo comprador es Gabriel Caro Durango4, familiar de Nelly Durango López, viuda de “Carlos Correa”. Posteriormente, en el 2004, aparece otra compraventa en la que Caro Durango le vende a Julio Arcesio Gómez Durango5, hijo de Nelly Durango López e hijastro de “Carlos Correa”. Es así como Jairo Humberto Echeverry y Julio Arcesio Gómez Durango se hicieron, gracias al accionar de los paramilitares, a miles de hectáreas de 3

Resolución 052-0167 del 26-02-1974 Certificado de Libertad y Tradición, Circulo registral de Turbo, Matrícula No. 034-40310, Anotación No. 2, fecha: 15-10-1999. Escritura 972 del 17-09-1999 5 Ibid, Anotación No. 3, fecha: 28-05-2004. Escritura 494 del 04-05-2004 Notaría Única de Apartadó. 4

tierras despojadas a los campesinos de El Totumo. Ello se evidencia no sólo con las pruebas documentales -escrituras públicas y certificados de libertad y tradición- sino además con las innumerables declaraciones que los campesinos desplazados y despojados han hecho a la caótica red de instituciones llamadas por ley a prevenir y proteger el desplazamiento forzado. Entre ellas se cuentan las declaraciones hechas a la Fiscalía y a la Unidad de Justicia y Paz. La muerte se llevó a Hernando Pese a que el miedo era aún más fuerte en El Totumo y que las amenazas no cesaban, el domingo 19 de septiembre Hernando asistió al evento celebrado en el municipio de Turbo, en donde más de quinientos campesinos provenientes de todo Urabá presenciaron la entrega de 34 títulos, por parte del propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, a igual número de familias también despojadas por paramilitares del Bloque Bananero en la vereda Nueva Colonia, municipio de Turbo. Fue un momento de alegría para todos los campesinos despojados quienes por momentos revivieron sus esperanzas de regresar a sus tierras, no obstante que algunos de los campesinos que recibieron el título de propiedad probablemente no podrán regresar a sus predios pues no cuentan con garantías para su seguridad. El evento se convirtió en el escenario propicio para que los campesinos expresaran sus temores y sus interrogantes frente a la impunidad del Estado con relación a la barbarie que han sufrido desde hace más de 15 años. Fue allí mismo donde otro campesino del Totumo (no se trataba de Hernando) denunció, micrófono en mano, que se encontraba amenazado y que temía ser asesinado cuando regresara a su casa, luego del evento. Sin embargo, por ahora la muerte no fue para él, le llegó de manos de los paramilitares a “Nando”. El campesino, que sigue amenazado, denunció públicamente que en El Totumo todos saben cuáles son las familias que los han despojado de sus tierras y pidió de las autoridades “investigaciones minuciosas”. Al término de su intervención afirmó que “tal vez por los medios de comunicación se enteren de lo que estoy aquí diciendo y me estén esperando en la casa para matarme”. Lo que no sabía en ese momento era que los hombres que al finalizar el día le estarían quitando la vida a Hernando se encontraban allí mismo en el evento6. De este modo, aquellos que no piensan regresar las tierras se enteran sobre todo lo que pasa con los procesos de restitución y los campesinos reclamantes. Al igual que Albeiro Valdés Martínez y Hernando Pérez Hoyos, todos los campesinos despojados de sus tierras en El Totumo están amenazados. Ese mismo domingo en horas de la noche, Hernando compartía su esperanza con algunos vecinos en una pequeña tienda del Totumo. A eso de las diez de la noche, dos hombres llegaron en una moto a buscarlo enseñando un arma de fuego para obligarlo a irse con ellos. Una hora después, el cuerpo de Hernando fue hallado sin vida a orillas de la carretera que conduce a Necoclí. 6

Según versiones de algunos campesinos asistentes al evento.

El cuerpo sin vida de “Nando”, tenía un fuerte golpe en la cabeza, le habían dislocado un brazo y perdió algunas piezas dentales. La policía, primera autoridad en encontrarlo, argumentaba que la causa de la muerte obedecía a un accidente de tránsito y por ello se apresuró a llamar al Tránsito de la localidad. Sin embargo, los funcionarios de esta última dependencia se negaron a hacer tal dictamen, toda vez que no hallaron evidencias físicas que permitieran presumir que se trataba de un accidente de tal naturaleza. Finalmente, por presión de la familia que hizo presencia en el lugar donde se hallaba el cuerpo, a las cinco de la mañana del lunes la Sijín se encargó del levantamiento y esta vez el dictamen del médico legista fue: “muerte violenta”. Miedo e impunidad Hoy más que nunca, en El Totumo se siente miedo. Hace ya 15 años o más que cientos de campesinos fueron despojados violentamente de sus tierras por cuenta de “Carlos Correa”, quién en medio de sangre y terror los obligó a salir de sus fincas. A muchas de estas familias les mataron uno o varios seres queridos para obligarlas a entregar sus tierras. Durante casi dos décadas han convivido con los perpetradores de la barbarie y han visto cómo dos familias, una representada principalmente por Julio Arcesio Gómez Durango, hijastro de alias “Carlos Correa” y la otra representada por Jairo Humberto Echeverry Bedoya se han usufructuado de las tierras despojadas, se convirtieron en grandes terratenientes y ganaderos, mientras los campesinos legítimos propietarios de la tierra viven con las afectaciones propias de su condición de desplazados por la violencia. Son sólo dos familias, pero tienen atemorizada a toda la población del Totumo. Allí los campesinos no pueden reunirse para hablar sobre sus tierras, ni mucho menos pretender recuperarlas sin ser objeto de amenazas. Ya les asesinaron a dos de sus líderes y muchos otros campesinos han sido amenazados directa o indirectamente. Son nuevamente revictimizados por los mismos criminales o sus herederos. De nuevo están siendo despojados y desplazados forzadamente7. Pero ésta no es una situación exclusiva para El Totumo. Las amenazas proliferan contra otros campesinos reclamantes de tierras en diferentes municipios de Urabá. Prueba de ello es que ya son ocho los líderes campesinos reclamantes de tierras asesinados en la región8 en los últimos tres años y se han reportado 7

Carlos Salón y su esposa Sofía, fueron otros dos campesinos a los que se les restituyó su tierra en el Totumo, junto con la restitución de la tierra de Albeiro Valdés Martínez. Tres meses después de la restitución, fueron presionados por Julio Arcesio Gómez Durango para que le vendieran su tierra. Estos campesinos le firmaron la escritura de su tierra y recibieron una letra por valor de $5.000.000.oo. 8 Juan Jiménez Vertel, reclamante de tierras asesinado el 19 de agosto de 2008 en el Corregimiento El Reposo de Apartadó; Benigno Gil Valencia, reclamante de tierras y Presidente de la Mesa Nacional Campesina asesinado el 22 de noviembre de 2008, en Chigorodó; Jaime Antonio Gaviria, reclamante de tierras, testigo del asesinato de Benigno Gil y líder de la Mesa Campesina asesinado el 5 de diciembre 2008, en Chigorodó; Adriano Pino, reclamaba tierras en el Urabá chocoano, asesinado el 23 de febrero de 2009, en Medellín; Ana

perturbaciones por parte de los para-terratenientes a campesinos que se les ha restituido su tierra9. Los labriegos han denunciado cómo fueron amenazados para dejar, entregar y vender a precios irrisorios sus predios, amenazas que en muchos casos trascendieron al asesinato de uno o varios miembros de las familias desplazadas y despojadas, como el caso de Albeiro Valdés Martínez a quien le asesinaron a su padre y hermano. Algunos campesinos han declarado cómo el comandante paramilitar “Carlos Correa”, se presentó en sus fincas para obligarlos a que vendieran sus tierras a Jairo Humberto Echeverry Bedoya. Estos hechos ameritan que, por lo menos, Julio Arcesio Gómez Durango y Jairo Humberto Echeverry Bedoya, estén siendo investigados -aunque pasados 15 años de los hechos ya deberían haberse procesado- por delitos como Desplazamiento forzado (art. 159 y 180 C.P.); Constreñimiento Ilegal (art. 182 C.P); Extorsión Art. 244 C.P), Usurpación de tierras (art. 261 C.P.), o los posibles delitos en los que pueda tipificarse su conducta. Pero en contradicción a los mínimos postulados de justicia, en un Estado que se presume Social y de Derecho, las autoridades han estado prestas para proteger “derechos” –inexistentes- de los para-terratenientes, como en el caso de Jairo Humberto Echeverry Bedoya, quien recibió respuesta positiva a una querella interpuesta ante la Inspección de policía, recibiendo la protección a su posesión sobre las tierras que pertenecen a la familia Valdés Martínez. Esta acción afirmativa de las autoridades de Necoclí a favor de las pretensiones de Echeverry Bedoya, a pesar de que la suya es catalogada por el Código Civil (arts. 771 y 772), como una “posesión viciada o violenta”, ignoró que la violencia no crea derechos, ni estados jurídicos, pues la fuerza es la negación del derecho y debe ser ésta repudiada por toda la sociedad. En este contexto, quizás lo que resulta más indignante para los campesinos es la ausencia del Estado; o lo que es peor, la indiferencia, complicidad y aquiescencia de las autoridades locales y nacionales. ¿Cómo entender que mediante instrumentos legales se le haya devuelto la tierra de Albeiro Valdés Gómez, reclamante de tierras en el Departamento de Córdoba, asesinada el 14 de abril de 2009, entre Los Córdobas y Arboletes; y Albeiro Valdés Martínez, asesinado el 10 de mayo de 2010, en la vereda Cirilo vía a Necoclí; Hernando Pérez Hoyos, asesinado el 19 de septiembre de 2010, en la vereda la Ceibita, corregimiento El Totumo, municipio Necoclí. 9 Campesinos reclamantes de tierras en el corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo, beneficiados por el Proyecto Piloto de Restitución de tierras, que la CNRRR llevó a cabo en cuatro veredas de dicho municipio, cuentan que están siendo asediados por Alberto Cartagena, suegro del fallecido excomandante Carlos Enrique Vásquez, alias “Cepillo”. Alberto Cartagena, se quedó con algunas de las tierras despojadas a los campesinos en Nueva Colonia, y durante los últimos meses ha convocado a algunos de los campesinos que recibieron los títulos de sus tierras, para que se reúnan con él, reunión a la que los campesinos atemorizados no han acudido. En esta misma vereda, se informa que en los primeros días de septiembre, Dagoberto Antonio Carvajal, un campesino al que se le restituyó su tierra, murió en extrañas circunstancias en la parcela, mientras se disponía a ordeñar una vaca que allí tenía. Este campesino fue hallado sin vida en un caño, según versiones de los vecinos tenía un golpe en la cabeza. Cuenta un vecino que encontró el cuerpo, que para la policía la causa de la muerte fue un golpe que le propició la vaca al intentar ordeñarla, sin embargo, para su vecino esta versión no tenía sentido, pues la vaca se encontraba amarrada a varios metros del caño en el que yacía el cuerpo de Dagoberto Antonio.

Martínez a Jairo Humberto Echeverry Bedoya?; ¿Cómo no considerar que “Colombia” y “Nando”, líderes de los campesinos reclamantes de tierras, corrían grave peligro por cuenta de las amenazas de los criminales que se quedaron con sus tierras? ¿Cómo puede explicarse que pasadas casi dos décadas de los hechos perpetrados por los paramilitares y su red de cómplices y testaferros, que en el caso del Totumo están plenamente identificados e individualizados tal como puede evidenciarse en los testimonios de los campesinos, en las pruebas documentales y en la ocupación misma de las tierras; la Fiscalía y los Jueces de la República no hayan avanzado en la judicialización y condena de estos acontecimientos? ¿Hasta cuándo tanta impunidad? ¿Cuánto tiempo debe pasar y cuánta sangre debe derramarse, para que el gobierno por fin asuma su responsabilidad frente al mandato constitucional en cabeza del Estado, de proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra y bienes? Es urgente insistir al Gobierno nacional que la restitución de tierras requiere mucho más que determinar las rutas jurídicas y administrativas para llevarla a cabo. Requiere, ante todo, que se haga justicia para que los campesinos no sigan a merced de los criminales que los han revictimizando durante dos décadas. Si bien el actual Gobierno propone la mayor celeridad para saldar la deuda social con los campesinos a quienes les arrebataron sus tierras, mayor celeridad debe procurar para evitar que los sigan asesinando por reclamar la tierra que les pertenece. Ahora es el momento para exigir que de la mano de la Ley de Tierras que se va a discutir en el Congreso de la República se procure una política que permita acelerar las investigaciones y los procesos ante la justicia ordinaria para aquellos que siguen sembrando el terror en el campo, negándose a devolver las tierras que usurparon a los campesinos. Para que una Ley de Restitución de Tierras sea efectiva, además de ser integral, requiere de justicia frente al fenómeno del despojo y los demás crímenes que suelen acompañarlo. De una restitución en medio de la impunidad sólo puede augurarse un ciclo interminable de violencia y nuevos despojos, en dónde los campesinos son los más vulnerables. La restitución debe ir de la mano con la justicia.