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Los profesionales proponen avanzar en ámbitos como la vigilancia en espacios públicos o el medio rural Mientras que el primer día del congreso sirvió para mostrar una panorámica general de la situación actual de la Seguridad Privada, el segundo se dedicó a esbozar las líneas que dibujan el futuro del sector. Un futuro que pasa por aprender a superar los desafíos que las nuevas problemáticas plantean a los profesionales de la actividad en relación con cuestiones como la actuación en espacios públicos, la seguridad en el medio rural o la vigilancia no uniformada.

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a segunda jornada del congreso se articuló en torno a un amplio panel en el que se abordaron las tendencias hacia las que camina el sector y los problemas y desafíos que ha de superar en ese avance. Para ello, a lo largo de la mañana se realizaron 13 ponencias que se dividieron en dos sesiones. La primera, cuya cobertura recogemos en estas líneas, estuvo orquestada por Paloma Velasco, directora ejecutiva de la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES), y agrupó conferencias sobre diferentes ámbitos de la Seguridad Privada (protección contra incendios, seguridad en el transporte y en espacios públicos, vigilancia en el medio rural), así como relacionadas con cuestiones relevantes para el sector: la problemática actual de la profesión del detective, la responsabilidad civil de los distintos actores de la Seguridad Privada y la eficacia judicial de las evidencias electrónicas. Retos de la PCI El panel comenzó con la intervención de Antonio Tortosa, consejero delegado de Comercializadora de Servicios Antifuego (CDAF) y vicepresidente de TecnifuegoAespi, que habló sobre “El sector contra incendios en el mundo de la Seguridad”. Un asunto que, según el ponente, tenía que estar presente en este II Congreso Nacional, pues la Seguridad Privada y la Protección contra Incendios (PCI) son actividades “primas hermanas”. Tortosa empezó por enunciar algunas de las características que definen la industria de la PCI. Indicó que las empresas del sector “contribuyen a mejorar la seguridad contra el riesgo de incendios, lo que reduce la pérdida de vidas y bienes”. En la realización de esta labor, las com-

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Francisco Muñoz Usano dedicó un homenaje a Ramón Borredá, fundador de Seguritecnia e “impulsor del espíritu de unidad del sector”.

pañías se encuentran sometidas a una “escrupulosa” normativa, referente no solo a la regulación del sector sino también a las exigencias medioambientales, y su éxito depende de que los equipos y sistemas implementados estén disponibles y resulten eficaces en todo momento, según indicó el representante de la patronal. En definitiva, “somos un colectivo profesional y altamente tecnificado que fabrica, instala y presta servi-

Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego-Aespi.

cios para la protección y lucha contra incendios”, afirmó. El ponente recordó que el Real Decreto 195/2010, que adaptó el Reglamento de Seguridad Privada a la “Ley Ómnibus”, obligaba a las compañías de PCI a inscribirse en el Registro General de Empresas de Seguridad. Esto produjo “un gran desasosiego” en el sector, que inició una serie de acciones hasta conseguir que, mediante la Orden INT/316/2011, que regula el funcionamiento de los sistemas de alarma, se aclarara que las compañías dedicadas a la instalación y mantenimiento de productos de PCI no tenían dicha obligación. “El marco normativo y sus actualizaciones no pueden generar ni hiperregulación ni dobles interpretaciones en un sector de radical importancia”, añadió Tortosa. Finalmente, el consejero delegado de CDAF expuso las líneas que deben guiar la actuación de la industria de la PCI en el futuro inmediato: instalar el sistema más adecuado al bien a proteger y potenciar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos por encima del factor precio. Para conseguir esto, ha de

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Miguel Merino, representante de ADSI y de ASIS España.

enfrentarse a dos problemas principales, según el ponente. El primero es la falta de sensibilización por parte de la sociedad sobre la importancia de la PCI, especialmente en el ámbito residencial. El segundo es la guerra de precios en la que se encuentran inmersas las empresas del sector. Tortosa comentó que se están importando productos de países como China que no reúnen las condiciones mínimas de calidad. Esto ha conllevado “una caída de la calidad no solo de los productos, sino de todo el sector”. “Tenemos que convencer al cliente de que las instalaciones de PCI son una inversión y no un gasto, pues salvan vidas y bienes, además de velar por el medio ambiente”, concluyó. Amenazas en el transporte El siguiente en tomar la palabra fue Miguel Merino, director de Seguridad Corporativa de DHL, que aportó su visión acerca del presente y del futuro de la seguridad en el transporte. El ponente, que participó en el panel como representante de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI) y de ASIS España, señaló que la actividad del transporte y la logística tiene como peculiaridad que exige al personal de Seguridad “proteger un patrimonio que no pertenece a empresas particulares sino a todos los ciudadanos”. Merino indicó que las amenazas a las que se enfrentan actualmente estos profesiona-

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les son los asaltos a los medios de transporte, los robos en almacenes, el hurto interno, las estafas, los delitos tecnológicos, los crímenes perpetrados a través de redes de transporte, los riesgos asociados a las compras fraudulentas en Internet, el crimen organizado y la mayor sofisticación de la delincuencia. Para luchar contra estas amenazas, las compañías de transporte se han visto obligadas a dotarse de departamentos de Seguridad, los cuales, a su vez, han tenido que trabajar para “mejorar la gestión del conocimiento, la formación y especialización de sus trabajadores y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Como consecuencia de esta evolución, dichos departamentos son cada vez más profesionalizados, están integrados por personal con alto nivel formativo y disponen de tecnología punta. Además, en los últimos años están recibiendo un mayor apoyo por parte de la alta dirección. La colaboración con la Seguridad Pública “ha marcado un antes y un después” en la dinámica de estos departamentos, según Merino. Se ha trabajado de forma conjunta en diferentes operaciones, y este esfuerzo común ha culminado en el “Programa Coopera” de la Guardia Civil. No obstante, el representante de ADSI y ASIS España considera que aún queda mucho por hacer. Desde el punto de vista de la mejora de la seguridad y la protección, es necesario realizar importantes inversiones en almacenes y vehículos, para lo cual solicitó la ayuda de la Administración. También pidió que ésta se comprometa a prestar una mayor atención a los delitos tecnológicos. Con respecto al marco jurídico, el ponente propuso agravar las penas “para evitar que nuestro Código Penal continúe siendo permisivo”, además de agilizar los juicios y eliminar barreras para identificar a posibles delincuentes. Asimismo, en relación con la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), el director de Seguridad Corporativa de DHL abogó por incrementar la presencia policial en las zonas de re-

Eduard Zamora Peral, presidente de ADSI.

parto, las áreas de servicio en carretera y los centros de reventa; crear unidades específicas para atender algunas de las necesidades más relevantes del transporte; mejorar la coordinación entre los diferentes Cuerpos; potenciar el “Programa Coopera” y cualquier otro similar; y agilizar la respuesta de la Administración en la tramitación y aprobación de Planes de Emergencia y Seguridad para el sector. Vigilancia en la vía pública Otro de los temas abordados en este panel fueron las posibilidades de la Seguridad Privada en los espacios públicos, que corrió a cargo de Eduard Zamora, presidente de ADSI y director de Seguridad de Grupo Banco Sabadell. Zamora enumeró los servicios que la Seguridad Privada está autorizada a realizar dichos espacios: la verificación de alarmas, la vigilancia en urbanizaciones y polígonos, la carga de cajeros automáticos, el transporte de fondos, la vigilancia perimetral, la seguridad en centros universitarios y en infraestructuras y medios de transporte. Mencionó también los servicios de vigilancia en ferias, exposiciones de arte y eventos deportivos realizados en la vía pública, que son “los más difíciles”, como el dispositivo de seguridad desplegado a propósito del Campeonato Europeo de Atletismo celebrado el año pasado en Barcelona. El presidente de ADSI añadió que en la actualidad hay profesionales del sec-

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Panel Nuevas Tendencias tor que ya están desempeñando actividades en espacios públicos, como es el caso de los escoltas y detectives privados o de los guardas particulares del campo. Esto demuestra que “la Administración no tiene problema con que la Seguridad Privada trabaje en la vía pública, pero sí con que lo hagan los vigilantes”, declaró. Esta reticencia está motivada, según Zamora, por la diferencia formativa que existe entre un vigilante y un agente policial: “no pueden compararse” las 400 horas de preparación que realizan los primeros con el año que cursan los segundos en la academia. De hecho, el ponente indicó que los vigilantes que en Cataluña pasen a tener la condición de agente de la autoridad estarán obligados a superar antes un módulo específico de formación. Para Zamora, el trabajo conjunto de los agentes de policía y los vigilantes de seguridad en espacios públicos va a permitir reducir el coste social y económico de estos servicios y aumentar la seguridad ciudadana. “La sociedad funcionará mejor si somos capaces de complementar la Seguridad Pública con ciertos aspectos de la privada”, afirmó. Eso sí, el liderazgo de ese trabajo conjunto debe ostentarlo el ámbito público. Con respecto a dicha colaboración, el director de Seguridad de Banco Sabadell exigió un mayor acuerdo dentro de la Administración y pidió “un voto de confianza” para los directores de Seguridad, que, como ya han demostrado en diversas ocasiones (por ejemplo, en el caso de la protección de los buques que faenan en el Índico), están capacitados para prestar servicios en la vía pública. Para que esa colaboración sea efectiva, Zamora considera que es necesario regularla antes siguiendo “criterios menos restrictivos y válidos para la mayoría de las situaciones”. “Aprovechemos el actual ‘idilio’ entre la Administración y la Seguridad Privada”, conminó. Inseguridad en el medio rural Una vez analizada la situación actual de la vigilancia en espacios públicos, se pasó a hablar de otro de los ámbitos en

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los que se desarrolla la Seguridad Privada: el medio rural. Para abordar esta cuestión, el congreso contó con la participación de Juan Francisco Barcones, representante de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y del Consejo Nacional del Guarderío. Barcones empezó diciendo que la situación de despoblación y la dimensión del territorio que se maneja en el entorno rural “hacen de la seguridad un aspecto muy importante”. En los últimos años se han incrementado de forma exponencial los robos en este ámbito, debido, según el ponente, a la crisis económica, el alto precio de las materias primas, la menor gravedad de las penas asociadas a estos delitos, los cambios en la percepción urbanita con respecto al medio rural y natural, la mejora de la movilidad y de las infraestructuras viarias en este entorno y la laxitud a la hora de vigilar la puesta en circulación del material sustraído en los mercados internos y exteriores. Estos factores, tal y como indicó Barcones, se suman además a las características del entorno rural, que lo hacen especialmente vulnerable: su extensión es excesivamente grande como para que sea debidamente cubierta por las FCS y en él existen instalaciones dispersas que normalmente se encuentran en áreas despobladas, no cuentan con las medidas de seguridad necesarias y a las que un robo puede generarles graves perjuicios

Juan Francisco Barcones, representante de ASAJA y del Guarderío.

porque suele conllevar la interrupción de su funcionamiento. Para paliar el problema, el representante de ASAJA comentó que en los últimos meses el Estado ha tomado cartas en el asunto. Así, en abril se aprobó el Plan contra el Robo en Instalaciones Ganaderas; un mes más tarde, el Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Robo de Cable; y, recientemente, la Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas. Para acabar con esta situación de inseguridad en el medio rural, Barcones ve necesario sobre todo potenciar la figura del guarda particular del campo, que es “capaz de satisfacer las necesidades de protección de las explotaciones agrarias”. Tal y como suscribió el representante del Consejo Nacional del Guarderío, estos profesionales pueden cubrir las áreas que no cuenten con suficiente presencia de las FCS, conocen la ubicación de las instalaciones y los mejores medios para observarlas y desplazarse hasta ellas y “son los ojos” en muchas de estas zonas. Por ello, pidió que se desarrolle una de las recomendaciones formuladas dentro del Plan contra el Robo de Instalaciones Agrícolas y Ganaderas del Ministerio del Interior: “se intensificará la colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y el apoyo de los guardas particulares del campo”. Según Barcones, este apoyo debe materializarse en la regulación del servicio prestado por dichos guardas en relación con sus competencias, medios electrónicos utilizados y cooperación con las FCS, entre otros aspectos. También es preciso que se les autorice a operar en todo el ámbito rural, incluidos los núcleos periurbanos o urbanos donde radican la mayoría de las industrias y cocheras agrícolas, además de que el Estado suscriba conciertos para la financiación de estos servicios, finalizó el representante de ASAJA. Detective privado Otra de las figuras del sector que han experimentado algunos cambios en los últimos años, especialmente dentro de las nuevas Órdenes Ministeriales, ha sido el

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Panel Nuevas Tendencias detective privado. Rafael Guerrero Maroto, miembro de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), ahondó en los aspectos que recoge la norma relacionados con estos profesionales. Como indicó, el detective privado está sujeto a lo expuesto en la Ley de Seguridad Privada en su labor diaria. En ella, se le habilita para desempeñar funciones de vigilancia en entornos concretos como ferias, hoteles, exposiciones, superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia. Aún así, en la misma norma se aclara que, salvo en los supuestos mencionados, “no podrán prestar servicios ni ejercer funciones propios del personal ni de las empresas de seguridad”. En la práctica, los detectives privados tienen elementos diferenciadores y comunes con otros profesionales del sector, como el vigilante de seguridad privada. El representante de la APDPE explicó que los detectives privados llevan a cabo funciones de vigilancia “camuflada” que realizan sin distintivos ni identificación exterior. Además no necesitan autorización previa de la Dirección General de la Policía (aunque figuran en un registro), tienen seguros de responsabilidad civil y se identifican cuando lo solicita el ciudadano o los agentes de la autoridad con su Tarjeta de Identificación Profesional. Uno de los problemas en relación con las funciones que pueden desarrollar los detectives es que en la Ley de Seguridad

Rafael Guerrero Maroto, miembro de la APDPE.

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Privada solo se especifican labores de vigilancia. No obstante, Guerrero asegura que la labor de estos profesionales también incluye la protección, “aunque no lo diga la ley”. “Si no puedo proteger los bienes muebles e inmuebles y a las personas que se encuentran dentro mal vamos”, expresó el ponente. Hay cometidos que comparten estos profesionales y el personal de seguridad, como, por ejemplo, las comprobaciones de identidad cuando son necesarias, la prohibición de acceso a unas instalaciones a personas no autorizadas a unas instalaciones o la puesta a disposición de las FCS. Guerrero también enumeró algunas de las obligaciones de los detectives, entre las que se encuentran la colaboración con las FCS, actuar con la “debida diligencia” (entendida como iniciativa y resolución de las circunstancias que lo requieran), respetar los principios de integridad y dignidad dando un trato correcto a las personas “actuando con congruencia y proporcionalidad” o custodiar y poner a disposición de las FCS a las personas detenidas por su participación en hechos delictivos. Según el representante de la APDPE, los detectives pueden aportar con su trabajo “discreción y sagacidad” y proporcionar seguridad jurídica a sus clientes. Al término de su ponencia, Guerrero insistió en problemática de los detectives, por considerar que la Ley de Seguridad Privada no desarrolla claramente sus funciones; a lo que se suma el desconocimiento de la sociedad respecto a estos profesionales o que no se liciten servicios de vigilancia prestados por éstos en los planes de seguridad. Como conclusión, apostó por el detective privado “en complementariedad con las empresas de seguridad para aportar mayor eficacia a los planes de seguridad en beneficio de los ciudadanos”. Responsabilidad civil Al margen de las funciones específicas del personal de seguridad hay un aspecto en el que el sector “tiene que ir madurando”, que es la responsabilidad

civil. Francisco Muñoz Usano, presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad (SEDS), recordó en su ponencia los conceptos básicos de este aspecto normativo y su incidencia en el entorno de la Seguridad Privada. Antes, no obstante, quiso tener un recuerdo para “quien siempre representó la cohesión del sector”, Ramón Borredá, fundador de Seguritecnia, de quien Usano dijo que fue “una figura insigne”, que “durante muchos años fue precursor de eventos” como este II Congreso Nacional de Seguridad Privada que, de hecho, “lleva su marchamo”. Tras este paréntesis, Usano se centró en el objetivo de su ponencia, que era poner en orden los aspectos que atañen a la responsabilidad civil en el ámbito Seguridad Privada. Para comenzar, era básico conocer la definición de este concepto. “Responsable civil es todo aquel que, por acción u omisión, o bien como incumplimiento total o parcial de un contrato, causa cualquier tipo de perjuicio, interviniendo culpa o negligencia, y en consecuencia la responsabilidad consiste en reparar el daño causado”, explicó. En el ámbito civil, recordó, la responsabilidad puede ser por actos propios o por los de terceros. Asimismo, puede proceder de dos vías: la contractual, “cuando el daño o perjuicio causado está relacionado con un incumplimiento de un contrato”, o extracontractual, “cuando el daño o perjuicio causado no tiene su origen en una relación contractual”. El presidente de la SEDS diferenció algunos aspectos sobre la responsabilidad civil que atañen por separado a los departamentos de Seguridad, al personal y a las empresas. Respecto a los departamentos, aclaró que “no tienen una personalidad jurídica propia y, como tal, no se les pueden exigir responsabilidades”. Sí se les podrán requerir a la compañía a la que pertenece y al director de seguridad. “Para prevenir esta responsabilidad civil es necesario el cumplimiento exacto de la normativa, disponer de una cobertura de aseguramiento de responsabilidades, contratar los servicios externos con absoluta lega-

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prestar atención a las averías en 24 horas, contratar un seguro y otorgar importancia a los informes periciales. Como conclusión, advirtió de que la aparición de las Órdenes Ministeriales tiene una tremenda incidencia en la responsabilidad civil de las empresas, ya que “los tribunales van a tener ahora más fácil saber si se han seguido o no los procedimientos adecuados”.

Francisco Muñoz Usano, presidente de la SEDS.

lidad y planificar adecuadamente los procedimientos de colaboración interna y externa”, aconsejó este experto. En cuanto al personal, la responsabilidad civil deviene de una conducta inapropiada y que no acata los principios de actuación marcados por la Ley. Por contra, “si el personal, en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, presta la debida diligencia, el posible riesgo en que puede incurrir está permitido. Si se asume, el resultado no es imputable en la conducta y, por tanto, ésta es correcta”. En relación con las empresas “el problema se plantea con más intensidad”. Es importante, en primer lugar, que tanto el cliente como la compañía suministradora sepan de qué carácter son sus obligaciones. Según dijo, las contrataciones por parte de empresas de seguridad suelen quedar al margen de resultados (es decir, la empresa no garantiza que con su servicio no se produzca un acto ilícito, sino que se compromete a tratar de evitarlo). Sí tienen, sin embargo, una obligación de medios por la que la compañía contratada implanta unos mecanismos para cumplir con el compromiso suscrito. Usano propuso unos procedimientos para que las empresas no incurran en una responsabilidad civil. Estos son: dejar constancia de proyecto inicial si no lo acepta el cliente, introducir cláusulas de limitación de responsabilidad contractual (siempre que no sean abusivas),

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Evidencia electrónica Ignacio Carrasco Sayalero, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Seguridad (FES), cerró la primera parte de este panel con una ponencia que trató de poner en evidencia “lo que va a ocurrir”. En concreto, se refería a las pruebas obtenidas por medios electrónicos, un concepto “novedoso”, pero que de facto ya está implantado en algunos procedimientos administrativos. Carrasco sostuvo que la seguridad es un factor crucial en el desarrollo económico de un país. Si se observa ésta desde una perspectiva preventiva y garantista “es una valor esencial en las sociedades occidentales”. De lo contrario, la situación podría ser adversa como, en parte, sucede con la justicia española, que está “llena de papeles”. “Estamos generando tal cantidad de papel que, o asumimos que tenemos que hacer desaparecer ese procedimiento tan pesado, o si no la Justicia no va a poder seguir adelante”. Las necesidades básicas que apuntó este profesional para que esto no suceda pasan por la eficacia en la aportación de pruebas, la seguridad en la investigación, las garantías procesales, la eficiencia en los recursos humanos y la justicia “sin demora”. Sobre esto último matizó que, “una cosa es el automatismo en la prueba y otra el automatismo judicial”. Según el representante de FES, la Seguridad Privada debe adherirse la sociedad de la información. “Se ha incrementado de tal manera el volumen de conocimiento en la Red que los últimos datos indican que cerca del 85 por ciento del conocimiento humano ya está en Internet”. Por eso, “no adaptarse sería

Ignacio Carrasco, miembro de Junta Directiva de FES.

estar dentro de la llamada brecha digital que tanto preocupa a políticos y pensadores”, advirtió. “Lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del sector es que ahora mismo el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación es una necesidad para la gestión de la empresa”, añadió. En el tramo final de su ponencia, Carrasco se centró en la evidencia electrónica. Explicó que la Internet Society Foundation es una organización mundial que especifica el protocolo para extraer, validar y certificar las pruebas de este tipo. En ese sentido, afirmó que, junto con las evidencias documentales, la imagen y el sonido son también dos elementos trascendentales en un proceso judicial, ya que ayudan al magistrado a visualizar lo sucedido. De esta forma “se reducirían en gran cantidad las transcripciones y documentos escritos”. Como conclusión, Carrasco apuntó que, dado que la Seguridad Pública “no puede llegar a todas las prevenciones de la sociedad moderna, es obligatorio que las FCS y las empresas interrelacionen sus sistemas”. Apuntó también a la necesidad de buscar la “excelencia” de los servicios y equipos de Seguridad Privada. “Las empresas que fabrican equipos también tendrán que hacer un esfuerzo integrador porque, cada vez más, la sociedad demanda esas necesarias integraciones para ir mejorando día a día”. S

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