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La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo1 Martín Tanaka2 Febrero de 2001 Comisión Andina de Juristas

Introducción Colombia, Perú y Venezuela son tres países fascinantes en sí mismos, y que dan luces sobre la situación de la democracia y sus desafíos en la región; pero también nos permiten sacar conclusiones teóricas de alcances más generales. El Perú es un caso de quiebre democrático dentro de la tercera ola democratizadora, por medio de un “autogolpe” el sistema de partidos colapsó, hubo una interrupción de la experiencia democracia, se consolidó posteriormente un régimen autoritario que sin embargo no logró institucionalizarse, y ahora, penosamente, se está en un proceso de reconstrucción. Venezuela es un país desconcertante, en la medida en que durante varias décadas fue considerado una democracia consolidada, y sorprendentemente el sistema de partidos, evaluado como sólido y bien enraizado, se desmoronó progresivamente a lo largo de los noventa; dando lugar a la aparición de un liderazgo de componentes antisistémicos y autoritarios con el gobierno de Chávez. Colombia es un caso también de crisis extrema, donde se produce un colapso parcial del Estado, altísimos niveles de violencia, y también crisis económica y política, que sin embargo no han producido un colapso como en los casos anteriores. Si es que la incapacidad o dificultad para resolver los problemas de la ciudadanía es una amenaza para la democracia, ciertamente Colombia es un país a seguir con atención. Estos tres países se hacen más interesantes si tomamos en cuenta que siguen caminos cruzados y desconcertantes de acuerdo a lo que podría haberse previsto hace algunos años. A primera vista, el colapso del sistema de partidos sería acaso el desarrollo más esperable en Colombia, país donde

Este estudio fue realizado para la Comisión Andina de Juristas en Lima, y fue financiado por la Embajada de Finlandia en el Perú y la Fundación Ford. Quiero agradecer el trabajo de Luis Eduardo Pérez Albela y Elaine Ford, de la Comisión Andina de Juristas, y de María Jesús Osorio, del Instituto de Estudios Peruanos, quienes colaboraron de diversas maneras en la investigación. También los comentarios y sugerencias de Philip Mauceri, Miguel García, María Emma Wills y Margarita López Maya, en un seminario realizado en Lima en noviembre de 2001. 2 Martín Tanaka es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Actualmente es investigador asociado y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos, y consultor del Area de Democracia de la Comisión Andina de Juristas.

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hubo una “partidocracia” muy cerrada3, en donde la competencia electoral entre las dos fuerzas hegemónicas fue limitada desde los años del Frente Nacional (1958); cerrazón combatida por movimientos ciudadanos y guerrilleros, y que por tanto tuvo que coexistir con altísimos niveles de violencia. Dado que no habría existido verdaderamente alternativas dentro del sistema, debido a los acuerdos “partidocráticos”, la crisis podría haber asumido la forma de un colapso, de la emergencia de alternativas extrasistémicas. Sin embargo, de los tres casos, Colombia es el país cuyo sistema de partidos se mantiene, a pesar de su fragmentación y funcionamiento clientelar. Por su parte, Perú podría haber seguido un camino de quiebre de la democracia por intervención militar, en respuesta a crecientes niveles de enfrentamiento político y violencia, un poco como en Chile de 19734. Sin embargo, en Perú se produjo una inesperada crisis de representación que involucró al conjunto del sistema (pese a ser fluido, volátil, y no consolidado), y dio paso a un líder autoritario. Finalmente, en Venezuela podríamos haber tenido un camino de evolución del sistema de partidos, con una Acción Democrática siguiendo los pasos del Partido Justicialista en Argentina o del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia; es decir, partidos históricamente populistas que encabezaron una revolución neoliberal. El “gran viraje” de Carlos Andrés Pérez podría hoy ser recordado como la “Nueva Política Económica” de Paz Estensoro o el plan de convertibilidad implementado por el ministro Cavallo durante la gestión de Menem. Sin embargo, en Venezuela, pese a la histórica competencia bipartidista, lo que se produjo es un colapso del sistema en su conjunto y la emergencia de un líder de fuertes rasgos autoritarios. Como vemos, cada caso muestra un desenlace desconcertante a partir de lo que sugerían sus trayectorias. Aquí sostengo que estos resultados, estas variantes, tienen que ver básicamente con las diferentes maneras en que se han relacionado la política, la economía y la interacción social5, y cómo esas esferas han impactado sobre el régimen político, alterando los cálculos y acciones de los actores políticos, quienes en último término son los responsables de lo que ocurre. Todo esto en el contexto de una coyuntura crítica, de profundos cambios estructurales, por los que ha pasado la región en su conjunto en las últimas décadas6. El carácter “cerrado” del sistema aparecía como más fuerte en Colombia que en Venezuela, a pesar de que en ambos países hubo pactos que implicaron formas diversas de compartir el poder entre los dos partidos políticos principales. Ver Bejarano, 1998; en el Perú, por el contrario, ni siquiera llegó a consolidarse propiamente un sistema de partidos. Sobre el punto ver Cotler, 1994 y 1995. 4 Ver Cohen, 1994, quien modela el quiebre de la democracia en Chile en 1973 como un dilema del prisionero. 5 En este trabajo me refiero a tres esferas sociales: la política, la economía y la interacción social. Por interacción me refiero a las naturaleza de las relaciones sociales. 6 Sobre el término « coyuntura crítica » ver Collier y Collier, 1991. Estas ideas, que especifican el tipo de relaciones entre actores y entornos permiten además abordar de manera útil la discusión sobre estructura y acción, clásica de la sociología; ver Giddens, 1995. 3

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El caso de Colombia muestra elocuentemente la autonomía de diversas esferas de la sociedad: la de la interacción social, la economía y la política siguen dinámicas claramente diferenciadas, autónomas, con actores y lógicas específicas. Llama la atención que, la economía haya funcionado relativamente bien en las últimas décadas aunque la violencia, causada por actores sociales ilegales y políticos extrasistémicos, haya ido en aumento, o cómo la crisis de legitimidad del sistema político no impide que el sistema de partidos funcione, a pesar de todo, o cómo se produce la desconcertante coexistencia de un colapso parcial del Estado con la aparente estabilidad del sistema político. Ciertamente las diferentes esferas se relacionan entre sí, pero no de maneras obvias, siendo una tarea analítica fundamental especificar esos vínculos con claridad. Pero dado que las esferas son autónomas, esos impactos tienen que expresarse en los propios términos de cada una de ellas, afectando las decisiones de sus actores. En cuanto al terreno político, esas influencias pueden ser potenciadas o desactivadas por la intervención de los actores políticos. Es decir, no existe un determinismo, la influencia de las estructuras no son determinantes, pero ciertamente las decisiones de los actores se ven modeladas por los entornos en los que ocurre la acción. En Perú y Venezuela, el colapso del sistema político parece sugerir que éste es consecuencia de la acumulación de las crisis ocurridas en las otras esferas; hay una suerte de “sincronía”, en el que las cosas empiezan a ir mal en todos los ámbitos, a diferencia del caso de Colombia. Sin embargo, se trata de una postura equivocada. Creo que ambos casos podrían haber seguido otros caminos, acaso más probables dadas sus trayectorias7. El porqué se produjo el colapso y la manera en que se dio se explica otra vez por las relaciones entre las diversas esferas, especialmente las relaciones entre economía y política, y cómo las manejaron los actores políticos, cuáles fueron sus cálculos, acciones y omisiones. El contexto de crisis ciertamente influyó, alterando los cálculos de los actores, pero que siempre tienen algún margen de maniobra para responder ante ellas. En el Perú, la crisis económica y la violencia política crearon la percepción (correcta) del agotamiento y la inviabilidad del orden vigente, lo que estimuló a los actores a abandonar conductas avernas al riesgo y a elevar sus apuestas políticas. Esto generó polarización y una suerte de vaciamiento del centro político. Expresiones de esto fueron la división de la Izquierda Unida en 1989, o la ideologización del FREDEMO, que sembró grandes temores frente a las radicales políticas de ajuste anunciadas por el candidato Mario Vargas Llosa. A diferencia de Chile en los años setenta, esta polarización no condujo a un golpe militar, como podría haber ocurrido, sino a generar una brecha entre los actores políticos y los electores, que generó un movimiento electoral que finalmente condujo inesperadamente a un outsider Tomando el concepto de Bendix (1964) llamo determinismo retrospectivo a la falacia de creer que los desenlaces históricamente dados son los únicos posibles; error que dificulta el análisis de otros desenlaces igualmente posibles. 7

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a la presidencia. Una vez allí, el éxito en estabilizar una economía hiperinflacionaria legitimó su liderazgo, de naturaleza personalista y autoritaria. Aún así, la oposición tuvo siempre oportunidades de cuestionar este liderazgo, pero falló por sus propios errores y limitaciones. No hay relaciones mecánicas entre economía y política, y esto puede verse también en la caída de Fujimori: ciertamente la recesión iniciada en 1997 afectó su legitimidad y respaldo, pero no puede decirse que ella sea la razón de su súbita caída en 2000. La razón de ésta debe encontrarse en los enfrentamientos entre Fujimori y Montesinos, nuevamente en las acciones de los actores políticos. En la actualidad, la reconstrucción institucional pasa precisamente por asegurar el funcionamiento autónomo de las diversas esferas sociales, evitar las interferencias que caracterizaron el funcionamiento del fujimorismo. El Perú no es el único caso en el que un personaje antisistema llegó al poder denunciando los males de los “políticos tradicionales”. Sin embargo, la norma es que por lo general ellos fracasan en sus intentos de vencer el orden vigente (Collor, Bucaram, Serrano Elías). Fujimori tuvo éxito por lograr estabilizar la economía y armar una coalición de intereses aprovechando esa legitimidad. Otro caso que puede emparentarse relativamente con el de Fujimori, en este sentido, es el de Chávez en Venezuela. La llegada de Chávez al poder debe también ser explicada por medio de las relaciones entre economía y política, y la modulación de los actores políticos. La crisis económica, que se hace evidente hacia finales de los ochenta y recorre todos los años noventa, afectó al sistema político generando una desafección con los partidos (exacerbada por una cultura política rentística); esa desafección exacerbó problemas existentes en los partidos, que debilitaron su organización, lo que generó pugnas y divisiones. La crisis de legitimidad estimuló que algunos caudillos partidarios buscaran su suerte por fuera de los partidos; esto fue posible por la manera faccionalista y a la vez jerárquica en que estuvieron organizados, donde sólo cabía un solo ganador. Son esas divisiones las que finalmente permiten entender cómo fue posible el “fenómeno Chávez” en las elecciones de 1998. Ejemplos de las divisiones a las que aludimos son las que se producen entre Carlos Andrés Pérez y AD durante su segundo gobierno, la de Rafael Caldera respecto al COPEI en las elecciones de 1993, o la salida de Claudio Fermín de AD y la candidatura de Alfaro Ucero en las elecciones de 1998. Una vez en el poder, Chávez se ampara principalmente en una legitimidad política, sobre la base de un discurso neopopulista con pretensiones fundacionales. Se ha terminado con las instituciones del “puntofijismo” y se han erigido nuevas, pero bajo la égida de un liderazgo personalista, autoritario, que se basa en una retórica del enfrentamiento con los actores y las instituciones que puedan limitar el ejercicio del poder. Hacia delante, el gran desafío para Chávez es lograr un mínimo de eficiencia en la política pública, consolidar una política de alianzas que le permita enfrentar un creciente descontento; para la oposición, lograr construir una alternativa que pueda competir eficazmente y ofrecer una salida al país.

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?? ??? De este modo, creo que podemos hacer un aporte a la discusión de la crisis de los partidos, su colapso, y la dinámica de la democracia en nuestros países. En este trabajo sostengo que, en Colombia, una correcta interpretación del sistema político y de los desafíos que enfrenta la democracia exige diferenciar en el análisis la esfera política de la económica y de la social, y de especificar cuidadosamente sus relaciones e impactos, nada obvios, y cómo se expresan en la conducta de los actores políticos. En Venezuela, el resultado ocurrido en el plano político, con el final del orden del “Punto Fijo”, no es necesariamente consecuencia de la crisis económica ocurrida a lo largo de los noventa, dado que ella podría haber dado lugar a una evolución del sistema de partidos, no su colapso. Este es consecuencia de las decisiones de los actores políticos y sus errores, que se explican a su vez por la manera en que estaban estructurados los partidos. Ellos permitieron la llegada al poder de un líder antisistémico, cuya consolidación política permitió la recomposición del conjunto de las instituciones del Estado bajo su hegemonía. En el Perú, finalmente, el colapso es consecuencia de una polarización que dejó vacío un centro político ocupado por un outsider, que luego se consolidó por el éxito y el afortunado timing político de las políticas de estabilización. A partir de esta caracterización, surgen los desafíos para cada una de nuestras democracias. En Colombia el problema es precisamente la dificultad que tiene la política y sus mecanismos para intervenir eficazmente sobre esferas que se han autonomizado; problema que se da además sobre una tradición de debilidad estatal, y que se ve agravada por la naturaleza de los problemas actuales, por su complejidad y su carácter transnacional. Lo bueno es que, precisamente por esa autonomía de las diversas esferas sociales, el mal estado de unas no necesariamente arrastra a las otras; el sistema político todavía parece tener recursos que le permiten funcionar. En Perú, el desafío ahora es remontar la tradición que deja una década de autoritarismo, de destrucción de las instituciones estatales, manejadas para mantener en el poder al fujimorismo, pero también el problema de la debilidad de las organizaciones sociales y políticas. El sistema de partidos de los ochenta fue destruido, su espacio fue ocupado por el fujimorismo y por movimientos independientes, pero ninguno de ellos logró consolidarse. El fujimorismo afectó también las capacidades de acción colectiva de la sociedad, minando la representatividad de los actores sociales, aislándolos de la sociedad en general. En suma, el reto es la reconstrucción institucional y de los actores sociales y políticos, en un contexto en el que quienes deben solucionar los problemas son parte de éstos, lo que se expresa en las dificultades y límites que muestra el actual gobierno de Toledo. Ellos ponen en agenda problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

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En Venezuela, el desafío es evitar que la hegemonía del chavismo y el rediseño institucional ocurrido bajo éste lleve a un debilitamiento extremo de la competencia política y el pluralismo. Este escenario podría hacer que las similitudes entre chavismo y fujimorismo se hagan mayores con el tiempo. De otro lado, la debilidad que muestra el chavismo abre interrogantes sobre su permanencia en el tiempo y su posibilidad de ser el eje de la recomposición del sistema de partidos. Destruido el orden de “punto fijo”, con un chavismo que no se consolida, pero en donde tampoco emergen alternativas claras, una pregunta angustiante es qué opciones quedan para los venezolanos a mediano plazo. ?? ??? En este trabajo analizo la situación de la democracia y sus desafíos en Colombia, Perú y Venezuela, no viendo cada caso de manera aislada, lo que empobrecería el análisis, sino dentro de una perspectiva comparada. Lamentablemente no existe en nuestros países una tradición de análisis comparado, tendemos a ignorarnos unos a otros en nuestros países. Pecamos de localismo, provincianismo; por ello, generalmente son académicos del extranjero los que hacen los estudios comparados. Tendemos a pensar que algunos sucesos son particulares a nuestros países, cuando en realidad, suelen atravesar a más de un caso en la región. Solemos perder de vista que somos parte de una misma región, que enfrentamos en gran medida desafíos similares, a pesar de que cada uno de nuestros países tenga un ritmo particular. El no tener una perspectiva comparada de análisis no nos permite evaluar si nuestra posición es “normal”, cercana al promedio, o si destacamos por estar particularmente mal o bien. No tenemos un criterio claro para pensar la situación de la democracia y sus desafíos, lo que nos lleva en ocasiones a hacer análisis abstractos, en los que se confronta nuestra realidad con modelos ideales frente a los cuales siempre salimos mal parados. Las comparaciones nos permiten, además, aislar la intervención de variables explicativas para dar cuenta de fenómenos específicos, y así evitar recurrir a variables espúreas en nuestras explicaciones. Así, en términos metodológicos, sigo aquí un método comparado de análisis8; además, sigo un camino inductivo de exposición: parto de un análisis crítico comparado de las trayectorias de los tres países, para luego desde allí extraer conclusiones analíticas y teóricas. Al final también doy cuenta de la situación actual y los desafíos de la democracia en nuestros países, que sólo pueden quedar claros sobre la base del análisis de sus trayectorias. Prefiero hablar de trayectorias antes que de procesos, porque mi propuesta es destruir la idea de que hay una suerte de lógica articulada que hace inteligible porqué pasó lo que pasó, porqué el resultado tuvo que ser necesariamente el que ocurrió. Por el contrario, intento mostrar que siempre hubo posibilidad de otros desenlaces, que las trayectorias de los países 8

Sobre el método comparado ver Collier y Collier, 1991.

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fueron bastante azarosas, que los cálculos, la racionalidad de los actores, y la intervención del azar, también jugaron un papel, en medio de influencias no determinísticas de elementos estructurales y exógenos. Finalmente, quiero resaltar el carácter preliminar de estas ideas. Aquí lo que presento es un mapeo general de temas clave y una línea interpretativa básica para los tres países. En el futuro, espero poder seguir desarrollando estas ideas, como parte de una reflexión de más largo aliento sobre la situación política en los países andinos. Este es un primer paso para superar el desconocimiento mutuo que existe en nuestros países sobre lo que ocurre con nuestros vecinos, y un aporte para pensar sobre bases más firmes en nuestra necesaria integración.

La “coyuntura crítica”: la crisis del modelo “Estado-céntrico” y las reformas neoliberales 1982 marcó el inicio de la crisis de la deuda, que involucró al conjunto de la región e hizo que a inicios de los noventa la CEPAL hablara de la “década perdida”. Las tasas de crecimiento fueron negativas o muy bajas, se desataron procesos inflacionarios y hasta hiperinflacionarios, se implementaron políticas erráticas sin resultados en toda la región. Pero los años ochenta no son sólo una década de crisis. 1982 marca simbólicamente el agotamiento de un orden social, económico y político hasta entonces vigente, y cuyo origen se remonta hasta los años treinta, que Cavarozzi (1996) caracterizó como “matriz Estado-céntrica”. Esta matriz consistió en un modelo de desarrollo intervencionista, orientado hacia el mercado interno, en el que mercados internacionales en expansión y acceso a créditos externos permitían financiar grandes inversiones estatales y medidas distributivas por medio de las cuales se incorporaba controladamente a los sectores populares. Sin embargo, a lo largo de los ochenta, una vez desatada la crisis de la deuda, la viabilidad económica y política no pudo ser más posible. Cortadas fuentes de financiamiento baratas, el modelo reveló una falta de competitividad que lo hizo insostenible. La generalización de la crisis en toda la región es elocuente de su origen exógeno y de la vulnerabilidad del modelo. Se constituyó entonces lo que Collier y Collier (1991) llaman una “coyuntura crítica”; un momento extremadamente fluido, en el que un orden se va desmoronando progresivamente, y empieza a aparecer inciertamente otro. Coyuntura fundamental por su plasticidad, porque las estructuras están particularmente moldeables a la acción política, y porque la resultante del momento tendrá consecuencias de largo plazo. Sabemos hoy que esa coyuntura crítica se resolvió en la región en clave neoliberal, lo que implicó profundas transformaciones. Desde entonces arreciaron las presiones por abrir las economías para lograr competitividad, se hicieron más fuertes que nunca los límites y las necesidades del endeudamiento externo, por aplicar

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drásticas políticas de ajuste fiscal, con el consiguiente abandono de políticas de bienestar y la adopción de políticas de competencia y mercado, con altos costos sociales9. Estos cambios afectaron a toda la región sin excepciones. Por supuesto, cada país vivió estos desafíos con su propio ritmo.

Colombia En el contexto descrito Colombia aparece como un país “privilegiado”. Colombia fue un país pragmático, que asumió el modelo de centralidad estatal sin renunciar a asociaciones con el sector privado y mecanismos de mercado, y sin niveles de endeudamiento grandes. Esa combinación le permitió pasar relativamente bien los tormentosos años ochenta en lo que a su economía se refiere: con tasas moderadas de crecimiento, sin niveles muy altos de inflación10. Sin embargo, los ochenta son años terribles para Colombia en otros frentes: de allí la frase “a la economía le va bien, aunque al país le va mal”. Y el país fue muy mal en los ochenta, porque a sus problemas tradicionales (cerrazón del sistema político, desafíos guerrilleros), se añadió el combustible que los hizo crecer exponencialmente, y que marca en gran medida el porqué de los altísimos niveles de violencia que allí se registran: el narcotráfico, y la ubicación del núcleo del negocio, la comercialización, en su territorio. El negocio de la droga dio lugar a la conformación de poderosos carteles en los años ochenta, que llegaron a constituirse en poderosos actores políticos extrasistémicos. El problema de la droga es en gran medida un problema exógeno, originado en la demanda de droga de los países desarrollados, y la ubicación estratégica del país en términos de la comercialización, y cuyos costos tiene que pagar Colombia injustamente, por medio del crecimiento exponencial del conflicto armado, la multiplicación de actores, su relación con actores armados, efectos sociales desestructurantes11... Por supuesto hay también responsabilidad nacional en cuanto a las estrategias para enfrentar el problema, pero hay que aceptar que se trata en gran medida de circunstancias ajenas, y las soluciones deben tomar en cuenta este hecho12. Sobre el punto ver Cavarozzi, 1996; ver también Williamson, 1990 y 1990a, quien explica las ideas centrales del “consenso de Washington”. Cabe mencionar que este “consenso” ha sido generalmente muy mal entendido y satanizado. Una crítica a la discusión sobre esto puede verse en Tanaka, 1999b. 10 Sobre la economía colombiana ver, entre muchos otros: Bustamante, 1997; Echavarría, 2000; Hershberg, 2001; Misas, 1996; y Pineda, 1995. Un texto muy revelador de las “bondades” del modelo colombiano en relación con los problemas de la economía peruana puede verse en Thorp, 1991. 11 Recordemos que Pizarro (1996a) habla de la “práctica desaparición de la guerrilla” durante los años setenta, sin embargo se reactivan espectacularmente en los años ochenta. Los recursos del narcotráfico, a mi juicio, explican en gran medida ese cambio. 12 Sobre el tema del narcotráfico en Colombia ver, entre muchos otros: Camacho y López, 2000; Dugas, 2001a; Guerrero, 1999; Gutiérrez, 2001 y 2001a, 2000a; Levitt y Rubio, 2000; López y Camacho, 2001; Reina, 2001; Salama, 2000; Tokatlian, 2000; Trujillo y Badel, 1998; y Vargas, 1999. 9

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Si bien los cultivos y la comercialización de la droga provienen de los años setenta, es a lo largo de los ochenta cuando el problema alcanza proporciones alarmantes, que llegan a desafiar al orden político. En esos años se consolidan los poderosos carteles de la droga, en ciudades como Cali y Medellín, y esos intereses empiezan a desafiar de maneras cada vez más abiertas las instituciones estatales13. La lucha contra la influencia del narcotráfico y su extensión sobre la vida social llevó a diversas estrategias por parte del Estado y por parte de las organizaciones de narcotraficantes. Ellas tuvieron un carácter oscilante, entre la represión y la negociación: desde las represivas durante el gobierno de Turbay (1978-82), hasta las dialogantes durante Betancourt (1982-1986), opción que fracasa y que da lugar nuevamente a opciones represivas durante Barco (1986-1990), para volver a estrategias negociadoras en los noventa con Gaviria (1990-1994), otra vez represivas con Samper (1994-1998) y finalmente dialogantes con Pastrana (1998-2002). Esperemos que finalmente pueda salirse de este ciclo y se consolide la paz, pero eso lo veremos más adelante. Es interesante registrar también el cambio en las actitudes de los carteles de la droga, algunos asumen posiciones más negociadoras (cartel de Cali), mientras otros declaran la guerra al Estado (cartel de Medellín). El asunto es que durante la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) se declaró la “guerra” contra los carteles de la droga, lo que desató olas de ataques terroristas y asesinatos, pero finalmente terminan con la desaparición de los grandes carteles en los años siguientes. El problema es que después se da una especie de fragmentación del negocio, lo que hace más difícil su control. Decía más arriba que el problema de la droga atizó problemas que vienen de atrás. Acá conviene hacer una breve digresión histórica, y remitirnos a los acuerdos del Frente Nacional (1958). El Frente Nacional consistió en un acuerdo entre las élites liberales y conservadoras que tuvo el enorme mérito de detener diez años de grave violencia, que dejó un enorme saldo de muertos. Sin embargo, al limitar expresamente la competencia política entre las dos fuerzas hegemónicas, y establecer la corresponsabilidad en la conducción del Estado, generó a la larga una suerte de cerrazón del sistema14. Esto incentivó el desarrollo de grupos antisistémicos, que tomaron el camino de las armas, camino de larga tradición en el país, y que se remonta a los enfrentamientos históricos entre liberales y conservadores. La “facilidad” con que estrategias armadas prosperan en ese país se entiende por la autonomización de dinámicas locales en grandes extensiones del país, por la vigencia de poderes que mantienen situaciones de injusticia y

Sobre este momento de expansión del narcotráfico en Colombia ver, entre otros, López y Camacho, 2001; Deas, 1995; Gaitán, 1995; Sánchez, Gonzalo, 2001, 2000 y 2000a. 14 Sobre el Frente Nacional ver Bejarano, 1998; Hartlyn, 1993; y Palacios, 2000a. Ciertamente, el periodo de vigencia de los acuerdos del Frente Nacional es amplio, y conviene distinguir subperiodos a su interior, de naturaleza más abierta o más cerrada en términos políticos.

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postergación15, y por tradiciones de movilización armada que vienen de atrás. A la base de todo esto está la correlativa debilidad del Estado central en cuanto a su capacidad para controlar el territorio y de imponerse a los poderes locales, que combinan como mecanismos de control y hegemonía el uso de prácticas clientelares y la violencia abierta16. Así, desde los años sesenta aparecieron diversos grupos guerrilleros, algunos de origen campesino, como las FARC y otros de origen guevarista, como el ELN, sobre la base de demandas campesinas. En un escenario de debilidad estatal, la guerrilla, en algunas zonas, aparece como una suerte de reemplazo del Estado, aparece como garante del orden17, de allí que tenga respaldo en importantes espacios del país. A inicios de los años setenta, surgió el M-19, como respuesta directa a la percepción de un sistema político cerrado a nuevas opciones, después de la derrota electoral de la ANAPO en las elecciones de 197018. De este modo, a lo largo de los ochenta, a pesar del relativamente buen desempeño de la economía, Colombia pasó una década verdaderamente difícil, en la que se daba una demanda por la apertura de un sistema político percibido como muy cerrado, teniendo además que afrontar la acción de diversos grupos guerrilleros, a los que sumaron las organizaciones del narcotráfico, los carteles de la droga. Se configuró así una dinámica en la cual la economía iba bien, la política funcionaba, aunque con dosis de desafección y pérdida creciente de legitimidad, y se desarrollaba un frente de guerra, en el que el enfrentamiento a los grupos guerrilleros y los narcotraficantes requería estrategias particulares. Creo que para entender Colombia hay que tener siempre en claro que se trata de arenas diferentes, autónomas, con conexiones no evidentes19. Creo que no puede decirse que desde el sistema político no se buscara implementar iniciativas para enfrentar estos problemas. Tenemos que recoger en el análisis las iniciativas de los actores, que son muchas y muy importantes. Durante la presidencia de Belisario Betancourt (1982-1986) se impulsó un proceso de reforma y apertura política, que se expresó claramente en el inicio del proceso de descentralización, con la elección Algunos autores resaltan la inexistencia de una experiencia populista fuerte en Colombia, que implementara una profunda reforma agraria, como explicación histórica de la presencia de la guerrilla de las FARC. Ver Palacios, 2001. 16 Sobre el punto ver Leal y Dávila, 1990. 17 En algunas zonas la guerrilla administra justicia y, paradójicamente, brinda seguridad y permite el desarrollo económico, aunque asociado a actividades ilegales. 18 Sobre las FARC ver Pizarro, 1996a; sobre el ELN, ver Peñate, 1999; sobre el M-19, ver Zuluaga, 1999. 19 Visiones panorámicas que dan cuenta de la dinamica interrelacionada entre todas estas formas de violencia (a las que se sumaría después la de los paramilitares) pueden verse en Aguilera, 2000; Bergquist, 2001; Deas, 1995; Echeverry et. al., 2001; Gaitán, 1995; González, 1999; Guerrero, 2001; Johnson, 2001; Lair, 2000 y 2001; Mauceri, 2001; Peñaranda, 2001; Pizarro, 1996a; Rangel, 2000; Sánchez, Gonzalo, 2001, 2000, 2000a y 1999; Uprimny 2001. Estas interpretaciones requieren a mi juicio un manejo de la geografía de la violencia, para lo cual es muy útil Echandía, 2001, 1999 y 1999a. 15

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popular de gobernadores y alcaldes. También en intentos por democratizar los partidos, buscando limitar la acción de las “cúpulas” partidarias, permitiendo mayor autonomía para las fracciones partidarias; hasta aparecieron nuevos liderazgos y fracciones renovadoras en los partidos tradicionales (por ejemplo, el gavirismo dentro del liberalismo). En el frente de la guerra, se abrieron procesos de negociación con varios grupos guerrilleros; respecto al narcotráfico, se continuó con la guerra a los carteles, y se impulsó la posibilidad de extraditar a los Estados Unidos a los jefes de los carteles, para asegurar la acción de la justicia (hacia finales de los ochenta, lo que motivó los magnicidios de algunos de los principales candidatos presidenciales). Estas iniciativas nos llevan a un interesante problema analítico, pertinente para pensar los desafíos de las democracias en nuestros países. Solemos evaluar a los actores por el mejoramiento o empeoramiento de la situación del país, criterio a mi juicio totalmente equivocado. Salta a la vista la ausencia de relación necesaria entre las iniciativas políticas y los resultados. Si las situaciones empeoran, se suele deducir que los problemas son consecuencia de las acciones de los actores; si mejoran, se suele atribuir ello a las capacidades de los actores. Ambas cosas son equivocadas, debido a la intervención de más factores, fundamentalmente externos, que muchas veces son decisivos. Así, o llegamos a discursos celebratorios cuando no hay verdaderamente méritos, o llegamos a discursos condenatorios achacando irracionalidad a los actores como si las soluciones a los problemas estuvieran a la mano y sólo correspondiera tomarlas. Colombia ilustra a mi juicio convincentemente que en muchas ocasiones los actores actúan razonablemente sobre la base de la información disponible, respondiendo a los desafíos que se les presentan, en circunstancias excepcionalmente difíciles, recurriendo a las herramientas que tienen a su disposición. El problema es que muchas veces ello no basta para que los problemas aminoren, dada la debilidad de nuestros Estados, la vulnerabilidad frente a restricciones externas, y la acción de actores extrasistémicos. Esto no significa ciertamente que no se cometan errores o que haya cierto grado de irresponsabilidad en los actores. Pero creo que no debe perderse de vista el carácter exógeno de gran parte de los problemas que enfrentan los países de la región; que por lo tanto debieran también ser afrontados colectivamente. Está también el simple hecho de que las cosas no resultan como uno espera, la aparición de consecuencias no intencionales de la acción. Aquí creo que es muy útil la sugerente idea de “crisis teresiana” esbozada por Gutiérrez (2001c)20. Muchas veces se ensayan respuestas a problemas que, si bien pueden mejorar algunas cosas, empeoran otras. Gutiérrez (2001b y 2001c) nos da elementos para ensayar esta explicación intentando dar cuenta de los efectos fragmentadores de reformas políticas producidas en los 20 Gutiérrez se refiere a Santa Teresa de Avila, quien habría dicho que las plegarias más peligrosas son las plegarias atendidas.

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ochenta, que en el papel buscaban democratizar el sistema: la célebre “operación avispa”, que consiste en permitir la presentación de varias listas partidarias al congreso, limitando el poder de las cúpulas (el poder del “bolígrafo”). En otro orden de cosas, creo que algo similar podría decirse respecto de la guerra a los carteles: si bien se salió de un problema, con su desarticulación, se entró en otro, que es la fragmentación y “desconcentración” del negocio, lo que hace aún más difícil su represión21. Otro ejemplo en el mismo sentido podría ser la política de descentralización. Pese a que se trata de una política positiva en el mediano y largo plazo, muchos autores señalan que, en el corto plazo, lo que hizo es debilitar a los partidos, acentuar la fragmentación y la indisciplina, el uso de prácticas clientelísticas, y paradójicamente, no ayudar a legitimar un sistema político en proceso de apertura22. Es interesante contrastar las políticas de descentralización en Colombia y Venezuela, implementadas en los mismos años, y con el mismo propósito, abrir los márgenes de un sistema percibido como cerrado. En Venezuela, algunos analistas señalan que la descentralización debilitó a los partidos y a la larga propició el colapso del sistema, aunque otros señalan que se dieron posibilidades de renovación y oxigenación; en todo caso, es claro que al haber más cargos electivos, proliferan liderazgos locales y regionales, situación que impone desafíos a los partidos23. En todo caso, creo que la descentralización tuvo efectos diferentes en ambos países, dadas las maneras diferentes en que se organizan los partidos en cada caso. En Colombia potenció las tendencias a la fragmentación, pero sin romper los márgenes del sistema de partidos; en Venezuela, debilitó a las jerarquías de los partidos, hizo emerger nuevos liderazgos dentro de los partidos que entraron en conflicto con ellas, y permitieron la aparición de nuevos liderazgos por fuera del bipartidismo tradicional. Estas diferencias resultarán claves para entender la evolución o el colapso de los sistemas de partidos en cada caso, como veremos. ?? ??? Pese a los intentos de reformar, democratizar el sistema político, pese a las distintas iniciativas desarrolladas para combatir el desafío de las guerrillas y del narcotráfico, los resultados muestran que hacia finales de los años ochenta, estos intentos se probaban infructuosos; es más, la violencia siguió en aumento, y llegó a impactar decisivamente sobre el funcionamiento de la política. Muestra trágica y elocuente de ello son los magnicidios, los Como bien dice el polítólogo argentino Antonio Camou en alguno de sus textos, el progreso consiste en sustituir unos problemas por otros, no tanto arribar a ilusorias situaciones no problemáticas. 22 Sobre el punto ver García, 2001. 23 Visiones que llaman la atención sobre la decentralización como debilitando a los partidos están p.e. en Penfold, 2001; una visión más optimista de sus efectos renovadores puede verse en Lalander, 2000. 21

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asesinatos de los principales candidatos presidenciales de las elecciones de 199024. Pese al dramatismo de esta situación, el sistema de partidos logró subsistir. Es más, entró en un proceso de democratización que se expresará en la Constituyente de 1991, y en la incorporación de movimientos guerrilleros a la vida civil, como el M-19, que llegó incluso a compartir responsabilidades de gobierno durante la gestión de César Gaviria. Es interesante señalar entonces que la violencia ciertamente impacta sobre la política, pero no de maneras evidentes; como la contrastación de los casos de Colombia y Perú demuestra de manera elocuente, en un caso puede estar a la base del colapso del sistema, pero en otro no. En el caso de Colombia, la crisis permitió el avance de fuerzas renovadoras, permitió apertura, etc.

Venezuela En Venezuela la crisis de los años ochenta se expresó en tasas muy bajas de crecimiento económico, a pesar de que se logró evitar los niveles inflacionarios registrados en países como Bolivia, Brasil, Argentina o Perú. El agotamiento del modelo de centralidad, sin embargo, tiene características muy particulares en este caso, dada la gran dependencia del petróleo en la economía. La explotación petrolera está en manos del Estado, y es su principal fuente de financiamiento. En otras palabras, la desmedida importancia del petróleo, en manos del Estado, determina también la desmedida importancia del Estado en la economía, y la debilidad de otros sectores25. Esto hace que la suerte del país dependa en gran medida de los precios internacionales del petróleo, y que periódicamente esté en agenda la necesidad de devaluar la moneda para compensar una caída en los ingresos por las exportaciones. Ello ocurrió en febrero de 1983, por ejemplo, primera manifestación clara de la inviabilidad a largo plazo de una economía erigida sobre bases tan endebles.

La crisis de los años ochenta y los problemas de legitimidad que trajo consigo fueron claramente percibidos por los actores; frente a ello, quedó clara la necesidad de democratizar un sistema percibido como cerrado, manejado por una “partidocracia”. Desde el pacto de Punto Fijo de 1958, se estableció una suerte de cogobierno bipartidista, aunque no tan cerrado como

El asesinato de los candidatos presidenciales del partido liberal (Luis Carlos Galán), de la Unión Patriótica (Bernardo Jaramillo), y del M-19 (Carlos Pizarro). Los asesinatos fueron cometidos por grupos de narcotraficantes (para evitar procesos de extradición) y de paramilitares de derecha. 25 Como puede verse en el cuadro 3, hay años en los que el petróleo constituye más del 80% del total de las exportaciones del país.

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en Colombia26. En Venezuela también existió la idea de que la economía requería reformas, modernización, que estaba enfeudada a la dinámica de los precios del petróleo, lo que daba lugar a una economía rentista, y que había la urgente necesidad de estimular el desarrollo de otros sectores productivos. Quedaba claro que estaban en germen problemas sociales, intuición que se vería ampliamente confirmada y rebasada por los hechos, como veremos más adelante. Frente a esta situación, en la dimensión económica, se intentaron reformas. Podemos mencionar las reformas implementadas a partir de la devaluación en 1983, hacia finales de la presidencia de Herrera. Sin embargo, la relativamente amplia disponibilidad de reservas, y el nivel alto en los precios del petróleo conspiraron contra la adopción de medidas más decididas encaminadas a cambiar de modelo. Precisamente en la primera mitad de los ochenta esos precios alcanzaron su punto más alto, y sobre la base de esos precios es que el país empezó a endeudarse más allá de sus posibilidades reales.

Pese a los signos problemáticos, un cambio frente al modelo tradicional “petrolero rentístico” postergado acumulándose deuda, déficit y sobrevalorando el Bolívar, lo que, en medio de la crisis, permitió todavía mantener vivo el mito de la “Venezuela saudita”, originado en los años setenta, con la formación de la OPEP y el aumento espectacular de los precios del barril de petróleo; se incubó en la cultura popular la idea de que el país es inmensamente rico y que, por lo tanto, los problemas económicos sólo pueden ser responsabilidad de la corrupción de la clase dirigente27. Este elemento de la cultura política será decisivo para entender la manera en que se dieron los ajustes económicos durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en los años noventa, y las reacciones que generaron; será decisivo también, por consiguiente, para entender el descalabro de los partidos. Como veremos, a diferencia de los países en los que se dieron experiencias hiperinflacionarias, en Venezuela la percepción estaba lejos de quedar marcada por el sentimiento de urgencia por cambiar de modelo, por lo que las políticas de ajuste fueron siempre (incluso hasta ahora) ampliamente rechazadas por la ciudadanía28. Bejarano (1998) compara los casos de Colombia y Venezuela, y señala como dato clave la mayor apertura del segundo caso, con relación al primero, signado por la cerrazón; Coppedge (1993) también compara Venezuela con México, y llama la atención sobre la importancia que tiene la competencia política y la alternancia, presentes en el primer caso pero no en el segundo, para determinar un resultado más democrático. 27 La crisis del modelo económico “petrolero rentístico” y sus consecuencias tiene una amplia bibliografía. Ver entre otros Corrales, 2000; Hellinger, 2000; Hidalgo, 2000; Karl, 1995; Kelly, 2000 y 2001; López, 2001; López Maya y Lander, 1996; Naím, 2001; Peeler, 1999; Ross, 1999; y Weyland, 1998. 28 Se confirma así la paradoja según la cual las políticas de ajuste son más fáciles de implementar allí donde las situaciones son más caóticas, no tanto en contextos de relativa “normalidad”. Sobre el punto ver Weyland, 1998a. 26

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En cuanto a la dimensión política, creo que puede afirmarse que sí se lograron avances y reformas importantes, aunque ciertamente se trate de un asunto muy polémico. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1988), se formó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), como organismo autónomo y de amplia convocatoria y legitimidad, con la función de hacer propuestas y recomendaciones que condujeran a la democratización del sistema. Si bien muchas de sus propuestas no fueron implementadas, las que sí lo fueron no son en absoluto de poca monta. A partir de las propuestas de la COPRE, se dio un proceso de descentralización que se expresó en la elección popular de Gobernadores de Estado y de Alcaldes (1989)29. Estas reformas tuvieron importantes efectos sobre el sistema político, aunque la naturaleza de su impacto esté todavía por determinarse. Como hemos visto, para algunos la descentralización debilitó a los partidos, mientras que para otros abrió oportunidades de renovación. Lo que es un hecho y no puede estar en discusión es que, en lo inmediato, las reformas ayudaron a dar oxígeno a los partidos tradicionales, y a la vez permitieron la emergencia de nuevas organizaciones políticas que podrían marcar el paso de un bipartidismo a un multipartidismo moderado. En las primeras elecciones de Gobernadores y Alcaldes, AD y COPEI obtuvieron la mayoría de los cargos, se pudo ver la aparición de nuevos líderes en los espacios regionales, pero también aparecieron grupos como La Causa Radical. En cuanto a la elección de gobernadores, hasta 1995 AD era claramente la fuerza hegemónica.

Cuadro Número de Gobernadores electos por agrupación política (1989-2000) (a) Agrupación Política 1989 1992(b) 1995 1998 2000 AD 11 7 (8) 12 7 2 COPEI 6 11 (9) 3 3 1 MAS 2 3 (4) 4 3 3 LA CAUSA R 1 1 1 CONVERGENCIA 1 1 1 INDEPENDIENTES 1 1 MVR 7 12 PRZVL-PROCA 1 1 MERI-COPEI-AD 1 PPT 2 TOTAL 20 22 22 23 23 (a) En atención a la organización política que obtuvo mas votos Sobre la COPRE, sus reformas y sus efectos ver entre otros González, Rosa, 2001; Jácome, 1999b; Kornblith, 1998, 1998a; Levine y Crisp, 1999. 29

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(b) Comicios repetidos Fuente: CSE/CNE Dirección de Estadísticas Electorales. Tomado de Maingón, 2001a.

Señalar todo esto me parece importante para evitar un razonamiento retrospectivo en el que los actores políticos venezolanos aparecen caminando ciegamente, sin más, hacia su defunción. Creo que los actores eran medianamente concientes de los problemas que enfrentaban, e intentaron implementar estrategias conducentes a solucionar los problemas. Sin embargo, como veremos más adelante, la insuficiencia de esas medidas, consecuencias no previstas de las mismas, así como las restricciones dadas por la crisis económica, conspiraron contra los efectos democratizadores y relegitimantes esperados para el sistema. En suma, durante los años ochenta, Venezuela vivió la crisis común a toda la región, expresada en muy bajas tasas de crecimiento, aunque sin llegar a extremos de alta inflación, y con interesantes intentos de democratización política que parecían, en su momento, revitalizar el sistema. Es más, durante los últimos años del gobierno de Jaime Lusinchi la economía creció aceleradamente, por efecto nuevamente de los precios del petróleo, alimentando la ilusión de la vuelta de tiempos mejores. Lusinchi, pese a los escándalos de corrupción que afectaron su gestión, terminó con muy altos índices de popularidad, y esto sin duda permitió la permanencia de AD en el poder, y la elección de Carlos Andrés Pérez a finales de 1988 e inicios de 1989, por estrecho margen frente a la candidatura copeyana de Eduardo Fernández. Hasta ese momento, en el momento previo al inicio de la grave crisis política que marcará todos los años noventa, Venezuela aparecía como un país en el que un bipartidismo estable y competitivo sostenía una democracia que, en medio de sus problemas, evolucionaba gradualmente, lejos de los escenarios caóticos que se veían en los ochenta en otras latitudes, como en Bolivia, Brasil, Argentina o Perú. Como sabemos, en realidad se incubaba en ese país un embalse de problemas que llegaría a un extremo con la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Es justo decir que el mal manejo económico arruinó la legitimidad política, acortando los márgenes para la acción política. En parte, esto tiene que ver con la estructura de funcionamiento de los partidos, en la que caudillos enfrentados unos a otros exacerban lógicas de corto plazo. Volveremos sobre este asunto más adelante. Perú30 El caso del Perú destaca por encima de los otros dos en tanto vivió de una manera particularmente intensa y dramática la crisis de los años ochenta. Se dio la transición a la democracia en el periodo 1978-1980, poniéndose fin 30

En esta parte sigo ideas desarrolladas en Tanaka, 1998.

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a doce años de gobierno militar reformista que si bien fue eficaz en destruir el orden oligárquico hasta entonces vigente, fracasó en construir un orden alternativo. A pesar de la difícil situación vivida en los años ochenta, al establecerse el nuevo gobierno constitucional en 1980 el nuevo régimen democrático aparecía con posibilidades inéditas de por fin iniciar un camino democrático sólido, rompiendo la lógica de exclusión oligárquica tradicional. La democracia peruana empezaba sin exclusiones políticas, incorporando plenamente al APRA, dejándose atrás el veto que lo acosó desde los años treinta, con una izquierda fuerte, anclada en sectores populares tradicionales y nuevos movimientos sociales, con una sociedad civil activa (no sólo con los sectores populares, también con los empresarios), incorporando a los analfabetos, en decir, una inclusión plena31. Después de las reformas del gobierno militar, pero sin lograrse un nuevo orden alternativo, quedó abierta la definición del rumbo del país. En 1980 Fernando Belaúnde ganó las elecciones, precisamente el presidente depuesto por el golpe militar de 1968. El Perú parecía “reencauzarse”, retomando una senda democrática. El segundo belaundismo empezó su gobierno planeando una reforma liberal, basada en la apertura de mercados y en la atracción de inversiones32. Sin embargo, esta democracia embrionaria tendría que enfrentar problemas enormes. De un lado, el inicio de la crisis internacional de la deuda, que afectó especialmente al país dado que éste iniciaba un proceso de apertura de mercados; de otro, la aparición de grupos terroristas, y la posterior intervención militar para reprimirlos, con altos costos y violaciones a los derechos humanos33. Sendero Luminoso fue además un grupo particularmente fanático y sangriento, fundamentalista, frente al cual no cabían posibilidades de negociación política. El MRTA sí tenía un perfil más convencional a las guerrillas latinoamericanas, pero nunca llegó a tener la importancia de SL. El Perú muestra una combinación de problemas, y sin duda la crisis económica y la violencia política tuvieron fuerte impacto sobre la esfera política. Algunos autores sostienen que el impacto de estas crisis son las que destruyeron el sistema de partidos34. Sin embargo, acá nuevamente se hace necesario rescatar la idea de la autonomía de las esferas de análisis, y el imperativo de especificar sus relaciones e impactos. Como también puede verse en Colombia, el impacto de la dinámica de la violencia no tiene porqué destruir la legitimidad político-partidaria. Si bien en el Perú se trató de niveles de violencia muy altos y dramáticos (los ochenta terminan con más de 25,000 muertos y más de 5,000 desaparecidos), es claro que la dinámica de la violencia no explica la legitimidad de los gobiernos; es más bien el desempeño económico35. Sobre la transición a la democracia ver Lynch, 1992, y Cotler, 1988, entre otros. Ver Conaghan y Malloy, 1994, entre otros. 33 Ver Degregori y Rivera, 1994; Taylor, 1997, entre otros. 34 Esta es lo que yo llamo la tesis “convencional”. Ver Lynch, 1999, López, 1990, entre otros. 35 Ver Carrión, 1992, entre otros.

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En cuanto al funcionamiento de la economía, ciertamente los indicadores son muy malos. El gobierno de Belaúnde terminó con una inflación de 157% y una tasa de crecimiento negativa. Sin embargo, el sistema de partidos tiene a su interior mecanismos legitimadores, uno de ellos la alternancia. La crisis del gobierno de AP permitió el crecimiento de la izquierda (IU) y del APRA, produciéndose desde 1983 un giro hacia la izquierda. Alfonso Barrantes fue electo alcalde de Lima en 1983, y Alan García fue electo Presidente en 1985. Por primera vez el APRA llegaba al poder desde su fundación en los años treinta, a pesar de haber ganado casi todas las elecciones realizadas en el país desde entonces. García implementó un programa económico heterodoxo, que entre 1985 y 1987 redujo la inflación y reactivó el crecimiento económico, lo que le permitió tener amplísimos niveles de popularidad. La centralidad del desempeño económico resulta crucial en Venezuela y el Perú, para dar cuenta de los avatares políticos. En ambos casos, encontramos que una combinación de restricciones económicas y errores de manejo llevan la necesidad de ajustes, que gobiernos con orientaciones populistas se resisten a implementar, hasta que resulta demasiado tarde. Es lo que sucedió con el gobierno de Alan García. Una política de ampliación de la demanda entre 1985 y 1987 generó la necesidad de “enfriar” la economía, lejos de hacer esto, García intentó estatizar la banca (julio de 1987); a pesar de fracasar en este intento, el presidente pospuso la decisión del ajuste por cálculos políticos, hasta que no tuvo más opción que hacerlo, dándose el ajuste de setiembre de 1988, que marca el inicio de una experiencia de alta inflación que asumiría la forma de una hiperinflación descontrolada al final de su gobierno, y que recién terminaría en agosto 1990, con el ajuste de Fujimori. Se sigue así un patrón similar al de Venezuela, tanto en los casos de la devaluación de 1983 y los ajustes de 1989 (con Carlos Andrés Pérez) y 1997 (con Rafael Caldera). Con todo, García logró un manejo político bastante eficiente de la crisis, dentro de un régimen de alta inflación en sus dos últimos años de gobierno. Esto es lo que permite entender cómo el APRA se mantuviera como una opción electoral importante en el Perú en las elecciones municipales de 1989 y las presidenciales y de congreso de 1990, en las que el APRA resultó siendo la principal fuerza partidaria individual en el congreso. Una vez más, el impacto de la economía sobre la política tiene que ser especificado cuidadosamente. Por ello, en realidad la clave de la crisis política hay que encontrarla precisamente en la esfera política, no tanto en la de la violencia o la economía. Pese a la grave crisis económica y los altos niveles de violencia, en el escenario político peruano previo a la campaña electoral de 1990, nada hacía presagiar la crisis de representación del sistema de partidos que se daría, y sus consecuencias. Por el contrario, lo que estaba en agenda era un problema de gobernabilidad, en el que con la crisis del gobierno aprista el centro político se vaciaba, y se consolidaban los extremos del espectro.

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Hacia inicios de 1989, las dos fuerzas políticas con mejor posición en las encuestas de intención de voto eran la Izquierda Unida (IU) y el Frente Democrático (FREDEMO), expresivos de propuestas socialistas y neoliberales, respectivamente. El gran temor era que la polarización terminara generando un escenario similar al de Chile entre 1970 y 1973, que podría también terminar con un golpe militar. En las elecciones municipales de noviembre de 1989, el FREDEMO se constituyó en la primera fuerza política, segundo quedó el APRA, pese a la crisis (lo que muestra la habilidad del gobierno de García para administrar un régimen de inflación alta); y tercero, muy cerca del APRA, la IU, pese a que su división ya estaba bastante en curso36. El resultado que se dio en las elecciones de abril de 1990, que a la postre llevarían al outsider Alberto Fujimori a la presidencia, fue un resultado absolutamente desconcertante, inesperado, por lo tanto su explicación no puede encontrarse en el desempeño de los actores a lo largo de los ochenta; por lo tanto, creo que la explicación hay que encontrarla en la campaña electoral misma, y los errores de los actores principales. De un lado, la IU empezó un tortuoso proceso de división a partir de enero de 1989, fecha de su “congreso de unidad”; un sector evitaba renunciar a “todas las formas de lucha” en su estrategia de conquista del poder, mientras que otro apostaba a una plataforma de centro que le permitiera ser atractiva en el terreno electoral. De otro lado el FREDEMO, sintiéndose seguro ganador por anticipado, cometió gruesos errores de estrategia. Vargas Llosa no se propuso simplemente ganar la elección, si no que pidió al electorado un “mandato claro” para ganar en primera vuelta, con más del 50% de los votos, y así implementar una profunda reforma liberal. Es decir, los dos actores con más posibilidad de ganar se autoliquidaron; el APRA atravesaba una profunda crisis, por lo que se produjo un vacío de representación; un electorado mayoritario que buscaba opciones en el centro lo creó de manera autónoma, apenas semanas antes de la elección, permitiendo que el desconocido Alberto Fujimori quedara segundo detrás de Mario Vargas Llosa, quien estuvo lejos de obtener mayoría absoluta. En la segunda vuelta estipulada por al constitución, Fujimori ganó las elecciones con el respaldo del APRA y de la izquierda. Pese a que sostengo que la explicación de la crisis política en el Perú hay que encontrarla en la política, esto no significa en absoluto que el contexto de crisis económica o violencia política sean irrelevantes. Nuevamente, de lo que se trata es de especificar la naturaleza de su impacto. En este caso, creo que la percepción que tenían los actores de estar viviendo una situación límite (percepción correcta, sin duda, en la que era claro el agotamiento del modelo económico vigente y el estrechamiento del espacio de la política frente al de la guerra37) estimuló el abandono de conductas Es cierto que en Lima el triunfo de un candidato “independiente” como Ricardo Belmont era una señal preocupante, pero el hecho de que después éste se sumara al FREDEMO era muestra de la capacidad de absorción que mostraba el sistema. 37 Ver Abugattás et.al., 1992, como una clara muestra de estas percepciones. 36

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conservadoras adversas al riesgo, e incentivó la adopción de estrategias más radicales. Esto ayuda a entender la división de la izquierda en 1989, o la postura radical de Mario Vargas Llosa; en otras palabras, la crisis exacerbó tendencias polarizantes ya existentes en el sistema de partidos. La crisis y la radicalización generaron un proceso de desafección, y ante la ausencia de alternativas, un sector importante del electorado optó por una opción fuera del sistema. La llegada al poder de un outsider como consecuencia de errores de los actores políticos principales permite hacer algunos paralelos entre la elección de Fujimori en 1990 con la de Hugo Chávez en 1998 en Venezuela. Una vez en el poder, Fujimori se encontró en una situación de debilidad extrema. En el congreso los “partidos tradicionales” eran una mayoría clara, la bancada de Cambio 90 era pequeña y muy improvisada, sin experiencia política (una muestra más de que los partidos, aún entre 1990 y 1991 estaban lejos de parecer muertos o a punto de desaparecer). Del lado de los partidos, Fujimori aparecía como un líder improvisado, por lo tanto posible de manipular, cuyo trabajo sería asumir los costos de las políticas de estabilización, y ninguno de sus beneficios: el contexto estaba marcado por la necesidad de implementar un ajuste drástico que terminara con la hiperinflación y una política contrasubversiva igualmente drástica; y la Constitución de 1979 impedía a Fujimori, líder sin partido, ir a la reelección en 1995. De este modo, para Fujimori sólo aparecían costos sin beneficios, y para los partidos el quinquenio aparecía como un período de transición, pasado el cual retornarían al poder. Este cálculo resultaba especialmente pertinente para Alan García, quien apoyó decididamente la candidatura de Fujimori desde la presidencia, incluso por encima de la del candidato del APRA, Luis Alva Castro. Frente a las elecciones de 1995, García aparecía como un candidato con grandes posibilidades. Alberto Fujimori asumió el poder en julio de 1990, y aplicó un durísimo programa de ajuste en agosto de 1990. Es interesante ver que pese a que constituyeron una ruptura con las promesas hechas durante la campaña, las medidas fueron aprobadas en el corto plazo por gran parte de la población, y no se produjo un estallido social, más todavía tomando en cuenta el antecedente del Caracazo de 1989. Precisamente el Caracazo era el fantasma que levantaban quienes se oponían a las políticas de ajuste anunciadas por Vargas Llosa. Es útil detenerse un momento en explorar las diferencias en cuanto a la reacción ciudadana. La diferencia crucial está en las trayectorias y las expectativas. El Perú venía de un largo proceso hiperinflacionario, exacerbado en las semanas y días previos al ajuste, lo que generó la impresión de que era absolutamente inevitable y que era preferible una terapia de choque a una agonía larga. Por el contrario, el “gran viraje” de Pérez no es nada comparado con el brutal “shock” de agosto de 1990; sin embargo, generaron una enorme oposición y protestas sociales, porque fueron una acción sorpresiva y percibida como arbitraria e inadmisible. Además, hubo un mal manejo, como veremos más adelante. Acá entonces es pertinente referirse a la cultura política venezolana, y la herencia del modelo petrolero rentístico.

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A pesar de que Fujimori estaba en el poder, que eso era indicativo de un desgaste de los partidos tradicionales, y a pesar de que Fujimori rápidamente empezó a desmarcarse de ellos y a manejar un discurso antisistema y antipartido, el desenlace, el colapso del sistema, no estaba en absoluto anunciado hasta ese momento. Es más, hacia mediados de 1991 empezaba a hablarse de una “fatiga del ajuste”, se especulaba sobre si el ajuste de agosto de 1990 iba a lograr en efecto acabar con una inflación que si bien había bajado sustancialmente, se mantenía todavía bastante alta; el gobierno enfrentaba además grandes protestas sociales, y la desaprobación al gobierno superaba su aprobación. Los partidos tradicionales podían esperar una caída del gobierno de Fujimori (en principio tenían los votos necesarios en el congreso para declarar la vacancia de la presidencia por impedimentos morales, un poco como sucedió en Ecuador con la caída de Bucaram), o la posibilidad de imponerle condiciones sustantivas. El colapso del sistema de partidos requiere analizar en detalle los acontecimientos ocurridos entre 1990 y 1992.

Crisis y colapso de los sistemas de partidos, y funcionamiento de la democracia Como hemos visto, los tres países analizados pasaron de maneras diferentes por la crisis de los años ochenta, respondiendo variadamente a los desafíos impuestos por la crisis económica y la necesidad de enfrentar el agotamiento de los patrones de crecimiento y la adopción de un nuevo modelo más orientado hacia el mercado. Con todo, de las dificultades económicas no puede deducirse sin más las crisis políticas; incluso en el caso peruano, al iniciar los noventa no podría descartarse que se siguiera un camino más afín al de otros países de la región en los años noventa, en la que los sistemas de partidos entran en crisis, evolucionan, aparecen unos actores y otros se debilitan, pero sin darse un colapso como el que se produjo.

Perú Decía que la ausencia de claridad respecto al desenlace en 1992 es fundamental para entender la lógica de los actores políticos, la racionalidad de los acontecimientos, que se escapa al juzgarlos retrospectivamente. Hasta mediados de 1991, los partidos podían esperar o la caída de Fujimori o un retroceso de éste y un control de la situación. Sin embargo, un factor crucial intervino: el primero de ellos, el control de la inflación, que empezó a darse con claridad a lo largo del último trimestre de 1991. Esto permitió a Fujimori aparecer creíblemente como garantía de estabilidad, pese a que la economía no se recuperaba y pese a que la violencia seguía en aumento. El control de la inflación le permitió a Fujimori tener el respaldo de la opinión pública y poco a poco, de los poderes de facto. Fujimori enfrentó la oposición decidida de los

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partidos y de los movimientos sociales, básicamente vinculados a los partidos de izquierda. Lo que pudo verse a lo largo de 1991 fue la impotencia de los movimientos de protesta para hacer frente al gobierno; asistimos al final del movimientismo en el Perú. Es decir, a diferencia de los años ochenta, no se consolida poder político a partir de la movilización de sectores sociales estratégicos, cuando ellos no son respaldados por la opinión pública. A la base de esto están profundos cambios estructurales que pasan por el debilitamiento del empleo sindicalizado, el aislamiento de sus demandas, el crecimiento del sector informal, y la emergencia de la opinión pública como arena autónoma fundamental en la que se juega la legitimidad política. Fujimori, pese a no tener poder en la arena movimientista, era fuerte porque el control de la inflación le permitió ganarse a la opinión pública; esa legitimidad le permitió construir una coalición con los poderes de facto (FF.AA., empresarios, organismos internacionales). La consolidación de Fujimori como garante de la estabilidad es la que permite entender el golpe de 1992. Como decía, el orden institucional de 1979 le mostraba a Fujimori sólo costos y no ganancias (al no tener permitida la reelección). De otro lado, al estar en minoría en el congreso, el camino era de constante negociación y concesiones a la oposición. De otro lado, su legitimidad y la fortaleza de la coalición que armaba incentivaba el rompimiento del orden institucional. Es así que, en abril de 1992, el autogolpe suscitó el apoyo de más del 80% de la población, según encuestas de opinión. La legitimidad de la conducción de Fujimori trajo consigo también la consolidación de su estilo, liderazgo y discurso: antipartido, antisistema, antiinstitucional. Es en este marco que hay que entender el colapso del sistema de partidos en el Perú. Con el tiempo, la sustancial y sostenida reducción de la inflación, luego la captura del principal líder de SL, Abimael Guzmán (en setiembre de 1992) y la posterior derrota de SL, y luego, la reactivación de la economía (entre 1994 y 1996) le permitieron un amplio respaldo y su cómoda reelección en 1995, dentro de un nuevo orden institucional, construido bajo su hegemonía. El éxito de Fujimori en el control de la inflación es lo que le permitió legitimar su enfrentamiento con el orden institucional, y lo que le permitió ganar allí donde Collor en Brasil, Bucaram en Ecuador o Serrano Elías en Guatemala habían fracasado. En este sentido Fujimori pertenece a la categoría de líderes estabilizadores38 a la que pertenecen Paz Estensoro, Menem, o Cardoso. Sin embargo, a diferencia de ellos, Fujimori manejó un discurso antipartido y antiinstitucional que lo diferencia, y es precisamente esa diferencia la que nos permite entender la particularidad peruana en la región. Con todo, Fujimori se vio siempre forzado a mantener algunos márgenes democráticos e institucionales. Así, inmediatamente después del golpe de 1992, por presiones internacionales se vio obligado a establecer un 38

Ver Cavarozzi, 1994.

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camino de retorno a la constitucionalidad. Esto se expresó en las elecciones de noviembre de 1992 para constituir un Congreso Constituyente Democrático (CCD), con funciones congresales y de Asamblea Constituyente. En estas elecciones las principales fuerzas de oposición se abstuvieron de participar (APRA, AP y la mayoría de grupos de izquierda; sí participaron el PPC y el MDI, coalición de izquierda). En esas elecciones el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta, cambiando radicalmente la composición del congreso 1990-1992. El CCD, bajo clara hegemonía fujimorista, redactó una nueva Constitución, que fue sometida a referéndum en noviembre de 1993; en ellas, por estrecho margen, la nueva constitución fue aprobada. Es interesante la contrastación de la experiencia peruana después de 1992 con la venezolana a partir de 1998. En el Perú, la recomposición política e institucional bajo la hegemonía fujimorista generó una dinámica autoritaria. Algo similar ocurrió en Venezuela durante el gobierno de Chávez, desde 1998, como veremos. En 1995 tuvimos elecciones de presidente y congreso, que supuestamente marcarían el retorno del país a un “reestablecimiento” democrático, después de la interrupción de abril de 1992. Fujimori logró ser reelecto en 1995 por un amplio margen, y logró también amplia mayoría en el congreso, pese a la candidatura de oposición del ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. La dispersión de la oposición, su ausencia de propuestas, su encerramiento en un discurso institucionalista, su desconexión con el sentimiento popular de renovación, conspiró contra las posibilidades de recomponer un sistema de partidos democrático. Esto es importante de tomar en cuenta para la oposición en Venezuela. Pese a que el nuevo periodo gubernamental de Fujimori emergió de elecciones razonablemente limpias, y que el régimen político contaba con nuevas reglas democráticas, expresadas en la nueva Constitución de 1993, la dinámica autoritaria previa y el funcionamiento no institucional del gobierno no sólo no se detuvo, sino que se profundizó. La amplia mayoría del fujimorismo dificultó el establecimiento de los equilibrios necesarios en una democracia, sobre todo en una que sale con actores debilitados, y nuevas instituciones, frágiles, y concebidas bajo la hegemonía de sólo un actor. Dado que el fujimorismo nunca fue un actor institucionalizado, existente como organización, sino un movimiento altamente personalizado y dependiente del Estado, su continuidad requería la permanencia de Fujimori en el poder. El asunto es que la Constitución de 1993 no se lo permitía. Hay que considerar que la Constitución no es exactamente una herramienta “a la medida de un régimen autoritario”. Si bien algo de eso hubo, también es cierto que el ánimo de los constituyentes estaba marcado por impulsar mecanismos de “democracia directa”, supuestamente encarnada por Fujimori, frente a los límites de la pasada “partidocracia”. Por ello, esa misma Constitución fujimorista permitió sólo una reelección inmediata, y estableció mecanismos de consulta ciudadana como el referéndum. Ambas cosas se

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volverían en contra del gobierno, cuando se propuso perpetuarse en el poder. La reelección lo llevó por un camino que implicó destruir el mismo orden institucional creado bajo su hegemonía. Esto se expresó, desde 1996, en la ley de interpretación auténtica de la constitución, y en la implementación de un plan de intervención y control de todas las instituciones del Estado: el congreso, el poder judicial, el ministerio público, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, etc. Otra vez, acá es interesante la comparación con Venezuela. Líderes autoritarios antipartidos imponen constituciones fuertemente marcadas por mecanismos participativos y modernizadores, que finalmente les resultan contraproducentes. Esto desbarata la tesis de constituciones “a la medida” de líderes autoritarios. La oposición en Venezuela contempla también la posibilidad de convocar a un referéndum para destituir al presidente Chávez. Es interesante entonces registrar cómo de elecciones democráticas surge una dinámica autoritaria, y la necesidad consiguiente, en términos teóricos, de ver más allá de la sola realización de elecciones limpias para evaluar el funcionamiento de la democracia. Supuestamente, las elecciones de 1995 en el Perú marcarían el retorno del país a la normalidad constitucional y democrática, pero el triunfo avasallador del fujimorismo hizo que se mantuviera una dinámica autoritaria. El poder se ejerció sin contrapesos, las instituciones se reconstruyeron y funcionaron bajo la hegemonía del fujimorismo. Esto hizo que poco a poco se generaran las condiciones para el abuso y la corrupción. Nuevamente, esto es pertinente para Venezuela. En ese país, la hegemonía abrumadora resultado de las elecciones de 1999 y 2000 marcan condiciones favorables para un desarrollo similar. Ahora bien, si esto pudo ocurrir también se debe a que Fujimori enfrentó una oposición sumamente débil. Los actores de los años ochenta prácticamente colapsaron, y no emergieron nuevos capaces de tomar ventaja de las oportunidades que se presentaron: pese a que Fujimori tuvo una amplia hegemonía entre 1992 y 1996, también encontramos una ciudadanía medianamente crítica, aún en las peores circunstancias. En 1993, el referéndum para aprobar la nueva Constitución marcó un casi “empate” con las fuerzas de oposición, que además constituyeron el “Comando de Campaña por el NO” con un desempeño bastante eficiente. Esta unidad permitía pensar en una candidatura única de oposición al fujimorismo en las elecciones de 1995. De hecho, Pérez de Cuellar como candidato de oposición parecía ser un serio contendor. Sin embargo, la oposición se presentó dividida a las elecciones de 1995, lo que facilitó el triunfo de Fujimori. El fujimorismo no logró nunca consolidarse como organización política. En las elecciones municipales de 1993, 1995 y 1998, los candidatos oficialistas perdieron en casi todas las ciudades principales. En Lima, en

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1995, el candidato oficialista perdió a pesar de contar “con todo el apoyo39” del gobierno. La oposición, entre 1996 y 1998, se volvió a unir como en 1993, esta vez bajo las banderas de la organización de un referéndum para decidir si es que Fujimori podía o no ir a una nueva reelección en 2000. Pese a que esa batalla fue perdida por un conjunto de maniobras legales implementadas por el gobierno entre 1996 y 1998, el asunto es que esas maniobras desprestigiaron mucho al fujimorismo, y las encuestas mostraban que la aprobación al desempeño de la oposición se hacía igual o mayor a la aprobación a la gestión de Fujimori. Esto se explica también porque desde 1996 empezó a sentirse una fuerte recesión económica, que aumentó el descontento. Las posibilidades, nuevamente, de gestar un gran polo opositor que venciera a Fujimori en las elecciones de 2000 estaban abiertas. Hacia finales de 1998, muchos apostaban a que Fujimori no podría remontar la tendencia de caída en su popularidad iniciado en 1996-1997. Pero la oposición, nuevamente, desperdició esa oportunidad. Enfrentó dividida las elecciones de 2000, no logró consolidar una propuesta, y ello permitió el repunte de Fujimori a lo largo de 1999, hizo creíble su discurso de ser la “única opción”, y dio oxígeno a las maniobras sucias que implementó. Eso hizo que hacia finales de 1999, pareciera inevitable un tercer periodo de Fujimori, incluso ganando con mayoría absoluta. La inesperada caída del fujimorismo en 2000, y la debilidad de una oposición que se convirtió de pronto en gobierno, son piezas claves para pensar en los desafíos de la democracia en el Perú actual, que veremos más adelante. Venezuela Venezuela sigue un camino que presenta algunas similitudes interesantes con el caso peruano, comparten un desenlace similar en el que se da el colapso del sistema de partidos y el final del tipo de interacciones políticas vigentes hasta ese momento. Habíamos visto cómo Venezuela pospuso enfrentar la inviabilidad del modelo de centralidad estatal, que en este caso específico estuvo muy marcado por los recursos petroleros. Hacia finales de los años ochenta, los déficit y deudas acumuladas obligaron a tomar decisiones drásticas. Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones a finales de 1998, y entre esa fecha y febrero de 1999 se enfrentó a una situación insostenible. Si bien a lo largo de los años ochenta se empezó a vivir descontento con signos inequívocos de crisis, expresados en muy bajas tasas de crecimiento, y que deterioraron los niveles de vida de la población, creo que las señales para la ciudadanía de que se requería un cambio radical de modelo no eran claras en absoluto. Otra vez, este tema de la racionalidad de 39

Ese fue su lema de campaña.

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los actores políticos es clave, como señalábamos más arriba cuando nos referíamos al caso peruano. Es así que Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones levantando banderas contrarias a las “neoliberales” propuestas por el candidato del COPEI Eduardo Fernández, de resonancias populistas, que apelaban a la repetición de las grandes realizaciones de su primer gobierno, cuando se hablaba de la “Venezuela saudita”. Una vez en el gobierno, Pérez enfrentó una situación extremadamente complicada. En primer lugar, tenía que enfrentar fuertes resistencias dentro de su propio partido, Acción Democrática. Pérez ganó la nominación a la candidatura después de pasados dos períodos presidenciales, y la base de su poder residía no tanto en el manejo del aparato partidario, del que había estado alejado, sino en un liderazgo carismático que apelaba al elector promedio. Además, AD se mostraba como una estructura burocratizada y en muchas ocasiones corrupta, acostumbrada a esquemas de relación clientelares, corporativos, privilegios rentísticos. En este sentido, Pérez tenía fuertes incentivos para intentar reconstituir AD bajo un liderazgo modernizador, más acorde a las necesidades de modernización que ya eran evidentes en la región. De otro lado, la situación económica que le dejaba su antecesor Lusinchi era especialmente crítica, pese a las apariencias. Elevados niveles de endeudamiento y déficit, bajos niveles en los precios del petróleo, hacían imposible postergar más la decisión de un cambio de modelo. Es muy interesante ver con algún detalle el diseño del programa de ajuste planeado por Pérez. Dadas las características de su liderazgo y su posición dentro del partido ya señaladas, Pérez construyó un equipo de gobierno convocando a figuras independientes, no a las del partido, expresivos de propuestas “modernizadoras”, en principio más atractivas para una ciudadanía que ya empezaba a mostrar signos de cansancio frente a las opciones tradicionales; es bajo esquema que Pérez apostó por recomponer el partido bajo su liderazgo. Este tipo de apuesta no es extraña: el caso de Salinas de Gortari en México a partir de 1988 y su política de modernización y de relativo distanciamiento frente a los “dinosaurios” del PRI es el primero que me viene a la mente. A quienes reprochan esta actitud en Pérez habría que recordar que el liderazgo “tradicional” de AD estaba ya desprestigiado, y se asumía la necesidad de renovar liderazgos políticos. Hay que recordar que precisamente en 1989 se realizarían elecciones de gobernadores y alcaldes, expresión de esa necesidad de renovación del sistema. En otras palabras, la apuesta de Pérez no resulta, a mi juicio, descabellada de antemano. De otro lado, se buscó diseñar un plan atendiendo a todas las recomendaciones “técnicas” y razonables que proporcionaba el sentido común existente hasta el momento. Así, para enfrentar el tema del déficit en balanza de pagos y fiscal se diseñaron políticas de pequeñas devaluaciones y recortes de gastos moderados. Y las medidas se planearon con cierta reserva, sin ser comunicadas a la ciudadanía, en parte para evitar movimientos especulativos y para evitar la movilización de sectores opositores. En esto e seguía un

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libreto que ya había sido probado con eficacia en casos como el de Bolivia con Paz Estensoro. Sin embargo, apenas días después de la toma del poder de Pérez, y antes de la aplicación propiamente dicha de las medidas de ajuste, el aumento en los precios de transporte público y otros bienes muy sentidos por la población, en un contexto en el que las políticas que diseñaba el nuevo gobierno parecían una traición a las promesas electorales, en un país además no acostumbrado a políticas de ajuste (a diferencia del Perú, que venía experimentando ajustes sin éxito desde mediados de los años setenta), generó una violenta ola de protestas y descontento inéditas en la historia de Venezuela: la expresión más dramática de ello fue el “Caracazo” el 27 de febrero de 1989, que revelaron de pronto el grado de desconexión de las estructuras partidarias respecto a amplios segmentos sociales40. Es muy interesante el análisis del programa de ajuste de 1989 y la reacción popular en contra, en el contexto de una situación económica que requería de un ajuste, pero para el que la población no estaba en absoluto preparada. Queda pendiente la pregunta de si es que las cosas podrían haber sido de otro modo, y cómo haber evitado lo que efectivamente ocurrió. El Caracazo cambiaría la percepción de las políticas de ajuste: desde entonces se haría evidente que se necesita no sólo un bueno manejo técnico, también un manejo político hábil que permitiera enfrentar las protestas, y hacer viables las reformas41. A pesar de todo, el programa de ajuste se aplicó y, poco a poco, empezó a rendir algunos frutos. Si observamos indicadores como la inflación y la tasa de crecimiento, vemos que después de la gran caída de 1989, la inflación cayó entre 1990 y 1992, y el PBI creció entre 1990 y 1992. Pienso que sería un error pensar que el Caracazo fue el símbolo de una irremediable ruptura entre la sociedad y los partidos. Ciertamente a estas alturas estamos ya en un juego muy en el límite, pero tampoco perdido de antemano. También en Bolivia la NEP generó enormes protestas y represión (estado de sitio incluido), pero posteriormente los frutos de la estabilización relegitimaron el régimen. ¿Por qué ello no ocurrió en Venezuela? Creo que en el caso de Venezuela los conflictos interpartidarios e intrapartidarios son la clave para entender la caída de Carlos Andrés Pérez, no tanto el desempeño de la economía, una vez más, aunque no pueda negarse que existiera un enorme descontento social; pero éste tiene efectos políticos devastadores por la intervención de los conflictos aludidos. A pesar de que en febrero y noviembre de 1992 se produjeron intentos de golpe de Estado que, si bien fueron controlados, generaron una ola de simpatías entre los sectores populares, creo que esas olas pudieron extenderse y prosperar Sobre el punto ver López Maya, 2000, entre otros. Es la búsqueda de los elusivos “tecnopolíticos”, la combinación de criterios técnicos y habilidades políticas. Ver Williamson, 1994. No hay casos de tecnopolíticos exitosos: casos en su momento celebrados, como los de Pedro Aspe en México, Domingo Cavallo en Argentina, terminaron, a la larga, enormemente desprestigiados. 40 41

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por las actitudes que asumieron líderes políticos claves dentro de AD y en la oposición. El espacio creciente que conseguirían fue en gran medida otorgado por los partidos y sus caudillos, y actitudes oportunistas. Producido el intento de golpe, conspicuos miembros de la clase política, lejos de condenar a los golpistas y defender el orden constitucional, declararon simpatías por los insurrectos, entre ellos el ex presidente copeyano Rafael Caldera42, debilitando aún más al sistema partidario, exacerbando expectativas poco realistas en la ciudadanía, y la expectativa de un liderazgo “redentor” que terminara con el “viejo orden” y permitiera la prosperidad del país43. Caldera no estuvo solo en su crítica al stablishment; su actitud también estuvo respaldada por grupos políticos más “naturalmente”, por razones ideológicas, enfrentados a éste, como la Causa Radical. Sin embargo, no sólo Caldera se montó sobre ese sentimiento crítico de la ciudadanía; más grave aún que eso, AD marcó distancias frente al gobierno de Pérez, en vez de defenderlo. Ya vimos cómo Pérez intentó construir una coalición de gobierno marcando a su vez distancia frente al partido, buscando ganar la hegemonía al interior de éste sobre la base de apelaciones al ciudadano promedio, ajeno a las estructuras tradicionales. AD respondió distanciándose del presidente. Por ejemplo, la adeca CTV realizó en mayo de 1989 un insólito paro de protesta en contra del programa de ajuste del gobierno. Más adelante, terminarían permitiendo su caída y la constitución de un gobierno provisional bajo la presidencia de Ramón Velásquez. No creo que pueda decirse que la actitud de AD se basara en un programa alternativo claro, sino más bien en un oportunismo político que privilegió las ganancias de corto plazo, en la que el control de AD resultaba una arena de conflicto fundamental. Así, en mayo de 1993, faltando apenas meses para que termine su mandato, invocándose razones harto cuestionables, Carlos Andrés Pérez fue destituido por el congreso. La caída de Pérez no puede entenderse al margen de la actitud de AD; es muy interesante contrastar esta experiencia con otros casos, reveladores de las diferentes maneras de funcionar los partidos en los tres países que estamos estudiando. En el Perú, existieron por supuesto grandes conflictos durante los años ochenta en las relaciones entre partido de gobierno y gobierno. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde encontramos los conflictos entre el premier Manuel Ulloa y el Secretario General y congresista Javier Alva Orlandini; durante el gobierno de García, el conflicto entre éste y “sus amigos” en el ejecutivo, frente al Secretario General, Luis Alva Castro. Con todo, esos conflictos nunca llegaron a producir escisiones Por el contrario el ex candidato Eduardo Fernández, de manera más consecuente, apoyó al presidente constitucional. La actitud de Caldera se entiende porque éste no podría lograr la nominación como candidato presidencial dentro del COPEI, necesitando hacerse de un espacio por fuera del partido. Sobre la crisis del COPEI ver Levine, 2000. 43 Sobre el “imaginario redentor” que terminaría encarnando el chavismo ver Arenas y Gómez, 2000. 42

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mayores y tampoco llegaron a producir una ruptura entre el partido y el presidente. Creo que, en el caso peruano, el carácter caudillista y personalizado de los partidos impidió ese desenlace. En el Perú los partidos giran en torno a líderes incuestionados, “jefes máximos” en los que ningún otro dirigente es capaz de competir con ellos: Fernando Belaúnde en el caso de AP, Luis Bedoya en el PPC, Alan García en el APRA desde 1984; cuando no se da ese esquema, se producen precisamente divisiones, como ocurrió con la Izquierda Unida, en donde el liderazgo de Alfonso Barrantes fue siempre cuestionado. En Venezuela los partidos también son caudillistas, pero no giran en torno a un solo jefe máximo indiscutido; por ello, las luchas entre fracciones resultan centrales. Es interesante registrar que en Venezuela la norma constitucional implica la posibilidad de la reelección pasados dos periodos presidenciales, lo que en permite en teoría que en cada partido estén en disputa dos o tres grandes líderes disputándose el control; en el caso peruano, la norma establece que hay reelección pasando un periodo, mecanismo que permite que siempre sea un mismo caudillo principal el que esté tentando la presidencia, después de que otro menor fracase en el intento. Colombia es otro extremo, que paradójicamente le permite mayor estabilidad; no me parece casual que la Constitución prohíba de plano cualquier posibilidad de reelección, mecanismo más sano que el de los otros dos casos. En este país los partidos aparecen extremadamente fragmentados, en donde no hay liderazgos eternos incuestionados; sí grandes caudillos y familias de intereses, pero dado que no existe la posibilidad de reelección, los partidos están sometidos a una dinámica de recambio constante. La fragmentación extrema asume formas unitarias partidistas liberales o conservadoras en momentos clave, como la elección presidencial. Ciertamente la historia de los partidos y sus tradiciones cuentan. Así, a diferencia de AD que abandonó a Pérez en 1993 y lo dejó caer para no “contaminarse” por su descrédito, en Colombia por el contrario, como veremos, en 1996 el presidente Samper fue defendido por el partido liberal de gravísimas acusaciones por el uso de fondos del narcotráfico en su campaña. Lo que está detrás de esta diferencia es la manera en que se estructuran los partidos en cada caso, y esa diferencia me parece crucial para entender los desenlaces divergentes44. Caído Pérez en 1993, se estableció un gobierno de transición hasta las elecciones presidenciales de finales de ese año. Las elecciones de 1993 marcan un paso más, dado por las propias élites de los partidos, hacia su debilitamiento. AD acentuó sus luchas fraccionales; del lado del COPEI, las cosas no serían mejores. En 1988, Eduardo Fernández no había tenido un desempeño malo; de hecho, Pérez ganó por muy estrecho margen. Sin embargo, las posibilidades del COPEI para capitalizar los problemas de AD, Podría decirse que cuando hay monopolio en cuanto al liderazgo, hay cierta estabilidad; también cuando hay libre competencia entre fracciones; la peor combinación parece ser un oligopolio, un número reducido de líderes enfrentados entre sí.

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dándose una alternancia normal como había pasado tradicionalmente en Venezuela, se hundieron por la actitud asumida por uno de sus caudillos y fundadores, Rafael Caldera, quien sorprendentemente, al no poder ganar la nominación presidencial dentro de COPEI, formó un nuevo movimiento independiente, Convergencia Nacional45, asumió un discurso antipartido y fuertemente populista, en oposición al discurso y las propuestas “neoliberales” que serían responsables de la mala situación46, y que encarnarían tanto El gobierno de AD con Pérez como a su rival del COPEI, Eduardo Fernández. Sobre la base de un discurso que invocaba el rechazo a las políticas de ajuste y orientadas al mercado, Caldera ganó las elecciones en 1993; en segundo lugar, muy cerca, quedó otro candidato con un discurso de izquierda, que enfatizó la crítica al orden bipartidista tradicional: Andrés Velásquez de Causa Radical (elecciones muy disputadas en las que hubo denuncias de fraude). Es interesante registrar que AD no tuvo un desempeño tan malo en esas elecciones, con su candidato Claudio Fermín: señalo esto nuevamente para enfatizar que la inminencia de la caída del sistema no era en absoluto obvia para cualquier observador en ese momento, pese a la crisis. Hacia delante, podía imaginarse un proceso de recomposición del sistema de partidos, con el paso de un bipartidismo a un pluralismo moderado, con nuevas fuerzas que contrapesan el poder de los actores tradicionales, y con un proceso de renovación de liderazgos al interior de éstos, con figuras surgidas en los gobiernos de los Estados o los municipios.

La presidencia de Rafael Caldera simbolizó la posibilidad de una suerte de evolución gradual del bipartidismo a un pluralismo moderado. Caldera como persona simbolizaba claramente esto, en su condición de líder fundador del orden “puntofijista” encabezando la pretensión de renovación y superación de sus vicios. Sin embargo, el gobierno de Caldera, lejos de mejorar la situación del país, continuó con su agravamiento. Caldera heredó un contexto en el que un manejo fiscal restrictivo se imponía, sin embargo se resistió y postergó la implementación de medidas de ajuste. Esto además se agravó con la quiebra de varios bancos, y la crisis del sistema bancario, en Coalición de varios grupos políticos y personalidades independientes. Cabe destacar la participación del MAS (Movimiento al Socialismo) en esta coalición, el tercer partido tradicional dentro del sistema venezolano desde los años setenta. 46 Sin duda, la cultura política venezolana no podía sintonizar con propuestas de carácter neoliberal. Cabe acá una reflexión sobre la responsabilidad de los actores políticos, de las élites, y su capacidad para enfrentar la realidad de la inviabilidad del modelo económico y político vigente hasta ese momento. ¿Qué alternativas económicas existían en ese momento? (si las hubo). Si el camino del ajuste no era el correcto, ¿cuál era la opción? ¿O se trata de un problema de inviabilidad del Estado, de irresponsabilidad de los actores que aceptaron una popularidad y ganacias de corto plazo en desmedro del largo plazo? Son preguntas abiertas. 45

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gran medida consecuencia del mantenimiento de medidas de intervención y el no uso de mecanismos de mercado. Las medidas de ajuste se postergaron, pero no pudieron dejarse de lado indefinidamente. Hacia 1996, Caldera convocó a Teodoro Petkoff (MAS) como ministro de economía, y aplicó bajo su conducción un programa de reformas estructurales orientadas al mercado. Petkoff podría haberse convertido en algo así como el Fernando Henrique Cardoso de Venezuela. Es decir, un político izquierda, con credenciales académicas, que aplica un modelo orientado al mercado que busca minimizar sus costos sociales y que, en mérito a la capacidad de ordenar la economía, se erige en una importante figura electoral. Sin embargo, las medidas de Petkoff llegaron muy tarde, y se dieron en un contexto muy malo, siendo afectadas por los muy bajos precios del barril de petróleo, y el contexto recesivo internacional marcado por la crisis asiática. Pese a que la economía creció en 1997, ya fue muy tarde para evitar la percepción de una crisis inmanejable, y la necesidad de buscar alternativas por fuera de las opciones tradicionales para las elecciones de 1998. Vistas las cosas en perspectiva, acaso lo más lógico, a partir de los resultados de 1993, hubiera sido que la Causa Radical se erigiera como la gran alternativa para las elecciones de 1998: tuvieron cinco años para consolidarse como alternativa, sobre la base de una importante representación parlamentaria, un fuerte enraizamiento en el movimiento sindical en algunas zonas del país, y el control de alcaldías y gubernaturas, incluida Caracas (con Aristóbulo Istúriz). La Causa R podría haber capitalizado el desgaste de AD, COPEI, el fracaso de Caldera y Convergencia (en alianza con el MAS) como opción de transición. Sin embargo, entre 1993 y 1998, lejos de haber consolidación hubo crisis, desgaste y división. Problemas casi típicos de movimientos de izquierda cuando se acercan a la posibilidad de llegar al poder47. Es interesante comparar la Causa R con la IU en el Perú, que se divide justo cuando está más cerca de llegar al poder, o con el M-19 en Colombia, movimiento que tuvo un extraordinario desempeño electoral en las elecciones para la constituyente de 1991, y sin embargo no logró consolidarse para las elecciones de 1994. Entender esto implica, a mi juicio, considerar la ausencia de un proyecto de poder claramente definido, que unifique a sus componentes y guíe su actuación pública. Cuando hay más de un proyecto, se produce división (como con la IU en el Perú, en donde coexistieron conflictivamente dos proyectos que finalmente serían incompatibles); cuando no existe proyecto, el desempeño gubernamental termina siendo mediocre, y además todos los conflictos asumen la forma de conflictos entre caudillos, que terminan en procesos de división48.

Sobre la Causa R ver López Maya, 1997 y 2001. Esta ausencia de proyecto alternativo que permita establecer una diferencia en la gestión pública afectó tanto a Causa R como al M-19. 47

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En medio de todo esto es que llegamos a las elecciones de 1998, que serán cruciales en Venezuela, y que marcarán a la postre el inicio del final del orden “puntofijista” iniciado en 1958. Sin duda, el sistema político entraba a ese proceso en condiciones de crisis extrema, con partidos muy deslegitimados. Aníbal Romero, en un artículo de 1995, hablaba de la “probabilidad electiva” de un colapso del sistema de partidos, incluso menciona la posibilidad de que los alzados en armas de 1992 pudieran tener respaldo ciudadano. Sin embargo, creo que era sólo una probabilidad, y no un hecho consumado; el cómo pudo ocurrir que un outsider llegara a la presidencia en las elecciones de 1998 requiere analizar ese proceso electoral en particular. Una vez en la presidencia, la consolidación del liderazgo de Chávez y el inicio de un proceso de reforma institucional bajo su hegemonía implicó la liquidación del sistema de partidos anterior, y el establecimiento de una dinámica claramente autoritaria dentro de formatos democráticos desprovistos de sentido, dada la debilidad de la competencia política. Veamos por ello con algún detalle las elecciones de 199849. Durante parte de 1997, quien aparecía como uno de los principales candidatos a la presidencia era un adeco, Claudio Fermín. Fermín además simbolizaba la posibilidad de un liderazgo renovado capaz de dar nuevos bríos a un partido sin duda desgastado. Sin embargo, la candidatura de Fermín resultó boicoteada por la burocracia tradicional del partido, lo que terminó desencadenando su salida y la presentación de su candidatura por fuera del partido. Esa salida terminaría liquidando las posibilidades de Fermín. El candidato de AD terminaría siendo Alfaro Ucero, representante del aparato tradicional, opción aparentemente irracional. Sin embargo, la idea de presentar como candidato a un representante de la burocracia partidaria no resulta tan descabellada si es que miramos los resultados de las elecciones de gobernadores y alcaldes de 1995, en los que, aparentemente, AD probó la fuerza que tenía el partido como aparato nacional. De hecho, el pobre desempeño de Fermín fuera de AD es expresión de la precariedad de un candidato sin partido.

Sobre las elecciones de 1998 ver Alvarez, 2001; López Maya y Lander, 1999; Maingon y Sonntag, 2000; Molina, 2000 y 2001; Molina y Pérez, 1999; y Sonntag y Maingon, 2001. 49

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Cuadro Alcaldes electos por agrupación política. 19952000 Agrupación 1995 2000 política Cargos % Cargos % AD 190 57,6% 90 26,9% MVR 81 24,2% COPEI 91 27,6% 50 14,9% MAS 19 5,8% 20 6,0% PPT 15 4,5% LCR 7 2,1% 7 2,1% PRVZLA 6 1,8% CONVERGENCIA 8 2,4% 6 1,8% MPJ 3 0,9% OTROS 15 4,5 57 17,0% TOTAL 330 335 Fuente. CSE/CNE: Dirección de Estadísticas Electorales. Tomado de Maingón, 2001a. Esta ambigüedad en la opinión pública, que estaba entre la búsqueda de una figura extrapartidaria, pero que a la vez en algunos aspectos parece encuadrarse dentro de esquemas tradicionales puede verse en los problemas de la candidatura de Irene Sáez, favorita durante un tramo importante de la campaña. Sáez durante un tiempo intentó explotar su perfil extrapartidario, pero la percepción de que adolecía de un aparato organizado de respaldo la llevó a aceptar el respaldo del COPEI, movida que al final terminaría de hundir su candidatura. Estos errores y esta ambigüedad en el electorado también se dio en el Perú en las elecciones de 1990. Mario Vargas Llosa podría haber desarrollado un perfil antipartido y extrasistémico, pero prefirió aliarse con dos partidos tradicionales (AP y PPC) y formar el FREDEMO50. Alfonso Barrantes, líder de IU, ensayó la otra estrategia: denunciar los males de la izquierda tradicional, y presentarse con un movimiento propio (Izquierda Socialista). Al final, Barrantes sacó menos votos que el candidato de IU, Henry Pease, no un caudillo carismático, sino alguien identificado con las bases, con el aparato tradicional. Esta ambigüedad en cuanto a las preferencias del electorado ayuda a explicar los “errores”, que sólo son percibidos claramente de manera retrospectiva, percepción obviamente no al alcance de los actores. Los electores esperaban una opción alejada de los actores tradicionales, pero no respaldaron figuras envueltas en conflictos por divisiones percibidas como producto de ambiciones personalistas. Es así que la candidatura de Chávez se benefició de los errores de cálculo de los actores que tuvo que enfrentar, dándose un resultado que todos conocemos ahora, pero que no estaba establecido de antemano. Sabemos que Chávez dudó sobre si postular o no a las elecciones de 1998, previendo que podría tener un mal desempeño51. Chávez logró aparecer Ver las dudas del escritor expresadas en su libro El pez en el agua (1993). Sobre el desarrollo del chavismo como movimiento político, a través del Polo Patriótico y del Movimiento Quinta República, ver López Maya, 2001.

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como favorito desde inicios de 1998, pero enfrentó un rival también inesperado, quien finalmente quedó segundo en las elecciones, Salas Rohmer, encabezando una candidatura de perfil “independiente”. La candidatura de Salas Rohmer guarda un parentesco con la de Fermín, dado que se trata de un personaje vinculado al COPEI, y que se lanzó como candidato fuera del partido. Los resultados de las elecciones de 1998 arrojan un resultado que permite también hacer paralelos interesantes con el caso peruano52. Así como en el Perú de 1990, pese al triunfo de Fujimori, los partidos tradicionales eran mayoría en el congreso 1990-1992, en Venezuela, en el congreso de 1998-1999, el Polo Patriótico, el movimiento de Chávez, quedó también en minoría, y AD apareció como el partido con más escaños. Nuevamente se muestra la ambigüedad del electorado a la que hacíamos referencia; partidos débiles y desprestigiados en el ámbito nacional, pero relativamente fuertes en el ámbito local, donde pesa la importancia de la organización y capacidad de movilización, no tanto las grandes imágenes de los medios y la opinión pública53.

Una vez en situado como protagonista político, Chávez se reveló como un caudillo carismático de indudable arrastre popular. Chávez prometió una gran transformación, para lo cual, primero, debía emprender una profunda reforma institucional, que sentara las bases de una “nueva república”. Una de las promesas de campaña fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente para dejar atrás el orden “puntofijista”. La idea era acabar también con el mandato de un congreso que no controlaba, e intervenir los principales poderes públicos bajo el amparo del “poder constituyente”. En abril de 1999 se realizó un referéndum para su convocatoria, que Chávez ganó después ampliamente (julio 1999), pero con altísimas tasas de abstención54.

Soy conciente de que es “peligroso” mirar el caso venezolano a partir del caso peruano, pero hay similitudes ineludibles; la cuestión es no perder de vista las también muchas diferencias. Exploraciones que comparan estos dos países pueden verse en Burgess y Levitsky, 2001, y Dietz y Myers, 2001. 53 Cabe mencionar los datos de abstención, muy grandes y en aumento en los últimos procesos electorales. Se trata de una gran desafección, con adhesiones esporádicas de tipo personalista y altamente volátiles. Ellas podrían afectar también al presidente Chávez. En el caso peruano se observó algo similar. El fujimorismo, después de su caída, casi ha desaparecido como movimiento político. 54 Tanto Fujimori como Chávez constituyeron nuevas asambleas para redactar una nueva Constitución, en ambos casos ellas consolidaron el poder de los presidentes y mecanismos de democracia “directa” dentro de una retórica contraria a los mecanismos de representación tradicional por medio de los partidos políticos. La diferencia está en el sentido ideológico de ambos documentos: en el caso peruano, se trató de una Constitución que recortó el reconocimiento de derechos sociales, dentro de una lógica neoliberal; en el caso venezolano, todo lo contrario, se trató de una constitución con una fuerte retórica populista y de reconocimiento de derechos. 52

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Las elecciones de julio de 1999, realizadas en el contexto de la hegemonía discursiva del chavismo, le permitió obtener una mayoría abrumadora, hecha más grande por el cambio en el sistema electoral, y el uso de un sistema de distritos uninominales, con gran éxito. Con el 60% (¿?) de los votos obtuvo el 90% (¿?) de los escaños55. Así como Fujimori obtuvo mayoría en el CCD de 1993, Chávez logró una mayoría aún mayor en 1999. Claro que la gran diferencia es que Fujimori interrumpió el orden constitucional con un golpe, cosa que no ocurrió con Chávez. El asunto es que Chávez contó con un control total del proceso constituyente, y logró imponer su modelo de reforma constitucional, que reforzó los poderes del presidente56. Una vez instalada la constituyente con mayoría del chavismo, se iniciaron los conflictos con el congreso y otros poderes del Estado. La Asamblea Constituyente se proclamó poder constituyente máximo, yendo más allá de su función de redactar una nueva Constitución, y declaró en reorganización al conjunto de instituciones, y las reconstituyó, pero en el contexto de hegemonía chavista, limitando severamente cualquier equilibrio o contrapesos al poder del ejecutivo. Así, en diciembre de 1999 se realizó un nuevo referéndum para aprobar la nueva Constitución, y luego se disolvió el Congreso de la República, el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y las Asambleas Legislativas. A mi juicio, si bien no se dio un golpe de Estado en Venezuela, es claro que el hecho de que la constituyente se erigiera en un poder omnímodo violó la esencia de un orden jurídico democrático, instaurándose desde entonces un régimen de funcionamiento autoritario, aunque revestido de formas democráticas, similar al modelo político implantado por Fujimori después de 1992. Su legitimidad política les permitió a ambos implementar este modelo, que no es ni institucional, ni equilibrado, ni pluralista. Ciertamente estos líderes toman ventaja también de la debilidad y errores de la oposición, que en ambos casos se encierran en demandas institucionales, más cercanas a los sectores medios y altos, dejando gran parte del apoyo popular para los líderes autoritarios. Como veremos más adelante, los retos, los desafíos de las democracias tanto en Perú como en Venezuela guardan grandes similitudes, consecuencia de un descalabro equivalente en cuanto al debilitamiento Es interesante acá la comparación entre los sistemas electorales empleados. A Fujimori le habría convenido distritos uninominales en 1993, 1995 y 2000, sin embargo en las tres ocasiones se eligió el congreso en distrito único, sistema altamente proporcional. ¿Por qué? Fujimori quería tener un control total sobre su bancada, no quería negociar con poderes regionales, cosa inevitable aunque hubiera control sobre el proceso de nominación. Esto porque Fujimori nunca logró constituir un movimiento político. Por el contrario, Chávez en 1998 se había hecho de una mínima organización política, armada entre su salida de prisión y las elecciones de 1998. Por ello pudo tomar ventaja de un sistema electoral uninominal en un contexto mayoritario. 56 Ver Manrique, 2001. 55

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extremo del orden institucional, pero también de los actores políticos y sociales.

Colombia Mientras que en el Perú y en Venezuela el sistema de partidos se desmoronaba en los años noventa, en Colombia el sistema político pasó por un proceso de apertura y democratización indudable, pero no por eso dejó de vivir en crisis, aunque ciertamente ella resulta menor en comparación a los otros casos. Claro que esto es válido sólo en la esfera de lo político, porque los noventa marcan también un colapso parcial del Estado y crecientes niveles de violencia. Estos contrastes pueden darnos luces sobre las complejas dinámicas que asumen las democracias en nuestros países y cómo entenderlas. Como veíamos más arriba, los ochentas terminaron en Colombia en medio de enormes niveles de deterioro, en los que el narcotráfico, la guerrilla y fuerzas paramilitares jaqueaban al Estado y al sistema político, que además debió sufrir el golpe de magnicidios que dejaron fuera a los protagonistas de las elecciones presidenciales de 1990. Sin embargo, los noventa empezaron con vientos de renovación. El liberal César Gaviria emprendió un proceso simultáneo de reformas económicas y políticas, estas últimas además seguían el camino abierto por el proceso de descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores. En lo económico inició un proceso de liberalización y reformas que buscaron crear incentivos para orientar la economía según mecanismos de mercado, siguiendo las tendencias regionales. Dado que en Colombia el modelo económico vigente no estuvo tan marcado por mecanismos de regulación estatal, la apertura económica no fue tan radical como la ocurrida en otros casos. Las reformas políticas, en cambio, sí marcan un corte fundamental. Gaviria convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente. Paralelamente, el gobierno continuó con el proceso de desmovilización de grupos armados, que culminó con la incorporación de grupos guerrilleros a la vida pública. De singular importancia es la participación del M-19 en las elecciones de Asamblea Constituyente, con un éxito bastante significativo57.

El espíritu de la Constituyente estuvo marcado por la idea de democratizar el sistema político, romper los esquemas cerrados del Frente Nacional, refundar el orden político en un sentido pluralista y participativo (saltan a la vista las enormes diferencias con los procesos constituyentes del Perú en 1993 y Venezuela en 1999). En Colombia, estos cambios son resultado de un intento reformista modernizador cuya iniciativa viene de 57

Sobre la Asamblea Constituyente ver Dugas, 1993 y 1993a; y Ungar, 1993.

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dentro del propio sistema. En 1991 Gaviria representaba una fracción del liberalismo imbuido de un espíritu modernizador, con un ambicioso programa de reformas. El gavirismo impulsó las negociaciones de paz y las reformas institucionales buscando llevar a la práctica esa visión del país, pero también hacerse del control del partido, aislando a los grupos más tradicionalistas; en eso se emparenta con Salinas de Gortari en México, en los mismos años. En los dos casos estos líderes reformadores tuvieron que hacer compatibles los discursos tradicionales de sus partidos, de contenidos populistas, con las ideas de modernización y competitividad económica. Creo que lograron hacerlo porque establecieron un horizonte para sus partidos, marcaron un derrotero claro en un contexto signado por incertidumbre y agotamiento de los discursos convencionales. Es interesante analizar de qué manera Gaviria construyó una coalición que le permitió avanzar en un profundo proceso de reformas, y darle mayor vigor al liberalismo bajo esas ideas. Acaso el progresivo debilitamiento del partido conservador en los últimos años sea consecuencia de la ausencia de ideas, de proyectos, con lo que se va desdibujando progresivamente. Las reformas expresadas en la Constitución de 1991 marcan una profunda democratización del sistema, al punto que no más puede decirse que el orden institucional en Colombia esté signado por la exclusión, o por un carácter oligárquico58. Uno de los objetivos fue fomentar la participación, romper las oligarquías partidarias. En ese objetivo convergieron el M-19 y el sector gavirista del partido liberal. En cierto modo ese objetivo fue conseguido, pero los viejos problemas fueron sustituidos por otros: esta vez se trata de la fragmentación y un funcionamiento extendido en clave clientelar de las redes partidarias. Debilitadas las jerarquías, se fortalecieron intereses particulares, regionales y locales, que además habían ganado más espacio con el proceso de descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores. Los efectos de la descentralización y la Constitución de 1991 sobre el sistema político y el sistema de partidos está en discusión. Se habla generalizadamente de la crisis del sistema político en Colombia, pero esa crisis no es en realidad evidente, más allá del difuso malestar público. Si miramos diversos indicadores en busca de signos claros de esa crisis, encontramos evidencias por lo menos ambiguas. Por ejemplo, en las últimas elecciones la tasa de abstención ha bajando, la votación de los dos partidos tradicionales se mantiene, con el declive relativo del partido conservador y la hegemonía del partido liberal, y con la emergencia de un conjunto volátil y disperso de terceras fuerzas, más concentradas en espacios urbanos59. Es claro que, a diferencia del Perú o Venezuela, el sistema de partidos en Colombia logra coexistir y mantenerse en medio de la crisis. Podría Ver Bejarano y Pizarro, 2000. Sobre estas discusiones ver Dávila y Botero, 2001; García, 2001; Gutiérrez, 1996, 1998, 1998a, 2001b; Gutiérrez y Dávila, 2000; Pizarro, 1996, 1996a, 1996b, y 1999, entre otros. 58

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decirse que la crisis política en este caso se expresa no tanto en el funcionamiento del sistema de partidos visto en su conjunto, sino en la extrema fragmentación a su interior, por lo que prácticamente habrían desaparecido los perfiles distintivos de cada agrupación política y se hace extremadamente compleja y costosa la construcción de coaliciones que permitan la toma de decisiones públicas. Sin embargo, también encontramos que, al analizar el funcionamiento del Congreso, no se encuentra una dinámica de enfrentamiento con el poder ejecutivo, en la que la mecánica legislativa haga imposible la toma de decisiones. En los últimos años, por ejemplo, encontramos que medidas legislativas difíciles asociadas a la elevación de impuestos, reducción de gastos fiscales, y de fortalecimiento de las finanzas del Estado frente a las de las regiones han sido aprobadas60. En todo caso, Colombia aparece lejos de otros casos en los que el conflicto entre congreso y ejecutivo sí ha sido problemático, como en Ecuador o en Argentina, por mencionar sólo dos casos. Creo que mucho de esta discusión puede verse ilustrada a partir de la gestión del presidente Ernesto Samper (1994-1998). El liberalismo se mantuvo en el poder después de las reformas de Gaviria. Desde el inicio de su gestión, su mandato estuvo marcado por el escándalo, a partir de la denuncia de que su campaña electoral estuvo financiada con dineros del narcotráfico. El largo proceso en su contra fue extremadamente costoso en términos políticos para el gobierno, y Samper se vio acosado por las denuncias e indicios en su contra61. Contrariamente a lo que se vio en Venezuela con la conducta de AD en los juicios contra Carlos Andrés Pérez, el partido liberal cerró en último término filas y defendió a Samper, impidiendo su desafuero. Más importante, el liberalismo mostró una gran capacidad para seguir ofreciendo una plataforma electoral atractiva para el país, y así en 1998 su candidato, Horacio Serpa, resultó vencedor en la primera vuelta62. A pesar de la crisis, y de los discursos que enfatizaban la crisis del sistema y el crecimiento del voto no partidista, las identificaciones partidistas siguen siendo importantes para definir las preferencias sociales y electorales. Es interesante contrastar esto con las experiencias peruana de 1990 y venezolana de 1998. En el Perú, el candidato favorito, Mario Vargas Llosa, dudó entre construir una alianza con los partidos tradicionales de derecha o jugar como figura independiente; en la izquierda, Alfonso Barrantes también dudó entre ser candidato de un frente político y social, o apostar a un Sería interesante explorar para Colombia la hipótesis de O’Donnell en la que sugiere la existencia de “otras” formas de institucionalización (1996) distintas a las típicas de las democracias occidentales, que, en medio de sus dificultades y defectos, constituyen mecanismos de articulación entre sociedad y Estado. 61 Cabe destacar que durante la gestión de Samper, en medio de todo, se persiguió al narcotráfico y sus conexiones con el mundo político, al punto que muchos congresistas y autoridades involucradas terminaron siendo juzgados y presos, algunos carteles de la droga fueron desarticulados, y se abrió incluso la posibilidad de extraditar cabecillas del narcotráfico. 62 Sobre el gobierno de Samper ver Dugas, 2001a, entre otros. Sobre las elecciones de 1998, ver Gutiérrez, 1998a; y Hoskin, 1998. 60

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electorado de centro. Vargas Llosa apostó a lo primero, y ganó la primera vuelta de la elección, aunque perdió luego la segunda. Barrantes apostó a lo segundo, y tuvo un pésimo desempeño. A mi juicio esto muestra que la debacle de las identidades partidistas en el Perú de 1990 todavía no estaba clara, pese al triunfo de Fujimori. Es más, Fujimori mismo pretendió ser candidato al congreso por el APRA y por la izquierda, y luego de ser rechazado allí decidió presentarse como candidato independiente. En Venezuela, Claudio Fermín apostó a ser candidato por fuera de AD, y le fue mal; también le fue mal a Alfaro Ucero, quien apostó a movilizar las estructuras tradicionales. Irene Sáez dudó entre construir una imagen ajena al stablishment o por el contrario apoyarse en éste; finalmente se apoyó en el COPEI, y le fue mal. Quien quedó segundo en la elección presidencial de 1998 fue Salas Rohmer, candidato independiente, pero con vínculos con COPEI. Todo esto sirva para remarcar que también en Venezuela en 1998 estaba lejos de ser evidente que el acercamiento a los partidos fuera perjudicial, y que por lo tanto había que jugar, como Chávez, a denunciar los males del sistema. En Colombia también se discute mucho sobre la crisis de los partidos tradicionales, pero es claro que sus aparatos siguen teniendo una gran importancia para vincular sociedad y política, en un cualitativamente mayor al de los otros dos casos en las coyunturas descritas, pese a los altos grados de insatisfacción que hay sobre su funcionamiento. En la segunda vuelta de la elección presidencial de 1998, finalmente el candidato conservador Andrés Pastrana resultó ganador. La crisis (relativa) del liberalismo, después del gobierno de Samper, fue capitalizada por el partido conservador, no por terceras fuerzas, como sería esperable según la hipótesis de una crisis del bipartidismo tradicional. Con todo, las terceras fuerzas tuvieron avances importantes en esa elección63.

Resalta la diferencia entre la mayor cohesión relativa del liberalismo en Colombia, y su mayor flexibilidad para manejar conflictos, lo que explica su mejor desempeño frente a lo que encontramos en los adecos de Venezuela. Sostengo por esto que los problemas de la democracia en Colombia no están tanto en la esfera de la política, sino en el hecho de que el Estado y el sistema político están “asediados” por desafíos exógenos, básicamente vinculados al narcotráfico (cuyo origen está en los países consumidores de droga, y no solo en nuestros países), la guerrilla, los paramilitares (estrechamente vinculados al negocio de la droga), y la violencia urbana64. El caso colombiano pone sobre el tapete la debilidad del Estado frente a los enormes desafíos que enfrenta, que son en gran medida exógenos al sistema Es interesante registrar que la candidata no bipartidista más importante en 1998 fue Noemí Sanín, quien sin embargo es una figura claramente vinculada a los partidos y al stablishment político. Sanín pertenece a entornos conservadores y fue embajadora y ministra de relaciones exteriores de gobiernos liberales. 64 La imagen de “democracia asediada” es desarrollada por Bejarano y Pizarro (2001a), sobre la base de una propuesta de Archer, 1995. 63

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político, y al Estado colombiano en cuanto tal. Con todo, cabe señalar que el sistema político no está del todo desvinculado de los actores extrasistémicos, como puede verse claramente al analizar en detalle qué sucede en las regiones, y las complicidades o acuerdos que se establecen entre los actores partidarios y actores los ilegales (guerrilla, paramilitares y narcotráfico). Entonces, más que un enfrentamiento entre sistema y fuerzas antisistémicas, estamos ante alianzas variables entre esos actores, alianzas que desbordan los límites de la institucionalidad formal65. El asunto de la debilidad del Estado es un tema presente en toda la región andina, y amerita un tratamiento específico. En Colombia se expresa en la incapacidad de controlar el territorio y a los actores extrasistémicos; en Venezuela con Chávez, en la dificultad para implementar políticas públicas eficientes frente al desmoronamiento del orden tradicional; en el Perú, en la debilidad del nuevo gobierno de Toledo y de las fuerzas democráticas después de la destrucción institucional dejada por el fujimorismo. Sin duda todos estos problemas impactan sobre la esfera de la política, reduciendo opciones y haciendo más difícil el manejo político, generando problemas de legitimidad, pero es clave distinguir cuidadosamente, primero, en qué esfera se ubican los problemas; y segundo, ver de qué manera los actores políticos lidian con esas influencias, y qué desenlaces generan. En Colombia en particular estamos ante una crisis estatal en su sentido más estricto, problemas de la autoridad para controlar el territorio e imponer la vigencia del derecho. A pesar de esto, es muy sorprendente cómo se produce un extraño equilibrio en medio de una situación extremadamente difícil, a diferencia del Perú y Venezuela, países en donde en los últimos años lo que marca su situación es la transitoriedad y el no equilibrio. Para los actores más importantes de la situación colombiana, el mantenimiento del status quo resulta menos costoso que un cambio dramático de éste. Volveré sobre este asunto más adelante. A los problemas de precariedad estatal se suma desde 1998 una crisis económica a la que Colombia no había estado acostumbrada. Hay que recordar que este país quedó relativamente bien librado de la crisis de los años ochenta y gran parte de los noventa que asoló a la región. Según algunas encuestas de opinión, en Colombia, durante gran parte del tiempo desde 1998, la mayoría de los ciudadanos opinó que el problema principal del país era el económico, por encima del de la violencia. Esto no es tan extraño, sucedió también en el Perú durante gran parte de los años ochenta. Ocurre que la crisis económica golpea a toda la sociedad, mientras que la violencia en ambos países involucra básicamente zonas rurales o urbanas con menor densidad poblacional, pese a que ocurren acciones en casi todo el territorio. Queda por ver si la crisis económica constituye parte de un ciclo coyuntural, después del cual vendrá una recuperación, o si estamos ante una crisis 65

Sobre estas relaciones ver p.e. Romero, 1999, 2000a y 2000b.

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estructural de más larga duración, siendo que para salir de ella se requerirían profundos cambios estructurales66. El carácter relativamente reciente de la crisis económica en Colombia ayuda a entender por qué el sistema político “funcionó” y coexistió con la violencia y la crisis estatal durante tantos años, y no se dieron fenómenos de desestructuración tan fuertes en el sistema de partidos como los ocurridos en Perú y Venezuela67. La existencia de recursos permitió mantener vivos los mecanismos clientelares tradicionales de relación entre sociedad y política, y de esa manera hizo que la pérdida de legitimidad no golpeara fatalmente al sistema. Según datos del Latinobarómetro, Colombia muestra uno de los niveles más bajos de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, pero eso no afecta sustancialmente al sistema de partidos.

Fuente: LATINOBAROMETRO1996-2001 P. En general, diría Ud. que esté muy satisfecho, más bien satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en (País)? Aquí sólo la suma de "Muy satisfecho y Más bien satisfecho" (datos de 2001).

Creo que, en términos analíticos, una gran conclusión a extraer de esto es que de la crisis estatal y social, o de los problemas de legitimidad, o de la violencia política, se puede inferir una crisis del sistema político, pero no desenlaces específicos de ella, porque responde finalmente a variables políticas y a las decisiones de sus actores. Esto pone como punto central en Sobre estos temas ver Bustamante, 1997; Echavarría, 2000; Hershberg, 2001; Misas, 1996; Pineda, 1995; Thorp, 1991. 67 No se debe exagerar, empero, con el poder explicativo de esta variable. En países como Bolivia, Ecuador o Argentina la crisis económica fue muy grave, pero no generó el colapso del sistema partidario. 66

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la agenda de investigación el asunto de la autonomía e interrelación entre las diferentes esferas sociales: política, económica, y de la interacción. La creciente complejidad de las sociedades de nuestros países hace que cada esfera se autonomice y funcione con códigos propios no fácilmente asimilables a los que rigen el funcionamiento de las otras, por lo que las interacciones entre ellas implican algún grado de “traducción” que permita esa interacción. Esto requiere otro tipo de enfoque teórico. Volveremos sobre este asunto en la sección siguiente.

Los desafíos actuales de la democracia Después de revisados los avatares políticos asociados a la dinámica de la democracia en nuestros tres países, podemos evaluar los retos que enfrenta en la actualidad. Ahora bien, para abordar propiamente este asunto, conviene detenernos un momento en qué es lo que entendemos por democracia, y qué lecciones podemos sacar sobre de la revisión de las trayectorias de los tres países hecha hasta el momento. ¿Qué manera de definir y entender la democracia sería la más útil para la comprensión de la dinámica de nuestros países? ¿Qué desafíos se abren en el futuro inmediato? ?? ??? Una digresión necesaria: sobre la definición de democracia Existe en la actualidad un debate sobre los alcances del término democracia. Existió en los años ochenta una tendencia a seguir definiciones “minimalistas” que circunscribían la democracia a un régimen político surgido de elecciones. En los años noventa el análisis se amplió hasta considerar algunos componentes institucionales. Recientemente, hay una suerte de desencanto de estas conceptualizaciones, y una vuelta hacia definiciones más “sustantivas” de democracia, que enfatizan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos68. Pero no se trata solamente de una cuestión de definiciones: muchos autores asumen también que el rescate de estas otras variables en realidad lo que hace es rescatar la determinación de la dinámica del sistema político por fuerzas económicas, sociales, históricas, estructurales en un sentido amplio. Estos cambios teóricos están sin duda fuertemente marcados por la experiencia de nuestros países en las últimas décadas. En los años ochenta la literatura de las transiciones y los enfoques minimalistas descansaron sobre una suerte de optimismo respecto a las posibilidades de consolidación, y un entusiasmo por haber dejado atrás regímenes militares en muchos casos fuertemente represivos. Sin embargo, en los noventa, como 68

Sobre este debate ver entre muchos otros Agüero, 1998, y Encarnación, 2000.

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consecuencia de los altos costos sociales de las políticas de ajuste y su incapacidad para generar el crecimiento económico esperado, a los que se suma un creciente malestar social y problemas de violencia, se dio una fuerte insatisfacción respecto a las principales instituciones democráticas. ¿Qué podemos decir de este debate a partir de la revisión hecha hasta el momento sobre los tres países? Los ochenta son años de dificultades, pero en los que no era en absoluto evidente el desenlace político que se dio en cada uno de los países. Por ello creo que la explicación de los fenómenos políticos hay que encontrarla en la política misma, y cómo los actores políticos definen el tipo de impacto que reciben de otras esferas sociales. En particular, sostengo que las maneras en que se organizan los partidos son cruciales para entender los diferentes caminos que siguen los países. La complejidad de la situación de los tres países, la relativa autonomización de las distintas esferas sociales, y la consiguiente complejidad y autonomización de la esfera política, hace necesario centrar el análisis de la democracia a su dimensión política, centrada en el régimen político, no perder su especificidad. En este sentido, creo en la utilidad de definiciones mínimas de la democracia; de lo contrario, terminaríamos analizando la situación general de los países, perdiendo el término cualquier especificidad. Como hemos visto repetidamente, una característica importante, presente en los tres países, es la autonomía de la esfera de la política misma, cómo en gran medida los acontecimientos políticos son explicados por sucesos ocurridos en la política misma, contrariamente a cierto sentido común imperante. Ciertamente, intervienen sobre la política fuerzas de otras esferas sociales, pero no de maneras directas, sino a través de la acción de los actores políticos. En esta discusión sobre cómo pensar la democracia sin quedarse solamente en el régimen político, especificando las relaciones con otras esferas, un aporte fundamental es el realizado por Linz y Stepan (1996), quienes parten de una definición de democracia centrada en las reglas de juego que definen las interacciones entre los actores políticos; pero van más allá, analizando las diferentes “arenas” que sostienen el juego político. A partir de ellas, se pueden distinguir los distintos retos involucrados en la consolidación de las democracias. Las cinco arenas que los autores mencionan son la sociedad civil, la sociedad política, el Estado de Derecho, el aparato del Estado, y la sociedad económica. Para que pueda hablarse de un régimen democrático consolidado, se requiere una sociedad civil con plena libertad de expresión y asociación; una sociedad política con una competencia electoral libre e inclusiva; una Estado de derecho que respete las normas constitucionales; un aparato del Estado capaz de hacer valer las normas burocráticas, fundadas en la racionalidad y la legalidad; y una sociedad económica en la que los mecanismos de mercado funcionen en el marco de las instituciones. Creo que la propuesta de Linz y Stepan tiene la gran virtud de ampliar el análisis de la democracia más allá de lo estrictamente concerniente al

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régimen político, y de hacer distinciones, estableciendo los campos de análisis pertinentes, permitiendo hacer tipologías de democracias y sus desafíos. A pesar de esto, creo que esta conceptualización peca un poco por lo que llamaría “idealismo”, estableciendo requisitos teóricos ideales difícilmente realizables en el mundo real. Esto nos lleva a pensar la democracia a partir de sus carencias, siempre inalcanzables. Sería mejor, por el contrario, estudiar la democracia partiendo de su funcionamiento “realmente existente”69, y analizar sus desafíos sobre la base de la confrontación con su pasado, o con casos similares. De otro lado, creo que en la propuesta de Linz y Stepan queda pendiente una exploración más sistemática del tipo de relaciones que vinculan a las distintas esferas sociales. En términos teóricos, es necesario recoger la idea de que cada esfera social tiene su especificidad, y tiende a diferenciarse y autonomizarse. Es más, cuando una esfera interviene sobre otras, tiende a desnaturalizarla o limitar su crecimiento: por ejemplo, cuando la política interviene sobre la economía tiende a crear distorsiones que desincentivan el crecimiento, o cuando la economía interviene sobre la política, por medio de presiones de grupos de interés, la política queda capturada por particularismos y se debilita su funcionamiento institucional y las reglas democráticas. Cuando la política interviene sobre el derecho se rompe la lógica institucional y se dan condiciones para un ejercicio autoritario del poder y la corrupción70. Analicemos un poco más cada una de las esferas y sus lógicas. La política tiene una lógica particular, que es la lucha por el poder, y está regida por las reglas de juego institucionales (régimen político y electoral); también hay actores extrasistémicos, no regidos por esas reglas, y que se mueven exclusivamente con una lógica estratégica, de poder (esto por supuesto es particularmente relevante para el caso de Colombia). La lógica de la economía es la de la rentabilidad, y está regida por las leyes del mercado; la lógica de la interacción es la comunicación, y está regida por las costumbres, los hábitos, la cultura. Veíamos que la política, la disputa por el poder, se rige por medio de instituciones, que rigen el funcionamiento de la política misma. Aquí cabe la discusión de si las instituciones existentes son las adecuadas (régimen político, sistema electoral). El plano de la política y el de la interacción social se relacionan por medio de la representación: partidos, movimientos sociales, grupos de interés; también por medio de la opinión pública. El vínculo representativo se actualiza por medio de las elecciones. El vínculo Además, en nuestros países pueden darse casos de “institucionalización” diferentes a las de las democracias occidentales actuales. Ver O’Donnell, 1996. Otro problema de evaluar la democracia a partir de sus carencias es el caer en la “fracasomanía” de la que hablaba Hirschman. 70 En términos teóricos me parecen especialmente pertinentes las teorías de autores como Michael Walzer (1993) y Niklas Luhmann (1991), entre otros. Hago una discusión sobre estos autores en Tanaka, 1999c. 69

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representativo puede generar o no legitimidad; si no lo hace, la crisis de legitimidad puede tener varios desenlaces: desafección, apatía, ausentismo, pero también la aparición de nuevas opciones, tanto dentro como fuera del sistema. Lo que ocurra en la política depende de los actores políticos, que administran y responden a las presiones sociales. El principal mecanismo que relaciona la interacción con la política es la legitimidad. Incorporar el tema de la legitimidad y sus efectos sobre las correlaciones de fuerza entre los actores es crucial para entender la dinámica de la democracia en nuestros países. El carecer de legitimidad puede debilitar y hasta hacer desaparecer a los actores políticos, por más poder fáctico que posean. Con todo, la legitimidad se expresa por medio de los actores políticos. Así, lo que pasa en el plano de la interacción es relevante en términos políticos en tanto afecte la conducta de los actores. Es por ello que siendo sin duda importante, por sí sola no tiene ningún efecto, siendo siempre lo decisivo lo que ocurre en la política -de allí que Przeworski (1988) señale, por ejemplo, que en la caída de un régimen autoritario la crisis de legitimidad no tiene casi implicancias, si es que no existe una alternativa política-. El desempeño de la economía afecta la política en tanto determina la disponibilidad de recursos y márgenes para políticas distributivas. En los últimos años, esto resulta particularmente importante, dado que en toda la región la principal preocupación de la ciudadanía suele ser el problema del empleo. La crisis económica, la vulnerabilidad de nuestras economías y nuestros Estados en el mundo global es un tema de capital importancia. Gran parte de los problemas de la democracia en la región tienen que ver con nuestra vulnerabilidad, debilidad, precariedad, dependencia de fenómenos externos. La política actúa, se hace material, por medio del Estado y las políticas públicas. Uno de los problemas graves es precisamente la debilidad y vulnerabilidad de nuestros Estados, y su incapacidad de generar políticas efectivas. Para la política, otro de los grandes problemas es que desde la sociedad viene una suerte de sobrecarga de demandas frente a la política y sus mecanismos de intervención: se le atribuye a la política todos los males, ya sea por acción u omisión, pasándose por alto que mucho de ellos son de naturaleza exógena. Por ejemplo, los problemas en la esfera de la economía terminan afectando la legitimidad del sistema político, sean o no responsabilidad de sus acciones u omisiones. En ocasiones sí son resultado de un intervencionismo erróneo, pero en otros simplemente no es así. Nuevamente, en este trabajo defendemos la tesis que la crisis económica generará diferentes resultados dependiendo de los actores políticos: en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o Argentina la crisis económica fue extrema en algunas circunstancias, pero es claro que los caminos políticos en cada caso son totalmente distintos. Finalmente, está lo que ocurre en el plano de la interacción. Fenómenos como la baja confianza interpersonal, anomia, violencia, crea un sentimiento de malestar que también sobrecarga a la esfera política.

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Asistimos a una suerte de paradoja, en la que desde la interacción se aspira a mayor control de la esfera de la política, cuando la tendencia más bien es hacia una especialización y autonomización de ésta. Esta paradoja, que obliga a los actores políticos a no apartarse de las reglas de la política, pero que a la vez los lleva a generar la imagen de estar respondiendo a las no siempre coherentes preferencias ciudadanas, genera espacio para el desarrollo de discursos antipolíticos, personalistas, fugaces también, porque apuestan demagógicamente a exacerbar las tensiones inevitables en la relación de representación. A continuación examinaremos los desafíos que enfrenta la democracia en nuestros tres países en el momento actual, a inicios de siglo, siguiendo los criterios expuestos. ?? ??? Colombia71 En Colombia la distinción entre las esferas sociales resultan particularmente útiles, dada la clara autonomización de la política frente a la economía y el escenario de la guerra, con relaciones a especificar. Creo que la clave para entender la dinámica de la democracia en Colombia es entender, primero, que en ese país hay una notoria autonomización de las distintas esferas de la sociedad, en la que lo que puede hacerse desde la política resulta bastante limitado; y segundo, que vistas en su conjunto, esas esferas configuran una situación de equilibrio (ciertamente subóptimo), aunque suene paradójico. Es decir, cada uno de los actores en cada una de las esferas obtienen ganancias, y los costos de romper el status quo aparecen mayores a los existentes con éste, a pesar de los altos que son. Estos cálculos son válidos para los actores dominantes, los poderes de facto, pero también para amplios sectores de la población, para los que las maquinarias partidarias tradicionales siguen siendo un vehículo de representación. De allí que, pese a todos los problemas, romper las inercias existentes sea tan difícil. Ello ocurrirá cuando haya un cambio significativo en la correlación de fuerzas entre los actores dominantes, cuestión que todavía no se vislumbra, al menos no con claridad. En estos equilibrios estratégicos todos o casi todos los actores principales obtienen ganancias o sufren pérdidas no catastróficas, no capaces de sacarlos de la escena. Por supuesto quien realmente pierde es la sociedad en general, el “interés público”, acaso porque éste no se puede Algunas referencias bibliográficas útiles para tener visiones generales de la situación de la democracia en Colombia son: Camacho, 2001; Hartlyn y Dugas, 1999; Kline, 1996; Murillo y Sánchez, 1993; Orjuela, 2000; Palacios, 2001, 2000a, y 1998; Peeler, 1985; Wilde, 1982; Bejarano y Pizarro, 2001a; Hartlyn 1993; Leal, 1996, 1995 y 1995a; Hoskin y Murillo, 2001. 71

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expresar por medio de actores definidos, que terminan defendiendo intereses particulares. En estos juegos, en el terreno de la política, los liberales se afianzan como fuerza hegemónica, el partido conservador tiende a declinar, crece el “voto de opinión” (independiente), y el sistema en general tiende a fragmentarse. En el escenario de la guerra, los militares ganan crecientes prerrogativas y poder, las guerrillas mantienen poder y control de los recursos provenientes del narcotráfico, avanzan los paramilitares, y el narcotráfico se mantiene como actividad económica rentable. Un aspecto del problema de la guerra, que permite su prolongación, es que se trata de un fenómeno básicamente circunscrito a ámbitos rurales, a pesar de las espectaculares acciones de terrorismo urbano que se ven de cuando en cuando. Esto hace que la opinión pública, básicamente urbana, tienda a desatenderse del problema, salvo en coyunturas específicas. Pero veamos con mayor detenimiento los principales puntos de la agenda democrática en Colombia. Obviamente, un primer y evidente punto es el tema de la violencia. Pero ya hemos visto que la escena de la guerra impacta sobre la política de maneras indirectas, afectando los cálculos de los actores en la escena política. Es decir, cuando la sociedad demanda políticas de negociación, los actores tienden a ponerse de ese lado, y cuando se demandan soluciones más drásticas, se van para ese otro lado. El triunfo de Andrés Pastrana en la segunda vuelta de 1998 tiene bastante que ver con el hecho de que parecía el candidato que aseguraba una negociación exitosa con la guerrilla. Cuatro años después, cansada la sociedad de una larguísima negociación sin resultados tangibles, parece optar por un candidato “duro” como Alvaro Uribe. Enfrentar el tema de la guerra es complicado porque, como decía más arriba, estamos en la actualidad en una situación de equilibrio, en la que ninguno de los actores tiene la fuerza suficiente para derrotar militarmente a su adversario. Mientras ese equilibrio no se altere significativamente, la situación seguirá básicamente igual. Otra complicación adicional es la diversidad y fragmentación de los actores de la guerra. El ELN está ubicado en zonas en las que intenta apoyar demandas campesinas en zonas tradicionalmente terratenientes; después de éxitos iniciales, surgieron los paramilitares, con cierta complicidad de los poderes locales. Los “paras” han logrado arrinconar a los guerrilleros, ellos están en la actualidad muy debilitados, y por tanto están más cerca de una solución negociada como la ocurrida en el pasado con otros grupos. Los paramilitares tienen también vínculos con los poderes tradicionales, como hemos visto. Cabe mencionar que muchas de las zonas en las que se asienta la guerrita son zonas de grandes haciendas de terratenientes, de hegemonía histórica del liberalismo, zonas en las que también ha florecido el negocio del narcotráfico, por lo que esos planos muchas veces están entrecruzados. La situación de las FARC es muy distinta, de allí que la solución negociada esté todavía muy distante. Las FARC se asientan no sólo sobre zonas de haciendas tradicionales recogiendo demandas campesinas,

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también sobre zonas de colonización relativamente reciente, zonas en las que los cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico son muy fuertes. Las FARC se han erigido en el poder local en esas zonas, poder prácticamente indisputado. A la vez, las FARC están ciertamente lejos de su supuesta meta de tomar el poder, o de imponer alguna agenda de cambios para el país, dado que no tienen un horizonte programático, si es que alguna vez lo tuvieron. Del lado de las fuerzas militares, encontramos que ellas arrastran una debilidad histórica, las FF.AA. colombianas no han ocupado recurrentemente el poder como en la mayoría de países de la región, por lo que han estado muy mal preparadas para enfrentar los desafíos de la guerrilla y del narcotráfico. Eso hace que en ocasiones, en los ámbitos locales, haya cierta complicidad entre las FF.AA. y los paramilitares, a pesar que desde las cúpulas o el poder central se hagan esfuerzos por terminar con esa relación. Tenemos así, en conjunto, un escenario en el que ninguna de las fuerzas posee el poder necesario para terminar con el otro, dándose una suerte de equilibrio del terror que cambia coyunturalmente de un polo al otro, pero sin ninguna clase de definición. Para que ello ocurra, tiene que darse un cambio estratégico en la correlación de fuerzas. Es en este marco que habría que ubicar la negociación por la paz intentado por el gobierno del presidente Pastrana. Su gran virtud fue otorgar incentivos a la guerrilla a sentarse en una mesa y entrar a un proceso de negociación, pese a que nunca se logró una tregua. La generosa zona de distensión en el Caguán no es más que un hiato localizado en la dinámica de conflicto que nunca cesó, mientras que las FF.AA. se apertrechaban y las guerrillas se reorganizaban. Además, sirvió para deslegitimar a las guerrillas, al hacer evidente su doble juego, tanto en el ámbito nacional como internacional. Pero, nuevamente, estas negociaciones no llegarán a la paz si es que no hay una verdadera voluntad de paz en la guerrilla, y ello sólo ocurrirá cuando vea posible su derrota militar. Desgraciadamente estamos todavía lejos de ello72. Una nota adicional importante para entender la naturaleza del conflicto armado en Colombia tiene que ver con su creciente degradación. Tanto las guerrillas como los paramilitares, así como los narcotraficantes, están pasando por un proceso de creciente fragmentación a su interior. Un proceso de debilitamiento de sus cúpulas, una suerte de fraccionamiento y descentralización relativa en las estrategias de sus cuerpos componentes; esto tiene que ver con la diversificación y ampliación geográfica de los escenario de conflicto, y con los golpes que han sufrido los actores de la Sobre las FARC y su estrategia ver Rangel, 1999; sobre el ELN, ver Peñate, 1999; sobre otros grupos insurgentes, y los procesos de desmovilización por los que han pasado, ver Zuluaga, 1999 (texto que se refiere al M-19). Sobre los paramilitares, ver Cubides, 1999 y 2001; y Romero, 2000a, 2000b y 1999. Sobre las FF.AA. y su intervención en el conflicto ver Dávila, 2001, 1999 y 1999b; Dávila et.al., 2001; De Francisco, 1999; y Giha, et.al., 1999.Sobre las negociaciones durante el gobierno de Pastrana (1998-2002) ver Camacho, 2000; Chernick, 1999; Gallón, 2001; García Peña, 2001; Gorbaneff y Jacome, 2000; Leal, 1999; Leal et.al., 2000; Palacios, 2000; Pécaut, 1999. 72

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guerra, lo que los lleva políticas de reclutamiento menos exigentes. En el caso del narcotráfico, por ejemplo, una vez desaparecidos los carteles de la droga, se terminó con la posibilidad de negociar con actores definidos. Hoy, por el contrario, el Estado enfrenta una miríada de organizaciones de carácter pequeño y mediano, frente a las cuales la negociación y represión se hace muy difícil. En cuanto a las guerrillas, encontramos frecuentemente columnas que cometen acciones que parecen no contar con la aprobación del alto comando; expresión de la cada vez mayor pérdida del carácter político de la guerrilla, y su conversión, en algunas zonas, en formas de bandidaje en los que se recurre a medidas como el secuestro, el cobro de cupos, etc., como medio de subsistencia. Del lado de los paramilitares, ellos entraron en proceso de centralización, con la constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero recientemente nos encontramos frente a crecientes evidencias de conflictos a su interior, lo que habría motivado la reciente salida de Carlos Castaño como vocero del grupo. Esta degradación del conflicto se expresa en la violación de los derechos humanos por parte de los actores involucrados, y en un creciente número de población desplazada73. Más arriba hablábamos de un equilibrio difícil de romper. ¿Cómo romper este equilibrio para forzar una salida negociada al conflicto armado, o para lograr una derrota militar con el menor costo social posible? Algunos suponen que el Plan Colombia podría implicar una ruptura de ese equilibrio, por medio de una creciente militarización y escalamiento del conflicto. De hecho, un factor que incide a favor de las FF.AA. es un proceso de equipamiento, modernización y actualización en sus estrategias que les permite, al menos, no ser tan vulnerables frente a la guerrilla74. Y el Plan Colombia contempla ayuda militar para las FF.AA. Este Plan implica simultáneamente ayuda militar, política de fumigaciones de cultivos ilícitos para atacar las fuentes de financiamiento de la guerrilla, y sustitución de cultivos. Existe en muchos el temor de que Plan Colombia implicaría una militarización e incluso una participación militar de los Estados Unidos. Mi opinión personal es que se trata de una impresión injustificada. No porque crea en las buenas intenciones de los Estados Unidos, sino porque este país no tiene ningún interés verdadero de asumir los enormes costos militares, políticos, y económicos que implicaría sostener una guerra “en serio” con las FARC, según muchos de nuestros informantes y entrevistados. Además, con el nuevo gobierno a establecerse desde 2002, la continuidad del Plan Colombia y sus términos, está nuevamente sujeta a evaluación (más después del cambio de prioridades en los Estados Unidos después del 11 de setiembre de 2001)75. Al respecto ver Castro, 1999; Comisión Colombiana de Juristas, 2001; Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2001; Human Rights Watch, 2001; Naciones Unidas, 2001; Pécaut, 2000 y 2000a; Segura, 2000; Villaveces, 2001. 74 Sobre los cambios operados durante los gobiernos de Samper y Pastrana ver Dávila, 2001, y Dávila et.al., 2001. 75 Sobre estos temas ver Arnson, 2001; Bagley, 2000; Blumenthal, 2001; Isaacson, 2000; Mason, 2000; Molano, 2001; Salcedo y Mejía, 2000; Sarmiento, 2001; Tickner, 2001 y 2000; Tokatlian, 1999 y 2000.

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Es necesario mencionar que la intervención de los Estados Unidos en estos asuntos va mucho más allá de esta intervención militar. El problema de la droga se explica por el consumo y la demanda en ese país, lo que nos lleva al tema de la corresponsabilidad en este tema. Y nos recuerda el carácter exógeno de este terrible problema que afecta la democracia en Colombia, pero que en realidad no se origina dentro de sus fronteras. Evidentemente hay factores, variables internas que también participan en el tema de la droga. Fundamentalmente, está el tema de la debilidad del Estado, histórica en Colombia. Esa debilidad, antiguamente, expresaba la hegemonía de los partidos; ahora, la fortaleza relativa de actores extrasistémicos violentos, y de actores transnacionales. Es decir, fuerzas fuera del sistema político, que ha cambiado mucho la dinámica en ese país en los últimos años. Más que temer por una injerencia excesiva de los Estados Unidos, más razonable es suponer que el Plan Colombia es totalmente insuficiente para resolver el problema del productor, para ofrecerle actividades legales más rentables que las ilegales, y también para equipar las FF.AA. de manera suficiente como para alterar la correlación de fuerzas con los actores extrasistémicos. Con todo, sí se ha producido un avance importante en las FF.AA. en el terreno militar en los últimos tiempos, lo que podría explicar el endurecimiento de la posición del presidente Pastrana frente a las FARC de manera reciente. Ahora bien, a pesar de los terribles efectos del escenario de la guerra, para los colombianos, junto con éste, hay otro tanto o más importante: la crisis económica, la recesión, que llega a este país desde 1998. Está abierta la discusión sobre si se trata de una crisis coyuntural, después de la cual el país retomará sus tasas de crecimiento, o si se trata de una crisis estructural, asociada al agotamiento de un modelo de desarrollo proteccionista y liderado por el Estado. Según esta visión, las reformas liberales iniciadas durante el gobierno de Gaviria habrían sido insuficientes y parciales. Otra visiones, por el contrario, señalan que la aplicación de medidas “fondomonetaristas”, una apertura de la economía descontrolada, sería la causante de la crisis. Se trata sin duda de un debate abierto, en todo caso, los indicadores sociales de Colombia en cuanto a la extensión de la pobreza son bastante malos, como los de Perú y Venezuela

Pero, como ya hemos señalado, de lo que ocurre en el terreno de la violencia o de la economía no se deduce lo que ocurre en la política. La crisis económica ciertamente reduce los fondos disponibles para implementar medidas distributivas, y tiende a generar descontento con el funcionamiento del sistema en general. Sin embargo, nuevamente, de esta situación no se deduce nada de manera necesaria, si es que funciona un sistema de partidos y si es que hay alternancia, opciones de recambio para el electorado. De cara a las elecciones de mayo de 2002, podemos hacer varias constataciones. De un lado, la crisis del conservadurismo, sin capacidad de presentar un candidato presidencial atractivo, partido que continúa con su tendencia a la

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caída. De otro lado, la fortaleza del liberalismo, detrás de su candidato Horacio Serpa. Tercero, la fragmentación de los partidos tradicionales, y la aparición de opciones de “disidentes” pero parte del stablishment encabezando movimientos independientes y personalistas, como los articulados detrás de Alvaro Uribe y Noemí Sanín. Finalmente, la debilidad de candidatos por fuera de las familias liberales o conservadoras, pese al avance relativo del voto “independiente”, en términos agregados, pero que no se consolida como un campo unificado. Uno de los problemas principales del sistema de partidos es su fragmentación extrema. Ciertamente ello establece mayor incertidumbre, hace más engorroso el trámite legislativo, aumenta los costos de las negociaciones en el congreso y en la toma de decisiones, aumenta las posibilidades de manejos clientelísticos, hace más difícil la rendición de cuentas de los políticos ante la ciudadanía. De allí que haya muchas propuestas de reforma del sistema electoral, centradas en fortalecer la autoridad de los partidos. Ello se lograría estableciendo que cada partido sólo puede presentar una sola lista o un número reducido de ellas al Congreso, y además cambiando el mecanismo de asignación de escaños, dejando los escaños por residuo y privilegiando la elección proporcional76. La discusión sobre las reformas al sistema de partidos se inscribe en una discusión más amplia sobre las reformas institucionales necesarias en Colombia, diez años después de la Constitución de 1991. Se discute sobre reformas que mejoren el funcionamiento de la justicia y de la Corte Constitucional, que permitan reprimir de manera efectiva al crimen y la ilegalidad, y que hagan del proceso de descentralización un camino que acerque el Estado a la sociedad pero sin generar problemas fiscales o de gobernabilidad, y que abran espacios a la participación de la sociedad civil77. Durante el gobierno del presidente Pastrana se intentó llevar adelante un proceso de reforma electoral, para combatir la fragmentación, pero ellas no lograron ser aprobadas. Con todo, es llamativo cómo en Colombia, pese a esos problemas, ellos no desencadenan problemas serios de gobernabilidad, pese a los enormes desafíos que enfrenta el sistema, al menos hasta el Sobre la crisis de los partidos en Colombia ver Archer, 1995; Archer y Shugart, 1997; Bejarano y Pizarro, 2001a; Betancourt, 1999; Botero, 1998; Boudon, 2000 y 1995; Dávila, 1999a; Dávila y Botero, 2001; Dugas, 2001 y 2001a; Gaitán, 1996; Gamboa, 2000; Gilhodes, 1995; González y Cárdenas, 1998; Gutiérrez, 2001b, 2000, 1998, 1998a, y 1996; Gutiérrez y Dávila, 2000; Hoskin, 1998; Leal y Dávila, 1990; Mockus, 1999; Murillo, 1999; Pizarro, 1999, 1996, y 1996b; Roland y Zapata, 2000; Sánchez, Ricardo, 2000 y 1996; Serpa, 2000; Shugart et.al., 2001; Tirado, 1995; Ungar y Ruiz, 1998 y 1995; Villarraga, 1996. 77 Sobre propuestas de reforma institucioal ver Alesina, 2000; Alesina et.al., 2000; Bejarano, 2001 y 1998; Bejarano y Pizarro, 2001; Dugas, 1993 y 1993a; García y Hurtado, 2000; Gómez, 2000 y 1998; Gutiérrez, 1998; Kalmanoviz, 2000; Kugler y Rosental, 2000; Moncayo, 1995; Morelli, 2001; Sánchez y Orjuela, 1997; Ungar, 1993. Sobre la participación y la presencia de movimientos ciudadanos ver Archilla, 1995; Bejarano, Jesús, 1999; Daviaud, 2000; Masías y Ceballos, 2001; Murillo, 2000; Romero, 2000; Urrego, 2001. 76

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momento. Si se analiza la conducta de los congresistas a partir de la decisión en torno a temas críticos, lo que se encuentra es que la identidad partidaria funciona y permite tomar decisiones, aunque sean difíciles e impopulares. La fragmentación aparece como la expresión de un cambio ocurrido en el carácter de los partidos, que dejan de ser organizaciones jerárquicas y articuladas en torno a grandes “barones”, para ser expresión de poderes locales descentralizados, que sin embargo, mantienen una difusa, pero no por eso menos efectiva, identidad partidaria. A la base de estos cambios habría que ubicar los efectos de la extensión de la economía del narcotráfico y el proceso de descentralización78.

Perú Mientras que en Colombia la clave analítica está marcada por la estabilidad de los perversos equilibrios resultantes de la interacción de los principales actores en cada una de sus diferenciadas arenas de interacción, en Perú y Venezuela, desde hace algunos años, esas interacciones están signadas por la transitoriedad. No se llega a un equilibrio, y se están pagando en ambos casos las consecuencias del quiebre institucional y del sistema de partidos. Veíamos que, pese al desgaste del fujimorismo desde 1996, explicado por la crisis económica y las maniobras autoritarias encaminadas a luchar por la reelección, la oposición no logró sacar provecho de ello. Así, tuvimos a lo largo de 1999 una sorprendente recuperación del fujimorismo. Ella se explica a mi juicio, fundamentalmente, por los límites de la oposición, por la debilidad extrema de los nuevos movimientos que emergieron como alternativas al fujimorismo. Además, la oposición se concentró en temas institucionales y legales, sin articular una alternativa política y económica alternativa al fujimorismo; de allí que éste fuera más fuerte entre los sectores populares (beneficiados con los programas sociales), y la oposición entre sectores medios y altos. En el cuadro vemos que en el periodo electoral, entre enero 1999 y abril del 2000, el porcentaje de aprobación en el sector “D” estuvo siete puntos por encima del promedio general, y 16 puntos por encima del porcentaje que se dio en el sector “B”, expresivo de las clases medias.

[ Cuadro: Porcentaje de aprobación a la gestión presidencial por sectores sociales (datos de APOYO para Lima Metropolitana) ] Periodos 1) Jul. – Dic. 90 2) Ene. 91 - Set.91 3) Oct. 91 – Oct. 96

Promedio 54.3 38 65.84

A 44.83 35.66 67.81

B 47.33 36.22 62.14

C 55.66 38.66 62.09

D 61 38.44 62.67

Estas ideas son trabajadas por Fracisco Gutiérrez en una investigación todavía en curso. 78

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4) Nov. 96 – Dic. 98 5) Ene. 99 – Abr. 00

39.53 47.81

38.77 40.68

33.61 38.25

38.03 45.69

42.92 54.31

La precariedad de la oposición permitió que el fujimorismo se recuperara a lo largo de 1999, al punto de que, apenas semanas antes de las elecciones de 2000, muchos analistas especulaban con la posibilidad de un triunfo de Fujimori en primera vuelta, con más del 50% de los votos. No era una idea descabellada, de hecho Fujimori quedó a céntimas de eso. Ciertamente se trató de un proceso electoral desigual, en el que el gobierno empleó electoralmente los recursos del Estado, manipuló la televisión y otros medios por maniobras ilegales (todo ello hizo que todos los observadores internacionales condenaran la elección). Pero esas maniobras prosperaron por la debilidad de la oposición, incapaz de dar forma política a la insatisfacción existente frente al fujimorismo. Como dice Przeworski (1988),

“Lo que importa para la estabilidad de cualquier régimen no es la legitimidad de ese particular sistema de dominación, sino la presencia o ausencia de opciones preferibles (...) imagínese que el régimen autoritario sufre una perdida de legitimidad, pero no existe ningún otro régimen alternativo, vale decir, ninguna opción coherente organizada políticamente. ¿Qué ocurriría entonces? (...) Mi conjetura es ésta: no ocurriría mucho (...). Un régimen autoritario no se derrumba a menos que (y hasta que) se organice alguna alternativa de modo tal que se presente como una opción real para los individuos aislados (...). En caso de que se desmorone la creencia en la legitimidad del régimen pero no exista una alternativa organizada, los individuos no tienen opción alguna” (p. 86-88).

Así, la situación del final del fujimorismo está marcada por su sorprendente recuperación, pero que generó una gran polarización, y un avance de un sentimiento opositor que no logró ser expresado por los candidatos de la oposición. Sin embargo, apenas semanas antes de la elección, emergió el “fenómeno Toledo”. Un Toledo percibido como un candidato pequeño, sin mayor opción, con un discurso moderado, que hablaba de “corregir lo malo y continuar lo bueno de Fujimori”, y de poner énfasis en la creación de empleos, empezó a crecer en las encuestas de intención de voto, al punto que llegó a concentrar los votos opositores. Así, Toledo llegó a acercarse mucho a Fujimori en la primera vuelta electoral, llegando a un 40% de los votos. Cuadro: Intención de voto presidencial, datos nacionales79 79 Los datos son tomados de las encuestas de intención de voto nacionales de la empresa APOYO; los datos del 9 de abril son los resultados oficiales; todas las cifras

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Fujimori Andrade Castañeda Toledo

Oct. 1999 36 19 19 6

Ene. 2000 41 16 14 7

Feb. 2000 39 14 12 10

Mar. 2000 9 de abril 38 46 8 2.8 5 1.7 27 37

Pese a que Toledo obtuvo esa cifra y Fujimori quedó apenas a dos décimas de ganar por mayoría absoluta, al final de la primera vuelta Fujimori había tenido una derrota y Toledo un enorme triunfo. Ello por un hecho totalmente fortuito. Los exit polls dieron como ganador a Toledo, y los resultados de las actas ganador a Fujimori. Las irregularidades de la campaña, la oscuridad del proceso de cómputo de votos, generaron la percepción de que un fraude grosero le estaba arrebatando el triunfo a Toledo, y ello generó espontáneas y masivas manifestaciones de protesta80. Toledo osciló entre la primera y la segunda vuelta entre un discurso de centro y un discurso radical, imponiéndose el primero. Eso hizo que Fujimori pudiera recuperar gran parte del terreno perdido, y días antes de la segunda vuelta, las encuestas daban a Fujimori 10 puntos más que a Toledo. En ese contexto, la OEA pidió la postergación de la elección por una semana, para poder verificar el software. Sin embargo, la incertidumbre inevitable de la elección, confirmada por la imprecisión de las encuestas frente a la primera vuelta, hicieron que el gobierno siguiera con la fecha original, dándole a Toledo la oportunidad de retirarse de la contienda. Entre la segunda vuelta del 28 de mayo y el 28 de julio (fecha del inicio del tercer mandato de Fujimori), se abrieron tres frentes de batalla: el internacional, el del Congreso, y el de la movilización en las calles. La oposición jugó en los tres escenarios a cuestionar las elecciones y descalificar el triunfo de Fujimori. En los tres, el fujimorismo logró capear el temporal. En el plano internacional, logró el reconocimiento de su nuevo gobierno, a cambio del establecimiento de una misión permanente de la OEA en el país, que buscara la “democratización”. En el congreso, el fujimorismo rápidamente logró construir mayoría; los resultados le dieron a la alianza fujimorista, Perú 2000, 52 escaños de 120, sin embargo antes de la instalación del nuevo Congreso, el fujimorismo ya había logrado elevar el número de sus congresistas de 52 a 64; más todavía, el 27 de julio, en la están calculadas sobre el total de votos emitidos, que incluyen los votos en blanco y viciados. 80 ¿Por qué fallaron los exit polls? Además del hecho de que no son un instrumento infalible, se produjo un fenómeno de “voto oculto” o “vergonzante”, ciertamente inesperado. Ya mencionamos que el voto fujimorista era más fuerte entre los más pobres y menos educados, por lo que el voto fujimorista aparecía como un voto menos razonado, y por ello socialmente indefendible. Como sea, esta explicación me parece más convincente que la que señala que el exit poll es el resultado “real” mientras que el resultado de actas es el “fraudulento”.

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elección de la nueva mesa directiva, la lista del oficialismo consiguió 70 votos, y la de la oposición apenas 4681. Finalmente, algunos creyeron que con la movilización ciudadana en las calles, el régimen podría tambalear; creo que como resultado de una combinación de ingenuidad, y una suerte de nostalgia movimientista; ya he hablado de cómo la dinámica movimientista llegó a su fin en el Perú entre 1988 y 1991. Es decir, ya no puede decirse que se construya poder real sobre la base de la movilización de sectores estratégicos como en los ochenta. Las movilizaciones que se dieron en protesta contra el tercer periodo de Fujimori eran muy espontáneas, sin organización, sin capacidad de afectar la producción o la provisión de servicios esenciales. Así, su capacidad de presión resultaba sólo simbólica82. En suma, creo que el gobierno había logrado en lo básico superar todos los obstáculos que enfrentó inmediatamente después de las elecciones, iniciando un tercer periodo de gobierno, aunque ciertamente acosado por una grave crisis de legitimidad y con una agenda democratizadora por delante. Fujimori seguía siendo el Jefe de Estado, aunque su liderazgo estuviera en cuestión, tanto en el frente interno como en el internacional. Muchos sectores se mostraron dispuestos a trocar el otorgamiento de legitimidad a un gobierno resultado de elecciones amañadas, a cambio de una promesa de democratización en un tiempo “razonable”. En el informe de opinión de Apoyo de agosto de 2000 tenemos datos a mi juicio muy reveladores, que sustentan esta interpretación. Preguntados los encuestados sobre las últimas elecciones, la mayoría opta por algún tipo de solución de compromiso. Respecto a las últimas elecciones, usted opina: Tenemos un gobierno dictatorial. Hubo fraude. Se requiere nuevas elecciones: 35% Tenemos un gobierno legalmente elegido, pero se requieren grandes cambios para lograr una auténtica democracia: 32% Tenemos un gobierno democrático. La mala imagen internacional es por culpa de la oposición: 17% No me interesa la política. Me da lo mismo: 12% No precisa: 4%

La caída del fujimorismo tiene que ver con contradicciones internas, en un contexto de pérdida de legitimidad, no con las protestas sociales o la acción de la oposición. La ruptura parece haberse precipitado después de una conferencia de prensa realizada el 21 de agosto. En ella, Fujimori y Montesinos anunciaron el desbaratamiento de una red de venta de armas a las FARC en Colombia, por un grupo de traficantes. En días posteriores, se fue conociendo que altos mandos del ejército peruano, y el propio Hoy sabemos que muchos de los congresistas que apoyaron al gobierno fueron comprados. 82 Basta comparar las movilizaciones que se produjeron en el Perú con las registradas en Ecuador o Bolivia en los últimos años para entender lo frágiles que fueron en nuestro caso. 81

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Montesinos, estarían directamente implicados en esa operación. Esto por supuesto ponía al régimen en contradicción abierta con los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región. Este escándalo marcó un cambio de facto en la política exterior del régimen, que lo ponía en curso de colisión con los Estados Unidos. Estas y otras acciones del asesor presidencial habrían hecho que Fujimori tomara la decisión de alejarlo del círculo de poder. Sin embargo, Fujimori descubrió que Montesinos contaba con un sólido respaldo de la cúpula de la FF.AA., que incluso podría haber dado un golpe en contra suyo. Así, una vez producido el divorcio entre Fujimori y Montesinos, se fracturó el núcleo mismo de los intereses en el poder, la entraña de un régimen altamente personalizado, por lo que no pudo sobrevivir. Fujimori convocó sorpresivamente a elecciones actuando de manera preventiva, redefiniendo el escenario político, evitando un golpe de Estado en contra suyo, y pretendiendo encabezar el proceso de transición. Sin embargo, el conflicto con Montesinos hizo que Fujimori perdiera el control del proceso político, lo que se expresó en la censura, por parte de la oposición, de la mesa directiva del congreso el 13 de noviembre (hubo un intento fallido semanas antes, cuando el fujimorismo no tenía las fisuras que mostraba en ese momento). El 16 de noviembre Valentín Paniagua fue electo nuevo Presidente del Congreso; esto abrió la posibilidad efectiva de declarar la vacancia de la presidencia o iniciar investigaciones en contra de Fujimori. El 20, Alberto Fujimori renunció a la presidencia desde el Japón y se quedó en el oriente, para evadir sus responsabilidades. El 22 de noviembre, Paniagua juramentó como Presidente de la República, después de aceptadas las renuncias de los dos vicepresidentes. Lo que quiero enfatizar con este recuento es la idea de que el fujimorismo se derrumbó por contradicciones internas, no por el vigor de la oposición social o política, cuando ya había más o menos superar los cuestionamientos que enfrentaba. Y por lo tanto, quienes encabezan la actual transición son débiles, sin proyecto, programa o cohesión. Creo que las elites políticas ahora en el poder en el Perú han pasado por un proceso de aprendizaje incompleto83. Precisamente cuando el desembozado autoritarismo del fujimorismo los llevaba a valorar la importancia de la democracia como régimen, cuando empezaban a valorar la importancia de la búsqueda de consensos para enfrentar los problemas, cuando se aprendía la necesidad de mirar más allá del corto plazo, de construir una alternativa clara al fujimorismo, con énfasis en lo social, como resultado de una convergencia programática, el fujimorismo se desplomó estrepitosamente. Creo que esto los ha llevado a desarrollar narrativas en las que sobreestimar sus capacidades y su protagonismo en la debacle del régimen anterior, lo que los lleva a subestimar la naturaleza de los desafíos hacia delante. Desaparecida la fuerza frente a la cual la oposición se empezaba a articular, pueden primar tendencias a la dispersión y al enfrentamiento.

83

Ver McCoy, 1999.

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Mucho de esto se pudo ver en las elecciones del 2001. Es sorprendente notar que en las elecciones del 2000 participaron 9 movimientos políticos con candidato presidencial; apenas un año después, en las elecciones de 2001, participaron 8 movimientos, pero apenas dos estuvieron presentes en ambas (Perú Posible y el APRA). Es claro que los partidos (con la excepción del APRA pero no de Perú Posible), son poco más que invenciones electorales sin mayor consistencia. En la campaña de 2001, se registraron duros enfrentamientos en incluso una “guerra sucia”entre Perú Posible y Unidad Nacional, cuyos líderes habían sido poco tiempo antes protagonistas de las luchas en contra del fujimorismo. Esos enfrentamientos permitieron el sorprendente retorno de Alan García al protagonismo político nacional como candidato del APRA, asumiendo posturas conciliadoras y pretendiendo mostrar un perfil de estadista capaz de aprender de sus errores pasados. Alejandro Toledo, quien encabezó (circunstancialmente) las luchas en contra del fujimorismo, llegó finalmente al poder y asumió el mando el 28 de julio de 200184. Se abren muchas interrogantes sobre las posibilidades de Toledo de acometer con éxito las muchas tareas que tiene por delante: a su inexperiencia se suma el hecho de que encabeza una coalición improvisada y muy heterogénea; además, no cuenta con mayoría en el congreso, lo que complica potencialmente las cosas85. En los últimos tiempos, los escándalos asociados a la reed de corrupción que montaron Fujimori y Montesinos ha llevado a muchos autores a caracterizar al gobierno del primero como una “mafia”. Creo que es un error grueso reducir un complejo fenómeno político y social a su dimensión delincuencial, pasando por alto que durante los noventa se llevaron a cabo cambios estructurales profundos, y que Fujimori gozó de un amplio respaldo, en sectores altos, medios y bajos. Desmontar la red de relaciones que articuló en el poder ciertamente no es una tarea fácil para el actual gobierno. Frente a aquellos que caracterizan al fujimorismo como “régimen mafioso” yo diría que concuerdo siempre y cuando se lo entienda como señala el mexicano Fernando Escalante: “Que la mafia no es, como suelen pensarlo algunas jueces y periodistas, una asociación para delinquir, sino un modo de vida fincado en el aprecio de la amistad y la familia. Cualquier capo sabe, y debería saberlo cualquier político, que mafioso es quien ayuda a sus amigos, protege a su familia, hace honor a su palabra, cumple con sus compromisos, ampara los negocios de provecho, y procura el orden y la tranquilidad de sus allegados y clientes” (Escalante, 1995, p. 19). En la primera vuelta electoral, Toledo obtuvo el 36.61% de los votos; Gracía, el 25.85%; y Lourdes Flores, 24.2. En la segunda vuelta, Toledo ganó con un 53.08%, frente al 46.92% de los votos válidos. 85 En el congreso de 120 miembros, Perú Posible tiene 45 escaños; el APRA 28, Unidad Nacional 17, y el FIM (Frente Independiente Moralizador) 11. Cabe resaltar que Perú 2000 y Solución Popular, dos movimientos identificados con el fujimorismo obtuvieron apenas 3 y 1 representantes, respectivamente. Se confirma la extrema personalización del fujimorismo, sin el líder no existe el movimiento. 84

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También hay tendencias que permiten albergar cierto optimismo, especialmente si vemos el panorama actual a la luz de la experiencia histórica peruana de las últimas décadas; sobre todo, llama la atención positivamente la importante convergencia programática entre los principales actores políticos. Si uno mira las últimas décadas en el país, llama la atención la extrema precariedad, debilidad, fragilidad, no durabilidad, volatilidad de los actores políticos y los juegos que establecen entre ellos, y esto tuvo que ver con la gran divergencia en cuanto a los proyectos políticos enarbolados por cada uno de ellos, la polarización de las interacciones, las grandes diferencias ideológicas en cuanto al camino a seguir. De allí que se hayan seguido políticas pendulares, de esfuerzos interrumpidos e inconexos, que nunca consolidaron propiamente un orden, cualquier que éste sea. Ni el gobierno militar, ni la democracia de los ochenta, ni el fujimorismo lograron construir órdenes estables. La terrible experiencia del fujimorismo, con todo, nos abre posibilidades hacia el futuro. Si vemos las últimas décadas, encontraremos que nunca como ahora hay tanto consenso en torno a la importancia de la promoción y defensa de los valores democráticos; de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Nunca antes hubo tanto grado de convergencia programática en torno al centro político en las propuestas de los principales actores; en torno al reconocimiento de los límites tanto del viejo modelo populista como del modelo neoliberal y la necesidad de reconstruir las capacidades de intervención del Estado, para hacer más competitiva la economía de mercado y reducir sus costos sociales. La situación es ciertamente complicada, pero también hay posibilidades abiertas. Como antes, también ahora todo depende de las decisiones de los actores principales. Venezuela86 En Venezuela se pueden hacer paralelos interesantes con el Perú, en la medida en que comparten una matriz fundamental: un orden que se derrumbó, la emergencia de un líder antipolítico improvisado, autoritario, que llegó al poder y gobierna amparado en el respaldo militar, con un carisma construido sobre la negación del orden tradicional, con apelaciones populistas, con una hegemonía relativa que le permite reconstruir las instituciones, minando los equilibrios y controles, lo que establece dinámicas autoritarias, pese a tener orígenes electorales legítimos y estar en lo formal Para visiones generales de los procesos políticos del país en los últimos años, y el cambio del orden “puntofijista” al “chavista” pueden verse, entre otros: Barrios, 1999; Caballero, 2000; Castellano, 2001; Coppedge, 2001 y 1994a; Corrales, 2001; Crisp, Levine y Rey, 1997; Hellinger, 2001; Jácome, 1997 y 1999b; Kornblith, 1998 y 1993; Levine y Crisp, 1999; Maingon, 2000; McCoy, 2000; McCoy y Smith, 1995; Navarro, 1995; Palacios, 2001; Peeler, 1985; Romero, 1986 y 1995; Salamanca, 1997; Smith y McCoy, 1995; y Stambouli, 2000. 86

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dentro de un régimen democrático. Así, creo que la historia de Chávez entre 1998 y 2001 se asemeja a la de Fujimori entre 1990 y 1995. Ciertamente es un peligro extrapolar lo que se vio en el Perú y proyectarlo sobre Venezuela, porque es claro que también hay enormes diferencias87. Pero no deja de ser cierto que se comparte una estructura similar que es pertinente resaltar. En 1990, Fujimori ganó inesperadamente las elecciones, pero quedó en minoría en el Congreso. El APRA, en medio de su descrédito, siguió siendo el partido más grande. En las elecciones de 1998 en Venezuela, también puede decirse que el triunfo de Chávez fue sorpresivo. De hecho, Chávez dudó en presentarse como candidato para esas elecciones, temiendo tener un mal desempeño. Primero Claudio Fermín y luego Irene Sáez y al final Salas Rohmer podrían haber evitado el triunfo de Chávez; errores de campaña explican en gran medida el resultado final, igual que errores de Vargas Llosa y la división de la izquierda en el Perú de 1990 explican el triunfo de Fujimori. En Venezuela, la división de AD, con la candidatura de Fermín, la debilidad de Sáez, su acercamiento al COPEI, permitieron el triunfo de Chávez. Con todo, Chávez ganó pero quedó en minoría en el Congreso; la primera minoría quedó en manos de AD, “confirmando” la importancia del aparato partidario en la campaña.

Cuadro Diputados Electos a la Asamblea Nacional Por agrupación política (1993-2000) Agrupación 1993 1998 2000 Política Cargos % Cargos % Cargos % AD 71 28,1 81 31,03 33 20,0 COPEI 67 26,5 35 13,4 6 3,6 LCR 49 19,4 7 2,7 3 1,8 MAS 29 11,5 28 10,7 6 3,6 CONVERGENCIA 32 12,6 5 1,9 1 0,6 MVR 52 19,9 92 55,8 PPT 8 3,1 1 0,6 PRVZL 24 9,2 6 3,6 OTROS 5 1,9 21 8,1 9 5,5 MPJ 5 3,1 INDÍGENAS 3 1,8 TOTAL 253 261 165 Para los años 1993 y 1998 se sumaron las dos cámaras. Fuente: CSE/CNE: Dirección de Estadísticas Electorales. Tomado de Maingón, 2001a. Entre ellas sólo mencionaría dos: primero, que el fujimorismo logró una etapa de consolidación en el que llevó adelante un proceso profundo de reformas estructurales en lo económico y político, a diferencia del gobierno de Chávez, que sólo ha logrado, parcialmente, reformas en lo político. Y segundo, si bien Fujimori y Chávez manejan una retórica de reivindicación de lo popular, sólo el segundo la inscribe dentro de referentes de izquierda. 87

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Una vez en el poder, en minoría en el congreso, Fujimori y Chávez intentaron consolidar su liderazgo sobre la base de la crítica al orden tradicional, incluyendo sus actores (los partidos y organizaciones sociales bajo su influencia) y el orden institucional. Fujimori recurrió abiertamente a una interrupción institucional, expresado en el golpe de abril de 1992. Chávez recurrió a estrategias más sutiles, aunque no por ello menos reñidas con el orden constitucional. Poco después de llegar al poder, Chávez convocó a elecciones de una Asamblea Constituyente, llamada para erigir un nuevo orden institucional que superara el originado en los años cincuenta con el pacto de Punto Fijo y la Constitución vigente, de los años sesenta. En las nuevas elecciones, se establecieron cambios en el sistema electoral, que crearon una distorsión que premió a la mayoría chavista. Así, con cerca del 60% de los votos, obtuvo casi el 100% de los escaños. La cómoda mayoría en la Asamblea Constituyente permitió avances más audaces. Dado que el poder Constituyente es en teoría el poder soberano, la Constituyente, de amplia mayoría gobiernista, inició un camino de sometimiento de otros poderes, tomándose atribuciones excesivas. Ellas fueron finalmente refrendadas por un referéndum. En éste, la nueva Constitución Boliviariana fue aprobada, pero además se aprobó la destitución del congreso electo en 1998, y la intervención de otros poderes públicos e instituciones, acabándose en la práctica con la lógica de división y equilibrio de poderes. En el Perú se produjo algo similar, pero a lo largo de varios años, a partir del golpe de 1992 y a partir de la ley de reelección de 1996. Es la debilidad de la competencia y del pluralismo lo que genera dinámicas autoritarias y siembra la semilla de la corrupción. Bajo las nuevas reglas de juego y bajo la hegemonía chavista, se realizaron nuevas elecciones el año 2000, en las que el chavismo obtuvo una clara mayoría, tanto en el congreso como en las gubernaturas, erigiéndose en la fuerza hegemónica del país. Es sorprendente el desplome tanto de AD como del COPEI y la Causa Radical en el mapa político de Venezuela. El orden bipartidista vigente hasta mediados de los años noventa puede darse por cancelado. Hacia delante, ¿cuáles son las posibilidades de consolidación del gobierno de Chávez y su “revolución bolivariana”? En este momento aparecen bastante inciertas. Para empezar, el chavismo, ni en su mejor momento, tuvo bases de sostenimiento sólidas. Por ejemplo, las elecciones en las que se erigió como claro vencedor (el referéndum de 1999 y las elecciones de 2000) muestran muy elevados niveles de abstención, lo que muestra que un sector mayoritario del país no se muestra muy entusiasmado con los cambios políticos en curso. La elección presidencial de 2000 muestra una abstención más alta que en las tres anteriores.

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Abstención en Elecciones Presidenciales. Venezuela, 1988-2000 (Porcentajes)

50

44

40

36

40 30 18

20 10 0

1988

1993

1998

2000

Lo registrado en la elección presidencial se confirma en las elecciones regionales y locales que ganaron los candidatos apoyados por Chávez en el año 2000, año en el que la abstención llegó a un altísimo 78% (datos tomados de Maingón 2001a).

Abstención en Eleciones Regionales y Locales. Venezuela, 1979-2000 (Porcentajes)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78 55

51

54 46

45

44

27

1979

1984

1989

1992

1995

1998

2000

2000(a)

Pero el chavismo no logra tampoco consolidarse como un movimiento. En la elección presidencial de 2000, el principal adversario de Chávez fue el candidato Arias Cárdenas, compañero de éste en el intento de golpe de Estado de 1992, y aliado suyo hasta poco antes. Su salida se dio en medio de cuestionamientos al camino que seguía su gobierno, y muestra que la coalición que lo llevó a la presidencia en 1998 se deteriora rápidamente, y hace que Chávez se apoye crecientemente en las Fuerzas Armadas y en el control del Estado como pilares de sostenimiento, dado que no logra armar una organización política. En los últimos tiempos Chávez además marca

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distancias con el movimiento Quinta República, organización clave para su triunfo en 1998, y bisagra entre el núcleo militar del que Chávez surge con sectores civiles y políticos en general; el presidente habla ahora de fortalecer al Movimiento Boliviariano 200, lo que lleva a pensar en realidad que de lo que se trata es de usar el aparato del Estado para construir una base de apoyo mediante manejos clientelísticos. Este uso de las Fuerzas Armadas como “brazo político” de la “revolución boliviariana” genera cada vez más resistencias, y son cada vez más frecuentes las manifestaciones de descontento por ello, y los rumores de intentos de golpe militar. En el año 2000 y parte de 2001, el presidente se mostraba popular, y su retórica de cambios políticos e institucionales parecía satisfacer una población que achacaba al “viejo orden” puntofijista el origen de muchos de los males. Sin embargo, el pobre desempeño económico del país poco a poco mella la aceptación de la gestión del presidente. Pero no sólo no hay mejoras económicas, si no que progresivamente se impone la necesidad la ajustes en el gasto público y mediadas devaluatorias para evitar la pérdida de reservas y un nivel escesivo de déficit. La situación internacional y el bajo precio del barril de petróleo ciertamente no ofrecen mucho margen de maniobra. Pero lo que es peor, el gobierno muestra una particular incapacidad para desarrollar iniciativas de política pública y de administración eficiente, dada la inexperiencia del movimiento articulado alrededor del presidente. Cada vez más aumenta el descontento, y cada vez más la coalición de apoyo a Chávez aparece más endeble. La oposición, por su lado, se muestra cada vez más beligerante y decidida. Los empresarios y las clases medias se han movilizado en contra del gobierno, y han pedido la renuncia del presidente y la convocatoria a elecciones. El problema es que no aparece claramente perfilado un campo opositor capaz de ser una alternativa viable y atractiva para la ciudadanía. Del lado de los dos partidos tradicionales, el COPEI aparece muy débil; AD también, aunque tiene todavía una presencia importante en ámbitos locales (ver cuadro) y en la organización sindical tradicional, la CTV. Chávez pretendió hacer una reforma del sindicalismo y procuró un recambio en su dirigencia por medio de votación universal y secreta de los trabajadores, pero salió derrotado y, por el contrario, el sindicalismo con vínculos con actores tradicionales como AD salieron victoriosos.

cuadro Número de Diputados electos a los Consejos Legislativos Estadales por agrupación política. 2000 Agrupación política N° % AD 44 20,1 COPEI 12 5,6

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PPT 5 2,3 MVR 100 45,7 LCR 5 2,3 MAS 9 4,1 PRVZL 9 4,1 MPJ 9 4,1 OTROS 32 14,6 TOTAL 219 Fuente: CNE: Dirección de Estadísticas Electorales. Tomado de Maingón, 2001a.

Sin embargo, como decía, no aparece claramente constituida una alternativa. Y acaso es éste el principal problema en Venezuela: el viejo orden parece caído de manera definitiva, el chavismo no parece ser el que recomponga un nuevo sistema de partidos, pero todavía no emergen alternativas claras. Y un país sin alternativas es un país desesperado, que puede optar por salidas desesperadas, que no hacen si no ahondar los problemas.

Algunas conclusiones teóricas y analíticas En esta parte final quiero recapitular brevemente las principales ideas defendidas en este texto. Este documento explora los desafíos de las democracias en nuestros países. Llegamos a la conclusión de que la democracia debe ser pensada en términos políticos, manteniendo una definición “mínima” en la que mantengamos su especificidad vinculada al régimen político. Ciertamente, entender la dinámica de la democracia exige analizar las relaciones entre el régimen político y otras arenas o esferas sociales, como la economía o la interacción social; tampoco podemos obviar la intervención de actores extrasistémicos, que si bien se mueven en el terreno político, actúan desatendiendo las reglas del régimen. Es claro que la dinámica de la democracia es incomprensible sin atender otros planos: la violencia en Colombia y Perú, la crisis económica en Perú y Venezuela resultan referencias obvias e ineludibles. Sin embargo, las influencias de esos planos no son directas ni evidentes, y requieren ser analizadas y especificadas. Las crisis económicas y la violencia generan efectos diferentes en diferentes contextos políticos. En suma, es en la política misma que debemos encontrar los efectos políticos de las presiones e influencias provenientes de otras esferas. Comparando los tres países, observamos que en Perú y Venezuela las apariencias muestran que la crisis económica y social es la que termina derribando al sistema de partidos, por medio de una aguda crisis de legitimidad, que permitió la llegada al poder de líderes antisistémicos, que se

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erigieron sobre el descontento que produjo el sistema “tradicional”. Sin embargo, la relación crisis ? colapso del sistema queda cuestionada con la experiencia colombiana y de otros países, que pasaron también por crisis extremas pero cuyos sistemas de partidos evolucionaron y lograron de algún modo adaptarse a los nuevos desafíos. La crisis económica y social ciertamente impacta sobre la política, pero ésta no tiene porqué convertirse en un colapso. En el caso de Colombia, aparentemente, la crisis ha llevado a la fragmentación, atomización, a la emergencia de fuerzas nuevas, “tercerías”. Otros países, como Bolivia, Argentina, Brasil o Ecuador han pasado por crisis económicas extremas, pero sus sistemas de partidos evolucionan gradualmente, sin colapsar. De modo que hay que especificar el mecanismo que relaciona sociedad, economía y política, y sus diferentes consecuencias. El tinte estructuralista del análisis del impacto de lo social sobre lo político deja en obscuridad la conducta de los actores políticos, sus acciones y omisiones, sus cálculos, errores y otros factores. La economía afecta la política, principalmente, ampliando o reduciendo los márgenes de maniobra para desarrollar políticas de cohesión social o legitimadoras. Cuando se trata de situaciones de crisis, genera descontento y erosión de legitimidad del sistema ante la sociedad. Esto a su vez estimula conductas no cooperativas u oportunistas en los actores políticos, que tratan de desarrollar perfiles propios y de distinguirse de una conducción gubernamental impopular. Hay una suerte de problema de acción colectiva, en la que la no cooperación tiene consecuencias que ahondan los problemas de legitimidad del sistema y terminan afectan al sistema político en su conjunto y todos sus actores, abriéndose espacios para el desarrollo de liderazgos extra-sistémicos y anti-políticos. Sin embargo, los libretos no están en absoluto predeterminados: entender las diferentes maneras en que la política responde a una misma crisis requiere analizar precisamente la política misma; en particular, creo que la variable clave es la estructuración de los partidos y sistemas de partidos. Comparando los tres países, encontramos que en el Perú, los partidos son por lo general “monopólicos”, en el sentido de que giran en torno a un caudillo incuestionable; y el sistema de partidos en los ochenta estuvo marcado por una fuerte polarización ideológica. Cuando la crisis golpeó al sistema, tendió a exacerbarse la polarización existente, quedando vacío el centro político, espacio que terminó siendo ocupado accidentalmente por el outsider Fujimori. De otro lado, esa polarización minó la unidad de los partidos, cuyas contradicciones facilitarían la consolidación de Fujimori en el poder. En el caso de Venezuela, los partidos se muestran jerárquicos, pero en una suerte de estructura oligopólica: éstos se organizan en torno a un grupo reducido de líderes. El hecho de que sean varios y no uno solo generó siempre tensiones, agravadas por la crisis; el desenlace de esas tensiones fue procesos de división que desprestigiaron las opciones tradicionales, y facilitaron la llegada al poder del ousider Chávez. En Colombia, por el contrario, la flexibilidad de los partidos, su fragmentación, su funcionamiento descentralizado, los ha hecho más resistentes a la crisis de legitimidad del sistema, por lo que los

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partidos tradicionales coexisten con el avance de terceras fuerzas y de un voto “de opinión” no partidista, pero el sistema ciertamente está muy lejos del escenario peruano o venezolano. Es cierto que la crisis económica en Colombia no ha sido tan extrema, pero el problema de la violencia podría haber hecho colapsar el sistema, a mi juicio, de no haber sido por la flexibilidad de los partidos que los hace singulares en el contexto regional. Si bien las diferencias en los partidos y sistemas de partidos son claves para entender la situación de la democracia en los tres países, y cómo se procesan los desafíos presentes, ciertamente es necesario ampliar el análisis del sistema y el régimen político. La política incide sobre otras esferas por medio de las políticas públicas, por medio del Estado. Y precisamente un tema que es común a los tres países es la gran precariedad del Estado; tanto por su vulnerabilidad frente a variables exógenas, como en cuanto a su dificultad para diseñar y ejecutar políticas eficaces, que además cubran todo el territorio, y puedan así combatir la exclusión, así como actores extrasistémicos. En Colombia es elocuente la vulnerabilidad del país y su dificultad para lidiar frente a problemas cuya dinámica es transnacional, como el de la droga, cuyo origen está en la demanda y el consumo en los países desarrollados. La debilidad del Estado se hace patente en las dificultades o imposibilidad de imponer la autoridad frente a los muchos actores extrasistémicos: guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes. En Perú y Venezuela la debilidad Estatal se manifiesta en las dificultades para implementar políticas públicas eficaces en medio de la crisis económica y de los actores sociales y políticos. Las nuevas fuerzas que aparecen y asumen la conducción del Estado no poseen la fuerza o capacidad para lidiar con las demandas y expectativas de una población sin confianza en el sistema. Los tres países estudiados pasan en la actualidad por encrucijadas que definirán su destino en el mediano plazo. En el Perú, el nuevo gobierno de Alejandro Toledo podría significar el inicio de procesos democráticos estables y de largo plazo. Se desarrolla en la actualidad un proceso de concertación que reúne a las principales fuerzas políticas y sociales. Se está poniendo también en marcha un ambicioso proceso de descentralización y modernización del Estado. Sin embargo, también podría significar una frustración más, pero que erosionaría gravemente la moral pública y la convicción democrática de la población, dado que Toledo encarnó las ilusiones cívicas de una población cansada de un manejo autoritario, y escandalizada por los altísimos niveles de corrupción. En Venezuela, el presidente Chávez, pese a su retórica de reivindicación de lo popular, se aísla cada vez más en términos sociales y políticos, y descansa crecientemente en un entorno de origen militar. Cada vez más son frecuentes señales de que el proyecto revolucionario bolivariano derrapará por un camino autoritario y de manipulación y control de las instituciones, dentro de una lógica puramente de poder, que no responde a los ideales en nombre de los cuales insurgió el comandante Chávez en 1992. El problema está en que no aparecen alternativas claras que permitan ver una salida ordenada a esta situación, y que permitan a Venezuela romper la historia de frustraciones que vive con

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particular intensidad desde finales de los años ochenta. Colombia está atravesando un proceso electoral y tendrá un nuevo gobierno, en el que la sombra de la violencia se hace más ominosa que antes. Nuestros tres países, además, no están solos en su problemática y desafíos, que, con mayor o menor intensidad, están presentes en toda la región. Esto pone sobre la agenda la necesidad de enfrentar colectivamente nuestros problemas. Para esto, un primer paso es conocernos mejor, y este documento pretende ser un modesto paso en esa dirección.

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Apéndice Lista de personas entrevistadas En el marco de esta investigación se realizaron dos visitas a Colombia (Bogotá), la primera fue del domingo 18 al sábado 24 de marzo, y la segunda fue entre el domingo 19 y el sábado 25 de agosto de 2001. También dos visitas a Venezuela (Caracas), la primera se realizó entre el 17 y el 23 de junio, y la segunda entre el 21 y el 27 de octubre de 2001. En las visitas se entrevistó a las siguientes personas, a las que quiero agradecer especialmente. ?? Personas entrevistadas en Bogotá: Manuel Fernando Castro – Coordinador del Grupo de Desarrollo y Paz de la Unidad de Planeación Regional y Urbana, Departamento Nacional de Planeación. Alfonso Román Cera Polo – Historiador. Alvaro Camacho – Sociólogo. Universidad de Los Andes. Jorge Cubides - Asesor del Gobernador del Cauca, Floro Tunupala (Gobernador indígena independiente). Andrés Dávila – Politólogo. Universidad de Los Andes. División de Seguridad y Justicia; Departamento Nacional de Planeación. Miguel García – Politólogo. Universidad Nacional Yaneth Giha – Economista. Analista de la División de Fuerzas Militares y Policía. Departamento Nacional de Planeación. Camilo González – Coordinador del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. INDEPAZ. Francisco Gutiérrez – Politólogo. Universidad Nacional. Eric Lair – Sociólogo. Universidad de Los Andes. Francisco Leal – Politólogo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito. Camilo Leguízamo – Departamento Nacional de Planeación. Asesor del Director.

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Philip Mauceri – Politólogo. Profesor de la Maestría de Ciencia Política, Universidad Javeriana Sandra Morelli – Abogada. Federación Nacional de Cafeteros. Miembro de la Comisión Andina de Juristas. Gabriel Murillo – Politólogo. Universidad de Los Andes Javier Orjuela - Politólogo. Universidad de Los Andes Eduardo Pizarro – Politólogo. Princeton University. Mauricio Romero – Sociólogo. Universidad Nacional Andrés Sánchez – Abogado. Comisión Colombiana de Juristas. Gonzalo Sánchez – Historiador. Universidad Nacional Ricardo Sánchez – Abogado. Universidad Nacional Arlene Tickner – Especialista en Relaciones Internacionales, Universidad de Los Andes. Elizabeth Ungar – Politóloga. Universidad de Los Andes. Carlos Julio Vargas - Abogado. Asesor del Vice-Presidente de la República Gustavo Bell. Especialista en temas de Derechos Humanos. María Emma Wills – Socióloga. Universidad Nacional. ?? Personas entrevistadas en Caracas: Angel Alvarez - Universidad Central de Venezuela. Ramón Aveledo – Abogado. Universidad Metropolitana (ex presidente de la cámara de diputados). Gonzalo Barrios – Politólogo. Universidad Simón Bolívar. José Luis Cartaya – Politólogo Héctor Faúndez – Abogado. Universidad Central de Venezuela. Miembro de la Comisión Andina de Juristas María del Pilar García – Socióloga. Universidad Simón Bolívar. Luis Gómez – Sociólogo. CENDES.

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Francine Jákome – Politóloga. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. Janet Kelly – Politóloga. IESA. Miriam Kornblith – Politóloga. IESA. Edgardo Lander – Universidad Central de Venezuela. Daniel Levine – Politólogo. Universidad de Michigan. Margarita López Maya – Universidad Central de Venezuela Thais Maingon – Politóloga. CENDES. Miguel Manrique – Politólogo. Universidad Central de Venezuela. Dick Parker - Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos Rey – Fundación Instituto de Estudios Avanzados Aníbal Romero - Universidad Simón Bolívar. Daniel Romero – Abogado. Ex Asesor del Presidente Carlos Andrés Pérez, ex militante de Acción Democrática. Luis Salamanca - Universidad Central de Venezuela. Cecilia Sosa – Abogada. Ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Andrés Stambouli – Politólogo. Universidad Metropolitana.

Además, el día 16 de noviembre se realizó en Lima el taller de trabajo “Diagnósticos comparados de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela”. En esa reunión pude presentar las ideas iniciales de este documento. En la reunión participaron como expositores Philip Mauceri (University of Northern Iowa), Miguel García y María Emma Wills (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia), y Margarita López Maya (Universidad Central de Venezuela).