Pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Año 2 Agosto de 2006 ISSN 1794-9408

Asdi

Las condiciones de cada negociación dependerán del contexto y, en especial, de la llamada “correlación de fuerzas”.

Número 17 Editorial La sociedad civil y la seguridad humana.

Cómo nos ven El ddr, por el académico Michael Spagat. p. 12

Buenas prácticas Se creció la Casa del Niño. p. 20

© Cortesía Ana María Rodríguez

p. 19

El invitado Socorro Ramírez, profesora de la Universidad Nacional. p. 15

Cerca de siete mil estudiantes, profesores, empleados y directivos de la Universidad de Antioquia protestaron en respuesta a las amenazas de grupos armados ilegales.

La U: en defensa de la palabra Rectores y estudiantes insisten en que la universidad es un espacio para el debate y no para la confrontación violenta y, por tanto, los grupos armados no pueden convertirla en el centro de sus acciones armadas. De esta manera, rechazan las amenazas hechas a profesores y estudiantes por grupos que se califican a sí mismos como autodefensas, los intentos de la guerrilla por reclutar universitarios y la participación de estudiantes en actos violentos. Pág. 2 ¿Y al fin qué?

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Defensores: realidad que va más allá de las cifras En dos frases se resume la labor de los defensores de derechos humanos en una democracia: “No sólo es legítima, sino que ella resulta indispensable para la preservación y el desarrollo del Estado de derecho” y “Un Estado democrático solamente puede subsistir si cuenta con una sociedad civil fuerte”.

Así vamos

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Seguridad humana: un concepto integral La seguridad humana incluye la protección contra la guerra, los conflictos, las armas de destrucción en masa, la delincuencia organizada, los disturbios civiles, así como luchar contra la pobreza, las enfermedades mortales y la degradación del medio ambiente. Todas son amenazas al desarrollo humano.

El debate

La U: en defensa de la palabra Rectores y estudiantes insisten en que la universidad es un espacio para el debate y no para la confrontación violenta. Por lo tanto, los grupos armados ilegales no pueden convertirla en el centro de sus acciones armadas. De esta manera, la comunidad académica rechaza las amenazas hechas a profesores y estudiantes por parte de los grupos que se autodenominan autodefensas, los intentos de la guerrilla de reclutar a universitarios y la participación de estudiantes en actos violentos.

L

amenazas contra profesores, estudiantes, jubilados y trabajadores de centros educativos, el asesinato de un profesor antioqueño, las informaciones sobre la recurrente estrategia de las farc para reclutar y entrenar jóvenes universitarios, la captura de estudiantes por presuntos vínculos con la subversión y los grafitis y consignas de grupos guerrilleros en las paredes de muchas universidades del país. Para los rectores es importante tener en cuenta que las universidades son un espacio de socialización en donde se consolidan los valores y las identidades políticas o éstas se transforman según los conocimientos adquiridos. “Sabemos que cuando se logra llevar el conocimiento a la sociedad, éste resulta altamente político, porque no hay nada más político que el conocimiento en manos de la comunidad. Es por ello que el fin de la universidad pública es esencialmente político y no está desligado de la ética social, de la formación ciudadana y de la producción y distribución del conocimiento”. Así lo dijo el claustro de profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en una declaración emitida el 5 de junio. Para el profesor de la Universidad Distrital, Ricardo García Duarte, “históricamente las universidades han sido caldo de cultivo para que intervengan desde afuera o tengan presencia dentro de ellas actores ilegales de carácter militar, sin que ellos tengan realmente una articulación con un movimiento social de masas. Sus prácticas se reducen a una actitud de reclutamiento, en el caso de los grupos de izquierda, y de amedrantamiento, en el caso de paramilitares”. No podemos olvidar —por el contrario, hay que destacar—, advierte el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, que “la misión más estratégica de las universidades es la deliberación y, por definición, una deliberación no violenta”. “Preocupa”, afirma el director de la Asociación Colombiana de Universidades (ascun), Galo Burbano López, “que los actores armados pretendan convertir a las universidades en los escenarios de sus confrontaciones y donde desarrollan sus iniciativas, cuando la violencia no puede ser usada en los centros educativos y tampoco para dirimir las diferencias”. La comunidad universitaria, advierte Bernardo Rivera, rector de la Universidad de Caldas, debe hacerle sentir “a © Cortesía El Tiempo

a universidad es un espacio para el debate y no para la confrontación; para la deliberación, pero no violenta y para “la vida, la libertad y el conocimiento”, no para el conflicto armado. Ese ha sido el mensaje que los rectores y estudiantes de las universidades de Antioquia, la Nacional, la de Caldas y la Distrital, entre otras, han expresado en las últimas semanas ante las

Para rectores y estudiantes, la universidad es un espacio para el saber y no para la confrontación armada.

2 • hechos del callejón

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los violentos y a quienes quisieran utilizar mal los escenarios universitarios que hay un rechazo mayoritario a este tipo de expresiones que vulneran la vocación universal, académica y de respeto del claustro por las ideas del otro”. Precisamente “para demostrarles a los grupos armados que la universidad está por encima de la violencia”, como lo dijo el rector Alberto Uribe Correa, el viernes 16 de junio a las 3:30 p.m. se reunieron en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia unos siete mil estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, directivos y autoridades locales y departamentales. Bajo la consigna “Abracemos a la Universidad”, la marcha pacífica fue la respuesta a las amenazas hechas en mayo contra 27 profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Antioquia, bajo la sindicación de tener relaciones con grupos guerrilleros. La primera amenaza, que incluía una lista de 15 personas declaradas “objetivo militar” por las Autodefensas de la Universidad de Antioquia (Audea), se conoció el 9 de mayo a través de un panfleto que circuló en el centro educativo. Dos semanas después circuló un correo electrónico y otro mensaje intimidatorio con nuevas amenazas proferidas por el llamado Ex auc-Colombia Libre o Bloque Carlos Castaño. “Estamos en un momento en que la universidad está en un serio peligro, pues su función básica —hacer común el conocimiento a la sociedad— ha sido amenazada”, dijo en su declaración el claustro de profesores de la Facultad de Educación. De la misma forma se expresó el profesor Víctor Villa, presidente encargado de la Asociación de Profesores de la universidad antioqueña, para quien es normal que en las universidades, como sociedades plurales, haya voceros de todo tipo de ideologías. “Hay facultades en donde ha habido enfrentamientos de eso que se llama extrema izquierda y derecha. Hay voceros de carne y hueso. Pero lo que exigimos es que la universidad no sea un escenario para la confrontación, porque somos una comunidad indefensa cuyo objetivo es el saber, el conocimiento”. “Lo que estamos poniendo por encima de cualquier consideración o interés particular —afirmó el gobernador encargado de Antioquia, Eugenio Prieto Soto— es la defensa de la vida, la defensa de la palabra, la defensa del conocimiento”. Esa misma defensa se exigió, el 23 de junio, una semana después de la marcha, cuando fue asesinado el profesor de esa universidad, Gustavo Loaiza. Las investigaciones, sin embargo, no han podido determinar si su muerte tiene alguna relación con las amenazas. En el mismo sentido se pronunciaron universidades de la Costa Atlántica el año pasado, cuando también fueron víctimas de amenazas e intimidaciones.

Los habitantes de Rivera, Huila, acompañaron las honras fúnebres de los 10 concejales asesinados por las farc.

habían recibido amenazas de muerte desde abril vía correo electrónico y de forma personal, “conminando al docente y a su familia a abandonar el país, y a los estudiantes a cambiar de director de tesis, so pena de ser asesinados”. “Estas amenazas son relativamente nuevas. Preocupa la aparición de la extrema derecha que se define como autodefensas y que supuestamente se califica como defensora de quienes no han pedido ser defendidos. Es desconcertante lo ocurrido”, afirma Wasserman; y más teniendo en cuenta el perfil de este grupo de investigación, el cual acaba de destacarse por identificar, tras 10 años de trabajo, el gen del síndrome de Roberts, una de las patologías más raras del mundo. La hipótesis de la inteligencia militar es que las amenazas van dirigidas a quienes han participado e intervendrán en exhumaciones de

“

Sabemos que cuando se logra llevar el conocimiento a la sociedad, éste resulta altamente político, porque no hay nada más político que el conocimiento en manos de la comunidad”.

La U por fuera del conflicto El rector de la Universidad Nacional también exigió “la defensa de la palabra”. “Hemos hecho las denuncias a todos los organismos nacionales e internacionales y un llamado a las diferentes instancias a dejar a la universidad por fuera de ese conflicto porque, sin ser indiferentes, el conflicto y la confrontación son ajenos a un centro educativo”, sostuvo a raíz de los hechos ocurridos en esa universidad. Estos hechos se conocieron el 7 de junio, cuando la universidad informó que un docente y siete estudiantes del Instituto de Genética

cadáveres de los desaparecidos por las autodefensas. En ese grupo, sin embargo, no está el profesor de genética. “Hay organizaciones que se benefician de la desinstitucionalización y que creen que pueden lograr ventajas en la sociedad y en la propia universidad”, sostiene el rector de la Universidad Nacional. El fin de estas amenazas, agrega el rector de la Universidad Distrital, “es desarticular procesos de participación a través del miedo. Desarticular para atomizar a la gente y para acabar, precisamente, con una organización democrática”. Ante estos hechos, con el apoyo de autoridades locales y del Gobierno Nacional, las universidades han tomado medidas para proteger a los amenazados sacándolos del país, cambiando su lugar de residencia y de trabajo, y acompañándolos con una rutina de seguridad.

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El debate

Los universitarios se manifestaron para rechazar las amenazas y la violencia.

El peligro de la estigmatización Hace un mes y medio, los organismos de seguridad descubrieron en la Universidad de Caldas un casillero con 90 papas bomba. La situación generó preocupación no por la alta peligrosidad del material, sino por su cantidad. Así lo reveló el rector del centro educativo, Bernardo Rivera. “Se autorizó la valoración de todos los lockers y no se encontró nada más”, afirma. Además, en el edificio central de esta universidad aparecieron el 11 de mayo, 11 grafitis pintados de verde, firmados por supuestos miembros de los frentes urbanos de las farc, donde se invitaba a los estudiantes a unirse a la lucha armada. Estos grafitis son parecidos a los que se ven en las paredes de la Universidad Nacional, donde se promociona el movimiento revolucionario de las farc y la guerrilla aparece firmando temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio y las elecciones.

“

caracteriza a una sociedad, incluida la estudiantil. “La universidad siempre ha sido un escenario propicio para promover temas que a cualquier joven le llaman la atención. Como rectores no tratamos de restringir expresiones de tipo ideológico. Siempre han existido este tipo de expresiones en las paredes y creo que, con las circunstancias políticas nacionales, habría podido esperarse una reacción mucho mayor de los muchachos”, sostiene el rector de la Universidad de Caldas. Hay que tener en cuenta, afirma el directivo de la Distrital, que las universidades públicas han resultado ser, muy a menudo, “los lugares para la aparición de movimientos contestatarios, de grupos libertarios o, en todo caso, de grupos que buscan ser alternativos frente al statu quo. Eso no tiene por qué escandalizar”. El problema, advierte, aparece cuando la expresión de esas opiniones diferentes utiliza caminos violentos. Efectivamente hay grupos con intereses de generar conflicto y con intenciones de reclutamiento, reconoce el rector de la Nacional, “pero no creo que ésa haya sido una tendencia en aumento en la universidad o que haya indicios de una verdadera infiltración masiva. Hoy hay una gran mayoría de estudiantes y profesores que escogen las vías racionales para expresar sus opiniones”. Para los rectores y los estudiantes eso es precisamente lo que debe importar... así como evitar la estigmatización de los estudiantes. “Ahora resulta que todos los universitarios somos guerrilleros por los hechos que han ocurrido y por pensar diferente”, afirma Juan Sebastián, de 21 años, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia. “Lo que han hecho los medios y la institucionalidad es satanizar al estudiante. Aquí hay expresiones de todo tipo. Puede ser que seamos mamertos, como nos amenazan los paras en los grafitis de los baños, pero ni somos guerrilleros ni somos terroristas”, comenta Carlos de 20 años, estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Lo que existe, sostiene el rector de la Universidad Distrital, “es una radicalización aislada de pequeños grupos, una mayor pasividad del movimiento estudiantil y la ausencia de un movimiento articulado que sirva para adecuar la socialización política pero también para asumir una mayor responsabilidad”. Por eso, para el rector de la Universidad de Caldas hay que “enseñarles a los muchachos a ser más creativos en la expresión del malestar con el statu quo (con la corrupción, la politiquería, la pobreza, la desigualdad), a tener una visión más científica, que argumente más y exprese la protesta de formas más eficientes”. “La universidad saca a la luz todas las capacidades, incluida la incapacidad”, dijo en alguna ocasión el escritor Antón Chéjov. Pero esa es su función. Precisamente por ello, en la marcha de los estudiantes de Antioquia las pancartas decían “libertad”, “respeto”, “solidaridad” y, especialmente, en una muy grande se leía: “Ellos nos encierran en nombre de la ley... Nosotros los acusamos en nombre de la libertad”. ◗

La misión más estratégica de las universidades es la deliberación y, por definición, una deliberación no violenta”. A esta situación se han sumado hechos preocupantes como ataques a la infraestructura de Transmilenio en los que han participado universitarios, o la explosión en un edificio del centro de Bogotá —el pasado 16 de abril—, donde murieron seis personas y, según información oficial, la tragedia habría sido provocada por universitarios que manipulaban explosivos en compañía de dos milicianos de las farc. Adicionalmente, alarmó la captura —el 9 de junio— de un presunto jefe del eln cuando se disponía a presentar un examen en la Universidad Distrital. Según la Policía de Bogotá, su estrategia era estudiar en las universidades Nacional y Distrital, para hacer proselitismo político. Cinco días después fue encontrado sin vida en su celda de la Sijín de Bogotá, donde estaba recluido. Al parecer se suicidó. En Bogotá y otras regiones del país los rectores se han reunido con las autoridades locales para estudiar estas situaciones e implementar medidas que tengan en cuenta, además, los informes que hablan de una nueva campaña de la guerrilla para reclutar jóvenes en varias universidades. Según rectores y estudiantes hay que diferenciar entre los grafitis y las expresiones violentas. Los rectores de las universidades de Caldas, Nacional y Distrital coinciden en que, especialmente en las universidades públicas, los grafitis son una expresión del pluralismo que

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¿Y al fin qué?

Defensores: realidad que va más allá de las cifras © Cortesía Simone Bruno

La labor de los defensores de derechos humanos en una democracia podría resumirse en dos frases: “No sólo es legítima, sino que ella resulta indispensable para la preservación y el desarrollo del Estado de derecho”; y “un Estado democrático solamente puede subsistir si cuenta con una sociedad civil fuerte”.

Los familiares siguen exigiendo saber de sus parientes desaparecidos.

A

cceder a la última tecnología no necesariamente se ha traducido en beneficios para los defensores de derechos humanos. Por el contrario, la era del correo electrónico les ha traído una avalancha de mensajes con amenazas directas contra sus militantes y sus organizaciones. Esta situación, por un lado, ha permitido que las intimidaciones lleguen fácilmente a su destino. Por otro, ha generado el mismo efecto perturbador que toda amenaza se propone.

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Este año, por ejemplo, ésa ha sido la modalidad más usada. Desconocidos y personas que se califican a sí mismos como autodefensas han enviado mensajes a direcciones electrónicas de reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos, en los que son declarados objetivo militar. Los correos alcanzan a plantear una “guerra abierta, total y de frente” y, entre los términos más suaves, dicen que trabajan en “campañas de falsa cobertura social”. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (cidh/oea) llamaron la atención sobre esta situación. “La Oficina (la onu) pone de presente que las amenazas contra los defensores de derechos humanos, sea cual sea la identidad y el móvil de sus autores, constituye un criminal intento de atemorizar y desalentar a personas empeñadas en una labor lícita e irreprochable”, dice un comunicado del 8 de junio. “La Comisión (la cidh) solicitó al Estado la adopción de medidas especiales de protección a favor de organizaciones e individuos que representan a víctimas de violaciones a los derechos humanos y, en particular, de medidas destinadas a erradicar los factores de riesgo”, expresa una comunicación del 16 de junio. Ambas instancias, una de carácter mundial y la otra regional, han recalcado que la labor de los defensores “no sólo es legítima, sino que ella resulta indispensable para la preservación y el desarrollo del Estado de derecho”. ¿Por qué? La representante especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos del Secretario General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, lo resumió así en una visita que hizo a Colombia en octubre de 2001: “Un Estado democrático solamente puede subsistir si cuenta con una sociedad civil fuerte”. En su informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas (marzo de 2006), la cidh destaca que esta labor ha sido esencial para la defensa de los derechos bajo dictaduras, gobiernos autoritarios y durante conflictos armados internos y hoy en día, en un contexto marcado por gobiernos democráticos, “continúa siendo esencial para el proceso de fortalecimiento de las democracias”. De acuerdo con la información de casos analizada por la cidh, las amenazas que no están dirigidas contra individuos o personas determinadas, sino que son genéricas, convierten en víctima a toda persona que se relacione con la organización de derechos humanos. “En algunos casos, por ejemplo, las amenazas van dirigidas a desincentivar campañas de denuncia de violaciones o procesos de acompañamiento a comunidades”, dice el informe de la cidh.

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¿Y al fin qué?

En el país se ha avanzado porque hoy la desaparición forzada es un delito. Ahora lo que falta es que la justicia pueda establecer sus autores.

Tres enfoques de las políticas gubernamentales La política pública relacionada con los defensores de derechos humanos contiene tres elementos que, a juicio del Gobierno Nacional, permiten que los activistas de estas causas puedan cumplir su labor. “La primera es darles las garantías que se necesitan para que actúen; la segunda, brindarles protección cuando su situación se vea amenazada; y la tercera, mantener el derecho a controvertir opiniones”, explica Tomás Concha, coordinador de políticas del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sobre el primer tema, Concha afirma que el Gobierno da garantías a “todas aquellas personas que desarrollen actividades que se enmarquen

“

Medellín y Arauca, y se subraya que en esta última ciudad la hostilidad contra los defensores proviene de las fuerzas paramilitares y la guerrilla. En algunos casos se presume que han participado agentes estatales. Sobre la política pública de mantener el derecho a controvertir opiniones, el Gobierno advierte que así como no aspira a que los defensores se conviertan en caja de resonancia de la política gubernamental, se reserva el derecho a refutar los informes de estas organizaciones. “No hay persecución a las organizaciones, hay opiniones críticas”, señala Concha. De hecho, este funcionario se apoya en dos estadísticas para explicar cómo la política oficial vela por la labor de los defensores de derechos humanos. Una es el presupuesto asignado al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia; la otra, las cifras que maneja el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. El presupuesto del Programa de Protección, creado en 1997, fue incrementado de 2000 a 2001 en un 508% y, desde entonces, maneja recursos considerables. Así, entre 1999 y 2005 se han destinado cerca de 173 mil millones y los principales beneficiarios han sido los sindicalistas (6.107 de un total de 18.935 personas protegidas) (cuadro 1). “Hay un fortalecimiento del Estado desde el punto de vista administrativo y financiero y un esfuerzo por descentralizar la protección a través de la Policía Nacional”, dice Concha. Por otra parte, las estadísticas del Observatorio señalan que hay una disminución en la mayoría de los índices de violaciones a los derechos humanos y en los grupos vulnerables que la padecen, incluidos los defensores de derechos humanos. Además, reflejan que los grupos armados ilegales son los principales autores de esas violaciones. Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, actualmente se mantiene la tendencia de más de una víctima muerta o desaparecida forzadamente cada mes. Desde julio de 1996 hasta diciembre de 2004 esta ong tiene registradas por lo menos 118 víctimas, seis de ellas por hechos atribuidos a las guerrillas y, las demás, a los paramilitares, agentes estatales y grupos combatientes sin identificar.

Para las ong, las garantías comienzan porque se reconozca públicamente su trabajo como legítimo e importante para una sociedad”.

dentro de la Constitución y la ley”. Agrega que esta administración ha mantenido espacios de concertación con la sociedad civil para discutir aspectos de la política pública y asegurar su expresión. Menciona, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento de Londres-Cartagena, “donde se debate con altura y rigor el tema de los derechos humanos”. Las ong señalan que valoran el aporte de escenarios como éste, pero afirman que, más allá los espacios concretos de interlocución, las garantías comienzan en el hecho de que su trabajo se reconozca públicamente como legítimo. “Lo único que persistentemente han solicitado a las autoridades las organizaciones de derechos humanos y sociales es que la labor de defensa de los derechos humanos sea reconocida como una actividad conveniente y legal”, dice la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en un informe de mayo pasado. En este año, las ong han documentado 58 casos recientes de violaciones a los derechos humanos de los defensores y han resaltado otros ocho casos. La situación más delicada se advierte en Barranquilla, Barrancabermeja,

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Cuadro 1. Personas protegidas Grupo objetivo Sindicatos ong Líderes y testigos up-pcc Periodistas Alcaldes Concejales Diputados Personeros Ex alcaldes TOTAL

1999 84 50 43 0 0 0 0 0 0 0 177

2000 375 224 190 77 14 0 0 0 0 0 880

2001 1.043 537 327 378 69 0 0 0 0 0 2.354

2002 1.566 1.007 699 775 168 212 404 0 26 0 4.857

2003 1.424 1.215 456 423 71 344 1.120 43 125 0 5.221

2004 1.615 733 545 1.158 125 214 832 45 65 114 5.445

Total 6.107 3.766 2.260 2.811 447 770 2.356 88 216 114 18.935

Fuente: Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia

Una situación más allá de las estadísticas Más allá de las estadísticas, el problema que enfrenta la sociedad es cómo blindar de las amenazas y la muerte a quienes dedican su vida a estos temas. Para Gallón, el problema radica en los mensajes implícitos que se envían desde la institucionalidad cuando no sólo se cuestiona el papel de las ong, sino que se les asocia con actividades ilegales. “A las ong se las ha acusado repetidamente de apoyar, de una forma u otra, a terroristas”, dice. Sobre el tema, David Martínez agrega que la ausencia de un reconocimiento público a su labor conduce incluso a que agentes estatales consideren la actividad de los defensores como contraria a los intereses del Estado de derecho. Las estadísticas indican que la situación de los defensores de derechos humanos ha evolucionado, pero los distintos termómetros de la situación muestran una realidad “difícil y compleja”, como lo reconoce Concha. Así lo evidencian, además, las historias humanas de defensoras y defensores de derechos humanos, como la de Luz Marina Hache Contreras, vicepresidenta suplente de Asonal Judicial y secretaria de derechos humanos de la misma organización. El 20 de noviembre de 1986 desapareció su compañero Eduardo Lossner Torres, quien era dirigente del Sindicato de la Universidad Pedagógica. Desde entonces, lo reclama en todos los foros de familiares de detenidos-desaparecidos. En julio pasado presentó su caso ante 19 organizaciones de 13 países de América Latina que se reunieron en Bogotá. “Ha sido imposible establecer las causas. El proceso ni siquiera fue abierto formalmente porque no hubo un responsable que se pudiera identificar”, dice. Para ella, se ha avanzado porque hoy la desaparición forzada es un delito. Ahora lo que falta es que la justicia pueda establecer sus autores. ◗

© Cortesía Javier Amaya • El Tiempo

Las cifras son escasas Las cifras sobre la situación de los defensores de derechos humanos son escasas en el país. Esto se debe, en parte, a que aún se discuten consideraciones que van desde quiénes pueden ser calificados como defensores hasta cómo se elaboran las estadísticas que miden su realidad. El Gobierno considera que los defensores de derechos humanos “debería ser la sociedad en su conjunto”. La Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores habla de la persona que de cualquier forma promueve o procura la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional. Es decir, la asocia específicamente a la labor desarrollada por la persona. El Observatorio no tiene una categoría para medir específicamente la situación de estos activistas. Actualmente una aproximación a la realidad que enfrentan se hace midiendo los homicidios de sindicalistas y maestros sindicalizados. En varios casos no coinciden las cifras del Gobierno y de las organizaciones. Por ejemplo, según el reporte oficial de homicidios del período enero-junio del 2006 han ocurrido 8 asesinatos de sindicalistas y 12 de maestros sindicalizados. La Escuela Nacional Sindical, por su parte, reporta 28 asesinatos de sindicalistas, incluidos maestros sindicalizados, entre el 1 de enero y el 6 de julio. David Martínez Osorio, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno divide la categoría de los maestros entre sindicalizados y no sindicalizados y en que, hecha esa división, no incluye el asesinato de los maestros sindicalizados dentro de la categoría de los sindicalistas. “Si hay un gremio en el que la mayoría de sus miembros están afiliados a los sindicatos es el de los maestros”, comenta. Desde 2002 el Observatorio de la Vicepresidencia ha incluido nuevas categorías de medición (grupos vulnerables, autores, tendencias de año, departamentos/municipios, entre otras). Pero más allá de la categoría de homicidios, no cuenta con variables que registren otras violaciones que afectan gravemente a los defensores. “Las más obvias y numerosas son las ejecuciones, las amenazas de muerte y las desapariciones forzadas”, reportó como principales hallazgos e inquietudes la representante de la onu Hina Jilani,

en su visita de 2001. Esta tendencia aún se mantiene. Además de esa tendencia, advierte Gustavo Gallón, persisten las detenciones arbitrarias, las torturas y los asaltos a sedes de ong. En su informe de 2005, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registra que el Gobierno informó sobre los primeros acercamientos con algunas entidades del Estado para desarrollar un sistema único de información en el tema. La onu insiste en que hay que continuar los esfuerzos en la elaboración de un sistema estadístico. Para el Gobierno, independientemente de que se tengan o no estas variables cuantificadas, hay voluntad política para avanzar en temas sustanciales como combatir el delito de la desaparición forzada. Por eso, esta categoría está en construcción en el Observatorio, existe por ley el Comité de Búsqueda para Personas Desaparecidas, y Medicina Legal creó el Registro Único de Desaparecidos.

El Gobierno afirma que da garantías a todas aquellas personas que desarrollan actividades que estén enmarcadas en la Constitución y la ley.

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Así vamos

Seguridad humana: un concepto integral © Cortesía El Tiempo

La seguridad humana incluye la protección contra la guerra, los conflictos, las armas de destrucción en masa, la delincuencia organizada, los disturbios civiles y, también, la pobreza, las enfermedades mortales y la degradación del medio ambiente.

Acabar con la pobreza, con todo tipo de conflictos y buscar el desarrollo de la población son componentes del nuevo concepto de seguridad humana.

H

ay un cambio en la concepción de la seguridad que va más allá de la comúnmente aceptada. Hoy en día hablar de seguridad es hablar de seguridad humana, que significa tranquilidad y libertad individual para realizarse plenamente: es vivir sin temor y sin necesidades. Como dice el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su informe Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, “debemos alcanzar un consenso en materia de seguridad, cuyo primer artículo ha de ser que todos tenemos derecho a vivir libres de temor y que todo lo que amenaza a uno amenaza a todos. Una vez comprendido esto no tenemos otra opción que afrontar toda la serie de amenazas existentes”. La lista de amenazas para la seguridad humana es larga pero se puede resumir en las siguientes siete categorías: seguridad económica, segu-

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ridad alimentaria, seguridad en salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunal y seguridad política1. La seguridad humana incluye la protección contra la guerra, los conflictos internacionales, el terrorismo, las armas de destrucción en masa, la delincuencia organizada, los disturbios civiles y, también, la pobreza, las enfermedades mortales y la degradación del medio ambiente2. Todas son amenazas contra la integridad física (primer eslabón del desarrollo humano) y factores desestabilizadores para cualquier Estado. 1. United Nations Development Programme (undp), Human Development Report 1994, Nueva York, Oxford University Press, p. 23. Véase: http://www.undp.org/ hdro/1994/94.htm> 08/02/01 2. Informe del Secretario General de Las Naciones Unidas, “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo seguridad y derechos humanos para todos”, 2005.

© Cortesía Ana María Rodríguez

El concepto de seguridad pasa a estar focalizado en el individuo, y desde esta perspectiva son múltiples los actores que deben comprometerse en la generación de seguridad individual, base elemental de la seguridad colectiva. Los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad internacional y organizaciones de diverso tipo deben trabajar conjuntamente para que los individuos tengan una alimentación adecuada y suficiente, igual acceso a la educación y a la salud, para que estén protegidos contra la violencia humana y ambiental y estén regidos por gobiernos que actúen según lo acordado en consenso y lejos de todo tipo de opresión. La seguridad colectiva mundial está amenazada por grandes abusos contra los derechos humanos, por el desplazamiento La seguridad humana incluye también combatir la probreza. a gran escala de poblaciones civiles, por el terrorismo internacional, por el pandémico vih/sida, por el tráfico de 3. La sociedad tiene que ser incluyente: las personas deben tener igual armas y drogas y por los desastres ambientales3. La lucha contra estas acceso a los procesos de elaboración de políticas sociales y económicas amenazas generales es responsabilidad de todos los Estados: la con- y sacar el mismo provecho de ellas. ciencia ambiental debe ser internacional, así como tienen que serlo las 4. Hay que fortalecer el Estado de derecho y la independencia del acciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional, entre otros. sistema judicial. En una sociedad, cada individuo debe tener los mismos derechos y obligaciones y estar sujeto al mismo conjunto de reglas. EnObligaciones de los Estados tonces, el Estado debe enfocarse en cumplir plenamente con todas sus El primer paso en la lucha global por generar seguridad humana es que funciones para establecer las condiciones necesarias para el pleno decada Estado centre sus esfuerzos en proporcionar seguridad dentro de sarrollo de las libertades y capacidades de la población. Estas funciones su territorio; en asegurar la sobrevivencia, el bienestar y la libertad incluyen asegurar el respeto a los derechos humanos, el buen gobierno de su población. Con el aumento de los conflictos internos y dados y la oferta de educación y salud universal, equitativa y de calidad. Su los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la agenda del Consejo de Se- función, en síntesis, es proporcionar la base necesaria para que cada guridad de Naciones Unidas redefinió las obligaciones de los Estados individuo tenga la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial. con sus ciudadanos para que trabajen en las causas de seguridad y en el desarrollo y los derechos humanos, ya que sin sincronización no se La mayor amenaza avanzará en ninguno de estos campos. Una acción simultánea implica Existen múltiples amenazas contra la vida en tranquilidad y, dependiendo este cambio en la concepción de seguridad. del contexto, algunas son más preocupantes que otras, en especial porque Según un informe del 2001, los elementos que constituyen la base a veces hay variables específicas que atentan contra la seguridad humana para generar seguridad humana son los siguientes4: y activan otras posibles amenazas, lo que genera una reacción en cadena 1. El punto mínimo de partida para proporcionar seguridad humana de impacto negativo sobre la vida. En este sentido, dependiendo del es lograr que las personas puedan vivir en paz y seguridad dentro de caso, la prioridad está en enfrentar el factor amenazante esencial para, su país. Esto implica la capacidad del Estado y de la sociedad civil para al mismo tiempo, crear el espacio de lucha contra las otras amenazas. solucionar conflictos de manera no violenta y, después de superar los Cada país define cuál es la mayor amenaza contra la seguridad de sus conflictos, de tener la habilidad de adelantar eficientemente esfuerzos individuos. Para algunos países pueden ser, por ejemplo, los desastres de reconciliación. naturales. En una realidad como la colombiana se podría pensar que 2. Las personas deben gozar, sin discriminación, de todos los dere- la principal amenaza es la violencia. Sin embargo, dado que todas las chos y obligaciones que implican pertenecer a un Estado, incluyendo formas de violencia en Colombia están encadenadas y se refuerzan los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. mutuamente, teniendo en cuenta los nuevos conceptos de seguridad humana el debate sobre seguridad no se puede centrar únicamente 3. Kofi Annan, Report of the Secretary-General on the Work of the Organization, Asamblea en el conflicto armado, ya que el componente de violencia que atenta General, Archivos oficiales, Fifty-fifth Session Supplement N° 1 (A/55/1), Nueva York, contra esta seguridad incluye tanto la violencia común (principalmente Naciones Unidas, 2000, p. 4. Véase: http://www.un.org/documents/sg/report00/ en las ciudades) como el conflicto armado. La violencia criminal, la violencia política y el conflicto armado se a551e.pdf> 08/27/01 4. “Inclusion or Exclusion: Social Development Challenges For Asia and Europe”. De- entrelazan: a menudo las acciones de los actores del conflicto coinciden claración de Sadako Ogata, United Nations High Commissioner for Refugees at the con actividades de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, lo que Asian Development Bank Seminar, 27 de abril de 1998. Véase: http://www.unhcr. hace difícil establecer los límites entre un tipo de violencia y otro. En este sentido, definir políticas públicas de seguridad significa ir más allá ch/refworld/unhcr/hcspeech/27ap1998.htm. 08/22/01

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Así vamos

Hacia adelante La presencia del Estado colombiano en muchas regiones ha aumentado, particularmente en términos de fuerza pública, lo que ha sido clave en la recuperación del territorio y la seguridad de los habitantes. Es importante, también, incrementar los esfuerzos para que esta presencia vaya acompañada de instituciones eficientes y transparentes, de un sistema judicial y penal confiable y presente de tiempo completo, de la provisión universal de servicios básicos; en fin, de un Estado que cumpla plenamente con todas sus funciones y que, por lo tanto, proteja a la sociedad civil contra todo tipo de amenazas. Esta es la vía para fortalecer y aumentar la legitimidad de un Estado en todo su territorio, legitimidad que se reflejará directa y positivamente tanto en percepción como, de hecho, en seguridad humana. Un paso fundamental para conseguir dicha seguridad es que se convierta en un central en el debate público. Por eso, la sociedad civil debe La no tolerancia frente a los actos injustos y tema conocer las diferentes opciones de seguridad que tiene para luego violentos que arriesgan la seguridad humana debe formarse una opinión real. Teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la concepción de seguridad a la de seguridad humana, hay surgir principalmente de la sociedad civil”. que fomentar la educación para que las comunidades reclamen Según la Misión contra la Erradicación de la Pobreza y la Desigual- su seguridad y participen de manera espontánea en la construcción de dad (merpd), en 2005 había 20 millones de pobres, 6 millones de ellos un país no violento. Los civiles cumplen una función fundamental en la en condiciones de indigencia. En este sentido, mejorar la seguridad construcción de la seguridad humana, pues respetando y cumpliendo las humana implica enfrentar de manera eficiente todas aquellas variables normas establecidas deben ser activos frente a todo lo que atente contra determinantes que impactan la seguridad de la población. Concentrar su seguridad, contra la legalidad y la democracia; asimismo, pueden exigir los esfuerzos en atacar sólo una amenaza no hace posible tener un una resolución pacífica del conflicto, ayudar en el proceso de construcción impacto positivo significativo, pues es sólo uno de los pasos a seguir de paz y actuar en defensa de los procedimientos democráticos. Así, la no para alcanzar el objetivo último: la seguridad humana. tolerancia frente a los actos injustos y violentos que arriesgan la seguridad Alcanzar la paz implica entender que ésta es mucho más que la humana debe surgir principalmente de la sociedad civil. ausencia de guerra: incluye el desarrollo económico, la justicia social, Trabajar para alcanzar mayores niveles de seguridad humana llama una la protección ambiental, la democratización, el desarme y el respeto a vez más a la necesidad de políticas y acciones integrales que coordinen los derechos humanos y al Estado de derecho. todas las agencias del Estado. La seguridad humana es un proyecto de Estar libre de cualquier necesidad y del miedo, y lograr que las próxi- largo plazo que requiere del esfuerzo diario por construir un país más mas generaciones hereden un medio ambiente natural y saludable son justo, más equitativo, más seguro, donde las condiciones para crear objetivos interrelacionados y fundamentan la esencia del ser humano; desarrollo económico, de manera sostenible y equitativa, estén más a por lo tanto, de la seguridad nacional5. la mano y donde las personas puedan vivir sin temor. La búsqueda de mejores niveles de seguridad humana no es una teoría o utopía. Es una necesidad apremiante y real, y por eso hay que unir esfuerzos para conseguirla. El primer paso es ampliar la concepción de seguridad para después plantear los mecanismos, políticas y acciones pertinentes que permitan combatir y prevenir el conflicto, reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo económico. ◗ de una política contra el conflicto interno para atacar, de manera no excluyente, todos los tipos de violencia. Ahora bien, no se pueden dejar de lado las demás amenazas contra la seguridad humana ni se puede olvidar la interrelación que existe entre ellas. Por ejemplo, el aislamiento de ciertas regiones colombianas que sufren la violencia dificulta satisfacer sus necesidades básicas (acceso a servicios básicos sanitarios, condiciones mínimas de vivienda, independencia económica, asistencia escolar y no hacinamiento) y disminuye las posibilidades de generar empleo. Esto provoca que las personas vivan en condiciones de pobreza y tengan dificultad para salir de ella; además, las hace más propensas a contagiarse de enfermedades infecciosas mortales al tener bajos niveles de educación y de salud.

© Cortesía El Tiempo

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5. Kofi Annan, “Secretary-General Salutes

International Workshop on Human Security in Mongolia”, Two-Day Session in Ulaanbaatar, mayo 8-10, 2000. Press Release sg/sm/7382. La mayor presencia de las Fuerzas Militares es un componente de la seguridad.

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La invitada

El conflicto colombiano: ¿asunto doméstico, regional o internacional? Socorro Ramírez Profesora de la Universidad Nacional

A

unque factores externos no han originado la confrontación colombiana, sí la han fortalecido desde la Guerra Fría, tiempo en que Moscú, La Habana y Pekín les daban a las guerrillas inspiración política y apoyo logístico mientras Washington asumía los conflictos sociales como amenaza comunista. Luego, el gobierno de Julio César Turbay asumió la violencia interna como asunto de la confrontación Este-Oeste. En cambio, Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria intentaron nacionalizar las causas del conflicto y la búsqueda de la paz. El conflicto cambió de naturaleza cuando los dineros de la droga que venían penetrando distintos sectores, bajo el gobierno de Ernesto Samper debilitaron la legitimidad institucional y fortalecieron a guerrillas y paramilitares. Además, les permitieron un rápido crecimiento, un fortalecimiento de su capacidad de fuego, una expansión hacia territorios sin presencia estatal y una disputa por el control de corredores estratégicos para acceder a las redes transnacionales de diversos contrabandos. Paralelamente, el conflicto impactó negativamente a las poblaciones y el medio ambiente, lo que aumentó su visibilidad internacional. Ante la incapacidad interna para controlar la agudización de conflicto, distintos sectores colombianos abogaron por la intervención internacional y así llegaron al país organismos multilaterales, gobiernos y ong. El gobierno de Andrés Pastrana buscó apoyo internacional tanto para los diálogos con las farc como para contrarrestar la debilidad del Estado, y con el Plan Colombia involucró a Estados Unidos. Luego, aprovechó los efectos del 11 de septiembre para concluir unos diálogos que no avanzaban y responder al ataque de las guerrillas. El presidente Álvaro Uribe ha tratado de articular la política de seguridad con las cruzadas norteamericanas antidrogas y antiterroristas que, si bien tienen relación con el conflicto, no lo agotan. Éste no se reduce a narcotráfico, como tampoco toda violencia es terrorista ni toda acción terrorista es internacional. Diversos sectores hablan de regionalización del conflicto con significados diferentes. Unos aluden al derrame que amenaza a los vecinos. Otros muestran que los gobiernos colombianos lo han regionalizado: Pastrana con el Plan Colombia involucró a las naciones fronterizas sin contar con ellas, Uribe ha alcanzado algunos acuerdos aunque subestima las opciones políticas distintas en el vecindario y no considera las consecuencias regionales de la política estadounidense. Unos más destacan como regionalización la estrategia estadounidense de ampliar

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su perímetro de seguridad del Caribe a los Andes, lo que presiona a los vecinos de Colombia para que actúen en un solo sentido y exacerba sus tensiones. Al revisar distintos indicadores del conflicto he encontrado que hasta mediados de los noventa la presencia ocasional de grupos irregulares en la mitad de los municipios fronterizos colombianos equivalía al 7% de su presencia nacional y no era vista como un problema regional. Con el agravamiento del conflicto en los municipios fronterizos colombianos se duplicaron todos los indicadores de la confrontación, junto con los efectos sobre los vecinos: amenaza a la integridad de las poblaciones, extorsiones, secuestros y asesinatos; uso de territorios como refugio, abastecimiento o ataque; contaminación por cultivos ilícitos y daños por la fumigación; problemas humanitarios con el desplazamiento, el refugio y la migración. Todos esto generó la sensación de que el conflicto se trasladaba a las fronteras y se desbordaba hacia los vecinos. Los datos muestran, sin embargo, que la mayor parte del conflicto se desarrolla en otras partes del territorio; sólo los cultivos ilícitos en las fronteras sobrepasan el 30% del total nacional. Al revisar la prensa colombiana y de los países colindantes, he descubierto que la expansión del conflicto depende de los actores colombianos, pero se nutre de las interacciones que desarrollan sectores de países vecinos con el tráfico ilícito de explosivos, armamentos, gasolina, drogas y precursores químicos, del lavado de activos y de los negocios para abastecer la demanda de los grupos irregulares. Dicha interacción depende de la situación de la respectiva zona fronteriza, de los problemas internos en esas naciones y de los vínculos de ciudadanos de esos países con flujos ilegales transnacionales. Efectos e interacciones han generado mutua recriminación más que acción en común. En suma, desde mediados de los noventa —en razón de su propia dinámica y de su articulación con asuntos globales, de sus efectos e interacciones con países vecinos, de las opciones gubernamentales y de la llegada de actores internacionales— la confrontación colombiana aunque no se ha transformado en un conflicto internacional o regional sí dejó de ser un asunto de competencia doméstica y aumentó su conexión y proyección, en particular en los Andes y la Amazonía. Es, además, una tendencia de la época el que los conflictos internos tiendan a internacionalizarse por su vinculación con dinámicas transnacionales, y que actores como Estados Unidos, Europa o los países vecinos jueguen un papel central en la interpretación del conflicto y su solución. ◗

La confrontación colombiana no se ha transformado en un conflicto internacional o regional, aunque sí dejó de ser sólo de competencia doméstica”.

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La página humanitaria

Siguiendo las necesidades de la población desplazada Debido a la cambiante dinámica del desplazamiento a causa del conflicto y su reordenamiento en el país, el Programa Mundial de Alimentos abrió en julio dos nuevas oficinas de terreno en Cali y Pasto. En septiembre otra oficina iniciará actividades en Neiva, Huila.

Por Peter Goossens © Cortesía pma

Representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, pma

E

l número acumulado de desplazados internamente clasifica a Colombia en el triste escalafón de los países con mayor índice de población desplazada en el mundo. Infortunadamente, no hay certeza absoluta sobre cuántas familias colombianas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por culpa del miedo y la incertidumbre de un conflicto del cual no son culpables. Se calcula que, a la fecha, el número acumulado de colombianos obligados a abandonar sus lugares de origen para buscar refugio en los cinturones de miseria y las áreas marginales de muchos pueblos y ciudades oscila entre los dos y tres millones de personas. Paralelamente a esta situación, la seguridad alimentaria de esta población continúa siendo un tema de alta prioridad dentro de la agenda de atención. Por ello, ante la necesidad de conocer sus condiciones nutricionales, de alimentación y salud, el Programa Mundial de Alimentos (pma) y la Organización Panamericana de la Salud (ops), con el apoyo financiero de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (echo) realizaron en seis regiones de Colombia un estudio sobre alimentación y condiciones de salud de la población desplazada. En la investigación se encontró, por ejemplo, que el ingreso promedio mensual de una familia desplazada es 42% inferior al salario mínimo oficial. De estos ingresos, la mitad del gasto se invierte en alimentos y la otra mitad se distribuye en transporte, servicios públicos, pago de deudas, elementos de aseo y gastos de arrendamiento, dejando sólo un 3% para educación y salud. Si una familia promedio está compuesta por cinco miembros, con estos ingresos, ¿cuáles son las probabilidades reales de satisfacer sus necesidades básicas nutricionales? Muy pocas. Es por esto que la ayuda humanitaria en forma de alimentos es un suplemento indispensable para la supervivencia de la población desplazada y es, además, una inversión para el desarrollo del país. Estudios como el preparado por pma y ops permiten a los organismos de ayuda humanitaria conocer la situación real de la población afectada por el desplazamiento y, de igual forma, brindan las herramientas necesarias y adecuaLa ayuda humanitaria en forma de alimentos es un suplemento indispensable para la supervivencia de la población desplazada.

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© Cortesía pma

de población desplazada aumentó considerablemente respecto a lo registrado en el año 2004. De igual manera su informe indicó que durante el 2005 Cauca y Valle del Cauca evidenciaron procesos de expulsión forzada, con un incremento superior al 100% en ambos casos.

Nuevas oficinas Debido a la cambiante dinámica del desplazamiento a causa del conflicto y su reordenamiento en el territorio nacional, durante los últimos años el pma ha reorientado su asistencia con el fin de llegar a Conocer las condiciones nutricionales, de alimentación y salud de la población desplazada permite tomar acciones concretas. un mayor número de beneficiarios, das para enfocar apropiadamente las acciones requeridas frente a las especialmente aquellos recientemente desplazados. Por esta razón, desde julio pasado dos nuevas oficinas de terreno del pma complenecesidades nutricionales y de salud de esta población. La dinámica del desplazamiento lleva a las familias a modificar su tamente operacionales comenzaron a funcionar en Cali y Pasto. De cotidianidad. La imposibilidad de generar ingresos suficientes las obliga igual forma en septiembre una oficina de terreno iniciará actividades a reducir al máximo su nivel de gastos, a retirar a sus hijos de la escuela, en la ciudad de Neiva para atender el departamento del Huila y otras a disminuir el consumo de los diferentes productos de la canasta fami- regiones circunvecinas. Teniendo en cuenta la situación, el pma consideró cerrar la oficina de liar y, finalmente, a reducir el número de veces por día que consumen alimentos. Esta dinámica requiere, por lo tanto, acciones acordes con terreno ubicada en Sincelejo y destinar esos recursos para la atención de beneficiarios ubicados en departamentos que antes no eran atendidos la cambiante ubicación de los desplazados internos en Colombia. dentro de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación. Con estas acciones el pma desarrollará actividades de ayuda alimenLa ayuda alimentaria A través de estas investigaciones, el pma confirma la gravedad de la crisis taria en 20 de los 32 departamentos de Colombia, cubriendo de forma alimentaria de la población víctima del desplazamiento forzado en el permanente gran parte de los territorios que requieren mayor asistencia país y alerta sobre la necesidad de aumentar y focalizar adecuadamente humanitaria por causa del desplazamiento. Las nuevas oficinas de terreno del pma atenderán todas las modala asistencia. Como respuesta a esta situación, en los últimos cinco años la oficina en Colombia del pma ha entregado ayuda alimentaria a lidades de ayuda alimentaria que desde hace cinco años la agencia personas desplazadas en cerca de 17 departamentos del centro y norte desarrolla en el resto del país, con especial énfasis hacia los nuevos del país. Eso se ha hecho a través de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, la cual es desaAnte la cambiante dinámica del desplazamiento a rrollada conjuntamente entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), la Agencia Presidencial causa del conflicto y la situación alimentaria de la poblapara la Acción Social (Acción Social) y pma. ción víctima del desplazamiento forzado, es necesario Un estudio interno realizado por el pma a comienzos aumentar y focalizar adecuadamente la asistencia”. del 2005 encontró que el sur del país se encuentra altamente afectado por la difícil situación humanitaria que enfrentan desplazados, quienes recibirán alimentos que les permitirán satisfacer miles de familias sometidas al desplazamiento forzado. La subregión sus necesidades alimentarias hasta por un período de seis meses. compuesta por los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, También proveerá alimentos en la escuela a niños y niñas desplazados Putumayo y Valle del Cauca ha sido escenario de un aumento del con- y apoyará programas de recuperación nutricional para menores de 5 años y madres en estado de gestación y lactancia. flicto en los últimos años, particularmente a partir del 2000. Asimismo, a través de los proyectos Alimentos por Trabajo y Alimentos La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes) considera que esta tendencia puede mantenerse e incluso por Capacitación apoyará la conservación y diversificación de los medios intensificarse si continúan los enfrentamientos entre diferentes grupos de subsistencia de las familias desplazadas para garantizarles el mejoraarmados en las zonas limítrofes de Putumayo y Caquetá. De ser así, se miento de sus condiciones nutricionales y ayudarles a integrarse en los esperaría un incremento del número de familias obligadas a desplazarse nuevos entornos sociales que encuentran luego de su desplazamiento. Con estas actividades y modalidades de ayuda alimentaria, el Prograen el mediano y corto plazo. codhes reportó que un total de 33.656 personas fueron desplazadas de ma Mundial de Alimentos enfrenta el reto de alcanzar el primer objetivo Caquetá, Guaviare, Huila y Putumayo durante los nueve primeros meses de desarrollo del milenio: la erradicación del hambre y la pobreza. Esto de 2004. En su reciente informe, publicado en mayo de este año, esta ong permitirá, además, lograr metas adicionales, como mejorar la salud reveló que en las ciudades de Cali, Pasto, Mocoa y Tumaco la recepción materno-infantil, la equidad de género y la educación universal. ◗

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Buenas prácticas

Se creció la casa del niño (Viene de la página 20) otros materiales de construcción e, incluso, solicitaron la colaboración de los transportadores de los buses que de Santander de Quilichao van a Puerto Tejada. Con sancochos de gallina bailables, fiestas, paseos y muchos días de trabajo bajo un abrasador sol levantaron la primera sede de la Casa del Niño. Y cinco años después, en 1989, conformaron, por fin, la Asociación Cultural Casa del Niño.

Mujeres, eje de desarrollo Las mujeres han sido un motor en todo el proceso, como lo afirman Omaira Viáfara, Bellanira Torres, Gloria Caicedo, Araldi Ballesteros y María Ximena Possú. Sus primeras reuniones en la Asociación las hicieron sin el beneplácito de sus esposos. Por eso, organizaron un curso para mejorar la autoestima y que se tomara conciencia del rol que una mujer desempeña en la sociedad. Luego vinieron cursos sobre derechos humanos y gestión empresarial. Se convirtieron en pilares de la economía local con la cría de especies menores, la elaboración de productos de aseo, el cultivo de plantas medicinales para recuperar la medicina tradicional, la preparación de dulces y tamales, la fabricación de artesanías en tela y la zapatería. Crearon un fondo rotatorio, que ahora les hace pequeños préstamos para aumentar la producción de microempresas y para quienes quieren estudiar. Así lo hizo Omaira, quien con 18 años consecutivos de trabajo en la Asociación está a punto de graduarse como psicóloga. El cambio en la mentalidad de las mujeres ha incidido en las adolescentes. Las jóvenes que crecieron a la sombra de esta organización saben de los embarazos precoces porque en la comunidad hay muchas niñas con hijos. Merly Xiomara Usurriaga, coordinadora del grupo de jóvenes de La Primavera, su vereda, aprovecha cada momento para decirles: “No se coman el cuento cuando les comenten que están quedadas”. La Asociación está trabajando con los agricultores en propuestas alternativas a los cultivos de caña y su procesamiento ante la disminución en la contratación de corteros de caña por la tecnificación del proceso por parte de los ingenios. Entre las salidas estudian la implementación de sistemas agroforestales para el cultivo de plátano, fríjol y cacao, la producción orgánica y la capacitación. A la fecha 35 jóvenes lo están haciendo en convenio con el Sena. Hoy la Asociación tiene una nueva sede, justo al frente de donde empezó. Los cimientos están hechos para soportar siete pisos. Y aunque apenas hay dinero para el segundo, sus miembros se animan recordando cómo comenzaron en aquel 1977, cuando apenas los cubría una caseta sin puertas ni ventanas de la vereda Villa Rica. ◗ © Cortesía Adriana Espinel

Formando niños y jóvenes La Asociación se consolidó con los niños y niñas que en 1977 tenían 7 u 8 años. Pero en 1989 ya eran adolescentes en busca de un futuro. Por eso, surgió la necesidad de generar proyectos con el fin, entre otros, de que los jóvenes no se fueran a engrosar las filas de los grupos armados ilegales que rodeaban Villa Rica: las farc, que se asoman desde Corinto, y los paramilitares, desde Puerto Tejada. Es este trabajo, en el cual ha sido clave el apoyo de sectores y organizaciones nacionales e internacionales, también participaron los adultos y las madres de los niños y jóvenes porque, poco a poco, la Asociación empezó a llegar a todos los sectores de la población, no sólo de Villa Rica, sino además de Puerto Tejada y de Miranda. ”La organización le ha arrancado a la violencia muchas cosas”, dice con razón Ary Aragón, el presidente de la Asociación, porque ha promovido en los jóvenes una orientación hacia la paz, ha contribuido a

la rehabilitación de quienes eran pandilleros y drogadictos y, además, ha ayudado a evitar que sean reclutados por los distintos grupos ilegales. Hoy, en su programa educativo y cultural, la Asociación lleva el bachillerato nocturno a las veredas; contribuye a revalidar las prácticas tradicionales del pueblo negro mediante la realización anual del Encuentro de la Cultura Afro; promueve una escuela en derechos humanos denominada Palenque para la Paz e impulsa la Escuela de Niños y Niñas en Busca de Nuevos Sueños.

La Asociación tiene una nueva sede, cuyos cimientos están proyectados para albergar en el futuro más niños y jóvenes.

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Editorial

La sociedad civil y la seguridad humana

L

a seguridad humana comprende un concepto que se expande al ámbito humano y que, por tanto, contempla al individuo como su principal objetivo. Así, la seguridad se entiende como el aseguramiento inminente en el que todas las personas estén libres de miedo y de necesidades, que tengan las oportunidades necesarias para realizarse plenamente y ampliar sus capacidades. Teniendo en cuenta esta definición, la sociedad civil tiene un papel que cumplir en la búsqueda por alcanzar mayores niveles de seguridad humana. Si bien el Estado es el responsable de proveer las condiciones para proteger a la población de las violencias directas e indirectas, de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas, la oferta de salud y educación universal y de controlar el respeto al medio ambiente, entre otros aspectos, es vital que la sociedad civil se organice para mejorar la seguridad humana a partir de un trabajo en conjunto. Para que la sociedad civil pueda manifestarse en esta dirección hay que trabajar en aspectos básicos como la formación y el fortalecimiento organizativo. En un país con diferentes conflictos, el imaginario colectivo asocia directamente el término seguridad con ausencia de conflicto. Se trata de una sociedad cansada de la continua violencia que, muchas veces, entiende la seguridad únicamente en términos militares. En este contexto, es importante difundir el concepto de seguridad humana para cambiar los paradigmas y transformar los esquemas de pensamiento con el fin de que la idea de seguridad abarque los demás factores que implican vivir con tranquilidad, con posibilidades

reales, y con libertad para ampliar las capacidades individuales. Este proceso de formación en seguridad humana puede hacerse por medio de capacitaciones con los líderes comunitarios, las ong, las juntas de acción comunal, los empresarios, la Iglesia, los partidos políticos, etc. En igual medida y a través de la comprensión de este nuevo concepto de seguridad humana, es necesario fortalecer a la sociedad civil, optimizar la eficiencia de sus organizaciones sociales y crear una acción coordinada entre los actores de la sociedad civil que trabajan por la equidad social, se manifiestan en contra de los conflictos, representan a las víctimas, protegen el medio ambiente, luchan en defensa de los derechos humanos, etc. Esta sincronízación ayudará sin duda a alcanzar esta seguridad. Para que la sociedad civil pueda jugar el papel protagónico que le corresponde en la construcción de la paz, debe concebir la seguridad como un concepto que signifique mucho más que la ausencia de guerra. La seguridad incluye la solución de otros problemas que aquejan a la población colombiana. Tal y como se desarrolla en la sección “Así vamos“ de este boletín, la seguridad humana comprende la protección contra la guerra, los conflictos internacionales, el terrorismo, las armas de destrucción en masa, la delincuencia organizada, los disturbios civiles así como también la pobreza, las enfermedades mortales y la degradación del medio ambiente. Incrementar los esfuerzos por combatir de manera conjunta todas las amenazas contra la seguridad humana implica, a su vez, avanzar en la resolución del conflicto y, aún más importante, continuar en el camino para asegurar una vida en tranquilidad para todos los colombianos. ◗

Bruno Moro, Representante Residente Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud Producido por: Área de Desarrollo Humano pnud Editora: Olga González Reyes Redacción: Bibiana Mercado Rivera, Karen Heshusius Colaboradores: María Victoria Duque • OCHA-SSH • Agradecimiento Especial: Periódico El Tiempo • periódico El Mundo • Oficina del Alto Comisionado para la Paz • PMA Simone Bruno • ana María Rodríguez Reconocimiento especial: Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR, en sus siglas en inglés) del PNUD, con sede en Nueva York. Diseño gráfico y corrección de textos: Editorial El Malpensante S. A. • Impresión: Panamericana Formas e Impresos S. A. Boletín Hechos del Callejón: Carrera 11 N° 82-76, Oficina 802, Bogotá, Colombia • Teléfono: 6364750 extensión 205–208–202 • Fax: 6364750 extensión 209 Comentarios y sugerencias: [email protected], [email protected] • Visite nuestra página de internet: www.pnud.org.co/indh2003

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su junta directiva, ni los Estados miembros

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Buenas prácticas

Ejemplos concretos de cómo sí es posible salir del callejón

www.saliendodelcallejon.pnud.org.co

Se creció la Casa del Niño En el norte del Cauca se gestó un proceso comunitario local que comenzó con niños, luego tocó a sectores de jóvenes y mujeres y hoy atraviesa lo político e institucional. La Asociación Casa Cultural del Niño promueve la educación preescolar, el bachillerato nocturno, la capacitación laboral y en derechos humanos y contribuye a valorar prácticas tradicionales del pueblo negro mediante la realización anual del Encuentro de la Cultura Afro.

Por Adriana Espinel Rubio

© Cortesía Adriana Espinel

C

uando Ary Aragón, un afrodescendiente espigado, cuenta que es licenciado en educación preescolar uno se lo imagina en clase un tanto enredado y confundido. Pero la verdad es que este hombre fue el pionero de la enseñanza preescolar en su comunidad, asentada en el norte del Cauca, donde era usual que los niños y las niñas entraran al primer grado de primaria cuando tenían 7 y 8 años de edad. Hoy tiene 40 años y en aquel entonces tenía 16. Hoy es presidente de la Asociación Casa Cultural del Niño del municipio Villa Rica, en Cauca. En aquel entonces, profesor de la vereda Agua Azul, del mismo municipio. Hoy participa en una red de cerca de 40 preescolares de la Secretaría de Educación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf). En esa época, estos niveles de educación ni siquiera existían en las escuelas de la zona. Parte del proceso de fortalecimiento que ha vivido la comunidad afrodescendiente en las veredas del norte del Cauca ha sido establecer la educación preescolar en esta región del país. Esa fue una meta desde el momento en que la comunidad comenzó a organizarse. Fue en 1977, cuando un grupo de hombres y de mujeres formados como líderes por la organización no gubernamental Empresa de Cooperación al Desarrollo decidió buscar un espacio para niños y niñas menores de 6 años que no iban a la escuela y que permanecían solos en sus viviendas porque sus padres trabajaban todo el día en los sembrados de caña. Así surgió la idea de albergarlos en la caseta de la vereda Agua Azul, en un espacio techado, sin puertas ni ventanas, pero en donde los menores de edad podían

recibir clases sobre el abecedario o los números o los colores. Eso, al fin y al cabo, era lo importante. Como no había dónde sentarlos, los padres llevaban las bancas de sus viviendas. Y para las meriendas de los niños se las arreglaban con panelas y plátanos producidos en sus parcelas y procesados en sus trapiches artesanales. Claro, el lugar no era el más adecuado. Por eso, este grupo de líderes decidió vestir su mejor pinta y viajar a Santander de Quilichao con el fin de solicitarle a la Secretaría de Educación que les prestara un salón de la escuela. La respuesta fue inmediata y al día siguiente ya tenían un mejor lugar en donde enseñar. Con el paso de los días muchas prácticas escolares cambiaron. Empezaron a ser muy concurridas las reuniones de padres de familia de los niños de preescolar porque se programaban ya no en la mañana sino en la tarde, después de las labores de jornaleo. Los recreos de los niños y niñas se convirtieron en media hora de actividades lúdicas y de integración. Y los padres comenzaron, por ejemplo en Navidad, a elaborar muñecos y regalos para sus hijos. En 1984, después de una paciente gestión de profesores y padres de familia, el ingenio La Cabaña le entregó a la comunidad de Agua Azul un predio de 2.500 metros cuadrados en comodato por 100 años. La Junta de Acción Comunal tuvo la idea de construir allí un puesto de salud, una sede de Telecom y un salón comunal, pero lo que más rápido se construyó fue la casa para los niños y las niñas. A los pocos días de la entrega oficial del predio, el grupo de líderes llegó al lugar, seleccionó el mejor espacio para la casa y lo cercaron sin espera alguna. Ese mismo fin de semana iniciaron el trabajo comunitario para su construcción. Organizaron una jornada para pedir ladrillos y (Pasa a la página 18) Los miembros de la Asociación empezaron a trabajar en 1977 pensando en los niños y niñas que permanecían solos en los hogares porque sus padres estaban trabajando.