Las elecciones en Chihuahua y el abstencionismo por venir en México Carlos Murillo González*

Resumen Las elecciones en Chihuahua registran, desde el inicio de su historia electoral, bajos porcentajes de participación y una larga serie de movimientos sociales relacionados con fraudes. En los últimos 25 años, coincidiendo con la implantación del neoliberalismo en México, el estado es pionero en el país en exigir la apertura democrática y elecciones limpias. Las últimas elecciones celebradas bajo este sistema descubren un amplio y creciente electorado abstencionista, enajenado y apolítico en un proceso denominado como despolitización social, que implica el preludio de lo que le espera al país si no se realizan cambios al sistema electoral y de gobierno. Introducción El estado de Chihuahua es una entidad abstencionista por antonomasia. Desde 1857, primera elección amplia

*



y masiva de la que hay registros en el estado, la participación electoral ronda el 40%; 150 años más tarde, el porcentaje se mantiene más o menos igual. Durante este largo periodo, muchos acontecimientos han hecho que ésta continúe. De igual manera la historia de México, llena de altibajos, sigue los caminos de Chihuahua, cuyo bagaje político es indispensable conocer para intuir los senderos por venir del país. Los factores que están presentes en este fenómeno de la democracia representativa tienen que ver con fracturas dentro del régimen político, así como con el perfil socioeconómico y cultural de la población, transformando la acción de abstenerse de votar, en el hábito o cultura del abstencionismo. Dentro de este espectro de situaciones que hacen del abstencionismo un fenómeno recurrente, se desprende en especial, el distanciamiento cada vez mayor, entre el sistema político imperante, en su

Investigador de El Colegio de Chihuahua y miembro irregular del Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Ciudad Juárez; sus temas de especialización son: enajenación y participación política, abstencionismo electoral, nuevas formas de organización social.

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ejercicio pleno, y la percepción política de la sociedad en general, particularmente de la población en edad de votar (PEV) que es la depositaria, más que la generadora del sistema, de ahí su posición de apatía cada vez más pronunciada. El caso de Chihuahua, cuya historia está plagada de luchas políticas a veces pacíficas, a veces armadas, ilustra el interés de su población, como de todos los mexicanos y mexicanas en general, de construir o ser parte de sistemas políticos más justos y equitativos; pero a final de cuentas, de acuerdo con los resultados de cada coyuntura en la que se ha sumido la vida política del estado. El impacto de dichos eventos más las transformaciones económicas, tecnológicas y culturales, hacen de este estado en particular un laboratorio de lo que sucede no sólo en México, sino en los países con democracias representativas, cuyos esfuerzos por mantenerla vigente tropiezan con la PEV, cuando las expectativas que tiene dicha población no coinciden con la visión, y sobre todo, con las acciones de los encargados de dirigir los destinos políticos. Así, lo que significa Chihuahua para México actualmente, se refleja en la posición privilegiada que tiene respecto a la mayoría de los estados

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que integran el país, sobre todo en cuanto a su situación económica, pues se ubica dentro de las entidades consideradas como ricas y con un alto grado de desarrollo humano. Pero esta situación contrasta con la inequitativa distribución de la riqueza dentro de casa, de la misma manera en que México se sitúa en una posición privilegiada con respecto a la mayoría de los países del mundo de acuerdo con su producto interno bruto (PIB), sin que eso signifique necesariamente una buena distribución de la riqueza en su población o desarrollo humano, lo que trae como consecuencia en materia electoral, una tendencia a la baja participación en las urnas. La antigua aseveración de que una población económicamente próspera e instruida es sinónimo de una población cívica y políticamente participativa está quedando rápidamente obsoleta, según la tendencia que se nota en entidades como Chihuahua, donde el PIB per cápita es de $10,234.00 en dólares ajustados y el grado promedio de escolaridad es de 8.2, equivalente a segundo de secundaria; sin embargo, en términos electorales, desde 1995 y en ocho elecciones ordinarias (excluyendo la elección estatal intermedia de 2007), los resultados bajan considerablemente pasando de alrededor

del 60%, a menos del 50%, muy parecidos, como se verá más adelante, a los resultados electorales característicos de esta entidad. El presente trabajo se analiza dentro de la perspectiva de la despolitización social, teoría que incluye al abstencionismo como fenómeno sintomático de las democracias representativas contemporáneas. Lo que sucede en Chihuahua, pionera en México desde la penúltima década del siglo XX de las luchas electorales y la apertura democrática, es sin duda, un reflejo del futuro inmediato del país en materia política electoral, de acuerdo con las tendencias que se dibujan en el escenario nacional, y según los resultados de las últimas elecciones celebradas, que reflejan a la vez, las contradicciones de un sistema político de representación popular que es ajeno a la realidad de la sociedad mexicana contemporánea.

Una breve referencia a una larga historia de fraudes electorales y movimientos sociales Según Jesús Vargas, desde las primeras elecciones locales de las que se tiene memoria, a mediados del siglo XIX, la ciudadanía chihuahuense “aprendió muy rápido… la práctica del voto como vía para resolver de

manera directa o indirecta los problemas fundamentales” (2000: 87) por esta razón, muchos de los conflictos políticos del estado están relacionados con fraudes electorales y el incumplimiento a las leyes. De esta manera se pueden explicar eventos tan relevantes para la historia política del país y la entidad como la revolución de 1910, cuyo mayor legado es la constitución actual, vigente desde 1917; o más recientemente, los movimientos ciudadanos por la apertura democrática y el respeto al voto de mediados de la década de los ochenta, relacionados con cambios políticos importantes como la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1989 y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) en 1997, como órganos descentralizados y autónomos. Aunado a estos grandes momentos históricos, desde 1880 se inició una larga serie de conflictos en la entidad, que explotaron en varias regiones y tuvieron que ver con problemas electorales: rebeliones, motines, insurrecciones, manifestaciones y plantones, que aparecen y desaparecen, trastocando la cotidianidad de la vida política del estado. Desde finales del siglo XIX, los conflictos electorales son comunes a la sociedad chihuahuense. Sucesos como el

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motín de Cusihuiriachi (1886-1887), la insurrección de Namiquipa (1889) o la rebelión de Santo Tomás (1893) (Vargas, 2000: 90-92) se producen de manera instantánea cuando los votantes se inconforman con los resultados y procederes fraudulentos de quienes organizan o detentan el poder en su momento, sin respetar la voluntad del electorado. Durante el siglo XX los fraudes electorales continuaron y se colocaron como la principal fuente política de discordia entre chihuahuenses: desde los eventos de mayor envergadura, por la repercusión histórica e involucramiento de actores sociales y políticos como el fraude electoral federal de 1910, conflicto que da inicio a la Revolución, hasta El Verano Ardiente de 1986, relacionado con el fraude al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Francisco Barrio, frente al candidato del PRI, Fernando Baeza, virtual ganador oficial; la historia electoral de Chihuahua está llena de este tipo de disputas. A partir de la época posrevolucionaria, se inicia la era civilista electoral junto con la de los fraudes posrevolucionarios (Vargas, 2000: 89) con elecciones polémicas, como la sucedida en 1940 para elegir gobernador y presidentes municipales (González,

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2002) o la de 1956, también para renovar la gubernatura y presidencias municipales (Abortes, 1996; Flores Semental, 1998) ambas señaladas como fraudulentas. Estos acontecimientos se van diluyendo con la consolidación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder político, que va generando resultados casi siempre a favor de este partido, por lo que no importa tanto la cantidad de PEV, puesto que se sabe, de antemano, quién gana las elecciones. Sin embargo, esta dinámica de “carro completo”, que durante décadas fue la marca política del país y el estado, con pocos reconocimientos de triunfos para los partidos opositores, trae como consecuencia un elevado abstencionismo (Ramos, 1985: 163) particularmente en aquellos estados donde la oposición es fuerte, como Chihuahua. A la par que la participación electoral tiende a la baja, los conflictos políticos siguen dándose, continuando así una tradición de luchas por la justicia social que, interrumpida por los hechos armados revolucionarios, se reinicia en la década de los veinte con la rebelión tarahumara de la sierra, en 1927, por problemas sobre la tenencia de la tierra (Meza, 2001), conflictos ejidales, por la explotación de los bosques, que generó el ataque guerrillero al cuartel de Madera en 1965, perpetra-

do por la Liga 23 de septiembre; continúan con la misma liga, pero ahora convertida en guerrilla urbana, y los movimientos populares (Comité de Defensa Popular) de los años setenta en Chihuahua y Juárez por la justicia social y el comunismo (Lau y Quintana: 1985), la resistencia civil pacífica por la democracia y respeto al voto en la década de los ochenta, principalmente en Juárez y Chihuahua, realizadas por distintas organizaciones, donde destacan el PAN y la Iglesia católica (Aziz, 1994). Desde mediados de la década de los noventa a la fecha, el fenómeno del feminicidio atemoriza a la ciudadanía y reincentiva parcialmente la participación, sobre todo a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) integradas por los familiares de las víctimas como: “Nuestras hijas de regreso a casa” y “Casa amiga”, convirtiendo a Ciudad Juárez en un icono del movimiento feminista mundial. Por último y, relacionado con la era de la globalización, están los movimientos campesinos como El Barzón y El campo no aguanta más, salidos a la luz pública con mayor frecuencia a raíz de la entrada en vigor del mal negociado Tratado de Libre Comer-

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cio de América del Norte (TLC) en 1994, por sus terribles efectos en el campo mexicano (Arroyo, 2001; Murillo, 2004), así como el movimiento masivo de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contra las reformas a la ley de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Siguiendo con el último cuarto del siglo XX, la alternancia en el poder PRI-PAN en los principales municipios urbanos, incluidos la capital y Juárez, así como en la gubernatura del estado, y en menor medida del PRD en municipios semiurbanos y rurales, así como una representación asambleísta más plural, son parte de la política cotidiana chihuahuense. La historia reciente de Chihuahua para elegir gobiernos de estos partidos ha sido pionera y modelo para la alternancia política del país. Sin embargo, por lo general las iniciativas ciudadanas siguen siendo poco tomadas en cuenta1 a pesar de las grandes promesas de campaña, quedando siempre un amplio margen de deficiencias sociales que se dejan de solucionar en cada periodo y que se heredan para el siguiente

Comúnmente son las organizaciones no gubernamentales las principales demandantes (y a veces también las “reparantes”) de las deficiencias públicas gubernamentales, pero también surgen de manera esporádica protestas e iniciativas ciudadanas de grupos no organizados, aunque casi siempre sobre cuestiones muy particulares y concretas (como la reparación de una calle) o muy generales y abstractas (marchas contra la violencia).

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gobierno, sobre todo si es de oposición. Hasta la fecha, los cambios de partido en el gobierno no han sido suficientes para abatir los rezagos sociales ni para fomentar una ciudadanía más participativa. Si en la década de los treinta las energías cívicas de los chihuahuenses habían quedado agotadas después de tantos años de revolución, y sobre todo después de tantas derrotas del espíritu (Vargas, 2000: 89) para finales de la década de los ochenta, se detecta una indiferencia o fatiga electoral después de un breve periodo de euforia electoral (Aziz, 1990 y 1992). Mientras la participación democrática electoral no alcanza a consolidarse en las urnas, salvo en pocas excepciones, sin llegar a instalarse como parte de un práctica ciudadana duradera, las campañas electorales y los resultados de las políticas públicas generadas por los candidatos victoriosos, tampoco impactan positivamente a la opinión pública, de ahí la constante presencia de movimientos sociales que no dejan de aparecer o reproducirse, dejando en claro la diferencia entre los procesos electorales, plagados de promesas sin cumplir y problemas sin resolver, y las demandas permanentes que provienen de la sociedad civil.

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Actualmente siguen creándose o sobreviviendo una serie de micromovimientos e iniciativas ciudadanas y sociales que procuran solucionar parte del gran rezago del Estado en materia social. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, políticas y religiosas, protestas, mítines, plantones y movimientos sociales diversos existen desde hace décadas, pero su rango de influencia y alcance son limitados, a veces casi exclusivos de los grupos involucrados, aunque sus demandas sean de amplio beneficio social. Radiografía de la participación electoral desde el último cuarto del siglo XX No ha sido posible, hasta el momento, tener una lista completa de los resultados de todas las elecciones celebradas en el estado o, dicho de otra forma, todavía no está hecha la investigación que ofrezca la historia electoral de Chihuahua desde que éstas se realizan, además de lo difícil que resulta por la falta precisamente de un sistema que las contenga; por esta razón se hace un seguimiento de los resultados electorales más recientes de los que se tiene información.

Con la excepción de las tres primeras elecciones de la década de los noventa, en la era de la alternancia política cuando se reconocen los triunfos de la

oposición, particularmente del PAN, principal fuerza política opositora, la participación electoral tiende históricamente a la baja (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Porcentajes de participación electoral en el estado de Chihuahua de 1974 a 2006 Año electoral

Tipo de elección

% de participación

1974

gobernador

41

1977

intermedia estatal

46.3

1979

intermedia federal

40.3

1980

gobernador

40.3

1982

presidencial federal

1983

intermedia estatal

44.7

1985

intermedia federal

38.7

1986

gobernador

51.9

1988

presidencial federal

40.3

1989

intermedia estatal

30.9

1991

intermedia federal

65.9

1992

gobernador

59.6

1994

presidencial federal

1995

intermedia estatal

60.5

1997

intermedia federal

54.6

1998

gobernador

2000

presidencial federal

58.2

2001

intermedia estatal

43.1

2003

intermedia federal

34.8

2004

gobernador

44.2

2006

presidencial federal

48.3

55

76

57

Fuentes: (Quintana, 1994; Murillo, 2006),

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Nótese la ausencia de la elección presidencial federal de 1976, en la que prácticamente el candidato del PRI, José López Portillo, compitió solo, dado que no tuvo contrincantes. Esa notable ausencia hace visible la idea del “para qué votar si de todos modos gana siempre el PRI,” tan popular en el imaginario ciudadano de la época, y hace por demás obvio el bajo porcentaje de participación que caracteriza a la entidad. De las 21 elecciones que integran el cuadro 1, tres se ubican dentro

del 30%; nueve rondan el 40%; seis el 50%, y solamente tres se encuentran arriba del 60% de participación. Lo anterior indica una pronunciada tendencia a la baja; haciendo un promedio del total de participación, éste sería del 49.1%, en otras palabras, uno de cada dos electores no participa regularmente en los procesos electorales. También llama la atención que en la relación cronológica entre elecciones haya discontinuidades (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentajes de participación electoral en el estado de Chihuahua de 1974 a 2006 80

70

60

50

40

30

20

10

0

70

De acuerdo con la gráfica 1, de 1974 a 1989 el porcentaje de participación electoral oscila entre los bajos 30 (elección intermedia estatal de 1989) y los mediados 50 (elección presidencial federal de 1982) siendo el promedio de participación de 42.9%. Tomando en cuenta que en esa época no existía un organismo que garantizara la limpieza del proceso electoral y respetara la voluntad de la mayoría, los resultados muestran, independientemente de la calidad u honestidad de quienes tuvieron a su cargo la organización y realización de dichos procesos, una baja participación de la PEV, lo que también indica la falta de motivación para acudir a las urnas cuando de antemano, se sabía el resultado final de cada elección, sobre todo en las correspondientes a presidente de la república, gobernador y presidencias municipales. Después aparece un breve periodo de alta participación, durante el cual el promedio sube considerablemente respecto a las dos décadas pasadas. En éste, que contiene las siete elecciones celebradas de 1991 a 2000, la participación promedio es de 61.7%, un 18.8% más que el anterior. Los porcentajes oscilan entre los mediados 50 a los mediados 70; es el periodo de más alta participación electoral que ha conocido el estado.

Es importante señalar que durante esta época el IFE y el TRIFE inician su función como organismos autónomos que dan legitimidad a los procesos y solución a los conflictos electorales, a raíz de las demandas populares iniciadas en el norte del país, concretamente en Chihuahua, desde mediados de los años ochenta. También hay que resaltar los resultados de 1991 y 1992, pues fueron los más altos hasta ese momento. Sin embargo, deben tomarse con reserva, pues era un periodo de construcción y transición a un IFE ciudadanizado, por lo que no hay garantía de que los resultados sean del todo correctos, pese a que en la elección para gobernador de 1992, el ganador fue el candidato del PAN. Otra cuestión importante fue la aparición de la credencial para votar con fotografía en 1994, cuando se pudo tener acceso a un padrón electoral más confiable. Pero el sorprendente resultado de 76 puntos porcentuales para la elección presidencial federal de ese año, el más alto en la historia de Chihuahua, obedeció a motivos que tuvieron que ver con el fenómeno denominado como voto de miedo (Crespo, 1994), debido a las circunstancias de inestabilidad política que vivió el país por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y

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por el magnicidio del candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio; situaciones que fueron explotadas por el PRI, incidiendo en el ánimo de los electores, quienes temían un caos e incertidumbre si votaban por otras opciones (Murillo, 2006). A partir de 2001, la participación electoral vuelve a bajar, encauzándose en sus porcentajes a los anteriores a 1991; el promedio de estas últimas cuatro elecciones es de 42.6%, prácticamente igual al periodo anterior al de alta participación (42.9%). En esta etapa la alternancia política en el poder es un hecho consolidado, sobre todo para el PRI, el PAN y, en menor medida, para el PRD que en la entidad es considerado como un partido pequeño, debido a su bajo poder de convocatoria electoral. De acuerdo con el recorrido cronológico, la participación electoral chihuahuense es susceptible del ambiente político del momento: aumenta cuando hay motivación para hacerlo, como en la década de los ochenta, cuando la población arries-

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gó el voto para sacar al PRI del poder; o bien, lo hace para evitar una catástrofe mayor, como en 1994, que buscó la seguridad del mejor “malo por conocido, que bueno por conocer”. Es pues, un voto coyuntural, porque la mayor parte del tiempo tiende a la apatía al no percibir que éste logrará cambios sustanciales para su vida y la del país, como sucedió en el largo periodo posrevolucionario, cuando era difícil “ganarle al PRI”, o como sucede actualmente, aun con la llamada apertura democrática, que pese a su halo plural de representación partidista, así como a la actuación del IFE y TRIFE, no se traduce en mejoras sustanciales en su vida cotidiana. El tipo de elección también tiene su impacto en la participación electoral. Tradicionalmente se vota más en las presidenciales federales, les siguen las de gobernador y, finalmente, las federales y estatales intermedias. Para el caso de Chihuahua, se distribuyeron los resultados electorales por tipo de elección para observar su comportamiento:

Cuadro 2. Porcentaje de participación en elecciones presidenciales federales Año electoral

% de participación

1988

40.3

2006

48.3

1982

55

2000

58.2

1994

76

Según el cuadro 2, en cinco elecciones presidenciales federales el promedio de participación electoral es de 55.6%, siendo la votación más baja la de 1988 con el 40.3%; y la más alta la de 1994 con el 76%, con una diferencia entre el menor y mayor promedio del

35.7%; curiosamente, el resultado de la primera es de una elección controvertida, con acusaciones de fraude, pero en Chihuahua, como en la mayor parte de los estados norteños, la disputa estaba entre PRI y PAN, más que entre PRI-FDN (Frente Democrático Nacional).

Cuadro 3. Porcentaje de participación en elecciones para gobernador Año electoral

% de participación

1980

40.3

1974

41

2004

44.2

1986

51.9

1998

57

1992

59.6

73

En el cuadro 3, que muestra seis elecciones para gobernador del estado, se promedia un 49% de participación electoral, siendo la de menor votación la de 1980, con el 40.3%, y la de mayor votación la de 1992, con 59.6%, con una diferencia entre el resultado mayor y menor de 19.3%. En este, caso se destaca la división entre eleccio-

nes mayores o menores al 50%; los resultados más altos se ubican en el periodo de lucha y transición democrática, cuando sucede el fraude de 1986, el triunfo panista de 1992 y la aparición del TRIFE un año antes de la elección de 1998; mientras las elecciones debajo del 50% comprenden periodos no coyunturales.

Cuadro 4. Porcentaje de participación en elecciones intermedias federales Año electoral

34.8

1985

38.7

1979

40.3

1997

54.6

1991

65.9

Las cinco elecciones intermedias que comprende el cuadro 4, promedian 46.9% de participación electoral, la votación más baja se da en 2003, con el 34.8%, y la más alta en 1991, con 65.9%, lo que arroja una diferencia del 31.1% entre el resultado más alto y el más bajo.

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% de participación

2003

Estas elecciones muestran también un pico participativo en el periodo 1991-1997, pero en general, los resultados son bajos; de ahí que el resultado de 2003, sea menor a sus antecesores de 1985 y 1979, en periodos de pocos movimientos políticos coyunturales.

Cuadro 5. Porcentaje de participación en elecciones intermedias estatales Año electoral

% de participación

1989

30.9

2001

43.1

1983

44.7

1977

46.3

1995

60.5

El cuadro 5 muestra los resultados de cinco elecciones estatales intermedias, que promedian en total un 45.1%, y una distancia entre el resultado más alto con el más bajo de 29.6%. En este caso, predominan las votaciones en los mediados 40 y, salvo la elección de 1995, se puede decir que este tipo de participación tiende a ser baja, reflejando el momento de cotidianidad abstencionista en que se ubican sus elecciones. Resumiendo y comparando, en los cuatro tipos de elecciones ordinarias que se dan en el estado, se distingue que las presidenciales federales son las que generan mayor votación, pero son también, las que tienen la mayor distancia entre el resultado más bajo y el más alto. Considerando que por el tipo de elecciones se invierte mayor cantidad de dinero en campañas onerosas y abarcan el rango más amplio de votantes, son a la vez las que generan más expectativas para

los votantes y mayores riesgos para la democracia, por su carácter de amplio espectro electoral; y de ahí la disparidad entre una y otra. De los comicios para gobernador se destaca que son los segundos en importancia, por el tamaño de votación que logran; contrastando con los otros en general y con los presidenciales federales en particular, son los más estables en cuanto a su bajo promedio entre la participación más alta y la más baja; esta observación resulta importante porque las elecciones para gobernador suelen ser también bastante dispendiosas, a pesar de que su PEV se reduce a los nativos y radicados en sus tierras. En el caso de Chihuahua se nota, además, la influencia del “voto de castigo”, fenómeno social con el que el electorado sanciona a sus gobernantes, ya sea votando por la oposición; anulando su voto, o bien absteniéndose de acudir a las urnas, la acción más común.

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El caso de las elecciones intermedias federales y estatales es el de más baja votación, debido, en parte, a las peculiaridades de su tipo electoral: la renovación de las cámaras de representantes que reducen su fuerza de acopio de votos a sus respectivos distritos; un presupuesto más bajo para las campañas; el mayor desconocimiento del electorado que no sabe muy bien qué hace un diputado o senador; el distanciamiento entre representante y representado (al que rara vez vuelve a ver); el uso de los tiempos electorales como trampolín para aspirar a puestos de elección popular de mayor envergadura, que hace que los representantes elegidos no terminen su cargo y pidan licencia para competir por otro puesto (en Chihuahua no se ha legislado todavía para que el o la representante cumpla con la totalidad del periodo para el que fue elegido); y las cuotas de aspirantes cuando se dan coaliciones de partidos. La suma de estos elementos, por obvias razones, alimenta la baja participación y el abstencionismo. En Chihuahua este fenómeno está directamente relacionado con la falta de coyunturas detonantes de movimientos sociales y con el tipo de elección, que a su vez está limitada a los presupuestos y dimensiones de la PEV a afectar; por tal razón, se

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encuentran, a veces, resultados de elecciones intermedias mayores a las presidenciales federales o a las de gobernador, si la situación lo amerita, mientras la mayor parte de las veces éstas son modestas; por sí misma, la tendencia abstencionista no puede competir con la conciencia de la realidad política. Mientras la primera se limita a la PEV y a las elecciones, la segunda se aglutina alrededor de la población motivada para actuar o reactivada para protegerse del ejercicio del poder político.

Despolitización social y abstencionismo La despolitización social es un fenómeno que se estudia desde los años setenta en las democracias representativas mundiales, y tiene como eje central la preocupación por rescatar la conciencia y participación política en sociedades cada vez más enajenadas. Algunos autores la refieren para evitar el colapso del sistema político tal cual (Wattenberg, 2007; Boggs, 2000), otros argumentan a la crítica de la descomposición del sistema mismo (Bobbio, 1970/1989; Tenzer, 1992), pero todos subrayan la crisis de representatividad y legitimidad, así como el peligro para cualquier sistema democrático.

Fenómenos como la apatía e indiferencia política y la despolitización social, están directamente relacionados con la enajenación producida por la marginación social y económica, así como con las características o antecedentes de luchas sociales y políticas de un pueblo o la ausencia de ello. En el presente, los constantes cambios y exigencias de la vida industrial urbana, supeditados por modelos de desarrollo racionalmente aptos pero deshumanamente adaptables, influyen en la concepción social de la realidad del ciudadano o ciudadana común, con regularidad sin que éste se dé cuenta de lo que está pasando en su entorno y del papel que como actor social tiene. También es evidente que ante esta situación, los sistemas democráticos favorecen el sistema de partidos y las elecciones periódicas (democracias representativas neoliberales) y en éstos el elector se convierte en un actor secundario y casi siempre pasivo, asimismo, hacen uso de las consecuencias de la despolitización, como un recurso que ayuda al sistema a mantenerse y a generar las condiciones que regulan el status quo tal cual, manteniendo a la sociedad ajena (enajenada) de las cuestiones públicas, en una permanente desvirtuación de su acción política, y en plena tarea de desarticulación

social a través de muy variadas formas de coacción y violencia estructural (Arteaga, 2003) que va desde los síntomas más visibles, como la inequitativa repartición de la riqueza e impartición de la justicia, hasta el, no tan visible pero evidente, analfabetismo político. La política de despolitización social es resultado del sistema capitalista y neoliberal en la cuestión económicopolítica, y del sistema de democracia representativa en el control políticosocial y busca, además, hacerla permanente. De acuerdo con las teorías de la despolitización social (Tenzer, 1992; Bogas, 2000; Murillo, 2006) los procesos de ciudadanización, democratización y vida democrática actualmente, no sólo están interrumpidos (Arteaga, 2003: 37) sino desmoralizados (Bourdieu, 2002) y en la práctica, a pesar de que exista todo un discurso oficial e instituciones especializadas en “promover” la democracia y sus valores, existe también un halo de desencanto amplio y variado de la participación pública en general. En el estado de Chihuahua el desarrollo económico industrializado ha generado cientos de miles de empleos desde el último tercio del siglo XX a la fecha, convirtiéndose en la principal fuente de trabajo para mujeres

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en México y para una cuarta parte de su población estatal ocupada (INEGI, 2006). En el estado, hay más infraestructura en general y flexibilidad para hacer negocios, el grueso de la población se concentra en ciudades de más de cien mil habitantes, siendo Ciudad Juárez y Chihuahua las dos grandes urbes industriales y receptoras de migrantes; mientras las zonas semiurbanas y rurales son explotadas material y turísticamente por capitales privados y extranjeros2 con pocos beneficios para sus habitantes, lo que provoca migración hacia estas ciudades y Estados Unidos, o la presencia cada vez mayor de una economía ligada al narcotráfico (Ver Pintado, 2006; Alvarado, 1996). La panorámica del estado que se maneja oficialmente ofrece una falsa imagen de progreso y estabilidad social, que atrae por igual a inversionistas, turistas extranjeros, trabajadores calificados, profesionistas y mano de obra barata de todos los estados del país, principalmente de Durango, Veracruz y Coahuila, lo que trae como consecuencia una cultura política actual enajenante (Gómez, 2001), que contrasta con la participación políti-

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ca dos décadas atrás (Lau y Quintana, 1985; Orozco, 2003). Prácticamente durante todo el siglo XX, se ha seguido una política que favorece los intereses de los grandes capitales locales y extranjeros, mientras los cambios benéficos en materia social siguen un proceso lento, o de plano se detienen u obstruyen según la conveniencia. Todo esto con el visto bueno del Estado (federal, estatal y municipal), quien no sólo administra y usa los impuestos e ingresos, sino también condiciona y decide en dónde se aplican. No es de extrañarse que siempre haya razones de peso para favorecer acciones que tengan que ver, sobre todo, con la generación de empleos, uno de los slogans políticos favoritos (a veces el único) de partidos y candidatos en tiempos de campaña. Esto se complica más cuando, como en el caso de Chihuahua, los distintos niveles de gobierno son de diferente partido.3 Con la idea vaga de que el capital por sí solo trae el bienestar individual y, por ende, social (la famosa riqueza de las naciones de Adam Smith), el discurso y acción política neoliberal

La historia del estado está plagada de luchas entre trabajadores locales y habitantes contra los abusos laborales y ecológicos de las grandes compañías mineras, madereras y maquiladoras; hay mucho material documentado, para el caso serrano consultar: González, 1994; Meza, 2001; Sariego, 2002. Una de las graves consecuencias negativas de la alternancia en el poder, según la experiencia de Chihuahua, es el desmantelamiento o falta de seguimiento de programas (a veces hasta exitosos) que deja una administración a otra, ya sea por revancha o falta de voluntad política, con el consiguiente despilfarro de recursos materiales e impuestos, perjudicando así a la sociedad (Padilla, 1995; Meza, 2002).

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predominante se reduce a la cantidad de negocios que se puedan hacer o traer para Chihuahua, creyendo con esto, que la derrama económica y la generación de empleos son la panacea para hacer de una sociedad, una región o nación próspera. La población más pobre y menos escolarizada, con falta de elementos críticos hacia el régimen político económico vigente, es resultado de los factores estructurales que favorecen la enajenación política, forma el sector abstencionista más grande por obvias razones, y ahora se agregan nuevos actores que lo aumentan, procedentes de estratos más favorecidos anteriormente (la clase media sobre todo), cuyas capacidades económicas, educativas y políticas debieran traducirse en conciencia de clase, pero debido a sus hábitos de consumo, bajo nivel de educación cívica y política (analfabetismo político), vida individualizada de forma egoísta, desengaño político y deseos frustrados, son ya parte del creciente abstencionismo; dejando a los correligionarios y simpatizantes de partido, así como a las, cada vez menos, conciencias cívicas tradicionalistas que creen en el valor y respeto al voto, la legitimación de las elecciones. El abstencionismo se instala como efecto directo de la despolitización

social. Dadas las circunstancias actuales del estado chihuahuense, la estructura misma del sistema político-económico no permite el desarrollo de un electorado conocedor de los aconteceres relevantes de su entorno político inmediato. Mientras la política profesional se dedica a tomar decisiones casi siempre sin consultar a sus electores, la sociedad se desbalaga hacia actividades lúdicas y apolíticas, procurando estar lo suficientemente distante del ejercicio de la política pública, que es la que le corresponde evaluar constantemente. En Chihuahua hay un evidente divorcio entre sociedad y política; la primera se desarrolla hacia una población de mercado consumista y depredadora que, ajena a cualquier cosa que tenga el carácter de crisis política o de gobierno, siempre y cuando no le afecte directamente, minimiza o ignora hasta donde le es posible problemas como: feminicidios, narcotráfico, pobreza, analfabetismo, etcétera, asimismo, busca instalarse en la globalización, el mundo del acceso a la tecnología y la modernización, mientras la política se mantiene como el modus vivendi de una parte muy pequeña de la población y sus grupos de influencia (partidos, élites, grupos de choque), haciendo de su referente de identidad una zona de desprestigio, revanchis-

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mo y linchamiento político, aunado a las viejas formas de autoritarismo que jamás se han ido (nepotismo, corrupción, etcétera), y que en conjunto conservan para sí la arena política como botín económico, independientemente de la imagen que guardan hacia la sociedad chihuahuense. Es evidente cómo el estado experimenta un crecimiento en su economía, pero no en su conciencia política. Hay una batalla silenciosa, donde el juego del poder político se instala de manera imperceptible para mantener alejada y desinteresada a la sociedad, en general, y a la PEV en particular. De ahí que la población joven, la clase media y baja, así como la población migrante, sean los grupos que aportan los contingentes más grandes de abstencionistas, mientras otros sectores, como las mujeres, los campesinos y los indígenas, siguen estando en posiciones marginales respecto al Estado, aunque, curiosamente, son los grupos que tienen mayor participación electoral.4 El juego consiste en hacer uso excesivo de los medios masivos de comunicación, particularmente de la radio y televisión, como estrategia

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de información y desinformación de la realidad política del estado; para realizar la guerra sucia en las campañas electorales (Meza, 2002) y en general, para publicitar la obra pública de gobierno. Este fenómeno, aunado a la frecuencia de las elecciones (ahora extendidas y multiplicadas en tiempo y propaganda con las elecciones internas de cada partido, que se han hecho públicas) saturan la cotidianidad de la vida del electorado chihuahuense hasta el hartazgo y lo mantiene alejado de las urnas. El uso de las matemáticas electorales es otro factor que también está presente. Más distinguible a raíz de la participación en coaliciones, los partidos apuestan más a la medición y control del estimado del voto duro que necesitan para lograr el triunfo, que a arriesgarse a la búsqueda del votante indeciso y, peor aún, a la del voto del abstencionista empedernido. Por esa razón, se promueve con mayor insistencia la invitación implícita a no votar, dado que, políticamente, es preferible hacer cálculos de la cantidad de votación que se necesita para ganar una elección (tomando en cuenta el voto duro de los contrincantes también) aun manteniendo una

Hay que considerar que al hacer los cruces de actores sociales, por ejemplo entre clase social y género o población migrante y etnia, es más frecuente el peso de la población abstencionista sobre la participativa, por tal motivo, estos grupos participativos no destacan en los resultados finales.

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población pequeña, con relación al total de la lista nominal de votantes, pero cuyo voto es seguro, más los votos extras que se atrapen; que diseñar una estrategia para atraer a votantes abstencionistas, desilusionados desmotivados y demás, cuyo convencimiento implicaría una transformación radical de la forma de hacer política y de rendir cuentas a la sociedad. La calidad de la educación política es otro instrumento que, a diferencia de la escuela como aparato ideológico del Estado que promulgaba Althusser en el siglo pasado, sirve ahora para ayudar a despolitizar a la población. El interés por producir mano de obra calificada para la maquiladora y otras industrias, hace que el Estado se incline por crear universidades tecnológicas, con poco o nada de enseñanza en humanidades o ciencias sociales, educando profesionistas y técnicos que pueden ser excelentes en sus áreas de especialidad, pero con un pronunciado analfabetismo político. Esto en cuanto a la población con mayor escolaridad, respecto a la educación básica, sobre todo la pública donde estudia el grueso de la población, el interés se concentra en desviarla hacia la educación privada,

donde predominan valores de derecha (conservadores) y a la que no toda la población puede tener acceso por su elevado costo. El resultado es un rezago en materias como civismo, que prácticamente es inexistente, y la consolidación de una estructura de poder donde sólo los mejores estudiantes son valorados con base en su productividad y no por su desarrollo humano, social o valores éticos, descomponiendo así, la realidad a la que se van a enfrentar en el futuro y; de paso, quitándole un peso al Estado, que prefiere lidiar con ciudadanos enajenados, sumisos y despolitizados, que hacerlo con personas altamente politizadas y conscientes de su realidad política, social, económica y cultural. El abstencionismo es consecuencia del avance de la despolitización social. Chihuahua experimenta esta tendencia en la medida en que se transforma en un estado industrializado y neoliberal, en un estado global, con todas las consecuencias que esto implica en cuanto a la formación de ciudadanía consciente, dado que esto conllevaría reconsiderar el papel del Estado más allá de mantener el orden social y de sostener la idea de prosperidad económica como única vía de bienestar social.

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El abstencionismo por venir en México Desde hace 25 años el neoliberalismo es la dieta política-económica que rige al país, independientemente del partido en el poder. Ajeno a las culturas y necesidades locales, se asume como un sistema universal de emancipación a futuro, cuyo brazo político es la incuestionable democracia representativa. Fruto de este sistema, es la enajenación política, la despolitización social y el abstencionismo electoral. El ejemplo de Chihuahua es elocuente, pues descubre, en una escala menor, el macrocosmos del futuro políticoeconómico de México. Pese a los rezagos sociales y la descomposición acelerada del medio ambiente, por la explotación desmedida de sus recursos naturales que dirían de una reconceptualización, al menos, de los alcances, limitantes y errores del sistema neoliberal y la democracia representativa, la prioridad para los simpatizantes de dicho sistema se enfoca más en apurar este proceso, que en analizarlo o detenerlo. A nivel internacional México es, desde hace tiempo, uno de los países con más baja participación electoral, ocupando el número 140 de entre 172 que han tenido al menos

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una elección de 1945 al año 2000, en un ambiente global que tiende a ello (Murillo, 2006). En este contexto mundial, es poco posible que disminuya el abstencionismo, es más probable que aumente, dada la influencia de actores globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos de América o las grandes empresas transnacionales, que poco o nada tienen que ver con la mejora de las condiciones sociales de la ciudadanía mundial, o la transferencia y supervivencia de otras formas de organización política más sociológicas, como la democracia participativa, la anarquía o la autarquía. Dentro del entorno nacional, el desigual desarrollo por regiones y grupos sociales, sumado a los grandes escándalos políticos, las controversias electorales y los pobres desempeños gubernamentales en general, proporcionan las condiciones ideales para que el abstencionismo continúe arraigándose en la población sin mucho esfuerzo. Ya algunos autores señalan que el abstencionismo es más que una realidad pasajera, un hábito nocivo que necesita soluciones a fondo por la desafección política instalada en la PEV (Mijares, 2006), o bien porque denota una crisis de partidos con riesgos para la democracia representativa (Zárate, 2006).

La experiencia electoral en Chihuahua demuestra que un estado “rico” también tiene otras necesidades, fuera de su ámbito de prosperidad económica; las altas cifras en materia de homicidios, feminicidios, narcotráfico, marginación étnica y femenina, más las bajas estadísticas en materia de cobertura social, acceso a la salud, calidad de la educación y distribución de la riqueza, contrastan con la manera vulgar en que las promesas de campaña, que elección tras elección se enfocan en infamar al contrincante y reciclar eslogans vacíos de contenido, no se traducen en mejoras sustanciales para amplios sectores de la población, fuera de la efectiva, pero circunscrita certeza, de que alguien va a quedar en el gobierno por el voto de otro. También hay que tomar en cuenta que esa pasividad abstencionista manifestada en las elecciones tiene su límite y llega a explotar cuando las circunstancias lo ameritan. Los fraudes electorales, las leyes injustas, la corrupción burocrática y el despotismo gobernante, son detonantes de los movimientos de la sociedad. Sin embargo, la política de despolitización social que desde el sistema neoliberal se promueve, es un enemigo de las causas justas y pone en peligro la posibilidad de una emancipación real cuando la ciudadanía

no está atenta, está desinformada y mantiene desviado su interés hacia su muy particular estilo de vida. En las últimas décadas, la historia electoral en Chihuahua indica un panorama sombrío para el resto del país. En el estado se presentan de manera periódica y regular, desde la elección de 1983 y mucho antes que en la mayoría de los estados de la república, contiendas aguerridas, más que competitivas, en las que la consecución o mantenimiento del poder político se pone en juego, y se utilizan todos los recursos, legítimos y no tan legítimos para obtenerlo; hasta llegar a lograr, para beneficio de los partidos y el sistema político imperante, el sacrificio de la construcción de un amplio electorado interesado, atento y participativo de su entorno político, por la utilización del voto duro acrítico y convenenciero, más la práctica degenerativa y poco democrática del pago de favores políticos a financiadores de campaña, así como recompensas en puestos políticos a correligionarios de partido adictos a vivir del erario público, pero sin preparación para los mismos, que resultan a final de cuentas muy útiles para el fortalecimiento del sistema de partidos, tal como ha evolucionado a la fecha, pero fatal para la práctica democrática honesta y sincera.

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El abstencionismo por venir en México está en una fase de pleno crecimiento, debido a la forma de la llamada democracia mexicana, que permite un sistema de partidos en decadencia y en camino de convertirse en obsoleto, con procesos electorales cada vez más polémicos, sin que se hagan reformas profundas al sistema de regulación electoral y no logra, hasta el momento, más que polarizar a la población; asimismo, se abstiene de promocionar otros recursos democráticos, como el plebiscito y el referéndum para la rendición de cuentas, vigilancia y castigo de los representantes populares de todos los niveles, situación que permite la permanencia en el poder de gobernadores como el de Oaxaca y Puebla; la PEV en particular y la nación mexicana en general,

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seguirán descomponiéndose junto con el sistema político mismo hasta que reviente. Chihuahua y México son reflejo de lo que actualmente sucede en el mundo de las democracias representativas, que no son una opción para grandes grupos de población; de ahí que a veces se prefiera otro tipo de régimen político, incluyendo los antidemocráticos, que garanticen lo que ofrece la democracia representativa sin mucho éxito: mejoras en la calidad de vida. El panorama es gris si no se reflexiona y se actúa en consecuencia, ¿a qué porcentaje de participación tienen que llegar las elecciones, para tomar acciones concretas cuando se haga imposible sostener su legitimidad por la baja participación de votantes?

Cuadernos del Norte. Chihuahua, número 10: 4-11.

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