Mensaje Miriam Cárdenas 6 de enero de 2016 Inicio del Primer Periodo del año Judicial

Muy buenos días tengan todas y todos Ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este Palacio de Justicia y, a la sesión de apertura del primer periodo jurisdiccional del año 2016. Agradezco la honrosa presencia del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Rubén Moreira Valdés, a quien saludo con respeto y del Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, muchas gracias por acompañarnos. Expreso también mi agradecimiento y reconocimiento a tres ex gobernadores que hoy nos distiguen con su presencia: Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, muchas gracias; Doctor Rogelio Montemayor Seguy, nos gratifica su presencia; y Licenciado Enrique Martínez y Martínez, mil gracias. De igual forma, nos acompaña el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Doctor Xavier Díez de Urdanivia, de quien aprecio mucho su presencia. Asimismo, asisten el Comisionado Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, el Licenciado Jesús Homero Flores Mier, muchas gracias y, la Comisionada Licenciada Teresa Guajardo Berlanga, gracias Comisionada. Saludo a los integrantes del Órgano Jurisdiccional Local Electoral. A su presidente, el Licenciado Valeriano Valdés Cabello, gracias y la magistrada Elena Treviño Ramírez, muchas gracias magistrada.

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Y no puedo dejar de agradecer profundamente, la presencia de todas y todos ustedes, muchas gracias. Hoy, damos inicio al primer periodo de sesiones de este año dos mil dieciséis; primer periodo en el que por el voto y la confianza de mis compañeras y compañeros magistrados, he de presidir el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y ser la representante del Poder Judicial en Coahuila, lo que para mí significa un gran honor, pero también una enorme responsabilidad. El Poder Judicial tiene la encomienda de hacer efectivo y real el derecho a la justicia, entendido éste desde una dimensión social. Es por la obligación originaria del Estado de sostener la tranquilidad pública, que emerge el deber de las y los ciudadanos de abstenerse de reivindicar sus derechos por propia mano; de ahí que, cuando aparezcan conflictos entre las personas, su solución debe concentrarse en las instituciones del Estado y, para ello, se delega la administración e impartición de justicia al Poder Judicial. En este contexto, el derecho a acudir ante los tribunales se concibió como un derecho individual, luego, a partir del siglo XX se empezó a revelar su contenido social cuando se planteó como objetivo alcanzar una justicia real, y ya no sólo formal. Por esta razón, autores como Fix Fierro consideran que “el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado se ha convertido en un verdadero

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derecho a la justicia, entendida ésta como un valor social que debe ser realizado”.1 Es por ello que quienes formamos parte del Poder Judicial debemos tener presente su finalidad última: brindar un servicio público eficiente, eficaz y de calidad a quienes acuden a las instancias jurisdiccionales para resolver lo que en su vida cotidiana no pudieron hacer por los canales comunes. La simple conciencia de esto ya lleva de suyo el reconocimiento de que debe elevarse la eficiencia de los juzgados, que el personal que en ellos labora además de ser apto y contar con los conocimientos y destrezas necesarias, también debe ser probo y honesto y actuar con un riguroso apego a la legalidad, para así, resolver de manera ágil y rápida los asuntos de que conozcan. Además, el adecuado funcionamiento de los órganos que conforman el Poder Judicial no sólo impacta en la esfera jurídica de las partes que intervienen en un proceso, sino que en ocasiones, las decisiones judiciales tienen consecuencias de gran alcance y trascienden a los ámbitos económico o social y, por tanto, al político. Ello, visto desde la óptica del derecho a la justicia en su dimensión social, cobra real importancia para la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento económico

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Fix Fierro Héctor, artículo 17. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. COMENTADA Y CONCORDADA. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. Porrúa. México 2003. Tomo I. Pg. 256

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de nuestra entidad, y esto lo sostengo con base en datos objetivos que se han dado a conocer por instancias nacionales e internacionales dedicadas a diagnosticar, tras la obtención de cifras y datos estadísticos, y a proponer alternativas de solución a las perspectivas económicas y sociales que en el mundo se plantean. Desde hace algunos años, el Banco Mundial reveló que en América Latina y el Caribe el sistema de justicia que en ellos existe puede llegar a convertirse en un impedimento para incentivar la inversión, nacional o extranjera, pues las empresas buscan sistemas procesales que ofrezcan mayores ventajas en términos de costos, tiempo y eficiencia. Por ello, el Banco Mundial determinó una serie de directrices que deben orientar el funcionamiento de los poderes judiciales en Latinoamérica, y que son: 

Ofrecer mayor seguridad jurídica en sus decisiones



Otorgar respuestas eficaces de forma ágil y económica



Garantizar el acceso equitativo



Aplicar transparentemente la justicia



Proteger en forma efectiva los derechos humanos



Contribuir al crecimiento económico y al fortalecimiento del Estado de

Derecho.

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Llevar a la práctica estas directrices implica trabajar en la transformación del sistema judicial, en establecer un nuevo diseño institucional que habrá de plantearse a partir del conocimiento del contexto sociopolítico en que se desenvuelve este Poder Judicial como ente público, porque de ninguna forma le está permitido alejarse o aislarse de los cambios que se viven y demandan al seno de las sociedades y en el mundo mismo. Hoy en día podemos afirmar que nuestro Planeta, nuestro País y nuestro Estado enfrentan grandes retos y desafíos. En este mundo globalizado, en los últimos años se ha puesto en duda el modelo de desarrollo que hasta ahora se ha seguido, ciertamente ha existido un prolongado periodo de inestabilidad económica y las desigualdades en el desarrollo humano resultan patentes, esto es así a pesar de que en las pasadas dos décadas el crecimiento económico mundial logró un incremento de 75 %, sin embargo, sus beneficios no alcanzaron a todas las personas. Por ello, desde 2012 la comunidad internacional ha insistido en que debe cobrarse conciencia acerca de que, para el año 2030, es decir, dentro de quince años, se necesitará 50 % más de alimentos, 45 % más de energía y 30 % más de agua. Ante un escenario tan poco alentador para el porvenir que deseamos, la Organización de las Naciones Unidas recién lanzó la Agenda 2030, un Programa de Desarrollo Sostenible que se cimienta en tres pilares:

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

Crecimiento Económico



Igualdad Social, y



Sostenibilidad Ambiental

Entonces, si el crecimiento económico es clave para el desarrollo, debemos observar cuáles son los factores que han sido marcados como sus detonantes y, en esa búsqueda de componentes, en los que se debe de incidir, encontramos que el Banco Mundial también ha venido declarando que resulta esencial en las economías de los países que exista una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, de manera que iguale la participación masculina en este ámbito. Y estos datos los traigo a colación porque si en el mundo queda de manifiesto la necesidad de que exista un mayor crecimiento económico, y que éste no se dé en forma aislada, sino acompañado de acciones que abatan la brecha de desigualdad y procuren el cuidado del medio ambiente, en el país se ha dejado en claro que es necesario atender a los sistemas de justicia como elementos estratégicos para impulsar el crecimiento económico, pero también como instrumentos que abonen a mejorar la capacidad del Estado para responder a los problemas sociales y, con ello, contribuir al desarrollo social. El 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República dio un mensaje a la Nación que denominó: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo” en el que expresó, en resumen, que “hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana … que suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los

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mexicanos no puedan acceder a ella con facilidad…” , por ello encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (el CIDE), la organización de foros de consulta para elaborar una serie de propuestas y recomendaciones en la materia. Fue en abril de 2015 que el CIDE, luego de efectuar aquellos foros y sistematizar la información y propuestas recabadas en ellos, dio a conocer el Informe de Resultados en Justicia Cotidiana relativa a las ramas del derecho familiar, civil, mercantil y laboral, excluyendo tanto al derecho penal como al juicio de amparo. De esos resultados sólo señalaré, en concreto, que se detectó como escenario general en los sistemas judiciales del país que existían altos costos de acceso a la justicia, que había procedimientos poco flexibles y prolongados en el tiempo; también se reveló que hay una marcada invisibilidad de las personas afectadas, que cuando se resuelven los asuntos se hace mediante sentencias largas, y muchas veces incomprensibles y que la ciudadanía considera que en muchas ocasiones lejos de resolverse los conflictos originales, se generan otros conflictos. En suma, en ese trabajo se determinó que los principales problemas podían ser agrupados en seis categorías: 

Primera: Asimetrías de información que afectan a los ciudadanos

cuando enfrentan un conflicto.

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

Segunda: Mala calidad de conocimientos y condiciones de intervención

de los agentes jurídicos y, en este apartado aclaro que se refieren también a las abogadas y abogados que representan a las personas en las contiendas y no sólo a los funcionarios judiciales. 

Tercera: Diseño de los procedimientos: es decir, un mismo

procedimiento se usa para asuntos de naturaleza muy diversa, por ende, se privilegia la forma sobre el fondo. 

Cuarta: Falta de capacidades institucionales.



Quinta: Diseño institucional resistente a la renovación y adaptación.



Sexta: Mala Calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas.

Ante este entorno mundial y nacional habrá que considerarse el que corresponde al Estado de Coahuila de Zaragoza, una entidad que se ha ocupado de restablecer los estándares de seguridad, que empuja y, fuerte, hacia el crecimiento económico, atrayendo la inversión de empresas, basta decir, que ya ha sido superada la meta de generación de empleos que la administración pública se propuso conseguir para el 2017. Además, destaco el trabajo que en materia de respeto y garantía de los derechos humanos se ha emprendido y que ha llevado a nuestro estado a ser referente en este tema; también se avanza hacía estadios de inclusión e igualdad social y, a la par, hoy Coahuila se coloca a la vanguardia en materia legislativa con la emisión de normas jurídicas que dan respuesta a diferentes demandas sociales.

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Es por ello que resulta imperativo que el Poder Judicial, consciente de la función que de origen el pueblo le confirió, asuma la posición estratégica que tiene y garantice el derecho a la justicia, considerando que es un factor esencial para impulsar el crecimiento económico y elemento básico para contribuir a la igualdad social, flexibilizando los mecanismos para que se pueda acceder a los órganos que lo integran con mayor facilidad. De ahí que se requiera conocer por todas y todos los que pertenecemos al Poder Judicial, cuál es la situación en la que nos encontramos y definir en conjunto, un Plan Integral que establezca las estrategias y líneas de acción para el periodo 2016-2020, que tenga como objetivo primordial apuntalar en nuestro Estado el sistema de justicia, a partir de la reforma y el fortalecimiento del aparato judicial. Es momento de hacer un balance del quehacer judicial que nos permita reforzar los avances, afrontar las deficiencias y aprovechar las fortalezas y oportunidades. Para ello habrá que analizar y evaluar los resultados concretos de nuestra labor y contrastarla con las mediciones que se llevan al cabo por instituciones que a ello se dedican, así como con la percepción ciudadana que sobre nosotros se tiene. El año pasado, del total de los asuntos que se atendieron en primera instancia, esto es en los juzgados, en una primera revisión se obtuvo que 5% fue de

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causas penales, 38% de asuntos familiares, 30% de cuestiones mercantiles y 27% de juicios civiles. De todos ellos, sólo el 34% se recibieron en el año que recién termina y el resto, un 66%, corresponden a procesos judiciales que iniciaron su trámite antes de enero de 2015. Por otro lado, conforme a los datos que brinda el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) en la última medición que se hiciera a las entidades federativas, nuestro Estado se ubicó en el 5° lugar en Calidad Institucional de Justicia y en el 6° respecto al Índice de Eficiencia en la Ejecución de Sentencias, sin embargo, la percepción acerca de la imparcialidad de los jueces no nos favoreció, (estamos en el lugar 30 de los 32 estados) y ello provocó que ocupásemos el lugar número 19 en la calificación general respecto al Sistema de Derecho Confiable y Objetivo. Eso sí, debe reconocerse que avanzamos 10 posiciones con relación a la anterior medición. Considero que con lo expuesto podemos vislumbrar las circunstancias en las que nos encontramos y abocarnos a los dos primeros aspectos que demandan nuestra atención y actuación: estamos a meses de que fenezca el término para que la oralidad se concrete en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y también de que empiece a desarrollarse la oralidad en los procesos familiares, así como de que llevemos a cabo la transformación del Centro de Evaluación Psicosocial en un Consejo de Familia; ello conforme a la Ley para la Familia y al Código de Procedimientos Familiares en el Estado, mismos que por iniciativa

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del titular del Ejecutivo Estatal fueron aprobados recientemente por el Congreso. Aunado a lo anterior, presentaré ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y ante el Consejo de la Judicatura un proyecto en el que propondré trabajar en tres Ejes: 

El Rediseño Institucional



La Justicia Abierta



La Transformación de la Política de Comunicación

En el primero de ellos, habrá de pensarse en la Renovación del Marco Legal que permita el aprovechamiento y uso de las nuevas tecnologías,

que

prevenga la posibilidad de realizar una reestructuración administrativa y contar con una demarcación judicial más flexible y acorde a las cargas de trabajo, precisar un sistema de gestión de calidad, que establezca estándares e indicadores, elaborar y emplear manuales de organización y procedimientos, así como protocolos de actuación y dar cabida a nuevas áreas de apoyo como la de estadística y evaluación judicial. En este primer eje se debe abrir el apartado correspondiente a las acciones que demanda la Justicia Cotidiana, en donde tiene un espacio decisivo el fortalecimiento del Centro de Medios Alternos y el Instituto Estatal de Defensoría Pública.

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Todo ello en el marco de la Actualización Continua de los agentes jurídicos y de los auxiliares de la administración de justicia y, por supuesto, de la redimensión del Instituto de Especialización Judicial. En el segundo de los ejes, el referente a la Justicia Abierta, me queda claro que debemos fortalecer rubros como los relativos a la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y ética judicial. Entiendo que la rendición de cuentas va más allá de cumplir con una responsabilidad legal: Se trata de someter al escrutinio popular las acciones de quienes desarrollamos una función pública y, en el Poder Judicial, la rendición de cuentas debe permear entre otros aspectos en: •

La asignación y el uso de los recursos.

•

La evaluación en el desempeño y la conducta ética.

•

Los resultados del ejercicio de la función judicial y en

•

Los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios.

Y en ese camino, debemos pensar en construir un Sistema de Información Jurisdiccional para sistematizar los procesos judiciales mediante el registro, seguimiento y evaluación de los mismos. En el proceso de reforma que debemos plantearnos, mejorar los mecanismos institucionales de rendición de cuentas y abrirnos a la inspección ciudadana debe ser objetivo prioritario.

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En el tercer eje, el relativo a la Transformación de la Política de Comunicación, me parece que ésta debe plantearse desde dos ámbitos: el primero, el que se refiere a la comunicación al interior del Poder Judicial en el que debe privilegiarse la información formal de lo que aquí acontece así como la senda por la que habremos de transitar y, el segundo, la comunicación al exterior para combatir con acciones concretas esas asimetrías de la información que tanto dañan a la sociedad; debe por tanto, proyectarse una sólida promoción y garantía de los derechos de todas y todos los coahuilenses. Estas propuestas de trabajo habrán de enriquecerse con la aportación o modificación que de ellas realicen las y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de quienes, por el tiempo que hemos compartido en nuestra responsabilidad jurisdiccional, puedo atestiguar acerca de su capacidad, profesionalismo y talento, así como de su compromiso y dedicación, por lo que abrigo la certeza que de que, una vez definidas, podremos concretarlas en el corto, mediano y largo plazo. También habrán de ser analizadas por el Consejo de la Judicatura, para luego recibir las opiniones y contribuciones que todo el personal de esta institución realice en reuniones de trabajo que para ese efecto se convoquen para que así podamos dar forma a un Plan Integral que habrá de guiarnos en el Poder Judicial de Coahuila a lo largo de los próximos 5 años. Sé que los retos que tenemos frente a nosotros son grandes, pero más grande debe ser la certeza de que con trabajo, como diría mi padre, arduo, honesto y

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constante podemos alcanzar tan importantes objetivos; por ello la participación de todas y todos es elemental. Y al referirme a esa participación abordo un factor adicional: aquel que se refiere a la integración de los distintos órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que conforman este poder judicial y que tiene que ver con un elemento considerado por los especialistas como clave para detonar el crecimiento y es el relativo a la participación de las mujeres. En el Poder Judicial de Coahuila las mujeres representamos 63 % del total de las personas que en él laboran y, dentro de esta cifra, debo destacar que 46 % de ellas tienen entre 18 a 39 años de edad; vale decir que el comportamiento es muy similar tratándose de los hombres; del total de varones que laboran en este poder, 43 % también se encuentran en el mismo rango de edad. Entonces, poco menos de la mitad de quienes aquí prestan sus servicios son jóvenes y, por tanto, están en la etapa de la vida en la que se funda y forma una familia y, por ello, deben existir políticas laborales que les permitan atender también estas obligaciones que, además, apuntan hacia el desarrollo humano de las nuevas generaciones. De ahí que proponga que existan dos soportes transversales en los tres ejes de trabajo que he planteado, para que nutran y guíen todas las estrategias y líneas de acción que los conviertan en realidad.

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El primero de ellos se refiere a un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de los programas que implementemos, así como en las resoluciones que se dicten por las y los juzgadores. Pero también habré de impulsar un enfoque más: la perspectiva de género, no puede ser de otra manera, no cuando las mujeres somos el 63% de las personas que aquí trabajamos; no puede ser de otra manera cuando quien representa el Poder Judicial, por primera vez en la historia de este Estado, es una mujer. Por ello, desde hoy que, con fundamento en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado declaro el inicio del primer periodo de sesiones del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al año de 2016, en uso de la facultad que me confiere la fracción VIII del artículo 14 de este mismo ordenamiento, establezco como política general el absoluto respeto a los derechos humanos de todas y todos, así como una visión de equidad de género al interior de los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que lo conforman. No me resta más que decirles que: Somos nosotros, hombres y mujeres que pertenecemos a esta institución quienes con nuestro quehacer cotidiano dibujamos o desdibujamos la cara que en Coahuila tiene la justicia. Muchas gracias.

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