Licencia social para operar: Una licencia que no es licencia Escribe: Ramón R. Escobar Banda “Tiene que haber una reconciliación entre la actividad minera y la producción agrícola y ganadera local generando desarrollo para todos los actores involucrados en los proyectos mineros”1.

I.

Introducción

“No son ciudadanos de primera clase”2, “¡porque son perros!”3, “la gente de Lima solamente ve el canon minero y se olvidan que se va a contaminar”4, “terroristas antimineros”5. A través de estas cuatro frases intento colocar en retrospectiva no todos los conflictos socioambientales sino brevemente aquellos que en los últimos 10 años han captado el interés de todos los sectores de la sociedad peruana, ya sea por sus consecuencias nefastas (como la muerte) o por el grado de polarización que han generado. Cronológicamente, la primera frase pertenece al ex presidente Alan García, durante el conflicto denominado “Baguazo” suscitado en el año 2009; la segunda a un agente de la Policía Nacional durante las protestas contra el proyecto minero “Conga” (Cajamarca 2012); la tercera a Richard Ale alcalde de la provincia de Islay (Arequipa) durante el desarrollo del conflicto socioambiental contra el proyecto minero “Tía María” en el año 2015; y la última frase pertenece a Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la compañía minera Southern Copper Perú, cuando anuncio los motivos de la cancelación del proyecto minero “Tía María”, comunicación que horas después fue corregida. Tratar de describir o encontrar un solo origen a los distintos conflictos socioambientales mencionados es, por decir lo menos una tarea sumamente difícil, ya que los contextos sociales donde estos se desarrollan son totalmente diferentes y sus dinámicas casi nunca son iguales. Pero donde sí encontramos un alto grado de similitud es en las demandas que tanto los titulares mineros como la población exigen a un solo organismo El “Estado”, cuestiones como: “Nosotros no somos el Estado”; “La ausencia del Estado o El “Estado está de lado de las mineras”. Estos cuestionamientos se vienen evidenciando en casi todos los conflictos socioambientales entre las poblaciones y las industrias extractivas. Usted se preguntará qué vinculo o nexo existe entre los conflictos socioambientales y la licencia social, título de este artículo. Pues, bien la licencias social para operar es una figura que puede eliminar o prevenir la creación de los conflictos entre las poblaciones y las industrias extractivas (mineras, petroleras, etc.). De 

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con especialidad en el Derecho Minero y Derecho Ambiental. Miembro del Centro de Estudios de Derecho de Minería, Energía y Recursos Hídricos – CEDEMIN. 1 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA, fundador de la empresa minera “Buenaventura” citado por RUSSO CHECA, Guillermo. (2014). "Pionero de la minería". Fecha de consulta, 03 de agosto de 2015, de Diario "El Comercio" Sitio web: http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/pionero-mineria-guillermo-russo-checa-noticia-1718316 2 Alan García Pérez (05 de junio de 2009), entonces Presidente del Perú, refiriéndose a los indígenas, que formaron parte del conflicto socioambiental denominado “Baguazo”, originado por la aprobación de una serie de Decretos Legislativos (1015, 1064, 1073, 1090) que establecían en resumen el cambio de uso y propiedad en caso de “interés nacional” sobre las tierras forestales ocupadas por comunidades nativas. http://archivo.larepublica.pe/03-07-2011/conozca-las-patinadas-verbales-de-alan-garcia 3 Respuesta de un agente policial ante la pregunta - ¿Por qué nos tratan así? - realizada por una mujer, durante el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero “Conga” en Cajamarca (04 de julio de 2012). https://www.youtube.com/watch?v=n9BV0lWZXI 4 Richard Ale (17 de mayo de 2015) alcalde de la Provincia de Islay – Arequipa, declaración brindada al Programa “Punto Final” – Frecuencia Latina, durante el conflicto socioambiental contra el proyecto minero “Tía María”. https://www.youtube.com/watch?v=aKV3EN7-7G8 5 Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la compañía minera Southern Copper Perú (27 de marzo de 2015), al anunciar los motivos para la cancelación del proyecto minero “Tía María”, anuncio que horas después fue corregido. http://www.rpp.com.pe/2015-03-27-southern-anuncia-en-rpp-que-cancela-tia-maria-y-se-va-de-arequipa-noticia_781902.html

este modo puedo decir que en la actualidad para las empresas mineras, ya no es suficiente cumplir con todos los permisos y/o autorizaciones que exige la ley para dar inicio a sus operaciones, sino que además deberán tomar en cuenta la participación de aquellas comunidades donde el futuro proyecto minero tendrá influencia directa. Para lograr esto las empresas mineras deberán sostener un diálogo permanente y a su vez, permitir la participación de estas comunidades. Esta figura puede ser comparada con la política del buen vecino. Pero ¿cuáles son los requisitos o procedimientos para que una empresa minera pueda conseguir esta licencia social para operar?, ¿dónde se origina esta figura? o ¿por qué a pesar de ser aplicada en el Perú, los conflictos socioambientales no se han visto reducidos, sino por el contrario estos han proliferado? . Estas son algunas interrogantes que el presente artículo plantea resolver partiendo de la definición, y el análisis de esta figura y su conexión con los conflictos socioambientales. II.

Planteamiento del problema y su justificación

¿Es acaso el Perú el único país donde los proyectos mineros han provocado conflictos socioambientales con las poblaciones vecinas?. La inmediata respuesta a la pregunta planteada es un rotundo no; países como Canadá (referente en la industria minera), México, Brasil o Ecuador, son claros ejemplos que nuestro país no es el único que adolece de este tipo de conflictos. Quizás desde siempre estas disputas hayan existido entorno a las actividades mineras. Pero como bien señala GARCÍA-GODOS en “la última década, los conflictos socioambientales se han convertido en un tema constante en el Perú, un tema de debate público y político, de preocupación e incertidumbre, tanto para autoridades como para el sector privado y la sociedad civil en general. Para los actores locales y las comunidades directamente involucradas en las operaciones de la industria extractiva, esta es una realidad que se vive día a día, y que implica procesos con otros actores de los que se espera mucho y se conoce muy poco”.6 Por otro lado la minería en la década de los 90´s tuvo una expansión a escala mundial, caracterizada por la falta de regulación y precedida de reformas estatales (en el caso peruano), que tenían el único objetivo de incentivar su crecimiento sin mediar las consecuencias que esta expansión provocaría. Es así que este crecimiento vertiginoso tuvo como resultado la multiplicación de conflictos socioambientales. La respuesta de la industria minera no se hizo esperar. A decir de ALAYZA MONCLOA “Las empresas plantean mantener las reglas de juego que garantizan un clima favorable para la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos y proponen, como alternativa a los conflictos que provoca su actividad, el mensaje de la responsabilidad social y la creación de los denominados mecanismos voluntarios de autorregulación – como los códigos de conducta –, de manera que sus labores puedan seguir desarrollándose en un contexto favorable. El mensaje central de estos mecanismos voluntarios o de autorregulación consiste en que las empresas reconocen ciertas externalidades negativas que Se generan como consecuencia de sus actividades, pero que pueden ser controladas sin necesidad de crear nuevos instrumentos de regulación pública”7. Son en estos mecanismos de autorregulación donde se originan la responsabilidad social empresarial (RSE) que “debe ser entendida como la visión o filosofía corporativa que determina que las empresas no agoten su esfuerzo en maximizar utilidades, sino que además se comprometan con el desarrollo de la

6

GARCÍA-GODOS, Jemima (2014) “Minería, conflicto social y diálogo” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Lima – Perú; Primera edición. Pg. 11. 7 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 84.

sociedad”8. A su vez, la licencia social para operar emana de esta Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Como veremos más adelante, la mayoría de las empresas mineras dedicadas a la gran, mediana y con excepciones en la pequeña minería en nuestro país, ostentan una política clara respecto a su RSE y por lo tanto a la obtención de la licencia social para operar. Sin embargo, la aplicación de la RSE no se condice para nada con lo que viene sucediendo en la realidad. Y cuando hablo de la realidad, me estoy refiriendo al número de conflictos socioambientales registrados por la Defensoría del Pueblo desde el año 2005 hasta el año 2015 (ver Cuadro N° 01). Las cifras nos indican que los conflictos socioambientales (en su mayoría entre las empresas mineras y la población) no han ido en reducción sino por el contrario se han elevado. Todo lo antes expuesto me conduce a formular la siguiente pregunta: 

¿Será conveniente la creación de un marco legal que regule y precise los requisitos para la obtención de la licencia social para operar en los proyectos mineros?

Justificación La presente investigación tiene por objeto exponer los principales factores que inciden en la obtención de la licencia social para operar, así también busca determinar qué acciones han provocado su creación y cómo viene siendo su aplicación por parte de las empresas mineras en el Perú. Debemos tener presente que esta figura nace como un instrumento de autorregulación para las empresas mineras, destinado a reducir o eliminar los conflictos socioambientales, por lo tanto no tiene una regulación jurídica especifica. Ante la creciente ola de los conflictos socioambientales que sufre nuestro país, se hace necesario discutir sobre esta figura y proponer nuevas ideas para lograr su eficacia total, para que de esta manera tanto las poblaciones como los empresarios se vean beneficiados, ya que la licencia social aspira a crear equilibrio entre la actividad minera y las poblaciones de su entorno mediante su participación permanente. Sin embargo, es evidente que algo no anda bien. III.

Desarrollo del tema

1.

El origen del conflicto y su estado actual

Desde el final del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1975, y sobre todo desde que Alberto Fujimori asumió la presidencia (desde 1990 hasta el año 2000), los gobiernos nacionales han puesto en marcha una serie de reformas orientadas a la promoción del libre mercado. Este cambio se hizo mucho más notorio durante el gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori “por un lado, se restringió y desprotegió el ejercicio de los derechos fundamentales; asimismo, los movimientos sociales se debilitaron y fueron reprimidos. Por otro lado, se promovieron una serie de cambios económicos y legales que implicaron el debilitamiento institucional del Estado, el ahondamiento de la crisis de representatividad política, así como la promoción activa de la presencia del sector privado en el aprovechamiento de los recursos naturales como eje del modelo de desarrollo, en contextos culturales y sociales tradicionalmente excluidos de la participación política y económica”9. Debido a estos cambios sociales y económicos en el país comienzan a evidenciarse los conflictos socioambientales que a decir de SPADONI son “procesos interactivos entre actores sociales movilizados 8

Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 340. 9 BEDOYA GARCÍA, César (2014) “Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: una lectura general” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Lima – Perú; Primera edición. Pg.34.

por el interés compartido en torno a los recursos naturales, como tales: son construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden modificarse según cómo se los aborde y se los conduzca, según cómo sean transformados y según cómo involucren las actitudes e intereses de las partes en disputa” 10 1.1.

¿Es lo mismo hablar de conflicto ambiental y conflicto socioambiental?

Algunos autores plantean una distinción entre conflicto ambiental y conflicto socioambiental. Los primeros, están relacionados “con el daño a los recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, por lo común activistas de organizaciones ambientalistas. Esta lectura toma en cuenta las organizaciones que defienden el ambiente y los recursos naturales. En el segundo caso, los conflictos también involucran a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto” 11. No coincido con esta distinción realizada por ORELLANA, en la actualidad no existe un conflicto ambiental sin dimensiones sociales, no importa que esta oposición provenga principalmente de actores exógenos como activistas u organizaciones ambientales internacionales, ya que estas forman parte también de una sociedad o comunidad. Como conclusión puedo indicar que tanto los conflictos ambientales, los conflictos ecológicos como los conflictos socoambientales, son solo algunos nombres tratados usualmente como sinónimos. No existe una gran diferencia entre estas definiciones, por lo tanto podemos entenderlas (conflicto ambiental, conflicto ecológico o conflicto socioambiental) como partes que forman un todo. El concepto con el cual sí podemos encontrar alguna diferencia resaltante es con el conflicto social. La Defensoría del Pueblo define a éste como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. Nótese la diferencia, en este concepto no se menciona a los recursos naturales o a las organizaciones ambientales. Tenemos entonces que los conflictos sociales vendrían a ser el género y los conflictos ambientales o socioambientales la especie. 2.

Conflictos sociales registrados durante el periodo 2005-2015 por la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política de 1993, que tiene como objetivo principal proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona o comunidad. Este órgano da a conocer mensualmente su reporte de conflictos sociales, que es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar acerca de los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados a nivel nacional. CUADRO N°01: Número de conflictos sociales y socioambientales (2005 -2015) Mes y Año Mayo 2005 Mayo 2006 Mayo 2007 Mayo 2008 Mayo 2009 Mayo 2010 10

Número total de Conflictos Sociales 74 77 77 65 268 255

Conflictos Socioambientales 10 13 30 31 133 132

SPADONI, Eliana (2012) “Los conflictos socioambientales en el contexto latinoamericano” Fundación Cambio Democrático, Buenos Aires. Disponible en: http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/resources/ConflictosSocioAmbLatAm(esp).pdf 11 ORELLANA, René (1999) “Conflictos ¿Sociales, ambientales, socio-ambientales? Conflictos y controversias en la definición de concepto” Comunidades y Conflictos Socioambientales: experiencias y desafíos en América Latina. Quito, Ediciones Abya-Yala, Pg.331

Mayo 2011 Mayo 2012 Mayo 2013 Mayo 2014 Mayo 2015

227 245 225 212 211

177 149 149 135 143

En este cuadro podemos observar el incremento exponencial de los conflictos sociales y los conflictos socioambientales. En menos de 15 años, hemos pasado de 10 conflictos socioambientales a 149. Estas cifras concuerdan con el crecimiento económico que el país viene experimentando. A pesar que nuestro ritmo de crecimiento económico se ha reducido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que el Perú tendrá un crecimiento económico de 3.5% durante este año, superando a economías como la Mexicana (2.8 %). Por otro lado según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y el Banco Mundial (BM) uno de los principales desafíos que enfrenta la industria minera es que “las actitudes de la población frente a la minería no son a menudo positivas y recientemente han generado enfrentamientos y conflictos sociales. Subyacen a dicha situación un conjunto de factores que caracterizan como complejos; entre otros, señalan los siguientes: el legado de la minería (pasivos ambientales y sociales), las dificultades de comunicación entre las empresas mineras y las comunidades de su entornos y, sobre todo, puntualizan que las operaciones mineras se ven a menudo presas en la encrucijada de que las instituciones y estructuras de gobernabilidad en el Perú no han permitido a las comunidades locales participar efectiva y constructivamente en los procesos políticos, que el sistema legal formal no reconoce la propiedad y los derechos de facto y que los servicios públicos no satisfacen las expectativas de las poblaciones”.12. La pregunta que subsiste después de ver las cifras y lo expuesto por la ICMM es: ¿Qué han hecho las empresas mineras para contrarrestar el desarrollo de los conflictos socioambentales? A continuación expondré algunas iniciativas empresariales a nivel internacional que han tenido el objetivo de cambiar la actitud de la población frente a la minería, y han venido siendo aplicadas desde inicio de los 90´s por casi todas las empresas mineras transnacionales que en la actualidad tienen proyectos en nuestro país. A) Iniciativa Whitehorse Minning de Canadá “En 1992 fue lanzada una de las primeras iniciativas propuestas por una agremiación de empresarios mineros. La Asociación Minera de Canadá, reunida en la ciudad de Whitehorse – Yucón, puso en marcha la Whitehorse Mining Initiative (WMI), que tenía como propósito desarrollar en ese país una visión estratégica para identificar soluciones, en la perspectiva de construir una propuesta de una industria minera que aporte al desarrollo sostenible. Además de los representantes de las empresas mineras, participaron las autoridades canadienses, los sindicatos, los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas. Se trató de una iniciativa sin precedentes, propiciada por las empresas que buscaban construir una visión conjunta acerca del marco de acción de la industria minera en el país del norte. De este largo proceso de discusión y propuestas, resultó un importante acuerdo que contiene principios, objetivos y recomendaciones específicas sobre aspectos referidos al respeto y condiciones para la relación con los diversos ecosistemas, las poblaciones indígenas, así como recomendaciones orientadas a la necesidad de compartir adecuadamente beneficios resultantes de la extracción de los recursos naturales”13. B) 12

La Iniciativa Global de la Minería

BEDOYA GARCÍA, César (2014) “Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: una lectura general” ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Lima – Perú; Primera edición. Pg.38 13 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 87.

“La Global Mining Initiative (GMI), o Iniciativa Global de la Minería, fue lanzada en 1999 reuniendo a treinta y cuatro empresas mineras multinacionales. La GMI buscaba definir el papel que podía cumplir la minería en la transformación hacia el desarrollo sostenible y los desafíos que debía enfrentar en temas sociales, ambientales, económicos y de derechos humanos en general. A partir del reconocimiento de que la industria no había estado respondiendo adecuadamente a estos problemas, se plantearon tres acciones principales: - La creación de una asociación de la industria minera que derivó en la formación del Consejo Internacional de Minería y Metales o International Council of Mining and Metals (ICMM), que debía enfocar su trabajo en el desarrollo de una estrategia sobre el desarrollo sostenible. - Desarrollar un análisis independiente de los problemas claves que afrontan estas industrias. Este eje de trabajo se pudo realizar a través del Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD), proyecto que significó dos años de investigación, consulta y discusión sobre la manera como la minería podía maximizar su contribución al desarrollo sostenible en los niveles nacional, regional y local. - Finalmente, la Global Minning Iniciative asumió la tarea de propiciar en mayo del 2002, una conferencia global sobre minería, metales y desarrollo sostenible. El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) es una organización liderada por trece de las principales empresas multinacionales y veinticuatro asociaciones nacionales e internacionales de la industria. Dentro de sus miembros se encuentra la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú - SNMPE, así como varias de las más importantes empresas que manejan proyectos en el Perú, como son BHP Billinton, Xstrata, Newmont o Río Tinto. Estas empresas tienen formalmente la obligación de poner en práctica los estándares que se definen en el ICMM”14. En su mayoría las empresas mineras dedicadas a la gran y mediana minería en el Perú tienen una política clara sobre la responsabilidad social y licencia social. Empresas como: Xstrata, Yanacocha, Antamina, etc, cuentan con políticas y códigos de conducta, donde se obligan a sí mismas por ejemplo, “a desarrollar un programa de integración y comunicación con la comunidad promoviendo el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos” (Yanacocha). Pero si estas políticas vienen siendo aplicadas de buena forma por más de dos décadas, por parte de las empresas mineras, no habría oportunidad para que los conflictos socioambientales se originen o, si se producen, no lo hicieran con la magnitud que poseen en la actualidad. Pero esto no viene siendo así; por el contrario han ido incrementando. Esto viene ocurriendo porque “pese al desarrollo de instrumentos de responsabilidad social y ambiental, tanto a nivel individual como de manera gremial y concertada, a las empresas mineras les sigue costando llevar a la práctica estos compromisos. De hecho, en el caso peruano, las empresas involucradas en algunos de los principales conflictos sociales y ambientales en los últimos años son las empresas líderes de la minería en el Perú e integran varias de las iniciativas nacionales e internacionales de responsabilidad social”15. No se puede dejar de reconocer que las políticas o códigos han servido para que la empresa mineras asuma responsabilidades ante la población, sin embargo estos instrumentos de responsabilidad social carecen de mecanismos independientes de monitoreo o evaluación permanente, sin olvidarnos que en ninguno de estos códigos empresariales se han estipulado sanciones a la empresa que incumpla lo acordado o la posibilidad de que la población plantee sus demandas adecuadamente; esto canalizaría las protestas y evitaría el constante bloqueo de carreteras, pues la población tendría un espacio dónde exponer

14

ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 87. 15 ALAYZA MONCLOA, Alejandra (2007) “No pero sí: comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú” Acción Solidaria para el Desarrollo - CooperAcción. Lima – Perú. Pg. 95.

sus demandas con el objetivo de solucionar las controversias existentes, teniendo como última opción la protesta. Como conclusión y en pocas palabras las empresas mineras en la actualidad autocontrolan la responsabilidad social de sus actividades, sin supervisión de terceros. Además no existe a nivel nacional un dispositivo legal que convierta el cumplimiento de estos buenos mecanismos en obligatorios. 3.

La licencia social para operar

La licencia social fue la reacción de la industria minera ante la pérdida de reputación por la contaminación ambiental y los conflictos mineros, que hasta ese entonces (mediados de 1990) había creado. “En una reunión con personal del Banco Mundial en Washington a principios de 1997, Jim Cooney, entonces director de Asuntos Internacionales y Públicos de la desaparecida empresa canadiense Placer Dome, propuso que la industria tenía que actuar de forma positiva para recuperar su reputación y obtener una “licencia social para operar” a través de un proceso que, comenzando al nivel de minas y proyectos individuales, crearía, con el tiempo, una cultura y perfil públicos para la industria minera. El concepto y terminología surgieron en mayo de 1997 en discusiones durante una conferencia acerca de Minería y la Comunidad en Quito, Ecuador, auspiciada por el Banco Mundial, y muy pronto entraron en el vocabulario de la industria, sociedad civil y las comunidades que son sedes de minas y proyectos mineros”16. Como se indica en el título del presente ensayo, esta licencia social para operar no tiene las connotaciones que uno deduce de una licencia. A continuación veremos por qué. En primer lugar deberemos remitirnos a brindar un concepto sobre licencia. Así tenemos que para la Real Academia Española (RAE) licencia es la “resolución de la administración por la que se autoriza una determinada actividad”17. Esta definición dista mucho del significado exacto de la licencia social para operar. El ex - gerente de asuntos corporativos de Antamina - Gonzalo Quijandría señaló “que la licencia social no constituye un término traducible a nuestro sistema jurídico, porque en el sentido estricto constituiría un proceso obligatorio y formal de autorización. Él propone el uso del término consenso social como una fórmula que corresponde a un proceso más dinámico que, en su opinión “no puede estar atado por formalismos” y que se tendría entendido como la aceptación tácita reflejada en el conjunto de actitudes, acciones y actividades de reconocimiento de las actividades minero energéticas, por parte de la comunidad o del entorno social”18. Coincido plenamente con lo indicado, el concepto propuesto estaría más acorde al reconocimiento y aceptación de las actividades mineras por parte de las comunidades. Aunque no existe un estándar o una definición generalmente aceptada de “licencia social”, ésta es por lo general considerada como “un proyecto de desarrollo que cuenta con la continua aceptación de las comunidades locales. La licencia social para operar es un añadido al otorgamiento de un derecho por parte del gobierno o del sistema legal para operar” A mi opinión la definición que engloba las características de la licencia social es la siguiente:

16

THOMSON, Ian; BOUTILIER Robert. (2011). “La licencia social para operar”. Fecha de consulta 10 de agosto 2015, de Darling, P.; SME Manual de Ingeniería Minera Sitio web: http://www.stakeholder360.com/La_Licencia_Social_SME_capitulo_2011_espa%C3%B1ol.pdf 17

Fecha de Consulta 12 de agosto de 2015 , Diccionario Web de la Real Academia Española Sitio web: http://lema.rae.es/drae/?val=licencia 18 QUIJANDRÍA, Gonzalo. (2006) “Consentimiento previo, libre e informado - CPLI”. Presentación realizada en la Mesa Redonda organizada por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la República.

“La licencia social para operar en la actividad minera es la aprobación tácita otorgada por las poblaciones aledañas a un establecimiento minero, expresada en el conjunto de acciones de reconocimiento y/o aceptación de las actividades mineras, que dota de legitimidad la actuación empresarial”19. “En consecuencia, la licencia social se conforma por un conjunto de hechos, actuaciones, normas de conducta, respeto de los derechos de los vecinos, siendo lo más relevante el desarrollo sostenible con el que se deben planear las actividades mineras, el cuidado responsable del medio ambiente y la responsabilidad social empresarial que predique la institución. Estos elementos facilitarán la “aprobación” de la comunidad que rodea a la minera”20. La empresa no es el Estado, este concepto debe quedar muy claro y bien definido ya que en muchos casos llega a ser confundido por las comunidades, si bien la empresa minera se obliga a cumplir con compromisos (Licencia social) no podrán suplir nunca la función del Estado, la empresa no puede ni debe resolver todos los problemas de la comunidad. “En la mayoría de casos los comuneros confunden la política del buen vecino como una obligación del particular. Ello debido a que el Estado muchas veces es considerado un actor alejado, carcomido por la pérdida de credibilidad en lugares inhóspitos del territorio nacional. En muchos de ellos ni siquiera se conoce el concepto de Estado y de autoridad, motivo por el cual equivocadamente la población percibe en la empresa minera al agente que proveerá de insumos para satisfacer sus carencias en una inconsciente actitud paternalista”21. Cuadro N° 02: Principales Proyectos Mineros en el Perú Proyecto Minero Antamina Antapacay Conga Las Bambas Los Chanchas Michiquillay Rio Blanco Quellaveco Tia Maria Toromocho

Operador BHP , Xstrata Xstrata Yanacocha MMG Southern Anglo American Zijin Anglo American Southern Chinalco

Ubicación Áncash Cusco Cajamarca Apurímac Apurímac Cajamarca Piura Moquegua Arequipa Junin

Metal a extraer Cobre Cobre Oro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Cuadro N°03: Proyectos Mineros que cuentan con Licencia Social Proyecto Minero Anama

Operador

Ubicación

Aruntani

Apurímac

Metal a extraer Oro

Corani

Bear creek

Puno

Plata

Las Bambas

MMG

Apurímac

Cobre

19

Licencia Social

Inversión

Licencia a cambio de obras sociales. Licencia a cambio de obras sociales Licencia a cambio de reubicación y fondo social

US$60 millones US$600 millones US$10.000 millones

Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 346. 20 Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 346. 21 Grupo de Investigación Ius et Veritas (2005) “Minería: ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? Una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros” En Ius et Veritas Revista editada por estudiantes de la Facultada de Derecho de la PUCP, Año XV N°. 31; Lima – Perú. Pg. 350.

Ampliación de Toromocho Ollachea

Chinalco

Junin

Cobre

IRL

Puno

Oro

Ampliacion Toquepala

Southern

Tacna

Cobre

Quellaveco

Anglo American

Tacna

Cobre

San Gabriel

Buenaventura

Tacna

Oro

Ampliación Cerro Verde

FCX

Arequipa

Cobre

Pampa de Pongo Inmaculada

Jinzhao Mining

Arequipa

Hierro

Hochschild

Cuzco

Oro y plata

Magistral

Milpo

Ancash

Cobre

La Granja

Rio Tinto

Cajamarca

Cobre

Shahuindo

Sulliden Shahuindo

La Libertad

Oro

Licencia a cambio de reubicación y empleo El operador minero otorga acciones bursátiles a los comuneros Acuerdos alcanzados en mesa de dialogo Acuerdos alcanzados en mesa de dialogo El operador ha optimizado el proyecto Licencia a cambio de obras de saneamiento y agua potable Licencia a cambio de obras sociales Licencia a cambio de obras sociales Licencia a cambio fondo social Los ronderos aceptan el proyecto y lo defienden contra los antimineros Licencia social a cambio de plan de desarrollo y empleo

US$ 1.320 millones US$ 170 millones

US$ 1200 millones US$ 5.000 millones US$ 500 millones US$ 4.600 millones US$600 millones US$427 millones US$750 millones US$3.000 millones

US$ 132 millones

(Fuente: Diario “El Comercio”) 4.

Principales requisitos para conseguir la licencia social

Cada compañía minera tiene un proceso particular para conseguir la licencia social pero a decir de GAMARRA BARRANTES22 los “Requisitos Mínimos Para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana” deberían ser los siguiente: 4.1. Identificación y análisis de los actores sociales.El mapeo tiene que hacerse muy detallado sobre todo en zonas más pobres, para que no se dejen de lado, y luego devengan en conflictos. Hay que mapear correct y exhaustivamente e invertir en el tiempo adecuado porque el riesgo es grande en conflictos en una sociedad como la nuestra. 4.2. Divulgación de información.Se debe de proporcionar información continua a los actores sociales afectados, desde las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, de una manera significativa y por medios accesibles; hay que mantener esta comunicación durante toda la vida del proyecto. Además se tiene que transmitir información de una manera comprensible para que los actores sociales entiendan cabalmente. Se debe también contar con

22

GAMARRA BARRANTES, Carolina. (2014). “Propuesta de Requisitos Mínimos para Lograr la Licencia Social en la Minería Peruana” Tesina para Optar el Grado de Magíster en Derecho de la Empresa. Lima - Pontificia Universidad Católica del Perú. Pg. 75.

información oportuna y precisa sobre el proyecto, su impacto y otros aspectos que pudieran producir efectos en ellos. 4.3. Consulta con los actores sociales La consulta se debe basar en mantener toda una comunicación durante la vida del proyecto minero, a través del diálogo. En realidad, el proceso de consulta con los actores sociales consiste en establecer y mantener relaciones externas constructivas a lo largo del tiempo. Además se debe llevar a cabo reuniones periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar con los miembros de las comunidades con el fin de cumplir los compromisos asumidos por las empresas para que las poblaciones gocen de servicios de salud e infraestructura. 4.4. Negociación y asociaciones Es necesario que se den negociaciones en base a los intereses para que se eviten conflictos y se logre una mayor armonía con sus comunidades. Asimismo, hay que añadir valor a la mitigación del impacto del proyecto o a los beneficios de este último para el desarrollo de las poblaciones de las zonas, mediante las asociaciones estratégicas entre empresas y comunidades u otros actores sociales, como gobiernos u ONGs. 4.5. Gestión de las reclamaciones Dado que las operaciones mineras generan impactos sociales y ambientales, las reclamaciones son inevitables y se debe contar con un área de mecanismos de reclamos en todas las zonas de influencia de las operaciones mineras. Además, se recomienda que los reclamos se hagan en un tiempo límite de 30 días para resolverlos y con profesional altamente calificado. De esta manera se resolverá los reclamos o quejas en corto tiempo; y no devendrán en mayores conflictos. Asimismo, la empresa tiene que establecer medios accesibles y adecuados para que los actores sociales puedan exponer sus inquietudes y reclamaciones acerca del proyecto a lo largo de toda su existencia. 4.6. Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del proyecto Las empresas mineras junto con sus comunidades deben de mitigar sus impactos, así como darlo a conocer a las poblaciones mediante la comunicación abierta, para lo cual se deben hacer sesiones de reuniones con las comunidades para comunicar los avances, generando un trabajo conjunto para la consecución de la mitigación de impactos. Asimismo, las empresas mineras deben de adoptar enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y trabajar mucho por un mejor involucramiento con sus comunidades; de tal manera que ellas sientan que sus preocupaciones, necesidades e intereses formar también parte de la empresa. 4.7. Elaboración de informes para los actores sociales Las empresas mineras deben informar a los actores sociales (tanto las personas o grupos consultados como quienes tengan intereses más generales en proyecto) como impactan sus operaciones en lo social y ambiental a través de, por ejemplo los informes de sostenibilidad, los mismos que permitirán saber acerca del desempeño ambiental, social y económico del proyecto y; verificar si se han cumplido con las metas propuestas. Los informes deben de presentarse periódicamente, enfocando que describan el progreso en la implementación del plan propuesto. 4.8. Funciones de Gestión Este requisito significa que hay que crear y mantener suficiente capacidad para manejar las relaciones con los actores sociales, como hacer un seguimiento de los compromisos contraídos e informar sobre los progresos realizados.

IV.

Conclusiones

Los conflictos sociales y socioambientales han existido y seguirán existiendo ya que forman parte de la dinámica social de cada país. Debemos tener presente que el conflicto es una oportunidad para introducir cambios profundos; pero, para que esta transformación ocurra se deberá contar con una institucionalidad que incentive y plantee la solución de estos conflictos, escenario que en nuestro país aún no ocurre. Dando respuesta a la pregunta planteada al inicio de este ensayo, debo indicar que no resultaría conveniente hoy en día la creación de un marco legal especial que se encargue de regular los requisitos para la obtención de la licencia social. Creo que la solución no se encuentra en la creación de un nuevo dispositivo legal; el problema es muchísimo más profundo y una ley no bastaría para solucionarlo. La opción u oportunidad que representan los conflictos en estos casos socioambientales es, como ya lo hicieron los canadienses a inicios de los 90´s, la discusión y diálogo entre todos los agentes involucrados, donde se planteen soluciones y se desarrolle una propuesta integral en la que todos los sectores obtengan estabilidad a largo plazo. Una vez realizado este paso, sumamente necesario hoy para nuestro país, la promulgación de normas se hace inevitable. Se vuelve necesario rediseñar los mecanismos de participación y consulta. En este punto coinciden casi todos (empresas mineras, poblacion, ONG´s, Estado), observamos que el Estado ha dejado a su libre albedrio tanto a la población como a las empresas, pues no cumple con proteger los derechos fundamentales de los pobladores locales ni garantiza los compromisos entablados por las empresas, motivos por los cuales las negociaciones fracasan. El Estado deberá tener una relación permanente con la comunidad, recogiendo sus demandas y atendiendo sus necesidades básicas (salud, educación, servicios públicos, etc.). Esto deberá ocurrir con mayor énfasis previo a la etapa de negociaciones y participación, produciendo que los niveles de asimetría disminuyan y consecuentemente la empresa no supla las funciones del Estado, y las autoridades locales se verán empoderadas.

V.

Recomendaciones

Los procesos de participación y de toma de decisiones deben estar precedidas de un trabajo de fortalecimiento interno de las organizaciones representativas de las poblaciones (alcaldes, juntas comunitarias, ronderos). Esto provocara que la población se sienta representada y, al mismo tiempo se determine cuáles son sus principales preocupaciones o demandas, pudiendo de esta manera idear una agenda de negociaciones. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) deberá actuar de manera preventiva a la formación de los conflictos socioambientales, canalizando las demandas de las poblaciones. Esto se lograra con el apoyo y coordinación permanente de la Defensoría del Pueblo. De esta forma se potenciará esta oficina, formando una sola institución encargada de los conflictos socioambientales en el país y que además sea reconocida por todas las instancias del gobierno y las empresas mineras. Así se focalizará el manejo de los conflictos sociales, teniendo como ente recto a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, encargada de coordinar con todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales y Locales.

El desafío pendiente consiste en seguir avanzando en la construcción de nuevas herramientas que permitan una coexistencia de respeto y equilibro entre las poblaciones y empresas mineras. Todavía hay un largo camino por recorrer, camino donde habrá cambios impulsados por diferentes sectores que requerirán de apoyo, pero debemos tener presente que estos cambios serán lentos, pues nada de lo que cambia rápido permaneces.

VI.

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