ENRIQUE PROVENCIO

1982-1984: los efectos sociales de la crisis

ENRIQUE PROVENCIO

1. Un criterio de evaluación

Analizar los efectos sociales de la crisis es, de hecho, realizar una evaluación, así sea preliminar, de las consecuencias de la propia crisis y de la política económica sobre las condiciones de vida y los aspectos centrales relacionados con el bienestar de la población. No es, por supuesto, el único criterio para discutir una política económica y las secuelas de la crisis, y no ha sido tampoco, por cierto, el enfoque más socorrido en estos años, en los que sin duda se ha ampliado la discusión sobre los temas que hasta hace poco parecían ser tratados principalmente por los especialistas de la economía. De hecho, el criterio más común y directo para analizar tales problemas es la confrontación del curso de los acontecimientos con el conjunto de planteamientos que dieron cuerpo al programa anticrisis, lo que abre un amplio campo para la discusión académica, ya que incluye no sólo la simple comparación de objetivos contra resultados, sino también el examen de la coherencia, limitaciones y posibilidades del programa mismo, así como su carácter político y las implicaciones de otra índole. Otro criterio de evaluación de la política económica es el relacionado con el contenido esencial de la estrategia que se mantiene desde 1982. Las preguntas al respecto podrían plantearse de la siguiente forma: ¿cuáles son las transformaciones que se están impulsando en el modelo de acumulación de la economía mexicana?, ¿cuáles son los cambios que se están propiciando en la relación de la economía mexicana con el exterior?, ¿qué modificaciones estarían sufriendo la estructura social y las relaciones de clase como resultado de, o junto con, la crisis? Como parte de todo lo anterior habría que analizar por lo menos las ramas de la economía a las que se pretende convertir en las impulsoras del crecimiento económico o si se pretende mantener a las mismas a la cabeza de dicho crecimiento; qué alteraciones se buscan en la articulación sectorial e intrasectorial; cuáles son los cambios buscados en la productividad del trabajo, el empleo y los salarios; cuáles son las modificaciones que se están promoviendo en relación con la integración de la economía en los grandes grupos económicos, es decir, en relación con la centralización y concentración del capital; etcétera. Por lo que se refiere a la segunda pregunta, los cambios en las relaciones económicas con el exterior, ésta se traduciría, entre otros, en los siguientes

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aspectos: cómo y por qué se busca ganar competitividad en el exterior; qué implicaciones tendrá la actual política comercial externa; en qué sentido se está alterando la relación de la economía mexicana con la internacional. Y por último, la tercera pregunta, la relacionada con los cambios en la estructura social, se referiría básicamente a las implicaciones de la crisis y la política económica con la distribución del excedente y la capacidad de las clases y grupos para incidir en la orientación de la economía y del Estado. O, para decirlo con las fórmulas más usuales, los puntos se referirían a las transformaciones en curso del patrón, modelo o sistema de acumulación de la economía mexicana, las nuevas modalidades que se están gestando o desarrollando en cuanto a su orientación y los cambios que están en proceso en relación con su participación en la división internacional del trabajo. Este criterio podría ser el más importante en la discusión actual sobre economía o política económica, pero el objeto de este trabajo es mucho más modesto, ya que sólo busca hacer algunos comentarios sobre los efectos sociales de la crisis, principalmente sobre las consecuencias de ésta en las condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda y otros aspectos que en conjunto podrían darnos una idea de los cambios recientes en la calidad de la vida y de sus implicaciones. Todo ello depende en realidad de los efectos directos sobre el empleo, la seguridad social y el ingreso real de la población, pero centrar el análisis en el deterioro de éstos, lo que constituye en sí mismo un indicador inmediato del efecto de la crisis, no nos aclara mucho acerca de lo que verdaderamente está sucediendo en el terreno de lo social durante la peor crisis de nuestro país en el último medio siglo.

2. ¿Efectos o costos sociales? De manera más o menos reiterada, se insiste en que el fin último del crecimiento, de la economía y de la política económica es precisamente la búsqueda del bienestar o la elevación de los niveles de vida, pero esto no parece quedar muy claro hoy para algunos, durante la crisis, aunque quizá era lo mismo que se pregonaba durante el auge reciente. Ahora se insiste más en las variables claves para el ajuste, y la discusión se centra o se pretende que se circunscriba precisamente a la reordenación y su mecánica, dejando en un plano muy inferior el efecto básico que pretendemos comentar aquí. Por supuesto, la discusión institucional no parte de poner en duda la inevitabilidad de este programa. Simplemente lo considera el único y el mejor, aunque existan muchas evidencias para demostrar lo contrario. Una aclaración adicional: lo que aquí denominamos efectos sociales de la crisis comúnmente es designado oficialmente como el costo social de la crisis, pero tal caracterización tiene implicaciones que es necesario mencionar.

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En primer lugar, y a un nivel de simple sentido común, no podemos aceptar como un costo lo que a la mayoría de la población no le está reportando ni le significará un beneficio. Tal designación oficial parte de suponer que hoy la mayor parte de la población está pagando, de aquí lo de costo, lo que después será retribuido como compensación a través de un mayor crecimiento, un mejor empleo, un mayor salario real, un mejor nivel de vida; o bien, supone que hoy se está saldando el costo de lo que en el pasado reciente supuestamente representó un significativo avance para todos. Pero no es válido ni lo uno ni lo otro, ya que, como todos sabemos, el auge de 1978-1981 fue sumamente desigual, y la perspectiva para los próximos años no augura una mejoría significativa. En segundo lugar, hay otra posible explicación sobre la concepción que asume como un costo lo que simplemente representa una desastrosa consecuencia de la crisis: es común que se considere como un subproducto indeseable del ajuste y la reordenación

todo

aquello

que

se

pretende

sea

aceptado

como

un

mal

indispensable para hacer que los mercados y la economía en general funcionen fluidamente, es decir, sin interferencias y supuestas irracionalidades populistas. En tal caso, como en los otros, está claro que el deterioro de los niveles de vida no es asumido como el principal efecto de la crisis y sólo es considerado como una consecuencia secundaria e inevitable. No pretendemos afirmar que se pueda transitar por la crisis sin un menor deterioro de las condiciones de vida. Una organización social como la nuestra implica casi necesariamente que la crisis se traduzca en un descenso de los niveles de vida, o, podría decirse de otra forma, que la crisis en sí misma lleva implícita tal consecuencia. Sin embargo, de esto a lo que en nuestra opinión se está observando hay una distancia que podemos medir en forma inversamente proporcional a la iniciativa gubernamental de desarrollar acciones imaginativas en defensa del bienestar de la mayoría de la población, o directamente proporcional a la pasividad con que el sector público asumió las consecuencias de la crisis y a la inercia en que han permanecido las instituciones que podrían haber desarrollado políticas directas de protección social. No estamos partiendo de la actitud paternalista que hace esperar todo del apoyo oficial, pero las peculiaridades de nuestra organización social y de las agrupaciones de diverso tipo tampoco pueden hacer esperar que por canales independientes se desarrollen en lo inmediato formas de autoprotección frente a la crisis, aunque existan casos aislados en los que esto se logre.

3. Rezagos productivos y nivel de vida Puede parecer ambiguo hablar de efectos sociales de la crisis, ya que no hay cambio alguno en la economía o en las relaciones que a partir de ella o de la política se entablen que no se manifiesten tarde o temprano en alteraciones de las

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condiciones en las que la sociedad se desenvuelve, y esto es válido en primer lugar para las condiciones de vida de la población. El estancamiento productivo, el deterioro de la infraestructura básica, el mayor rezago tecnológico, la cuantiosa transferencia de excedentes al exterior por el servicio de la deuda, etcétera, deben ser valorados principalmente a partir del punto de referencia dado por el bienestar de la población, ya sea en lo inmediato o posteriormente, concediendo que en determinadas condiciones pueden existir políticas socialmente costosas que sean compensadas en el futuro por cambios positivos para el nivel de vida. Por lo anterior resulta necesario comentar ciertos aspectos críticos de la economía en los años recientes que en sí mismos contienen la clave para extraer algunas conclusiones sobre el tema que nos ocupa, y por lo mismo también se hacen necesarias algunas referencias a la política económica de la reordenación, como se le ha llamado. Es casi una tautología afirmar que el nivel de vida actual depende de la capacidad productiva desarrollada en el pasado, de su orientación y de la distribución del excedente, y lo mismo podría decirse para el nivel de vida futuro, pero para éste ya será determinante la suerte de la capacidad productiva de hoy. Si junto con el rezago productivo se presenta una mayor concentración del ingreso, como ha sucedido durante estos años, la situación se torna más preocupante. La magnitud de dicho rezago puede advertirse con un breve repaso a algunos de los agregados económicos más importantes. Veamos primero qué ha pasado con el Producto Interno Bruto por habitante. Durante 22 años, de 1960 a 1981, la tasa de crecimiento real promedio anual del PIB por habitante fue de 3,6 por ciento, y ni un solo año se observó un comportamiento negativo de dicho indicador. Son muy bien conocidas las limitantes que éste tiene y las naturales desconfianzas que de inmediato suscitan todos los datos que sólo se refieren a promedios generales y que por tanto no distinguen las desigualdades generadas a partir de la distribución del ingreso. Sin embargo, a sabiendas de que esta última ha evolucionado en forma regresiva y de que por tanto las caídas del producto han impactado más a los grupos que dependen del salario o de otros ingresos que no se autoprotegen con la inflación, se vuelve más elocuente la simple caída real de la producción per capita ya que su expresión en el deterioro de los ingresos reales es más aguda para dichos grupos. Pues bien, en sólo dos años (1982-1983) se acumuló un crecimiento negativo superior a 10 por ciento a precios constantes en la producción por habitante; en 1983, dicha caída alcanzó 7,5 por ciento lo que resulta más revelador que el propio comportamiento del Producto Interno Bruto para el mismo año, que de acuerdo con las estimaciones preliminares descendió 5,3 por ciento. La gravedad de tal comportamiento, visto en una perspectiva histórica, se percibe mejor al recordar que desde 1932 el producto no había dejado de crecer positivamente hasta la caída de 0,5 por ciento de 1982 y al observar, también, que desde 1953 la

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producción por persona también había estado aumentando permanentemente, exceptuando los años 1952-1959.

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Insistimos en que la simple observación agregada de tal comportamiento no dice mucho, pero de nuevo recordamos que todo ello habla por sí mismo cuando se presenta junto con la distribución regresiva del ingreso. Las caídas de la producción a partir de 1982 no fueron exclusivas de México, pues se observaron prácticamente en toda América Latina2 y también en otras regiones del mundo, lo que por cierto ha sido motivo para que algunos traten de negar cualquier responsabilidad oficial en todo aquello que se refiera a las consecuencias de la crisis, al considerar que si éstas son comunes a todo el subcontinente su control escapa a cualquier esfuerzo nacional. Tal opinión tiene al menos que relativizarse si se toma en cuenta que, si bien la crisis es común, hubo políticas nacionales que la agravaron, además de que no se han desplegado en toda su potencialidad algunos medios que a lo menos pueden atenuar sus consecuencias. Tal descenso de la producción por habitante tiene implicaciones determinantes para las condiciones de vida de los próximos años, ya que revela directamente el rezago productivo que desde 1982 ha minado las posibilidades de elevación del nivel de empleo y el ingreso. Dicho rezago es aún más evidente al observar el comportamiento de la inversión, pues éste indica el curso de la acumulación. Entre 1970 y 1981 la formación bruta de capital fijo representó, en promedio, 21 por ciento de la producción nacional; en 1983 tal proporción cayó a 15,1 por ciento y para 1984 apenas se elevó a 15,2 por ciento. El descenso real de la inversión en 1982 fue de 16 por ciento y en 1983, de 28 por ciento, en 1984 el crecimiento fue positivo, de 5,4 por ciento, aunque inferior a la media histórica3. La caída tan drástica de la inversión y del producto por persona nos da idea del esfuerzo productivo que en los próximos años sería necesario realizar sólo para lograr que se recuperara la tendencia ascendente observada hasta 1981, misma que, como se sabe, no fue suficiente para crear los empleos requeridos y para generalizar a todos los sectores sociales la elevación del nivel de vida. A título de ejemplo podría decirse lo siguiente: para que en 1988 se tuviera el PIB per capita que en 1982 se hubiera observado de haberse mantenido la tendencia 1960-1981, se requeriría un aumento anual del PIB de 14 por ciento a partir de 1985 y hasta 1988 en valores reales. Por su parte, la inversión se tendría que elevar hasta representar una cuarta parte del producto, es decir, casi 10 puntos porcentuales más que en 1983.

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Véase Banco de México. Indicadores económicos, pp. II-h-1 y II-h-2, Informe anual 1984, y SPP, Sistema de cuentas nacionales de México, Estimación preliminar, 1984, México, febrero de 1985. 2 Véase Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y social en América Latina / Informe 1983. p. 363, Washington, D.C., sin fecha. 3 Véase SPP, op. cit., y Sistema de cuentas nacionales de México / Principales variables macroeconómicas/ Periodo 1970-1982, México, julio de 1983, y Sistema de cuentas nacionales de México / estimación preliminar 1984. 5

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Lo anterior se revela como algo casi imposible, sobre todo si se considera lo que representará el servicio de la deuda externa en los próximos años como proporción de la producción nacional o de las exportaciones. Según los términos de la reciente renegociación de la deuda externa, entre 1985 y 1990 se transferirá al exterior por el pago de intereses un promedio de 46 por ciento de las exportaciones de nuestro país, lo que expresado de otra manera significará alrededor de 6 por ciento de la producción nacional.

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Es decir, la importante proporción del producto generado por los mexicanos que se transferirá al exterior para pagar intereses alejará cada vez más la posibilidad de lograr la recomposición productiva que se requeriría sólo para recuperar los niveles de vida existentes antes de la crisis. Éste es precisamente, a nuestro juicio, uno de los puntos de referencia centrales para discutir la actual política económica, ya que son los compromisos financieros externos los que están marcando la pauta a otros objetivos de política económica, y por tanto lo que en primer lugar está condicionando y limitando un cambio que ponga en el centro del programa la recuperación y la elevación del nivel de vida.

4. Empleo e ingreso: un deterioro sin precedente

En un segundo nivel, como consecuencia directa de la crisis y antecedente inmediato del deterioro del nivel de vida, hay que considerar para estos años el comportamiento del empleo, el ingreso real y la distribución del ingreso, y los efectos de sus cambios sobre el problema que nos ocupa. Desempleo y deterioro del salario real son sin duda dos de los temas más debatidos en estos años y sobre los cuales más declaraciones se han cruzado. La posición oficial que se ha sostenido contra viento y marea asegura que el desempleo como proporción de la población económicamente activa no se ha incrementado más allá de lo que representaba en diciembre de 1982.5 Pocas afirmaciones han merecido menos confianza que ésta, aunque el solo hecho de que se mantenga dicha proporción significa que el número absoluto de desempleados abiertos se ha incrementado por lo menos a un millón y medio en dos años. En pocos casos, también, se pueden encontrar tantas fuentes no oficiales que coincidan en torno al mismo punto, pues investigaciones académicas, documentos de instituciones internacionales, reportes de consultorías privadas, etcétera, sostienen que en realidad el desempleo abierto supera 11,5 por SHCP, Notas sobre la reestructuración de la deuda externa de México, febrero de 1985. 5 Esto, que puede encontrarse en muchos documentos oficiales, puede verse en Presidencia de la República, Criterios generales de política económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1984, México, noviembre de 1983, p. 24, y Presidencia de la República Criterios. ..para 1984, noviembre de 1984, p. 16. Véase también SPP, Boletín Mensual de Información Económica, vol. IX, núm. 4, 1985, p. 64. 4

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ciento de la población económicamente activa

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y que el problema va más allá de

tal indicador, ya que se está agravando el subempleo. Pero sin necesidad de recurrir a fuentes más o menos sofisticadas se llega a las mismas conclusiones con simples sumas y restas, considerando la incorporación anual a la población activa y la nula creación de empleos durante dos años consecutivos. Por lo demás, aun la información de las mismas instituciones públicas revela la dimensión del empleo. Por ejemplo, en el sector manufacturero, el índice de personal ocupado promedio para 1984 fue inferior al de 1979, y el de febrero de 1985 era 4 por ciento inferior al de febrero de 1980.7 Para los trabajadores más jóvenes la situación es peor, ya que las tasas de desempleo reconocidas en algunas regiones superaron en promedio 15 por ciento para todo 1985.8 Por su parte, los trabajadores que han mantenido su empleo han sufrido una pérdida en el poder adquisitivo de su salario a un ritmo no observado en la historia reciente de nuestro país, ya que en sólo dos años (1983 y 1984) el salario real promedio cayó entre 25 y 30 por ciento en valores reales, acelerando así el deterioro que -salvo 1981- se observaba desde 1977. En el caso de los salarios mínimos, su poder adquisitivo se compara con el de mediados de los sesenta. Todo esto ha agudizado una situación que ya antes de 1982 era preocupante: los grupos sin acceso a la seguridad social, a la protección sindical o que simplemente no reciben sus ingresos en forma permanente por medio de un salario u otra percepción, periódica o no pero segura, han padecido con particular rigor los efectos de la crisis. Tales grupos son los más propensos a la degradación de su ya de por sí bajo nivel de vida, al tener vedado el acceso a los servicios básicos, como los de salud, tanto en las instituciones de seguridad social como en los servicios privados. La población no cubierta por la medicina pública y sin posibilidades de acceso a la privada, por ejemplo, asciende por lo menos a 13 millones. Como más adelante se verá, la contracción del empleo y del ingreso, junto con otros fenómenos, ha ocasionado modificaciones importantes en los niveles de consumo y por tanto de nutrición, lo que se complica a partir del estancamiento y el retroceso de los niveles de gasto público en los sectores que podrían compensar aquella contracción. Por lo pronto, es importante destacar que uno de los cambios más significativos es el relacionado con la distribución factorial del ingreso, principalmente con la participación de las remuneraciones salariales en el producto y en el ingreso nacional disponible. La relación remuneraciones salariales-PIB ha 6

Entre otros, por ejemplo, Benito Roitman, "El empleo en México hacia 1988; proyecciones y. perspectivas", en Investigación Económica. núm. 168, Facultad de Economía, UNAM, abriljunio de 1984; CIDE, "Evolución reciente y perspectivas de la economía mexicana", en Economía Mexicana, núm. 5, octubre de 1983; y reportes de Warton y CEPAL. 7

Banco de México Indicadores económicos, p. II-7, mayo de 1985.

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SPP, Boletín Mensual..., p. 66. 7

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caído, siguiendo muy de cerca el comportamiento del salario real promedio, ya que desde 1977 su descenso ha sido simultáneo, exceptuando al año de 1981. En 1976 los salarios significaron 40,3 por ciento del producto; en 1983 la relación cayó a 28,8 por ciento, pero el cambio drástico se dio a partir de 1981, pues ese año la proporción fue de 37,4 por ciento. Es decir, en sólo dos años los asalariados perdieron casi nueve puntos porcentuales en su participación en la producción nacional. Por lo que se refiere a la distribución del ingreso nacional disponible, la participación de las remuneraciones salariales disminuyó, también, de 41 por ciento en 1981 a 32,5 por ciento en 1983, ajuste compensado por un aumento en las transferencias hacia el exterior y en el excedente bruto de explotación, explicado esto último, según la versión oficial, por el incremento de los ingresos de subempleados, que no se registran como salarios.

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Lo anterior constituye, sin duda, una de las más crudas expresiones de la crisis y evidencia claramente las consecuencias globales de la política salarial, a lo que hay que sumar, además, los efectos que sobre el ingreso global de los trabajadores han tenido otras medidas típicamente regresivas. Nos referimos, por ejemplo, a la política fiscal, que al centrar los esfuerzos de recaudación principalmente en los impuestos indirectos ha provocado que en relación con años anteriores una mayor proporción del salario no tenga como destino el consumo efectivo; lo mismo puede decirse del efecto final del incremento indiscriminado de los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público, pues al ser en su mayoría parte indispensable de la canasta familiar de consumo pasaron a representar una mayor proporción relativa del gasto, para no hablar del efecto negativo pero indirecto a través de la inflación, ya que uno de los principales impulsos de ésta provino en 1983 y parte de 1984 del aumento de tales precios y tarifas. Tenemos, entonces, que, como consecuencia de la caída del empleo y de la contracción salarial, la distribución factorial del ingreso empeoró en perjuicio de los asalariados, y que además esa menor masa relativa de salarios se ve afectada por otras medidas, como las fiscales y las de precios y tarifas públicos. Hay más elementos que actúan en el mismo sentido, como el gradual pero persistente retiro del subsidio a algunos productos básicos, entre los que destaca la tortilla de maíz, el aceite comestible, el frijol y ahora el azúcar. Basta dar una hojeada a la Encuesta de ingreso y gasto de los hogares para percatarse de la gran importancia de unos cuantos bienes dentro del gasto familiar y llegar a la conclusión de que el retiro del subsidio a ciertos bienes es nada menos que atentatorio para el consumo de otros productos indispensables, ya que tales medidas tienden a desplazar o reducir la compra de artículos que son los más recomendables por razones nutricionales.

9 SPP, Sistema de cuentas nacionales..., op. cit., y Sistema de cuentas nacionales de México. 1981-1983 México, octubre de 1984.

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5. Nutrición y salud: ¿un retroceso, en la vista?

Un efecto directo de la contracción del ingreso y de otras medidas que lo han afectado ha sido la recomposición del gasto familiar. La estructura de éste tiende con el desarrollo a modificarse y los bienes de consumo directo pierden participación dentro del total. Esto no se presenta con la misma intensidad para todos los sectores de la población, ya que los grupos de menores ingresos dedican aun más de la mitad de su gasto al consumo de alimentos, buena parte de los cuales no son industrializados. Atendiendo al gasto familiar promedio por mes, hacia 1977, 37,4 por ciento de éste correspondía a los alimentos y bebidas, 17,8 por ciento a la vivienda, 9,9 por ciento a ropa y calzado, 6,2 por ciento a muebles y aparatos domésticos, 5,8 por ciento a salud, 11,3 por ciento a transporte, 5,7 por ciento a educación y el resto a otros servicios. El deterioro de la capacidad de compra de la mayoría de la población, que es la que determina la composición media del gasto, ha ocasionado que aquella estructura se altere de tal forma que los rubros más importantes para la sobrevivencia hayan pasado en estos años a ocupar una mayor parte del gasto medio de las familias, restando capacidad para cubrir otros renglones que, como el esparcimiento y la educación, son también cruciales en la determinación del nivel de vida. Pese a que no se conocen aún las investigaciones completas y recientes sobre el ingreso y gasto de las familias, ya existen avances en el estudio del problema que delatan como para 1983 el gasto medio había experimentado un drástico cambio. A mayo de ese año, los alimentos y bebidas representaban ya 46,7 por ciento del gasto medio familiar, es decir, casi 10 por ciento más que en 1977,

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y también se

incrementó la proporción del gasto para salud y muebles y enseres domésticos. Esto significa que en el presupuesto familiar cayó la proporción destinada al vestido y al calzado, a la vivienda, al transporte, a la educación y la recreación, y a otros servicios, con lo cual se estaría no sólo deteniendo una tendencia histórica en este sentido, sino incluso revirtiéndose, ya que en las últimas décadas había caído la relación alimentos-gasto total. Este mayor gasto en alimentos y bebidas se ha dado sobre todo por la necesidad de destinar más recursos a algunos alimentos no elaborados, como el maíz, y a otros, como la leche. Sin embargo, concluir que porque se dedica una mayor parte del gasto a la alimentación ha mejorado la nutrición de la mayor parte de la población significaría desconocer que el mayor consumo de ciertos alimentos, lejos de constituir una mejoría, ha significado un retroceso.

10 Banco de México, Efectos de la inflación actual en la estructura del gasto familiar, julio de 1983, p. 19, en mimeógrafo.

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Otro indicador que puede dar una idea aproximada del impacto de la inflación sobre el consumo, en este caso para el Distrito Federal, está dado por las equivalencias del costo de una canasta semanal de alimentos en horas-salario. Para 1970, dice canasta, compuesta de 18 productos básicos, tenía un costo semanal equivalente al salario de 57 horas 25 minutos, es decir, 2 por ciento más que el salario mínimo. Para mayo de 1984, la misma canasta costaba el equivalente al salario de 66 horas 57 minutos, 18 por ciento más que el salario mínimo semanal. El cambio se observa sobre todo a partir de 1982. Por otra parte, si se actualiza el costo de la canasta básica que el Sistema Alimentario Mexicano recomendaba, se tiene que para el primer trimestre de 1985 su precio representó alrededor de 75 por ciento del salario mínimo nacional (promedio ponderado), cuando en 1980 la misma canasta significaba la mitad del salario mínimo vigente

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Aunque todavía no se dispone de información completa sobre el comportamiento reciente de las condiciones de nutrición, ya existen indicios de que éstas se han deteriorado a partir de 1982. En primer lugar habría que considerar el hecho de que, incluso manteniendo las tasas de crecimiento observadas entre 1970 y 1980, hacia el año 2000 se podía prever una situación nutricional en la cual algunos grupos de la población disminuirían su ingesta de calorías y proteínas, tanto en el medio rural como en el urbano.12 Es cierto que lo que para este caso importa considerar no es la tasa de crecimiento global de la economía, sino sobre todo la de la producción de alimentos, tanto primarios como elaborados. Ésta ha caído durante la crisis a tasas menores que las de la economía en su conjunto, pero también es un hecho conocido que aun en los periodos de aumento de las disponibilidades de productos alimenticios se presentan casos de regresión nutricional, ya que el consumo se puede ver más afectado por los niveles de ingreso y por las características de la distribución y comercialización de tales bienes. Como hemos visto, el ingreso de la mayoría de la población ha disminuido en términos reales durante ocho años consecutivos, con el cambio mayor a partir de 1982, y por otro lado la producción de alimentos se ha elevado a tasas menores que las históricas. Esto hace pensar por lo menos si no en un deterioro de la nutrición, sí en un estancamiento de su mejoría relativa para el conjunto de la población, mejoría que no ha sido notable para los grupos de menores ingresos. 11 Véase Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo: Poder adquisitivo a nivel horas-hombre-salario mínimo en el mes de junio de 1984. México, en mimeógrafo; SPP, "Sistema Alimentario Mexicano", en Legislación y documentos básicos 1976-1982. México, 1982, p. 114. Sobre el comportamiento de los precios de los principales alimentos en 1983 y 1984, de algunos productos en especial, y los cambios globales en el consumo alimentario, ver UAM-A, El Cotidiano. núm. 4, febrero-marzo de 1985, pp. 31-33; IIE-UNAM, Momento Económico. núm. 5 abril de 1985, pp. 11-13; INCO, Revista del Consumidor, núm. 97, marzo de 1985, pp. 9-13, y núm. 99, mayo de 1985, pp. 3-6. 12 Coplamar: Necesidades esenciales en México/ Alimentación. Siglo XXI Editores, México, 1982, p. 257.

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Sin embargo, hay evidencias de que no sólo se ha presentado un retroceso nutricional, sino que ya se están produciendo sus consecuencias. El Programa Nacional de Alimentación afirma, por ejemplo, que La tendencia reciente en los precios de los alimentos ha contribuido a un deterioro en los niveles de consumo. En la coyuntura actual, de elevadas tasas inflacionarias y reducción del empleo remunerado, la menor capacidad adquisitiva de los grupos de ingresos bajos redunda en un deterioro de su alimentación. En la perspectiva alimentaria nacional juega un papel importante el hecho de que para 1988 la población alcanzará alrededor de 83 millones de personas, es decir, un aumento de 8 millones respecto a 1983.13 Más concretamente, se sostiene que En cuanto al consumo de proteínas, las cifras reflejan que la población de bajos ingresos consume, apenas, poco más de la mitad de la ingesta de la población de ingresos medios y altos, tanto en el ámbito agrícola como en el no agrícola. De acuerdo con la proyección, el deterioro en el consumo de proteínas podría ser muy" grave en el periodo 1982-1984, para cambiar después de 1984 hasta alcanzar en 1988 un nivel similar a los consumos medios de 1982.14 Que a partir de 1984 se detenga el deterioro depende, sin embargo, de muchas condiciones que pueden escapar a cualquier control, entre otras la de los precios internacionales de las importaciones alimentarias y las condiciones naturales, para no hablar del ingreso real de la población. Este empeoramiento en los niveles de consumo sin duda está agravando ya o afectará posteriormente las condiciones de salud, principalmente de los niños. Es bien conocida la situación que ya antes de la crisis existía en este sentido: por lo menos 100 mil de cada dos millones de niños nacidos anualmente morían por causas relacionadas con la mala nutrición, y un millón sobrevivía con retrasos físicos y mentales por las mismas insuficiencias alimentarias. Según el programa recién citado, para 1979 había 19 millones de personas que presentaban déficits graves en su consumo de proteínas y calorías, y

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Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Alimentación 1983-1988 / Síntesis Ejecutiva. México, 1983, p. 21. 14 Ibid., p. 33. 11

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Del total de la población, sólo alrededor de 18 por ciento ingiere dietas variadas ricas, suficientes y casi siempre equilibradas, aunque una parte de ella incurre en dietas excesivas y desequilibradas ...El problema fundamental se presenta en la población ubicada en los estratos de bajos ingresos, donde los efectos de la crisis económica podrían repercutir a corto plazo en una importante reducción de su ingesta calórica. Esa reducción promedio alcanzaría casi 18 por ciento entre 1982 y 1984 enla población de esos estratos que depende de actividades agrícolas y 10 por ciento en la población que depende de actividades no agrícolas.15 Otras fuentes apoyan las conclusiones anteriores. Por ejemplo, investigaciones del Instituto Nacional del Consumidor muestran que en los últimos dos años se ha acelerado una recomposición de la canasta de consumo familiar de los estratos de la población que ganan uno o hasta tres salarios mínimos, sustituyendo algunos productos por otros más baratos y accesibles. Según el estudio, en el Distrito Federal, la carne, el huevo y la leche son los productos de mayor disminución en el consumo familiar; el principal producto sustituido resulta ser la leche (por café o té); la carne es sustituida por el huevo y enseguida por el frijol; 11 por ciento de las familias investigadas dice haber eliminado la carne de su consumo normal (estrato de ingreso mínimo); en el estrato de ingreso medio la suprimió 7 por ciento de los encuestados; 7 por ciento de las familias de bajos ingresos manifestó haber suprimido lácteos, 6,7 por ciento el pescado y 3,3 por ciento las frutas y legumbres. Esto por lo que se refiere a la supresión. Por lo que se refiere a la disminución en el consumo, se concluyó lo siguiente: 59 por ciento de las familias disminuyeron su consumo de carne, 73,5 por ciento disminuyó el consumo de leche, 50 por ciento el pescado, y 70 por ciento las frutas y legumbres. En síntesis, en diferentes proporciones según el estrato de ingreso, la investigación concluye que en los últimos años se ha presentado un fenómeno de disminución, sustitución o supresión de los principales alimentos de consumo familiar, lo que configura una regresión dietética que conduce tarde o temprano a una regresión nutricional.16 Otras investigaciones parciales, circunscritas a las ventas de Conasupo, revelan un cambio en el consumo en el mismo sentido, pese a las limitaciones del estudio. Las conclusiones de éste podrían resumirse para nuestro fin en lo siguiente: -De agosto de 1983 a agosto de .1984, 4 por ciento de los consumidores de un salario mínimo dejó de comprar leche, 4 por ciento dejó de comprar pan, 4 por ciento dejó de comprar aceite vegetal; el consumo de tortilla de maíz se incrementó ligeramente.

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Ibid., p. 32. Instituto Nacional del Consumidor. "100 días en el consumo familiar", tomado de El Día. 5 de noviembre de 1984. 16

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-En general, las cantidades o volúmenes consumidos por el estrato de ingreso mínimo disminuyeron en el mismo periodo; leche, de 2,3 a 2 litros por día; pan, de 9,35 a 9,25 piezas por día; tortilla de maíz, de 1,62 a 1,55 kilos por día, harina de trigo, de 0,77 a 0,50 kilos por semana. Esto no sucede en todos los casos para otros estratos de ingreso. -Los motivos por los que se acude a los productos Conasupo se han modificado en el transcurso del año. Ahora pesa más el precio que antes.17 Una

investigación

más

del

Instituto

Nacional

del

Consumidor

referida

exclusivamente al uso del aguinaldo de obreros y empleados en el D.F. revela que de un año a otro, entre 1982 y 1983, la reducción del ingreso real obligó principalmente a los obreros a modificar el destino de su gasto. La mayoría de los entrevistados respondió que en 1983 tuvo que destinar una mayor proporción de su aguinaldo al pago de deudas, al ahorro como previsión de gastos indispensables y a la compra de ropa, calzado y alimentos, reduciendo el gasto en otros rubros. La modificación fue más palpable en el grupo de un salario mínimo que en los otros.18 Estas evidencias, que, insistimos, no son aún lo completas y generalizables que sería deseable tener para realizar un análisis más detenido del problema, confirman un hecho padecido por los consumidores de menores ingresos: el principal efecto de la crisis en el plano del nivel de vida se ha resentido en el consumo familiar. Esto tiene implicaciones de otra índole que es necesario mencionar. El deterioro nutricional se presenta ahora en condiciones en las que ya no es posible volver a prácticas con las que en otros periodos se podía compensar la caída del ingreso; con el autoconsumo, por ejemplo, ya no se podrían compensar igual que antes las dificultades crecientes para el acceso a ciertos alimentos en los circuitos mercantiles.19 La repercusión inmediata o mediata de estos cambios en el consumo será principalmente sobre las condiciones nutricionales y de salud. Como lo afirma el Programa Nacional de Salud. ...sin duda las características nutricionales del país tienen implicaciones significativas en el área de salud. En primer término, las tasas de mortalidad infantil y preescolar están estrechamente vinculadas con factores de carácter

17 Conasupo Indicadores de hábito de consumo / Utilización del producto por estrato de ingreso. México, octubre de 1984, cuadros 1 a 9. 18

Instituto Nacional del Consumidor, Estudio comparativo del uso del aguinaldo / 19821983. México, mayo de 1984, cuadros 3 a 5 y 21 a 23. 19 Ver Juan de la Fuente Hernández, Cambios en el consumo de alimentos en las ciudades. 1984, en mimeógrafo.

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1982-1984: lOS EFECTOS SOCIALES DE LA CRISIS

nutricional; y además, las deficiencias dietéticas señaladas son factor _que eleva la vulnerabilidad de padecimientos crónicos.

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Tales implicaciones agravarían una situación que en 1982 se perfilaba ya como de empeoramiento en el área de la salud. Por ejemplo, Coplamar afirmaba que de continuar las tendencias anteriores en el crecimiento de los recursos físicos y humanos para la salud, en el futuro aumentaría la incapacidad de los servicios de salud para atender las necesidades de la población. Ello implicaría -de acuerdo con sus proyecciones- que para el año 2000 entre 28,2 y 44 millones de mexicanos carecerían de estos servicios. El déficit promedio de todos los recursos (médicos, enfermeras, camas hospitalarias, laboratorios clínicos, gabinetes de rayos X y salas de cirugía) aumentaría de 43 por ciento en 1982 a 46 por ciento en el año 2000, lo que equivaldría en términos de población a que 50 millones de personas (contra 32 millones en 1982) no podrán ser atendidas por los recursos de salud proyectados para dicho año. Estas proyecciones se hacían sin tomar en cuenta la crisis y la política contractiva de gasto público aplicada desde 1982, que ha llevado a una disminución en términos reales de los recursos gubernamentales destinados a la salud, a una caída aún más drástica del gasto per capita en salud y a una baja de la proporción de dicho gasto frente al producto y frente al presupuesto total. Ahora bien, si sólo se hubiera buscado mantener la tendencia, sin aspirar a corregirla, eso habría requerido por lo menos mantener el gasto en salud de las instituciones que prestan este tipo de servicios en niveles similares a los años anteriores. Lo anterior significa que no sólo se han agravado las condiciones de salud de la población por la crisis, sino que se está prácticamente dejando de lado la atención de los rezagos acumulados por décadas. También en torno al problema de la salud hay evidencias directas que podrían estar mostrando un retroceso o por lo menos un detenimiento en la mejoría tendencial de los índices relativos. Estadísticas empíricas del Hospital Infantil de México revelan que desde 1982 se han incrementado ciertas enfermedades en grupos de edad en los que ya no se presentaban tanto, como el aumento en la frecuencia de desnutrición en niños menores de cinco años, y también cierto incremento en padecimientos ocasionados directamente por deficiencias vitamínicas en ese grupo de edad. También se revela que parece haberse detenido la tendencia al descenso de la tasa de mortalidad infantil que venía registrándose en los últimos 15 años. Pero el hecho de que a instituciones de tercer nivel, es decir, especializadas, esté llegando una mayor cantidad de casos de desnutrición infantil implica que el problema es más grave en los otros niveles y en la población que no tiene acceso a

20

Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Salud 1984-1988, México. 1984. p. 42. 14

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las instituciones de salud.21 Los daños a la salud de la población que la crisis está ocasionando por el deterioro de las condiciones de vida (alimentación, educación, vivienda, contaminación) y por la insuficiencia de recursos de salud se verán más claramente en unos años, con el aumento en la brecha entre necesidades satisfechas e insatisfechas, teniendo que hacerse entonces un esfuerzo mayor para recuperar tan sólo los niveles existentes previos a la crisis. No se trata sólo de una posposición, ya que el costo de lo que se deja de hacer en este momento lleva a la reversión de algunas tendencias positivas, como la disminución gradual de las tasas de mortalidad y daños de carácter irreversible en las condiciones de salud de buena parte de la población, además del agravamiento de la situación de pobreza absoluta en la que ya se encontraban por lo menos 20 millones de mexicanos en 1982. Aunque los indicadores relacionados con el consumo, la nutrición y la salud son de hecho los más importantes en la determinación de las condiciones de vida, para tener un panorama completo sobre los cambios en los niveles de bienestar tendrían que tomarse en cuenta muchos otros aspectos que aquí no se consideran, como los referentes a la vivienda, la educación y la recreación, la seguridad personal y familiar, así como otros que afectan al bienestar colectivo, como las condiciones ecológicas, de transporte, los servicios públicos básicos, etcétera. Además, dado que existen tendencias históricas en las que se mueven todos estos indicadores, resulta sumamente difícil apreciar nítidamente en un plazo tan corto y en toda su complejidad un problema como el de los cambios del nivel de vida. Las evidencias inmediatas que aquí se han comentado, tanto las relacionadas directamente con las variables productivas y las que de ellas se derivan como las vinculadas con el consumo, la salud y la nutrición sólo apuntalan conclusiones aún preliminares, pero que hacen pensar y temer que estamos ya ante un detenimiento de las tendencias ascendentes de algunos indicadores que en las últimas décadas reflejaban una mejoría global en el nivel de vida, y que en otros casos el retroceso de hecho ya se ha iniciado. La gravedad de lo anterior se percibe mejor al recordar que ya desde antes algunos grupos estaban excluidos de la mejoría en los niveles de vida. Por lo demás, la experiencia reciente acerca del impacto de las políticas de ajuste y de la recesión en otros países, tanto industrializados como de niveles de desarrollo parecidos o inferiores al de México, confirman que con mayor o menor retraso la crisis se ha estado traduciendo en descensos en el nivel de vida.22 Como

21 Ver La Jornada, 18 de octubre de 1984. pp. 15-18. e Instituto Nacional del Consumidor. Revista del Consumidor, núm. 99. mayo de 1985, pp. 9-11.

22

Para América Latina, ver ILPES-SPP, Síntesis: planificación y políticas públicas en 19821984 y perspectivas para la segunda mitad de la década, en particular, el anexo 11, "Políticas públicas y desarrollo social", pp. 53.:12, México, marzo de 1985. Para otras regiones del mundo y también para algunos países latinoamericanos, ver Richard Jolly y Giovanni Andrea Cornia (compiladores), Efectos de la recesión mundial sobre la infancia, publicado para UNICEF por Siglo XXI de España Editores, diciembre de 1984.

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consecuencia del incremento del desempleo, la caída real de los ingresos de las familias, la disminución de los gastos públicos sociales y de los subsidios y la consecuente reducción de los servicios ofrecidos, se ha observado una "clara tendencia ascendente" de la mortalidad infantil, un deterioro de los indicadores de nutrición y un estancamiento o también deterioro de las condiciones generales de salud.23 Esto es válido incluso para países como los Estados Unidos, precisamente como consecuencia del mayor desempleo y del recorte en los gastos de asistencia social.24 Sería difícil sostener que México ha escapado a la situación resumida en el párrafo anterior, sobre todo si se considera el retroceso observado desde 1982 en las acciones derivadas del gasto público, aunque las consecuencias de esta retracción serán más claras en los próximos años. La caída real del gasto total ha sido un aspecto clave en el programa de ajuste de la economía mexicana, pero el gasto público ha resentido con particular crudeza dicho ajuste, al grado de que en muchos casos ha caído a niveles inferiores a los de una década atrás. Éste es el caso, por ejemplo, del gasto público real por habitante para los sectores de salud y educación, lo que ha provocado una profundización del rezago ya existente en los servicios y en la infraestructura requerida en tales áreas. Lejos de contribuir de cualquier forma a que se atenuaran los efectos sociales de la crisis, el comportamiento

del

gasto

público

ha

tenido

en

estos

últimos

años

una

responsabilidad directa en el deterioro de las condiciones de vida. Esto es particularmente grave si se recuerda que en buena medida en los países como el nuestro la mejoría de los índices globales de bienestar está claramente asociada a las acciones colectivas, como son los casos de la salud y la nutrición.

25

Es particularmente grave, también, la inercia con la que se ha dejado que la crisis afecte en forma tan drástica a la mayoría de la población, con todo y que pueda decirse que esto es lo normal en los marcos de un sistema como el nuestro, o que no puede esperarse otra cosa cuando el criterio para la administración de la crisis está muy lejos de ser el de la protección del nivel de vida. Pero tales inercias implican, también, que sólo podrá esperarse una mejoría cuando se renueven las bases que propicien un crecimiento sostenido de la economía, lo 23

23 Giovanni Andrea Cornia, "Resumen e interpretación de la experiencia reciente", en R. Jolly y G. A. Cornia, op. cit.. pp. 362-382. 24 C. Arden Miller y Elizabeth J. Coulter, "La crisis económica mundial y la infancia: el caso de Estados Unidos", en R. Jolly y G.A. Cornia, op. cit., pp. 321-328. 25 Ver UNICEF, Estado mundial de la infancia / 1984. Siglo XXI de España Editores, Madrid, junio de 1984, p. 27. Sobre el comportamiento del gasto público en América Latina, ver OPSOMS, Repercusiones financieras y presupuestarias a nivel nacional e internacional de las estrategias regionales y del Plan de Acción de Salud para todos en el año 2000. Washington, D.C., abril de 1984.

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cual no parece ser posible al menos en lo que resta de la década, además de que ha quedado suficientemente claro que no hay una relación directa entre ambos fenómenos. Pero aun si tal relación existiera, como lo dice en tono un tanto dramático el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y ...se espera a que pase la recesión económica y a que el desarrollo reemprenda su lento ritmo hacia una mejora social, deberá aceptarse también que, mientras tanto, decenas de miles de niños continúen muriendo cada día, y que millones más sigan viviendo acosados por el hambre y la enfermedad.26

Enrique Provencio. 1985. 1982-1984: los efectos sociales de la crisis. En México presente y futuro. Compilación de Jorge Alcocer. Ediciones de Cultura Popular, México, D.F. Pág. 97115.

26

UNICEF, op. cit., p. 29.

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