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HABITAT Y MIGRACIONES EN FRANCIA. BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 50 AÑOS DE POLITICAS URBANAS: Los errores de la integración urbana en Francia y sus lecciones.
Magali Fricaudet, miembro del programa europeo de lucha contra la exclusión urbana de la red IPAM (Iniciativa para Otro Mundo), Marzo de 2007.
Introducción
Este artículo se redactó en el ámbito del Seminario Experiencias para el Alojamiento y Habitar de la Población Migrada en Andalucía, organizado por la Asociación Arquitectura y Compromiso Social, que tuvo lugar del 5 al 7 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Arquitecura. Se inscribe dentro del Programa de la red asociativa francesa IPAM (Iniciativa Para Otro Mundo) sobre exclusión urbana. Es la sexta edición de un programa destinado a fomentar la unión de las luchas y el intercambio de experiencias a nivel europeo en el ámbito de la exclusión urbana. A lo largo de la vida de este programa, las organizaciones que forman parte de él se dieron cuenta que el tema de la exclusión urbana iba vinculado a otros más amplios, como son los derechos de los migrantes y los servicios públicos, temas a los que más tarde se amplió.
Hablar de la inmigración y de la vivienda en Francia no es tarea fácil pues el contexto francés se caracteriza por su larga tradición en materia de inmigración y por su carácter muy ideológico que viene determinado por las particularidades de la
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ideología republicana francesa, fundamentada en el universalismo de los derechos individuales y la negación los cuerpos intermedios. La revolución francesa afirmó que todas las personas son iguales ante la ley, independientemente de su origen social u étnica o de su categoría profesional. Para mantener esta abstracción, en el 1789, se prohíbe las corporaciones profesionales. Ello explica que la ideología francesa aunque haya evolucionado a lo largo de la historia, en absoluto rechaza considerar a otros sujetos de derecho que las personas en abstracto, como dotadas de derechos iguales ante el estado. Esto es fundamental para entender las tensiones actuales en el trato político de la inmigración: al considerarse esta igualdad absoluta de derechos frente al Estado, no se reconoce las comunidades étnicas en Francia. Además, la afirmación formal de la igualdad crea tensiones con la realidad discriminatoria de las prácticas sociales.
La vivienda es un factor de integración fundamental, que a su vez puede volcarse en un factor de exclusión. Por tanto intentaremos hacer un balance de la interrelación entre vivienda y migraciones a lo largo los últimos 50 años, que han sido marcados por la migración e instalación de una gran cantidad de migrantes de las antiguas colonias francesas en el territorio de la república.
Pero es importante también ubicar el debate en la época actual que, a pesar de políticas migratorias muy restrictivas que se dictan en Europa desde los años 90, se caracteriza por la entrada de inmigrantes en la mayoría de los casos invisibles para la ley y desprovistos de derechos, lo que se muestra a través de las condiciones de vivienda especialmente difíciles que sufren los colectivos de migrantes en el conjunto de los países europeos.
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Este fenómeno de discriminación y negación de los derechos del migrante en Francia se da en una de las crisis más agudizadas que conoció este país en el tema de vivienda. Una crisis en el acceso a la vivienda que se caracteriza por su mayor amplitud, pues afecta a las clases populares y medias de forma masiva.
La Fundación Abbé Pierre1, en su informe 2006, daba a conocer las cifras alarmantes de la situación de “mal alojamiento” o de ausencia de vivienda que conocen milliones de habitantes de este país de 60 milliones de habitantes:
100 000 personas sin techo.
3,2 milliones de personas sin vivienda propia o viviendo en condiciones muy dificiles (sin la comodidad de base o en situación de hacinamiento.)
5,9 milliones de personas viviendo en situación frágil (ocupas, amenazadas de desahucios por impagos de alquiler, convivencia en condiciones difíciles...)
Esta crisis mayor afecta en particular a los colectivos más frágiles como el de los migrantes y el de los jóvenes, obligados a dejar la casa de sus familiares en edad avanzada.
Las causas de la crisis son básicamente:
La fundación Abbé Pierre es la fundación creada por el Abade Pierre, que desde el famoso Invierno 1954 lucha por el derecho a la vivienda al lado de la sin techos esencialmente. Esta fundación publica cada año un informe sobre el estado del derecho a la vivienda en Francia que es una referencia en la materia tanto reconocida a nivel institucional como a nivel de los actores de terreno El informe 2006 en francés está disponible a la dirección siguiente: http://www.fondationabbepierre.fr/rml.html 1
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El descompromiso de los poderes públicos con la vivienda social.
La financiación de los procesos de construcción de vivienda social.
La reorientación de las políticas públicas de vivienda social : los subsidios públicos, que hasta finales de los 70 habían sido basados sobre subsidios para la construcción de vivienda, hacia las ayudas personales con una consecuente repercusión de estas ayudas en el precio de los alquileres para la vivienda y hacia la desfiscalización y los préstamos a índice 0% que a partir de los años 80 favorecen el acceso de las clases medias a la propiedad (y la consiguiente especulación) contribuyendo al abandono y degradación de los barrios de hábitat social.
La desregulación de los precios de la vivienda.
La especulación inmobiliaria.
La internacionalización de los mecanismos de financiación de la vivienda
La precarización laboral que rompe el equilibrio trabajovivienda.
Partiremos de la historia para ver como, en Francia, las olas migratorias, sobre todo las de los años 50, siempre han sido vinculadas al trabajo, que era entonces un factor de legitimidad para acceder a la vivienda, en el caso de Francia a la vivienda
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social, concentrada en las llamadas banlieues a las afueras de las ciudades. Partiremos también de la historia para hacernos una serie de preguntas:
¿Qué mecánica es la que hoy en día lleva a mucha gente a hablar de las banlieues2 como guetos3?
¿Cuál es el balance de 30 años de las llamadas “Políticas de la Ciudad”, basadas en el tratamiento específico de los barrios calificados como Zonas Urbanas Sensibles por el gobierno?
¿Qué alternativas se pueden sacar de la experiencia francesa?
Finalmente, a través del estudio de las condiciones de vivienda de los inmigrantes que acaban de llegar a Francia – las primeras generaciones , veremos como, al día de hoy, parece haberse roto el vínculo entre inmigración, trabajo y vivienda, dejando
La banlieue en francés significa la afuera de la ciudad. Etimológicamente esta palabra viene de la Edad Media y describe la zona que está fuera del ban, es decir, fuera de la zona señorial sometida al impuesto del Señor y a su consiguiente poder de control social. Poco a poco este término se ha ido revistiendo del sentido de suburbio con connotaciones negativas, a lo largo del proceso de degradación de los barrios de hábitat popular. 3 No olvidemos que el ghetto designaba la parte judía de Venecia en la Edad Media. En este sentido tiene un significado histórico y geográfico determinado. El uso de la palabra ghetto en Estados Unidos se refiere a barrios comunitarios también. Esta palabra ha ido revistiendo un sentido peyorativo a lo largo de los procesos de degradación del hábitat y de la vida social debidos a la concentración de la pobreza en zonas determinadas y pobladas por comunidades a partir de los años 60. En Francia, el carácter multicultural de los barrios, aunque en algunos casos habitados esencialmente por personas extranjeras o de origen extranjero no permite hablar de ghetto. Se habla de ghetto en referencia a la marginación y a la degradación de estos barrios, extendiendo así su noción en función de su carácter territorial y no comunitario. Parte de la desviación de este término viene de las canciones de hiphop norteamericanas, que tienen mucha influencia en la juventud de lo barrios populares. 2
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a la mayoría de los nuevos inmigrantes en una situación de inexistencia administrativa y jurídica que deja presagiar un futuro negro para la integración.
I.
De las cités de transito a los barrios marginados con gran concentración de familias de orígen extranjero: como la República francesa creó su modelo de integración en base a las políticas urbanas.
Es importante ubicar el tema del hábitat en el planteamiento más general que se hace de la integración en la sociedad francesa, marcada por una ideología muy fuerte cuyas raíces se encuentran en la revolución de 1789 (1).
Una vez sentadas estas bases, podremos entender mejor el proceso de integración urbana a través de la vivienda social (2) y su consiguiente degradación (3).
1. Consideraciones históricas: La República francesa y las migraciones
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Francia se caracteriza por su larga tradición de acogida de inmigrantes. Desde el siglo XIX, ha tenido 4 olas mayores de inmigración:
La del 2º Imperio, que corresponde a los años 1850 de auge industrial: mano de obra venida de los países vecinos (Bélgica, Alemania, Italia y España.)
Las de los años 1920, cuando las empresas francesas llamaron a mano de obra de toda Europa, sobre todo de Polonia.
Después de la 2ª Guerra Mundial, cuando llegan personas venidas del imperio colonial recién descolonizado y también portugueses y españoles que llegan a la demanda de las empresas para reconstruir el país y trabajar en la industria en pleno auge.
A partir de los años 90, con la aceleración de los procesos de globalización y la caída de la Unión Soviética, se produce una inmigración masiva de personas llegadas de países del Este y del Sur.
Pero sólo es a partir de los 80 cuando se empieza a hablar de la integración de los inmigrantes a nivel político.
Al comparar Francia y E.E.U.U, que son dos países de inmigración masiva a lo largo del siglo XX, se puede ver que en tres generaciones el proceso de integración, medido principalmente a través de la movilidad social, de la práctica religiosa y de la fidelidad con el idioma materno, no presenta diferencias mayores. Estos procesos demuestran que los inmigrantes han sido los principales actores de su integración, que se desarrolla en gran parte a partir de las interacciones locales y depende de númerosos factores: el origen social, las oportunidades profesionales,
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los nexos afectivos que se tejen a lo largo del tiempo. Pero la coyuntura económica juega un papel esencial. Así pues, las fases de expansión económica han dado lugar a la llegada de nuevas oleadas migratorias que han facilitado la movilidad social ascendente de los inmigrados ya instalados en el territorio. No obstante, la condición para que tal mecánica funcione es que el Estado no ponga trabas y que los inmigrantes y sus descendientes sean tratados al igual que los demás habitantes.
Gerard Noirel, historiador en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París muestra que finalmente el modelo republicano de integración designa la manera en que el Estado aplica a los extranjeros los principios del Estado democrático de derecho.
Para entender el modelo francés de integración se tiene que entender el papel fundamental de la Tercera República (1870 1946). Todo Proyecto político de finales del siglo XIX se fundamentó en la integración de las clases obreras al proyecto repúblicano a través de: Por una parte del fomento de su participación en la vida política: sufragio universal masculino directo, ley sobre asociaciones y sindicatos, leyes sobre libertad de prensa y de reunión que permiten a las clases obreras de la segunda revolución industrial adquirir un poder de intervención en la vida pública. Por otra, a través de la creación de un estado del bienestar con la creación de derechos sociolaborales.
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Estas dos modalidades permitieron suavizar los efectos extremadamente duros del capitalismo industrial que ya habían dado lugar a movimientos reivindicativos obreros muy fuertes (las jornadas de Julio de 1848, la Comuna de París de 1871, etc...).
De esta manera, el poder político contiene a las clases proletarias consideradas como peligrosas. Si bien ahora, la división entre las elites notables de la nación y el proletariado se atenúa, pasa a ser necesario establecer una línea de fraccionamiento entre los nacionales que disponen de todos los derechos sociales y políticos y los extranjeros.
Para entender como esta segregación se dió de forma tan rigurosa en la República Francesa se tiene que partir de la ideología de la Revolución francesa que desmanteló todas las corporaciones y los cuerpos constituidos para reconocer al sólo individuo como sujeto de derechos universales.
La República desmanteló así de forma sistemática toda reivindicación religiosa, regionalista o corporativista, considerando que no puede haber cuerpos entre el Estado y los individuos únicos investidos de derechos en términos de igualdad.
Por tanto los individuos en Francia, para nombrar su diferencia y nutrir su sentimiento de pertenecia a un colectivo, se estructuraron en base a dos registros: el de la lucha de clases y el de la distinción entre nacionales y extranjeros. A partir
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de finales del siglo XIX, la inmigración masiva permite explotar estas dos dicotomías. Las capacidades de resistencia del proletariado a las que hacen frente los industriales van a crear la necesidad de recurrir a una mano de obra extranjera privada de derechos.
A lo largo del siglo XX las fuerzas políticas se polarizan entre las fuerzas conservadoras y de extrema derecha que llaman a reforzar la segregación en virtud de los intereses nacionales y los partidos progresistas, que se esfuerzan por atenuar las discriminaciones en virtud de los derechos humanos. El vínculo de fuerza entre estas dos tendencias determina las políticas migratorias de Francia a lo largo del siglo XX. Las luchas de las organizaciones progresistas, la internacionalización de los intercambios y la difusión de los valores humanistas en la sociedad tuvieron el efecto de atenuar las discriminaciones acerca de los extranjeros sin, por tanto, hacerlas desaparecer.
Sin embargo, al mismo tiempo, estas discriminaciones se incrementaron hacia los individuos de la segunda generación, hijos del proletariado reclutado en masa entre los años 50 y 70, años de prosperidad. La mayoría de ellos posee la nacionalidad francesa pero pertenence al mundo obrero. Por tanto, les toca de pleno la reestrucuración de la economía bajo los efectos de la mundialización del capitalismo.
Las profundas modificaciones que conoció la sociedad francesa en tan sólo el transcurso de una generación aparición de la clase de edad de los 1525 años, aparición de los grandes barrios de hormigón contribuyeron a dar visibilidad a esta
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segunda generación en el espacio público, estigmatizada por los medios de comunicación como los jovenes venidos de la inmigación magrebí y sistemáticamente recordada en función de su origen étnico, de una religión que la mayoría de ellos no practican, de unos temas políticos internacionales, víctimas de una discriminación que sin ser jurídica es cultural, económica y social.
“El grado extremo de dominación que han sufrido sus padres y las múltiples formas de rechazo que sufren en el día a día genera en ellos un deseo de reconocimiento, pero a la vez necesitan expresar este rechazo a un mundo que les desprecia y los olvida. Si bien los sindicatos del mundo obrero o el partido comunista podía dar un eco a la disidencia y favorecer la integración, hoy en día, la desestructuración del mundo obrero no permite canalizar la rebeldía.” 4
La ideología republicana francesa al rechazar los cuerpos intermedios entre los individuos y el Estado permite también explicar la tensión entre los ideales de reconocimiento de todos los individuos como iguales frente al Estado y el desfase constante con la realidad. Esto hace que exista en Francia de forma omnipresente el desprecio al comunitarismo que podría generar el fracaso del modelo integrador.
Ahora bien la tendencia a agruparse con su comunidad de origen es un reflejo natural al llegar a un país. Las redes sociales constituidas por los flujos migratorios establecidos favorecen esta tendencia, reprimida por la sociedad francesa de forma
Gérard Noirel, « Il n’y a pas de modèles ». Maniere de voir, Le Monde Diplomatique, OctubreNoviembre 2006 4
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más o menos implícita, reprochando a los inmigrantes su comunitarismo y por tanto su rechazo de la integración.
Esta fobia del comunitarismo en la sociedad francesa ha generado un mito del mestizaje social que pasa principalmente a través de las políticas urbanas, mito que intenta corregir los mecanismos de urbanización segregadora que se han desarrollado en la urgencia de la llegada de miles de inmigrantes entre los años 50 y 70.
2. La inm igración de los treinta gloriosos: de la cités de tránsito a la instalación definitiva
En efecto, al llegar masivamente los inmigrantes a partir de los años 50, las soluciones de alojamiento de las poblaciones nuevamente llegadas se dieron en la urgencia (A). No obstante, el estado republicano se obstinó en aplicar unas políticas específicas destinadas a las poblaciones migrantes, reforzando paradójicamente la desigualdad entre los migrantes y sus hijos y los nacionales (B).
A. De los mecanismos de urgencia para alojar las familias migrantes ...
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Nos enfocaremos en la tercera oleada migratoria para entender como las políticas de integración cuya formulación surge a partir de los años 70 pasaron esencialmente por la vivienda social fundamentada en el trabajo.
En el periodo de posguerra, marcado por la prosperidad que básicamente se extiende hasta el choque petróleo del 1973, y por tanto llamado el periodo de los “treinta gloriosos” (1945 1975), las grandes empresas industriales francesas llaman masivamente a una mano de obra extranjera.
Esta mano de obra llega después de la segunda guerra mundial en un contexto de penuria de alojamientos debida a las destrucciones de la guerra y al exodo rural masivo de los franceses en los años 60. Por tanto los imigrantes se instalan el las viviendas insalubres de los centros de las ciudades y de forma masiva se implantan chavolas en las afueras de las ciudades. Entre las habitaciones en albergues o en hoteles de fortuna amueblados son casi 40% de los inmigrantes llegados de Argelia, Marruecos o Africa Subsahariana y 30% de los portugueses que se instalan en alojamientos precarios en el momento de su llegada, ascendiendo estos porcentaje al 55% cuando se trataba de trabajadores llegados sin su familia. Los albergues de trabajadores son gestionados por empresas de economía mixta como la SONACOTRA (Sociedad Nacional de Construcción para los Trabajadores). En 1974, 680 albergues alojaban 170 000 familias5. Cifras del Groupe d’Etude et de lutte contre les Discriminations (Groupe de Estudios y de Lycha contra las Discriminaciones), in Les Discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social, informe mayo del 2001. 5
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Por tanto, frente a esta urgencia, a partir de los años 60, lo esencial de las políticas públicas de acogida se concentra en la construcción de albergues y en la resorbción de las chavolas a través de la construcción de las llamadas cités de transito, definidas como viviendas afectadas al alojamiento provisional de las familias que ocupan a título precario, y cuyo acceso a un alojamiento definitivo no puede concebirse sin una acción socio educativa destinada a favorecer su inserción social y su promoción. Estos alojamientos construidos de forma muy rápida permiten responder al carácter de urgencia del alojamiento de poblaciones inmigrantes. En su planteamiento inicial, eran concebidos como una etapa previa al acceso a una vivienda social. En realidad, estos barrios se han mantenido y siguen jugando un papel importante en el alojamiento de las poblaciones inmigrantes.
Gracias a estas políticas, entre 1975 y 1990 el número de personas extranjeras que vivían en condiciones precarias e insalubres pasa del 10% al 4%6.
El Estado financia la construcción de viviendas sociales en alquiler a través de la subsidios a la construcción a través de una tasa sobre la masa salarial de las empresas del 1%. Al principio, el 20% de los ingresos de este impuesto iban destinado al alojamiento de las personas migrantes pero este porcentaje se redujo al 6,4% en el 1981 antes de ser suprimido en el 19987.
Op citada. Op. citada
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Los barrios de vivienda social nuevamente construidos y las “cités de transit” se sitúan principalmente en las afueras de las grandes ciudades a proximidad de los centros industriales, a veces en el mismo lugar que los barrios de chavolas a los que se sustituyen.
Pero a partir de 1977, se cambia el modo de financiación de la vivienda social. Cuando las políticas públicas sobre la vivenda desde los años 50 habían sido principalmente destinadas a subvencionar la construcción de viviendas, los poderes públicos pasan a favorecer los préstamos de acceso a la vivienda individual y sustituye las ayudas a la construcción de viviendas social por las ayudas personalizadas para el pago del alquiler. Ello tiene el efecto de permitir un acceso masivo a la propiedad privada para las familias de obreros cualificados y las profesiones intermedias que residían en los barrios de habitat popular. Los barrios de viviendas sociales pasan a ser el lugar de los excluidos de la propiedad, principalmente inmigrantes que constituyen el proletariado y pierden su vocación de barrios de conviviencia social.
B ...a la aplicación del derecho común a los colectivos discriminados
Por lo esencial, la financiación de la vivienda de las poblaciones extranjeras compete al derecho común de las familias de bajos ingresos. La lógica es la de la ayuda personalizada a la vivienda y un conjunto de disposiciones sociales de acompañamiento social y no la construcción de programas destinados principalmente a las familias inmigrantes. No obstante se constata una
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desigualdad de hecho en el habitat entre las poblaciones migrantes y las poblaciones francesas.
Los hogares considerados como muy mal alojados representan 11% del conjunto de los hogares franceses, pero en proporción, son 4 veces mayores en las personas originarias de Argelia, de Turquia, de Marruecos y de Africa Subsahariana (entre 45% y 50%). Las situaciones de hacinamiento en el parque locativo público representan casi la mitad de los hogares originarios del Magreb, de Africa Subasahariana y de Turquía8.
Las proporciones de insatisfacción en cuanto a la vivienda son muy elevadas en las poblaciones migrantes: 45% de hogares insatisfechos en la población subsahariana, 32% en la población marroquí y turca, 31% en la población argelina y 28% en la población de Asia del Sur este.
En 1992, 30% de las familias que viven en Francia declaran querer cambiar de alojamiento ½ de las familias originarias de Magreb y de Turquia 2/3 de la familias originarias de Africa Subsahariana
Pero las trayectorias residenciales de las poblaciones de origen extranjero se ven comprometidas por la poca solvencia para acceder a la vivienda y Cifras del Groupe d’Etude et de lutte contre les Discriminations (Groupe de Estudios y de Lycha contra las Discriminaciones), in Les Discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social, informe mayo del 2001 8
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por tanto la mayoría de los realojamientos de la familias inmigradas son tratadas por mecanismos de urgencia.
La mobilidad dentro del parque social se ve muy restringida y a veces afectada a los barrios más degradados. Si bien, en el 2000, el 70% de las familias originarias del Magreb, de Africa Subsahariana y de Turquia que desean mudarse presentan una demanda en el parque público, sólo es el caso de 14% de las familias francesas.
Con el acceso masivo a la propiedad individual en los años 80, las viviendas vacantes en este parque van destinadas a familias extranjeras que buscan una estabilización de su situación y acceder a una vivienda más amplia.
Algunos datos interesantes 54,3% de las familias francesas propietarios de su residencia principal – 37% de las familias inmigradas 17,6% del inquilinato total en las familias francesas es inquilino de vivienda social – 30,1% de las familias inmigrantes 20% de inquilinos en el sector privado 24% de las familias inmigrantes
En las familias obreras, 44% de las familias francesas viven en barrios de hábitat social y 64% de la misma clase inmigrante vive en barrios de hábitat social.
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Esta concentración de poblaciones de origen extranjero en los barrios más degradados, aunque denegada en la formulación de políticas públicas urbanas, ha favorecido la estigmatización de estos barrios en el seno de la población.
3. La d egradación de las condiciones de vida en los barrios de habitat social
La construcción de los barrios de habitat popular en las afueras de la ciudad se origina entre las dos guerras mundiales cuando los empresarios industriales construyeron la vivienda social destinada a acoger los obreros en el lugar de las actividades. Al aislar los barrios de los centros urbanos, el modelo industrial contribuyó a la segregación social del espacio urbano. Hoy en día, con los procesos de desindustrialización de nuestras economías que pasan a ser economías de servicio (economías posfordistas), estos barrios ya no son barrios industriales fundamentados en la proximidad del centro laboral sino que son ciudades dormitorias muy aisladas de los centros de trabajo donde trabajan sin embargo gran parte de su población en el ámbito de los servicios.
Estos barrios, si bien se caracterizan por su falta de equipamiento y de actividad económica, también son víctimas de una fuerte estigmatización por parte del resto de la población que en su mayoría nunca pasa las fronteras urbanas para comprobar la veracidad de sus prejuicios.
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Los primeros motines son de 1979: en VaulxenVelin, en las afueras de Lyon, donde se produjeron enfrentamientos entre jóvenes y policía. Desde aquel momento los motines no dejaron de producirse, la mayoría de las veces frente a la policía como represalia de los errores y abusos policiales. Es de subrayar que a partir de los años 70, la policia se concentra sobre la constatación y represión de pequeños delitos de la calle en detrimiento de la investigación (entre 1974 y 2004 el numero de interpelaciones por uso de estupefacientes se mulitplico por 39, por infracción a la legislación sobre extranjeros a se mulitplicó por 8,5% mientras que en el mismo tiempo el porcentaje de de elucidación – asuntos resueltos/ hechos constatados pasa de 43,3% al 31,8%).
Las poblaciones de los barrios de hábitat popular son las más desfavorecidas: familias inmigrantes numerosas, jubilados, asalariados pobres, mujeres solas, todos excluidos de la propiedad. La juventud es particularmente visible en razón de su peso demográfico, y por tanto ocupa el barrio generando un incomprensión generacional.
Las condiciones de vida de las poblaciones, que en númerosos casos superan el 50% de población de origen extranjera se han ido degradando: El índice de paro y el fracaso escolar son dos veces más alto que la media nacional y el desempleo de los 1524 años oscila entre el 30 y el 40% Los establecimientos de salud dos veces menos númerosos El ingreso fiscal es inferior de 40% La delincuencia es superior de la mitad del resto del territorio Trapicheo
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Mala reputación del barrio En algunos caso no llegan los bomberos o los servicios de correos Repliegue comunitario
La estigmatización social de los barrios, en muchos casos da lugar a una discriminación en razón del lugar de residencia en varios ámbitos como el trabajo.
Pero ojo! No todos los barrios son así. Donde más desempleo hay y más alejamiento de los centros de las ciudades es donde más se dan estos factores. Pero la presencia de asociaciones de barrios atesta también de una real afección de la gente por su barrio. De los 753 barrios clasificados como zona urbana sensible9, la mayoría de los barrios tienen ua buena conviviencia.
La media nacional de las personas que viven en viviendas sociales consideradas como degradadas es del 3%, pero 18% para los originarios de Turquía , 17% para los originarios de Argelia, 12% para originarios de Argelia y Marruecos, 12% para los orginiarios deAfrica subsahariana10.
En Francia, la atribución de las viviendas sociales se hace en base a criterios de necesidades financieras y/o sociales de las familias que residen legalmente en el territorio francés (más de 3 meses) y que se acogen a las condiciones de escasez de recursos. Estos criterios de atribución se concretan localmente en base a Las zonas urbns sensibles son zonas clasificadas por el gobierno como zonas de riesgo social y por tanto que tienen que ser objetas de unas políticas públicas especiales en materia de políticas urbanas. 10 Cifras del Groupe d’Etude et de lutte contre les Discriminations (Groupe de Estudios y de Lucha contra las Discriminaciones), in Les Discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social, informe mayo del 2001 9
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convenios colectivos negociados entre los arrendadores de vivienda social (en la mayoría de los casos son empresas privadas), los representantes del ayuntamiento y los representantes del Estado. Luego, una comisión de atribución en la que intervienen los Alcaldes o los concejales, representantes departamentales del Estado, una representación de los vecinos y los arrendadores de vivienda social examina las solicitudes. Este sistema no garantiza mucha transparencia y en la práctica son los arrendadores de vivienda social y los políticos de los ayuntamiento que tienen más poder. Ahora bien, los Alcaldes demuestran su tendencia a favorecer la tranquilidad de la población ya instalada que ejerce cierta presión para no ver llegar poblaciones en dificultad social en su ciudad. En cuanto a las empresas privadas arrendadoras de las viviendas sociales, aunque son sometidas al control del Estado por desarrollar una misión de servicio público, sus mecanismos de gestión son privados y escapan al control del Estado. Ahora bien, estas empresas aplican criterios de gestión exclusivos fundamentados en la gestión del riesgo (por impago de alquiler, degradación de las partes comúnes) y a través de los cuales excluyen categorias de la población cionsideradas como presentando un riesgo locativo: los inmigrantes entran en esta categoría aunque no explicitamente. Además, los arrendadores de vivienda social dejan orientación más frecuente de los inmigrantes hacia los parques más degradados.
Por otra parte, la ley fija objetivos de diversidad social (mixité) a la hora de atribuir las viviendas sociales justificando la denegación de una vivienda a una persona que se encuentra en una situación social desfavorbale. En la realidad, estos objetivos dan respaldo a todo tipo de prácticas discriminatorias de los organismos arrendadores.
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¿Cómo seguir rechanzando las atribuciones a familias que componen lo esencial de la demanda, cuando los que son susceptibles de diversificar la composición social del barrio rechazan las atribuciones de vivienda en estos barrios por ser tan estigmatizados y que estas viviendas ofrecen una prestación que en definitiva es muy superior a la vivienda insalubre y en hacinamiento?
La etrategia residencial de las familias inmigradas son dificles de identificar. Pues son divididas entre la la voluntad de agregación por afinidades étnicas o redes familiares o la busquedad de un alejamiento de los barrios para disociarse de la la acusación de comunitarismo y conseguir un entorno juzgado de mejor calidad. Pero los habitantes también han conseguido tejer redes sociales en el barrio y se identifican mucho a él y a su historia.
El sistema francés, al inscribir el alojamiento de las poblaciones migrantes en el derecho común, rechaza abordar la problemática de la vivienda de los inmigrantes como un fenómeno vinculado al origen étnico de las personas da paso a un sistema institucionalmente hipócrita y ciego a las desigualdades de hecho. Frente a esta situación, las políticas públicas se han dirigido a barrios específicos y no a poblaciones.
II.
Los intentos de las “políticas de la ciudad”11
En francés, les politiques de la ville.
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No es una casualidad si a finales de los 70, la aparición de la noción de integración dentro de las políticas públicas coincide con la aparición de las llamadas “políticas de la ciudad”, es decir de unas políticas intersectoriales coordinadas desde una oficina interministerial y determinadas en cooperación con los ayuntamientos a destinación de los barrios dichos “sensibles”.
La política de la ciudad demuestra que es en el territorio local urbano por donde pasa la integracion. Esta política de base interministerial ha sido un laboratorio de medidias fundamentado en la calificación gubernamental de barrios como zonas urbanas sensibles que son destinatarias de toda una serie de medidas prioritarias (hoy 753 barrios calificados como ZUS). Uno de los primeros criterios para la calificación como zona urbana sensible era la presencia de familias inmigrantes. Con lo cual parte de estas políticas han contribuido a la estigmatización de los barrios y de la población inmigrante de estos barrios, y al encerramiento de los barrios en sí.
Estas zonas a lo largo de los 20 años han dado lugar a varios intentos de reforzamiento de la intervención pública: zonas educativas prioritarias, zonas francas urbanas con deducciones fiscales para la instalación de empresas sobre el territorio de estas zonas, fomento de la iniciativa económica local, convocatorias de proyectos locales.
Estos proyectos locales, en determinados casos, han permitido a los propios habitantes del barrio desarrollar sus proyectos y numerosas casas de barrio donde
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se realizan actividades diversas y puntos de encuentros han podido ser subvencionadas a través de los fondos de las políticas de la ciudad. A través de unas modalidades de contratos laborales específicos, los “empleos jóvenes” (sin cobro de cotizaciones sociales), se facilitó la contratación de los jóvenes del barrio por las asociaciones locales, permitiendo así a los jóvenes del barrio participar a la vida social de su propio barrio. Pero a partir del 2002, estos empleos jovenes han sido suprimidos por el actual gobierno.
Hoy en día, un fondo de participación de los habitantes permite a las organizaciones vecinales presentar proyectos para el mejoramiento de los barrios aunque no tengan la forma asociativa.
Las políticas de la ciudad también contemplan la renovación y rehabilitación de los barrios desde sus principios.
Actualmente, es de subrayar la ley Solidaridad y Renovación Urbana del 2000 que prevé la obligación para las municipalidades de más de 20 000 habitantes de construir un mínimo de 20% de viviendas sociales. Pero la mayoría de las municipalidades prefieren pagar multas en vez de construirlas. En la aglomeración parisina, tan sólo el 8,5% de los ayuntamientos concentran el 50% de las viviendas sociales.
Por otra parte, la última ley que influye en la política de la ciudad es la ley Nueva Renovación Urbana del 2003. Esta ley prevé la demolición de 250.000 viviendas
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sociales de aquí a 2013. Los habitantes de varios barrios se movilizaron contra esta ley que no contempla ninguna obligación de concertación con los habitantes y que, al inscribirse en un contexto de penuría de vivienda social en Francia, no está bien comprendida por la población. La demolición de los barrios de hábitat popular tiene que ser objeto de un proyecto presentado a nivel nacional a la agencia nacional de renovación urbana por los Ayuntamientos y por los arrendadores de vivienda social. Representa una fuente de dinero importante para los ayuntamientos y la posibilidad de renovar la población de su territorio.
Todas estas medidas de políticas de la ciudad son puestas en marcha a través de una repartición de competencias entre las distintas colectividades locales pero no han sido bien coordinadas y además obedecen a una lógica de proyectos que acentúa la desigualdad con el resto del territorio. Estas políticas nunca se enmarcaron en el derecho común y por tanto son vulnerables a los cambios políticos. Es de subrayar que los presupuestos de la política de la ciudad habían sido recortados desde la llegada al poder del gobierno actual (2002). Este recorte presupuestario tuvo un impacto cierto en los motines de octubre del 2005.
Finalmente, el mito de la mixité (diversidad) social en Francia da curso a un planteamiento político de los barrios de hábitat popular que paradójicamente favorece las discriminaciones y más aun en un contexto de mayor crisis de la vivienda en Francia.
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III.
Del mito de la mixité (diversidad) social a las prácticas discriminatorias
Al agudizarse la crisis de la vivienda en Francia (1), las personas extranjeras o las de origen extranjero son víctimas de toda clase de discriminaciones para acceder a la vivienda (2 y 3).
1. En un contexto de mayor crisis de la vivienda...
Francia está viviendo un gran crisis de la vivienda que afecta hasta a la clases medias aunque en Francia, sólo 10% de los hogares vive con más de 3000 euros al mes y más del 50% de los hogares vive con 2050 euros al mes (después de los impuestos y con prestaciones sociales incluidas), es decir con un poco menos de dos salarios mínimos. La parte de los ingresos mensuales dedicada al pago del alquiler es del 25% aunque en muchos hogares populares alcanza con frecuencia el 40 o el 50%.
En el 2005, se inició la construcción de 170000 obras, de las cuales 41% son sometidas a condiciones de ingresos o se alquilan a un precio un poco inferior al del mercado (contra 67% en el 2000). En el mismo tiempo, el número de viviendas construidas destinadas a personas que pueden alojarse sin ayuda se multiplicó por más de dos pasando de 100 000 a 260 000.
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Es decir que existe un verdadero desfase entre las caractéristicas de la oferta y la demanda en el ámbito del alojamiento en Francia.
El modelo francés de posguerra de las viviendas de protección oficial era fundamentado en el acceso masivo a las viviendas sociales fundamentado sobre el asalariado. Hoy en día, los organismos de viviendas sociales, mayoritariamente constituidos por empresas privadas, siguen siendo actores mayores del parque inmobiliario locativo. Construyeron y gestionan 3,9 milliones de viviendas, lo que representa 35% del volumen del parque locativo inmobiliario12. Pueden ser públicos o sociedades privadas investidas de una misión de servicio público, pero a lo largo de la década pasada, han conocido un proceso de financiación importante (financiación a través de capitales de origen privados), correlativo a un descompromiso de los poderes públicos.
El escalón más alto de vivienda social es el que más se ofrece dentro de los nuevos alojamientos construidos mientras que las categorias inferiores, que son destinadas a hogares modestos representa el 8,9% de las viviendas sociales cuya construcción se inició en el 2005. Es decir que tan sólo el 22,9% de las viviendas protegidas va destinada a los 2/3 de los hogares.
Para los hogares pobres como para los que pertenecen a la clase media modesta (30% de los hogares en Francia), el pago del alquiler depende totalmente del aporte
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Pero hay distintos escalones de vivienda de protección oficial y, como ocurre en España, en Francia, no toda la vivienda protegida es vivienda social. En Francia, el 80% de los hogares cumplen con los requisitos de ingreso para acogerse a los planes locativos subvencionados, es decir al primer escalón la vivienda protegida.
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financiero de las ayudas personales para la vivienda, que se imparten sólo para personas que ganan el ingreso mínimo (23% de los hogares en el 2005).
El esfuerzo de la colectividad pública (el conjunto de los actores públicos desde el Estado hasta las colectividades) a favor de la vivienda es el más bajo desde hace 30 años: representa 1,84%del PIB (2,06 en el 2000). Sin embargo, 1,4 millones de demandas de viviendas sociales quedan sin respuesta. En París, el plazo medio de espera para acceder a la vivienda social es de 10 años.
Por tanto, se privilegió la construcción de los alojamientos más caros mientras el empobrecimiento de la población francesa y la fragilización de los demandantes de vivienda social es evidente. Las políticas de construcción son sordas a las necesidades sociales. Una de las consecuencias de este fenómeno es que las posibilidades de movilidad residencial de las clases populares se ven considerablemente afectadas. Los hogares más modestos no tienen opción para moverse de barrios que se degradan y pasan a ser barrios donde se concentra la pobreza.
2. ...l as discriminaciones en el acceso a la vivienda son una realidad cotidiana para los inmigrantes
En este contexto, la cuarta parte de las personas originarias de Magreb y Turquía y más de la mitad de las personas originarias de Africa subsahariana declaran haber experimentado personalmente prácticas discriminatorias en el
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ámbito de la vivienda13. Estas discriminaciones se dan tanto en el ámbito del parque locativo privado como en el ámbito del parque público, donde sin embargo las comisiones de atribuciones están integradas por las colectividades públicas locales que obedecen a criterios determinados de forma legislativa y reglamentaria.
En el año 2000, a lo largo de los 10 primeros meses de la puesta en funcionamiento de un número gratuito para denunciar las discriminaciones, el 12% de las denuncias eran en el ámbito de la vivienda y se referían a:
Propuestas de alojamiento situadas únicamente en los barrios más estigmatizados.
Plazos de espera anormalmente largos para solicitudes.
Rechazos motivados por la práctica de cuotas en el parque social .
La no presentación del expediente de solicitud en comisión de atribución.
El rechazo de atribución comprometiendo el acceso a otros derechos.
La firma de una petición por el vecindario con vista a conseguir la expulsión de la familia.
Las presiones del entorno (hostilidades y actas fraudulentas del vecindario.)
Los obstáculos para la adquisición inmobiliaria con fines de impedir el acceso a la vivienda.
El no respeto por el Ayuntamiento de la ley sobre planeamiento del territorio.
La denegación de registro de las quejas por parte de la comisaría.
Cifras del Groupe d’Etude et de lutte contre les Discriminations (Groupe de Estudios y de Lucha contra las Discriminaciones), in Les Discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social, informe mayo del 2001 13
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Los organismos de vivienda social aparecen en segunda posición en cuanto a los organismos públicos considerados por los inmigrantes como los más discriminatorios, después de la policía pero antes de la justicia y de la educación nacional.
Para corregir esta situación, la ley de modernización social de 17 de enero del 2002 tipifica como delitos las discriminaciones en el acceso al alquiler (piezas justificativas a aportar en el expediente, fianza sin condiciones de nacionalidad). Pero los mecanismos de discriminaciones son dificiles de probar y más subversivos.
Por otra parte, paradójicamente, las consideraciones de “mixité sociale”, es decir de diversidad social incluidas o de diversidad sociológica contempladas por las leyes relativas a los asentamientos urbanísticos dan vía a toda una serie de discriminaciones.
Como se mencionó anteriormente14, los criterios de atribución de la vivienda social, en virtud de los principios republicanos no reconocen el criterio de población inmigrante como criterio de atribución de las viviendas sociales. El trato que se da a las demandas de las poblaciones inmigrantes obedece al derecho común de la atribución de viviendas sociales. Las familias migrantes deben de acogerse a los criterios de las familias prioritarias, que se definien en el código de la construcción y de la habitación como las personas privadas de alojamiento o cuya demanda presenta un carácter de urgencia en consideración de su precariedad o de la insalubridad del alojamiento que ocupan así como a las personas que presenten Ver inciso I. 3
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dificultades socio económicas y sociales contempladas en el convenio colectivo departamental que fija los criterios locales de atribución de la vivienda social.
El fuerte papel conferido a los Ayuntamientos para gestionar las demandas de vivienda social ha provocado la inclusión de cierta arbitrariedad. Los Alcaldes son reticentes en atribuir viviendas sociales a las personas de origen extranjero, consideradas como elementos de degradación del parque social.
Además, a pesar de la gestión compartida de las solicitudes de viviendas sociales por los Ayuntamientos, Prefecturas, y Organismos de Vivienda Social, en última instancia es el Organismo de Vivienda Social el que decide la atribución o no de la vivienda. Ahora bien, éste, sea público o privado incluye cada vez más en su gestión mecanismos gestionarios que se traducen por la consideración de riesgos. Los inmigrantes, por su bajo nivel de ingresos y su estigmatización son considerados categorías de riesgo por las sociedades arrendadoras de vivienda social.
Desde 1989, las sucesivas leyes sobre la ciudad intentaron invertir los efectos de segregación de las políticas urbanas precedentes. Estos textos demuestran la voluntad de restablecer la cohesión social a través de un reparto equilibrado de las funciones, equipamientos, poblaciones y actividades. Este objetivo se fundamenta en parte sobre una política de asentamiento poblacional voluntarista que debe garantizar la diversidad social (mixité) a través de la redistribución en el territorio de poblaciones caracterizadas por su origen social pero también, de forma implícita y mal asumida por su origen étnico.
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Por fin, los objetivos de diversidad social (mixité) dan lugar a cuotas de hecho en función del origen de las personas. Para evitar la concentración de personas de origen extranjero en el parque locativo social, todos los dispositivos legales contemplan la diversidad social (mixité) de los barrios, que en la realidad significa la diversidad étnica. Esto da lugar a una política de cuota de hecho que aparece totalmente arbitraria y que tiene como efecto la inmobilidad residencial de las poblaciones extranjeras a pesar de que son las únicas en aceptar vivir en barrios donde las pobaciones francesa rechazan ir y que además son las únicas accesibles.
Señalar a los inmigrantes como un parámetro importante de la crisis urbana se traduce por la construcción de una categoría de “personas con riesgos” en la gestión locativa y de la intervención pública. Ahora bien, la noción de riesgo pasó a ser esencial en las normas de gestión de los organismos de vivienda de protección oficial franceses dejando a estos organismos el margen de apreciación necesario para dar curso a la discriminación de las personas extranjeras o de origen extranjero. Por tanto, a menudo la apreciación del “riesgo” se fundamenta en toda arbitrariedad sobre la consonancia extranjera del nombre que figura en el expediente.
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Finalmente la doble crisis: la crisis urbana y la crisis de la vivienda es el cauce de todo tipo de discriminaciones. Pero en este contexto, son las personas sin papeles, las que peor tienen el acceso a la vivienda.
3. E l acceso a la vivienda para las personas sin papeles: la denegación de un derecho básico en razón de la no existencia administrativa
En los Estados naciones europeos, el no tener la nacionalidad del país en el que se encuentra uno restringe considerablemente el ejercicio de sus derechos aunque se encuentren constitucionalmente garantizados. Se va creando una situación de tensión en la que en Estados supuestamente democráticos y de derecho, conviven poblaciones con garantías de derecho y acceso a las prestaciones sociales diferenciados. En el caso de no tener papeles, los derechos de las personas se encuentran muy restringidos. En este contexto, el derecho a la vivienda es uno de los derechos donde más se percibe la negación de los derechos de los sin papeles.
Un estudio realizado en la aglomeración de Lyon en el 2005 en casas okupadas y chabolas demuestra que, de las 2000 personas que vivían en estas condiciones, el 40% eran extranjeros en espera de su regulariazación administrativa, venidos prinpalmente de Europa del Este (rumanos, yugoslavos, bosnios, georgianos o polacos).
Hoy en día 100 000 personas se encuentran en los albergues de trabajadores de la SONACOTRA, la mayoría de ellos de origen magrebí (63%) y de África
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Subsahariana (22%). Las condiciones de vida en los albergues de la SONACOTRA son a veces muy difíciles. Por ejemplo, en un albergue de la región parisina, un cuarto de 15 metros cuadrados compartidos entre tres personas valía 200 euros al mes por persona.
Esta precariedad de la vivienda se vive también en los hoteles de fortuna insalubres que pasaron a ser mediatizados a través de los incendios frecuentes.
Los centros de acogida de demandantes de asilo han alcanzado su límite (100,000 personas albergadas). Por tanto los demandantes de asilo son alojados en hostales de bajo coste financiados por el Estado, lo cual da lugar a una absurdez total y a unos gastos enormes para la colectividad.
Las ocupaciones sin título de personas sin papeles son objeto de luchas sociales importantes. Un caso emblemático fue el episodio de Cachan en las afueras de Paris donde, bajo el visto bueno del Alcalde, 1000 personas sin papeles ocupaban la residencia uiversitaria que estaba por demoler desde hacía varios años. Pero la expulsión fue ordenada por el ministro del Interior. Un gran movimiento popular se constituyó y más de 600 personas se refugiaron en el gimnasio de la ciudad donde se organizó un comité de apoyo compuesto por personalidades locales y asociativas así como consejales y políticos. La orden de expulsión se cumplió en Octubre pero gracias al apoyo popular, algunos de los sin papeles pueden estar en hoteles mientras se examina el caso de su regularización.
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Gracias a la acción de asociaciones como Droit au Logement (Derecho a la Vivienda)15, se han podido organizar movimientos de apoyo popular para las poblaciones inmigradas totalmente excluidas del derecho a la vivienda.
Las movilizaciones constituyen un eje estratégico en la consecución del derecho a la vivienda para todos y todas. No obstante, algunos ayuntamientos, gracias a su poder en materia de planeamiento urbanístico y en materia de viviendas sociales han podido poner en marcha políticas voluntaristas en materia de vivienda social.
IV.
Algunas alternativas
A pesar de que la degradación de que la situación de la vivienda encuentre sus orígenes en los procesos de la globalización liberal que se diseñan a nivel internacional, el Estado francés demuestra su incapacidad para reaccionar frente a la degradación de este derecho. Es desde lo local, a veces poniendo en marcha las facultades otorgadas por la ley a los ayuntamientos o desde las acciones colectivas locales o de lucha donde nacen la mayoría de las alternativas.
1. Desde las Municipalidades.
Asociación de lucha constituida desde 1994 que reivindica el alojamiento de las familias, muchas veces sin papeles. 15
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Las municipalidades disponen de unas competencias importantes en materia de vivienda aunque los grandes objetivos se imponen desde el Estado. Algunos ayuntamientos o intercomunalidades ponen en marcha políticas voluntaristas que demostraron su eficacia.
Algunas municipalidades demuestran una real voluntad política en actuar a favor de los hogares más empobrecidos dentro de su margen de competencia y actúan sobre los desequilibros que existen entre la oferta y la demanda (especulación inmobiliaria, poca disponibilidad del suelo, busquedad de rentabilidad a corto plazo de los inversores, costos de producción). A este efecto, la intercomunalidad16 ofrece un buen cauce para gestionar de forma mutua entre ayuntamientos y vecinos las políticas del hábitat y de la vivienda con las políticas urbanas y sociales.
Ciertos ayuntamientos modulan su apoyo financiero a la construcción en función del porcentaje de viviendas sociales incluidas en el proyecto o a veces imponen a los operadores privados unas cuotas de viviendas sociales.
Otros ayuntamientos actúan en el precio del suelo a través de Observatorios Locales, utilizando su derecho de adquisición preferente urbano para limitar el incremento de los precios de la vivienda, o modulando su apoyo financiero a los constructores en función de la ubicación de los proyectos.
La intercomunalidad significa la agrupación de ayuntamientos que conforman una misma aglomeración para gestionar de forma conjunta servicios comunes con el fin de mejorar su eficacia y reducir los costos de gestión y de tener en cuenta la interrelación entre las distintas comunas de una aglomeración. La ley incita los ayuntamientos a agruparse así, conformándose un grupo de comunas llamada Comunidad Urbana o Metrópolis con personalidad jurídica propia e instituciones propias. Esto funciona muy bien en el tema de planeamiento urbano, transportes y servicios básicos o desarrollo económico. 16
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Hay municipalidades que intervienen también en el ámbito del acceso al derecho para los inquilinos de viviendas de protección oficial o en el mejoramiento de la gestión de las solicitudes de viviendas de protección oficial. Algunas comunas crean comisiones de intermediación entre los arrendatarios de vivienda social y los inquilinos o son particularmente atentas a los problemas de discriminación en el acceso a la vivienda.
Si bien los ayuntamientos hacen uso de sus facultades en materia urbanística para mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones de vida en los barrios de habitat popular, las organizaciones sociales actúan de manera más ∙”ruidosas”.
2. Desde abajo.
Se han creado varias iniciativas muy interesantes que han vinculado el hábitat social con su población.
Las experiencias de asociaciones que gestionan viviendas sociales han sido muy interesantes. En muchas ocasiones sus programas de alojamiento incluyen un acompañamiento social perenne que cuenta con otros factores de inserción en el ámbito laboral y social. Pero estas experiencias no ofrecen más que escasas soluciones paliativas que no remedian el problema de la compromiso cada vez más débil de los poderes públicos.
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Las asociaciones y colectivos de lucha como Droit au Logement o los Colectivos anti demoliciones constituidos por los vecinos de los barrios populares para denunciar las políticas de demoliciones de viviendas sociales, llevan a cabo un trabajo de gran importancia que permitirá seguramente avances más generales. El actual movimiento social sobre el derecho a la vivienda en Francia (los Don Quijote y su ocupación de la ciudad con tiendas de campañas, la okupación del inmueble de un banco de 1,300 metros cuadrados sin ocupar frente a la bolsa de París por varios colectivos de lucha en el ámbito del derecho a la vivienda y la fundación en este edificio del “Ministerio de la Crisis de la Vivienda”) demuestra esta voluntad popular de que las cosas cambien de forma integral.
Y como demostró la historia, los grandes derechos han sido el fruto de las luchas sociales….
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