MINISTERIO DEL INTERIOR 31 de mayo Y DE JUSTICIA 2010 INFORME AL CONGRESO ESTE DOCUMENTO REOCOGE LOS LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS 2 ÚLTIMOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 2002-2006 Y 2006-2010

Documento para remisión al DNP

1. POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 1.1.

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

1.1.1. COMBATE AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO a. Liderazgo en el diseño y ejecución de la política contra la producción y el consumo Durante este periodo 2002-2006 el Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ) logró empoderar al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y especializar a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en la coordinación de la política integral contra las drogas ilícitas.

Nuestro país ha sido muy exitoso en el combate contra

la producción y el tráfico

internacional. El convenio SIMCI, “Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos” celebrado entre el gobierno de Colombia y las Naciones Unidas fortaleció la obtención de información para medir los resultados de la acción antidrogas.

Los logros en la lucha contra el narcotráfico no tienen precedentes. Entre 2002 y 2009 hubo una reducción del 33% en el área sembrada con cultivos ilícitos en el país al pasar de 102 mil hectáreas a 68 mil hectáreas entre un año y otro. La cifra de 2009 es la más baja registrada en los últimos 11 años.

1

La reducción en la producción de cocaína ha sido del 39% al pasar de 640 toneladas métricas en 2002 a 390 toneladas métricas en 2009.

El nuevo desafío es enfrentar el abuso de las drogas a nivel nacional. Según el más reciente estudio nacional de consumo de drogas en Colombia (2009), nuestro país está catalogado como de consumo intermedio de drogas ilícitas a nivel mundial. Aunque las metodologías y el cubrimiento son distintos, este estudio solo es contrastable con el realizado sobre el “consumo de sustancias psicoactivas” en 1996.

El comparativo de la prevalencia de

consumo en ambos estudios evidencia que, entre un año y otro, el uso de marihuana aumentó al pasar de 5,4% al 8%, y el de cocaína creció de 1,6% a 2,5%.

Existen en el país 335 mil adictos, cifra a la que contribuyó la sentencia de la Corte Constitucional que aprobó la dosis mínima (1994).

2

Por lo anterior, el Gobierno después de cinco intentos fallidos logró ante el Congreso de la República la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2009, que prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a partir de una aproximación desde la perspectiva de la salud pública, sin penalizar el consumo, pero tampoco permitiendo su liberalización y menos la legalización de la producción y distribución de las drogas ilícitas. Ello impacta el microtráfico, la inducción del consumo de drogas a menores y su utilización como correos humanos

La prohibición de la dosis mínima incluye tanto medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas para tratar al adicto y como el aumento de penas para los traficantes y “jibaros” (expendedores) pasando de 8 a 12 años las penas mínimas y de 20 a 24 las máximas. Estas penas serán duplicadas cuando se involucre a menores de edad en el tráfico y la distribución. También se reducen a la mitad los términos del proceso de extinción de dominio en el caso de los bienes utilizados en el tráfico de drogas (para eliminar las llamadas “ollas” o “plazas de vicio”).

Como un mecanismo para prevenir el consumo de drogas ilícitas, el MIJ, el CNE, la DNE y las Naciones Unidas, lanzaron el viernes 14 de mayo de 2010, la campaña “Colombia Territorio Libre de Drogas” que busca crear una comunidad de libertad creando conciencia de que la droga limita la libertad y que debe tomarse la decisión auténticamente libre de hacer de nuestro cuerpo, la familia, el campo, la ciudad, la escuela, el colegio, la universidad y el sitio de trabajo, verdaderos territorios libres de drogas.

El mayor reto que afronta ahora el país

es el fortalecimiento de la coordinación

interinstitucional en el seno del CNE, desde una visión integral que aborde la lucha contra la producción y el consumo.

Así mismo, la sostenibilidad a la medición de las áreas sembradas y de la productividad de coca, a través del convenio entre el gobierno nacional y las Naciones Unidas para el sistema de medición SIMCI.

3

b. Administración y enajenación de bienes incautados y con extinción de dominio

Después de un proceso complejo, se creó y entregó la administración y enajenación de los bienes a la Sociedad de Activos Especiales – SAE (organismo técnico especializado en la administración y venta de los bienes incautados y extinguidos del narcotráfico) filial de CISA y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Actualmente, la DNE tiene 74.465 bienes en administración, de los cuales 17.184 corresponden a bienes inmuebles, urbanos y rurales. De estos 9.600, tienen extinción de dominio, 703 rurales y 5.240 urbanos, el resto corresponden a bienes muebles. De los 17.184 bienes, a la fecha han sido asignados mediante acto administrativo el 68% y el resto será entregado antes de concluir el gobierno. Hoy la SAE tiene en oferta pública 666 bienes, estimados en un valor no inferior a $200 mil millones de pesos. En una segunda fase (a partir del 30 de junio de 2010),

se

entregará a la SAE 57.281 bienes más,

incluyendo las sociedades.

El total de ventas de bienes con extinción de dominio (Proceso iniciado en 2006), a mayo de 2010 asciende a 310.000 millones de pesos. El 2009 fue el año de mayor venta de bienes, por un monto de 125.600 millones de pesos. Los recursos provenientes de la venta de los bienes del narcotráfico, han financiado, entre otros, 242.000 millones de pesos que representan el 24% del valor total de la estrategia de construcción de los 11 nuevos establecimientos de reclusión. En los años anteriores al 2006, teniendo en cuenta que no se había adoptado el mecanismo de venta masiva por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, no se realizo gestión de monetización de activos por parte de la DNE.

4

Es importante precisar que el recaudo se obtiene una vez se culmina un proceso de negociación comercial por la venta de bienes en el cual se pactan los plazos de desembolsos. A partir del 2007 se empezaron

a ver resultados significativos en el

recaudo al ingresar 85.705 millones de pesos, antes de ese año los ingresos de la nación por este concepto fueron de 1.793 millones de pesos.

Entre 2007 y julio de 2010 el

recaudo totaliza 370.792 millones de pesos.

5

c. La Dirección Nacional de Estupefacientes Con la reorientación de la política y la creación de SAE, la DNE vuelve a concentrarse en su objetivo central de ser la entidad coordinadora operativa de la política antidrogas y ejercer la secretaría técnica del CNE. En los dos últimos años se destacan la reactivación los 32 Consejos Seccionales de Estupefacientes, la creación el observatorio antidrogas pionero en el continente, el fortalecimiento del control de precursores y sustancias químicas.

La entidad ha hecho esfuerzos significativos en su reorganización funcional y por procesos lo cual se evidencia con el reciente reconocimiento por parte de la Contraloría General de la República al fenecer por primera vez la cuenta, producto de la implementación de los planes de mejoramiento para dar solución a los hallazgos administrativos y financieros. Adicionalmente, la entidad se encuentra en un avanzado proceso para obtener la certificación al Sistema de Gestión de Calidad.

d. Extradiciones

El Gobierno reconoce que a través de la cooperación en materia de extradición, se ha logrado combatir de manera exitosa el delito del narcotráfico. Desde 1984 a la fecha (mayo de 2010), se han realizado 1.511 extradiciones, de las cuales 1.178, fueron aprobadas entre agosto de 2006 y mayo de 2010, frente a las 333 extradiciones aprobadas por gobiernos anteriores. En los últimos ocho años el número de extraditados por narcotráfico fue de 961 personas.

6

1.1.2. LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA: OTRO PILAR PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA. a. Atención y vigilancia en ciudades y municipios

Con modernas funcionalidades y tecnología de avanzada, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES brinda respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Entre 2006 y 2009 se instalaron y están en funcionamiento 110 líneas 123 (número telefónico único de seguridad) y 24 sistemas de video y vigilancia (circuitos cerrados de televisión – CCTV). En ambos casos el avance (47% y 11%, respectivamente) es relativamente bajo frente a las metas fijadas debido a la restricción presupuestal que indujo a priorizar la implementación de los dos sistemas en capitales y ciudades intermedias. La cobertura alcanzada corresponde a una inversión de 100.000 millones de pesos entre 2007 y 2010.

b. Otros logros de convivencia y seguridad ciudadana Con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON, administrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, este Gobierno (2002-2010) invirtió 320.000 millones de pesos para la construcción y reconstrucción de 7 CAI, 278 Centros Administrativos Municipales, 14 Centros de Convivencia Ciudadana, 28 Casas de Justicia, 80 Estaciones de Policía, 73 proyectos de seguridad militar y policial, entre otros.

7

Un aporte trascendental en la vigencia 2009 fue la puesta en operación de la Sala de Estrategia en Seguridad y Convivencia Ciudadana, que en coordinación con el SIES a nivel nacional, permite la articulación con todas las entidades relacionadas con la seguridad ciudadana y el orden público y con los Sistema Nacional de Prevención de desastres y de Vigilancia Electrónica a la población reclusa. Durante 2009 y 2010 desde la sala de estrategia se han cubierto eventos entre los que destacan las elecciones 2010, el puesto de mando unificado Haití, el Plan Democracia, la asistencia técnica a las Comisiones Departamentales de fútbol y las capacitaciones en gobernabilidad local.

Para prevenir actos de violencia se impulsó la aprobación de la Ley 1270 de 2009 de seguridad y convivencia en el fútbol, reglamentada por el Decreto 1267 de 2009, que crea la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de las cuales a mayo de 2010 se han instaladas 14. Además, se realizó seguimiento a 77 partidos de alto riesgo y diseñó el protocolo de seguridad en el fútbol adoptado mediante decreto. Igualmente, se diseñó la campaña contra la violencia en el futbol que comenzó a difundirse en mayo de 2010. 1.2.

DESPLAZAMIENTO FORZADO, DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN

1.2.1. SUPERACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA La población desplazada como víctima de la violencia han sido prioridad en la atención del Gobierno; el MIJ, como coordinador entre la nación y el territorio, a partir del 2007, crea el Grupo de Coordinación Territorial en materia de desplazamiento forzado con el propósito de 8

hacer corresponsables a las autoridades territoriales para que generen mayores compromisos administrativos y presupuestales, coordinen y diseñen acciones encaminadas a la implementación de la política pública de atención al desplazamiento forzado.

En cumplimiento de su compromiso de reivindicar a los desplazados, el Gobierno nacional, entre 2005 y 2010, ha desarrollado 318 planes integrales únicos para esa población.

En 2008 se diseñó e implementó el Sistema de Información de Coordinación y Seguimiento Territorial –SICST- para la recolección, procesamiento y análisis de información general y específica de esfuerzos presupuestales y administrativos de los entes territoriales en cuanto a la atención integral a la población desplazada. En cumplimiento de su compromiso de reivindicar a los desplazados, el Gobierno nacional, entre 2005 y 2010, ha desarrollado 318 planes integrales únicos para esa población (en junio los Planes totalizarán 330).

Desde finales de 2009 a la fecha, se han efectuado (14) sesiones técnicas preparatorias con las entidades territoriales previas a las audiencias regionales citadas por la Honorable Corte Constitucional. En la actualidad, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional adelanta la formulación de un documento Conpes sobre

los

lineamientos de coordinación nación – territorio para avanzar en acciones articuladas a nivel local. 1.2.2. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Bajo el principio de cero tolerancia a la violación de los derechos humanos como fundamento de la política de seguridad democrática, el Gobierno centró su atención en velar por la situación y protección de personas, grupos y comunidades vulnerables en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y el diseño de una política pública en prevención de violaciones de DDHH. a. Programa de Protección

Como resultado de la política de seguridad democrática es significativo el avance y mejoramiento de las condiciones de seguridad con una notable reducción entre 2002 y 2009 en homicidios (45%), secuestros (93%) y acciones terroristas (81%). Se ha otorgado una especial protección individual y colectiva a 16 poblaciones vulnerables, tales como, 9

dirigentes políticos, sindicalistas, concejales, defensores de derechos humanos y población con enfoque diferencial (indígenas y afrocolombianos). Entre 2002 y 2009 la reducción en el número de homicidios es apreciable. En el caso de los sindicalistas la disminución fue del 86% (la estadística registra el paso de 196 homicidios en 2002 a 28 homicidios en 2009) mientras que para los concejales la reducción fue del 67% (77 casos en 2002 y 10 en 2009).

El hecho que ninguna persona cubierta por el programa de protección con medidas duras haya sido víctima de homicidio evidencia la garantía a la vida y el libre ejercicio de la actividad de los protegidos.

En 2002 el Programa otorgó protección a cerca de 4.900 personas, en el 2009 algo más de 11.000, en los cuatro primeros meses de 2010 van 8.733 personas y se proyecta que a diciembre de 2010 ascienda a 12.000 el total de beneficiarios (incremento que alcanzaría el 56% en los 8 años). El Anexo No.1 registra el detalle del número y tipo de beneficiarios por año en el período de referencia.

10

El gobierno nacional desde 2002 ha destinado 388 mil millones de pesos al programa de protección a personas.

b. Política pública en prevención a violaciones de DDHH

En desarrollo de la política pública preventiva de violación de derechos humanos se han promovido 18 planes de contingencia que responden a situaciones de riesgo presentadas en una zona determinada. En 2009 se creó la Mesa Nacional de Garantías como escenario de diálogo y concertación

con las autoridades de gobierno. En el contexto departamental

existen 12 mesas de garantías brindando un espacio de diálogo permanente entre los defensores de derechos humanos, la comunidad y autoridades y organismos del estado vinculados con el tema. A julio de 2010, 16 departamentos cuentan con planes de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitarios vigentes. 11

A corto plazo es prioritario mantener el diálogo político directo y los escenarios de concertación con las poblaciones vulnerables consolidando el programa de protección de derechos humanos de acuerdo con las redefiniciones de la normatividad vigente. c. Lucha contra la trata de personas

En el marco de la política preventiva se ha creado 18 comités departamentales de lucha contra la trata de personas, en los departamentos de mayor índice de la actividad, capacitando a las entidades y a la ciudadanía en la prevención y denuncia del delito. En 2008 se lanzó la campaña publicitaria “lucha contra la trata de personas, la siguiente víctima puedes ser tu” y en 2010 “con la trata no hay trato” (actualmente en divulgación nacional). Un logro importante está en la sostenibilidad y funcionamiento de la línea nacional de denuncia, gratuita contra la trata de personas, que entre 2007 y 2009 recibió un total de 1.700 llamadas que fueron atendidas brindando la orientación y la ayuda solicitada. En 2008 se creó el Centro Operativo Anti Trata de Personas – COAT para prevenir, proteger y ofrecer asistencia psicológica y judicial a las víctimas.

Colombia es reconocida en América Latina como líder en la lucha contra la trata de personas y como segundo en el mundo después de Canadá. Desde junio de 2010 nuestro país participará en la Red Iberoamericana contra la trata de personas impulsada por el gobierno español.

1.2.3. POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN Como parte del rediseño institucional del MIJ, a finales de 2008 se creó la Dirección de Justicia Transicional encargada de las funciones de formulación, coordinación y fomento de una política de estado en materia de justicia para la consecución de la paz y la reparación de las víctimas. El Ministro del Interior y de Justicia preside y lidera el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que está compuesto por los subcomités de reparación, atención a las víctimas, información y memoria histórica.

12

a. Reparación por vía administrativa a las víctimas

En 2008 se crea el Comité de Reparaciones por vía administrativa. Desde agosto de 2008 a julio de 2010 se entregan 500.000 millones de pesos a 25.391 familias para un total de 60.000 beneficiarios, como resultado de un esfuerzo sin precedentes en el mundo, como lo reconocieron tanto la comunidad internacional como la propia Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

De las solicitudes de indemnización radicadas hasta la fecha, en lo que a la caracterización del hecho victimizante se infieren las siguientes estadísticas.

66.6% víctimas de homicidio. 92% son hombres. 3,13% víctimas de secuestro 0.57% víctimas de delitos contra la integridad sexual 11.56% víctimas de desaparición forzosa 0.89% víctimas de reclutamiento de menores 6.00% victimas de lesiones 2.92 % reclutamiento de menores

Del total de solicitudes, el 78 % fueron realizadas por mujeres y de todas las solicitudes presentadas, 5.668 corresponden a desplazados con otro hecho victimizante adicional al desplazamiento mismo.

Bajo el liderazgo de Gobierno Nacional dentro de la consolidación de una política integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a las víctimas de la violencia se han obtenido avances significativos en los siguientes frentes.

El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz, diseñado y desarrollado para el manejo de documentación y estadísticas, unificando todas las bases de datos y archivos que sobre el tema existen en varias instituciones del estado para facilitar el control y la toma de decisiones en la orientación y desarrollo de la política.

13

El modelo piloto interinstitucional regional de atención integral a las víctimas que se implementó en las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Santa Marta y está próximo a implementarse en Cartagena y Pasto.

como resultado de la

implementación de este modelo, se han atendido 13.500 víctimas desde mayo de 2009. a las cuales se les ha prestado los

servicios que requieren según sus

necesidades.

La Comisiones Regionales de Restitución de Bienes con el diseño de un plan piloto para descentralizar la atención integral a las víctimas en materia de restitución de bienes en 12 ciudades del país. Entre 2009 y 2010 se instalaron las 7 primeras Comisiones Regionales de Restitución de Bienes en Bogotá, Antioquia, Bolívar, Bucaramanga, Sucre, Valle y Quibdó; están próximas a instalar en: Pasto, Villavicencio, Valledupar y Mocoa mientras a corto plazo serán aprobadas otras dos en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander.

La instalación de las Comisiones dio impulso a los trámites de restitución en las regiones, mostrando los primeros resultados (están en desarrollo 3 proyectos piloto de restitución de bienes en turbo, Mampujan y Chengue). En conjunto con la CNRR, se propició en el municipio de turbo la restitución de 105 predios a 177 propietarios, con una extensión total de 534 hectáreas, por un valor de

$13.350 millones de pesos. Con el apoyo de la

organización internacional para las migraciones -OIM- se viene avanzando en los programas piloto de Mampujan y Chengue, con el propósito de identificar y formalizar la propiedad de las tierras.

Los retos más importantes están en garantizar los recursos que permitan la sostenibilidad del modelo interinstitucional de atención a las víctimas de la violencia, al igual que para las políticas de verdad, justicia reparación y garantía de no repetición. Al igual que la continuidad a la descentralización de los programas de atención y restitución de bienes a las víctimas y la asignación presupuestal para la sostenibilidad de la reparación por vía administrativa de las víctimas.

14

2.

2.1.

UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Sistema de atención y prevención de desastres de Colombia modelo en el mundo

De las 6 millones 25 mil personas damnificadas por eventos de desastres naturales que solicitaron atención al Fondo Nacional de Calamidades entre 2002 y 2010, se atendieron 5 millones 781 mil, lo que representa una cobertura del 96% de la población afectada con una inversión de 273.000 millones de pesos. El Anexo No. 2 incluye el detalle de las cifras de atención a personas 2002-2010 por año.

La inversión de recursos entre 2002 y 2010 para la atención de desastres y emergencias en el país asciende a 287.000 millones de pesos.

15

La cobertura del programa de Banco de Materiales, iniciado en 2005, fue de 23 departamentos, 88 municipios y un total de 15.730 viviendas con una inversión aproximada de 37.000 millones de pesos.

De 2002 a 2010 se ejecutaron 483 proyectos de prevención y mitigación de desastres por un valor de 83.000 millones de pesos beneficiando a 239 municipios y 30 departamentos. Para la atención de obras de prevención y mitigación por afectaciones ocasionadas por la ola invernal del 2008 y 2009, las alcaldías presentaron los proyectos ante el MIJ y están en ejecución obras en 19 departamentos y 52 municipios con un costo de 40.000 millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Regalías (FNR).

En materia de prevención, sobresale el diseño una política frente a la actividad volcánica para los casos de: Galeras, Cerro Machín y nevado del Huila, que comprende la elaboración de un plan de contingencia (en este modelo la inversión ascendió a 51.850 millones de pesos). A julio de 2010, el gobierno nacional logrará el reasentamiento de 400 personas por fuera de la zona de amenaza volcánica alta (ZAVA) del Volcán Galeras (Nariño) mediante la adquisición de 100 predios habitados.

El exitoso modelo de reubicación y reasentamiento de la población afectada en el caso del volcán nevado del Huila resultó de un trabajo entre el MIJ, la Corporación Nasa Kiwe (CNK) y otras entidades estatales.

16

Culminó el desarrollo e implementación del sistema integrado de información para la prevención y atención de desastres (7 módulos) con lo cual el Gobierno nacional al SNPAD un instrumento de gran funcionalidad para la toma de decisiones y el seguimiento y control de cada una de las fases establecidas para el ciclo de gestión del riesgo.

En la actualidad avanza la formulación del documento Conpes para atender y reubicar a la población en riesgo asentada a lo largo de la cuenca del río Páez en los departamentos del Cauca y Huila. La población del municipio de Belalcázar (Cauca) fue beneficiaria de las siguientes obras: construcción del proyecto de vivienda “Las Américas” para 70 familias del municipio (por valor 2.720 millones de pesos); entrega de las fases 1 y 2 de la normal de Belalcázar para 1.500 estudiantes (convenio Nasa Kiwe-Fonade-Mineducación por valor 2.600 millones de pesos); construcción el hogar infantil múltiple en resguardo de calderas, municipio de Inzá, Tierradentro, cauca. para 160 niños paeces. (convenio ICBF-Nasa Kiwe por 1.200 millones de pesos); renovación de 450 hectáreas de café en zona de Tierradentro beneficiarias 700 familias cafeteras (convenio Federación de Cafeteros-Nasa Kiwe); habilitación de tres (3) vías (convenio Invías-Nasa Kiwe por valor de 1.690 millones de pesos); construcción de 9 puentes peatonales y dos cable vías en la región de Tierradentro, (Recursos del FNR por valor de 3.000 millones de pesos).

La CNK en cumplimiento de su misión frente a la reconstrucción y rehabilitación de la cuenca del río Páez y zonas aledañas entre agosto de 2002 y mayo de 2010 alcanzó los siguientes resultados:

168 vías;

26 puentes peatonales;

1.960 viviendas

ubicadas en 65

reasentamientos del Cauca y 17 del Huila; 3 puestos de salud; 107 sistemas de acueducto y alcantarillado; 14 proyectos de recuperación de microcuenca; adquisición 862 hectáreas de tierra en Cauca; adquisición de 240 hectáreas de tierra en Huila; 45 centros escolares construidos; 1.030 viviendas electrificadas en el Cauca; 206 viviendas electrificadas en el Huila; 54 proyectos pecuarios implementados; 86 proyectos agrícolas implementados; 1 hotel turístico en San Andrés de Pisimbalá; 1 distrito de riego; 12 proyectos microempresariales. estas han tenido

una inversión de 16.000 millones de pesos que cubren a 21.000

beneficiarios directos y más de 70.000 indirectos en los departamentos del Cauca y Huila.

Colombia exportó su modelo de atención y apoyó humanitariamente en varios países afectados por desastres naturales: Haití, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú y Bolivia. Por la dimensión del desastre destaca la presencia de Colombia en Haití: con el fin 17

de coordinar la asistencia humanitaria del gobierno y del pueblo colombiano hacia Haití se instalaron dos puestos de mando unificado, uno en Bogotá y otro en Puerto Príncipe, que aun sigue funcionando. La ayuda humanitaria a este país es la más grande prestada por Colombia en un desastre natural con el envío de 7.000 toneladas por vía marítima, terrestre y aérea.

Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley de autorización para la donación de 120 millones de dólares para contribuir a la reconstrucción de Haití en la región de “cabaret”.

La gestión del riesgo debe ser prioritaria en el próximo Plan Nacional de Desarrollo como tema transversal a la planificación en lo nacional, departamental y local, dando mayor impulso a la prevención del riesgo. 3. 3.1.

UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS LOS REQUISITOS DEL ESTADO COMUNITARIO

3.1.1. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DEMOCRÁTICO La participación ciudadana, elemento esencial de la democracia

En 2007 se diseña y desarrolla el Sistema Nacional de Información del sector de la participación SIDEPAR que permite el registro eficaz de los diferentes procesos y dinámicas sociales generadas en el nivel territorial y nacional.

En los dos últimos años ha sido prioritario el desarrollo de la gestión institucional para fortalecer la organización comunal y la construcción de una nueva cultura participativa electoral.

Por primera vez se logró iniciar el trabajo previo a los comicios electorales un año antes de los mismos con el funcionamiento permanente de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.

Se efectúo el monitoreo con las Comisiones departamentales y municipales para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, en 62 casos de elecciones atípicas, 18

las consultas de los partidos y la elección del Congreso de la República, en la cual se coordinó la actividad con los 32 delegados presidenciales y 32 ministeriales. La unidad de reacción inmediata “URIEL” se instala para recibir las denuncias y quejas de los ciudadanos durante el proceso electoral.

A mayo 15 de 2010

se habían recibido 417

denuncias que tuvieron trámite ante las autoridades competentes.

Como parte de la pedagogía ciudadana frente a la jornada electoral, se diseñó la campaña, ampliamente difundida en medios de comunicación, contra los delitos electorales antes de los comicios de marzo de 2010 y para la elección presidencial de mayo. En 2010, se impulso y aprobó el documento Conpes para las Juntas de Acción Comunal – JAL que tiene como propósito apoyar la solución de los problemas asociados con la estructura organizacional, reconocimiento, gestión y sostenibilidad financiera de las JAL.

El programa nacional de formación de formadores, creado en 2002 para la acción comunal fue desarrollado en coordinación con las entidades territoriales; este gobierno ha capacitado 350 equipos de formadores a nivel nacional que equivalen a 16.000 personas. 3.1.2. JUSTICIA EFICAZ Y CERCANA AL CIUDADANO Política criminal y penitenciaria

El país experimenta una verdadera transformación de sus establecimientos de reclusión al pasar de “escuelas del crimen” a centros de resocialización. La política del gobierno en este tema tiene fundamento en cinco puntos: modernos establecimientos de reclusión, cero hacinamiento, cero violación a los derechos humanos, cero corrupción y salud y resocialización para los internos.

En el año 2002 el hacinamiento de la población reclusa era del 16%, llegando a niveles del 38% en 2009. Por ello, para el gobierno fue una prioridad la disminución del sobrecupo de reclusos al 10%, mediante la entrega efectiva de 22.453 nuevos cupos. La meta será superada al lograr que en julio de 2010 un hacinamiento de 4,6%. En los ocho años de gobierno, la población penitenciaria y carcelaria creció en un 53%, lo que representa un

19

aumento de 28 mil personas, debido a varias razones: La acción contundente de la fuerza pública, la aplicación efectiva de las leyes que incrementaron las penas y limitaron la excarcelación y la declaratoria de inexequibilidad, en septiembre de 2008, de la Ley de pequeñas causas que habilitó nuevamente el encarcelamiento por delitos menores.

El primero de los dos logros más importantes asociados a la política penitenciaria de deshacinamiento es la construcción y entrega de los nuevos establecimientos de reclusión. Este gobierno está entregando 10 modernos establecimientos de reclusión. Entre junio de 2008 y lo que se proyecta a julio de 2010, el avance en la construcción pasará del 17% al 99% lo que representa un incremento del 82%, a mayo 16 de 2010 el avance de obra es del 95.7%.

20

En este mismo periodo de tiempo se ha ejecutado el 60% del presupuesto asignado al total de la estrategia, que asciende a un billón de pesos.

Para julio de 2010 estarán a disposición del INPEC los establecimientos reclusión de Cúcuta, Yopal, Puerto Triunfo, Acacías, Florencia, Ibagué, Jamundí, Guaduas, Medellín y Bogotá.

El segundo gran éxito de la política penitenciaria, es la implantación de la vigilancia electrónica. La población en detención domiciliaria asciende a cerca de 22 mil personas. Su control, de acuerdo con la Ley, se limita

a visitas esporádicas, llamadas telefónicas y

entrevistas al vecindario. El INPEC únicamente dispone de 11 mil hombres y mujeres para vigilar y controlar a cerca de 106 mil personas, entre internos y domiciliarios, por lo que la vigilancia electrónica constituye una verdadera solución tanto para el mayor control como para la disminución del hacinamiento y la resocialización eficiente.

El programa piloto de vigilancia electrónica, puesto en marcha en febrero de 2009, estaba previsto solo para Bogotá y hoy cubre los 25 Distritos Judiciales del país. En julio de 2010 más de 5.500 personas serán objeto de monitoreo a través de las manillas electrónicas. Del total de personas monitoreadas, apenas el 2,5% registra alguna infracción a la medida. La mayoría de estos casos corresponde a personas que por su perfil delictivo no deberían acceder a la casa por cárcel, pero a quienes los jueces de la República (única autoridad facultada para otorgar el beneficio) han favorecido con la medida. 21

Los resultados indican que la pertinencia del Sistema amerita la ampliación de su cobertura. Después de realizar un muestreo de cerca de 5.000 visitas a personas que gozan del beneficio domiciliario sin tener instalado el brazalete electrónico, se verificó que el 60% de ellas no se encontraban en su residencia.

Otro gran eje de la política penitenciaria es lograr cero corrupción en los establecimientos de reclusión porque el país debe impedir que los internos continúen delinquiendo desde las cárceles y penitenciarías. Durante 2009 y 2010 tuvieron lugar 4.000 operativos de control ordinarios y 123 especiales, donde se 230 armas de fuego, 27 mil teléfonos celulares, 156 mil armas blancas, 6 mil piezas de municiones y cerca de 1 millón 500 mil gramos de estupefacientes.

Como parte de la colaboración armónica entre el ejecutivo y la Rama Judicial, el INPEC cuenta hoy con la tecnología necesaria para realizar audiencias virtuales en 30 establecimientos de reclusión evitando el desplazamiento de internos y abogados para los trámites judiciales. Además, los nuevos establecimientos están dotados con modernas salas para audiencias judiciales y entrevistas con los abogados.

En el nuevo enfoque de la política penitenciaria reviste de suma importancia el impulso a la resocialización. El avance logrado en los programas de atención a los reclusos en este gobierno incluye la implementación del modelo educativo propio del Sistema Penitenciario y Carcelario en 47 establecimientos de reclusión, el fortalecimiento de 415 proyectos productivos (generación de 70.000 millones de pesos anuales incorporados al presupuesto nacional en 2010) y la implementación de programas de prevención de la drogadicción en 22

101 establecimientos de reclusión (como parte de la campaña “Colombia Territorio Libre de Drogas”).

En el marco de la política de cero violación a los derechos humanos, se implementaron observatorios piloto en 6 establecimientos de reclusión del orden nacional con la designación un delegado de derechos humanos en cada patio. Así mismo, con el sistema de Visitas Virtuales, el INPEC coloca la tecnología al servicio de la población reclusa para permitir el reencuentro y el diálogo con los familiares que residen en lugares distantes.

Como otra iniciativa para dignificar la situación de las familias de los reclusos, se diseñó como proyecto piloto en el establecimiento de reclusión de Bellavista en Medellín, el sistema automático de asignación de visitas mediante citas telefónicas para evitar las largas filas.

Por primera vez en la historia del país, toda la población reclusa ha sido afiliada al sistema general de seguridad social en salud. El exitoso proceso, iniciado en 2009, permite que hoy cerca de 100 mil personas, entre internos y sus hijos menores de 3 años, sean beneficiarios del régimen subsidiado de salud. Colombia ya no puede dar marcha atrás en el proceso de humanización de la política penitenciaria. Justicia alternativa: recurso de resolución controversias en forma pacífica y de acceso a la justicia para los ciudadanos Cuatro grandes líneas ejecutan la política de justicia alternativa formulada por el gobierno nacional: las Casas de Justicia, los Centros de Convivencia Ciudadana, los Centros de Conciliación y los programas de justicia en equidad.

El programa de las Casas de Justicia, promueve la prevención del delito, acerca la justicia al ciudadano, orienta a las comunidades sobre sus derechos, impulsa el ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, promueve la justicia comunitaria y el derecho propio de las comunidades étnicas, armonizando las dos jurisdicciones.

En agosto de 2002 estaban en funcionamiento 44 Casas de Justicia, en julio de 2010 el país contará con 69 Casas operando (el Anexo No. 3 referencia los municipios donde operan las Casas de Justicia), superando la meta de cuatrienio estimada en 67 casas en operación. Del total de casas de Justicia en operación, 25 han sido producto de la gestión de los últimos 8 23

años. Desde enero de 2002 a la fecha, las Casas de Justicia han atendido más de 8 millones de solicitudes en todo el territorio nacional. Número de Casas de Justicia por departamento

La demanda de solicitudes y de atención en las Casas de Justicia comportó un notable incremento al pasar 396.802 solicitudes atendidas en 2002 a 1,3 millones de solicitudes atendidas en 2009 (aumento del 230%), cifra que demuestra la efectividad del programa y justifica su permanencia.

Los Centros de Convivencia Ciudadana (CCC) promueven la justicia alternativa, desde la prevención al brindar espacios donde la comunidad tiene acceso a entidades del orden local 24

que desarrollan iniciativas de promoción a los valores ciudadanos, la convivencia, los derechos humanos, la cultura ciudadana y la cátedra en convivencia, civilidad y ciudadanía, así como el respeto por el medio ambiente. En agosto de 2002 estaban en funcionamiento 9 centros de convivencia ciudadana, a la fecha han entrado en operación 11 centros más, para un total de 20 (el Anexo No. 4 referencia los municipios donde operan los Centros de Convivencia Ciudadana). Entre 2002 y 2010 los CCC han atendido cerca de seis millones de ciudadanos en todo el país. Número de Centros de Convivencia Ciudadana por departamento

El Programa Nacional de Conciliación en Derecho brinda igualdad en el acceso y en el tratamiento para resolver oportuna, confiable y pacíficamente las diferencias, con la participación de un tercero abogado conciliador, buscando hacer efectivos derechos y obligaciones de los ciudadanos, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. En 2002, existían 141 centros de conciliación autorizados; a la fecha el país cuenta con 334, para un total de 193 centros de conciliación nuevos.

25

Los centros de conciliación han tramitado más de 75 mil conflictos jurídicos, la mayoría de ellos en un término inferior a 30 días. Entre 2002 y 2009 se recibieron 523.232 solicitudes en los centros de conciliación.

El programa de justicia en equidad propicia la solución de los conflictos y promociona de la justicia por medio de ciudadanos escogidos por la propia comunidad. Los conciliadores en equidad son capacitados para desarrollar sus habilidades en la resolución pacífica de conflictos. La figura de conciliación en equidad está presente en más de 230 municipios y funciona con el concurso de 5.700 conciliadores seleccionados.

26

Ordenamiento Jurídico

Para avanzar en el propósito de disponer de información actualizada y veraz sobre las leyes y decisiones de los tribunales, en 2007 el Gobierno inició la implementación del Sistema Único de Información Normativa – SUIN para ofrecer a los ciudadanos, de manera gratuita y a través de la página de internet www.suin.gov.co, las normas del ordenamiento jurídico colombiano, así como los análisis de vigencia de leyes y decretos, y la jurisprudencia que afecta la validez de los mismos.

Durante los dos últimos años de la implementación del Sistema, se han publicado en el SUIN 15.164 normas, superando ampliamente la meta del cuatrienio establecida en 13.500 normas. También se publicaron en el SUIN 7.300

partes resolutivas de sentencias

producidas por las altas cortes. Los avances en el SUIN posibilitaron la publicación de decretos únicos sectoriales o temáticos con el propósito de facilitar la consulta y aplicación de las decisiones del Gobierno nacional.

Más de 500 normas han sido objeto de análisis de vigencia para el aseguramiento de la calidad de proyectos de decretos únicos sectoriales y de compilaciones legislativas. A mayo de 2010 han sido

remitidos a la Presidencia de la República para su aprobación 18

proyectos únicos y a julio de 2010 se habrán remitido 12 más llegando a 30 proyectos sectoriales únicos en el último cuatrienio.

27

Defensa Jurídica del Estado

El MIJ diseña e implementa las políticas de prevención del daño antijurídico, coordina con las oficinas jurídicas para la adecuada defensa de los procesos en los que es parte el Estado y que superan los 2 mil salarios mínimos legales, y realiza seguimiento a la correcta aplicación de la política de conciliación, así como del uso de las acciones de repetición a través de la asesoría a los comités de conciliación.

En cumplimiento de la función de coordinación de procesos, la Dirección de Defensa Jurídica del Estado identificó el universo de procesos con cuantía superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 4.035 casos a través de la instalación de mesas temáticas e intersectoriales, con la participación en estrategias de defensa en casos específicos y la expedición de protocolos de defensa y Circulares se logró coordinar 3.430 casos equivalente al 85% del universo mencionado.

El MIJ expidió el protocolo para la defensa judicial de los recursos del Sistema General de Participaciones y dictó circulares cuya observancia permitió el acompañamiento del desembargo de algunas cuentas de municipios de los departamentos de Bolívar, Chocó y Magdalena, entre otros. Mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de la Protección Social, se apoyó el diseño de la propuesta de conciliación para reliquidación de la pensión gracia de los docentes, contribuyendo en el proceso de descongestión administrativa y judicial, estimado en 15.234 procesos.

Está en proceso de consolidación de una base de datos de información litigiosa con información reportada por entidades estatales,

la cual viene

siendo utilizada por el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cálculo del presupuesto requerido para afrontar el pasivo contingente del Estado.

Según la información recopilada en 2009, el pasivo contingente del Estado superaba los 100 billones de pesos, distribuidos en 214 mil procesos, en 207 entidades públicas. Las diez entidades cuyas demandas tienen el mayor valor en sus pretensiones son en su orden: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, corporaciones autónomas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de las Tecnologías de información y las 28

Comunicaciones, Ministerio del Transporte, Ministerio de Minas y Energía, y la Presidencia de la República. Para estas 10 entidades las pretensiones suman cerca de 77,8 billones de pesos. 4.

LOS RETOS DEL ESTADO COMUNITARIO

4.1.1. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE Reformas institucionales y certificación en calidad

Varias de las entidades del Sector se fortalecieron estructural y funcionalmente para hacerlas cada vez más eficientes en la prestación de los servicios a los ciudadanos. A finales de 2008 el MIJ culminó un proceso de restructuración orientado principalmente a la mejora en su gestión misional y a la búsqueda del equilibrio en las condiciones laborales de los funcionarios.

Después de 14 años, el INPEC logró, a mediados de enero de 2010, reestructurarse para cubrir un déficit histórico de su recurso humano creando 4.035 cargos entre cuerpo de custodia y personal administrativo para cubrir las necesidades de personal de los nuevos establecimientos de reclusión.

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), en coordinación con el Programa de Renovación de la Administración Pública – PRAP del DNP, avanza en la profesionalización de la planta de personal para, entre otras cosas, equiparar las condiciones laborales de todos sus servidores. En el 2006 inició el concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial que culminó en los primeros meses de 2010, después de un largo proceso interrumpido varias veces por tutelas, recursos jurídicos y decisiones judiciales.

Cuatro entidades del Sector hoy están certificadas en calidad: la Imprenta Nacional de Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia y el Ministerio del Interior y de Justicia, institución que el pasado 14 de mayo recibió por parte del ICONTEC este reconocimiento. Antes de terminar este período de gobierno se espera contar con la certificación de la Superintendencia de

29

Notariado y Registro, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Corporación Nasa Kiwe, para alcanza la meta de 7 de las 8 entidades del Sector certificadas en calidad. Además, se anticipa que la Contraloría General de la Republica, fenecerá las cuentas de 7 de las 8 Entidades sectoriales por su buen manejo administrativo y financiero. Mejoras en la prestación del servicio de frente al ciudadano

En el marco de la estrategia gubernamental de acercamiento de la administración pública al ciudadano, el Sector registra avances significativos en la simplificación y automatización de sus trámites. En 2004 la SNR inició el Sistema de Información Registral –SIR que ya está implementado en 110 Oficinas de Registro, correspondientes al 57,2% del total de Oficinas a nivel nacional y que incluyen el 91% de los folios de matrícula del país. Además, antes de terminar 2010 el 87,5% de las Oficinas de Registro estarán sistematizadas.

Otro gran logro en notariado y registro es sin duda la implementación de la Ventanilla Única de Registro (VUR) que desde su entrada en operación logró la reducción del 22% de los trámites, la disminución del 13% del tiempo del usuario y ahorro del 2% de los costos. Este sistema permite consultar en línea desde las notarías, la situación jurídica del inmueble en el folio de matrícula, la valorización, el impuesto predial, la información catastral, tanto a través del portal www.registratupropiedad.com, como a través de un call center habilitado para el trámite.

Con la implementación de la VUR, Colombia ganó posiciones en la medición del doing business realizada por el Banco Mundial, pasando del puesto 78 al 51 del ranking en cuanto al registro de inmuebles (avance de 27 puestos). El proyecto, implementado inicialmente en Bogotá, amplia su cobertura a todo el país iniciando por los departamentos de Atlántico y Cundinamarca. Además, la SNR lanzó en 2010 el “Botón de Pago” que da inicio a la expedición de certificados de tradición de bienes inmuebles por internet. En su comienzo el proyecto entró en funcionamiento en 58 Círculos Registrales del país, y antes de terminar el año, funcionará en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

30

La Dirección Nacional de Derecho de autor en la actualidad cuenta con el registro en línea del derecho de autor y los derechos conexos. También aplica la sistematización de registro de obras a través de internet. La utilización de la tecnología generó un aumento de las inscripciones de registro que pasaron de 13.107 en 2006 a 37.614 en el 2009. La entidad es depositaria de amplio reconocimiento a nivel internacional por su seriedad y nivel técnico.

Generación de recursos para el presupuesto nacional

El Sector aporta recursos para mejorar la eficiencia estatal y autofinanciar sus acciones de mayor repercusión.

Entre los fondos especiales de fuente propia están los recursos

originados en la Ley 55 de 1985 que genera aportes para la Rama Judicial y los proyectos de construcción y dotación de establecimientos de reclusión. Estos últimos también se nutren de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO (venta y administración de bienes incautados y extinguidos al narcotráfico) que a su vez financia otras iniciativas de las entidades territoriales y de los programas nacionales de alto impacto social.

Otras fuentes son en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON, los proyectos productivos de la población reclusa y los excedentes financieros de la Imprenta Nacional de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro. El 35% del presupuesto apropiado al MIJ y sus entidades adscritas y vinculadas entre 2002 y 2010 fue financiado con recursos generados por el Sector.

31

5. DIMENSIONES ESPECIALES DEL DESARROLLO 5.1.1. GRUPOS ÉTNICOS Y RELACIONES INTERCULTURALES Grupos étnicos y poblaciones vulnerables: una prioridad para el Gobierno

La

política indígena basada en el dialogo y la concertación fue el criterio que prevaleció

para la reactivación en 2009 de espacios institucionales tan importantes como la mesa permanente de concertación indígena, la comisión nacional de derechos humanos y la mesa regional amazónica (luego del rompimiento de las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional en 2007 con episodios como el levantamiento de la mesa nacional de derechos humanos y la minga indígena). En 2010 el gobierno creó un espacio de concertación para el pueblo indígena AWÁ a raíz de las masacres que afectaron a esta comunidad por ataques de la organización terrorista de las FARC y de parte de bandas criminales.

Colombia cuenta en la actualidad con 1.392.623 indígenas, población que corresponde al 3,4% de la población nacional; este grupo étnico fue adjudicatario por el Gobierno de 34 millones de hectáreas que representan el 30% del territorio del país. El Estado colombiano adquirió en 1991 el compromiso comprar 15.663 hectáreas para la reparación del pueblo Nasa perjudicado por la masacre de la Hacienda El Nilo en el departamento del Cauca. En 2002 estaban pendientes por adquirir 7.065 hectáreas. Entre ese año y 2008 este Gobierno

32

adquirió 4.532 hectáreas y a la fecha existen recursos por un monto de 8.000 millones de pesos para la adquisición de resto de terrenos que demanda el cumplimiento total de compromiso. La inversión 2002-2010 en las tierras del Nilo asciende a 37.680 millones de pesos, de modo que este Gobierno deja casi cumplido un compromiso del Estado de hace más de 20 años.

En 2005 en acuerdo con los indígenas de Cauca, el Gobierno se comprometió a adquirir 8.000 hectáreas de las cuales compró y entregó 3.400 hectáreas quedando pendientes 4.600 hectáreas. Para cumplir por completo con la obligación, el MIJ acordó con los Ministerios de Agricultura y Hacienda la compra de 700 hectáreas más en 2010 financiada con 4.000 millones de pesos del presupuesto del INCODER y el resto de terrenos con una partida de 15.000 millones de pesos serán ejecutados por la misma entidad en 2011.

En el marco del Auto 004 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, el MIJ coordinó el diseño del Programa Nacional de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas, inicialmente ordenado para los pueblos en situación de desplazamiento. Con el propósito de fijar una política de Estado para la salvaguarda de los pueblos indígenas, el Gobierno decidió ampliar este programa dando cobertura no solo a los 34 pueblos señalados por la Corte, sino al total de la población indígena del país (102 pueblos indígenas). La propuesta de política pública para los pueblos indígenas tiene varios enfoques: diferencial, territorial, humanitario, restitutivo y de derechos. A julio de 2010 estarán instalados 15 planes de salvaguarda de los pueblos indígenas.

33

En cuanto a la política para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con la preocupación permanente por la mejora de las condiciones de vida y garantía de los derechos de esta población, el esfuerzo gubernamental se concentró en el fortalecimiento de la política pública que la favorece como lo demuestra la formulación de cuatro documentos Conpes. El primero de ellos corresponde a la política que identifica, incrementa y focaliza el acceso de la población negra o afrocolombiana a los programas sociales del estado. Otro documento Conpes refiere al pacífico colombiano y la región de Urabá. El tercero es el Conpes del Chocó y Montes de María. El último, aprobado el 10 de mayo de 2010, recoge las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para comunidades negras, palenqueras y raizales, creada en 2008.

En este caso, el Gobierno también recuperó los escenarios de concertación y dialogo. En el último año fueron realizadas cuatro consultivas nacionales de comunidades negras, cuatro mesas de seguimiento del Auto 005, una consultiva departamental ampliada y una asamblea de consejos comunitarios.

Los dos avances más importantes en el cumplimiento del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional son el inicio de la caracterización de 160 territorios colectivos y ancestrales de comunidades negras para establecer las condiciones de salud, educación, vivienda, entre otros y la asignación de 10.621 millones de pesos para la vigencia 2010 para el Fondo de Préstamos condonables de comunidades negras con el ICETEX.

El Gobierno también trazó políticas dirigidas a otras poblaciones vulnerables. Para la población gitana (grupo humano compuesto por cerca de 5.000 personas), a partir del 2009 el MIJ coordinó un trabajo interinstitucional para concertar y diseñar una política pública en materia

de

salud,

vivienda,

fortalecimiento

institucional,

proyectos

productivos

y

templabilidad. Los acuerdos quedarán incluidos en un decreto, próximo a expedirse, que contiene la política pública para esta población incluyendo la creación de la mesa de diálogo para el pueblo Rom.

En el último año las organizaciones más representativas de la población LGTBI y el Gobierno lograron un acercamiento que condujo a la identificación y consenso de tres puntos claves en el diseño de una política pública sobre este grupo humano: derechos sucesorales, derechos para prestación del servicio de salud y pensión. Este hecho fue destacado por 34

organismos internacionales y gobiernos de otros países como un gran avance en el reconocimiento a la diversidad. Está próxima la instalación de la mesa de diálogo Gobierno – Población LGTBI con la realización de un evento en julio de 2010 con participación nacional e internacional. Consulta previa

El proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y negras es de obligatoria aplicación. De 2002 a 2010 tuvieron lugar 307 actividades de consulta previa. Entre 2003 y 2010 el avance fue dinámico al pasar 3 procesos a 110 procesos.

Como resultado de la labor de unificación normativa para la consulta previa, el Gobierno nacional publicó en 2010 dos tomos que recopilan las normas, jurisprudencia y documentos de trabajo existentes sobre el tema. Con ello empieza a cubrir el vacío de información de las normas y jurisprudencia sobre la materia.

La Directiva Presidencial 01 de 2010, expedida en marzo, indica a las entidades nacionales la obligatoriedad del proceso de consulta previa cuyo resultado no es vinculante. La Directiva establece con claridad las etapas y metodología para el proceso, lineamientos inexistentes hasta esa fecha.

Estos avances posicionaron a Colombia como líder mundial en consulta previa y en la garantía de los derechos fundamentales a los grupos étnicos. En este sentido, los distintos países asistentes al Foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas efectuado en Nueva york en marzo de 2010 expresaron su reconocimiento sobre el particular.

El próximo reto es situar a la consulta previa como un eje transversal en las relaciones con las comunidades étnicas. En ese sentido, debe realizarse la consulta previa del proyecto de Ley sobre esta materia a todas las comunidades indígenas y a las comunidades negras.

35

5.1.2

DIMENSIÓN REGIONAL

El MIJ: Puente entre el Gobierno Nacional, entes Locales y la sociedad El Sistema Administrativo del Interior – SAI (creado por la Ley 199 de 1995), puesto en marcha en febrero de 2010 (Decreto 565), permite una real articulación entre la nación y los entes territoriales. En mayo de 2010 los 32 departamentos están vinculados al SAI con sus respectivas comisiones regionales que aplican, en el marco de la descentralización, ocho líneas estratégicas (derechos humanos, desplazados, igualdad de oportunidades para grupos étnicos, seguridad, convivencia ciudadana y orden público, descentralización, procesos electorales, prevención y atención de desastres y derecho de autor).

El SAI cuenta hoy con una metodología única para la formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana que tiene aplicación por priorización en los 32 departamentos del país, 17 ciudades capitales y 23 municipios. Estos planes deben ser actualizados anualmente; para 2010 tendrá aplicación en los departamentos de Caquetá (14 municipios), Cauca (9 municipios), Nariño (14 municipios), Norte Santander (16 municipios) y putumayo (9 municipios).

En julio de 2010 existen 98 Planes de Seguridad y Convivencia (diseñados conjuntamente con la Policía Nacional y los entes territoriales entre 2008 y 2010) superando la meta de gobierno de formular 97 Planes. Además, mediante el Decreto de mayo de 2010 quedaron actualizados la metodología, las tipologías de alertas, los criterios objetivos para declarar la alerta temprana y los mecanismos de seguimiento. 6. RESPUESTA A LAS NECESIDADES LEGISLATIVAS DEL PAIS Durante los 8 años de este Gobierno, el Congreso de la República aprobó 241 Leyes y 5 Actos Legislativos de iniciativa gubernamental, de los cuales 35 Leyes y 4 Actos Legislativos corresponden a temas del Sector Administrativo del Interior y de Justicia

36

Dentro de las aprobadas, destacan las siguientes Leyes: Ley 793 de 2002 (establece reglas que gobiernan la acción de extinción de dominio), Ley 796 de 2003 (se convirtió en el Acto Legislativo 01 de 2004 que convocó a un referendo y sometió al pueblo un proyecto de reforma constitucional), Ley 1142 del 28 de junio de 2007 (reforma parcial de las Leyes 906 de 2004 y 599 de 2000 y adopción de medidas para prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y la seguridad ciudadana), Ley 1285 de 2009 (reforma la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia) y Ley 1309 de 2009 (aumento de penas para delitos contra sindicalistas).

Los Actos Legislativos más relevantes son: el Acto Legislativo número 2 de diciembre 18 de 2003 (impulsado en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, que modificó la Constitución Nacional para enfrentar el terrorismo), el Acto Legislativo número 2 del 21 de diciembre de 2009 (reforma del artículo 49 de la Constitución Política, prohibiendo el porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas) y el Acto Legislativo número 1 de julio 14 de 2009, (modifica y adiciona la Constitución Nacional y aprueba la reforma política).

En 2009 se aprobó la reforma política para castigar severamente a directivos y partidos o movimientos que permitan el ingreso de delincuentes y dineros mal habidos en las actividades políticas o electorales, saneando así la política. Habrá “Silla Vacía” para congresistas investigados por nexos con el narcotráfico y otros delitos. También existirá “Silla Vacía” en los casos de delitos electorales. Finalizan las suplencias de los congresistas y el

37

carrusel de las curules. Los aspectos centrales de la reforma política aplicables requieren de reglamentación.

38

Anexo No. 1 Programa de Protección a Personas Número de Beneficiarios 2002-2010 Beneficiarios

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Concejales

404

1.120

832

1.195

1.198

2.150 2.462

3.565 3.210

Sindicatos

1.566

1.424

1.615

1.493

1.504

1.959 1.980

1.550 1.327

ONG

1.077

1.215

733

554

683

613

1.003

573

393

0

0

0

0

69

320

360

430

403

212

344

214

87

76

390

295

233

290

Desplazados

0

0

0

59

92

594

776

1.400

522

Personeros

26

125

65

45

94

101

148

176

190

Acuerdos de paz

0

0

0

0

68

69

69

68

78

Diputados

0

43

45

33

58

74

105

115

95

Testigos

0

0

0

0

21

32

25

32

21

Misión medica

0

0

0

0

4

4

11

2

0

Lideres

699

456

545

552

516

951

966

1.079

950

UP-PCC

775

423

1.158

1.402

1.648

0

0

0

0

0

0

82

135

61

168

71

125

46

64

128

154

171

157

0

0

114

41

2

1

60

29

25

4.927

5.221

5.446

5.507

6.097

Institucional Alcaldes

Justicia y Paz Periodistas Ex - Alcaldes TOTAL

2008

2.058 2.220

2009

2010

1.621 1.011

9.444 10.716 11.179 8.733

Nota: Los datos del año 2010 están consolidados a 30 de abril de 2010

39

Anexo No. 2 Atención de personas Fondo Nacional de Calamidades - FNC 2002-2010

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Número de personas afectadas 343.149 436.052 851.276 1.103.612 711.447 1.559.377 1.877.504 435.641 483.737 7.801.795

Número de personas que solicitan apoyo al FNC

Número de personas que solicitaron apoyo y fueron atendidas con recursos FNC

198.198 345.638 706.695 966.471 594.191 1.367.261 1.472.372 292.677 81.744 6.025.247

198.098 327.010 582.703 944.694 550.562 1.349.874 1.464.127 282.829 81.502 5.781.399

40

Anexo No. 3 Casas de Justicia en Operación No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

CASAS DE JUSTICIA ANTIOQUIA Medellín - Villa del Socorro Medellín - Robledo Bello Caucasia Chigorodó El Bagre Itaguí Remedios Segovia Vegachí Yalí Zaragoza ATLANTICO Barranquilla - La Paz Barranquilla - Simón Bolívar BOGOTA D.C. Bosa Ciudad Bolívar Los Mártires Suba Usme BOLIVAR Cartagena Chiquinquirá Cartagena Country Cartagena Canapote BOYACA Tunja CALDAS Manizales CASANARE Yopal CAUCA Popayán Buenos Aires Corinto Toribio Puerto Tejada CESAR Valledupar La Nevada Valledupar Primero de Mayo CHOCO Quibdó Condoto Itsmina

41

Anexo No. 3 Casas de Justicia en Operación No. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

CASAS DE JUSTICIA Novita Tadó CORDOBA Montería CUNDINAMARCA Chía Girardot Soacha HUILA Neiva LA GUAJIRA Riohacha MAGDALENA Santa Marta META Villavicencio NARIÑO Tumaco Pasto NORTE DE SANTANDER Cúcuta PUTUMAYO Mocoa Puerto Asís QUINDIO Armenia RISARALDA Pereira Cuba Pereira Villasantana Dosquebradas SAN ANDRÉS ISLA San Andrés SANTANDER Bucaramanga Floridablanca TOLIMA Ibagué Ataco Chaparral Ortega Rioblanco VALLE Cali Aguablanca Cali Siloé Buenaventura

42

Anexo No. 3 Casas de Justicia en Operación No. CASAS DE JUSTICIA 66 Buga 67 Cartago 68 Palmira 69 Tuluá Nota: Las Casas de Justicia de Caucasia (Antioquia), Palmira (Valle) y Dosquebradas (Risaralda) inician en operación de julio de 2010.

43

Anexo No. 4 Centros de Convivencia en Operación No.

Municipio y Departamento

1

Barrancabermeja - Santander

2

San Vicente del Caguán - Caquetá

3

San Gil – Santander

4

Ocaña - Norte de Santander

5

Aguachica – Cesar

6

Magangué – Bolívar

7

Cantagallo – Bolívar

8

Leticia – Amazonas

9

Sonsón – Antioquia

10

Baranoa – Atlántico

11

Arauquita - Arauca

12

Tibu - Norte de Santander

13

Juan Atalaya - Cúcuta - Norte de Santander

14

La Dorada - Caldas

15

Sogamoso - Boyacá

16

Convención - Norte de Santander Centros de Convivencia en Construcción y en Operación en Julio de 2010

17

Sabana de Torres - Santander

18

Puerto Wilches - Santander

19

La Salina - Casanare

20

Sácama - Casanare

44

Anexo No. 5 Sector Administrativo del Interior y de Justicia Documentos Conpes 2002-2010

Número

3277

3278

3310 3412 3437

3559

3566

3575 3590 3629

Nombre del documento Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios Autorización a la nación para contratar una operación de crédito externo hasta por un monto de US$ 30 millones, o su equivalente en otras monedas, con destino a la financiación del programa "paz y desarrollo" Política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios. - Seguimiento del Conpes 3277. Implementación del Sistema integrado de emergencias y seguridad SIES de Colombia. Concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la Banca Multilateral hasta por US$62.000.000, o su equivalente en otras monedas, para financiar un proyecto de fortalecimiento a los servicios de Justicia Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por US$7.812.500 dólares o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar la segunda fase del programa “Paz y Desarrollo” Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios- seguimiento a los conpes 3277 de marzo de 2004 y 3412 de marzo de 2006 Consolidación de los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Colombia Sistema de responsabilidad penal para adolecentes

Fecha de aprobación

Política, programa, proyecto, trámite

Mar-04

Proyecto

Mar-04

Trámite

Sep-04

Política

Mar-06

Proyecto

Ago-06

Proyecto

Dic-08

Trámite

Feb-09

Trámite

Mar-09

Programa

Jun-09

Política

Dic-09

Política

45