TRATA DE PERSONAS MUJERES, ADOLESCENTES, NIÑOS/NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN EN BOLIVIA

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

LA PAZ

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OCTUBRE DEL 2004

TRATA DE PERSONAS MUJERES, ADOLESCENTES, NIÑOS/NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN EN BOLIVIA

INDICE INTRODUCCION 1. Panorama actual de la trata 1.1. La trata interna 1.1.1. ¿Quiénes son? 1.1.2. Redes de tratantes de blancas y el lavado de dinero 1.1.3. Rutas 1.1.4. Menores explotadas sexualmente: La Paz y otras ciudades 1.1.5. Menores explotadas sexualmente: El Alto 1.1.6. Recuperando almas extraviadas 1.2. La trata internacional 2. Niñez en situación de riesgo 2.1. Un bebe por un puesto de trabajo… 2.1.1. Una vida enajenada en la adolescencia 2.1.2. Niños no repatriados 2.2. Niños en la cárcel 2.3. Niños en trabajo forzoso 2.4. Maltrato físico y psicológico 2.5. Secuela de la violación 3. El Chapare y el Chaco, dos casos especiales 3.1. Política antidrogas y una de sus secuelas: explotación sexual 3.1.1. Violaciones… y arreglo 3.1.2. El destino del primogénito 3.1.3. Cultivo de la coca 3.1.4. Cultivos alternativos 3.2. El Chaco: dueños de tierras… y vidas 3.2.1. Abuso sexual en la zafra 3.2.2. Comunidades indígenas sin compasión 3.2.3. El Chaco del olvido 4. Otros factores de vulnerabilidad 4.1. El largo camino de la migración interna 4.1.1. Tipos de migración 4.1.2. Proceso de desruralización 4.2.

Indocumentados, ¡Más de 800 mil personas no existen legalmente…!

4.2.1. Por qué el alto número de indocumentados 4.2.2. “Si no existo legalmente puedo ser fácilmente víctima de la trata…” 4.3. Analfabetismo 5. Burlando la legalidad 5.1. Aumento de expedición de pasaportes 5.2. Suplantación de identidad 5.3. Migrantes endeudados 5.4. Trabajo forzoso en Argentina y Brasil - Testimonio 6. Desafíos 6.1. Política de Estado 6.1.1. Hay avances, pese a limitaciones presupuestarias 6.2. Pobreza que lacera 6.3. Sociedad violenta 7. Respuesta del Estado 7.1. Institucionalización 7.1.1. Proyecto de Ley de Prohibición de la Trata 7.1.2. Proyecto de Decreto Supremo para adecuar el Código a la Convención Campaña: Familia boliviana adopta un niño boliviano 7.1.3. Proyecto de Decreto Supremo sobre el Trabajo Forzoso 7.1.4. Proyecto de Ley sobre el Registro Civil 7.1.5. Política de ocupación territorial 7.2. Integración: adiós al ostracismo 7.2.1. Reestructuración del Ministerio de Trabajo 7.2.2. Carreteras e Hidroeléctrica 7.3. Derechos Humanos y Migraciones 7.3.1. Proyecto de Ley de Migración 7.3.2. Denuncias y Procesos Judiciales 8. Papel de los Medios de Comunicación 8.1. La Prensa 8.1.1. ¿La Razón hace proxenetismo? 8.1.2. La legislación 8.2. Consumo de Internet - Testimonio 8.2.1. Internet y la globalización de la explotación sexual 8.2.2. Criterios para una legislación 9. O.I.M. en acción CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO .Cada 40 horas se extravía un niño en el distrito de La Paz, según denuncias recibidas en el primer semestre del 2004 por la Unidad de la Niñez, Tercera Edad y Discapacitados del Gobierno Municipal. Escasas por no decir ninguna son las noticias sobre el destino futuro de esos menores (105 de enero a julio) pues casi nunca aparecen. La Paz, sede del Poder Ejecutivo y del Legislativo, es uno de los siete macrodistritos en que está dividida geográficamente la provincia del mismo nombre. .En julio pasado, dos hermanitos (una de nueve años y otro de siete) desaparecieron de su hogar. Sus padres denunciaron el hecho y al poco tiempo la menor apareció en otra ciudad y lograron recuperarla; mientras que el niño ya era parte de una nueva familia, cuyo jefe de hogar declaró a la Policía que a él lo habían vendido el menor. .A comienzos de agosto se conoció el caso de un bebe dado en adopción ilegalmente a una pareja española. Investigaciones ulteriores llegaron a la conclusión de que la madre biológica de la criatura la entregó a una persona conocida (la hija de un pastor evangélico) que lo inscribió como suyo, lo llevó España y le entregó a los nuevos “padres”, violando la legislación sobre adopciones vigentes y la Convención de la Haya. .A mediados del citado mes llegó una noticia procedente de Mendoza (Argentina) dando cuenta de que un menor boliviano, de diez años, había escapado de un campo de cultivo de flores; éste y su primo de 13 años, habían sido secuestrados en la localidad de Culpina (Chuquisaca) y llevados a trabajar en un campo de flores. A esos casos se sumaron otros tres (uno no confirmado) de menores bolivianos también en Mendoza, quienes habrían sido llevados a trabajar por ciudadanos bolivianos afincados en el vecino país. .Cada mes son reclutadas en los departamentos del Beni, Pando, Cochabamba y Santa Cruz un promedio de 45 a 50 menores, entre 12 y 16 años, para fines de explotación sexual comercial en prostíbulos de la ciudad de La Paz. .Existe, pues, la trata de niñas y adolescentes para fines de explotación sexual en Bolivia. Éstas son trasladadas por tierra, y al llegar a La Paz, las llevan a los prostíbulos previamente contactados. .En El Alto, una ciudad de 800 mil habitantes y un crecimiento demográfico de 9 por ciento anual, hay explotación sexual comercial de menores en prostíbulos ubicados en la calle “12 de Octubre”. En dicha vía se han detectado tres lenocinios de propiedad de miembros de la Policía Nacional, pero administrados por terceras personas.

.En El Alto se ha detectado una nueva modalidad de explotación sexual de escolares: los fines de semana un grupo de chicas de 14 años se reúnen en la Plaza Cívica alrededor de las dos de la mañana. Allí son recogidas por el conductor de un vehículo quien las lleva con destino desconocido, y aproximadamente una hora o una hora y media más tarde las trae el mismo lugar de donde ellas se dispersan. .En la ciudad de La Paz se ha identificado a los cabecillas de dos redes de mafias dedicadas al comercio sexual que son propietarias de los establecimientos más elegantes donde, según ha trascendido, hay menores de edad. Esas redes manejan lenocinios en ciudades como El Alto, Cochabamba y Santa Cruz; ambas conducen también un servicio exclusivo con menores en departamentos y casas particulares. Al mismo tiempo, se ha encontrado a importantes sectores de la población en situación de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, que los coloca como potenciales víctimas de sujetos inescrupulosos y delincuentes para someterlos a la explotación sexual comercial, a trabajo forzado o simplemente a traficarlos. Entre ellos los siguientes: .430 mil niños, cuyas edades oscilan entre Cero y 12 años, no están inscritos en el Registro Civil por lo que carecen de Certificados de Nacimiento. La cifra podría ser mayor pues la mencionada cantidad tienen como fuente el Censo del 2001. .Un número no precisado de niñas expuestas al abuso sexual en las zafras de la caña de azúcar y la zafra de la castaña en la región del Chaco. Ello se traduce en la presencia de un número no precisado de menores embarazadas al término de su estancia en el campo, una situación que es ignorada por la familia. .Los hijos primogénitos de las familias asentadas en el Chapare, una región donde las familias campesinas se dedican al cultivo de la coca. Se estima que allí hay 40 mil hogares, cuyos primeros hijos (unos 40 mil) no van al colegio porque deben ayudar a sus padres en el trabajo. El sacrificio de éste beneficia a sus hermanos menores (el segundo, el tercero, el cuarto) quienes tienen más posibilidad de acceder a la educación. Otros aspectos relevantes: .La migración legal-ilegal de bolivianos con destino a Europa viene creciendo en los últimos años. Uno de los indicadores de este problema es el elevado número de pasaportes que solicitan diariamente ciudadanos bolivianos. Hasta junio último se otorgó un total de 63.273 pasaportes. Quienes más solicitaron ese documento fueron habitantes de Santa Cruz (20.212); La Paz (18.831); Cochabamba (16.575); etc. .Donde se observa una explosiva tendencia de crecimiento de viajes al exterior es en el grupo de menores mayores de 12 años como lo revela el Servicio Nacional de Migración, que saltó de 47.727 en el año 2000 a 161.604 en el 2003. .Estudiosos del fenómeno de la trata afirman que en algunas oficinas de Migraciones, como lo comprobaron en Santa Cruz, personas vinculadas a esas mafias orientan a las jóvenes cómo responder ante las preguntas de los funcionarios. Son chicas a las que

llevan Japón, España o Inglaterra, etc. con el ofrecimiento de que trabajarán cuidando ancianas, pero su destino es la explotación sexual comercial y/o trabajo forzoso. .Uno de los destinos preferidos en el extranjero es España debido a que no solicitan visas de ingreso a las personas de Bolivia. Por ello, los promotores de la migración ilegal utilizan a Bolivia como “puente” para llevar ciudadanos peruanos y ecuatorianos a la Península Ibérica, como si fueran ciudadanos bolivianos. Las mafias lo proveen de certificado de nacimiento, carné de identidad y pasaportes como ciudadanos bolivianos. .Los niveles de pobreza y pobreza extrema son todavía elevados pese al esfuerzo realizado por el gobierno. Por ejemplo, hay municipios considerados de extrema marginalidad donde la familia tiene un ingreso per cápita de .El maltrato físico y psicológico es también muy notorio. .Todo parecería indicar que a fines de octubre o en noviembre próximo el Congreso Nacional aprobará el Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas o Adolescentes, tras aceptar las sugerencias a una ley sancionada anteriormente. El documento sustitutivo contiene avances muy importantes, pues tipifica y sanciona el tráfico de niños, niñas y adolescentes y otros delitos relacionados no previstos en el Código Penal introduciendo las modificaciones pertinentes. La norma incluye sanciones a las autoridades o funcionarios públicos que conociendo la comisión del delito de tráfico no lo denuncia oportunamente; asimismo, a quienes promuevan, induzcan, produzcan, exhiban, comercialicen o distribuyan material pornográfico por sistemas informáticos, de telecomunicación o por cualquier otro medio. Este parágrafo considera al Internet y a las transmisiones por satélite, considerados como pilares fundamentales en la globalización de la explotación sexual. .Varias reparticiones públicas muestran su interés por atacar, desde diversos flancos, este álgido fenómeno. Por ejemplo, el Viceministerio de Trabajo que elabora un proyecto de decreto supremo sobre el trabajo forzoso; el Viceministerio de al Niñez, Juventud y Tercera Edad que trabaja en un proyecto de decreto supremo para adaptar el capítulo de adopciones del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 2026) a la Convención de La Haya; igualmente, el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora una estrategia nacional de promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo al migrante; y el Consejo de Población avanza en el diseño de políticas de ocupación territorial, dado el avance de la migración interna de Occidente al Oriente. La Corte Nacional Electoral, encargado de llevar a cabo el registro de la población indocumentada y la entrega del certificado de nacimiento, tiene previsto presentar a fines de año un proyecto de ley del Registro Civil; la Dirección General de Migraciones está empeñada en contar con la nueva Ley de Migración que tipifique el delito de la trata. Esta ley no contemplará sanciones a quienes lo infrinjan, porque rige la norma general que es el Código Penal, pero tipificará el delito para que en la vía jurisdiccional se apliquen las sanciones y penas que corresponden al citado código. .Queda claro el papel pernicioso que podrían cumplir directa o indirectamente algunos medios de comunicación y el Internet en el fenómeno de la trata; los diarios, a través de publicaciones de secciones como Intimidades, donde se promociona el servicio sexual

comercial de manera grotesca, pues las fotos de damas semidesnudas van acompañadas de las tarifas, de teléfonos, de textos persuasivos, de las direcciones de los lugares donde atienden; inclusive, ofertas como si esos seres humanos fueran cosas. Lo que ese diario (que ingresa a los hogares y cuyos miembros lo consultan a diario) no ha analizado son las probables consecuencias de ese tipo de mensajes publicitarios más allá de su éxito comercial: que jóvenes sin instrucción y escasa formación técnica o académica terminen aceptando esos mensajes como una forma de vida aceptada por la sociedad; o como proyecto de vida. Internet es en la lucha contra la trata es un vehículo pernicioso por el tema de la pornografía infantil. La Policía Mexicana dio a conocer recientemente la existencia de entre cuatro millones 500 mil y cinco millones de páginas Web con pornografía con bebes menores de un año, y por ello pide la colaboración de la sociedad para combatir este flagelo librando a esas inocentes criaturas de ser utilizadas para fines siniestros. Obviamente, además de las normas legales que deben dar los organismos pertinentes para establecer ciertas regulaciones en el consumo de Internet, tienen un rol decisivo los padres de familia para proteger a sus hijos.

INTRODUCCIÓN ¿Cuál es hoy la dimensión del fenómeno de la trata de personas mujeres, adolescentes, niños/niñas con fines de explotación sexual y/o trabajo forzoso que afecta a la República de Bolivia? Difícil responder con exactitud a esta pregunta, pues el país vive una aguda y prolongada crisis económica y social, donde la inestabilidad política parecería una inseparable compañera de viaje. Ello se refleja, también, en la falta de investigaciones integrales que permitan una aproximación a dicho fenómeno. “No ha habido la visión gubernamental de generar estas estadísticas que en la mayoría de países son negras, pero es más fácil cuando, por lo menos, tenemos proyecciones”, afirma el ex director de Derechos Ciudadanos del Gobierno Municipal de La Paz, doctor Rodrigo Zogbi. Así, no sería exagerado sostener que el problema de la trata radica en una debilidad estructural del sistema social de vieja data. Zogbi admite que la falta de oportunidades que genera el sistema económico, social y político, y la debilidad fronteriza, tanto de ingreso como de salida de personas, “insinúan que las cifras negras (de la trata) son más grandes de lo que pensamos”. Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, tiene capacidad de iniciativa, pero escasa capacidad de ejecución por diversos factores; aunado a ello, la falta de agencias especializadas en la identificación, búsqueda y captura de datos, incide en que algunos planes sean realizados a ciegas. Zogbi expresa su preocupación por “el carácter invisible y al mismo tiempo sensible” de la trata; “invisible porque todos lo obviamos, pero al mismo tiempo todos lo sentimos” “Las experiencias más duras las viví en el gobierno municipal, cuando identificamos locales con menores de edad traficadas de un país a otro, de una región a otra, de un departamento a otro, para oficios nocturnos”, dice tras añadir que “es durísimo saber que el tráfico no solo se limita a niños, sino a adolescentes y a mujeres, y que además hay nuevas formas de esclavitud y explotación”. Recuerda un lastimoso caso de explotación de niños para tráfico de sangre. “Tuvimos la información como gobierno nacional (en el 2001) de una granja de engorde de niños,

para luego ser donantes de sangre pese a que este tipo de prácticas a corto plazo trae secuelas. Dejamos el informe a la administración del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada y perdimos el rastro de esa investigación altamente riesgosa”. Hay otras razones que explican la ausencia de cifras de la trata. Por un lado, la falta de capacidad institucional, vinculada a los actores que están dentro de esas instituciones; y por otro, la carencia de recursos económicos. Respecto al primer punto, Bolivia está intentando fuertes procesos de cambio que apuntan hacia la institucionalización y la creación de nuevas áreas en dependencias gubernamentales que se ocupen del fenómeno. La desinstitucionalización no es patrimonio exclusivo de Bolivia, sino de la mayoría de países latinoamericanos, producto de los flujos y reflujos de la política y de los constantes ajustes económicos, la falta de líneas de continuidad eficientes, eficaces y transparentes para encarar los problemas. Y ello se refleja en que apenas ocurre un relevo del gobierno muchas normas y reglamentos son derogados. “Se cambia la institución, se cambia de actor y todo queda como pendiente; es un volver a empezar”, indica un analista. Lo crucial es la falta de recursos económicos. En el momento de planificar se consideran las partidas necesarias, pero al ejecutar el presupuesto las asignaciones por objeto de gasto son recortadas debido a que no hay recursos. Hay que indicar, también, que el tráfico de niños, niñas, adolescentes y mujeres revela la ausencia de una conciencia nacional, que haga posible generar procesos donde se tenga claro cuál es el problema y cuál la solución, a fin de convertir la solución en un objetivo y el objetivo en un resultado. Si la trata es un delito invisible, pero al mismo tiempo sensible. ¿Dónde lo pueden percibir? Zogbi responde: en los prostíbulos de buen nivel, donde hay menores de edad, y al identificarlas dicen que son de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú o del Oriente de Bolivia. Y nos preguntamos: ¿quién las trajo, cómo vinieron, por dónde? Este fenómeno no pasa por mirar solo el tránsito de personas. Si no analicemos: la persona (tratada) sale y llega a un punto, ahí notamos una incoherencia con las normas vigentes que permite intuir que algo anda mal al interior. ¿Por qué? Porque esas normas deben cumplirse y hay quienes se “encargan” de hacer creer que ello ocurrió. “Para sacar a alguien del país, tienen que gestionar un certificado de nacimiento, un carné de identidad, un pasaporte, etc. Pese a esos requisitos, hay quienes trafican gentes al Japón para prostitución, a España e Inglaterra para trabajo forzoso, me refiero a bolivianos y bolivianas, a menores, adolescentes y adultos”, denuncia Zogbi. De otro lado, si nos preguntáramos cuándo empezó el problema también sería difícil contestar, pues fue tomando fuerza conforme la pobreza comenzaba a mostrar sus fauces. Algunos ubican sus inicios en los años 85, después de la gran inflación, que vino de la mano con fuertes problemas de inestabilidad política, económica y social.

La gente busca nuevas opciones de vida, pero los problemas se agudizan en la década de los 90 con las oleadas de migraciones del campo a lo ciudad, o a las regiones donde hay posibilidades de conseguir un empleo. Asimismo, las miradas de otros (los más audaces) se orientan a los países vecinos y allende los mares. En los 90 toma fuerza las adopciones internacionales legales e ilegales, con agencias que realizaban los trámites en un mes; normalmente demoraba de seis meses a un año. La falta de poder adquisitivo y de acceso a oportunidades de desarrollo genera más corrupción, pasando de los delitos de narcotráfico (un ex presidente está condenado a 30 años de prisión) en los 80, a una década donde parecería fácil ser corrupto alentando la migración internacional legal e ilegalmente, así como el tráfico para fines de explotación sexual comercial. Los 2000 están marcados por el tráfico y el trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes. Pero frente a la conmoción que sufría la población, la clase política respondió con lentitud, inclusive hasta hoy se espera la aprobación de una ley que sancione drásticamente el tráfico de menores. Un alto miembro de la Policía Nacional dice que hay vínculos entre el narcotráfico y la trata, indicando que se ha confirmado la existencia de dos redes (y una tercera en etapa investigación) con prostíbulos en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Fuentes altamente confiables alertan sobre un tráfico de menores, de 12 a 16 años, reclutadas mensualmente para fines de explotación sexual comercial. A ellas las traen de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando. Para un estudioso la mayoría de estos delitos son hermanos gemelos: No hay narcotráfico sin prostitución, ni prostitución sin trata de mujeres; igualmente, no hay tráfico sin inducción forzosa hacia el servicio sexual. El análisis de este problema como veremos en las siguientes páginas nos obliga a llamar la atención sobre la urgencia de construir una visión macro del mismo, pues solo de esa manera podríamos intentar salvar a decenas de miles de niños y adolescentes en alto riesgo; asimismo, dar mayor énfasis a campañas como la certificación gratuita, para atender a la elevada cifra de indocumentados, y la alfabetización; al tiempo de ser inflexibles en el cumplimiento de los controles migratorios. No podemos soslayar, por otra parte, el esfuerzo del gobierno en la redacción de un conjunto de proyectos de leyes y decretos supremos que -una vez aprobados- influirán positivamente en la arquitectura que deberá diseñar para atacar frontalmente el lacerante problema de la trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres; aunque el mayor esfuerzo deberá estar centrado en combatir la pobreza y la pobreza extrema, poniendo énfasis en aquellos municipios considerados en situación de marginalidad crítica. En conclusión, apostamos por una estrategia de amplia cooperación entre los diferentes estamentos del gobierno y la sociedad civil que permita su institucionalización; igualmente, la elaboración de una agenda política, luego una agenda operativa y

finalmente una agenda pública, que consideramos perentorias, para encarar esta problemática en la República de Bolivia de cara al nuevo lustro del Siglo XXI.

1. Panorama actual de la trata Cada 40 horas la Unidad de la Niñez, Tercera Edad y Discapacitados del Gobierno Municipal del distrito de La Paz, recibe una denuncia sobre el extravío de un niño. La Paz, sede del Poder Ejecutivo y del Legislativo, es uno de los siete macrodistritos en que está dividida geográficamente la provincia del mismo nombre. En julio pasado, dos hermanitos (una de nueve años y otro de siete) desaparecieron de su hogar. Sus padres denunciaron el hecho y al poco tiempo la menor apareció en otra ciudad y lograron recuperarla; en tanto, el niño ya era parte de una nueva familia, cuyo jefe de hogar declaró a la Policía que a él se lo habían vendido. Fuentes confiables afirman que un promedio mensual de 45 a 50 menores de edad, entre los 12 y 16 años, son tratadas para fines de explotación sexual comercial. Las víctimas, reclutadas en los departamentos del Beni, Santa Cruz y Cochabamba, son traídas a la ciudad de La Paz, con el ofrecimiento de que van a laborar como cuidadoras de ancianas o trabajadoras del hogar ganando buenos sueldos. Una vez que llegan a La Paz son trasladadas de inmediato a los prostíbulos donde las obligan a prostituirse porque, para ese momento, ya han asumido fuertes deudas con quienes las contactaron. Por ejemplo, el dinero proporcionado al familiar que autorizó con su firma el viaje a La Paz, los gastos de pasaje y alimentación; así como los de su alojamiento, vestimenta y otros en la ciudad. Las jovencitas tratadas tienen una particularidad: todas proceden de familias en extrema pobreza o de hogares desintegrados, ya sea por la muerte de uno de los padres o porque simplemente se separaron o se divorciaron; o porque quedaron huérfanas. Donde el fenómeno está tomando una dimensión casi incontrolada es en El Alto, “una ciudad en emergencia no sólo por su reciente constitución (…) sino principalmente porque es uno de los centros urbanos que registra los mayores niveles de pobreza e insatisfacción de necesidades materiales, reflejado en la falta de dotación de servicios básicos en la mayoría de las zonas”, señala el libro “Trabajo sexual de mujeres en la ciudad de El Alto” editado por la institución Alicia “Por Mujeres Nuevas”. En El Alto, cuya población supera los 800 mil habitantes, de los cuales un 80 por ciento es aymara, tiene como uno de sus principales problemas a la migración del campo a la ciudad, “pues la mayoría (…) está conformada por migrantes del altiplano paceño”.

En El Alto se ha detectado nuevas modalidades de trata: niñas que salen del colegio a las cuatro de la tarde y son inducidas a ejercer el meretricio en casas familiares por uno o dos bolivianos por cliente; asimismo, los fines de semana, grupos de chicas de 14 años se reúnen alrededor de las dos de la madrugada en la Plaza Cívica, de donde son recogidas en un vehículo con destino desconocido y las regresan una y media o dos horas después. Según nuestras fuentes es alto el porcentaje de parejas, familiares y cafichos que inducen a las jóvenes a ejercer la prostitución; al mismo tiempo, se ha detectado hasta tres prostíbulos de propiedad de miembros del personal subalterno de la policía, donde comprobaron la presencia de menores de 13 a 14 años de edad. La Unidad de la Niñez, Tercera Edad y Discapacitados del Gobierno Municipal de La Paz dio a conocer que en el primer semestre de este año se registró el extravío de 105 niños; cinco casos de proxenetismo, en uno de ellos fugó el criminal y también la menor; hallaron a una niña argentina tratada que será repatriada; devolvieron a dos menores a sus hogares ubicados en Sucre, entre otros casos. “En nuestros operativos hemos constatado el tráfico de menores de Sucre, Santa Cruz, Beni y Puerto Suárez a La Paz, a quienes las ofrecieron trabajo como domésticas pero las enviaron a lenocinios. Tenemos casos de menores de 13, 15, 16 y 17 años descubiertos en las incursiones a esos establecimientos; es un fenómeno que crece de manera alarmante”, afirma la licencia Nelly Pereyra, jefa de citada unidad municipal. La misma dependencia municipal atendió entre enero y junio del 2004 un total de 12 casos de raptos de niños y adolescentes; 535 casos de maltrato físico y psicológico; 44 casos de explotación laboral (niños sometidos a trabajo forzoso en textileras, como vendedores ambulantes hasta altas horas de la noche); 400 casos por guarda o tutela que han sido derivados a los juzgados de la niñez; etc. Estas informaciones permiten aproximarnos a un drama que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país, y constituye una alerta sobre la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran otras decenas de miles de niños en todo el país, que también los coloca como potenciales víctimas de delincuentes para someterlos a la explotación sexual comercial, a un régimen de trabajo forzoso o traficarlos. Se podría argumentar que algunos de estos índices se debe a la falta de seguridad ciudadana (pérdida de niños, tráfico, proxenetismo penado por la Constitución y otras leyes, etc.), pero lo que sitúa al Estado boliviano en una posición poco decorosa a nivel internacional es el elevado número de personas indocumentadas a través del tiempo. Precisamente, según el Censo del 2001, un total de 430 mil niños en todo el país, cuyas edades oscilan entre Cero y 12 años, carecen de Certificados de Nacimiento; es decir, viven pero no existen para el Estado. Este es el universo de menores al que el gobierno, a través de una campaña gratuita, tiene previsto otorgar ese documento en tres años. Bolivia va hoy en “busca del tiempo perdido” con esa campaña gratuita de Certificación de Nacimientos a nivel nacional, con ayuda financiera y técnica de UNICEF y Plan

Internacional Bolivia, un organismo no gubernamental norteamericano, que ha comprometido su importante apoyo. Paralelamente, aguarda la aprobación del Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes. El Senado Nacional recibió el 12 de octubre una carta remitida por la Comisión Mixta de parlamentarios adjuntando el documento sustitutivo de una anterior iniciativa legislativa, la cual fue observada en mayo pasado por el Presidente de la República, doctor Carlos D. Mesa Gisbert. Son dos pasos decisivos en procura de saldar la enorme deuda con decenas de miles de niños inocentes y víctimas de la indiferencia del Estado; sino también de la indolencia de un sistema político que, a través del tiempo, enraizó la exclusión de ese rostro tierno y dulce, de esa vida sin identidad y sin mañana. La otra cara de la medalla es el trabajo forzoso, cuyos actores principales son, igualmente, decenas de miles de niños, adolescentes y adultos, bajo el yugo de un sistema oprobioso. Esta vez representado por los patrones del hogar donde laboran, por empresarios del campo y de las minas, y los defensores de estos. Si en el rubro de la trata advertimos cierto grado de preocupación, en el trabajo forzoso, tan doloroso como aquel, también hay la intención de poner punto final a la labor del subcontratista o enganchador. Desde el año 1999 un proyecto de Decreto Supremo en ese sentido espera la aprobación del Presidente de la República. Cuando se escriba la historia de la promulgación de este Decreto Supremo deberá destacarse el importante papel jugado por Estados Unidos y la Unión Europea al amenazar con sanciones a la importación de productos, como el azúcar, donde haya un componente laboral de menores y/o trabajo forzoso, como lo recordó la licenciada Rosario Baptista, ex asesora del Despacho del Ministerio de Trabajo. También deberá recordarse, para que la historia no se repita, que la dirigencia de una institución que agrupa a empresarios y comerciantes de Santa Cruz de la Sierra se opuso, a través de sus voceros en los gobiernos de turno, a la aprobación de esa norma; inclusive hubo manifestaciones de desestabilización a la precaria democracia y alentaron corrientes separatistas del país de aquel departamento. Pero si se aspira a que las normas que se aprueben tengan algún grado de eficacia, deberá ir acompañada no solo de una intensa campaña de difusión, sino de un propósito sincero de los diversos organismos del Estado y de la sociedad en su conjunto de incluir a aquellas víctimas en ciudadanos con todos sus derechos. No bastará, empero, que se promulguen la ley y el decreto supremo mencionados, ni la ratificación de los instrumentos internacionales que sancionan la trata de personas mujeres, adolescentes, niñas/niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzoso, sino un profundo cambio de actitud de todos los actores sociales del país frente a esta problemática. Entendemos por “un cambio profundo de actitud” el reconocimiento pleno -en los diferentes niveles de la sociedad- de los derechos y la igualdad ante la ley a todos los ciudadanos bolivianos sin distingos de ninguna índole; esto quiere decir, de raza, color,

sexo, lengua, religión y credo político como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Niño. “Cambio profundo de actitud” conlleva también la construcción de una cultura de transparencia, justicia y equidad en aquellos organismos del gobierno estrechamente vinculados a los problemas mencionados. Nos referimos a la Policía Técnica Judicial, a la Dirección de Migraciones, al Poder Judicial y al Ministerio Público; a los Ministerios de Trabajo, de Salud y de Minería e Hidrocarburos, y al gobierno municipal. Confiemos en que los dispositivos legales mencionados se promulguen antes de cumplir el primer lustro del nuevo siglo que encuentra a Bolivia con prácticas laborales propias de las épocas más oscurantistas de nuestra civilización; igualmente, que demuestre –con hechos concretos– que el abandono de cualquier ser humano para fines protervos, no es compatible con la construcción de un Estado de Derecho. Esta cruzada debe involucrar necesariamente el esfuerzo de la ciudadanía, de la letrada y de la iletrada; de los ricos y de los pobres; de los hombres y mujeres de la ciudad y del campo; de los civiles y de los uniformados; y por ende, de todos los estamentos del gobierno central, regional, provincial y distrital. En este gigantesco esfuerzo le corresponde un papel proactivo a la sociedad civil. Si bien, como lo reconocen algunos estudiosos, su rol fue importante en la elaboración y aprobación del Código Niño, Niña y Adolescente (ley 2026) en 1999, debe entender que tiene una deuda inconmensurable con miles de niños, niñas y adolescentes tratados, con miles de niñas, niños y adolescentes vendidos como simple mercancía; y con miles de seres indefensos víctimas de vejaciones y de esclavitud. Más allá del culto a la individualidad alentada por los centros del poder mundial en las últimas dos décadas, que no debería ser imitado por ningún pueblo en vías de desarrollo, debemos remarcar que un país que no respeta los derechos más elementales de sus ciudadanos no se respeta a sí mismo. Un país que no trabaja con denuedo por establecer un sistema de justicia social y no sienta las bases para el desarrollo integral, condena a sus habitantes al ostracismo, cuyo rostro más venal es la trata de mujeres, adolescentes, niñas/niños; y el trabajo en condiciones de esclavitud. No en vano la trata es definida como uno de los delitos más crueles de la humanidad y una de las nuevas formas de esclavitud y explotación. Al respecto, conviene recordar el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, suprimir y castigar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado. El artículo 3 del Protocolo de la ONU sobre la trata establece lo siguiente: “(a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”. 1.1. La trata interna “Sí, existe tráfico de niñas en Bolivia…” Esta fue la respuesta de la Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de La Paz, doctora Elisa Zúñiga, cuando se le preguntó sobre ese fenómeno y añadió: “sobre todo existe trata de blancas”; pero advierte que estamos ingresando a ámbitos más peligrosos como “el tráfico de órganos, la pedofilia, la pornografía infantil, etc. que exigen de nosotros una responsabilidad coherente como Estado”. “Desde mi función en la Alcaldía estoy muy preocupada por el tráfico interno de menores de edad”, remarca y explica: “tenemos el traslado de jovencitas de Santa Cruz a La Paz con fines de prostitución. Este es un tema de trata de blancas; además, en el viaje a la capital algunas menores se quedan en la ciudad de Cochabamba, para esa actividad e inclusive jóvenes cochabambinas estarían siendo tratadas”. Existen, dice Zúñiga, numerosas oficinas en La Paz, que antes funcionaban como tales, pero ahora se han convertido en lugares de cita, donde es muy difícil entrar. Esas “oficinas” tienen puertas con “un ojo de pez”, una especie de mirador, que están cerradas, y solamente se abren cuando ven presencia masculina. Rememora que gracias a la intervención del Municipio de La Paz se cerró una “agencia de empleos” en la terminal de buses de Santa Cruz, porque descubrimos con la Alcaldía de esa ciudad y la Policía que desde allí enviaban muchachas para este oficio a La Paz. El 2003, explica, conoció tres casos preocupantes en el Municipio de La Paz. Este año no ha podido detectar nada, aunque han implementado un sistema de detección en la terminal de buses. “Estamos haciendo un seguimiento a los menores que llegan con adultos para saber a dónde se dirigen y a qué vienen”. Tras lamentar la falta de una ley contra el tráfico, Zúñiga está empeñada en elaborar una estrategia que incluya la institucionalización de un cinturón de seguridad en el eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con apoyo de las prefecturas y alcaldías.

El 2000, dice, se presentó esa iniciativa legislativa contra el tráfico y la prostitución de niñas, niños y adolescentes. Hace poco se aprobó un proyecto de ley que no satisfizo a varias instancias, porque no hablaba de la pornografía infantil ni de lo que es el crimen cibernético en contra de los niños, por lo cual pidieron detener el trámite. Los gobiernos municipales, específicamente La Paz, enviaron al Parlamento las propuestas de enmiendas que se deben considerar. Zúñiga dice que esa ley debe darnos una normativa interna, no solamente hablar del tráfico externo que existe, sino del tráfico interno. “Deberíamos, a través de esta ley, ejercer un control interno. La Policía Caminera y las Prefecturas que tienen jurisdicción rural, deberían realizar un control específico porque es fácil que un adulto lleve a una niña de Santa Cruz a La Paz, sin que nadie pregunte ni controle nada, ni nadie haga nada”, puntualiza. Insiste en calificar “como un tema preocupante” a la trata, añadiendo que las fronteras de Bolivia son amplias, y que como países latinoamericanos no tenemos los mecanismos de seguridad y protección existentes en otras latitudes. En otros países cruzar la frontera es sumamente difícil, como de México a Estados Unidos, de Canadá a Estados Unidos, etc. “Ellos tienen mecanismos científicos y mecanismos altamente costosos que no podemos pagar”, manifiesta. Zúñiga propone una mayor fiscalización sobre el particular. Recuerda que hace pocos años, a través de la Cámara de Diputados había un estricto control de las salidas y entradas, especialmente de niños, niñas y adolescentes. “Lo digo con conocimiento de causa porque yo presidía la Comisión de Política Social y a ésta llegaban todos los informes de Migración y de Cancillería sobre salida e ingreso de niños”. La trata es del Beni, Cochabamba y Santa Cruz ¿Cómo ingresaron chicas tan jovencitas a la prostitución, qué relatan? La hermana Dina Céspedes, de la Congregación de las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, responde: “Hemos escuchado historias muy dolorosas, experiencias terribles de maltrato físico y humillación, dramas que empezaron cuando un familiar recibió dinero del reclutador y las niñas tuvieron que dejar sus pueblos en el Oriente para viajar a La Paz, supuestamente para trabajar en casas. Fueron vilmente engañadas y tratadas”. Lo que sigue es el relato de sus numerosas indagaciones: “Los proxenetas van a los pueblos del Beni, Cochabamba y Santa Cruz para averiguar cuál es la situación de las familias, cómo viven, cuántas hijas mujeres tienen y de qué edades, si son hogares separados o están unidos; si hay chicas huérfanas de padre o madre, o son jovencitas en edad de empezar a trabajar y no tiene ocupación.

El reclutador visita instituciones locales donde dice: ofrezco trabajo en tal o cual ciudad, quisiera que las chicas que no tengan familia, que sean huérfanas o que sus familias estén desintegradas, hablen conmigo, para poder colocarlas. Como en todos los lugares hay prostíbulos, algunas jóvenes que forman parte de ese mundillo, contactan a chicas de 14 o 15 años; les dicen: por qué no vienes conmigo, te pagamos el pasaje y en La Paz te esperarán, te van a recibir y vas a ganar el dinero que quieras. Ve allá en vez de estar acá sin hacer nada. Cuando los proxenetas van a realizar el reclutamiento en el Beni, Cochabamba y Santa Cruz ofrecen dinero, entregan dinero a la familia, sino al padre, al hermano o al tío, y les dice: ella se va conmigo; pero éste antes de continuar viaje a otras localidades de la región envía a las chicas cooptadas a La Paz, donde un miembro de la organización criminal las recibe. Una vez que arriban a La Paz las trasladan a los prostíbulos donde les dan habitación, una cama, un televisor, etc., y continúa aumentando la deuda. Al principio no les dicen nada, pero cuando ellas quieren salir les responden que no, que debe mucho dinero. Le enumeran los gastos de cama, luz, agua, maquillaje, vestidos, zapatos, etc. Cuando una chica no quiere estar con un cliente o no desea beber recibe maltratos del proxeneta. La mayor parte de ellas que llegaron a la Congregación contaba que las amenazaban, que las golpeaban y que varias lograron escapar de los prostíbulos. Son varios reclutadores que viajan al Beni, Cochabamba o Santa Cruz. Se conocen y se desplazan durante todo el año. Las jóvenes que han sido tratadas afirman que mensualmente traen grupos de 15 chicas de Santa Cruz a La Paz, algunas escapan. De Cochabamba por los problemas de desintegración familiar y económicos, otras 15 chicas; del Beni una cantidad similar. Ellas viajan en ómnibus, de dos en dos o de tres en tres; a veces, viene una sola por viaje. Quince chicas de Santa Cruz, quince de Cochabamba, y un número similar del Beni, es un promedio de 45 chicas tratadas mensualmente. Son redes, mafias dirigidas por personas que tienen prostíbulos en Santa Cruz, Cochabamba, etc. Las chicas cuentan que quienes se dedican al negocio de la prostitución tienen locales en varias ciudades de Bolivia; citaron a uno como dueño de lenocinios en Miraflores, La Paz, por el Coliseo; y en El alto; y a otro mafioso, en Cochabamba y Santa Cruz. Los dueños de esos centros de comercio sexual rotan a las chicas. Les dicen: tú vas a Cochabamba; tú a Santa Cruz, tú a La Paz, porque, aducen, cuanto más lejos de la familia mejor, para que no sepan qué hacen ni dónde están. La rotación ocurre preferentemente durante las fiestas más importantes de cada departamento”. Creciente demanda De otro lado, el estudio “Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra” alerta sobre un gran incremento de

esta actividad, “debido a la aguda crisis económica de las familias, la falta de espacios de crecimiento humano y oportunidades, así como a la falta de reconocimiento y respeto de su identidad y derechos, así como por la carencia de políticas económicas y sociales que tomen en cuenta programas de prevención y atención”. Advierte, también, sobre “una creciente demanda de niñas y adolescentes hacia el campo de la explotación sexual comercial en las principales ciudades de Bolivia, provocando corrientes migratorias o un cierto tráfico de jovencitas del oriente boliviano hacia los valles y el altiplano, como también del occidente hacia el oriente, muchas de ellas atraídas por supuestas formas fáciles de ganar dinero y otras engañadas por los mismos dueños de locales, proxenetas u otros que viven de su explotación”. “(…) Se ha detectado en Santa Cruz de la Sierra como en Cochabamba, que al ser una actividad que empieza a ser cuestionada por las últimas denuncias públicas sobre casos de proxenetismo, (…) quienes lucran con esta actividad han optado por una estrategia de rotación que nos muestra posibles redes de traficantes, lo que en algunos casos también es visto como una “buena alternativa” para las menores de edad que de una u otra manera intentan resguardar su imagen ante su entorno social y familiar”, puntualiza. El estudio elaborado por Guillermo Dávalos, Rosmery Eguez y Patricia Vargas, refuta la percepción común de que la magnitud del problema “no alcanza proporciones significativas”, porque, subraya, “a través de aproximaciones sucesivas se estima que alrededor de 1.093 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años son víctimas de explotación sexual comercial en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba”. Refiere además que “al ser una actividad prohibida, prácticamente hay casos de niñas y adolescentes que están “secuestradas”, puesto que no pueden salir libremente de los lenocinios y en casos se pudo verificar que los mismos proxenetas las llevan personalmente a sus revisiones médicas”. “Por otra parte, el explotador sexual aprovechando su poder económico no corre riesgos sociales ni legales porque actúa protegido por terceros o proxenetas quienes ponen a su disposición todas las posibilidades de abusar “sin riesgos”, además de la impunidad que goza porque en nuestra legislación no se contempla esta figura de explotación sexual salvo que sea violación. Por último la niña o niño explotado sexualmente difícilmente denuncia la agresión sufrida ya sea por temor, vergüenza o miedo porque suele ser perseguida y acosada, llegando inclusive a ser abusada por los propios policías”, subraya el citado trabajo de investigación. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente hay en el país? Se ignora. La Policía Nacional en respuesta a una carta remitida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) solicitando información sobre ese particular dice “(…) que a la fecha no se cuenta con información acerca de la trata de personas mujeres, adolescentes, niñas, niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzado”. Y pese a la ausencia de cifras oficiales, la trata de menores de edad existe; es una verdad indubitable que merece una amplia y profunda investigación que permita en un lapso corto estructurar programas de prevención y atención a estas víctimas indefensas.

1.1.1. ¿Quiénes son? La estudiosa Rosa Julieta Montaño afirma que las víctimas de la trata con destino local son chicas de barrios periféricos, hijas de migrantes o migrantes inducidas a la prostitución por proxenetas, añadiendo que la policía y la fiscalía han realizado operativos en lenocinios donde han encontrado jóvenes de 14 o 15 años. Mayoritariamente, son chicas de hogares en extrema pobreza, de hogares separados o huérfanas, con pocos años de estudio, muchas ni siquiera han terminado la educación primaria y por algunos relatos, engañadas; a todas las ofrecieron trabajos decentes. Montaño recuerda haber dicho varias veces que el proxeneta tiene un gran poder que es la información: conoce las debilidades de las autoridades lo cual le da una garantía de impunidad, “porque de otra manera no podemos entender cómo ante un delito flagrante no se pueda imputar y no se pueda condenar al proxeneta”. El proxeneta, sostiene, está informado desde adentro; alguien le alcanza información sobre los antecedentes de las principales autoridades, pues se han dado casos de que cuando las autoridades hacen operativos de rutina, los encuentran y los llevan detenidos. No se preocupan porque tiene todo a su favor. Por ejemplo, de acuerdo al Nuevo Código de Procedimiento Penal una persona no puede estar detenida por más de seis horas sin haber sido transferido al juez cautelar. En esas seis horas podría suceder lo siguiente: 1) que dejen transcurrir el tiempo y no lo pasen al juez cautelar, con lo cual -cumplido el plazo- se convierte en detención ilegal por lo que deberán ponerlo en libertad sin analizar el motivo de la detención; 2) que le pasen al juez sin un buen informe y este no tenga más opción que ordenar su libertad; y 3) que con un buen informe el juez diga: esta persona no se va escapar, se va someter a juicio y dispone su libertad. Y en los seis meses siguientes el fiscal no hace nada para probar que ese individuo es un traficante. Así de fácil concluyen estos procesos. Montaño opina que sería un error creer que toda la migración es para la trata, pero admite que buena parte corre el riesgo de entrar o que sea inducida por ella. En su opinión este fenómeno ha crecido de manera preocupante por la crisis económica y social del país; además, porque hay una débil institucionalidad que no se preocupa por generar los resguardos suficientes para que la sociedad se defienda de esos criminales. Fundamenta su posición indicando que la capacidad del Estado en general y del empresariado privado en particular para absorber la mano de obra no llega al 20 por ciento. “Hay un 80 por ciento de jóvenes que van quedando rezagados en términos generales, rezagados del mercado laboral y sin mayores perspectivas de futuro”. Lo grave, indica, es que esa masa se va engrosando cada vez más y que por ello hay conflictos sociales. “Tenemos grandes conflictos sociales donde son los jóvenes los actores fundamentales, no saben por qué, pero es tal su descontento, su desesperación o su falta de perspectiva que participan aun a riesgo de perder la vida”.

Montaño hizo un llamado a la sociedad para encarar el fenómeno de la trata, porque parecería que la gente cree que es un tema de algunas cuantas personas. “Hay prejuicios, hay quienes imaginan que un día una mujer floja decide no seguir trabajando: se pone un vestido, se pinta la boca y se va a la calle a prostituirse. Ese es un estereotipo pues no ven que la prostitución tiene matices que involucran a niñas y no hay límites de edad”. Narró que hace pocos días, en Cochabamba, transitaba por una zona conocida por la presencia de mujeres prostituidas: “observé a señoras bastante mayores que esperaban clientes mientras otras estaban en plena negociación. Me puse a reflexionar en esas mujeres, en cuántos hijos y nietos tendrán, en cuánto dolor llevan encima”. “Hablo y he hablado con muchas de ellas, y no he conocido a alguna que me haya dicho que esa es su opción de vida. Para todas ha sido una tragedia ingresar en ese mundo, sea por una desgracia o empujadas por las circunstancias y no han podido salir. Lo más doloroso es que detrás de muchas de ellas el proxeneta es su marido”. Niña de Chacoma (Ingavi) traficada, Caso expuesto por la viceministra de la Mujer, licenciada Teresa Canaviri “Este es el caso de una niña (no puedo decir su nombre ni apellidos) de 14 años, que salió de Chacoma, en el sector Ingavi, para trabajar como empleada doméstica. Sus padres la entregaron a unos familiares que vivían en la ciudad, pero ella no logró acostumbrarse al ritmo de la ciudad. Probablemente parezca extraño, pero a raíz de algunas investigaciones comprobamos que hay gente atenta a la llegada de nuevas niñas y jovencitas sanas a los barrios. Esas personas inescrupulosas son las que comienzan a inducirlas, como el caso de la menor que expongo, diciéndoles que le van a pagar más y que van a tener un mejor trabajo. Esta niña inocente se dejó seducir, abandonó a la familia que la llevó y le dio un nuevo hogar; posteriormente perdieron su rastro. Ha pasado once años, hoy es una madre de familia de dos hijitas. Su vida fue un calvario y la marcó para siempre. Tuvo y aún hoy, mucha dificultad para reintegrarse a la sociedad. Le falta seguridad y tranquilidad debido a los largos años que vivió sumida en la explotación sexual. Ella que salió de su casa, un hogar aymara, a los 14 años, ha podido librarse milagrosamente de las garras del crimen organizado, pero su libertad no es total. A una de sus hijas la dejó con un familiar por falta de seguridad. Ella necesitaba apoyo psicológico pero no lo tuvo cuando más lo necesitada; a tanto llegó su inestabilidad que su joven familia se desintegró. Viendo ese caso, además de otros hijos de poblaciones aymaras o quechuas, comprendemos la importancia de la atención psicológica, la cual es crucial para la vida de un ser humano en casos como el expuesto.

Si afrontamos alguna necesidad podemos solucionarla con dinero, mas viendo estos cuadros comprendo que sin apoyo psicológico no es posible rehacer una vida. Esta mujer: se casó, tuvo su familia, pero no pudo consolidar su relación de pareja por falta de este tipo de asistencia profesional. Hace poco se divorció y no sabemos qué futuro aguardará a sus hijitas, pues ha tenido una cadena de problemas. Como este caso son muchos los que viven jóvenes mujeres indígenas, originarias de pequeñas localidades del interior del país o de los barrios populares. No estoy segura si un albergue sería la solución para ayudar casos. Lo que sí creo -como premisa básica- es que no debemos rechazar a las mujeres que han vivido estas dolorosas experiencias. La sociedad debe entender estos cuadros, porque generalmente las mujeres tratadas son muy cuestionadas por sus familias y por la sociedad, razón por la cual muchos casos se mantienen ocultos. Estoy convencida que una de las tareas es importante ayudar a las trabajadoras del hogar, ahora que cuentan con una organización, porque numerosas niñas de 12, 13 y 14 años por las necesidades de sus casas paternas se emplean como trabajadoras del hogar donde son explotadas, maltratadas y muchas veces abusadas. Estas chicas sufren al dejar sus pueblos para ganar algunos bolivianos en las grandes ciudades donde pierden sus valores, y si desean retornar no son bien recibidas porque han asimilado nuevas costumbres que no son bien vistas en sus lugares de origen. Una niña o una joven podría retornar a su comunidad mas no en las condiciones en que vivió anteriormente; este es asunto que debemos estudiar a profundidad para comprenderlo, porque hay un trasfondo cultural que debemos conocer a fin de evitar ulteriores problemas”. Adolescente de Santa Cruz traficada, Caso expuesto por la Oficial Mayor del Gobierno Municipal de La Paz, licenciada Elisa Zúñiga “El año pasado (2003) conocimos un caso de trata, era de una menor de 16 años que la habían traído de las laderas de la ciudad de Santa Cruz, una zona muy pobre, pero no llegamos hasta el final porque ella nunca vino a presentar la denuncia. Tuvimos conocimiento de su dramática situación porque la muchacha lanzó una piedra envuelta en un papel a una casa vecina, con un mensaje que decía: “ ¡Ayúdeme, por favor!”. La dueña de casa vecina vino a exponer el hecho. En ese momento empezamos a investigar. Cuando habíamos conseguido todos los elementos para armar el expediente, requerimos la denuncia escrita de la menor, en este caso de sus apoderados o familiares pero no lo logramos. Ellos no quisieron hacer nada y

nosotros nos quedamos sin el sustento legal. No obstante, las investigaciones continuaron y se consiguió el cierre de una pseuda agencia de empleos en La Paz, a través de la cual habían traído a la menor. Es probable que establecimientos similares funcionen en otros lugares del país. A partir del citado caso no solamente descubrimos que había un grupo de menores que estaban siendo trasladadas a La Paz, sino que la red de tratantes también reclutaba a mujeres adultas en Santa Cruz para ejercer el meretricio. Eran mujeres iletradas y por ello, fácilmente explotadas sexual y laboralmente. Lastimosamente no hemos podido identificar a las cabezas de esas redes, porque son grupos que se van moviendo de un lugar a otro, como la pseudo agencia de empleos que cerramos, pero lo reabren después con otra razón social; y además, porque no existe voluntad de parte de las autoridades competentes de frenar este crimen. La policía y el fiscal de oficio deberían estar viendo día tras día este tema del cual hablamos mucho, al igual que los prefectos y los alcaldes; empero, debemos indicar que el municipio de La Paz sí ha trabajado intensamente en esta materia”. 1.1.2. Redes de tratantes de blancas y lavado de dinero Están plenamente identificadas dos grandes redes criminales que se dedican al comercio sexual, incluyendo el de menores de edad, las cuales, además tienen vinculaciones con el lavado de dinero del narcotráfico, asegura el Director de la Guardia Municipal de La Paz, Capitán Policía Nacional Rodrigo Rodríguez. Habría, además, una tercera red cuyos miembros están en proceso de identificación. “No solo se dedican a la trata de blancas, sino que tienen una relación directa con el narcotráfico. Paralelamente a ello, el comercio sexual con menores”, afirma de manera categórica tras indicar que esas redes manejan centros de comercio sexual en El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente. Rodríguez sostiene que una de esas redes está relacionada, financiada y protegida por Alfredo Selene, quien hace años estuvo involucrado en el narcotráfico y la trata de blancas; también, en homicidios y asesinatos. “Maneja conexiones no solo en la troncal de Bolivia (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz), sino también internacionales”. Selene habría incursionado en estos negocios ilícitos hace unos veinte años. Ignora si antes estuvo involucrado con menores, “pero últimamente hemos identificado que su organización dedicada al comercio sexual, manejaba también el local denominado Anaconda, clausurado el 3 de agosto”.

Esta red conduce tres locales visibles en la ciudad de La Paz y cuatro o cinco más con “palos blancos” (testaferros); o sea, registrados a nombre de terceras personas, como los administradores. Nunca se muestran directamente. Pero en el momento de las intervenciones que efectúa la Guardia Municipal salen; cuentan con un abogado, de apellido Cordero, identificado con la defensa de esos locales, que también tiene antecedentes de haber ingresado una o dos veces a la cárcel por lesiones graves, defraudación y falsedad material. La otra red El año pasado hubo un problema de competencia con otro bando, cuyo principal propietario y administrador es Marco Cámara, dueño del Katanas, uno de los locales más grandes y exclusivos en el comercio sexual en La Paz. Cámara tiene otros locales, tales como el Platinium, Nueva Barra Americana y Barra Americana. Este último clausurado. Rodríguez sostiene que estas redes pueden conducir otros locales con “palos blancos” en La Paz, El Alto, Cochabamba y en Santa Cruz. Son conexiones grandes, inclusive según reportes de Inteligencia han abierto sucursales en Arica. De la primera red, Alfredo Selene debe ser la cabeza, porque en La Paz manejan sus negocios los hermanos Córdova. La segunda red la dirige Marco Cámara, que tendría tres locales visibles y cuatro o cinco más con testaferros. Estas redes tienen el mismo modus operandi: 1) Traen mujeres del exterior o del interior del país. Les ofrecen contratos de camarera por dos o tres meses, les pagan los pasajes, les dicen que van a ganar muy bien y les dan vivienda, pero no las dejan salir a la calle. Apenas llegan, las llevan a sus locales diciéndoles que deben trabajar para cubrir los costos del pasaje de llegada y de salida; etc. Las redes parecen siameses en su accionar: ahora están alquilando departamentos en edificios, donde aparentemente funcionan oficinas. Sin embargo, en esos inmuebles realizan comercio sexual para clientes exclusivos. Las casas alquiladas -hay muchas- no funcionan como actividad económica para el municipio, sino de manera encubierta como lenocinios. Carecen de licencias. Atienden uno o dos meses en determinado lugar, y apenas son detectadas cambian de lugar, porque los dueños tienen gran capacidad de movilización. Asimismo, el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad confirmó que ha recibido informaciones de que “organizaciones criminales” vienen operando en el comercio sexual con menores de edad, en La Paz, utilizando teléfonos celulares y ocupando locales y edificios que abandonan tras un tiempo breve se uso.

Se le ha informado que varias de esas organizaciones criminales actúan como un “migrante”; es decir, no se les puede identificar los lugares de funcionamiento, una casa o un edificio, porque se mudan en pocas horas. Empero, lo delicado de este asunto es que dichas redes criminales utilizan de manera descarada a varios medios de comunicación los cuales mediante la publicación de avisos refuerzan esa actividad ilícita, actuando como caja de resonancia. El asunto no es nuevo. Precisamente las investigaciones realizadas el 2003 permiten a la Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de La Paz, doctora Elisa Zúñiga confirmar la existencia de redes que reclutaban a menores en las laderas de la ciudad de Santa Cruz, ofreciéndoles trabajos como cuidadoras de ancianas y buenos sueldos. ¿Cómo operaban? Invitaban a las niñas a acudir a unas “agencias de empleo” donde les pedían que vayan sus padres para firmar los permisos respectivos; quienes, confiando en la buena fe de los ofrecimientos daban su anuencia, porque, además, son de escasos recursos. De esa forma mandaban a sus hijas a trabajar a La Paz. Una vez que ellas llegaban a La Paz se daban cuenta que el trabajo no era el ofrecido, sino que debían incursionar en la prostitución para pagar los gastos de viaje y estadía. Una de las jovencitas rescatadas tenía 16 años. “Eso lo comprobamos, por eso cerramos una mal llamada “agencia de empleos” implicada en esa actividad ilícita, pero por falta de una base legal los familiares de las niñas reclutadas fueron amenazadas y retiraron sus denuncias”, subraya. Zúñiga enfatiza que “necesitamos prefectos y alcaldes que puedan actuar a fin de formar un eje de participación en esta materia. Deberíamos ejercer un control interno. La Policía Caminera y las Prefecturas que tienen jurisdicción rural, deberían realizar un control específico porque es fácil que un adulto traiga a una niña de Santa Cruz a La Paz, sin que nadie pregunte ni controle; y nadie hace nada”. “La trata de menores de edad para fines de explotación sexual comercial es un terreno muy álgido, y las autoridades siempre quieren hacer oídos sordos y estar ciegos, porque cuanto menos se investigue se desconoce el fenómeno y no hacen nada”, enfatiza. No obstante, el capitán Rodríguez sostiene que en los lenocinios intervenidos por la Guardia Municipal en La Paz no han encontrado menores; “pero tenemos información de que trabajan coordinadamente con diferentes instituciones del Estado que les ayudan a conseguir documentos para alterar la edad de las jovencitas que están en sus establecimientos”. Son conexiones con personas que pueden otorgar Cédulas de Identidad, que laboran en Identificación Nacional (organismo dependiente de la Policía Nacional); son empleados de niveles intermedios o intermedios bajos. También tienen contactos con Migraciones para ver la situación de las extranjeras. Por eso existen muchas mujeres extranjeras con Cédula Nacional, que las identifican como bolivianas, que consiguen el documento pagando varias decenas de dólares.

Lavado de dinero y otros delitos Por otro lado, el capitán Rodrigo Rodríguez sostiene que Alfredo Selene no solo está en la trata de blancas y en lavado de dinero, sino en otras actividades ilícitas como la falsificación documentos valorados. El oficial tiene un proceso penal abierto por un letrado vinculado a Selene y Cámara, pero no ha podido iniciar una acción penal contra el primero de los citados porque no existen pruebas. “Tengo la certeza de que Selene trabaja directamente con la familia Córdova”, añade. La familia Córdova inició procesos penales a Rodríguez y al entonces director de Derechos Ciudadanos Municipal de La Paz, Rodrigo Zogbi. “A mí me denunciaron, representados por el abogado Cordero, ante la Policía Nacional; inclusive, intentaron hacernos aparecer como corruptos, como si hubiéramos pedido dinero, cuando solo hacíamos nuestro trabajo y la normativa hay que cumplirla al pié de la letra”. Eso ocurrió entre octubre y noviembre del 2003. La denuncia en contra de Rodríguez fue por corrupción. Le acusaron de exigir dinero para otorgarle la licencia de funcionamiento cuando su Dirección no tiene competencia para ello; y de ir a farrear y consumir bebidas alcohólicas en sus locales. “Yo no bebo ni voy a esos sitios, salvo cuando, con el personal, vamos en misión de control”. Rodríguez presentó sus descargos, mientras que ellos simplemente una denuncia escrita; después desaparecieron. “Las versiones que dieron a los medios de comunicación, ante el concejo y otras autoridades eran que mandábamos a otras personas a pedir dinero. Cambiaron varias veces la versión, y cuando debían presentar al empleado a quien supuestamente le habíamos pedido dinero, nunca declaró. Posteriormente un empleado hizo un comentario en el sentido de que le habían pagado 200 dólares por denunciarnos”, explica. Locales “De remate…” El viernes 3 de agosto del 2004 la Guardia Municipal de La Paz, al mando del capitán Rodríguez, intervino dos locales, llamados “De remate” porque abren a las tres de la mañana y cierran a las tres de la tarde, que estaban atestados de parroquianos. Grande fue la sorpresa cuando constataron que los propietarios eran los hermanos Córdova, socios de Alfredo Selene. Supuestamente los Córdova eran pobres; antes trabajaban con Cámara, administrando sus prostíbulos; luego se alejaron y abrieron el Anaconda, indicando que era su único negocio. “Hemos comprobado que manejan más locales, que son centros de comercio sexual y en muchos casos hasta con menores de edad. Tenemos información de que hay muchos menores trabajando con los hermanos Córdova”, asegura Rodríguez.

Los Córdova son cuatro hermanos. No está claro si todos trabajan con Selene. La acusación contra Zogbi y Rodríguez fue presentada tras la clausura de los locales Katanas (de Marco Cámara) y Anaconda, manejado por los Córdova con protección de Selene. De manera separada, Selene y Cámara denunciaron a los dos funcionarios. Luego, los Córdova (Selene) declaran una guerra sucia a Rodríguez, con seguimientos a sus familias, hasta altas horas de la noche y amenazas permanentes por teléfono. Hace dos meses, a un funcionario municipal, el señor Pedro Arciénega, cuando inspeccionaba los locales clausurados el 3 de agosto, se acercó uno de los Córdova para ofrecerle dinero a cambio de información sobre los operativos de rutina. El capitán explica: “Como segunda alternativa, le dijo que yo iba a pagar caro por haber cerrado el Anaconda, y que si alguien se ponía frente a ellos, le ocurrirá lo mismo. La amenaza a mi persona se sustentaba en que no me queda mucho tiempo en el cargo (tres meses más), y que luego veríamos qué pasará con el personal subalterno. Son situaciones de presión contra un funcionario para intimidarlo y evitar cualquier acción en contra de sus lenocinios. Yo termino pronto mi gestión porque debo cumplir otros servicios, tengo dos años y medio en este cargo. La ley no delimita el plazo de permanencia en esta tarea pero sí el grado, y tengo que ir a la escuela para estudiar y ascender al grado de mayor”. Por otro lado, el proceso abierto contra Rodríguez está concluyendo en el Comando General de la Policía, donde ha quedado establecido que no tiene nada que ver con las denunciadas presentadas por los dueños de esos prostíbulos, lo cual le deja abierto el camino para iniciar procesos penales por calumnia y chantaje. El oficial revela que sus denunciantes chantajearon al gobierno municipal para obtener una licencia de funcionamiento; sin embargo, “considero que esa fue una salida más política que administrativa, dado que habían amenazas de que las prostitutas se iban a desnudar todas las tardes en la puerta del edificio central”. Cocaína y pasta básica El capitán Rodríguez señala que tiene información de que al margen de la trata de blancas y explotación a mujeres que vienen del interior del país o del exterior, sus denunciantes están involucrados en el lavado de dólares. Aparentemente, dice, hay una justificación para gastar tanto dinero, “pues hablamos de locales con más de 70 mujeres y a veces 140. Ellas necesitan comer, vestidos y cubrir gastos, y no creo que un local dé tanto dinero para mantener a tantas damas”.

El policía no cree que haya tanta demanda de esas mujeres. Los hombres deben ir a consumir algún trago, a ver un espectáculo, pero no creo que dé tanto dinero como para decir (ellos) en algunos medios que a la semana facturan 120 mil bolivianos. “Estas redes están identificadas en La Paz y posiblemente existe alguna más”, añade Rodríguez, afirmando que ambas dominan no solo esta ciudad sino otras ciudades del país. “Con seguridad los Cámara tienen dos locales más en El Alto”, añade. No obstante, enfatiza que hay otros lenocinios con un promedio de 15 mujeres. 1.1.3. Rutas Oficiales de la Policía Nacional pudieron detectar a través de los últimos años varias rutas utilizadas para traer jóvenes destinadas a la explotación sexual comercial, entre las que no se descarta la presencia de menores. Rutas del extranjero: Si son brasileñas las traen por Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz. A las del Paraguay por vía aérea, por Santa Cruz; por el Chaco boliviano, y de ahí por tierra hasta La Paz. A las de Colombia, la ruta es por el Perú y entran por el Desagüadero, departamento de Puno, y de allí por tierra hasta La Paz. Cuando vienen de Chile, lo hacen contratadas a través de la sucursal del lenocinio, en Arica, luego ingresan a Bolivia. De Argentina hay algunas mujeres que entran por Tupiza, en departamento de Potosí. Rutas del interior: Y cuando se trata de personas del interior del país a La Paz, utilizan básicamente la carretera troncal Santa Cruz, Potosí y La Paz. En este caso, les ofrecen trabajo como empleadas domésticas pero por su precaria situación económica acaban en los lenocinios. Para migrar al exterior: Básicamente salen de los aeropuertos de La Paz y de Santa Cruz comerciales.

en vuelos

1.1.4. Menores explotadas sexualmente: La Paz Los días 7 y 8 de mayo pasado la Guardia Municipal de La Paz realizó dos de sus más fructíferos operativos de la gestión del actual comando: Detuvo a ocho menores de edad

sometidas a explotación sexual en dos lenocinios céntricos. El primer día cayeron cinco niñas, oriundas de Chuquisaca y el segundo, tres del departamento del Beni. La Guardia Municipal tenía información de que en el local denominado Anaconda trabajaban cinco menores, pero era difícil hallarlas “in situ” por dos razones: 1) Porque el local, al igual que otros, tienen habitaciones protegidas (donde están las menores) aparentemente sin conexión con el ambiente principal; y 2) Porque sus “contactos” en el municipio o en la policía informan a los dueños de inminentes inspecciones. El 7 de mayo en la noche en el local Lady Blue, en el centro de la ciudad, hallaron a cinco menores, y al día siguiente, a otras tres en las inmediaciones de la estación, en un local que tenía una relación con los dos locales. La relación fue comprobada el día 7 cuando el dueño del Lady Blue fue visto protegiendo los locales de la calle Pichincha, donde está este local, y el Varón Rojo. El administrador del Lady Blue fue detenido en la Policía Técnica Judicial (PTJ) y se le inició el proceso penal. Obviamente, tratándose de un negocio que mueve ingentes cantidades de dinero sus promotores establezcan nexos en los organismos vinculados al control de esta actividad ilícita, para que, a cambio de dádivas, les informen sobre acciones de fiscalización u operativos de control de las fuerzas del orden. El Director de la Guardia Municipal, Capitán de la Policía Nacional Rodrigo Rodríguez, afirma las menores detenidas fueron conducidas a la División de Menores de la PTJ, la cual, a su vez, las derivó a un albergue administrado por la Prefectura, porque no tenían familiares en La Paz. El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes. A la semana, cuando fueron a indagar sobre el caso les informaron que las menores habían fugado del albergue. Rodríguez presume que las hicieron escapar de esas instalaciones, entre el 10 y el 15 de mayo, respectivamente. Conclusión: no había el cuerpo del delito. Si se trata de sospechar los caminos conducen al Servicio Departamental de Salud (SEDES) y al Servicio Departamental de Género y Asistencia Social (SEDEGES) de la Prefectura de La Paz. El primero tiene a su cargo el control sanitario de las prostitutas, y el segundo, maneja los albergues, pero trabaja coordinadamente con el SEDES. El capitán Rodríguez recuerda que en más de dos años al frente de la Intendencia Municipal, cuando inspeccionaban los locales de comercio sexual para ver el tema de la actividad económica y la posible presencia de menores, veían bebiendo a funcionarios del SEDES, y siempre hablaban favorablemente de dichos locales. Señala que cuando iban a notificar a esos negocios, los dueños amenazaban a funcionarios subalternos, tanto de la Intendencia como de las alcaldías.

Varias fuentes proponen reestructurar totalmente ambos servicios de la Prefectura a fin de establecer un nuevo el sistema de control. El local denominado Anaconda, clausurado el 3 de agosto, está bajo la lupa de la autoridad, pues se dice que allí explotan sexualmente a cinco menores. El expediente perdido El ex director de Derechos Ciudadanos del Gobierno Municipal de La Paz, doctor Rodrigo Zogbi, tiene una amarga experiencia con la justicia en una tarea emprendida por su dependencia (2003-2004) contra la trata de menores. Este es su relato: “Tuvimos conocimiento de un caso, hicimos el seguimiento durante varias semanas y detectamos un local donde se halló a una menor explotada sexualmente; elaboramos el atestado el cual fue remitido a la Fiscalía para las investigaciones respectivas y lo eleve luego al Poder Judicial. Fueron detenidos el administrador y un empleado del lenocinio, pero para mi sorpresa, ingrata por cierto, el expediente desapareció de la Fiscalía. Ahí no quedó el asunto: me denunciaron por abuso de funciones; o sea, de denunciante pasé a denunciado. Eso me llevó a la siguiente conclusión: puedes identificar a los autores de esos delitos pero son negocios que se mueven en base a una coyuntura y a un contexto mafioso. No solamente encuentras tráfico de personas para comercio sexual, sino también para tráfico de drogas. La droga que compran sirve para “pagar” otro tipo de delito y es una cadena muy grande que podría llegar a puntos políticos, puntos empresariales o a puntos de la mafia que pueden dejar todo lo obrado a fojas cero. No se descarta, entonces, que el dueño del negocio tuviera alguna conexión con la fiscalía que veía el caso, porque el expediente completo desapareció”. Inspección a nivel nacional La ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo, doctora Nardi Suxo Yturry, realizó con un equipo de asesores de ese organismo un recorrido por diferentes ciudades de Bolivia entre los años 1999 y 2000, algunos de cuyos resultados señalamos a continuación: “No reunimos las pruebas, pero tuvimos información fidedigna de la presencia de niñas de 13 y 15 años en prostíbulos, específicamente en El Alto y ni qué decir en el Oriente, donde lo consideran más o menos normal. Los dueños de esos negocios trabajaban con la policía. Al enterarnos de varios casos fuimos a verificar, pero las niñas habían desaparecido. Sabíamos que estaban en un determinado local, mas al llegar brillaban por su ausencia. Eso ocurrió en Santa Cruz, Cochabamba y otros puntos del país. En el Oriente, específicamente en Trinidad, constatamos un problema grave: las trabajadoras sexuales convivían con sus hijos en los mismos locales.

En Trinidad, los dueños de prostíbulos, donde trabajan mamás prostitutas, les dan dormitorios para que vivan con sus hijos; son niños de siete u ocho años, mientras la mamá trabaja o bebe con un cliente, los chicos caminan por el mismo local. Son niños expuestos a todo tipo de peligro. Pero pongámonos en el lugar de esas mujeres: ¿dónde dejan a sus hijos mientras trabajan?, ¿qué van hacer? Por otro lado, hay un problema serio con ellas: no pueden arrendar ni una habitación, porque si las dueñas se enteran de dónde trabajan les niegan, afirmando que no pueden dejar sus casas en manos de putas. Algunas trabajadoras sexuales son “contratadas” para ir a los penales, donde pasan la noche. Son contratadas por presos adinerados pero a través de policías. Eso lo constatamos hace varios años en San Pedro, en La Paz. El tema de las trabajadoras sexuales es difícil. Me siento satisfecha por lo que hicimos en favor de ellas: talleres de concientización, las acompañamos y las hicimos sentir que son seres humanos y tienen todos sus derechos. Ahora se han organizando y están tramitando su personería jurídica para constituirse como sindicato. Viven situaciones dramáticas. Si hay algún conflicto con ellas, porque las han robado o maltratado denuncian a la policía pero ésta no investiga. Ni siquiera pueden asentar una denuncia porque les dicen que su mismo trabajo las descalifica. En una investigación conocimos los casos de dos muchachas que fallecieron víctimas de los clientes. Eran mayores de 18 años, pero nunca se investigó. Es un sector muy desprotegido por las autoridades y por las organizaciones de mujeres. Y la pregunta que siempre hago es: ¿Las mujeres presas y las trabajadoras sexuales no son mujeres?” 1.1.5. Menores explotadas sexualmente: El Alto Para la hermana Dina Céspedes, de la Congregación de las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, es muy grave el problema de la trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial en El Alto; además, denuncia la presunta participación de efectivos policiales en la propiedad de tres prostíbulos con menores de edad. Basándose en testimonios de varias jóvenes tratadas y en investigaciones preliminares se pregunta: ¿dónde pueden ir a quejarse estas chicas si son maltratadas por los dueños de esos lenocinios autorizados por la Alcaldía, cuando de por medio están precisamente las autoridades que deberían sancionar este tipo de delitos? La religiosa dice que según algunas informaciones miembros del personal subalterno de la policía son dueños de tres prostíbulos, ubicados en la calle “12 de Octubre”, pero los administran terceras personas. En dicha calle funcionan unos tras otros negocios similares con autorización del gobierno municipal, que, conociendo el problema de la trata, no actúa.

Asimismo, enumera estas modalidades de cooptación de menores con fines de explotación sexual: *Las amigas: alientan a otras menores a ingresar a esa actividad; *El entorno familiar: hay muchos casos en los que la misma familia (tías, hermanas, primas y la misma madre) empuja a sus hijas de 12, 13 o 14 años a prostituirse, aduciendo problemas de tipo económico. *Las parejas y los cafichos: también obligan a una joven, de 17 o 18 años, a prostituirse. Ellos las tienen ahí sometidas y no pueden salir, porque están en la puerta de esos locales, esperándolas por el dinero. La hermana Dina alerta sobre el alto número de prostíbulos en El Alto, cada uno con unas veinte chicas por lo menos. “Tenemos identificados a siete prostíbulos, pero hay muchos más. En algunos de ellos hay niñas de 12 y 13 años, que atienden a los clientes a partir de las dos de la mañana. Antes de esa hora permanecen escondidas en sus habitaciones (ubicadas en los pisos superiores del local) para evitar que las encuentre la policía o personal de la alcaldía durante las batidas, o nosotras, las religiosas, que las visitamos para tratar de convencerlas de que dejen esa vida”, señala. Pero, a partir de las dos de la mañana ellas salen a alternar con los clientes. “Eso lo sabemos por información proporcionada por las chicas que han trabajado allí”. “En los prostíbulos detectados trabaja un promedio de veinte chicas, cada una tiene un cuartito; es horrible, realmente un antro, no hay higiene y da pena las condiciones en las que van llegando estas niñas”, refiere la hermana Dina. Cuenta que a los dueños de esos lenocinios les interesan preferentemente las menores porque ganan más y porque es un atractivo para los hombres. “Ellas comentan que cobran desde 5 pesos estando en la calle hasta 50 bolivianos en pieza (habitación); además, deciden cuánto cobran cuando el servicio es con o sin condón; y si por un servicio cobran 15 bolivianos la pieza por cliente, 5 es para el dueño y 10 para ella”. En un prostíbulo de veinte chicas, unas 10 pueden ser menores de edad. Las religiosas también han identificado otros lugares a donde acuden alumnas de un colegio: salen a las cuatro de la tarde, se paran en algunas calles e ingresan a alojamientos particulares. Nos han comentado que cobran entre uno y dos bolivianos. Son colegiales inducidas por amigas; también, por madres de familias que invitan a esas niñas porque están conectadas con algunos rufianes. “Eso lo sabemos por los datos recogidos por la trabajadora social; además, ella tiene una hija que ha escuchado que una señora va a la puerta del colegio a ofrecerles si quieren trabajar y ganarse para su cuaderno; la intermediaria se coloca en la puerta del plantel y va identificando a las escolares que podrían ser cooptadas”, manifiesta.

Afirma, también, que los fines de semana, a las dos de la mañana, se congrega un grupo de unas veinte niñas escolares, en la Plaza Cívica, en El Alto; a esa hora viene un señor en una camioneta, para recogerlas. Una hora después las regresan al mismo lugar donde las recogieron, y de inmediato las chicas se dispersan. Es un tema urgente que debe investigarse, pero las autoridades competentes no hacen nada al respecto. La mencionada congregación religiosa fue fundada en Madrid, España, el año 1856. 1.1.6. Recuperando almas extraviadas La Congregación de las Hermanas Adoratrices llegó a Bolivia en 1926 para trabajar con niñas, adolescentes y jóvenes en prostitución. Instalaron su primera casa de internado en Sucre; luego en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y hace tres años en El Alto. La Congregación hizo durante años un trabajo discreto. Para ello coordinada con los centro de salud, a donde acudían las jóvenes que estaban en prostitución para exámenes médicos o curarse de alguna enfermedad. Este es el relato de la hermana Dina Céspedes: “En un comienzo los policías acompañaban a las religiosas a los prostíbulos para conversar con las jovencitas, para poner sus internados a disposición de quienes querían venir; y si alguna estaba en un colegio también les ofrecían apoyarlas para que continúen estudiando. Hace siete años cerraron los internados para trabajar con talleres externos. El 2006 la Congregación cumplirá 150 años prestando servicios en 116 países en esta problemática: liberar y promocionar a la joven marginada en prostitución. Los internados de cuatro hogares tienen capacidad para 75 jóvenes; y todas las que han pasado por nuestros hogares han salido adelante, las hemos devuelto a sus respectivas casas, en otros casos hemos localizado a sus familiares y hemos ido trabajando para que se reinserten en la sociedad pero con dominando alguna especialidad técnica. Todos los años hemos mantenido esa cifra de jóvenes para recuperarlas y puedan salir adelante con una capacitación. A las jóvenes que no querían terminar los estudios en los colegios les dábamos una formación manual. Estamos hablando de más de seis mil menores de 14 años a 18 años. Cerramos los internados porque las chicas no soportaban más, no querían seguir internas y se escapaban. Al evaluar el trabajo realizado, las hermanas llegaron a la conclusión de que era hora de replantear la estrategia. El año 2000 optamos, en La Paz, por organizar talleres de capacitación externa y las hermanas empezaron a tener contacto con el centro piloto, para investigar la realidad de las chicas en prostitución. Nos acercamos a ellas, hicimos reuniones y celebramos la navidad; ese año realizamos un diagnóstico: qué querían, cuáles eran sus expectativas, cómo querían que las

apoyemos, etc. Ese año los Padres Salesianos nos prestaron un edificio donde, desde el 2001, funcionan los talleres de Repostería y Corte y Confección. Hoy tenemos también: Tejido a mano y a máquina, Belleza y una Panadería, donde reciben capacitación para que trabajen y vayan saliendo adelante. La Congregación labora en cinco ciudades; y en El Alto hemos tenido un promedio de 80 chicas de 14 años a 22 años por año. En El Alto firmamos un convenio con el centro de salud porque ahí van las chicas a realizarse sus exámenes médicos o a recibir atención médica cuando están enfermas; además, la trabajadora social del centro nos apoyó en los talleres y en las visitas en las noches a los prostíbulos para invitar a esas chicas a los talleres… Esas chicas nos conocieron. Dicen: vamos a ir hermana, queremos aprender. Al llegar a los talleres les hacíamos una evaluación de aptitud vocacional, para ver qué querían aprender y de acuerdo a ello les mostrábamos los talleres, y decidían. La mayoría de ellas lleva una vida destrozada. Contaban sus historias porque no podían estar con desconfianza, tristes ni amargadas; relataban que la mayoría fueron violadas a temprana edad, habían vivido en la calle y habían consumido drogas a los 14 y 15 años. Es que la prostitución va con el alcohol y la droga. Conforme van entrando en confianza en el proceso de acompañamiento personal que le hacemos, a parte de la intervención psicosocial y de la formación en los talleres, les explicamos sus derechos, su dignidad, su persona y las leyes que las amparan. Debemos destacar a las instituciones que nos apoyan gratuitamente, como el Viceministerio de Justicia con el certificado de nacimiento, porque todas las chicas que vinieron no tenían ese documento ni otros que las respalden quiénes eran. Ahora, tenemos una del Beni que está indocumentada, vamos a viajar para hablar con su padre a quien ya hemos localizado y ver cómo resolvemos el asunto. En Sopocachi tenemos un hogar de mamás solteras, al que pueden ingresar las que tienen un niño, están embarazadas o que quieren dejar el ambiente. Más de seis chicas mil capacitadas por la Congregación han dejado la prostitución en cuatro ciudades de Bolivia. En los tres años que estamos en El Alto más de 10 jóvenes se han reinsertado en la sociedad; entre ellas, dos cruceñas, una, madre de cinco hijos y abandonada, estudia peinado en Santa Cruz, le dimos una casita y la apoyamos los primeros meses para hacerle el seguimiento y no recaiga; y la segunda, estudió repostería y ahora ha puesto una panadería; la hemos ayudado a comprar el horno, pagamos el alquiler y le seguiremos apoyando hasta que no diga que puedo seguir sola. Otra chica que estudió Corte y Confección, ha puesto en su casita un letrero que dice “Se costuran prendas” (sic), para poner en práctica lo que se le enseñó. A otras las tenemos estudiando peinado, son jóvenes con hijos pequeños.

Lo que nos preocupa sobremanera es la presencia de niñas de 12 o 13 en algunos prostíbulos, que salen a partir de las 2 de la mañana. Ellas están escondidas en sus habitaciones esperando que terminen las batidas de la policía, de la alcaldía o de nosotros las religiosas que vamos en inspección. Tuve la oportunidad de hablar con una proxeneta a quien convencí para hacer amistad. Le decía: cuando usted se vaya (se muera) qué se va llevar, si tuviera hijas le gustaría que estuvieran acá, que mientras usted administraba el local viera a sus hijas con tantos hombres, etc. Frente al silencio de esa señora, le informábamos que tenemos talleres de capacitación y que nos enviara a las chicas para ayudarlas, porque dentro de poco se van hacer mayores y las van a despedir de esos lugares, porque a ellos (los dueños) les interesan las menores, porque ganan más y constituyen un atractivo para los hombres...” Así transcurren los días de la hermana Dina; unos, convenciendo en las penumbras de un lenocinio a jovencitas que, confiadas en la aparente benevolencia de gente inescrupulosa, cayeron en las fauces de la explotación sexual; y otros, escuchando testimonios desgarradores de menores tratadas y alentándolas a quienes creen haberlo perdido todo, para volver a empezar una vida digna a pesar de la adversidad… 1.2. La trata internacional La crisis económica y social que vive el país agudiza el problema de la trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños. “Hoy vemos un comercio encubierto grande de mujeres jóvenes a países europeos. Antes la tendencia era llevarlas a Estados Unidos; ahora es a España. El anzuelo: ofertas para trabajar como niñeras o cuidadoras de ancianos. Como Europa es un continente con mucha población de tercera edad que necesitan atención, las convencen fácilmente diciéndoles: vas a trabajar con ancianos; a otras les ofrecen trabajo en cafeterías y heladerías”, dice la estudiosa Rosa Julieta Montaño. Una vez que llegan allí –por lo que hemos investigado- reciben vouchers de alojamiento de dos o tres días en un hotel de tres estrellas –entregadas por las agencias de viaje- para despistar las sospechas que genera su ingreso en Migración. Cuando las chicas ya están en el hotel son contactadas por los traficantes supuestamente para que vayan a trabajar en alguna casa o en alguna cafetería. Muchas jóvenes han eludido a los traficantes en España, pero fueron hostigadas por teléfono y presionadas para ingresar en el mundo de la trata de mujeres. Subraya “comercio encubierto” porque son personas que salen de Bolivia cumpliendo todas las formalidades legales: pasaporte, en algunos casos contratos de trabajo y en otros, constancia de separación de alojamiento o pago por ese concepto por los primeros días en algún hotel, porque aducen que van en viaje de turismo. Este “comercio encubierto” ha crecido en los últimos cinco años. ¿Quiere comprobarlo? Suba a un avión que cubre la ruta a Europa, especialmente a España, y verá muchas

chicas, inclusive indígenas, que apenas hablan castellano, a las que “disfrazan” con vestidos o faldas cortas y calzados de taco, que no pueden ni caminar. Las tienen bien entrenadas para que no hablen, para que tengan cuidado de no conversar con otras personas y hagan exactamente lo que ellos han ordenado. Estas chichas proceden de la zona rural del país. Son jóvenes del Oriente y Occidente; de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, cuyas edades están entre 17 y 25 años. Más allá de las explicaciones de pobreza y de la falta de oportunidades en el país para miles de adolescentes que caen en las garras de la trata, existe –por decirlo de alguna manera- una demanda internacional que no está relacionada necesariamente con algún patrón de belleza específico. La estudiosa del fenómeno, doctora Rosa Julieta Montaño, tiene esta hipótesis: “Considero que más bien la tendencia actual es salir del esteriotipo de belleza generalizado (una mujer alta, de cabellos rubios, ojos celestes o azules, etc.) para entrar a lo exótico, que representamos las andinas”. “Este es un fenómeno nuevo, porque antes inclusive en la prensa leíamos avisos como este: Se necesita señoritas de buena presencia, enviar fotografía reciente; y a través de esa información comercial se iba cooptando a las jóvenes que confiaban en sus ofrecimientos. Ahora la tendencia es otra y lo tipificamos como trata”. Cooptadores Los cooptadotes operan en conexión con agencias de viajes, “por lo menos eso podemos afirmar por la investigación que hicimos en el Beni”, indica Montaño. ¿Cómo operan? Hasta los lugares donde viven las potenciales víctimas, en el Beni, llegan gentes que viven en Europa, generalmente bolivianos, peruanos o gente latina, para ofrecerles trabajo. Dicen: Tenemos en España muchas posibilidades de trabajo, pagan muy bien por hora y pueden ganar tanto al mes; con eso pueden resolver los problemas familiares. Es decir, motivan, incitan y cuando algunas muestran interés les responden que podrían, a través de una determinada empresa o persona, conseguir los documentos para el viaje. Obviamente, esas empresas no son españolas, son de latinos afincados allá. Entonces, el reto es identificar qué empresas europeas estarían detrás de los cooptadotes que son latinos. “Para mí ese es el gran nudo. Sabemos que los que vienen a cooptar no son europeos, raras veces son europeos, sino que son de esta región”. Puntualiza que se ha denunciado a algunos cooptadores. Cita el caso de Cochabamba, donde la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia descubrió a algunos de ellos, pero como esas redes funcionan bien no hemos visto a ninguno de ellos en la cárcel, inclusive con denuncia expresa de la Defensoría de la Niñez.

Se han dado casos, añade Montaño, que a esas a gentes simplemente las citan y no se presentan; simplemente se van… En Cochabamba la cantidad de gente por día que pide pasaporte para salir a España es por lo menos 30 a 40 personas. Y aunque parezca increíble, cerca de la Oficina de Migración se ve a varios hombres dando instrucciones a las posibles viajeras. Menciona que a fines del año pasado cuando fue a tramitar pasaportes para que vayan de vacaciones a Arica dos familiares, hubo una enorme demora por la cantidad de gente que gestionaba ese documento: todas eran chicas jóvenes que viajaban a España. Vía crucis Montaño expone un hecho emblemático: Conocí a una joven en Barcelona, que fue a trabajar. Tenía problemas acá y viajó por su cuenta, no incitada. Tenía 22 años. Llegó a un albergue infame en cuyas habitaciones viven hasta seis personas, cada huésped paga 100 euros mensuales por colocar su maleta y tener un rincón para dormir. El albergue era un lugar se cooptación para prostitución. La chica tuvo suerte. Como había cursado estudios universitarios al tercer día de haber llegado comenzó a buscar trabajo y felizmente lo consiguió por lo que dejó el albergue. Sin embargo, no la dejaban en paz. Ignora cómo descubrieron su centro de labores. Un individuo la llamaba para decirle: “Cuánto ganas, te ofrezco el doble, estás perdiendo tiempo, vas a dejar tus huesos aquí y no vas a tener nada. Te ofrezco el doble. Lo único que tienes que hacer es servir en una cafetería, no pasa absolutamente nada”. Ella respondió: “Por qué me ofrece a mí, habiendo tantas personas. Es que sé tus antecedentes, sé que eres persona buena. Vas a atender de 6 de la tarde a 10 de la noche en una cafetería”. Tanto fue la presión que informó a los señores donde trabajaba para que tomen alguna medida, porque no tenía idea de quién era la persona que llamaba. Documentos incautados Según las informaciones que maneja Montaño los traficantes de Cochabamba operan así: Una vez que las chicas llegan a España les dicen: como garantía para que no te escapes y nos dejes colgados, porque te vamos a hacer un pago anticipado, entréganos tus papeles”. Con esos documentos, ellos son dueños de la vida de la persona. Las chicas que caen en esas garras no pueden salir más. La televisión española difundió el reportaje de un grupo de periodistas españoles en Santo Domingo, que llegó hasta un holandés, que era traficante de mujeres y encargado de cooptarlas. Recibieron amenazas terribles. Seguramente eso mismo sucede aquí, porque no me imagino cómo personas que no tienen ni para comer reúnen dinero para el pasaje, 1.200 dólares; para pagar el impuesto por el pasaje, 20 dólares; para el pasaporte, 200 dólares; para el impuesto de salida del aeropuerto, 25 dólares; etc. Además, hay que llevar dinero adicional, por lo menos 100 o 200 dólares.

No son chicas especiales ni obedecen a cierto patrón de belleza. No hay ningún patrón. Creo que la tendencia actual es salir del esteriotipo de belleza para entrar a lo exótico que representan las andinas. Es un fenómeno nuevo. Antes incluso veíamos en los avisos de prensa: Señorita de buena presencia, última fotografía, y a través de eso se cooptaba jóvenes. Ahora la tendencia es otra. Eso lo tipificamos como trata. Las ciudades que expulsan más habitantes son: Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Finalmente, hace un llamado a las mujeres del primer mundo para que no caigan en ese adormecimiento de conciencia que significa las palabras “trabajadoras sexuales”. Creo que eso es un adormecimiento, una especie de poner anestesia a la conciencia el decir: “bueno, son trabajadoras sexuales”. No se trata de trabajadoras, sino de víctimas de la explotación sexual, son víctimas de la explotación y del tráfico de personas. Montaño ha trabajado en el tema de Derechos Humanos desde el primer día que se recibió de abogada; primero como defensora de reos pobres, luego como integrante de la Asamblea Permanente de DD.HH. y desde hace veinte años está al frente de la Oficina Jurídica para la Mujer. A parte del cuadro que expone la doctora Montaño, hay también otro tipo de trata: de mujeres de los países vecinos a Bolivia, como refiere la ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo, doctora Nardo Suxo. Señala que una investigación a nivel nacional sobre las trabajadoras sexuales, realizada durante seis meses, de 11 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, permitió conocer a jóvenes chilenas, peruanas, argentinas, etc. “que eran las más explotadas”. “Antes de que una resolución la Defensoría del Pueblo anule las matrículas para las trabajadoras sexuales las extranjeras debían pagar por ese concepto en dólares; las bolivianas 50 bolivianos semanales y las extranjeras, 50 dólares”, dice. Recuerda que constataron que había muchísimo abuso sobre todo contra las extranjeras. “Por ejemplo, si conseguían un ‘carné de identidad’ como bolivianas, pagando, hace unos cinco años, más de cien dólares, los policías que les facilitaban ese documento las chantajeaban permanentemente, porque sabían que era un carné falso. Les sacaban más y más dinero. Era una situación dura que no creo haya cambiado”.

2. Niñez en situación de riesgo En el mundo contemporáneo no debería haber ya una sociedad que se precie de tal si no valora la importancia de su niñez y adolescencia, aunque, a decir verdad, ello no ha sido una constante a lo largo de la historia de la civilización. Pero en las últimas décadas se nota una mayor preocupación por ese sector poblacional no solo por las numerosas y reiteradas denuncias sobre el estado de abandono de millones de niños y niñas en muchos países, reflejadas en las elevadas tasas de mortalidad infantil, desnutrición, abuso y explotación, sino también por la presión de la comunidad internacional. Ha demandado tiempo y trabajo dejar atrás aquella visión de niños, niñas y adolescentes dependientes de la familia, del maestro y del padre en particular, y avanzar hasta reconocerlos formalmente como sujetos sociales y de derecho; es decir, personas. Así, de ser la niñez una categoría marginal e invisible y en muchas sociedades insignificante, ha pasado a ser reconocida en su especificidad y autonomía. Y pese al avance conceptual logrado por algunos instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por Bolivia en 1990, todavía persisten culturas de la infancia por las que niños, niñas y adolescentes siguen siendo una mayoría excluida, debido a algunas formas de relación social. ¿Pero cuál es la gravitación de la niñez y la adolescencia en la población nacional? Según el Instituto Nacional de Estadística Bolivia tiene aproximadamente 8.3 millones de habitantes. La población menor de 18 años representa el 49.2 por ciento de los 8.3 millones. De esa cifra, el grupo de 0 a 6 años es el 19.2 por ciento seguido por el de 7 a 12 años que acumula el 16.3 por ciento y los adolescentes de 13 a 18 años con el 13.7 por ciento. El 61 por ciento se halla en el área urbana y el 39 por ciento en el área rural. “De esa población se estima que cerca de dos millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de riesgo, en el marco de la pobreza y marginalidad en que socializan su infancia”, dice el volumen titulado “Violencia hacia la Niñez y Adolescencia / En base a los resultados del Sistema de Información de Defensorías (SID)” editado el 2003 por el Ministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad/ Dirección General de la Niñez.

No son pocos los peligros que acechan cada vez más a las niñas, niños y adolescentes en circunstancias en que la pobreza obliga a los padres a trabajar, dejando muchas veces a sus menores hijos librados a su suerte; y en otros casos, incorporarlos tempranamente a diferentes tipos de labor para ayudar al hogar corriendo muchos y graves riesgos. Como refiere la citada publicación una de las consecuencias de la pobreza es la presencia de niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos, como resultado de la conjunción de múltiples factores (sociales, culturales, económicos y políticos) que generan condiciones de elevada pobreza y exclusión, limitando su capacidad y posibilidad de acceder a una vida digna. “Las manifestaciones más elevadas de esta situación revelan la presencia de niños sometidos a maltrato y abuso sexual, otros viviendo en las calles, insertos en actividades laborales (…) que afectan el desarrollo”. Aunque la cifra podría ser bastante mayor, la publicación subraya que existen 800 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores que representan el 21.3 por ciento de la población económicamente activa. “En su mayoría son objeto de discriminación, violencia y abuso, montos de retribución más bajos, horas de trabajo que en algunos casos exceden las 10 al día, ausencia de acceso a la seguridad social y ninguna sujeción a la Ley General del Trabajo. Generalmente, el trabajo les impide asistir a la escuela, lo que ha venido incrementando los niveles de deserción e incorrespondencia escolar. Más del 56 por ciento no asistieron y/o abandonaron la escuela”. El mismo documento da cuenta que unos cuatro mil niños, niñas y adolescentes viven en la calle, localizados en las principales ciudades del país; que existen unos 16.500 huérfanos y abandonados que reciben atención en centros y hogares de todo el país y de cuya situación no puede sino asegurarse la necesidad de buscar políticas alternativas, que eviten que las instituciones estatales encargadas de su protección, sean las principales vulneradoras de sus derechos. En este contexto, indica, la pobreza no sólo afecta a la niñez mediante formas prematuras de inserción laboral, que constituyen lo que se ha venido a llamar como “infancia robada”. “La pobreza descarga sus mayores perjuicios en hogares desintegrados, en niños no reconocidos, en quienes sufren abandono afectivo, en las víctimas de distintas formas de violencia y abuso sexuales intrafamiliares, en los que están expuestos a violencia en la calle. No son estas patologías exclusivas de los hogares más pobres y vulnerables –algunas de ellas no conocen diferencias de estratos sociales. Pero sí es en éstos donde cobran una dimensión mucho mayor”. Luego subraya: “La visibilidad de la problemática de la niñez y adolescencia, el desarrollo humano y la necesidad de diseñar políticas públicas de la infancia, incluidas las políticas fiscales y presupuestarias, se fundamentan en una prioridad esencialmente moral: a) Como responsabilidad de la generación presente respecto a la generación futura; y b) Como responsabilidad pública, prioritariamente del Estado, pero con la participación de la sociedad civil y el apoyo del sector privado”. Más allá de este análisis y las reflexiones con las que coincidimos recordemos que hay una legislación frondosa sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes vigentes no solo en la mayoría de países, sino también importantes instrumentos internacionales que generalmente los gobiernos miembros de dichos organismos han adoptado e

incorporado a su legislación, mediante la ratificación de los mismos, como, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño. Al respecto, debemos resaltar los esfuerzos que realizan los gobiernos de los países más pobres del hemisferio por brindar la protección que requiere este importante sector poblacional, pero al mismo tiempo queremos llamar la atención de las más altas esferas de la administración del poder central sobre lo perentorio de atender –a nivel macrosituaciones como las que exponemos en este capítulo. No reconocer la existencia de un cúmulo de situaciones anómalas ni realizar con urgencia las coordinaciones respectivas con otras instancias del Estado (Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Municipales, Prefecturas, etc.,) sería como pretender negar nuestros derechos más elementales como personas mayores, olvidando que en algún momento de nuestras vidas fuimos niños, niñas y adolescentes, para convertirnos en los ciudadanos de hoy. Obviamente, atender problemas álgidos como los que mencionamos cuando se atraviesa por largos años de crisis económica y social, es harto complejo y difícil. De allí la urgencia de que la sociedad civil se incorpore con una auténtica vocación de servicio a coadyuvar con sus mejores esfuerzos e iniciativas a defender y proteger cada uno de los derechos de los niños y niñas, no con discursos ni promesas, sino con acciones concretas que sumen e incorporen nuevas iniciativas a favor de esta causa. No tomar conciencia de esta dolorosa realidad y no actuar nos colocará en una triste situación que la historia juzgará, como seguramente lo hará con aquellas otras páginas escritas por la indolencia y la insensibilidad. Actuemos ahora. Pasemos de la retórica a los hechos. Comprometámonos a que no se repitan nunca más hechos como los que señalamos aquí, porque detrás de lo expuesto a manera de casos individuales hay una cantidad de víctimas que desconocemos. 2.1. Un bebe por un puesto de trabajo… para un tercero El caso está en proceso de investigación. Se trata de un bebe de seis meses de nacido, natural de Guayamerín, departamento del Beni, que, en brazos de una nueva pareja, aparece en Extremadura, España. La noticia no tiene su origen en La Paz, sino en Ultramar. La Comunidad de Extremadura, en España, comunicó al Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad que conocía el caso de una pareja española, que tenía un bebe e origen boliviano. De ello, hace más de tres meses, aproximadamente, señala la doctora Ninoska Durand, asesora legal del Viceministerio de la Niñez, la Juventud y la Tercera Edad. Las primeras investigaciones revelan que los familiares del menor radican en Guayamerín, por lo que hubo confusión para determinar de dónde era, pues el pasaporte había sido otorgado en Pando y el Certificado de Nacimiento en el Beni.

En un comienzo, recuerda Durand, se pensó que se trataba de un secuestro por lo que pidieron apoyo a las Defensorías de la Niñez y a la Policía para ver si tenían algún reporte de casos de niños extraviados. Últimas informaciones dan cuenta que el bebe, a través de la hija del pastor de una Iglesia Evangélica, fue entregado a la pareja española que lo tenía al hacerse público el hecho. La presunta traficante inscribió al bebe como hijo suyo. Aquí se estaría configurando el tipo de tráfico de menores, porque uno de los hijos del pastor habría recibido una dádiva por haber ayudado a conseguir al niño. La pareja española tuvo una relación epistolar fluida con los hijos del pastor como revelan varias cartas conocidas durante la investigación, que dan cuenta de que uno de los hijos del pastor está trabajando en España. Dos de los hijos del pastor involucrados en el caso residen en España. Hoy el niño está en un centro de acogida, bajo la tuición de la Autoridad Central Española y a la espera de que el Viceministerio de Niñez alcance mayor información. Fue la información de la Defensoría de la Niñez y de la Policía Técnica Judicial que permitieron aclarar la interrogante de cómo había llegado el bebe a la Península Ibérica, pues no se siguieron todos los procedimientos para su salida de Bolivia. Si bien existe el consentimiento de la madre, que habría “obsequiado” al bebe, las leyes bolivianas y la Convención de la Haya establecen un procedimiento de adopción que, en este caso, no se siguió. La madre dio su aquiescencia para que el bebe salga del país, pero no ante un juez. Fue, indudablemente, un acuerdo transaccional entre partes que carece de validez. Para la doctora Durand no es el único caso que está manejando; en el tema de adopciones, indica, hay otros más en proceso de investigación. Explica que es común que las madres de familia del Beni, especialmente aquellas de hogares muy pobres, entreguen sus menores hijos a sus parientes cercanos e inclusive a personas conocidas aunque no sean familiares. “Ocurre, simplemente, que no pueden mantener a sus criaturas y optan por regalarlas; eso es frecuente en la zona rural del Beni”, señala. Y en estos días estudian la posibilidad de que si la criatura se halla en España sea adoptada por otra familia (no la que está involucrada en la adopción ilegal) para asegurarle un mejor porvenir, dada la situación de extrema pobreza de la madre biológica que reside en el Beni; inclusive ya habría un pedido en ese sentido. 2.1.1. Una vida enajenada en la adolescencia Tenía apenas 16 años pero ya ganaba algún dinero para ayudar al sostenimiento de su hogar a cargo de su madre, porque el jefe de familia afrontaba problemas judiciales en

Bolivia y en Perú. Él pasó varios años en prisión porque para viajar al exterior pretendió utilizar un ticket aéreo que pertenecía a otra persona. En su equipaje hallaron material de contenido político por lo que lo vincularon con un movimiento terrorista. Tiempos difíciles sentaron sus reales en casa de esta humilde familia formada por dos obreros de un centro minero de Potosí. La primera hija nació en el hospital del centro minero de Catavi, en el departamento de Potosí. En su infancia fue una niña inquieta, audaz, conversadora. Ellos soñaban con un futuro mejor para sus hijos. El destino nos teje algunas trampas. Si ello es cierto probablemente le tendió una a la primogénita, pues en ese nosocomio trabajó como enfermera para una mujer, quien se cruzó en la vida de la adolescente al contactarla, a través de otras chicas de su edad, para lo que definió como un “trabajo sencillo”: ¡cuidar bebes…! Aquel día de mayo o junio de 1987, cuando ella caminaba a los 17 años, entró resuelta al Hospital de Mujeres de La Paz, tomó en sus brazos a un bebe de apenas dos días de nacido y se lo llevó a El Alto, a una casa alquilada previamente por Pinto. Ella cumplió al pié de la letra las indicaciones de su empleadora. Todo había salido bien hasta que los medios de comunicación difundieron el secuestro de la criatura y en El Alto, la dueña de la casa alquilada, avisó a la policía que allí lloraba un bebe. Pasaron tres días hasta que la joven fue detenida. Ella relató a la policía, según narra hoy su madre, que la mujer le había ofrecido pagar US $ 100 por sustraer a la criatura y llevarla a Santa Cruz, de donde viajaría a España. Aún menor de edad, fue sentenciada a 12 años de prisión. Su madre dice que el juez que la juzgó recibió dinero de los padres del bebe para imponerle esa drástica condena. “No tenía dinero y no pude defender a mi hija”, musita mientras el llanto parece ahogarla en una humilde habitación de El Alto. La joven esperó ocho años para dejar la cárcel de mujeres de Obrajes, mas cuando volvió a su hogar su madre notó algo extraño. Las continuas preguntas y la presión materna abrieron paso a otra dura realidad: estaba embarazada. “¿Quién es el padre de la criatura que llevas en tus entrañas?”, preguntó una y otra vez. Al final se doblegó. Contó a la autora de sus días que era un preso de la cárcel de Chonchocoro, que esta involucrado en problemas de narcotráfico. Lo sorprendente es que ella no era la única joven que salió embarazada. El relato posterior estremece a la estudiosa Emilse Escóbar, quien hizo posible llegar a la casa de Blanca: periódicamente algunas internas de la Cárcel de Mujeres de Obrajes eran llevadas a Chonchoro, un penal de alta peligrosidad, solo para hombres. Este penal está bajo la jurisdicción de la Dirección de Régimen Penitenciario.

Indagaciones ulteriores permiten inferir que las internas más agraciadas de la cárcel de Obrajes eran llevadas a Chonchoro, a donde ingresaban “como esposas, novias o parejas” de los internos los días previstos para la visita conyugal. La bebe que llevaba la joven en su vientre murió. El padre, el sentenciado por narcotráfico, se vio envuelto en el crimen de otro interno por lo que su sentencia fue ampliada a 25 años. La relación afectiva concluyó. Poco después la joven contrajo matrimonio con un trabajador minero, de quien tiene tres hijos pequeños. Ocho años presa quebraron sus mejores años y la marcaron para siempre: inestable, irascible, con deseos de emprender un viaje sin destino han puesto en peligro su vida matrimonial. “Necesita urgentemente tratamiento especializado, pero carecemos de dinero”, clama su madre quien remarca que su hija no quiere hablar del pasado, quiere huir y a veces abandona a sus niños. La mujer, quien tenía una clínica en Santa Cruz, unos piensan que era una guardería para los niños que vendía a España, reside hoy en alguna ciudad del Brasil, como afirman los empleados de su local ubicado en “La Cuchilla”. Otras jovencitas, también contactadas por la misma mujer, a mediados de la década de los 80, fueron internadas. La madre de la victima, una mujer trigueña y de facciones finas, lucha para sacar adelante a su hogar en El Alto, una ciudad de crecimiento caótico y mayoritariamente aymara. En El Alto, que pronto estará unido a La Paz, porque crecen en el mismo sentido, se comenta que hay madres de familia que venden a sus niños por US $ 500; otros más audaces sindican como una de las traficantes de bebes a la hermana de un clérigo. Difícil confirmar esas versiones, pero en Bolivia, como dice un analista, las cosas se saben “de ha oídas”, las gentes murmullan. Si ello es así, la vida de un bebe o un niño menor de diez años tiene precio; pero las autoridades no ve, no escuchan ni investigan. Hay hartazgo de la clase política en El Alto, donde un sacerdote –para sorpresa de muchos feligreses- ha dejado los hábitos para postular a la alcaldía. Ella afirma que con un grupo de mujeres está trabajando por su pueblo, porque tiene muchísimas necesidades, y además quiere poner atajo a la corrupción. Esa corrupción, dice, que internó a mi hija ocho años en la cárcel siendo menor de edad. “Por carecer de dinero no pude hacer nada; ni mi llanto ni mis súplicas conmovieron a las autoridades judiciales ni a los padres del bebe que mi hija sacó del hospital; mientras que la responsable intelectual quedaba libre”, declara esta madre que intenta –con su

inmenso amor- ayudar a su primogénita a recuperar la salud mental. Salud que un día perdió en un rapto de enajenación y que ojalá la recupere, pues aún tiene 32 años. Menores de edad son penalmente responsables... ¿Puede una menor de edad condenada a 12 años de prisión por haber cometido un delito? La respuesta es sí, según el Director General de Régimen Penitenciario, doctor Tomás Molina, Esta es su argumentación: “Ello proviene de un largo debate a nivel mundial desde hace muchas décadas, porque en todos los países se trató de establecer cuál era la edad en la que una persona puede asumir responsabilidad sobre sus actos. En el código español de 1822, la edad de responsabilidad penal era de a partir de siete años. Luego con estudios psicológicos de la personalidad de los infantes y adolescentes, se ha establecido -casi a nivel mundial- que a los 16 años, una persona puede asumir responsabilidad sobre sus actos y acomodar su conducta a los preceptos del Código Penal. A esto se debe que en Bolivia la responsabilidad penal comience a los 16 años, aun cuando es parte del Convenio sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1º señala que Niño es todo ser humano desde que nace hasta los 18 años, pero el mismo artículo dice: “Conforme la legislación del país vigente…”; o sea, no es contradictorio con la Convención que Bolivia establezca la responsabilidad penal a partir de 16 años. En Estados Unidos a los 16 años empieza esa responsabilidad, también en algunos países vecinos de la región. La pena máxima en Bolivia es 30 años; un menor la puede recibir porque la responsabilidad penal comienza a los 16 años. Lo que significa que un menor de esa edad puede recibir la pena máxima, mucho más cuando la pena por asesinato es indivisible: 30 años, lo absuelven o lo condenan. En el caso del secuestro de un bebe se castiga hasta con 20 años de prisión. Bolivia tiene el Código Niña, Niño y Adolescente que fija sanciones para menores de 16 años, un régimen legal especial. Hasta los 12 años hay una inimputabilidad absoluta. Entre 12 y 14 años hay castigo; de 14 a 16 años el castigo es mayor. Si un menor entre 14 y 16 años comete un delito, la máxima pena que puede recibir es de cinco años, pero se le llama medidas socioeducativas, y al sujeto, infractor. Si comete una infracción social entre los 14 y 16 años, la máxima pena que puede recibir para estar en un instituto educativo es cinco años.

Si un menor entre 12 y 14 años comete un delito, la máxima sanción que puede recibir es de tres años, por más grave que sea la acción cometida”. “Podría haber existido tráfico de internas…” Consultado sobre la posibilidad de un tráfico de internas del penal de Obrajes al de Chonchocoro, el Director General de Régimen Penitenciario hace este comentario: “Cuando son detenidos los esposos, la dama va a la cárcel de mujeres y el varón a la de hombres. La ley permite visitas conyugales. Se hace un cronograma y las esposas pueden visitar a sus esposos, por eso algunas internas de Obrajes han sido trasladadas legalmente a Chonchocoro, donde pasan un día con el esposo, y según su comportamiento pueden recibir hasta dos veces al mes ese tipo de autorización. No creo que haya existido el tráfico que me habla. No es posible, lo que sí existe es el traslado de mujeres, compañeras o esposas de los presos que están en Chonchocoro. La Dirección a mi cargo ha tomado una decisión: nosotros autorizábamos este tipo de visitas conyugales, pero por el alto costo que representa darles movilidad para que puedan visitarse entre cónyuges hemos decidido que quien dé la orden sea el juez. Eso ha molestado a los internos, porque antes el trámite no era difícil, ahora deben tramitarlo ante el juez, porque la ley señala que todo lo referente a la ejecución penal está en manos del juez de ejecución. Las visitas conyugales están admitidas por ley y se dan en todas las cárceles de Bolivia”. Y sobre la posibilidad de que jóvenes solteras hayan sido llevadas a Chonchocoro, en un comienzo bajo presión y luego con anuencia de ellas, como lo demostrarían algunas internas de Obrajes que salieron embarazadas, señala: “Es posible, no quiero negar. Es muy posible, pero con aceptación de la interna. Es imposible admitir que una persona sea trasladada 40 kilómetros en contra de su voluntad. Es probable –si es que esto es verdad- que haya sido con anuncia de ellas y como fruto de algún acto de corrupción con el personal de guardia, que haya dado lugar a que algunas de las internas visiten Chanchocoro. No creo que haya sido una especie de secuestro o que las presas hayan sido obligadas a pernoctar en Chanchocoro. Inducidas, puede ser; tampoco me atrevo a negarlo. Puede que en el pasado haya existido este tipo de tráfico, pero no conozco un dato concreto”.

“Ex funcionarios inducían a las internas…” Consultado sobre la misma hipótesis planteada al Director General de Régimen Penitenciario, el estudioso de la problemática carcelaria, Juan Carlos Pinto, dijo: “Hubo casos en gestiones anteriores de altos funcionarios de la Dirección General de Régimen Penitenciario que sacaban a algunas internas del penal de Miraflores, el de máxima seguridad para mujeres, para llevarlas a divertirse”. Relató el caso de un ex director general de esa dependencia que el año 2002 fue descubierto con una interna en una discoteca, y que según las denuncias de entonces otros funcionarios estaban implicados en casos similares. Pinto admite que probablemente algunos ex funcionarios para sacar algún tipo de beneficio directo podrían haber facilitado la salida de chicas de sus penales a centros de reclusión para varones; probablemente, indicó, podrían inclusive haberlas inducido a la prostitución. No descarta la posibilidad de que la corrupción haya tratado de hacer uso de beneficios conseguidos legalmente para la población penal, como las visitas conyugales. “Y aprovechando que algunas internas salían para ver a sus esposos o convivientes en Chonchocoro, podrían haber incluido a otras atendiendo “pedidos” de internos”. 2.1.2. Niños no repatriados Esta historia empezó a escribirse en el 2001, cuando una madre boliviana fue llevada a España para que allá dé a luz. Ella no quiso desprenderse del fruto de su vientre y presentó una denuncia. A partir de ahí empieza a desenredarse la madeja que permitió descubrir una mafia que operaba en Santa Cruz de la Sierra, la cual había hecho posible el viaje de seis niños bolivianos con fines de adopción ilegal. La madre denunciante había alumbrado mellizos en Bilbao. El 28 de septiembre del 2001 la titular del entonces Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia dictó una resolución administrativa mediante la cual resuelve que se inicien las gestiones de repatriación y restitución de los niños y niñas bolivianos que -en ese momento- se encontraban internados en un centro de protección de menores del País Vasco al que llegaron ilegalmente desde Santa Cruz. Días antes dicha funcionaria y la entonces diputada Elisa Zúñiga viajaron a Bilbao para coordinar los trabajos de investigación del tráfico de esos menores tras descubrirse a una red criminal. Los seis menores habían sido adoptados ilegalmente por parejas de esa ciudad, estableciéndose que aquellas que compraron a los menores no podrían posteriormente adoptarlos de manera legal por el delito cometido. Lo que siguió fue un proceso largo y tedioso en el que tuvo una brevísima participación el entonces Presidente Jorge Quiroga, quien los días 29 y 30 de octubre hizo una visita oficial a España. Durante su estada, se hizo un análisis de los aspectos jurídicos para

atender las necesidades sobre materia de adopciones y resaltaron la importancia de resolver por la vía adecuada los casos irregulares de menores bolivianos. Entre los miembros de la red figuraban cuatro ciudadanos españoles, entre ellos una mujer. Esta conducía un hogar de ancianos, buscaba trabajo a las personas que llevaba a España y vendía niños a las parejas que lo requerían; el cabeza de la red, llevaba mujeres embarazadas para que alumbren en territorio español, previamente conseguía un padre biológico al que entregan el niño. Aquel operaba también en Colombia. Diez bolivianos, entre ellos ocho mujeres y un médico de Santa Cruz completan la red. El proceso judicial incluyó a los responsables de dos hogares de Santa Cruz, una de ellas española. La ex diputada y hoy funcionaria del gobierno municipal de La Paz, Elisa Zúñiga, recuerda que al descubrir las redes de tráfico de niños puso en peligro su vida, “pero tenía que realizar mi trabajo y viajamos al País Vasco, donde tuvimos que ser escoltados por la policía que nos acompañó durante toda la estadía en España”. El entonces embajador Manfredo Kempff Suárez se unió al grupo. “Logramos que el caso fuera investigado, movimos el aparato del Estado, Migraciones hacía controles en los aeropuertos; en Argentina y Chile pusieron rigurosos controles migratorios en cada aeropuerto para verificar por qué entraba una menor boliviana, a dónde iba, a qué se iba a dedicar, etc.”, recuerda Zúñiga. Pese a todo el empeño que pusieron en el caso las autoridades bolivianas los niños no fueron repatriados, porque no se ubicaron a sus padres verdaderos, una de las condiciones que puso el gobierno del País Vasco para devolverlos. Los involucrados españoles en este caso todavía siguen en prisión, mientras que los bolivianos purgaron pena de cárcel pero ya fueron dejados en libertad, afirma Zúñiga. La doctora Litzi Ayaviri de Calderón, entonces asesora del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y de Familia, manejó los expedientes de los seis menores traficados desde Santa Cruz, que permitió descubrir en España la red criminal que los llevaba a ese país, con fines de adopción ilegal. Ayaviri de Calderón explica que según nuestras leyes la adopción de niños bolivianos debe realizarse aquí, en el país, ante autoridades competentes, en este caso específico los jueces de la niñez y de la adolescencia. Empero, los seis niños de Santa Cruz, cuyas edades oscilaban entre uno y tres años, salieron de manera irregular. Los niños llevados a España fueron reportados como extraviados y nunca habidos; en otro caso, lo sustrajeron de su madre; mientras ésta atendía a unas personas en el mercado “7 Calles” otra se llevaba a su bebe de ocho meses.

La red fue descubierta por la denuncia de la mujer embarazada que viajó a España especialmente a dar a luz; pero al parecer cuando debía retornar reclamó a su bebe y como no quisieron entregarlo puso la denuncia ante las autoridades. La mujer, boliviana de nacimiento, dio a luz en Bilbao, porque la llevó la mafia de traficantes. Ayaviri de Calderón recuerda que el Viceministerio hizo todas las gestiones para la repatriación de esos niños de España. En Santa Cruz se procesó a un médico relacionado con abogados y autoridades del Registro Civil que habían falsificado la documentación para el viaje irregular. Los niños les fueron arrebatados a los traficantes y a las familias que habían pagado para que les llevaran, y pasaron a un hogar de menores. Este fue un caso emblemático, no se ha vuelto a presentar uno similar en cuanto al número de víctimas… pero el tráfico de niños continúa. Y respecto a la mujer boliviana que dio a luz mellizos en Bilbao, el supuesto padre adujo haber tenido una relación extramatrimonial y que luego de conseguir el perdón de la esposa se llevó a los niños con él. Los mellizos se encuentran protegidos por el artículo 17 del Código Civil español que establece que son españoles todos los nacidos en España y los hijos de padre y madre española. Cuando la defensa legal boliviana solicitó una prueba de ADN al supuesto padre biológico recibió como respuesta que la legislación española no lo consideraba obligatoria, que si el padre quería lo hacía. Por lo tanto, él dijo son mis hijos y el caso concluyó. 2.2. Niños en la cárcel Nota de Redacción.- Estos son los comentarios del Director de Régimen Penitenciario, doctor Tomás Molina, sobre la presencia de 730 niños en las cárceles del país, probablemente un fenómeno único en el mundo, y que, a nuestro juicio, no solo los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que abre interrogantes sobre cómo repercutirá en sus vidas de adulto experiencias tan duras a tan temprana edad. “Como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico donde está involucrada mucha gente, especialmente del campo del Chapare, fueron detenidas familias íntegras: padres, hermanos mayores, tíos y abuelos. Eso dio lugar a que la gente pobre, al no tener dónde dejar a sus hijos, los llevaron a los penales. En las cárceles hay 730 niños viviendo permanentemente, pero esa cifra se triplica durante las vacaciones de invierno y de fin de año, porque los demás hijos de los presos pasan sus vacaciones con ellos.

Una de las cárceles con mayor número de niños es Palmasola (*), en Santa Cruz: 250 de uno y otro sexo; también en San Pedro, en La Paz, se puede ver gran cantidad de niños, compartiendo los mismos ambientes con los demás presos. ¿Cómo es la vida de un niño en un penal? Está todo el día y la noche, va al colegio, como cualquier niño que va de su casa, luego vuelve a la cárcel. ¿Duermen en las celdas…? Claro. Visiten San Pedro para que vean cómo es la vida. Los niños pueden permanecer legalmente hasta los seis años en una cárcel con sus padres, mas en Palmasola y en San Pedro, hay hasta de 12 años. Entonces, el número mencionado (730) aumenta. Podría ser que esa cifra solo sea de menores de seis años. Parecerá extraño que justifique este hecho, pero es el mal menor. Las condiciones de pobreza causan estos dramas. De no admitirse a estos niños en las cárceles para que vivan con sus padres, se quedarían en la calle; serían niños de la calle, serían maltratados por otros menores o por adultos. En la cárcel están protegidos. Estos niños no son maltratos en la cárcel, no son ultrajados, porque hay “códigos”. Así como hay “códigos del silencio”, hay una “ley” no escrita pero que respetan: nadie puede tocar a la mujer ajena ni a un niño. Quien se atreva a agredir a niño o a molestar a una mujer casada pierde la vida. No quiero elogiar esa situación, pero esa es la realidad: cuando uno ve niños en la cárcel se horrorizan porque deben compartir con condenados a largas penas, porque lamentablemente tampoco hay secciones. Si bien la ley dice que en las cárceles los presos deben estar separados en razón a su peligrosidad, a su edad, a su condena, o si son condenados o imputados a su estado de salud, esto no existe en la realidad: todos comparten los mismos ambientes. Y los niños también comparten la vida con esa gente. Hay programas estatales en las cárceles, como el PAN, que les da alimentos y educación inicial; también hay programas de las iglesias católica y evangélica para estos pequeños dentro de la cárcel. ¿De cuándo data la política de que ellos deben ir a la cárcel? De siempre, desde la fundación de la república, solo que se ha incrementado en los años de la lucha contra el tráfico, a fines de los 80. Antes era escasa la presencia de niños en un penal; de repente alguna mujer que cometía un crimen y no tenía donde dejar a su niño, lo llevaba con ella. Pero a partir de 1988, cuando Bolivia aprueba una ley antinarcóticos muy dura, las cárceles se llenan de presos… y de niños”. Quizá la dureza de la vida de estos niños cuyos padres delinquieron y purgan prisión disminuya un poco –si cabe el término- porque la Dirección de Régimen Penitenciario,

que depende del Ministerio de Gobierno, construirá un albergue en la zona sur de La Paz, para que pasen allí el día y en la noche retornen para dormir con sus progenitores.

(*) De Palmasola, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, en entrevista publicada por el diario La Razón en su edición del 19 de septiembre pasado dice: “Palmasola se ha convertido en el centro de principal preocupación y de inseguridad ciudadana en Santa Cruz, porque desde ahí continúan operando bandas de plagio, de robo de vehículos, de extorsión. Ahí, no solamente nuestra visión es cambiar a las personas, hemos hecho varios cambios en estos meses, pero no se resuelve el problema. La infraestructura de Palmasola necesita ser mejorada, además, los bajos sueldos que se disponen infelizmente impiden un adecuado control. Por ejemplo, me decían que una persona para hacer pasar un celular deja otro al guardia. Estamos trabajando en dos direcciones: reclasificando a los internos para mejorar el núcleo de seguridad máxima de Palmasola que lo llaman Chonchocorito; vamos a instalar cámaras, videos, y detectores de metales…” 2.3. Niños en trabajo forzoso No es un trascendido, es un caso real. Su historia no la escriben sus padres ni las autoridades que debieron haber velado por él, sino el mismo niño; y hoy, el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad trabaja para repatriarlo de Mendoza, Argentina, y dar con los autores del tráfico de menores para trabajo forzoso. A comienzos de agosto pasado, la Responsable de Asesoría Legal y Adopciones del citado Viceministerio, doctora Rose Marie Achá, recibió un pedido del Consulado de Bolivia en Mendoza para ayudar a regresar al país a un menor de diez años. El niño, según su relato, fue secuestrado cuando vendía algunos productos en la localidad de Culpina, de donde es natural, ubicada en el departamento de Chuquisaca. Luego, lo llevaron a Mendoza para trabajar en una plantación de flores. Es muy escueta la información que posee la doctora Achá, pero dice que el niño escapó del campo. Él está ahora en un albergue para niños abandonados, en Mendoza. Refiere que vivía en el pueblo de Laramendi, Sumaya, departamento de Chuquisaca. Inicialmente, la petición del consulado boliviano en Mendoza, a través de la Cancillería, fue que les ayuden a repatriar al niño. Pero con mayor información, Achá vio que no se trataba solo de traerlo, sino que hay otros delitos detrás de lo narrado. El menor dio cuenta que también habían secuestrado a su primo, de 13 años, y que ambos fueron llevados al campo de flores. Este último sigue cautivo. Ambos niños, privados de su libertad, eran obligados a trabajar. Achá labora en esta investigación, y paralelamente ve lo concerniente a la repatriación, para lo cual busca, con ayuda de la Defensoría de la Niñez más cercana a Laramendi y del Servicio de Género y Asistencia Social de Sucre, a los padres del menor traficado.

El reto es ubicar en qué lugar del departamento de Chuquisaca está Laramendi, una comunidad pequeña, para dar con los padres o familiares de los niños de 10 y 13 años. Se ignora cuándo hallaron al menor en Mendoza. “Esperamos información del Consulado en Mendoza, pues la que nos alcanzaron es incompleta. Sobre esa base impulsaremos la investigación a través de INTERPOL, que trabaja con nosotros en asuntos de tráfico con fines de explotación laboral, que es lo que parece este caso”. Otros tres casos… Cuando Achá veía este caso, le llegó una información -no confirmada- sobre otros tres menores, también de Sucre, en situación similar en Argentina, que han sido remitidos para su investigación- a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre. Hasta el pasado 8 de Septiembre del 2204 solo disponían de los nombres y edades de dos, que tienen 15 años y que al igual que en el primero caso “se encuentran en condición de orfandad, habiendo sido llevados (a Argentina) a trabajar por súbditos bolivianos quienes los habrían explotado laboralmente”. En este grupo figuraría una niña, aunque la información no ha podido ser confirmada. Achá no descarta que el número de traficados sea mayor. “Hemos pedido información a la Defensoría de Sucre y a otras autoridades; y estamos instando a otras personas para ubicar a los familiares de los tres niños, pero hasta ahora ha resultado infructuoso. La búsqueda continuará, porque al margen de la repatriación que se nos pidió- el delito de tráfico no puede quedar impune”, asegura. Igualmente, han solicitado al embajador de Bolivia en Buenos Aires que inste al gobernador de la provincia de Mendoza acelerar las investigaciones. Achá afirma que hay más casos. “Lo que está confirmado son los tres mencionados, de la niña estamos pidiendo más información. Es un tema complicado y revela la forma de como se maneja el tráfico de menores con fines de trabajo forzoso”. Los representantes del albergue donde están los tres varoncitos, en Mendoza, remitieron un fax a la Cancillería con datos escuetos, donde figuran con errores algunos nombres. En uno dice: Los oficiales de la comisaría Nue - Guillén encontraron al niño; y los funcionarios no saben si se trata de Nueva Guillén o qué localidad. Ahora INTERPOL trabaja para determinar si se trata de casos aislados o de un tráfico de menores organizado con tentáculos en Bolivia y Argentina. Son los primeros casos que conoce el despacho de Rose Marie Achá, aunque otras fuentes gubernamentales admiten que serían muchos. “Estamos empezando a conocer en la práctica cómo es este problema que, en principio, estaría referido solamente al tráfico de menores con fines de explotación laboral”, acota.

2.4. Maltrato físico y psicológico Frente al delicado problema del maltrato físico y psicológico de menores en La Paz, están surgiendo programas orientados a crear conciencia sobre las consecuencias en el desarrollo del futuro ciudadano. Así, la Fundación San Gabriel ha puesto en marcha un proyecto de prevención del maltrato a raíz del elevado número de casos de atención de maltrato en el servicio de pediatría del hospital San Gabriel. Ante la demanda de ese tipo de atención específica, explica la gerente de servicios de la Fundación San Gabriel, Liselotte Barragán, decidimos salir a la comunidad para dar a conocer estos casos y que, al igual que nosotros, tiene que comprometerse a resolver este problema, porque “no podemos estar curando muchas veces casos de maltrato”. Barragán se alió con una institución danesa que trabaja en la atención de niños para ejecutar el proyecto de prevención de maltrato infantil orientado a que la población tome conciencia de que existe ese tipo de maltrato y que esa realidad debe cambiar. El área de trabajo es el distrito III de La Paz. La campaña fue lanzada con tres spot y material impreso, paralelamente están capacitando a los maestros y adolescentes de esa jurisdicción, y han implementado un sistema de atención integral al niño maltratado. La segunda etapa del proyecto apunta a integrar a las instituciones del Estado que trabajan en maltrato infantil. Eso implica constituir una red donde esté SEDEGES, la defensoría, jueces de menores y otros hospitales con servicios de pediatría. Barragán indica que tratarán de sistematizar con las instituciones que formen dicha red instrumentos que permitan facilitar la información sobre el problema y, al mismo tiempo, coordinar entre los entes que trabajan con niños en riesgo. A mediano plazo tiene previsto difundir la experiencia del hospital San Gabriel, un modelo ya validado construido internamente, en diferentes instituciones de La Paz, porque el objetito es involucrarlas en la red para realizar un trabajo conjunto. Barragán dice que hay instancias públicas que la gente ignora. “Saben que hay una defensoría pero ignoran en qué caso acudir a ellas. Por eso realizaremos una campaña de extensión a la comunidad, a través de ferias de fin de semana, a partir del 2005, para que cada institución explique lo que hace en su comunidad”. “Nuestro trabajo será a todos los niveles, incluyendo a los alumnos de las escuelas normales y universidades, donde se forman los futuros maestros, para crear conciencia sobre las consecuencias del maltrato en las personas”, agrega. 2.5. Secuela de la violación Quienes piensen que los casos de violación temprana no repercuten en la vida futura de la víctima están totalmente equivocados; también aquellos que consideren que esos hechos serán olvidados por las niñas o los niños conforme pasen los años y que es preferible no darle a conocer a las autoridades ni a un médico.

Esta es una de las conclusiones a las que ha arribado la gerente de servicios de la Fundación San Gabriel, Liselotte Barragán, tras varios años de trabajo en el hospital del mismo nombre, aunque, afirma, el número de casos tiende a aumentar. Subraya que últimamente estamos viendo en Psicología casos de jóvenes que vienen con problemas de pareja, pero conforme avanza el tratamiento van relatando experiencias traumáticas de su niñez como violaciones. “Las dificultades que enfrentan ahora es una secuela de esos hechos dolorosos”, remarca. “No hemos atendido con frecuencia casos de niñas violadas o tratadas, lo que estamos recibiendo ahora son jóvenes con secuela de violaciones, tanto en el aspecto psicológico como fisiológico”, indica. Relata que hace poco tuvieron una paciente de 16 años que fue internada por una enfermedad de transmisión sexual; ella fue derivada a una interconsulta en Psicología, “donde conocimos que había sido víctima de abuso desde pequeña”. Informa que recientemente tuvo un caso de una niña de apenas tres años que había sido violada por un extraño. “Vino con un cuadro severo y fueron necesarias tres cirugías para reconstruirle sus partes íntimas”.

3. El Chapare y el Chaco, dos casos especiales Bajo este título (y solo para efectos del presente informe) presentamos los casos del Chapare y el Chaco respectivamente, los cuales tienen características propias que nos interesan en la medida en que tienen una importante población de niños, niñas y adolescentes potencialmente víctimas de la trata con fines de explotación. Conocido generalmente como el Chapare, aunque debería llamarse Trópico de Cochabamba, tiene una problemática especial: la producción de coca para fines ilícitos como el narcotráfico y lícitos ancestralmente, como el consumo de la población local y de otros puntos del país, conocido como el acullico. El Chapare, con una extensión de 2 millones 500 mil hectáreas, ha sido escenario de la aplicación de políticas antidrogas desde la década de los 80, para erradicar enormes plantaciones de coca. Entre ellas, los planes de erradicación denominados Dignidad, Trienal, Opción Cero, etc. Su ejecución motivó la presencia de miles de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, que trastocaron la vida de la región. El Chapare está ubicado en el departamento de Cochabamba y lo forman las zonas tropicales de tres provincias: el Chapare, Carrasco y Tiraqué. No es objetivo del informe evaluar esos planes con sus tareas de interdicción y erradicación de cocales, ni aludir a la cantidad de lesiones y muertes como consecuencia de su ejecución, sino la presencia de niñas/niños, adolescentes y mujeres tratadas y explotadas sexualmente o en situación de vulnerabilidad. La población del Trópico de Cochabamba fluctúa entre 250 y 300 mil habitantes diseminados en una extensión de 25.500 kilómetros cuadrados, donde casi todo es selva. El Chapare va llamando la atención de algunos pobladores que organizan pequeñas colonizaciones a partir de la década del 70, pero es a partir de 1986, con la promulgación del decreto 21060, que se convierte en una alternativa de vida para centenares de mineros del altiplano despedidos de sus centros laborales. Fue una decisión dramática para esas personas y sus familiares pues sus necesidades eran tan apremiantes que debían buscar otras posibilidades para subsistir. Y la hallaron en estas tierras inhóspitas, con características diferentes a su zona de origen: el Altiplano, a la que llevaron la organización que tuvieron en las minas.

La política antidrogas data de 1988, con la ley 1008, pero la presencia de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural de la Policía (Umopar) y de las Fuerzas Armadas le dio un contenido contundente. Se habla de numerosos prostíbulos en zonas concurridas, pero si es así preguntamos: ¿cómo será, entonces, la situación en los 25.500 kilómetros de extensión del Chapare? Las Defensorías de la Niñez ve el tema de las menores, pero faltan políticas de reinserción. El 2003 con la iglesia y la policía realizaron batidas en los lenocinios donde detuvieron a unas veinte damas, entre ellas menores de edad, pero no tenían a dónde llevarlas. Este año no se ha realizado ningún operativo similar. Asimismo, quienes conocen la zona consideran probable que haya venta de niños. Un tema que inquieta sobre manera es el alto número de denuncias sobre maltrato familiar, abandono, violación, etc., pues las defensorías reciben entre 200 y 300 casos mensualmente. Con las violaciones ocurre algo singular: cuando se perpetran estos hechos delictivos el padre de la víctima llega a una “transacción” con el violador. ¡Algo inaudito! Por otro lado, no hay una conducta del Ministerio Público de investigar los casos de violación demostrada; otras veces, abandona investigaciones en curso porque, con el correr de los días, tomaba conocimiento del resarcimiento de daños entre el violador y el padre de la víctima. Y ahí quedaba el caso; este tipo de arreglos explica el por qué del gran número de violaciones que quedan impunes. El crecimiento vegetativo del Chapare es alto. Es común ver a chicas de 14 años embarazadas y en otros lugares de la misma región, a los 17. Los programas de difusión del control de la natalidad son limitados, pues no se puede llegar a todas las comunidades por lo extenso del territorio. Por eso hay padres jóvenes de 22 o 23 años de edad con cuatro o cinco hijos. Más de tres lustros después de que el Chapare sigue siendo el centro de las campañas de erradicación de la coca no se vislumbra una salida al problema, porque en opinión de algunos especialistas los programas de desarrollo alternativo no han dado los resultados esperados, pese a la importante ayuda externa, especialmente de Estados Unidos. Consideran que mientras el campesino no participe directamente en dichos programas y no haya intermediarios o instituciones honestas que administren el apoyo económico, difícilmente tendrán éxito. Quizá no les falte razón a quienes advierten sobre la necesidad de contar con intermediarios o instituciones honestas para emprender obras en beneficio de la región, si tenemos en cuenta que una campaña para dotar de alcantarillado, agua potable y saneamiento ambiental, con ayuda de la Unión Europea, ha fracasado. La UE apoya al programa Fortalecimiento Municipal para dotar de agua potable a la zona, mas en Villa Tunari solo ha hecho captación de agua por cañería pero no potable.

Y pese al importante apoyo los pueblos del lugar carecen de servicios públicos básicos; hay alcantarillas que se llenan durante la temporada de lluvias y no sirven. Ha mejorado la infraestructura educativa con apoyo internacional, las escuelas pueden atender a toda la población estudiantil de la región, pero el gobierno no designa a los docentes, habiéndose convertido en “construcciones escolares sin maestros”. En salud la situación es muy delicada. Por ejemplo, para atender a la población de las tres provincias no hay un anestesiólogo ni un hospital de segundo nivel. Si una persona requiere una cirugía mayor, morirá en el camino pues deben trasladarla a centros hospitalarios mayores que están bastante alejados. “Una situación desastrosa en términos de salud”, dice Godofredo Reinicke, médico de profesión. Asimismo, faltan políticas de educación, de mejores posibilidades laborales para que la población mejore sus condiciones de vida. La única presencia del estado son los policías y el ejército, y hace pocos años se han abierto algunos juzgados de instrucción. El Chaco El Chaco está ubicado en los departamentos de Sucre, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. ¿Por qué la relevancia del Chaco? Porque específicamente en Monteagudo, en Chuquisaca, se descubrió hace cinco años la existencia de unas siete mil personas (adultos, adolescentes, niñas y niños) que vivían en estado de servidumbre. Y desde el 2000 Bolivia ha emprendido un largo y tortuoso camino para rescatar de las garras de la esclavitud a esas familias de origen guaraní asentadas en esa región, al sur del país, en un esfuerzo por la llevar la justicia a lugares tan lejanos y mejorar su imagen ante la comunidad internacional. Si habría que buscar un responsable del problema sindicaríamos al Estado dirigido por una clase política miope e insensible. Ciento setenta y nueve años de vida republicana no fueron suficientes para voltear la mirada allende la ubérrima selva y percatarse de una forma de vida inhumana para miles de familias indígenas. Distantes de los grandes centros urbanos y perdidos en el monte, dedicados a la agricultura y a la ganadería en jornadas sin horario, las familias guaraníes estaban sometidas a la voluntad del amo y señor, el hacendado. Éste era dueño de sus propiedades y también de la vida de quienes lo servían.

Muchas páginas de horror quedaron sólo en la memoria de quienes la sufrieron durante décadas que parecían no tener fin, y aún hoy, en el primer quinquenio del Siglo XXI, subsisten algunas relaciones de producción de carácter semi-feudal. El hacendado o patrón tenía la prerrogativa de castigar públicamente al trabajador o a su esposa si lo desobedecían, igualmente sometía a castigos físicos a los hijos menores de aquellos, esclavizaba y violaba a sus hijas; inclusive, las torturaba sentándolas en las brazas de carbón de la leña. Estos castigos y los abusos propios de las épocas más oscuras de nuestra civilización tuvieron la complicidad de representantes políticos (diputados o senadores) de la región, porque se beneficiaban directamente de “una mano de obra familiar gratuita” o porque protegían a los hacendados que incurrían en dichas prácticas. Todo parecería haber estado hecho para perpetuar el régimen de esclavitud de las familias guaraníes: les pagaban remuneraciones ínfimas, les abastecían de bienes y alimentos indispensables a precios excesivamente elevados, provocando una dinámica de endeudamiento que subordinaba al peón y su familia, impidiéndole salir de los límites de la hacienda para buscar trabajo en otros predios. Si el peón moría la deuda la heredaba el hijo o la hija, y podía prolongarse por generaciones. La socióloga Ruth Llanos en un artículo periodístico publicado, en 1994, en Presencia, señala: “En el Chaco los trabajadores de origen guaraní no conocen el dinero como forma de pago por su trabajo, sino que se le paga en especie, alimentos, ropa, bicicleta, etc. La deuda aumenta en mayor proporción que el salario ganado. Para irse deben pagar la deuda. Nazario Chávez heredó la deuda de su hijo. Pero si el fallecido es el padre o la madre, son los hijos los que heredan la obligación contraída por sus progenitores”. Xavier Albó en el libro “La Comunidad Hoy”, publicado en 1990, dice refiriéndose al sistema de deuda permanente: “El patrón afirma siempre que ellos son quienes le están debiendo a él por servicios que los peones han solicitado al necesitar algo. Efectivamente, su mundo se acaba en la casa del patrón, que sustituye al Estado y a toda otra institución. El peón rara vez ve plata. A lo más recibe el bien solicitado, que el patrón contabiliza en dinero. Sobra decir que las cuentas siempre se inflan a favor del patrón. Parte de estos adelantos o anticipos tradicionales es la ropa que reparte el patrón con ocasión del

carnaval. En estos registros patronales al peón se le cobra por cualquier cosa y a cualquier precio. El patrón es el único que afirma tener las cuentas al día”. Aunque la situación ha cambiado apenas en algunos lugares del Chaco todavía muchas comunidades guaraníes permanecen cautivas, sometidas a un salvaje régimen de explotación y a cuestionables normas de sujeción. Conservadoramente se estima en más siete mil el número de personas guaraníes bajo el régimen de esclavitud, pero será difícil conocer la cifra exacta y cuánto más durará el cautiverio. Si, quizá, sea difícil cambiar la situación de los adultos, que a través de generaciones han vivido en la opresión, urge ver el caso de los menores y adolescentes. Dicen que “una golondrina no hace verano” pero no debemos dejar de reconocer el trabajo realizado en 1999 por la Oficina de Derechos Humanos de Monteagudo, que llevó a la justicia a un hacendado, llamado corregidor, por haber violado a cuatro niñas, y haber sometido a una de ellas a tratos inhumanos. Si esa diligencia fue como “una gota de agua en el desierto” es tiempo de que el grupo de poder asentado en la región del Chaco entienda que la Edad Media solo forma parte de los libros, que el régimen feudal de explotación quedó atrás hace siglos, y que debe aceptar que los guaraníes (niñas, niños, adolescentes y adultos) son tan seres humanos como los hacendados o los patrones, sus hijos o sus hijas. Y debe entender que los guaraníes (niñas, niños, adolescentes y adultos) tienen tanto derecho a la tierra como los hacendados o los patrones. Finalmente, la clase política, pese a las fuertes presiones que pueda recibir, debe entender que las familias cautivas tienen que ser liberadas lo más pronto posible, una liberación que pasa por el reconocimiento de sus derechos a ser propietarios de las tierras que trabajan durante décadas como esclavos. Que nunca más -por el bien de Bolivia- se repitan casos como el Chaco, una región donde un Estado débil no ha llegado a asentarse sólidamente.

3.1. Política antidrogas y una de sus secuelas: la explotación sexual Las políticas antiodrogas diseñadas y ejecutadas por diferentes gobiernos de Bolivia con apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, movilizó al Trópico de Cochabamba (más conocido como el Chapare) en su pico más alto a unos siete mil efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, la primera dedicada a la interdicción y el segundo a la erradicación de plantaciones de coca.

La presencia de ese elevado contingente de hombres causó “una revolución sexual” en esa inmensa zona porque, según el representante del Defensor del Pueblo en El Chapare, Godofredo Reinicke, alentó también una gran migración de damas para prestar sus servicios y en muchos casos menores de edad; algunas empujadas por la pobreza de sus hogares y otras, por la necesidad de trabajar. La presencia de menores se dio, además, por la ausencia de instituciones que debían brindarles protección, a excepción de una eventual presencia del organismo Defensa de la Niñez Internacional (DNI). “Se realizaron batidas en los sectores de prostitución, porque en un tramo de unos 30 kilómetros, que es monte y selva, funcionaban alrededor de 20 lenocinios y casas de cita, donde había presencia de menores de edad”, afirma Reinicke. Fue a partir de una resolución de la Defensoría del Pueblo que empezó a vigilarse las cédulas que debían portar esas damas donde debían constar los controles sanitarios que las habilitaban para su trabajo. Anteriormente, esa responsabilidad era de un miembro de la Policía Técnica Judicial que daba las cédulas de autorización a su libre albedrío. Para entender la presencia de los militares en el Trópico de Cochabamba tengamos en cuenta que su población fluctúa entre 250 y 300 mil habitantes dispersos en unos 25.500 kilómetros cuadrados, los cuales integran organizaciones campesinas aglutinadas, a su vez, en 600 sindicatos de productores de coca. Los cocaleros, casi todos pequeños productores, han formado comunidades en los lugares donde viven, manejando entre cinco y 20 hectáreas, como resultado de migraciones y colonizaciones espontáneas; algunas colonizaciones fueron propiciadas por las políticas de decretos, como el 21060, de 1986, que al restringir la capacidad minera obligó el desplazamiento de esa mano de obra libre al Chapare. Allá por la década del 70 las migraciones de campesinos fueron pequeñas pero espontáneas porque sus necesidades eran tan fuertes que debían buscar otros horizontes. Y vieron una posibilidad de tener mejores ingresos en el Chapare: cambiaron de hábitat y entraron a un lugar inhóspito y difícil. Llevaron a su nuevo destino la organización campesina que tenían en los centros mineros. La organización sindical es sólida: existen 600 sindicatos (en algunos momentos llegaron a 900) que forman las centrales de campesinos y estas, seis federaciones. La ausencia del Estado fue suplida por el sindicato cuyo control llegaba inclusive a temas de moral. Había una especie de justicia comunitaria para sancionar a quienes tuvieran una doble moral o relaciones con otras mujeres; los infractores eran castigados, expulsados o recibían un escarmiento público en sus comunidades. En los años 80 el narcotráfico creció bajo la protección de algunos miembros vinculados al gobierno, como el entonces presidente Luis García Meza. Eso cambia, a partir de 1993, cuando se radicaliza la política antidrogas cuyos antecedentes se remontan a 1988, con la promulgación de la ley 1008, que autoriza una

presencia física en términos de gran posicionamiento de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural de la Policía (Umopar) , a cargo de la policía nacional, y la intervención de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares se asentaron en varios sectores del Chapare: construyeron los primeros cuarteles y designaron a los primeros comandos; en la actualidad existen alrededor de seis comandos grandes y 11 campamentos de erradicación. En cada uno de los 11 campamentos de erradicación hay 200 y 300 hombres, lo que genera la presencia de centros de diversión nocturna, donde es difícil dar asistencia y dirección a temas como los derechos de las mujeres que trabajan. Porque eso, también, es consecuencia de la pobreza: migran prostitutas, migran jóvenes, y esta situación rebasa el control del sindicato. Entre los años de 1980 y 1983 la prostitución creció enormemente, era la época del “boom” de la hoja de coca. Había participación directa de la mujer en los negocios; de allí el fenómeno de la trata de blancas porque se relacionaban pagos por droga, por insumos, intercambio por mujeres. Fue una situación desastrosa. Ahora, si bien hay cierta paz en la zona por la presencia de los militares y mayor control de sus efectivos, no deja de tener presencia la prostitución, inclusive infantil. ¿Cómo se da? Debe haber redes internas que lo manejan. Están más vinculadas a la pobreza que al narcotráfico, van y vienen, ven sus condiciones de vida, y por eso entre Villa Tunari (centro turístico del Trópico de Cochabamba) y Achimoré, en un trecho de 30 kilómetros, existen 22 lenocinio. Cada local tiene 10 o 15 mujeres. Mucha gente de origen campesino ingresó a esa actividad y gente que venía de Santa Cruz; también, extranjeras. Entonces se creó, a partir de los municipios, Oficinas de Servicios Legales Integrales, y luego las Defensorías de la Niñez para proteger a los menores. El año 2003 en una batida por lenocinios realizada por la Defensoría de la Niñez, la iglesia y la policía detuvieron a una veintena de mujeres adultas y algunas menores de edad. Entonces hubo un problema: no había un local a dónde llevar a estas jovencitas quienes, paradójicamente, consideraron que se las había perjudicado. La Defensoría del Pueblo ve, por ejemplo, la explotación de los efectivos policiales, que controlan sanidad; por eso dio la resolución que puso punto final a esa fuente de ingreso para esas personas a partir de un aparente control sanitario. A partir de 1992, año en que se da esa resolución, disminuyeron los abusos. Pero como dice el dicho: “hecha la ley, hecha la trampa” esa explotación toma otras características, pues si bien hay controles los policías dan “venias de trabajo” de manera camuflada a esas damas, dificultando la labor de la Defensoría. ¿Hay explotación sexual comercial de menores? Reinicke dice: “En el sector, probablemente en mínima proporción, aunque es difícil de captar. Lo que hay es intermediarios relacionados con la policía que manejan a jovencitas menores de edad”.

Asimismo, es difícil por las características somáticas de las personas determinar su edad, pues en varias zonas del país carecen de identificación. No tienen carné de identidad, no hay un riguroso control de identidad y no podríamos saber la edad exacta de una persona. Puede decir 21 años, 18 o 16, y no nos damos cuenta si es correcto o no por las diferencias del desarrollo de la gente del Oriente respecto a la del altiplano. Somáticamente hay diferencias: las mujeres del Oriente, de Santa Cruz, son altas, de contextura regular, y probablemente han atravesado situaciones difíciles y ya no están tan competitivas fisonómicamente en relación a otras. Y van a lugares más necesitados de sus servicios, como aquellos donde hay soldados, policías, etc. 3.1.1. Violaciones… y arreglo La pobreza tiene varios rostros para paliar el hambre. Conocíamos de casos en países subdesarrollados de abandono de menores porque sus padres no pueden mantenerlos, así como de regalo o venta por unas pocas monedas, pero no que las violaciones de niñas pudieran dar lugar a un resarcimiento económico para “arreglar” el delito. Esto ocurre en varios lugares de la región del Chapare, según narró el representante del Defensor del Pueblo, Godofredo Reinicke, quien afirma que generalmente cuando ocurren violaciones a niñas la vía de “solución” es una transacción inmediata. Atribuye ese comportamiento de los padres de familia frente a un delito flagrante a la falta de conciencia del mismo, a la baja autoestima, a la ausencia de una formación moral y ética, al desconocimiento de sus derechos y de las leyes, a la condición de iletrado, a que ignora que existe una autoridad, y finalmente a considerar que su hija es su propiedad y él puede decidir qué hace… El hombre del campo tiene muchos limitantes en este tema, y por eso apela a una “solución” rápida: el resarcimiento económico. “Él razona de este modo: El problema ha ocurrido, ya pasó, y si me dan un mil o dos mil bolivianos (unos 125 o 250 dólares) es un buen arreglo, y se siente compensado”, dice el funcionario. Para nada cuenta la opinión de la víctima; el dinero tampoco es para ella. La madre no opina o asiente lo decidido por el marido. Otros cuadros preocupantes ocurren en los colegios donde, según Reinicke, hay muchos casos de acoso sexual por parte de los maestros, donde ha habido la intencionalidad en tener algún contacto sexual con las niñas. Subraya que el padre de familia confía mucho en el maestro. “A veces los mismos progenitores empujan a los maestros a que se comporten como lo que ellos no quisieran hacerlo; por ejemplo, castigarlos. Eso les da potestad a los maestros de tener ingerencia e inclusive de castigar a las menores. Y el castigo va camuflado de repente en las características personales del docente que puede derivar en un atentado sexual”. El abandono es otro punto que debe tomarse en consideración. Mencionó casos de señoras que por no poder mantener a sus menores hijos trataron de abandonarlos;

además, en la zona no hay centros de protección, exceptuando uno abierto con ayuda de Italia, con capacidad para 35 niños. Algunas madres abandonan a sus niños y niñas en ese local, pero el vínculo familiar es tan grande que a veces vuelven para recuperarlo. Reinicke no descarta que haya venta de estos menores. “Es probable que ocurra, y por eso estamos empezando un estudio sobre violencia familiar con un grupo de abogados que permitirá recoger información para sacar a la luz muchos problemas”. 3.1.2. El destino del primogénito Los primogénitos de los hogares del Trópico Amazónico de Cochabamba, más conocido como el Chapare, no tienen la suerte de sus hermanos menores; porque, ancestralmente, mientras aquél ingresa a temprana edad al trabajo, el segundo, el tercero, el cuarto, etc., tienen más posibilidades de acceder, por ejemplo, a la escuela. Esta es una de las paradojas de la vida en el campo que puede analizarse desde dos perspectivas: primero, su utilización como fuerza laboral se sustenta en que él tiene características nutricionales mucho mejores por la fortaleza natural de la juventud de sus progenitores, son más jóvenes y fuertes; segundo, refleja una práctica antigua de marcado egoísmo de éstos al considerar al primer hijo para las tareas agrícolas. Este niño por la necesidad de mano de obra de su hogar verá difícil su posibilidad de ir a la escuela pese a que su nutrición es mejor; no así, el segundo, el tercero o el cuarto hijos de la pareja que tendrán facilitado el camino para asistir a las labores escolares pero, irónicamente, sus condiciones nutricionales no son iguales que las del primero. Esta discriminación, que revela la decisión de los padres sobre el destino de su prole, está vinculada (y es aceptada con normalidad) a las necesidades del jefe de la familia, cuyo raciocinio podría ser el siguiente: “Tú te quedas porque vas a trabajar, y tus hermanos menores irán a la escuela”. Así, las oportunidades de educación para los primogénitos se va limitando por el tiempo y el esfuerzo físico dedicados a las faenas del campo y su imposibilidad ulterior de habituar su mente al estudio, convirtiéndose, con el pasar de los años, en el campesino que repetirá el ciclo del autor de sus días, cuando forme su hogar. El representante del Defensor del Pueblo en el Chapare, doctor Godofredo Reinicke, afirma que en la región cocalera viven unas 40 mil familias (una cifra promedio aceptada por los cocaleros y como dato estadístico por el gobierno), cuyos hijos (preferentemente los primeros) participan en el cultivo y la cosecha de la hoja de coca. Partiendo de esa cifra se podría afirmar que en el Chapare unos 40 mil niños estarían en situación de trabajo forzoso en los cocales (si hablamos sólo de los primogénitos), pero allí laboran también otros menores de seis a 14 años, que acompañan a sus madres; y mientras éstas realizan el trabajo pesado, cocinan y alimentan a la familia, ellos ayudan. El promedio de hijos de una familia cocalera es entre 4 y 5.

“Bajo esta premisa no se incurriría en error si decimos que la cifra inicial de 40 mil niños en situación de trabajo forzoso podría elevarse a 80 mil o más de 120 mil, tomando en cuenta que hay niños trabajando entre 6, 14 o 15 años. Pero no podemos determinar exactamente ese número; por lo además, hay un crecimiento vegetativo continuo por la falta de control de la natalidad”, dice Reinicke. Son niños que alternan el campo con las labores escolares, pero los que pierden son los primeros hijos; no obstante, si mejora la situación del hogar podría ir al colegio, por eso hay niños de 11 o 12 años ingresando con mucho retraso a primero grado de primaria. 3.1.3. El cultivo de la coca y el juego de cifras ¿Cuántas hectáreas de cultivo de coca existen en la región del Chapare? Esa es la pregunta que más de una persona en Bolivia y en la comunidad internacional quisiera saber, pero difícilmente un interlocutor serio podría responder. “Hay datos estadísticos diversos: El año 2001 el Presidente Hugo Banzer fue a erradicar la última planta de coca en el Chapare según su plan Dignidad. Mientras él iba al cuartel de Chimoré, en la carretera, en un tramo de dos kilómetros, habían tendidas hojas de coca cosechadas para explicarle, a través del sindicato, que no era cierto”, relata el representante del Defensor del Pueblo en esa región, Godofredo Reinicke, “Estuve presente en esa ocasión. Fue un volumen importante de hojas de coca tendidas en ese largo tramo de la vía. Y no pusieron más porque era demasiado”, recuerda hoy Reinicke, quien labora en esa región más de una década. Ese año el gobierno después de la presentación que vio la prensa dijo: “No son cero hectáreas sino 600, todavía hay coca en el Chapare. Poco después, el ministro de Gobierno aclaró que hubo una equivocación del satélite pues eran 6.000 Has”. Los campesinos -en ese momento- hablaban de más de 20 mil Has. Reinicke afirma que, a raíz de las próximas elecciones municipales, hay cierto grado de elasticidad en la política antidrogas en los sectores de cultivo más conocidos al punto que no hay ningún tipo de control. “Ahora se seca la coca en la carretera. Así, es difícil saber la cifra exacta de hectáreas de cultivo de coca, pues se podría decir que hay 10 mil, 20 mil o 30 mil hectáreas. Además, hay una nueva característica en las plantaciones de coca: no son regulares, están dispersas y camufladas en el monte”, subraya. El representante del Defensor del Pueblo en el Chapare dice que los grupos cocaleros buscan una institución independiente para determinar cuáles son las necesidades reales de coca en el país en sus diferentes estratos sociales, para sus costumbres, como el acullico (chacchado). Asegura que se vende hojas coca a las poblaciones asentadas en el norte de Argentina, porque allá también se mastica la hoja de coca.

Reinicke sostiene que este año hay erradicación en proporciones mesuradas, con un perfil bajo o un sobredimensionamiento de los efectivos militares y policiales que tienen a su cargo esa tarea. Podrían erradicar 50 plantas en el monte pero dicen: hemos erradicado 50 hectáreas, lo cual tendría un componente de presentar un grado de efectividad en el trabajo encomendado. ¿Erradican realmente esa cantidad? Reinicke contesta: “Ellos ponen un volumen de 30 hectáreas por día y los informes oficiales dan cuenta de ese promedio desde hace cuatro años. Si tomaríamos esa cifra (30 hectáreas por día) tendríamos un promedio de 900 hectáreas al mes y 10 mil hectáreas al año, según reportes oficiales. Si ello es así, en cuatro años habrían erradicado unas 40 mil hectáreas. En la época del Presidente Hugo Banzer, cuando hubo una erradicación contundente, casi se alcanzó lo que supuestamente decían sus datos. Pero no controló el contexto social, porque la política antidrogas tumbó a su gobierno. En consecuencia, decir hay tantas hectáreas de cocales es difícil”. Sin embargo, una información difundida el miércoles 6 de octubre por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica: “En la región del Chapare hay 7.300 hectáreas de coca, en los Yungas de La Paz 16.200 hectáreas y 50 en Apolo (La Paz), lo que hace un total a nivel nacional de 23.600 hectáreas”. Una semana después, el diario La Razón estuvo presente en un operativo en la zona de Chuspirancho (en pleno Isiboro Sécure), a 60 kilómetros de Chimoré, distante 191 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, donde la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) destruyó tres fábricas de pasta base de cocaína con sus pozas de maceración. “En lo que va del año, sólo en el Isoboro encontramos y destruimos 76 fábricas y 90 pozas de maceración. La zona se ha convertido en un lugar de cultivo y de fabricación” aseguró el comandante del Umopar, coronel José Cruz al matutino que publica sus declaraciones el martes 12 de octubre. “Además, en todo el Chapare, las fuerzas de interdicción destruyeron 1.400 fábricas y 1.929 pozas, deteniendo a 345 personas, incautando 850 kilos de droga y 15 toneladas de precursores (principalmente cal, ácido sulfúrico y bicarbonato”, subraya el diario. Y el 13 de octubre, La Razón en su nota editorial califica como “un tema delicado” la autorización del gobierno para “legalizar” 3.200 hectáreas de coca destinadas a su explotación por familias cocaleras en el trópico cochabambino, advirtiendo que si se cede en el aprovechamiento de ese número de hectáreas o su equivalente en “catos”, se “podría convertirse fácilmente en 5.000 u 8.000 hectáreas o más, que serían imposibles de controlar, ni por los erradicadores ni por la misma tecnología satelital norteamericana que, además, no siempre suele ser certera”.

Ante este panorama era inminente el pronunciamiento del gobierno norteamericano que se dio a conocer el jueves 14 de octubre, a través de su embajador David Greenlee. El diplomático expresó su preocupación por la pausa en la erradicación de la coca en el Chapare, acordada a principios de octubre entre el gobierno y los cocaleros. “A nuestro parecer (…) la coca del Chapare es (…) destinada a la producción de cocaína. La cocaína destroza familias, socava gobiernos, instituciones y siembra la muerte, entonces cualquier zona de excepción es preocupante, pero tenemos entendido que no es una excepción a la ley, es una excepción a la erradicación durante un año”, dijo Greenlee al hacer votos para que la erradicación no se interrumpa en el resto del Chapare, como reseña La Razón. Esta fue, pues, la posición de Estados Unidos frente a dos acuerdos entre el Presidente Carlos Mesa y el diputado cocalero Evo Morales; el primero, el 29 de septiembre, de una pausa de cuatro días en la erradicación de cocales en el Chapare, y el segundo, el 3 de octubre, de no erradicar 3.200 hectáreas de coca, ubicada en el área del conflicto por un año, tiempo que durará realizar el estudio del mercado de la coca. Esta extensión de plantaciones debe ser distribuida entre los 23.000 afiliados a las seis federaciones de productores del trópico cochabambino. Así, el Chapare sigue siendo un punto gravitante en la vida nacional y el epicentro de probables movimientos que podrían generar inestabilidad política que, a su vez, agudizarán aún más los problemas socioeconómicos de Bolivia. 3.1.4. Cultivos alternativos Son 17 años que en el Chapare se ejecutan programas de desarrollo alternativo con el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica que, por un lado, busca mejorar los niveles de vida de las familias campesinas; y por otro, lucha contra el narcotráfico, lo que lleva consigo la erradicación de la coca, fuente de vida para miles de campesinos. El representante del Defensor del Pueblo en esa región, Godofredo Reinicke, opina que mientras no exista participación directa del campesino en dichos programas y no haya intermediarios o instituciones dedicados a administrar el apoyo económico, van a fracasar como, en su opinión, ocurre desde hace que empezó a ejecutarse. Los programas de desarrollo alternativo comprenden 177 mil hectáreas de un total de dos millones 500 mil que tiene el Trópico de Cochabamba (menos de 4 % del territorio) en más de tres lustro. Ese dato oficial incluye cultivos preexistentes de banano. Reinicke destaca que ahora haya una nueva política, un nuevo plan, para impulsar un desarrollo alternativo integral, pero el campesino no confía por la experiencia pasada. Hubo experiencias con varios productos, incluyendo cítricos como el maracuyá, que no dieron los resultados previstos por falta de mercado y no generalizar los aportes a todos los interesados, por favorecer a quienes están -dentro de las preferencias en temas de asociaciones- empeñados en romper la estructura sindical.

El 80 % del aporte económico va al fortalecimiento militar, no al desarrollo alternativo. El resto se destina a estos programas y al pago de consultorías, de gente capacitada probablemente, pero no en propiciar la participación directa del campesino. Diez años después de trabajar en esa zona, Rienicke sintetiza así los lineamientos de una política de desarrollo alternativo: * Canalizar cualquier aporte a través de un consenso, de la participación campesina y de los municipios que tienen una hegemonía total de los cocaleros del sector. * Buscar mecanismos para llegar a una producción industrializada del sector y mercados que puedan ser competitivos a nivel nacional e internacional. * Mejorar la situación implica que la administración económica sea resultado del planeamiento conjunto de las necesidades reales que tienen los campesinos y borrar el estigma del campesino cocalero como narcotraficante. * Elaborar y difundir política de comercialización con participación directa de los actores. El Chapare está integrado a las ciudades más importantes por la carretera troncal que la comunica con Santa Cruz y Cochabamba. Reinicke relata una experiencia que pide no se repita: En plena ejecución del programa de desarrollo alternativo se produjo el “boom” del palmito, promocionado por la agencia de cooperación norteamericana USAID. Ahora hay varias envasadoras y procesadoras de palmito, una de ellas ( por lo menos) es de un ex director del programa. El entonces funcionario público y director de los programas de desarrollo alternativo de la zona, dirigidos a los campesinos, se benefició con parte de la propiedad de una industria que debería ser administrada por los campesinos. Hoy el ex funcionario tiene unas 300 hectáreas de palmito, mientras que los campesinos apenas una hectárea. En la mejor época del palmito, por el cogollo del fruto pagaban 0.40 centavos de dólar, lo cual generó un justificado entusiasmo; dos años después bajó a 0.10 centavos de dólar. El campesino perdió interés y dejó de cultivarlo. Quedaron los empresarios que venden el palmito a sus mismas envasadoras para luego exportarlas y un grupo de 200 asociaciones pequeñas que tienen con la Cooperación Española una planta de industrialización para exportación. El ex funcionario y hoy próspero empresario tuvo en su planta de producción problemas laborales con 24 personas que lo denunciaron por explotación. Éstos trabajaban a destajo: cada grupo debía procesar 25 mil cogollos de palmito al día, si no llegaban a esa cifra no les pagaban, y debían cumplir al día siguiente.

“Era un sistema de explotación terrible, porque solo personas jóvenes fuertes realizan el trabajo. Dos de los denunciantes siguen sus reclamos, los otros desistieron por presión”, acota Reinicke. 3.2. El Chaco, dueños de tierras… y vidas En enero del año 1999 se abrió una Oficina de Derechos Humanos en la localidad de Monteagudo, en el Chapare. Seis meses después empezó a descorrerse el telón de uno de los dramas más sórdidos: las denuncias sobre niñas y niños guaraníes que eran esclavizados, que sufrían maltratos físicos, que eran violadas por los dueños de las haciendas y como si ello fuera poco, sometidas a castigos inhumanos. Ante esta situación, recuerda la Coordinadora Nacional del Proyecto Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Viceministerio de Justicia, doctora Miriam Campos, solicitamos ayuda a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y al PNUD, para elaborar una estrategia a fin de encarar la problemática de la zona y delinear un plan de acción, “pues tuve la convicción de que no eran hechos aislados, sino frecuentes”. Se organizó una comisión que viajó a Monteagudo y Huacareta; entre los miembros del grupo estuvieron el viceministro de Derechos Humanos, Edgard Moreno, la doctora Miriam Campos y un equipo de asesores. En noviembre de ese año el grupo de trabajo llegó a la comunidad de Cachimayu donde vio el caso de un corregidor que sometía a una niña de 13 o 14 años a tratos inhumanos, como sentarla en brazas de leña. El caso fue presentado a la justicia ordinaria. “Comprobamos que no había presencia del Estado y por lo tanto, el hacendado era dueño y señor no solo de las cosas de su predio sino que se creía con derechos sobre la vida de las personas que trabajaban para él. Constatamos la situación de servidumbre a la que eran sometidos muchos trabajadores guaraníes”, enfatiza. Las haciendas agrícolas y ganaderas y sus correspondientes comunidades cautivas, se localizan en el departamento de Santa Cruz (provincia de Cordillera), departamento de Tarija (provincias de Gran Chaco y O Connor) y en el departamento de Chuquisaca (provincias de Hernando de Siles y Luis Calvo). Pero el área más donde al parecer se cometían más abusos eran las provincias Hernando de Siles y Luis Calvo, como lo confirma la doctora Campos. “En el Chaco chuquisaqueño había mayor vulneración de los derechos humanos. Elevamos la denuncia y tuvo repercusiones en las esferas políticas; mucha gente decía que cómo era posible que dijéramos que hay esclavitud estando en el siglo XX. Pero lo habíamos verificado y de ello dio fe el viceministro Moreno”, expresa. Recuerda que el hacendado, también llamado corregidor, fue llevado a la ciudad de Sucre, donde la justicia ordinaria le impuso una sentencia severa. Fue una situación dramática, porque él no quería salir de su vivienda y tuvieron que amarrarlo para llevarlo ante las autoridades judiciales.

La comisión se sintió conforme porque se juzgó al delincuente quien recibió sentencia por abusos contra cuatro niñas, aunque la primera información aludía a una menor. Eso constituyó un ejemplo para la gente del lugar. A partir de aquel caso, Derechos Humanos tiene presencia en la zona, hace un seguimiento de las tareas emprendidas y realiza un trabajo sistemático, pero no ha vuelto a recibir denuncias de la magnitud de los delitos sancionados. La comisión elaboró un informe con varias recomendaciones: entre ellas, una sobre dónde instalar las representaciones del Estado. De 1999 a la fecha ha cambiado algunas cosas aunque lentamente; incluso desde la perspectiva de los pobladores, que antes carecían de valor para quejarse, denunciar o salir de la hacienda donde vivían en una situación de imposición permanente. A ello ha coadyuvado también el proceso de saneamiento de la tierra, al saber que pueden ser propietarios, que tienen tanto derecho como el patrón a poseer sus predios. Empero, anota Campos, continúan los abusos de los patrones a las hijas de los guaraníes mas no en la magnitud de años pasados. Hay abusos, quizá no las golpean ni las esclavizan porque tienen temor, ya que el caso del corregidor repercutió en la zona. Explica que ahora reciben denuncias de abusos por el tema de las tierras cuando, por ejemplo, es inminente el ingreso del proceso de saneamiento. La ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria dice que si encuentran familias guaraníes viviendo en la zona donde van a sanear, deben considerarlas como poseedoras. ¿Y cómo actúan los hacendados para burlar la ley? Hostigan a esas familias para hacerlas huir o las sacan a la fuerza en camiones para que cuando llegue el INRA no estén ocupando los terrenos. “Ese tipo de abusos es corriente”, puntualiza Campos. Otro tipo de abuso -quizá más perverso- es no permitir que los niños vayan a la escuela. ¿Cómo? En una comunidad cautiva en el sector de Alto Parapetí, los hacendados destruyeron la escuela a la que asistían niños guaraníes. La letrada desconoce el número de menores que quedó sin aulas, pero afirma que quienes cometieron el delito adujeron que nunca hubo una escuela; sin embargo, las investigaciones revelaron que los hacendados recurrieron a ese ardid para decir al INRA que en esa jurisdicción no vivían guaraníes y quedarse con sus tierras. “Esta es una forma de violación de derechos, porque si un niño no va a la escuela, sus posibilidades de tener mejores opciones de vida son mínimas; y lo lamentable es que continúan este tipo de abusos”, añade. Subraya que hoy a diferencia de 1999 existe “una mínima presencia estatal” en Monteagudo, como la Oficina de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia; el representante del Defensor del Pueblo; los Servicios Legales Integrales, la Fiscalía, etc.

Ahora, indica, se está dando énfasis al tema de las comunidades cautivas a fin de lograr su liberación, pero ello será factible si les reconocen la propiedad de los terrenos que labran; no obstante, esa solución no se otea en el horizonte porque aún no empieza el proceso de saneamiento de la propiedad de la tierra que es complejo y difícil. Hace hincapié en que la ley establece que si los propietarios cumplen una función económica y social pueden consolidar su derecho de propietarios. Los hacendados que ocupan la tierra tienen vacas y la ley les asegura cinco hectáreas por cada cabeza de ganado. “Eso demuestra que un animal tiene más derecho que un ser humano, pues muchas familias guaraníes no tienen ni una hectárea de terreno”. Esa ley data de 1952. Entonces, si en este momento empieza el proceso de saneamiento en la zona del Alto Parapetí, consolidaría el derecho de propiedad a los hacendados que pueden justificar que poseen determinado número de cabezas de ganado. En cambio, los guaraníes no tienen ni una cabeza de ganado; lo único que poseen es su fuerza de trabajo y laboran en condiciones realmente inhumanas. Admite que hay posibilidades de modificar la ley de 1952 (la carga animal) pero que los propietarios de esa zona constituyen un sector poderoso económica y políticamente. En 1996 se dio la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria que no modificó la ley de 1952 que, por consiguiente, sigue vigente. El grupo de presión lo integran ganaderos. Se ignora cuán poderosos sean en la realidad, pero constituyen una clase además de política con redes de poder, pues tienen un hijo diputado o senador, lo cual impide corregir esa injusticia. La palabra sobre el proceso de saneamiento de la tierra en el Chaco la tiene el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Hay varias propuestas pero como el tema afecta al mencionado grupo de poder, constituida por ganaderos y terratenientes, ha estado tocándose con pinzas. Además, falta decisión política para solucionar el problema. Campos desestima que la oposición de ese sector se deba al impacto en la economía nacional, porque la ganadería no es rentable y no exportamos leche ni carne. “El tema de tierras es más profundo y lo veo como tener estas propiedades para después venderlas, para traficar con ellas. Se trata de un poder político y económico, que van juntos”, manifiesta Campos. Sobre el informe del estado de esclavitud de las familias guaraníes de 1999, niega haber recibido presiones para no darlo a conocer. “Presentamos un caso a la fiscalía pidiendo que se investigue y así se hizo; se llevó y enjuició al corregidor abusador. De lo contrario, no le habrían juzgado”. Afirma que se hicieron presentaciones en varias instancias del gobierno. “Quizá no tuvo la continuidad debida por el cambio de autoridades, de ministros; y es probable que algunos ministros prefirieron no ahondar en el tema por una decisión política”.

Sostiene que la situación de esclavitud de los guaraníes fue dada a conocer a través de los periódicos. “Nosotros propiciamos ese viaje, fue desde el Estado que se hizo el trabajo, y se realizó un seguimiento porque tenemos una sentencia ejecutoriada”. Cinco años después del suceso dice que no existe el número de comunidades cautivas como en aquel momento, que varias han sido liberadas a raíz de los informes presentados; asimismo, la cooperación española ha comprado tierras, se han formado comunidades libres, pero todavía falta mucho por hacer. Y desde otra orilla, la ex asesora del Ministerio de Trabajo, Rosario Baptista coincide con Campos al puntualizar que el proceso de titulación de tierras a favor de poblaciones indígenas va lento, porque muchísimos intereses lo impiden. El gobierno asumió la decisión de titular tierras en extensiones considerables a poblaciones indígenas que, en estricto rigor, les pertenecen; sin embargo, en de esos territorios hay propiedades dentro de los parámetros de lo que se llama latifundio que, de alguna manera, es permitido en el Oriente. “El porcentaje de distribución de la tierra es espantoso. Es como que 80 por ciento está en manos del 10 o 20 por ciento de la población. Y a la inversa: 10 o 20 por ciento de la tierra está en manos del 80% de la población rural”, afirma Baptista. Finalmente, Campos dio cuenta que recientemente visitó la zona de Yaire, en el Chaco, donde encontraron a varia familias de guaraníes cosechando ají. “Trabajan de ocho a 10 horas diarias; los hombres ganan 15 bolivianos y las mujeres, 7.50; los niños nada”, puntualiza mostrando su disconformidad. 3.2.1. Abuso sexual en las zafras Para Rosario Baptista, ex asesora del Ministerio de Trabajo, la problemática sexual de miles de niñas en la zafra, considerada erróneamente como prostitución, no puede desligarse de la forma de vida de esos trabajadores, que implica anualmente el desplazamiento de unas 15 mil familias a los cañaverales y a los cultivos de castaña. Los sembríos de caña de azúcar se ubican especialmente en los departamentos de Santa Cruz y Tarija; en el primero en los municipios de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno y Chocota (provincia de Andrés Ibáñez); Arnes (provincia del mismo nombre) Portachuelo (provincia de Sara) y Montero, Mineros y General Saavedra (provincia de Santisteban); y en segundo, en el municipio de Bermejo y en la parte sur del municipio de Padcaya, ambos en la provincia de Arce. Baptista es contraria a utilizar el término prostitución refiriéndose a estas menores. “No se trata de explotación sexual, sino de abuso sexual, de violaciones, de unos trabajadores a las hijas de otros, que va ocultándose como un problema específico y este fenómeno continúa como una especie de tolerancia implícita. Nadie denuncia, las mismas mujeres no desean hablar del tema, pues tiene connotaciones graves dado que los niveles de maternidad son cada vez más precoces”, refiere.

Este fenómeno se repite cada año, pues entre los meses de mayo y noviembre, miles de personas dejan sus hogares de origen para trabajar temporalmente en la cosecha de la caña de azúcar en zonas de Santa Cruz y Tarija, señala un estudio titulado “Caña dulce, vida amarga/El trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la zafra de la caña de azúcar” de la Organización Internacional del Trabajo. Como lo indicamos, una parte considerable de esa población que migra temporalmente está formada por niños, niñas y adolescentes que, directa o indirectamente participan de las actividades de la zafra. “En su gran mayoría, deben abandonar la escuela para integrarse a un trabajo que supone duras jornadas (…), en un clima de temperaturas extremas y en un hábitat extraño y peligroso, exponiendo su seguridad y su salud para que los padres reciban ingresos monetarios muy bajos con relación al esfuerzo que realizan”, puntualiza la investigación. La incorporación de niños, niñas y adolescentes al trabajo de la zafra –en Bolivia ocurre desde los nueve años de edad- viola los derechos universalmente reconocidos de este sector de la población: les priva de su infancia, de su potencial y de su dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico y mental. La temporalidad del trabajo y las largas jornadas interfieren en su escolarización privándoles de la oportunidad de ir a la escuela u obligándoles a abandonarla prematuramente. Así ese derecho fundamental, el derecho a la educación, resulta vulnerado. Para la Organización Internacional de Trabajo, añade el estudio, por las condiciones en que se produce la participación de niños, niñas y adolescentes, la zafra de caña de azúcar está considerada una de las peores formas de trabajo infantil. “Según el Convenio 182 de la OIT la expresión “peores formas de trabajo infantil” abarca, entre otros, cualquier trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, que deberá ser determinado por la legislación nacional o la autoridad competente”, puntualiza el citado informe. Las condiciones en las que viven y trabajan los niños, niñas y adolescentes en la zafra de caña de azúcar los convierten en altamente vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y gastrointestinales, y frecuentes accidentes de trabajo. Viven en campamentos precarios con altos niveles de hacinamiento sin acceso a servicios básicos como el agua potable y los sistemas de desechos sólidos; están expuestos por más de 12 horas diarias a las duras condiciones de este tipo de trabajo y a las inclemencias del tiempo: frío intenso en las madrugadas y altas temperaturas durante el día. Su dieta es deficiente en calorías, proteínas y minerales. Los accidentes más frecuentes son los cortes con machete o con las hojas de la caña y son frecuentes las picaduras de víboras u otras alimañas que viven en los cañaverales. “En ese contexto ocurren considerables niveles de explotación y abuso sexual de numerosas niñas”, remarca la ex asesora. Baptista menciona como otro problema serio la presencia de las niñas y adolescentes en la zafra de la castaña, cuyos cultivos están en Riberalta y la zona del Chaco.

Ignora el porcentaje de jovencitas que alumbran a temprana edad, pero localiza el fenómeno en el Oriente, sobre todo en la frontera con Brasil; específicamente en Trinidad, Cobija y Riberalta, donde es “normal, incluso socialmente admitido”, que una niña a los 13 años empiece a tener hijos. “Hay familias que tienden a casar a sus hijas a esa edad, empiezan a buscarles marido; luego las menores dejan la escuela, sus hogares”, dice. Se trata, pues, de explotación, no para prostitución propiamente dicha, donde hay un pago de por medio, sino de abuso que se va consolidando con el tiempo. “Entre el inicio y al final de la zafra el nivel de explotación se va incrementando y manteniendo como unas prácticas habituales de las que todos se hacen de la vista gorda. Y al final de la zafra hay cantidad de niñas embarazadas”, apunta tras reclamar una acción decidida por parte del Estado para hallar algún tipo de solución.

3.2.2. Comunidades guaraníes sin compasión En momentos en que el mundo asocia un tema como el de la esclavitud a la Edad Media o a fines del Siglo XIX, y los estudiosos acuden a tratados para indagar sobre ello, en el Chaco, una región al sur de Bolivia, viven comunidades nativas, de habla guaraní, soportando un infernal sistema de servidumbre vigente a través de su historia. Un resumen del estudio titulado “El Régimen de Servidumbre en las Comunidades Cautivas Guaraníes y Haciendas del Chaco Boliviano” alerta que el trabajo forzoso viene reproduciéndose de manera alarmante en la región del Chaco. “El fenómeno ocurre al interior de determinadas haciendas agrícolas y/o ganaderas (…) siendo la población indígena guaraní, el sector fundamentalmente afectado por una forma de servidumbre que sorprendentemente se asemeja (…) a ciertas relaciones de producción de carácter semi-feudal, que existían en Bolivia hasta la reforma agraria de los años cincuenta, y se suponían desaparecidas en toda la región andina”, señala. Resume el caso del trabajo no libre en el Chaco como un sistema donde los trabajadores indígenas guaraníes laboran “bajo un régimen servil y donde algunas comunidades se hallan cautivas en (…) haciendas de propiedad de caciques regionales, que utilizan medios extremadamente violentos y perversos para el sometimiento de los comunitarios o trabajadores guaraníes. En las haciendas se pagan remuneraciones ínfimas que obligan al trabajador y a su familia a recurrir al patrón para abastecerse de bienes y alimentos imprescindibles, a precios excesivamente alzados”. Esa situación, indica, provoca una dinámica de endeudamiento que subordina al trabajador y le impide salir fuera de los límites de la hacienda para buscar trabajo. “Mientras se mantiene la deuda, el trabajador pierde la libertad y no puede articularse al mercado laboral. Algunas deudas implican que durante años el trabajador no acceda al dinero e inclusive que a la muerte del padre los hijos hereden dicha deuda”, dice el estudio realizado por Eduardo Bedoya Garland y Álvaro Bedoya Silva S.

Los autores aluden a un estudio de 1999, del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, el cual determina que las deudas involucraban o sometían a un 63 por ciento de trabajadores guaraníes en cautiverio (Vargas 2003:39). En otras situaciones, si el trabajador o su esposa no obedecen al patrón se arriesgan a recibir una golpiza. A través de los referidos métodos, el hacendado obtiene costos laborales bajísimos, cercanos a cero, y una mano de obra familiar gratuita. “El caso del Chaco es el más perverso y dramático de trabajo forzoso en la región andina”, puntualiza el estudio elaborado para la Organización Internacional del Trabajo. El drama del Chaco, una de las páginas más negras de violación de los Derechos Humanos, saltó a la luz por una investigación del Viceministerio de Justicia realizada en 1999, y el año 2001 la OIT hizo otro estudio. El primero fue considerado “secreto”, “En el Chaco continúa asentado un régimen realmente servil, donde los dueños de las tierras explotan directamente a los comuneros, manteniendo distintas formas de sujeción a esas personas”, refiere el Viceministro de Trabajo, doctor Rodolfo Eróstegui, añadiendo que “al parecer hay una serie de problemas detectados”. Son comunidades guaraníes prácticamente esclavas. La población bajo este régimen oscilaría entre cinco y siete mil personas, son familias enteras, cuyo único sustento es la tierra. Es un régimen servil; inclusive se habla de que reciben diversos tipos de castigos, como el azote, difícil de comprobar porque es difícil ingresar. Eróstegui recuerda que una de las primeras referencias sobre el citado informe la tuvo cuando, en el 2001, trabajaba en un proyecto de la OIT: “me enteré que el Ministerio de Justicia había hecho un estudio sobre el Chaco, pero no lo hizo público”. Además, ignora si el gobierno de entonces o el ministerio del Ramo lo declararon “reservado”. Pidió, sin éxito, el documento para remitirlo a la OIT. “Cuando en una ocasión hice una exposición sobre los convenios de trabajo forzoso, informé que había un documento (el del Chaco) que no querían entregarlo. Y al llegar al gobierno (actual) volví a solicitarlo al Ministerio de Justicia pero me respondieron que no lo tenían”. Parece que hubo un “archivo secreto” en ese entonces porque, como se especulaba, estaba involucrado un diputado o un senador de la región. “Por consiguiente no puedo decir que haya visto dicho informe, sé por funcionarios del ministerio que existía”, aclara Eróstegui. Bedoya Garland y Bedoya Silva sostienen que el nivel o intensidad del trabajo forzoso de los trabajadores guaraníes en los fundos agrícolas o ganaderos varía según zonas. “Las condiciones de los peones permanentes en las haciendas de mayor tamaño son por lo general más duras en el sudeste de Chuquisaca, en Lagunillas, o al sur de Camiri, y más “tolerables” en la provincia de la Cordillera, en Santa Cruz. La razón de ello es que en esta última provincia, al existir comunidades libres en las cercanías de los fundos, el

patrón hacendado no tiene capacidad de ejercer mayor control sobre los trabajadores, porque si los trata con rigor excesivo, corre el riesgo de que éstos se puedan escapar”. Por el contrario, en Chuquisaca, los trabajadores disponen de menos lugares a donde se podrían fugar. No existen tierras disponibles.

3.2.3. El Chaco del olvido ¿Cómo explicar la situación que vive el Chaco? ¿Cómo entender que todavía hoy un país pueda mostrar a la comunidad internacional cuadros de servidumbre como el que viven miles de las familias guaraníes? Olvido, poca o nula relevancia en el contexto nacional desde el punto de vista político o interés particular en mantenerlo. La ex asesora del Ministerio de Trabajo, Rosario Baptista tiene esta explicación: “No siempre algunos políticos dan atención a estos temas, porque algunos de ellos someten a personas indefensas a esas condiciones de vida”. “El hecho de que se haya ocultado el estudio sobre trabajo forzoso en el Chaco muestra que no solo no era un tema importante para ellos, sino que era de su interés en la medida en que se beneficiaban económicamente de la problemática”, indica. Luego añade: “nada que afecte sus intereses iba ser motivo de una política pública”. Los principales empresarios de la castaña y de la caña de azúcar, agrupados en la Cámara de la Industria y el Comercio de Santa Cruz, son empleadores importantes y tienen fuerza; siempre han estado vinculados a grupos políticos que detentaban el poder. El Viceministro de Trabajo, doctor Rodolfo Eróstegui, admite que el Chaco sigue siendo una de las regiones más olvidadas, muchos poblados alejados carecen de autoridades, de oficinas del Ministerio de Trabajo y de otras dependencias públicas que podrían ver qué ocurre en ese extenso territorio no integrado al resto del país. No obstante, es optimista sobre el futuro de la zona. “La presencia de las compañías petroleras está permitiendo que salgan a luz muchas cosas y eso va a cambiar muchísimo, pues con su permanencia la presencia del Estado se va a reforzar…” Anuncia que está en proceso el nombramiento de las primeras autoridades, recalcando que es el desarrollo el que va a impactar en la región, lo va a transformar, “pero empezaremos por el norte a fin de determinar cómo iremos hacia el sur”. “Hay un abandono por parte del Estado que debemos subsanar”, subraya.

4. Otros factores de vulnerabilidad En un fenómeno tan complejo como la trata de personas mujeres, adolescentes, niñas/niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzado en Bolivia concurren otros factores, además de los mencionados. Precisamente, atendiendo a su naturaleza, hemos creído conveniente incluirlos porque, también, por su naturaleza y magnitud, colocan a decenas de miles de personas inocentes en una situación de vulnerabilidad. Desde nuestra perspectiva, la elevada cantidad de migración interna, cuan éxodo de millares de familias en busca de trabajo, expone especialmente a las niñas, a los niños y a los adolescentes a una serie de peligros; entre ellos, los de ser abusados sexualmente, considerados por algunos estudiosos como uno de los primeros pasos para la trata. El desarraigo de los lugares de origen por nuevos destinos –de condiciones geográficas y climas distintos- lleva aparejada situaciones de inestabilidad en estos hogares, donde la cobertura de las necesidades más apremiantes desembocan en cierto relajo familiar de lo aprovecharán los mercaderes del crimen organizado. Otro factor pernicioso es la gran cantidad de personas indocumentadas. Cifras oficiales lo estiman en unas 800 mil personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos según el censo del 2001, pero podría superar el millón el número de de seres humanos que … existen para sus seres queridos mas no para el Estado, porque su identidad no está oficialmente inscrita en la Dirección General de Registros Públicos. Sea cual fuere la cifra exacta, el 80 por ciento vive en el área rural. Esta particularidad hace a esas personas, especialmente a los 438.180 menores de Cero a 12 años y a los 84.613 de trece a dieciocho años, propensas a correr el riesgo de ser traficadas al menos en el primer grupo, bajo el manto cómplice de adopción ilegal, por unos cuantos bolivianos o algo peor: ser tratadas para fines de explotación sexual. ¿Cómo explicar este problema? ¿Irresponsabilidad, indolencia o indiferencia? Cualquiera de esos adjetivos o la suma de ellos podría graficar el papel del Estado Boliviano al haber ignorado hasta hoy -en vísperas del cumplir el primer lustro del nuevo siglo - a ese gentío que carece de un Certificado de Nacimiento. Como “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, según reza el dicho popular que podría aplicarse a este delicadísimo problema, el elevadísimo número de

niños sin identidad anotada en los Registros Públicos obligó a las autoridades a modificar la Ley de Registro Civil y el Código Niña, Niña y Adolescente, para registrar y entregar gratis los certificados computadorizados, especialmente a los hijos de las familias más pobres. Un factor no menos importante que los anteriores es el elevado número de iletrados. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, 414.099 hombres y 712.639 mujeres no saben leer ni escribir. Difícilmente, salvo opinión en contrario, esta impresionante masa de gente va a defender sus derechos, los más elementales, si lo ignoran. Su situación de iletrados los coloca también como vulnerables ante la presencia alevosa de quienes trafican con la pobreza y la ignorancia del prójimo. 4.1. El largo camino de la migración interna Conseguir el preciado trabajo, aunque sea temporal y míseramente remunerado, obliga a miles de familias a marchar, empujados por el hambre y con la esperanza de un mañana mejor, hacia lo que sueñan como “la tierra prometida”. Se trata de familias provenientes, fundamentalmente, del sector rural de Potosí, Chuquisaca, Oruro, Beni y La Paz, considerados departamentos expulsores. El destino: Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Pando, receptores de migrantes. Como afirma el Secretario Técnico del Consejo de Población, doctor René Pereyra, qué grave ha de ser para las unidades campesinas desgajarse de su medio cultural, religioso, de sobrevivencia y de relaciones sociales, para emprender el largo camino a la subsistencia. “¡Qué tan grave ha de ser la decisión que debe tomar el jefe de familia y después la familia para salir de su lugar de origen!”, puntualiza tras remarcar que la existencia de escenarios geográficos con signos negativos de población “es un indicador de las condiciones de absoluta pobreza y de absoluta precariedad”. “La gente tiene que salir porque es pobre. Y es pobre porque, además, hay rigideces climáticas: heladas, granizadas y fenómenos naturales que no pueden contener ni dominar para su producción. Esa situación de ingobernabilidad natural hace que la producción caiga y los campesinos deban salir”, dice Pereyra. Subraya que cuando, según el censo del 2001, hallamos municipios y departamentos con tasas negativas de receptividad de habitantes, aludimos a condiciones de alta precariedad; es la pobreza y la desigualdad la que genera esta situación. Una hojeada a la historia de Bolivia revela que su población ha radicado básicamente en el Occidente, dedicada a la agricultura de altura y a la minería, pero desde hace algunas décadas vemos un desplazamiento hacia el Oriente, más por la necesidad imperiosa de obtener un empleo que por otras razones.

Pereyra explica que la preocupación por ese desplazamiento poblacional hacia el Oriente llevó a su organismo a desagregar la data censal, a nivel de municipios, a partir de los resultados del censo del 2001, para ver el comportamiento de cada municipio. ¿Qué ha encontrado? ¡Un cuadro calatimoso! Y cita un caso emblemático: todos los municipios de Potosí, a excepción del fronterizo Villazón, son altamente expulsores. Potosí fue durante el virreinato una de las ciudades más importantes de esta parte del continente por su alta producción de plata. La situación de pobreza que vive hoy se debe a dos factores; por un lado, la superexplotación del recurso, y por otro, la crisis de la minería. En contraposición a esa dura realidad, destaca al departamento de Santa Cruz, la región de los llanos, por su condición receptora; o sea, sus municipios acogen poblaciones. Bolivia tiene 314 municipios. De ese total, 217 son expulsores de pobladores; o sea, el 69 % de municipios del país expulsan a sus habitantes. Veamos los porcentajes por departamentos: El 95 % de municipios de Potosí expulsan gentes; igualmente, el 93% de municipios de Chuquisaca, el departamento más rural del país; el 87% de municipios de La Paz, y el 74% de municipios de Oruro. Desde otra ventana podemos hacer esta lectura: De los 314 municipios, apenas 97 son receptores. El censo del 2001 no trae datos como la migración de origen rural y destino urbano, pero el fenómeno existe como un proceso. Tiene información sobre la migración interna que se maneja del nivel general a lo particular, las migraciones entre las regiones ecológicas. Además, información de la migración por regiones, departamentos, provincias y por secciones municipales. Bolivia tiene tres grandes regiones: La región altiplánica, la región de los Valles y la región de los Llanos. Pando es uno de los departamentos que está jugando un rol atractivo para la migración: el 93 % de sus municipios acogen gentes. Le siguen Santa Cruz, 64 %; y Tarija. El futuro de Tarija se ve promisorio, porque tiene enormes campos de gas; y Cochabamba. Potosí tiene 38 municipios y solo 2 son receptores. Chuquisaca tiene 28 municipios y 2 son receptores; La Paz tiene 75: 65 son negativos y 10 positivos. Santa Cruz tiene 50 municipios: 32 acogen y 18 expulsan. El municipio Comanche, ubicado en el departamento de La Paz, es una fotografía de los efectos de la migración. Su tasa de expulsión llega al 23.14 por ciento de su población. Ahora solo quedan niños, niñas y ancianos, ha habido un recorte muy significativo de su población económicamente activa; la actual es improductiva.

Este saldo es a consecuencia de la migración de su población, una migración fuertemente joven, varones fundamentalmente educados. Comanche tiene una población exigua: 3,800 personas. Hoy no tiene una población significativa en edad de trabajar, por eso es fuertemente dependiente, bajo las espaldas de una exigua PEA. Pero esto va a cambiar, es la perspectiva y será muy buena a futuro. 4.1.1. Tipos de migración ¿Hay tipos de migración? Pereyra da una respuesta afirmativa, indicando que en Bolivia hay dos tipos de movimientos migratorios: El movimiento migratorio de toda la vida y el movimiento migratorio reciente. Es migración de toda la vida (o migración absoluta) cuando una persona empadronada no tiene el mismo lugar de empadronamiento que el de nacimiento. Si el lugar de nacimiento difiere del lugar de empadronamiento es un migrante; un migrante de toda la vida o un migrante absoluto. Este indicador mide en forma acumulada la migración. La migración histórica da una idea de cuánto es la población que cambió de lugar de nacimiento y está en otro lugar. El libro “Migración Interna – Estudios de los Movimientos Poblacionales en Bolivia” dice: “Según información del censo de 1976, cerca del 20 por ciento de la población vivía en un departamento distinto al de su nacimiento. Con el censo de 1992, la migración interdepartamental de toda la vida se estimó en 28 por ciento, y finalamente, según la Encuesta Continua de Hogares – Programa MECOVI de 2000, se incrementó a 34.7 por ciento aproximadamente. Es decir, la migración se hace más intensa con el correr del tiempo”. “Asimismo, con esta última fuente de información, se pudo conocer que un 37.6 por ciento de la población que reside habitualmente en el área urbana nació en otro lugar y un 29.6 por ciento con residencial habitual en el campo, nació en un lugar diferente a éste. Eso significa que las áreas urbanas experimentaron mayor migración que las rurales”, explica dicho estudio del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. La migración reciente se captó, mediante las repuestas a una información específica contenida en la boleta censal. Dice: hace cinco años (en 1996), dónde residía. La migración reciente es la que acontece entre 1996 y el 2001; cuando el lugar de residencia, en 1996, no coincide con el de residencia el 2001. ¿Qué ha encontrado…? Cosas preocupantes. Un precario nivel de desarrollo del país, de sus regiones y de sus unidades más específicas. De nueve departamentos, cinco son expulsores. De estos, Potosí es el más fuertemente expulsivo, le sigue Oruro, ambos mineros. Además, Chuquisaca, Beni y La Paz. Los otros: Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Pando reciben inmigrantes.

Beni, ubicado en el trópico boliviano, también es expulsivo, porque las tierras de muchas de sus unidades geográficas son inundadas por el agua. Su población sobrevive gracias a la pequeña ganadería que, a veces, también tiene problemas. Salvo Trinidad, las otras unidades territoriales del departamento son deplorables. La Paz es un departamento; la ciudad de La Paz, capital del gobierno, es la capital de departamento, y también expulsivo pero en menor medida. Pereyra opina que debe analizarse cuan positivo es mantener la política de la marcha al Oriente, iniciada en 1952, pues estaba despoblada; hoy, añade, en esa región hay temas de biodiversidad y ambientales…Si alentamos a que gentes fundamentalmente pobres vayan a esos escenarios, estamos invitándolas a que sean los futuros depredadores. 4.1.2. Proceso de desruralización Bolivia hasta 1988 fue predominantemente rural, hoy se está desruralizando como todos los países del mundo. El nivel urbano, según el censo del 2001, es de 62 personas por cada 100 que viven en las ciudades, y 38% en el campo. Eso muestra el otro rostro del fenómeno: Bolivia continúa creciendo. La tasa demográfica de crecimiento es hoy de 2.7 por cada 100. He aquí la evolución: De 1.1 entre 1900 y 1950 subió a 2.0, 2.1 y ahora a la tasa actual de 2.7. Es importante que las ciudades no crezcan tan rápido. El campo, según el anterior intercenso, sufrió fuertemente los efectos de la crisis y arrojó una tasa de 0.09; mas en el último censo se nota un ligero repunte. Esto podría obedecer a la aplicación, desde hace ocho años, de políticas de Participación Popular en el territorio nacional donde la población -por la ley- tiene recursos en sus municipios, que ojalá sean usados productivamente. Que por primera vez en la historia un municipio cuente con recursos probablemente esté reteniendo a la población; un aspecto que seguramente deberá estudiarse en detalle para incrementarlos en algunos casos o revisarlos en otros. Un punto muy interesante que debería motivar la reflexión es lo relacionado a la selectividad migratoria. Al respecto el libro “Migración Interna – Estudio de Movimientos Poblacionales en Bolivia”, dice: “Según la selectividad migratoria, se halló que la población menos educada –inferior a la primaria, es la que más migra. En las áreas de acogida, los migrantes es de suponer tendrán limitadas oportunidades de insertarse en el mercado formal del trabajo, sin embargo, en las áreas de origen, las implicancias son negativas, especialmente en las esferas productivas y económicas, debido a la pérdida de población”. 4.2. Indocumentados, ¡Más de 800 mil personas no existen legalmente…!

Unas ochocientas mil personas en el país, de acuerdo a los resultados del censo del 2001, viven y realizan diariamente sus tareas cotidianas, pero no existen… para el Estado. Si quisiéramos hablar en términos jurídicos, ese enorme contingente de seres humanos no existe legalmente, pues carecen de documento alguno. ¿Cómo entender esta dolorosa situación en pleno Siglo XXI? ¿Cómo explicar ese olvido, negligencia o lenidad por parte del Estado y de un mínimo de humanidad para con aquellos también bolivianos? Difícil responder esta pregunta porque se trata de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, o sea gentes de todas las edades. Y no es que esas decenas de miles de personas residan en zonas de conflicto armado, en lugares donde no impere la ley o en áreas geográficas en disputa con países vecinos. No, nada de eso. Ellos están repartidos en diferentes puntos del territorio nacional, mayoritariamente en la zona rural, y han nacido dentro de los límites de la República de Bolivia. En un esfuerzo por enmendar este secular olvido, porque otros miles habrán muerto sin saber siquiera qué es ser un ciudadano boliviano, el gobierno realiza una campaña gratuita para poner punto final a la indocumentación de esas personas, que comprende la inscripción en los Registros Civiles y la entrega de su Certificado de Nacimiento. De acuerdo al censo del 2001, no están inscritas en los Registros Públicos de Bolivia un total de 792.744 personas (hombres y mujeres). De ese total, se hallan en esa penosa situación: 438.180 niños de Cero a 12 años; 84.613 menores de 13 a 18 años; 63.329 jóvenes de 19 a 25 años; 101.411 adultos de 26 a 44 años; 63.095 adultos mayores de 45 a 64 años; y 42.114 mayores de 65 años, expresa la Vocal de la Corte Nacional Electoral, doctora Natividad Avilés Muchos de quienes integran los dos últimos grupos morirán -por lo avanzado de sus edades y sus condiciones de vida- antes de acudir al Registro Civil a decir: “Me llamo fulano de tal…” y recién existir para el Estado; además, sus restos irán a poblar los cementerios clandestinos, los camposantos de los sin nombre. Y el Estado habrá sido incapaz de saldar una cuenta elemental con ese ciudadano pero trascendente en la vida de cualquier prójimo: El derecho a la identidad. Quizá por ello la campaña esté dando especial énfasis a los niños de Cero a 12 años, luego de 13 a 18 años, aunque en este último grupo la gratuidad será solamente por un lapso de tres años. Y los de mayor edad son atendidos en proyectos pequeños siempre y cuando haya recursos económicos. Será un largo proceso el inscribir y registrar a estas personas. “Por lo menos de unos tres o cuatro años, porque no solo se trata del interés del CNE, como ente responsable, sino también el interés del ciudadano”, remarca Avilés. La magistrada de larga trayectoria asegura que el problema de la indocumentación es álgido en el área rural (“más que en las grandes ciudades donde casi todos tienen

documentos”), porque “muchas veces, los mismos interesados no tienen la costumbre de registrar nada: ni nacimientos ni defunciones”. “Tenemos en el tema de defunción a los cementerios clandestinos, lo que revela que hay gente que ha nacido, que ha vivido y ha muerto anodinamente”, enfatiza. La certificación gratuita para menores de 12 años, inicialmente alcanzaba hasta los siete años, empezó -con tropiezos- hace dos años en cumplimiento de la Ley de Niño, Niña, Adolescente; el primero de los obstáculos fue la falta de recursos para solventar gastos elementales (impresión de formularios valorados) y el pago a los Oficiales del Registro Civil, porque ellos recibían un honorario por cada registro y certificación. “Seguramente esa fue la razón por la que anteriormente quienes estuvieron a cargo de la Corte Nacional Electoral no lo pudieron hacer”, refiere Avilés, cuya administración, que empezó hace tres años, decidió “hacer que la gratuidad del Registro y Certificación sea real”, logrando recursos del Estado y el apoyo de UNICEF para la tarea. “Llevamos casi tres años en este trabajo en un comienzo con apoyo de UNICEF, que entendió nuestro problema económico y la necesidad de dotar a todos los menores de sus Certificados de Nacimiento para que su vida sea menos problemática a medida que vayan creciendo, y luego se sumaron otras organizaciones, entre ellas Plan Integral”, subraya. La vocal manifiesta que este año contamos con la ayuda de otro tipo de organizaciones pero, al mismo tiempo, mediante una ley específica de diciembre del 2003 se ha ampliado la gratuidad de la campaña hasta los 18 años de edad. Hizo hincapié en que lo prioritario y permanente es el registro y certificación gratuita hasta los 12 años, y de 13 a 18 años será gratis pero por un período de tres años. Natividad Avilés indica que con apoyo de otras entidades internacionales están atendiendo programas puntuales como, por ejemplo, el caso de los indocumentados adultos de Montero, al norte de Santa Cruz, quienes solicitaron sus documentos para poder sufragar. El programa de menores funciona normalmente. Esa petición fue atendida con recursos provenientes del Canadá, que hizo posible entregar Certificados de nacimiento a esas cinco mil personas mayores de 18 años. El trámite fue administrativo; anteriormente era judicial: quien no se registraba en el periodo previsto por ley, debía hacer un trámite ante el juez, para que ordene el registro. Un caso similar ocurre con unos cinco mil guaraníes de dos provincias del departamento de Chuquisaca; también, los guarayos y otras comunidades indígenas reclaman la certificación . El plan diseñado con fondos de la bolsa de donantes tiene previsto continuar este trabajo durante el presente año y el 2005, para bajar el número de ciudadanos, sobre todo de pueblos originarios, que carecen de este documento.

4.2.1. Por qué el alto número de indocumentados La Vocal de la Corte Nacional Electoral no tiene reparos en puntualizar que un indocumentado muerto jamás fue un ciudadano. “Su vida transcurrió así, no requirió quizá nunca ese documento...” Pero hoy por muchas razones, sobre todo la escolaridad, se les está exigiendo. Por eso la estrategia es atacar primero, como un trabajo permanente, teniendo como base la Nueva Ley, a los menores de 12 años. Esa tarea será permanente, porque esa sostenibilidad permitirá a futuro, siempre y cuando no se interrumpa, que nadie –en el futuro- deje de tener el Registro y la Certificación. El registro y la certificación de la población comprendida entre 13 y 18 años es eventual por ahora; son tres años la gratuidad. Igualmente, el Registro Gratuito de Mayores también es eventual hasta que logremos cerrar la brecha existente. ¿Pero, a qué se debe el alto número de personas sin certificación de nacimiento? Avilés responde: “Por falta de educación, porque si una persona no conoce que necesita este documento para ser ciudadano, para ejercer sus derechos, para asumir sus obligaciones no lo solicita. Porque contar con el certificado de nacimiento nos da ingreso a muchas cosas, ¿verdad?” Cuenta que en numerosas comunidades del área rural nunca han dado importancia a este documento, porque no era imprescindible en su vida. “Cuando se empieza a dinamizar la vida del país, donde, por ejemplo, todos debemos tener una cédula de identidad para realizar una diligencia, recién surge la necesidad: no puedo votar si no tengo carné, no tengo carné si carezco de certificado de nacimiento. Ahí empiezan los requerimientos”. ¿Pero qué pasa desde la otra orilla? El Estado fue muy pasivo en el sentido de despertar el interés que toda la población estuviese identificada. En el área rural, hay un nivel de escolaridad muy bajo; entonces, resulta que, por ejemplo, en lugar de escribir un apellido con “E” lo escriben con “I”. En ese momento nace un conflicto porque esas personas escriben como hablan. Cuando se le hace la observación de que es un problema del registrador mas no del que va a inscribirse, la magistrada contesta: “De los dos, porque el que va a firmar su registro debería verificar que esté bien escrito. Además, los dos hablan así el español”. Y ante la réplica de que el registrador no debería ser un iletrado, explica: “Es que son personas del área rural. No vamos a conseguir que nadie vaya (de la ciudad) a realizar esa función si solamente gana (como era antes) por registro”. “Pensar que alguien de la ciudad, de una situación cultural mejor, se interese en ir al área rural, es difícil. Por eso, normalmente es un vecino de la localidad, del pueblito, el que asume esa atarea; ahora decir que sabe leer y escribir es muy relativo”, añade.

No escapará al criterio del lector que si el Estado conjuntamente con organismos internacionales como UNICEF y Plan Internacional Bolivia están desplegando un enorme esfuerzo para hacer realidad el derecho de identidad a centenares de miles de bolivianos, el organismo competente debería tener el cuidado de capacitar aunque sea brevemente a quienes tienen la delicada tarea de registrar a los indocumentados. Que la improvisación y el deseo de mostrar cifras de registrados que después no coincidan con la realidad, no socaven una campaña indispensable en la hora actual, y que tampoco se derrochen recursos tan escasos, más aún en estos tiempos difíciles. 4.2.2. “Si no existe legalmente puedo ser fácilmente víctima de la trata…” Expuesto este panorama podemos afirmar sin ambages que si un niño o un niño, una adolescente o un adolescente que no está registrada es fácilmente tratada por gente que se dedica a ese crimen. “No solo eso, los mismos varones salen sin ningún documento, van a otro país y ahí desaparecen…”, comenta Avilés. Luego puntualiza que en Argentina, por ejemplo, estamos haciendo la certificación de nuestros compatriotas que están sin ningún documento. Esa campaña empezó de manera gratuita en el 2003 y continuará como parte de un programa especial. La magistrada resaltó la importancia de este programa porque la gente que emigró a Argentina, cualquiera que haya sido el motivo, no eran ciudadanos en su país ni lo son en el otro lado. “Peor afuera, es una situación difícil. Para mí, parte del problema es la educación. Creo que es fundamental la tarea de los maestros de despertar el interés de los niños por contar con el certificado de nacimiento. Ellos luego exigirán a sus papás hasta que esa exigencia se haga realidad”. Asimismo, los maestros y los colegios deben exigir este documento, aprovechando que, primero, es gratuito; segundo, se hará una base de datos para hacer de la inscripción y verificación de manera técnica, a fin de comprobar si todos los alumnos de un determinado colegio están inscritos o no, con lo que se agilizará la campaña. 4.3. Analfabetismo No es propósito de este punto analizar ni mucho menos evaluar la calidad de la educación en Bolivia, sino aproximarnos a una de las probables consecuencias de la alta tasa de población iletrada, que pone al descubierto el largo camino por recorrer de parte del Estado a fin de brindar a las decenas de miles de personas que están en esa situación el derecho a la educación gratuita, al menos en el nivel de la educación primaria. Tampoco es objetivo de este punto teorizar sobre lo que representa el analfabetismo como factor limitante del desarrollo socio-económico del país sino, fundamentalmente, dejar sentada nuestra preocupación de que la condición es analfabeto coloca a una persona –niño, niña, adolescente o adulto- en una situación de vulnerabilidad frente a cualquier tipo de abuso, así como de postergación, aquí y en otro país.

En efecto, la Memoria 2004 sobre Educación Alternativa, elaborada por el Ministerio de Educación, afirma que a pesar de que los índices de analfabetismo han disminuido considerablemente en los últimos años –de un 37 por ciento en 1976 a un 13 por ciento en el 2001-, las cifras de personas que no saben leer ni escribir representan un enorme desafío para las políticas educativas que se ejecuten en los próximos años. La Memoria explica que la tasa de personas sin instrucción educativa en el año 1900 llegaba al 85 por ciento del total de habitantes, pero que el Censo del 2001 revela que en Bolivia todavía hay 1.135.738 personas analfabetas, de las cuales un total de 414.099 son hombres y 721.639 son mujeres. Sin embargo, el documento hace hincapié en que esas últimas cifras no toman en consideración el analfabetismo funcional y por desuso, que alcanza a un total de 3.965.883 habitantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 45 años. Las mujeres presentan una tasa global 2.5 veces más alta que la de los varones. En el área urbana, el analfabetismo en mujeres llega a un 16 por ciento, frente a un cuatro por ciento en los hombres. No obstante, los porcentajes en el área rural son más alarmantes, pues el 70 por ciento de las mujeres del campo no saben leer ni escribir, mientras que un 25 por ciento de la población masculina es iletrado. El gobierno es consciente de esa dura realidad. Por eso, el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Alternativa, puso en marcha el Programa de Alfabetización, el cual elaboró un plan nacional para la Vida y la Producción. Este plan se convirtió en una política de Estado al ser declarado prioridad nacional por decreto 25083, estableciendo alianzas con municipios, entidades estatales y organizaciones no gubernamentales con el fin de capacitar a personas entre los 15 y 45 años. Sin embargo, la educación alternativa no se reduce a la problemática del analfabetismo. Otra de las áreas en que trabaja el Ministerio de ramo es en la educación de adultos, destinada a completar la formación de las personas, mediante diferentes modalidades de atención, como los Centros de Educación Media para Adultos, que en el país son 100. El Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción – Servicios Departamentales de Educación trae también una noticia importante: El aumento del número de personas alfabetizadas de un total de 123.078 durante el año 2002 a un total de 127.534 en el año 2003. Los departamentos donde hubo mayor número de alfabetizados fueron: Potosí, que saltó de 14.565 en el 2002 a 49.680 en el 2003; Santa Cruz mostró un crecimiento significativo al pasar de 154 a 8.388 en dicho período; Tarija de 3.615 en el 2002 a 9.397 en el 2003; Oruro, que pasó de 2.425 a 4.142 personas en el mismo lapso; y Pando, que de 0 personas en el 2002 saltó a 209 el año pasado. Las cifras más relevantes del 2001 al 2002, según la Memoria, corresponden a los departamentos de Chuquisaca donde los alfabetizados pasaron de 39.244 a 46.873; Beni, de 2.438 a 8.747; y Oruro, de 495 a 2.425, respectivamente.

Cifras de la alfabetización en tres años Según memoria del 2004 Departamento 1. Chuquisaca 2. Potosí 3. Cochabamba 4. Santa Cruz 5. La Paz 6. Tarija 7. Beni 8. Oruro 9. Pando

2001 39.244 26.219 26.946 9.990 29.554 7.319 2.438 495 432

2002 46.873 14.565 25.543 154 21.156 3.615 8.747 2.425 0

2003 9.254 49.680 20.985 8.388 19.159 9.397 6.320 4.142 209

Totales

158.539

123.078

127.534

Fuente: Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción – Servicios Departamentales de Educación Diario La Razón: 25 de Agosto, 2004.

5. Burlando la legalidad Es frecuente leer en los diarios locales noticias como la siguiente: “En Europa deportan 50 bolivianos por semana”. Y una de las más recientes publicó el diario La Razón, a una columna, en la página 30, edición del pasado 29 de septiembre. Dice: “Un promedio de 50 ciudadanos bolivianos son deportados semanalmente de Europa debido a las condiciones estrictas de ingreso a diversos países, según se conoció en las oficinas de Migración y en las agencias de viaje. Datos extraoficiales señalan que (cada semana) salen, sólo de Cochabamba, alrededor de 300 personas. ANF”. Todo medio de comunicación evalúa la importancia de las noticias que llegan diariamente hasta lo que se llama la Mesa de Edición. Allí se decide la publicación o no, la extensión de las mismas y su ubicación de acuerdo a su importancia. Publicar la noticia que comentamos en un espacio tan reducido y en una de las últimas páginas del diario, revela que a juicio del editor no es un hecho relevante en comparación con el número de informaciones recibidas durante el día. Eso explica por qué fue desarrollada en 48 palabras y con un titular de siete palabras. Más allá del criterio del editor podemos decir que ese hecho noticioso no ha recibido un tratamiento adecuado, porque detrás de los 50 deportados hay historias personales donde se combinan problemas económicos y sociales, y una conducta reiterada de pretender ingresar ilegalmente a otros países. Probablemente esas personas salieron de La Paz con destino a Europa con sus papeles en regla, pero desde el momento en que decidieron quedarse más tiempo del indicado por Migraciones del país que las acogía, estaban transgrediendo sus leyes lo cual los hacía pasibles de las deportaciones. Ese es un primer aspecto del análisis sobre este hecho ilegal, pero hay otros puntos que se soslayan, inclusive por los mismos medios de comunicación: la existencia de redes de traficantes, de vendedores de ilusión, de mafias que inducen a los incautos a dejar el suelo patrio -previo pago de altas sumas de dinero- para “trabajar” en Europa. Este es uno de los negocios que genera millones de dólares a sus promotores, a los llamados coyotes, polleros o simplemente traficantes; porque otros de sus giros son la esclavitud, especialmente de mujeres en lenocinios, o de hombres en centros laborales donde previamente retienen sus documentos personales.

Si un medio de comunicación no alerta a la opinión pública sobre los peligros que corren quienes pretenden quedarse en cualquier país de Europa o de otro continente trasgrediendo sus leyes, los traficantes seguirán ganando millones de dólares con la anuencia o la complicidad de las agencias de viaje. Este llamado de atención es para los medios de comunicación, la sociedad y las autoridades correspondientes, porque quienes quieren migrar ilegalmente para pretender solucionar un problema de falta de trabajo, acabarán endeudándose mucho más, al igual que sus familias, al ser deportados con los bolsillos vacíos. Pero no son únicamente bolivianos, peruanos o ecuatorianos que de manera ilegal pretenden quedarse en otros países, sino también ciudadanos de otras latitudes, como lo informó el diario El Comercio de Lima, Perú, el 1 de octubre, bajo el título: “Mafia habría introducido más de 200 personas a los Estados Unidos”; mientras que la versión electrónica del mismo diario informaba así: “Perú y EE.UU. desarticulan red de tráfico de migrantes” La nota de la edición impresa dice: “Ocho meses de paciente trabajo de búsqueda y seguimiento en el Perú y Estados unidos culminaron con éxito el pasado 23 de septiembre. Ese día, efectivos de la División de Extranjería de la PNOP detuvieron a cuatro ciudadanos jordanos que se dirigían a un café miraflorino. Ellos ya habían sido identificados como clientes de una red internacional de traficantes especializada en introducir ilegalmente a Estados Unidos a personas del Medio Oriente. Con anterioridad había sido detenido otro jordana, identificado como Ismael Asaifini Tha’Er Omran (34). Él era el encargado de alojar a los clientes de la mafia durante su paso por el país. De acuerdo con fuentes policiales, la red internacional captaba a los migrantes en varios países de Medio Oriente y les prometía visas para ingresar a Estados Unidos a través de México o algún país de la Unión Europea, pero antes los obligaba a pasar por Perú, Ecuador o Bolivia. Por el ‘servicio’ les cobraban entre 15 mil y 20 mil dólares. En Estados Unidos, esta red de tráfico de personas era dirigida por tres iraquíes: Neeran Hanna Zaia (50), Basima Habib Sesi (59) y Basil Yousif Denha (54). La primera era la encargada de captar a los clientes. Los tres fueron detenidos en la ciudad de Detroit y puestos a disposición de u juzgado federal estadounidense”. 5.1. Aumenta expedición pasaportes El Servicio Nacional de Migración ve con suma preocupación el elevado número de pasaportes que solicitan diariamente ciudadanos bolivianos, porque ello revela que no solamente Bolivia experimenta un agudo proceso de migración interna, sino externa, y generalmente gente joven y personal calificado. Dicha dependencia policial informó que este año, hasta junio emitió un total de 63.273 pasaportes.

El desagregado de entrega de pasaportes por departamentos es el siguiente: La Paz, 18.831; Oruro, 2.473; Potosí, 839; Cochabamba, 16.575; Sucre, 1.364; Tarija, 1.011; Santa Cruz, 20.212; Beni, 1.492 y Pando, 476. Donde se observa una explosiva tendencia de crecimiento de viajes al exterior es en el grupo de menores mayores de 12 años como también lo revela un cuadro del Servicio Nacional de Migración, pues saltó de 47.727 en el año 2000 a 161.604 en el 2003. Este es el documento titulado “Salida de ciudadanos bolivianos según edades” desagregado: GESTION Infante 0 - 3 años Niño 4 - a 12 años Adolescente mayor a 12 TOTAL

2000 42.391 72.539 47.727 162.656

2001 63.317 146.945 106.084 316.345

2002 39.908 68.998 108.238 217.144

2003 21.981 62.499 161.603 246.082

Si leemos el cuadro tomando las cifras totales notamos también un aumento significativo, pues el 2000 salieron 162.656 personas; en tanto, en el 2003, la cifra llegó a 246.082. En el 2001 tuvo su pico más elevado con 316.345. El SENAMI puntualiza que “por prescripción del Código Niño, Niña y Adolescente, todo menor debe viajar en compañía de una persona mayor”. Deja claramente establecido que el documento que permite realizar el viaje al exterior de menores, es la autorización de viaje otorgado por el juez de Partido del Menor, siendo esta la autoridad competente que valida la documentación que da lugar a la respectiva autorización. “El Servicio Nacional de Migración ejerce control en cada puerto de embarque y desembarque con funcionarios distribuidos por turnos”, puntualiza. 5.2. Suplantación de identidad Uno de los principales problemas que enfrenta con cierta periodicidad el Servicio Nacional de Migración es la suplantación de identidad que realizan personas de otros países latinoamericanos para obtener pasaporte como si fuesen ciudadanos bolivianos. Pese a no contar con las facilidades técnicas requeridas, dicha dependencia ha puesto especial atención a sus dependencias fronterizas, pues como señala el diario La Razón, en su edición del 2 de septiembre pasado, a la fecha hay más de 100 procesos judiciales, de los cuales 60 o 70 personas de distintas nacionalidades están en prisión por haber incurrido en delitos de falsedad y uso ideológico de material. Quienes perpetran este delito mayormente son personas de nacionalidad peruana y ecuatoriana respectivamente, por lo que esa dependencia pública determinó extremar las

medidas de seguridad para extender pasaportes, puesto que este tipo de irregularidades mellan la imagen del país. El matutino dio cuenta de que recientemente en Cochabamba se detectó un caso de suplantación de identidad. Se trata de Orlando Vargas García, ciudadano peruano que supuestamente nació el 1 de abril de 1980 en la localidad de Quillacollo y que quería viajar a España en un vuelo de TAM-MERCOSUR. Vargas tramitó su cédula de identidad el 2 de agosto y fue detenido el martes 24 en el aeropuerto Jorge Wilstermann. El director de Migración en Cochabamba, Víctor Málaga, informó que cuando Vargas fue detenido reveló que el certificado de nacimiento le costó 100 dólares. Con ese documento gestionó su carné de identidad, luego el pasaporte e incluso adquirió una cédula de sufragio falsa en una calle, cerca de la oficina de Migración, a 40 bolivianos. El gobierno es consciente del problema, pues como anunció el 1 de septiembre el Ministro de Gobierno, Saúl Lara, en breve se iniciará un proceso de modernización del sistema de trámites de la Dirección Nacional de Migración, de la Dirección Nacional de Identificaciones de la Policía Nacional y el de entrega de licencias de conducir. “Vamos a hacer un gran cambio y lo vamos hacer pronto, están listos los pliegos de licitación a la administración privada en cuanto a los sistemas de Migración, de las licencias de conducir y cédulas de identidad”, dijo, según una nota periodística publicada por el diario La Prensa. Lara explicó que el proceso de modernización es justificado porque debe precisar que Migración, Identificaciones y la Dirección de Tránsito “son elementos estigmatizados por la corrupción”. La Prensa aludió a hechos de corrupción comprobados y denunciados sobre falsificación de pasaportes o timbres o sobre cobros ilegales por esos documentos en Migración, lo cual llevó al gobierno a intervenir varias direcciones departamentales. 5.3. Migrantes endeudados Se estima que cada año viajan a España un promedio de 15 mil bolivianos como turistas, legalmente, pero al vencerse el plazo de permanencia fijado por Migraciones del país de la Península Ibérica se quedan mayoritariamente en situación ilegal. España no exige visa a los ciudadanos bolivianos para que ingresen a su territorio, por ello las redes criminales que promueven la migración ilegal utilizan -desde hace varios años- a Bolivia como punto de paso, incluyendo el “cambio” de nacionalidad, mayormente de peruanos y ecuatorianos, para acceder a esa facilidad. Lo nuevo en esta migración legal-ilegal es que del total mencionado unos dos mil bolivianos viajan en condición de trabajo forzoso por haber contraído deudas con terceros para hacer realidad dicho viaje: desde la obtención de documentos de identidad, pasaporte, ticket aéreo hasta el pago de derecho de salida del aeropuerto.

Los otros trece mil bolivianos que migran a España como turistas van en realidad en busca de trabajo y se quedan como ilegales esperando regularizar después su situación. “Dos mil compatriotas viajan endeudados con alguien que asumió los gastos, lo que sitúa a Bolivia como país expulsor de mano de obra en condiciones de trabajo forzoso”, afirma la ex asesora del Ministerio de Trabajo, doctora Rosario Baptista, indicando que este asunto apareció cuando se puso sobre el tapete el tema de este tipo de trabajo.

5.4. Trabajo forzoso en Argentina y Brasil - Testimonio Fuentes de la Cancillería de Bolivia califican como “un serio problema” la situación de miles de sus connacionales, desde el punto de vista laboral, en países vecinos como Argentina y Brasil, donde, aprovechando su permanencia ilegal, trabajan entre 12 y 16 horas, un régimen considerado como “trabajo forzoso”. “No tenemos una cifra exacta de los bolivianos que están atravesando por esas circunstancias difíciles, lo que sí sabemos es que en algunos sectores empresariales de Argentina y Brasil los obligan a realizar trabajos forzosos, porque saben muy bien que estas personas no cuentan con los documentos que acrediten una estancia legal en dichos países”, dijo un funcionario. Carecer de permisos de ingreso y de autorización para trabajar en dichos países coloca a nuestros nacionales en una situación de precariedad, motivo por el cual constantemente son amenazados con denuncias ante las autoridades para ser deportados, añade. En Argentina se detectó el problema desde 1997; en tanto que del Brasil se tiene referencia desde el año 2000, pero actualmente es latente, muchos de los casos han salido a la luz en algunos medios de prensa del Brasil, haciendo notar la situación que viven como violaciones flagrantes de los Derechos Humanos. Los ciudadanos bolivianos explotados realizan básicamente tareas agrícolas en el norte de Argentina, además están considerados como el grupo más vulnerable. El ex director de de Derechos Ciudadanos del Gobierno Municipal de La Paz, licenciado Rodrigo Zogbi, afirma con dureza que “los peores “blanqueadores” de peruanos y bolivianos en Argentina son peruanos y bolivianos”. Citando al cónsul Gustavo Aliaga sindica a los bolivianos como “los peores tratantes de blancas” en Argentina, añadiendo que “son un engendro boliviano-argentino que les niegan los derechos a sus conciudadanos por unos míseros dólares, los esclavizan y no respetan la ley argentina ni la ley boliviana.”. La cancillería indica que otro conglomerado se halla en la parte oeste de Brasil, en la frontera con Bolivia. Aquí los incorporan dentro de lo que es el sector fabril, pero reciben un trato inhumano, lo que incluye casos de jefes de familia, esposa e hijos.

Asimismo, solicitará que tanto el gobierno brasileño como el gobierno argentino brinden información sobre los abusos que cometen empresarios de sus respectivos países, pues se calcula en unos 10 mil o probablemente un poco más el número de bolivianos que estarían viviendo esas vicisitudes. Por su parte, la estudiosa Rosario Baptista maneja otro tipo de información que debe abrir otra vía de investigación. Sostiene que varias denuncias sobre las condiciones en que vive la población migrante de trabajadores en Argentina “nos movieron el piso”, pues el régimen de trabajo forzoso ocurriría en fábricas de propiedad de algunos capitalistas bolivianos instaladas en territorio argentino. Básicamente son fábricas textileras, donde muchas veces laboran familias enteras. “Allí trabaja desde el más pequeño hasta el más viejo”, dijo Baptista, quien fue asesora general del Ministerio de Trabajo hasta comienzos del año 2004. Aclara que se ha ampliado la oferta para trabajadores bolivianos, especialmente en la Argentina. En algunos casos han comprado parcelas y en otros laboran como peones de haciendas, pero ya en un nivel más de autogeneración de ingresos, no sometidos a condiciones en las que quien los lleva, tiene la decisión de qué hacer. Ese fue un primer punto que puso al descubierto el tema; es decir, debemos hacer algo con relación al trabajo forzoso de esas personas. En Brasil ocurre una situación similar con los ilegales, tanto analfabetos como con gentes letradas a quienes también lastimosamente engañan. Baptista sustenta esa afirmación citando el siguiente caso: Hace poco una joven de manera ingenua aceptó esta proposición: “Tú viajas de La Paz a Santa Cruz y desde allí a Sao Paulo, nosotros cubrimos los gastos de viaje. Y una vez que empiece a trabajar le pagaremos U S $ 200 mensuales…” Tras arribar a Sao Pulo la chica acudió al centro de trabajo donde uno de los responsable fríamente le dijo: “No le vamos a pagar lo conversado inicialmente, sino menos”. El costo del viaje fue 200 dólares, aproximadamente. Del sueldo inicial ofrecido de US $ 200 dólares al mes, le pagaron US $ 50. La chica comenzó a trabajar con una deuda de US $ 200 dólares, pues como debía cubrir algunos gastos elementales (víveres, alojamiento, etc.) para vivir el primer mes, la empresa le prestó más dinero porque, además, tenía que llamar a su familia a fin de informar cómo había llegado. Inicialmente la deuda contraída con la empresa era de U S $ 250 a 280 dólares. No obstante, del magro salario de U S $ 50 empezaron a descontarle, quedando para la joven una suma irrisoria, con lo cual no podía subsistir y no tuvo otra alternativa que seguir endeudándose. “Esa es una de las formas más arbitrarias de cómo algunos empresarios en Brasil están reclutando bolivianos”, anota Baptista.

Testimonio de una migrante encubierta La doctora Nardi Suxo Yturry, entonces funcionaria de la Defensoría del Pueblo, hizo un viaje a Argentina y este es su relato: “En el 2001 viajé como migrante encubierta a Argentina. Quería saber cómo era el trato a los centenares de bolivianos que viajaban a ese país. Vestida como una de ellas, con un peinado con cola y una bolsa de mano, fuimos por tierra. Me acompañaba otro funcionario de la Defensoría, pero no nos identificamos. Salimos de La Paz rumbo a Tarija, luego a Villazón y de ahí a La Quiaca. De esta localidad nos dirigimos a Salta. En el trayecto soportamos todos los malos tratos que dan a nuestra gente: formábamos largas filas donde nos hacían esperar bastante tiempo pese al frío intenso; nosotros llegamos a la frontera antes de nueve de la noche y salimos después de las 12. Si nos demorábamos un poquito más nos dejaba el bus, y eso ocurre con frecuencia. La gendarmería argentina maltrata sin ningún motivo a la gente, comete cantidad de abusos. Y durante el largo recorrido a Salta, nos hicieron bajar por lo menos cada dos horas, pese a las inclemencias del clima; revisaban el equipaje, lo pateaban, lo desarreglaban y no podíamos protestar, etc. En el vehículo viajaban muchas peruanas y bolivianas, más mujeres que varones. Los gendarmes las arranchaban sus bolsas, las vaciaban, pateaban las cosas que caían al suelo y pronunciaban improperios; toda una afrenta. Luego nos sometían a una revisión del cuerpo: te manosean, te tocan sus partes íntimas; es humillante. Soy aymara, de origen indígena y no me avergüenzo. Pero vi demasiado maltrato a algunas señoras que por el nerviosismo no podían hablar y les hacían cosas peores. Todo eso experimentamos en carne propia hasta llegar a Buenos Aires donde también hicimos lo que hace nuestra gente: acudir al consulado boliviano; allí nos hicieron esperar durante un día, fue horrible escuchar el maltrato a la gente. Cuando al día siguiente volvimos, nos identificamos: El cónsul salió a atendernos y le pedimos una explicación. No sabía qué decir, solo atinaba a expresar que dan buen trato a los bolivianos, pero le manifestamos que el día anterior habíamos estado en esa dependencia constatando una infinidad de abusos. Se armó un gran lío. En Buenos Aires nos reunimos con la comunidad boliviana que, felizmente, está bien organizada, porque el boliviano tiene una capacidad de organización impresionante; el sector más desprotegido es el peruano. Al retornar a La Paz empezamos a recibir denuncias, sobre todo de muchachitas, naturales de Cochabamba, que las llevaban a Argentina, para hacerlas trabajar y no podían volver porque no les pagaban, algunas habían sido violadas. A través de contactos con la comunidad boliviana repatriamos a algunas de ellas.

Lo vivido en aquel viaje nos lleva a la siguiente reflexión: muchas veces frente a la falta de trabajo y la aguda crisis tomamos una decisión sin analizar las posibles consecuencias, y viajamos en busca de una mejor situación, cuando a veces no sabemos que, probablemente, estamos yendo a algo peor”. La doctora Suxo también viajó a Chile. Este es su relato: “Fui a Chile a ver el tema de las mujeres presas. Como muchas gentes empiezan a buscar algún trabajo en Chile, los convencen fácilmente para servir de “burritos” o de “mulitas” para llevar droga por unos 500 dólares; por ese dinero que ni siquiera ven, reciben sentencias de 35 años. La mayoría de internas son de 18 a 30 años, son sentencias altísimas. Cuando visité la cárcel de Achá, entre Arica e Iquique, habían 290 presas; el 90 por ciento por narcotráfico, casi todas naturales de Santa Cruz, del Oriente boliviano”.

6.- Desafíos El nuevo milenio encuentra a Bolivia arrastrando una serie de problemas muy serios y complejos, algunos de vieja data como los agudos niveles de pobreza en varias regiones del territorio nacional y el alto grado de violencia intrafamiliar. Resulta doloroso admitir, por ejemplo, que los padres de familia de los municipios más pobres esperen un año como mínimo para ver si su niño sobrevive o no para cumplir con el requisito de inscribirlo en los Registros Civiles, como lo ha comprobado Plan Internacional Bolivia en una investigación realizada el 2003. De ello se concluye que la pobreza en su grado más extremo obliga a los jefes de hogares –con un escaso nivel de educación- a actuar de esta manera: si inscribo al niño recién nacido y muere antes de cumplir el primer año, pierdo dinero. Antes de la campaña de inscripción gratuita que lleva adelante el gobierno con el concurso de UNICEF y Plan Internacional, ese trámite costaba un mínimo de 30 bolivianos (U S $ 3.70 al cambio de hoy) más una multa si no se realizaba en el plazo de ley, por lo que el número de no inscritos fue creciendo rápidamente. Es decir, el alto número de personas no inscritas –que desde un punto de vista legal no existen para el Estado- es una de las expresiones más dramáticas de la extrema pobreza que se abate sobre miles de hogares, especialmente en el área rural. No olvidemos, por otro lado, otras informaciones de la radiografía hecha por Plan Internacional: familias (generalmente tienen tres a cuatro hijos) con un ingreso per cápita anual de 250 a 635 bolivianos en algunos municipios del Sucre; en varios lugares de Potosí se ha constatado un ingreso similar; aunque estas cifras mejoran en otros departamentos. A las cifras mencionadas se añade el estimado de otros ingresos –no en dinero- que perciben dichas familias por el intercambio informal de productos. Así, la pobreza extrema que la que atraviesan miles de hogares es uno de los puntos cruciales de la agenda gubernamental del presente y del mediano plazo. De otro lado, aunque su raíz es de índole cultural, el maltrato a la niña, al niño y al adolescente boliviano exhibe cifras, aunque aisladas, que deben invitar a la reflexión. Se desconoce la magnitud del problema “por la dificultad para definir criterios precisos y universales de maltrato en sus diversas formas, así como la disparidad en el diseño de

los estudios epidemiológicos”, como afirma del doctor Raúl D. Onostre Guerra en la publicación “Maltrato del Niño (a) y Adolescente / Guía médica para la detección, atención y seguimiento” editado en 1999. Asimismo, hay pocos estudios sobre el problema. Uno de ellos, “Defensa de los Niños Internacional”, efectuada en 1990 en las ciudades de La Paz, El Alto , Oruro y Cochabamba sobre una muestra representativa de escolares entre 11 y 15 años, concluyó que un 36 por ciento recibió maltrato físico; es decir, uno de cada tres niños reciben regularmente golpes o agresiones físicas. Sobre la gravedad de esos malos tratos, los resultados expresan que uno de cada cinco niños recibe agresiones que dejan huellas, como hematomas, cicatrices, quemaduras u otros rasgos de violencia. El maltrato psicológico fue más frecuente: dos de cada cinco niños; y un 16 por ciento alcanza magnitudes extremas, provocando problemas psicológicos y actitudes de rechazo a la familia y sociedad. La violación y el abuso sexual fueron las formas de violencia menos frecuentemente denunciadas, por temor de las víctimas de informar a sus padres; a su vez, éstos son reticentes en buscar asistencia legal por vergüenza o por arreglos económicos con los agresores para acallar el delito. Otra forma de maltrato extremo en el norte de Potosí, en sur de Cochabamba y en Chuquisaca, es la práctica del infanticidio de recién nacidos, especialmente después del segundo hijo, para reducir el tamaño de la familia. (Algunos estudiosos restan verosimilitud a esta afirmación, indicando que los que padres de familia de esas zonas quieren es mano de obra, y un hijo llena esa necesidad). “Extrapolando estos datos a una proyección nacional y considerando sólo la población urbana escolar matriculada en el ciclo intermedio, existiría (…) alrededor de 156.000 niños/niñas y adolescentes maltratados. Si se tomara a todos los menores de 18 años y si la realidad del maltrato en las zonas rurales fuese semejante a las zonas urbanas, se podría afirmar que los niños y niñas que sufren regularmente de algún tipo de maltrato sobrepasan el millón”, puntualiza Onostre citando la publicación “Análisis de Situación de la Niñez y la Mujer Boliviana”, editado por UNICEF en 1996. Según estadísticas institucionales de protección a la niñez y adolescencia en 1995 se observó que las denuncias legales más frecuentes se refieren a maltrato físico, violación, abuso sexual, rapto y abandono. No hay cifras exactas a nivel nacional sobre esta sociopatía, tampoco se sabe si hoy es más frecuente que en el pasado. “En lo que sí existe acuerdo es que las víctimas más frecuentes de la violencia son los más débiles, siendo particularmente vulnerables niños que sufren pasivamente sus efectos. Un porcentaje importante de ellos fallecen como consecuencia del maltrato y sus muertes son calificadas muchas veces como accidentales”, indica Onostre. Bolivia adoptó, en septiembre de 1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y se convirtió en Estado parte, reconociendo que: “El niño por falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso, la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

El artículo 19 de la Convención expresa: “Los Estados - parte deberán tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la niñez, de todas las formas de violencia física o mental, injurias o abusos, negligencia o explotación, incluyendo el abuso sexual, mientras ellos estén bajo el cuidado de los padres, tutores legales o cualquier otra persona que se encuentre a cargo del niño”. Onostre, médico de profesión, pide además considerar ciertos factores de alto riesgo socio-familiar que atentan contra la niñez y adolescencia como: niños que nacen de un embarazo no deseado, situación de pobreza que impide darle al niño un ambiente de protección adecuada, padres muy jóvenes y emocionalmente inmaduros con un nivel de instrucción y capacitación insuficientes que los hacen dependientes económica y socialmente, parejas inestables, familias disgregadas, e insuficientes organizaciones sociales para prestar el soporte necesario a estas familias en riesgo. Ambos aspectos constituyen enormes desafíos para el gobierno y la sociedad. 6.1. Política de Estado En opinión de Raúl Saavedra, consultor de la Fundación San Gabriel, es imperativo delinear, superando las urgencias del país, una política de estado sobre la protección de la niñez, la adolescencia y la familia sobre lo cual se observa un descuido debido a los cambios estructurales que vienen operándose desde hace una década. Sostiene que hoy las agendas gubernamental y de los medios de comunicación han sido copadas por temas como la asamblea constituyente, el problema de las comunidades nativas, la interpretación de los resultados del referéndum, la política de hidrocarburos, etc., “pero no vemos nada referido a la familia, a los niños, a los adolescentes”. Considera que la definición de una política de estado sobre la familia debe ir acompañada de los recursos humanos y económicos suficientes a la institución encargada del sector, en este caso el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad y al mismo tiempo, estabilidad en el tiempo como organismo competente. Saavedra recuerda que el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA) que desapareció en 1994, tenía líneas claras de trabajo, presupuesto y más de cien funcionarios en todo el país, que trabajaban en el tema, proyectando políticas locales y departamentales; ahora no existe eso por falta de recursos e inestabilidad institucional. “Me preocupa que no haya una política nacional para trabajar el tema. Por ejemplo, en América Latina existe la Red de Protección Social, bajo la dirección del Banco Mundial, para apoyar a la gente más pobre. Aquí esa red tiene una composición diferente, manejan otros conceptos y otra temática, lo cual es un error”, lamenta. Critica que los funcionarios actuales no sepan cómo actuar, olvidando que el país como firmante de tratados y convenciones internacionales, tiene en esos instrumentos líneas de base por donde partir. Por ejemplo, hay una línea de base por la convención para el tema de la niñez, dice qué se tiene que hacer; hay otra línea de base por la OIT para ver lo relacionado al tema del trabajo infantil; etc.

“Hay toda una estructura por donde podemos partir, por donde comenzar, pero la dificultad mayor es que cuatro o cinco técnicos encargados de esos asuntos no se dan abasto para tamaña tarea”, precisa. Lamenta, igualmente, la falta de trabajos de investigación y citó el caso de que el tema maltrato infantil fue hecho en 1995. “Desde entonces no se ha vuelto a realizar ningún otro estudio sobre el particular”, afirma. Saavedra aboga por una mayor coordinación entre las instituciones que trabajan en el tema de la niñez y la adolescencia, como las defensorías, que dependen de los gobiernos locales, las dependencias de la Prefectura y los juzgados, que carecen de una relación directa con un poder central. Hizo hincapié en que el mayor interés en los asuntos sociales está centrado en el problema de los indígenas, porque han estado oprimidos mucho tiempo. “El tema de los niños y adolescentes no es gusto ni atención de nadie”. Enfatiza que el programa de prevención del maltrato infantil que realiza la Fundación San Gabriel, a partir de los cuadros vistos en el Servicio de Pediatría del hospital San Gabriel, “es el único en este momento en todo el país”. No se realizan programas, talleres, cursos, seminarios ni eventos para tratar el tema niñez. Afirma que desde 1998 el Viceministerio de la Niñez anhela implementar un sistema de información pero no puede hacerlo porque no recibe la colaboración de los municipios que, por ley, deberían hacerlo. Pero, hace hincapié en que los municipios carecen de recursos económicos y de personal calificado; además no han uniformado hasta ahora la temática con otras regiones del país. Sugiere que todas las leyes y normas de menor jerarquía sobre la problemática de la niñez, la adolescencia y la familia se interrelacionen para adecuarse a las estructuras sociales y puedan tener un sentido. 6.1.1 Hay avances, pese a limitaciones presupuestarias Al respecto, la Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, doctora Elizabeth Patiño, afirma que pese a las estrictas medidas de austeridad que vive el país “estamos tratando de avanzar en las metas que nos hemos trazado respecto a la defensa y protección de la niñez y la adolescencia”. Acepta que las limitaciones presupuestarias impiden contar con recursos adecuados para terminar de diseñar las políticas y luego exigir su implementación pero, para esta etapa, es indispensable contar los equipos humanos necesarios a fin de impulsar dichas políticas en todo el país, garantizando su ejecución a niveles departamental y municipal. “No se trata de que solo el Viceministerio tenga los recursos necesarios, sino todas las instancias responsables del tema en los niveles departamental y municipal”, explica tras subrayar que “no hubiéramos querido que nos alcance la austeridad, pero estamos sintiendo sus efectos lo cual dificulta emprender tareas urgentes en el ámbito social”.

Esa austeridad se refleja en equipos mínimos para una tarea inmensa y no avanzar en la definición e implementación de políticas; por otro lado, en la falta de recursos para ejecutar líneas de acción en el ámbito social. Ello se ve a nivel de lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los gobiernos municipales, y la Corte Nacional Electoral que carece de dinero para dotar a la población de documentos de identidad. “Es un aspecto que esperamos pueda ser superado una vez que ya estemos empezando – a nivel gubernamental- a ejecutar la política social”, puntualiza. Patiño expresa que la norma señala una política social, especialmente en lo relacionado con la niñez y adolescencia, con un soporte institucional adecuado, mencionando a los poderes del Estado que tienen corresponsabilidad en el tema, mas en la práctica no ha terminado de implementarse. Por ello, se puede ver a cada una de las instituciones vinculadas en la temática marchando por su lado, además de un presupuesto ínfimo. El Viceministerio tiene a seis técnicos en el área de niñez y adolescencia, un número insuficientes y por eso busca aliados estratégicos, además de otras instancias del Poder Ejecutivo, de otros poderes del Estado y con la sociedad civil, para un trabajo coordinado en la definición y ejecución de políticas. “Pero requerimos más recursos humanos especializados en cada una de las temáticas, a fin de que una persona no quede sobrecargada con dos, tres o cuatro áreas”, anota. Patiño confía en el apoyo de la sociedad civil y de las ONGS, y adelanta que varias instituciones privadas que han formado una red contra el tráfico de menores, se comunican constantemente y quieren consolidar una mesa de trabajo para aunar esfuerzos; y finalmente, un organismo alemán interesado en luchar contra el tráfico ha manifestado su apoyo a las políticas públicas referidas al tema. 6.2. Pobreza que lacera Una “pobreza muy impactante” es uno de los factores que obliga a numerosas niñas de 11 y 12 años de edad a dejar sus comunidades para buscar trabajo –como empleadas de hogar- en ciudades como Santa Cruz, afirma el gerente nacional de Relaciones Internacionales de Plan, Justin Fugle, añadiendo que a ello se suma otro aspecto: la falta de conocimiento por parte de los padres de lo que les pueda pasar a sus hijas. “Los progenitores no piensan en esa eventualidad”, señala tras explicar que ello ocurre porque consideran que, al igual que en sus comunidades, donde hay un espíritu de solidaridad, ocurrirá igual en otros lugares. “Si alguien viene y le ofrece trabajo para su niña y no hay dinero para atender los gastos del colegio, aceptan que se marchen; por un lado, por la pobreza en que viven; y por otro, por la esperanza de que mejorará su situación”. Esta es una de las conclusiones de la investigación realizada por Plan Internacional sobre las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en 33 comunidades de

Bolivia, que incluye el altiplano de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, la ciudad de Santa Cruz y Chuquitania en Santa Cruz. La investigación revela que no se respeta el derecho a la protección y descubre gran cantidad de abusos, como violencia doméstica y niños trabajando no solo en sus casas (es comprensible la tarea en el campo y el cuidado de animales, por ejemplo) “sino lejos del hogar paterno a tan temprana edad lo cual nos preocupa mucho más”. “Encontramos una tendencia bastante fuerte de migración de los municipios más pobres, como Potosí y Chuquisaca, al departamento de Santa Cruz y a la ciudad del mismo nombre. Preocupa porque tenemos casos de niñas de 11 o 12 años que van a Santa Cruz a trabajar como empleadas domésticas y no sabemos qué suerte correrán”, dice. Frente a esa realidad, comenta, estamos llevando a cabo campañas dirigidas a los padres de familia explicándoles de manera clara los riesgos a los que se exponen las niñas del campo en ciudades como Santa Cruz u otras; “porque podrían conseguir algún empleo pero son muy vulnerables a ser explotadas”. “¿Qué pasaría si no se acostumbra en esa casa? Queda sin trabajo y no puede comunicarse con sus padres, no puede volver a su pueblo, se queda en la ciudad donde corre peligro”. Y añade: “estos casos son muchos y suceden cada mes. En un año que estoy aquí hemos encontrado conocido numerosas historias de niños y niñas menores de 14 años en esa situación”. Fugle comenta que el estudio efectuado en 33 comunidades a través de grupos focales de 20 a 25 niñas en cada localidad, revela que hay bastante trabajo infantil y violencia doméstica. “En total han entrevistado a más de 600 niñas y niños, y más de 600 adolescentes mujeres, en total como 1.200”. El nivel de educación de los niños que migran varía, pero generalmente no concluyen la primaria. Estudian un promedio de tres o cuatro años, es decir hasta tercer o cuarto de educación primaria; en otros casos, si salen de sus casas a trabajar a los 12 años, podrían terminar sexto, pero como provienen de zonas con alto grado de pobreza les limita mucho más sus posibilidades. El problema es mayor porque así como hay niñas que van a trabajar como empleadas, niños de nueve a 10 años migran con sus familias de Sucre, Chuquisaca, a la zafra de la cana de azúcar en Santa Cruz, donde viven en fincas en los cañaverales. Otros van a Argentina a cosechar tabaco, donde permanecen de tres a cinco meses, viviendo en el campo. Ese éxodo se repite anualmente porque es el único ingreso de dinero que perciben esas familias; el resto del año lo dedican al sembrío de algunos productos tales como panllevar, maíz u hortalizas, para su manutención. ¿Cuál es el consumo promedio per cápita de las familias? Fugle afirma: En algunos municipios bordea los 200 bolivianos, la familia está compuesta por tres o cuatro hijos y ven poco dinero; tampoco pueden mandar a sus hijos a la escuela; en otros, como los de Chuquisaca y Potosí va de 50 a 127 bolivianos.

“Es impresionante el grado de pobreza de esa gente”, exclama. El 28% de la población de Bolivia, dice un estudio de Programa Mundial de Alimentos, no tiene acceso a las calorías que como mínimo necesitan para desarrollarse, aunque el problema está focalizado en las zonas rurales. Varios factores concurren a este cuadro de pobreza. Por ejemplo, dice Fugle, hay zonas donde la actividad minera era intensa, trabajaban y vivían bien, mas cuando cayó el precio quedaron en tierras donde no llueve y es difícil cultivar. Pone como ejemplo, que este año hubo sequía en Chuquisaca. A consecuencia de ese fenómeno climático, el maíz creció apenas cincuenta centímetros; en cambio, en el altiplano llovió y el maíz desarrolló hasta un metro y medio, y ya estaba dando frutos. Este año vimos una migración fuerte de estas zonas a Santa Cruz, pues la gente está desesperada; vimos familias de donde solo la niña se fue a trabajar. Plan Internacional trabaja en el norte de Chuquisaca (Morrocoy, Tamina), Sucre, en el sur de Cochabamba y el oeste de Potosí, desde donde familias completas se dirigen a la ciudad de Santa Cruz y al departamento del mismo nombre buscando mejores tierras. “Sabemos que niñas de 11 o 12 años que migran a Santa Cruz, van solas, para laborar como trabajadoras del hogar. De ahí nos queda la duda de qué pasará con ellas, cuál será su destino final”, manifiesta. Por eso, anota, pensamos trabajar en Santa Cruz, para ver a dónde llegan estos niños: al área rural o al área urbana. Refiriéndose al índice de mortalidad infantil lo califica de muy alto en zonas rurales, donde uno de cada diez niños muere antes de cumplir cuatro años. Resalta que Bolivia ha mejorado en los últimos años en términos de mortalidad infantil y mortalidad materna, pero aún así es bastante alto en algunos departamentos. En el municipio de Porosa, en Chuquisaca, la tasa de mortalidad infantil de menores de un año es entre 104 y 138, quiere decir que más de un niño por cada 10 diez fallece antes de cumplir su primer año. Porosa está al lado del municipio de Sucre. En tros seis municipios en Chuquisaca la tasa es entre 79 y 103. 6.3. Sociedad violencia El nivel de violencia es impactante y bastante frecuente en varias regiones de Bolivia, como revela nuestra investigación que considera varias clases de abuso: físico, sexual y psicológico. Esta es una de las principales concusiones a las que ha arribado el estudio de Plan Internacional Bolivia, afirma Justin Fugle, quien hace la siguiente explicación:

Hay casos de abuso sexual cuando el padre está fuera de la casa o cuando la familia se ha separado: una nueva pareja de la madre o el tío que llega a vivir en la casa o cerca de ella, ve a la niña como otra mujer para él. Hay muchos casos de abuso sexual en la casa misma de lo cual no se habla. Claro: no se trata de ir y preguntar a una menor qué problema ocurren en su hogar, sino que ella habla cuando va desarrollando cierto grado de confianza con una persona (en este caso uno de los representantes de Plan) a quien le cuenta lo que sufre. Existe un porcentaje considerable de abuso sexual y también una marcada tendencia a la violencia en la casa paterna como parte del estilo de criar a los niños; igualmente, en la escuela los maestros tienen la costumbre de castigar físicamente a los niños. Es como que si los nuevos estilos de criar a los menores todavía no habría llegado al inmenso campo boliviano. Ante esta problemática, brindamos capacitación sobre estimulación temprana, un conjunto de técnicas para estimular las posibilidades de aprendizaje del niño; inclusive, un programa gubernamental denominado PAN lo promueve pero, lamentablemente, su cobertura es mínima. La estimulación temprana se aplica desde hace veinte años en otros países porque está basado en estudios sobre el desarrollo del cerebro. A nosotros nos preocupa cuando vemos casos de mujeres que llevan a los pequeños al mercado, el niño está cuidado todo el día en la espalda materna, pero no desarrolla su capacidad física ni psicomotor. Además del abuso físico, sexual y psicológico, los niños tampoco tienen tiempo para estudiar debido a que trabajan desde muy temprano: madrugan al campo traer leña para cocinar o para acarrear agua, porque su localidad carece del servicio de agua potable. Entre los derechos del niño figura el derecho a jugar, a desarrollarse, a ser protegido, a una identidad, y muchos de esos derechos están solamente en el papel. La falta de tiempo para jugar es un abuso psicológico contra el niño. Él aprende mucho jugando, desarrolla sus capacidades, sus destrezas. Si le falta tiempo para jugar perderá mucho de su niñez y de su potencial. Mayormente se habla del abuso psicológico en términos de insultos; en vez de golpearlo físicamente, le agraden verbalmente. En conclusión, lo más común es el abuso verbal, seguido del abuso físico y finalmente abuso sexual. Un cuadro como el expuesto sitúa a estos chicos, chicas, adolescentes como fáciles víctimas de la trata, porque son muy vulnerables. No obstante, el Estado realiza un esfuerzo encomiable para superar esa situación, como la firma de tratados internacionales sobre los derechos de las niñas; asimismo, ha puesto en marcha una red de defensorías, cuya meta es tener una a nivel de cada municipio, con el siguiente personal: un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.

Es indudable que llevará tiempo y recursos contar con esas dependencias en todo el país, por eso es que muchos municipios todavía no tienen ese servicio. Frente al importante avance en términos de abrir esas defensorías, colaboramos en el programa, apoyando con entusiasmo su implementación, dado que su rol es proteger los derechos de los niños, lo cual incluye a los niños trabajadores, a los niños traficados, a los niños abusados en sus casas, en la escuela y en otros lados. La defensoría es un mecanismo de protección valioso para el niño, alguien que conoce un caso, puede ir a denunciar lo que sabe. La defensoría tiene la responsabilidad de atender la denuncia, sea a través del abogado, del trabajador social o del psicólogo. Paralelamente, trabajamos en las comunidades pues queremos crear conciencia en la gente del rol de las defensorías y de que los padres y madres de familia den un buen trato al niño y la niña en la casa; queremos cambiar el estilo de criarlos. En Sucre llevamos a cabo una campaña informativa a los padres de familia sobre los peligros que acechan a sus niñas lejos de sus casas y eso, estamos seguros, va tener un efecto importante: ellos van a pensar dos veces antes de dejarlas marchar. El trabajo más intenso es crear conciencia en los pobladores de las comunidades sobre los derechos de los niños, la protección y la identidad que tienen -bajo la ley boliviana e internacional- para que sean respetados en sus casas y en las escuelas; asimismo, para que la gente sepa qué hacer si un niño está siendo abusado. El plan estratégico de Plan Internacional Bolivia para los próximos cinco años enfatizará el tema de la defensa de los derechos de la niñez; anteriormente lo hicimos pero dimos mayor énfasis a las obras de infraestructura (aulas, clínicas, puentes, calles, sistemas de agua) aunque seguiremos en ello. A nivel mundial el tema de derechos de la niñez toma cada vez más importancia y se ha desarrollado toda una nueva filosofía: está bien contar con una escuela, pero es importante que el maestro respete a los niños. Plan Internacional alienta un sistema donde el maestro quede como un facilitador de los niños. No se trata de que el maestro esté al frente y dicte todo el día, los niños tienen libros y pueden ir desarrollando sus capacidades, trabajando con sus compañeros, preguntando a los más adelantados. Es un tipo de escuela que promociona los principios. Plan Internacional tiene patrocinadores en 15 países. Hace una filiación entre personas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y Australia y un niño y su familia en Bolivia. Cuenta con más de un millón 100 mil patrocinadores en el mundo y 45 mil familias en Bolivia, pero trabajamos a nivel comunitario y municipal. Anteriormente Plan entregaba el dinero a la familia, pero llegamos al convencimiento de que así no contribuíamos al desarrollo, pues se necesitaba proyectos comunitarios de la escuela, un sistema de agua, campañas de vacunas, derechos de la niñez, cosas más a nivel comunitario y municipal.

Hoy juntamos el dinero que viene del extranjero y de hogares bolivianos, trabajamos con los niños afiliados y sus demás compañeros en beneficio de la escuela El próximo quinquenio proyectamos atender a unos 50 mil niños en total; es decir, tendremos un crecimiento de mil niños por año”. Por otro lado, Fugle atribuye al grado de miseria en que viven las familias que no inscriban a sus niños en el Registro Público antes del primer año de vida, porque hasta hace pocos años dicho trámite costaba entre 30 y 40 bolivianos. “Esa gente actuaba de esa manera porque si moría el hijo después de inscrito, sentía que perdía dinero”. Sostiene que los largos años de pobreza les ha condicionando a pensar de esta manera: 30 bolivianos es mucho dinero para esas familias y no podían “malgastarlo” en inscribir a un niño que tal vez no iba a sobrevivir. Esa era una costumbre en el campo: esperar un tiempo para ver si el niño sobrevive o no; algunos esperaban hasta un año o un poco más de año, pero como bajo la ley anterior el Estado les imponía multas por no registrar oportunamente a los recién nacidos empeoró aún más este delicado asunto. El padre de familia no gana lo suficiente para cubrir el gasto de inscripción. Si la familia de Chuquisaca o de Potosí tiene un ingreso per cápita de 250 bolivianos al año, 30 bolivianos representa una parte importante del ingreso. Se presentaban dilemas como éstos: si inscribía a un niño el otro hijo tal vez no podría ir a la escuela. Fugle dio estas cifras sobre el consumo promedio per cápita de algunas zonas rurales: en Sucre entre 50 y 127 bolivianos; en los municipios de Porobamba, Tarabuco, San Lucas, Incolás y Putina (Chuquisaca) una cantidad similar; también en Potosí; en Santa Cruz la situación es un poco mejor. “Estamos hablando de 50 y 127 bolivianos por persona en un hogar. Si son cinco miembros, multiplica los 50 bolivianos por cinco personas, lo que nos da un total de 250 bolivianos. Son, pues, municipios de marginalidad crítica”, precisa. En Bolivia hay 60 municipios en esta categoría a nivel nacional, según el censo del 2001. Otros grupos de niveles de vida críticos perciben 220 bolivianos per cápita. Si la familia tiene cinco miembros su ingreso es de 1.100 bolivianos para subsistir todo el año Esos datos, añade Fugle, están basados en estadísticas del gobierno, pero en lo que se llama el consumo intenta dar un valor al intercambio de productos; por ejemplo, un campesino lleva papas para intercambiar por cuadernos. No se refiere a un ingreso de dinero en efectivo. Plan Internacional trabaja en 965 comunidades rurales (chiquitanos, quechuas y aymaras) de 53 municipios de seis departamentos con representantes y personal; tiene oficinas en Sucre, Tarija, Santa Cruz y El Alto. . En la actualidad está dando un fuerte impulso a programas en: Derechos de la Niñez, que incluye principalmente una Campaña de Identidad; Programa de Salud y en escuelas; en generación de ingresos y en agua y saneamiento.

7. Respuesta del Estado Lo peor que podría ocurrirle a un Estado, representado por el gobierno elegido por el voto popular y todas sus instituciones es caer en la parálisis abrumado por los problemas nuevos o de vieja data, difiriendo –año tras año- la toma de decisiones orientadas a buscar la solución de los mismos. Centrar todos los esfuerzos en atender lo cotidiano no es una buena alternativa porque, en la práctica significaría atender los asuntos más urgentes y apagar los incendios, una estrategia bastante conocida en América Latina, pero olvidando las acciones de mediano y largo plazo indispensables en la agenda de cualquier país. Sin embargo, como la historia lo demuestra hay un precepto que debe cumplirse de manera inexorable: un país necesita estabilidad para acometer sus grandes tareas, estabilidad política, económica y social. Si falla uno de estos pilares -que son fundamentales- el camino del desarrollo será cada vez más escabroso y tal vez inviable. La estabilidad política tiene como uno de sus principios básicos el respeto a la ley, el cumplimiento estricto de las normas legales que rigen la vida de un país y el respeto a las instituciones del Estado, cuya máxima expresión es la Constitución Política. En este contexto, hay un esfuerzo importante en varias reparticiones del Poder Ejecutivo por subsanar aquellos vacíos en materia legislativa considerados urgentes para, en el caso del presente informe, ir propiciando, desde diversos frentes, un plan de acción orientado a luchar contra la trata y erradicar el trabajo forzoso. Y como la experiencia enseña no basta solo promulgar buenas leyes y reglamentos, si no que debe ir acompañada de una intensa campaña de difusión para alentar un proceso de internalización de las mismas por quienes deben aplicarlas y del pueblo que debe conocerla con la finalidad de exigir su cumplimiento en el laborioso proceso de construir “una cultura de la legalidad”. Pero, la magnitud y complejidad del fenómeno demanda un trabajo intenso y acelerado al mismo tiempo no solamente en materia legislativa (con varias tareas por delante de las cuales damos cuenta en este capítulo), sino en otros aspectos primordiales, como profundizar la integración nacional para asegurar la presencia del Estado hasta en los lugares más recónditos y también, contar con una visión de política de Estado en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Ojalá que se ejecuten en el tiempo previsto las obras anunciadas por el Viceministro de Trabajo en las zonas más alejadas y olvidadas del país, a fin de que no quede como una simple promesa con tufillo electoral; ojalá que se haga realidad, antes de que termine su mandato el Presidente Carlos Mesa, la adecuación de las condiciones de los trabajadores de la zafra de caña de azúcar y de la zafra de la castaña a la Ley General del Trabajo. 7.1. Institucionalización ¿Qué tiempo podría demorar la aprobación de una ley por el Parlamento de cualquier país latinoamericano? Las respuestas, seguramente, serán varias, inclusive los diputados y senadores dirán, tras sonrisas de autosuficiencia, que dependerá de su importancia y gravitación en la vida nacional. La razón, entonces, les asiste. En Bolivia una ley espera desde el 2000 la atención de los congresistas. Razón no le falta tampoco a un analista quien afirma que las iniciativas legislativas podrían “dormir” varias períodos en las comisiones de trabajo que deben dictaminarlas o en la agenda de los Padres de la Patria antes de verlas convertidas en leyes. Nadie ignora que Bolivia, con cuatro presidentes en cuatro años, intenta un proceso de cambios y apunta hacia la institucionalización. Pero por los flujos y reflujos de la vida política y los constantes ajustes económicos, carece de líneas de continuidad para tratar de solucionar álgidos problemas sociales. Una débil institucionalización da normas y reglamentos, pero cambia el gobierno y el nuevo equipo que lo acompañará derogará esa norma y su reglamento, creará nuevas dependencias públicas y desactivará otras; renovará el cuadro de funcionarios y todo volverá a fojas cero, a empezar de nuevo. De allí los magros indicadores de gestiones breves; obviamente, brillarán por su ausencia eficientes políticas públicas de salud (hoy mueren tres mujeres al día por el hecho de ser madres); investigaciones, capacidad institucional, capacidad gerencial, etc. El “día a día” se torna imperativo: la sobrevivencia, la notoriedad y temas cotidianos. Se construye una visión de lo necesario, olvidando el futuro. Cada gobierno elabora sus planes sociales y de desarrollo económico, pero viviendo en un contexto de inestabilidad no tendrá la seguridad de ejecutarlo. Urge superar los problemas de inestabilidad política, económica y social, y consolidar sobre bases sólidas la gobernabilidad. En este marco, leyes como la prohibición de la trata o de adopciones esperan pronto ver la luz del día, porque es imperativo frenar la comisión de estos delitos, especialmente el tráfico y el trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes incrementados desde el último lustro. Un concepto básico del Derecho, que es producto del devenir histórico, dice que es un conjunto de normas sistematizadas que hacen posible la convivencia humana.

Desde ese punto de vista, las sociedades se expresan por la calidad de normas que producen; y en Bolivia se sigue demorando la aprobación de la ley que prohíbe la trata y de la reglamentación de la ley que normará las adopciones, aunque sobre esta última el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad tiene una nueva y revolucionaria concepción, como lo anuncia su titular doctora Elizabeth Patiño. Empero cuando vemos el inexorable paso del tiempo cabe preguntarse qué nivel de importancia han tenido estos temas para los representantes en el Congreso. Como apunte final quizá valdría la pena remarcar la perversidad de la demora en temas tan sensibles como los expuestos. 7.1.1. Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes El Congreso Nacional ya tiene en su poder -para su debate y aprobación- el texto sustitutivo de la Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescente, que recoge las observaciones efectuadas por el Presidente de la República, Carlos Mesa. La Comisión Mixta formada por la Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales del Senado y la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados elevó el nuevo documento el 12 de octubre del 2004, tras considerar fundadas las recomendaciones. Este fue presentado con el INF. 03/2004-2005 – P.L. 116/2003-2004. El documento sustitutivo, que consta de seis artículos, tipifica y sanciona el tráfico de niños, niñas y adolescentes y otros delitos relacionados no previstos en el Código Penal, como la omisión de denuncia del delito de tráfico, e introduce las modificaciones pertinentes de otros artículos ya contemplados pero insuficientemente. Precisamente, el artículo 2º (Tráfico de niños, niñas y adolescentes) dice: “Créase el Capítulo V “Tráfico de niños, niñas y adolescentes” del Título VIII “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal” del Libro Segundo del Código Penal, incluyéndose en el mismo, los Artículos 281 (Bis,) y 281 (Ter.) con el siguiente tenor: “Artículo 281 (Bis).- (Tráfico de niños, niñas y adolescentes): El que induzca, promueva, favorezca o realice reclutamiento, transporte o substracción de niños, niñas o adolescentes para la entrada o salida del país o dentro del territorio nacional, con destino a la venta, adopción con fines de lucro, violencia sexual comercial, explotación laboral, comercio de órganos, tejidos, células o líquidos corporales, identificación genética, reducción a la esclavitud o cualquier otro fin legal, será sancionado con la pena de privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. La pena se agravará en un tercio cuando el autor o partícipe, fuere parte de una organización criminal, de una asociación delictuosa, funcionario público o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente.

Si como consecuencia del tráfico resultare la muerte, se impondrá la pena de correspondiente al delito de homicidio, salvo que la conducta se subsuma en un delito mayor”. “Artículo 281 (Ter.).- (Omisión de Denuncia del delito de tráfico): La autoridad o funcionario público que conociere la comisión del delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes y no lo denunciare oportunamente, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años”. “A través del artículo 3º.- (Pornografía y espectáculos obscenos): se incluye como artículo 324 (bis) del Código Penal el siguiente: Artículo 324 (Bis).- (Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o adolescentes): El que promueva, induzca, produzca, exhiba, comercialice o distribuya material pornográfico, por sistemas informáticos, de telecomunicaciones o por cualquier otro medio; o que promocione espectáculos obscenos en los que se utilicen niños, niñas o adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a diez (10) años. Asimismo, el proyecto sustitutivo en su artículo 4 se refiere al Proxenetismo (deroga la última parte del artículo 321º del Código Penal en su texto modificado por el Artículo 12 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999); y sustituye el segundo párrafo del 321º. El artículo 5.- (Organizaciones criminales) modifica al artículo 132º (bis) (Organización Criminal) del Código Penal con un nuevo texto en el Artículo 132 (Bis).- (Organización Criminal); y finalmente, el artículo 6º.- (Derogación) deroga el segundo párrafo del artículo 321º (bis), tráfico de personas, introducido al Código Penal por el Artículo 13 de la Ley 2033”. (Anexo 1: INF. 03/2004-2005 – P.L. 116/2003-2004) Indudablemente, este nuevo documento es más completo que uno anterior que fue aprobado por el Congreso Nacional a fines de abril pasado y remitido al Presidente Carlos Mesa para su promulgación. Éste, como lo decimos anteriormente, devolvió la ley al Legislativo con varias observaciones que fueron declaradas fundadas. El punto de partida de la anterior iniciativa fue el proyecto de ley 245/2002-2003 que, bajo el título de “Tráfico, Prostitución de Niños, Niñas y Adolescentes” se aprobó el 5 de diciembre del 2002. (Anexo 2: Proyecto de Ley Nº 245/2002-2003) El documento fue enviado en revisión al Senado el 12 de diciembre del mismo año; esta rama legislativa luego de introducir modificaciones la devolvió a la colegisladora para su estudio y ulterior aprobación.

Los dos proyectos tienen por objetivo sancionar el tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes, incorporándolas como delito en el Código Penal; pero la diferencia sustancial radica en que, el de la Cámara de Diputados establece sanciones penales mayores a las existentes en el citado código y al del proyecto del Senado. Tras el análisis de los proyectos la Comisión no aceptó el proyecto de ley con modificaciones venido del Senado por lo que forman una comisión técnica que plasme en un documento los dos proyectos de ley. El fruto, un documento consensuado. (Anexo 3: INF. 05/2003-2004 – P.L. 116/2003-2004) El mencionado proyecto de ley aprobado por el Congreso y remitido al Ejecutivo para su promulgación fue devuelto al Senado, atendiendo las sugerencias de varios especialistas porque tenía vacíos, los cuales fueron subsanados en el documento remitido al Senado el 12 de octubre con el INF. 03/2004-2005 – P.L. 116/2003-2004. 7.1.2. Proyecto de D.S. para adecuar el Código Niño, Niña y Adolescente a la Convención de la Haya Campaña: Familia boliviana, adopta un menor boliviano El Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad viene elaborando un proyecto de decreto supremo para adecuar el capítulo referido a las adopciones tanto nacionales como internacionales del Código Niño, Niña y Adolescente, a lo establecido en la Convención de La Haya, ratificada por Bolivia en el 2001. Al dar a conocer este importante avance la titular del Viceministerio, doctora Elizabeth Patiño, afirma que el mencionado código, aprobado en el año 1999 y vigente desde el 2000, ha quedado “un poco desfasado” respecto a los avances que contiene la Convención de La Haya, la cual ratificamos al año siguiente. “Es necesario compatibilizarlo, pues a partir del desfase entre el Código del Niño, Niña y Adolescente y la Convención de La Haya tuvimos situaciones muy complejas por los vacíos de procedimiento; por eso queremos que nuestro código avance a partir del reglamento que se apruebe a través de un decreto supremo”, remarca. Estima que la Convención de la Haya da elementos mucho más claros frente a la responsabilidad, por ejemplo, de la autoridad central frente al tema de adopciones; “aunque, por otro lado, no desterramos la posibilidad de revisar integralmente dicho código para que esté totalmente adecuado al instrumento legal internacional”. Mientras tanto, indica Patiño, el decreto supremo cuyo texto estamos redactando nos ayudará, una vez aprobado, a superar las dificultades actuales. Calcula que en el país existen doce mil niños, niñas y adolescentes institucionalizados (que están en centros de acogida) “que desearíamos -sino todos al menos la mayoríatengan derecho a una familia para que no sigan en esos locales que, a pesar de la buena voluntad de sus responsables, acaban siendo como cárceles, que les quita su derecho a consolidar su identidad en base a una relación afectiva que lo da un núcleo familiar”.

“Hemos pedido a los jueces de niñez y adolescencia, a las defensorías y a los Sedeges que pongan en orden la documentación de esos menores para empezar a sensibilizar a la comunidad, a fin de que los adopten y puedan crecer y desarrollarse en Bolivia”, indica. Patiño considera necesaria la ayuda de organismos que ven la adopción internacional, para alentar a las familias a adoptar niños bolivianos en vez de darlos en adopción a hogares extranjeros, porque esta alternativa, pese a sus fines nobles, muchas veces es una puerta para el tráfico (la compra-venta) de menores. “Vamos a impulsar la adopción nacional, y ya hemos recibido propuestas de varias instituciones sobre cómo movilizarse para construir esta nueva cultura: la adopción nacional, con el objetivo de que los niños puedan estar protegidos en su país, pues ningún otro será mejor que su medio, su cultura y su propia identidad para tener una familia en este caso adoptiva, si no tienen la familia de origen”, subraya. La campaña se denominaría: “Familia boliviana adopta un niño boliviano”. 7.1.3. Proyecto de D.S. para derogar el sistema de “enganche” para trabajadores de las zafras Convencido de lo inhumano, injusto y abusivo de mecanismos como el “enganche” para conseguir la mano de obra para la zafra de caña de azúcar o de la castaña, en la región del Oriente, el gobierno ha decidido ponerle punto final, aseguró la ex asesora del Ministerio de Trabajo, doctora Rosario Baptista. Ese interés, afirma, data de casi un lustro, pues lograron que los empleadores comprendan la necesidad de abordar temas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso porque podría afectar sus exportaciones, ya que Europa y Estados Unidos son cada vez más estrictos para admitir productos que tengan mano de obra infantil o de trabajo forzoso. El “enganchador” opera a través del tiempo como un nexo no necesariamente positivo para los trabajadores, a quienes cobran excesivas comisiones por conseguirles empleo en la zafra, explica la ex asesora del Ministerio de Trabajo. Subraya que un estudio de la O.I.T. llegó a elaborar listas de los “enganchados” y los descuentos que les hacían, ascendentes al dos por ciento; en otros casos llegaba al cuatro por ciento. Lo singular es que los descuentos se hacían anticipadamente a que reciban sus salarios. Baptista indica que el Ministerio de Trabajo presentó al Gabinete Ministerial un proyecto de Decreto Supremo que reglamenta el trabajo asalariado del campo. A través de esta norma se tratará de resolver el problema del reclutamiento de mano de obra en el campo, porque el enganche está prohibido por ley. Recuerda que una ley reservaba para el Estado la potestad de único “enganchador” pero, a través de su vigencia, nunca tuvo la posibilidad real de establecer agencias de reclutamiento con el fin de atender el problema que afectaba a miles de personas.

Además, precisa, nada garantizaba que esas agencias de reclutamiento por pertenecer al Estado no actúen de una forma igual de perversa que un particular. El proyecto de Decreto Supremo puntualiza que el “enganchador” o el subcontratista presuma que es servidor del empleador final; por ejemplo, del dueño del cañaveral de azúcar a donde son llevados los zafreros. O en el caso de la zafra de castaña, es el dueño de la concesión, el que va a recibir la castaña, quien contrata al “enganchador” que, a su vez, reclutará a familias enteras para los trabajos de recolección y limpieza del preciado fruto. Entonces, si contrata a un trabajador será en nombre del empleador, lo cual deja sin sustento la dualidad de decir: Yo (el empleador) no tengo ninguna relación contigo (el zafrero), sino que la relación suya es con el contratista. En definitiva, la norma apunta a prescindir de los subcontratistas a fin de establecer una relación contractual clara entre el trabajador y el empleador. A juicio de Baptista, el proyecto del Decreto Supremo es un avance importante, porque especifica a quién se le puede exigir que cumpla con los requisitos de seguridad social y otros beneficios para los trabajadores. El proyecto está en el Gabinete Ministerial tras haber pasado las instancias previas de análisis, tanto técnicas como jurídicas. Su aprobación, ahora, depende del Presidente de la República. Anteriormente el temor para aprobarlo era la fragilidad del gobierno democrático, pues un grupo de empresarios del Oriente que vería afectado sus intereses por la citada medida, podía oponerse y desestabilizar al régimen, alentando inclusive el afán separatista que hay en Santa Cruz. En esas condiciones, sancionar esa norma era un ingrediente que complicaba más la situación. Los tiempos han cambiado. Ahora se entiende que el gobierno está consolidado, que la situación está más estable y no habría dificultad en aprobar la norma que, en su momento, fue consensuado con organizaciones de empleadores y trabajadores. El proyecto está listo desde ese año. “Nosotros hemos repuesto el proyecto mejorándolo con algunos capítulos relativos al trabajo infantil y demás. Lo hemos complementado, pero lo esencial está listo desde 1999”, añade Baptista. Un poco más cauto en cuanto a su contenido pero optimista respecto al plazo de promulgación del decreto supremo, el viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, precisa que esa norma saldrá a fines de octubre y que apunta a reglamentar la incorporación de los trabajadores asalariados del campo a la Ley General del Trabajo. “No está específicamente orientado a eliminar el trabajo forzoso o el trabajo infantil, pero los toca en su estructura”, remarca. Aguarda también en la próxima legislatura se ratifique el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo.

7.1.4. Proyecto de Ley del Registro Civil La actual administración de la Corte Nacional Electoral (CNE) está empeñada en poner orden en el sistema de registro e identificación de los ciudadanos de Bolivia. Para cumplir ese cometido, viene elaborando un proyecto de Ley del Registro Civil, porque la actual tiene una vigencia de más de un siglo y ha sufrido numerosas modificaciones. La Vocal Natividad Avilés anunció que probablemente antes de finalizar este año la CNE elevará el proyecto de ley correspondiente al Senado de la República, pues el objetivo es contar en breve con un Registro Civil moderno y funcional. La magistrado rescata una norma del Código Electoral que establece que, al igual que en muchos países, debe haber un número único de registro para cada ciudadano. Contrariamente, en Bolivia hoy existen los siguientes: 1) Número de Carné de Identidad; 2) Número del Formulario de Registro Civil que no se utiliza para nada; 3) Número de Carné de Asegurado; 4) Número de Pasaporte, entre otros documentos que tienen números diferentes. “Todo ello crea un caos administrativo, por eso el tema central es una nueva Ley de Registro Civil”, remarca la doctora Avilés. En Bolivia, de origen el Registro Civil no estuvo siempre en el organismo electoral, sino en el Ministerio de Gobierno, cuyo tratamiento no fue técnico; además, se han perdido muchos libros, hay dobles registros y una serie de problemas registrales. Tras recibir el Registro Civil, la Corte Nacional Electoral ha tratado de corregir los problemas estructurales y ha realizado una transcripción de todas las partidas de nacimiento, de defunción y matrimonio a una base de datos. “Eso permite, primero, hacer una verificación, cuando un interesado se acerca a solicitar una inscripción, si ya está en el registro o no, a fin de no duplicar el registro”, precisa. 7.1.5. Elaboran política de ocupación territorial Especialistas del Consejo de Población de Bolivia vienen trabajando en la elaboración de una política de ocupación territorial, uno de los grandes vacíos a lo largo de su historia y cuyas consecuencias se palpa hoy con mayor crudeza al constatarse el despoblamiento en varios departamentos y enormes extensiones deshabitadas. El Secretario Técnico del Consejo de Población, doctor René Pereira, considera grave la ausencia de dicha política, aunque, por otra parte, resaltó la existencia de numerosos estudios de suelos. “Sabemos qué hay en nuestros suelos, sabemos cuáles son las características y la vocación de todos los suelos”, afirma. Pereyra califica a Bolivia como un país deshabitado. “Tenemos una extensión de 1.098.581.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 8.600.000 habitantes; es decir, una densidad poblacional de alrededor de ocho habitantes por cada kilómetro

cuadrado; sin embargo, existen movimientos tan complejos y conflictivos como los campesinos sin tierra en agitación permanente”. Adelanta que una política de ocupación territorial debe delimitar con claridad, por ejemplo, las áreas de reserva, las áreas de conservación y las áreas fiscales, especialmente en los departamentos del Beni y de Santa Cruz de la Sierra. Empero, advierte que el actual proceso de migración, bastante desordenado y caótico, está afectando estas áreas de conservación y de reserva. Considera, asimismo, que tenemos que conocer las aptitudes de los suelos a fin de orientar a la población sobre los posibles escenarios para fines de asentamiento. El problema de Bolivia es crítico por su agreste geografía, donde los macizos andinos y montañosos dificultan la comunicación. Aunque no precisa, Pereira estima que no hay ocupación porque hay restricciones estructuradas en el territorio. “Dentro de lo que se puede se tiene que hacer. Hemos sido muy ricos en experiencias de colonización algunas con relativo éxito. Por ello no queremos replicar esos viejos procesos onerosos y con saldos negativos”, remarca. Apuesta por el diseño de una política orientadora para la población, que le muestre que todavía hay bastante espacio, bastante territorio en el país para ocuparlo; pero, añade, esos territorios necesitan inversiones, tecnología y nuevas formas de organización de la población, para que los nuevos asentamientos tengan éxito. Estima que, probablemente, este segundo semestre tendría listo un documento de trabajo con los lineamientos generales de esa política. Pereira se muestra contrario a continuar “la marcha hacia el oriente” impulsada desde el año 1952, reiterando que lo que se tiene que hacer es pensar cuál es el destino de la nueva fuerza migratoria. “Por eso hay que diseñar la política de ocupación territorial”. El Consejo Nacional de Población depende desde el punto de vista orgánico del Viceministerio de Planificación que, a su vez, forma parte del Ministerio de Desarrollo Sostenible. 7.2. Integración: adiós al ostracismo El gobierno, a través del Viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, anuncia que este año se inicia el proceso de integración de las regiones del Alto Amazónico a las principales ciudades del país, mediante jornadas de concertación, planificación y ejecución de obras de infraestructura vial y eléctrica. “Queremos que el Estado tenga presencia en esos lugares tan alejados del país”, señala de manera enfática.

Asegura que a partir del 1 de enero del 2005 por razones de ordenamiento jurídico del presupuesto, realizarán las transferencias presupuestales para que funcione una Oficina del Ministerio de Trabajo en la localidad de Riberalta. Admite que en esa inmensa región existen muchos problemas vinculados a la ausencia del Estado, por eso el reclamo permanente de descentralización y autonomía. Es un pedido general, no solamente de la sociedad civil, de las juntas vecinales, de gente que se puede sentir en algún momento agredida por el abuso, sea del patrón o de los empresarios, sino también de las empresas petroleras. “Todos quieren protección”, indica al remarcar que ese descuido es consecuencia del olvido y el centralismo. Eróstegui relata que en 1995 visitó San Matías, en la frontera con Brasil, frente a Cáceres en Brasil, como asesor de la Central Obrera Boliviana, para dictar un curso. El subprefecto, que representa allá al Presidente de la República, le recordó que desde que el general René Barrientos gobernó Bolivia, no había llegado una autoridad al lugar. “Yo no era autoridad pero cualquier persona de La Paz que visitara el lugar pensaba que era una autoridad, lo cual refleja la impresionante ausencia del Estado”, subraya. El alto funcionario dibuja esa dura realidad con estas frases de un sociólogo boliviano radicado en Chile: “Bolivia es un lugar donde el Estado es muy débil y la sociedad civil muy fuerte. Bolivia es el lugar de América Latina donde la sociedad civil es más fuerte que el Estado…” La presencia del Estado es fuerte en los centros mineros, porque hay una tradición de desarrollo, allí se concentraban empresas, riquezas, etc. En numerosos lugares de Bolivia está ausente el Estado, por eso se habla todavía de la justicia comunitaria; igualmente, a los profesores hay que darles incentivos para que vayan a dictar clases a los lugares más distantes del país, porque su presencia pone de manifiesto que el Estado está presente. Los pobladores de áreas nativas asocian la ausencia del Estado con muchas cosas. Eróstegui recuerda que en una ocasión lo identificaron con la falta de tractores y lo solicitaron; se trajeron cinco mil unidades que hasta ahora están en la aduana; los indígenas no van a recogerlos porque quieren que el Estado vaya a entregarlos. “Lo que reclaman es presencia del Estado”, puntualiza. Rememora que en una negociación en Guaqui con la Federación de Campesinos de La Paz, “nos dimos cuenta de que querían la presencia de los ministros para hablar, porque para ellos significaba que el Estado los veía, los escuchaba. No querían negociar con los ministros, sino tenerlos presente porque ellos simbolizan al Estado. Los indígenas que bloqueaban durante dos semanas la carretera reclamaban contra el bloqueo aduciendo que les perjudicaba, porque era el año nuevo aymara y la gente no

podría concurrir por la interrupción de la vía que, paradójicamente, ellos mismos habían ocasionado. Querían, pues, la presencia del Estado. Cuando se le pregunta a Eróstegui qué hará para que, el año 2010, Bolivia no siga mostrando al mundo miles de trabajadores en situación de trabajo forzoso, responde: “Quisiera que el 2007, en el momento en que el Presidente de la República, Carlos Mesa, entregue la presidencia al ganador de las elecciones, hayamos disminuido esa situación por lo menos en un 30 por ciento. Queremos que los contratos laborales en Riberalta sean hechos de acuerdo a la Ley General del Trabajo, que las oficinas del Ministerio de Trabajo en Tupisa y en otras regiones, luchen contra los enganchadores y que sean capaces de sustituirlos. Aunque hay otra propuesta que debemos analizar: que los enganchadores sean empleados de las empresas, que éstas les pague su sueldo y contraten directamente a los trabajadores de la zafra. Queremos que el 2007, en los contratos de los trabajadores que están en las zafras de caña de azúcar y de la castaña, que muchas veces son subcontratados por los enganchadores, estén bajo un régimen en el cual haya la garantía solidaria. Queremos conocer con precisión hasta el 2007 qué ocurre en el Chaco e ingresar con el Ministerio de Justicia, porque no es un problema solo laboral, sino de justicia, policial e ideológico, pues el trabajo forzoso está prohibido y penado por el Código Penal”. Y cuando le repreguntamos: ¿qué le impediría mostrar esos avances al país y a la comunidad internacional en el 2007? Eróstegui responde: “Primero, una oposición muy grande de los empleadores, porque los trabajadores están interesados; si los empleadores se oponen, podríamos tener inclusive conflictos sociales y enfrentamientos con algún grado de violencia. ¿Inestabilidad política? Podría ser en la región del norte amazónico, en Riberalta. En una oportunidad amenazaron con separarse de Bolivia. “Ese es nuestro anhelo, que por lo menos mejore la calidad de vida de un 30 por ciento de la población que está afectada por el trabajo forzoso”. En lo que respecta a los niños en la zafra de Santa Cruz, piensa habilitar albergues, aunque ahora hay uno. Que los niños a partir del 2005 tengan profesores en la zafra, pues vamos a tener escuelitas con apoyo de la Fundación Arco Iris y Cáritas. Eróstegui ansía entregar el año 2007 su alto cargo en el Ministerio de Trabajo con una política laboral coherente y justa en marcha en lo que se denomina el trabajo en la zafra de caña de azúcar y en la zafra de la castaña, porque en dichos sectores existen relaciones laborales muy vulnerables.

7.2.1 Reestructuración del Ministerio de Trabajo ¿Cómo poner en marcha la reestructuración de una Cartera Ministerial tan importante para dar cobertura a zonas antes desatendidas? El Viceministro Eróstegui explica: “Queremos reestructurar el Ministerio de Trabajo para que, a partir de la creación de lo que va ser la Bolsa de Trabajo, sea esta la que contrate a los interesados y certifique las condiciones en las cuales va la mano de obra, desde el más humilde hasta el más capacitado. De esta forma, se evitará a los enganchadores que continúan existiendo a pesar de ser ilegales en la estructura jurídica laboral. Está prohibida la práctica del enganche realizada anteriormente en la minería, porque cuando llegaban los enganchadores se llevaban campesinos a las minas, cobraban y no les pagaban. Este tipo de abuso llegó a su fin en 1952. Tras un período de fuertes luchas sociales se aprobó una ley favorable a los trabajadores sobre todo los mineros, rompiéndose ese tipo de trabajo. Pero los enganchadores, generalmente dueños de camiones, empezaron a llevar mano de obra a Santa Cruz. La región del Chaco es una de las más olvidadas por el Estado. Un Estado débil como Bolivia no llegó a asentarse sólidamente en ese territorio. No tiene subprefecto, no tiene oficinas del Ministerio de Trabajo ni de otras dependencias públicas. No está integrada al país; prácticamente es tierra de nadie. Ahora con el negocio de las petroleras están saliendo a flote muchas deficiencias que van a ser solucionadas por la presencia de esas empresas y del Estado que se va reforzar. Los subprefectos tendrán facilidades para cumplir con las responsabilidades que le asignan las leyes. Las acciones propias del desarrollo van a transformar la zona y por eso estamos empezando a tomar una serie de medidas; primero, lo pondremos en práctica en el norte para ver sus resultados y decidir después cómo la aplicaremos en el sur. El abandono del Estado será subsanado”. Luego añade: Lo mismo ocurre con el Norte Amazónico, en Riberalta, donde una persona del Ministerio de Trabajo atiende a 25 mil trabajadores fabriles y 10 mil de la zafra. En Cobija, capital del departamento de Pando, una oficina del Ministerio de Trabajo cuenta con dos personas. Cobija tiene 12 mil habitantes, casi todos funcionarios públicos, de la prefectura, profesores, médicos, etc. No hay desarrollo industrial. Tenemos la idea de fortalecer la Dirección de Trabajo en Riberalta, trasladando a una persona desde Cobija. En Trinidad hay cuatro personas. Tiene más población que Riberalta, pero la mayoría son profesores, médicos, abogados, etc., no hay mayor relación obrero-patronal ni

desarrollo industrial, por eso destacaremos a uno de sus empleados a Riberalta a fin de fortalecer la presencia del Ministerio de Trabajo. Asimismo, estamos trabajando con la Cooperación Holandesa en Riberalta, que va a equipar la oficina con computadoras, material de trabajo y capacitará al personal. Estamos coordinando con el subprefecto para que la Dirección de Trabajo tenga su sede en la subprefectura, que es amplia y podríamos inclusive utilizar sus recursos. 7.2.2. Carreteras e hidroeléctrica Sobre los acuerdos que puedan alcanzarse en el diálogo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores del Oriente, el Estado anhela saldar la enorme deuda de olvido de algunos sectores de esa región, a partir de una experiencia piloto que realizará, primero, en la zona norte para luego desplazarse al sur. “Es la primera vez que en la historia de Bolivia se perfila una respuesta del gobierno a los problemas que enfrenta esa zona”, dice el viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, señalando que “tenemos puentes tendidos con empresarios y trabajadores” lo cual constituye una excelente oportunidad para materializar las propuestas. El punto de partida de ese esfuerzo será la ciudad de Riberalta, capital de la provincia de Baca Diez, departamento del Beni, de donde partirá una nueva carretera a Guayamerín, que permitirá a los barraqueros (dueños de los predios de donde se extrae la castaña) bajar costos en el transporte y ahorrar tiempo. (El barraquero o terrateniente es diferente al beneficiador de la castaña, que está en Riberalta. Y se moviliza mucho al Brasil). También, se proyecta en Riberalta bajar los costos de la energía eléctrica a 0.10 centavos la unidad eléctrica; actualmente pagan 0.24 centavos, mientras que en la ciudad de La Paz es de 0.6 centavos. “Construiremos una planta, con un nuevo sistema de producción de energía eléctrica, porque allá no hay caídas de agua. La planta permitirá bajar los costos de producción, y así propiciaremos que los empresarios, que explotan de distintas formas la mano de obra, bajen costos, y puedan aumentar los salarios”, confiesa Eróstegui. Tanto la construcción de la carretera como la puesta en funcionamiento de la planta de electricidad, obras indispensables para esa región, permitirán al gobierno exigir a los empresarios que los futuros contratos de las personas que laboran allí estén, en un plazo prudencial, ajustados a la Ley General de Trabajo. “De esa forma esperamos ir erradicando el trabajo servil encontrado en el norte de Riberalta”, asegura el viceministro. Hace hincapié en que esa propuesta se llevará a cabo partiendo de un proceso de negociación. “No queremos entrar a decirles: Ustedes van a ser esto o aquello, pero si no aceptan nuestros planteamientos, empezaremos a aplicar la ley. Si los empleadores aceptan haremos todo lo expuesto”, manifiesta.

Eróstegui fundamenta su planteamiento de empezar en Riberalta porque existen organizaciones que representan a los trabajadores, como las federaciones de zafreros y de fabriles “con las cuales podemos iniciar el proceso de cambio”. Puntualiza que están trabajando con la Prefectura del Beni para convencer a los empresarios que migren a contratos ajustados a la Ley del Trabajo, lo cual en un primer momento podría ocasionar un aumento de costos pero a cambio tendrán nuevas obras de infraestructura que les permitirá compensar ese incremento. 7.3. Derechos Humanos y Migraciones: Política de derechos humanos y protección de los migrantes La administración del Presidente Carlos Mesa Gisbert viene trabajando conjuntamente con la sociedad civil en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de una Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que incorporará por primera vez los derechos de los migrantes y sus familias. El anuncio lo hizo el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, doctor Álvaro Guzmán, señalando que el punto de partida de esta ambiciosa política es el decreto supremo 27420 que crea el Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos y la Comisión Interministerial respectiva, “como instancias técnicas de coordinación y concertación” para el diseño de dicha estrategia. Según el cronograma de trabajo de la Comisión Interministerial a fines de este año estará listo el documento que contempla incorporar en la agenda gubernamental las acciones de corto, mediano y largo plazos en todo lo referente a los Derechos Humanos, dando especial énfasis a los derechos de los migrantes y sus familias. Esa estrategia será aprobada a niveles más altos del gobierno a través de una ley o de un decreto supremo; se trata de una agenda para veinte o treinta años priorizando qué temas se tratarán a corto, a mediano y largo plazo. “A partir de la aprobación de esta estrategia Bolivia contará con una agenda, con una visión de política de Estado, en la temática de Derechos Humanos, con la finalidad de poder promover una política coherente en el tema”, indica Guzmán. Refiere que la Cancillería desarrollará acciones en la temática de protección de los derechos de los bolivianos en el extranjero, a través de acciones consulares. En ese marco, comenta que debe promover asistencia y protección de los migrantes nacionales residentes en el extranjero, a través de los consulados. “Eso está como un objetivo de esta agenda, y la cancillería tiene que promover acciones de protección a través de los mecanismos consulares en los países identificados donde residen muchos migrantes, pero esa acción tiene que ser continua y con reportes periódicos a partir del 1 de enero del 2005”, asegura. Según reportes oficiales ciudadanos bolivianos radican en el cono sur de América, específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, además de salidas constantes a España, Italia y Estados Unidos de Norteamérica.

Guzmán anhela una base de datos actualizada que estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Migración, la cual deberá identificar y levantar información que sirva en el futuro para un nuevo enfoque de nuevas políticas sociales y económicas que el Estado está interesado en atender. Precisa que el tema migratorio está ligado a la crisis económica que viven los países de la región; “y en el caso de Bolivia, nos convierte en exportadores de migrantes y que la sistematización de la información correspondiente permitirá enfocar este problemas desde una perspectiva de cómo hallar una solución. Para ello, anota, se creará una estructura básica de responsabilidades interinstitucionales, con participación de la Cancillería, del Servicio Nacional de Administración de Personal y Migraciones sin perder de vista que -como Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos- debemos coordinar y coadyuvar en acciones que tienen que ver con la protección de los derechos, a través de la ratificación de documentos internacionales que protejan los derechos de los migrantes y sus familias. Se trata de generar mecanismos internos de prevención fundamentalmente, por eso se asignarán responsabilidades a los servicios especializados como Migración, para que el Estado pueda prevenir las salidas ilegales que tienen inclusive consecuencias en la vida y la seguridad de las personas. Por ello considera importante una agenda que en este caso podría llamarse Plan de Acción Nacional, sin perder de vista el plan regional, que hemos trabajado en varios eventos regionales, porque nuestro interés es promover acciones que generen una mejor prevención y una protección a largo plazo de los migrantes y sus familias. Estima, asimismo, que la prevención del tráfico y la migración ilegal de personas radica en observar aspectos de orden interno, pues ahí está el gran problema. “Para eso hay que desarrollar acciones interinstitucionales que puedan ayudarnos a identificar y también desarrollar acciones que puedan prevenir”. El D.S. 27420 dice que el Consejo Interinstitucional promoverá la incorporación de conclusiones y recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de Derechos Humanos en los planes operativos anuales. Guzmán asegura que se hará un seguimiento a esas recomendaciones y conclusiones a través de los planes operativos; igualmente, se va a promover la aplicación de normas internacionales en materia de Derechos Humanos que Bolivia ha ratificado, y se propondrán mecanismos que tienen que ver con el cumplimiento de sentencias, resoluciones y recomendaciones en Derechos Humanos. Entre las principales actividades a ejecutarse a partir de enero del año 2005 figuran: *Promover la asistencia y protección de los migrantes nacionales residentes en el extranjero a través del Servicio Consular; *Promover iniciativas para la prevención del tráfico ilegal de bolivianos y bolivianas al extranjero;

*Promover la difusión e información a los migrantes sobre contenidos, políticas y administración migratoria; *Elaborar un informe de relevamiento e identificación de las asociaciones nacionales de bolivianos y bolivianas en el extranjero; *Desarrollar un sistema de elaboración de estadísticas y seguimiento de los migrantes en Bolivia; *Desarrollar informes sobre la situación de los bolivianos y bolivianas residentes en el extranjero; *Desarrollar acciones para el fortalecimiento de redes entre nacionales en el extranjero; *Promover un sistema de envío de remesas que asegure la privacidad, seguridad y un trato justo a los bolivianos y bolivianas, y sus familias en el extranjero; *Mantener el procesamiento y análisis de datos actualizados sobre los flujos migratorios; entre otras. Para llevar a cabo las tareas mencionadas, que abren una nueva etapa en el tratamiento de este problema, se contempla lo siguiente: *Promover la capacitación del personal del Servicio Nacional de Migración y/o vinculado a la administración de las Migraciones para mejorar la calidad de servicio a los migrantes; *Promover acciones de intercambio de información sobre avances en la administración migratoria.

7.3.1. Proyecto de Ley de Migración Próximamente será elevado al Gabinete Ministerial el proyecto de la nueva Ley de Migración que, entre otros aspectos, armonice la parte administrativa con la parte jurisdiccional, para que haya las sanciones a delitos migratorios. Esta ley no contemplará sanciones a quienes lo infrinjan, porque rige la norma general que es el Código Penal. “Lo que queremos es tipificar el delito en la norma migratoria para que en la vía jurisdiccional se apliquen las sanciones y penas que corresponden según el Código Penal”, dijo el Director General a.i. de Migraciones, Rodolfo Téllez Flores. Expresa que, a su juicio, es necesaria “una norma, un marco general que, primero, defina una política orientada a que la migración, además de contribuir al desarrollo socioeconómico del Estado Boliviano, se realice respetando el ordenamiento jurídico; porque la visión hoy en día de la corriente internacional es más de apertura de fronteras, de inserción a los grupos de migrantes a la sociedad y al Estado”.

“Paralelamente a esa norma, debemos definir políticas de seguridad ciudadana. Eso implica que de alguna manera la norma migratoria debería tener mecanismos de coordinación más estrecha en la tipificación de delitos como la trata de personas y otros delitos migratorios que estén armonizados con la vía jurisdiccional”, indica. Téllez manifiesta que en este momento “carecemos de esta norma, tenemos una norma administrativa que anda muy separada de la vía jurisdiccional. Por tanto, uno de los elementos importantes debería ser que se considere los delitos migratorios”. Admite que aquellos que están procesados por estas faltas se les acusan de falsedad material, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, porque “no tenemos una Ley de Migración que tipifique el delito de la trata de personas”. Otros países sí cuentan con dicha norma que especifica los delitos migratorios. La actual norma migratoria establece contravenciones administrativas y cuando se conoce esos delitos son denunciados a la Fiscalía. Empero, cuando no tienen datos precisos del daño que el Estado sufre, denunciamos ante la Fiscalía para que el Ministerio Público efectúe las investigaciones, y muchas veces nos querellamos, somos parte civil, si tenemos una precisión de los daños que se ocasiona a la migración. En muchos casos la Fiscalía tampoco logra imputar los delitos porque carecen de pruebas que puedan implicar los delitos, entonces sueltan al posible infractor, pero en la mayoría de casos los imputan y van a la vía judicial. Es el Ministerio Público, quien dispone esa transferencia. La normatividad vigente, que muestra tantos vacíos, data de 1996 o 1998. La redacción del anteproyecto de la nueva norma está a cargo de la Dirección General de Migraciones. “Tenemos un primer anteproyecto de la Ley de Migración que ya se está discutiendo en la esfera del Poder Ejecutivo, y estimamos que la voluntad política va estar orientada a determinar el marco general, un marco jurídico general, como es una nueva Ley de Migraciones, porque en este momento adolecemos de esa norma”, agrega Téllez. Finalmente estima que este semestre irá ese documento al Parlamento. 7.3.2. Denuncias y Procesos Judiciales Aunque podría considerarse como una cifra relativamente baja, la Dirección General de Migraciones, a cargo de Rodolfo Téllez, tiene 114 procesos judiciales; de ellos, 28 en investigación, plenario, instrucción y rebeldía; 24, con sentencia; dos extinguidos; dos prescritos y uno fue archivado, lo que hace un total de 57 procesos en La Paz. Otros procesos por ciudades son los siguientes: 37 en Santa Cruz; siete en Cochabamba y trece procesos administrativos, es decir 57 procesos.

En total, involucran entre 60 y 70 personas, porque hay procesos que comprenden a una, cuatro, cinco y hasta ocho personas, varias de las cuales están -en este momentocon detención privativa por suplantación de identidad. Entre los infractores de la ley figuran bolivianos, peruanos, chinos, ecuatorianos, entre otros. El tema de los chinos, unos diez, tiene una peculiaridad: ellos utilizarían como puente a Bolivia o Argentina. Si llegan a Argentina continúan a Bolivia, o si arriban a Bolivia tratan de pasar a Argentina o a Paraguay, para que puedan documentarse. Las personas de origen chino portan documentos coreanos y desean viajar a Estados Unidos de Norteamérica. No hay cifras sobre ese movimiento de personas asiáticas. Los implicados son acusados de falsedad material, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, porque Bolivia, a diferencia de otros países, carece de una norma migratoria que tipifique el delito de la trata. “Acá solamente hablamos de contravenciones administrativas”, enfatiza Téllez, añadiendo que “cuando conocemos estos delitos, lo denunciamos a la Fiscalía. En muchos casos como no tenemos datos precisos del daño que el Estado sufre, los denunciamos ante la fiscalía para que el Ministerio Público haga las investigaciones, y cuando tenemos una precisión de los daños, nos querellamos, somos parte civil”. No obstante, ha ocurrido que la fiscalía tampoco logra imputar los delitos porque carece de pruebas que puedan implicar delitos, entonces deja libre al detenido, pero en la mayoría de casos los imputan y van a la vía judicial. Téllez dice que la Dirección General de Migraciones está tomando todas las previsiones necesarias para tratar de evitar el delito del tráfico de personas. “Ello implica verificar la identidad de ciudadanos extranjeros que ingresan, mucho más tratándose de si están acompañados o si están solo los niños, entonces hacemos un control riguroso sobre el otorgamiento de permisos de menores y las declaraciones de orden judicial que pudieran tener para motivar la visita al país”, señala. Lo más relevante detectado por el Servicio de Migraciones son casos de suplantación de identidad en pasaportes bolivianos por extranjeros. “Tenemos pasaportes bolivianos que en algunos casos han sido otorgados a ciudadanos extranjeros falsificando la identidad en el documento auténtico, en cooperación suponemos- con autoridades policiales y judiciales, porque aquellos acceden a una cédula de identidad nacional, con la cual gestionan el pasaporte, donde aparecen como naturales de Bolivia”, revela el funcionario. Y añade: “En el momento que hacen la filiación para recabar los pasaportes el personal de identificación de la Policía e Inmigración detecta que son personas extranjeras por las preguntas que les formulan. Ahí, descubren que no son bolivianos, sino que han suplantado la identidad para adquirir pasaportes nacionales”.

Téllez subraya que generalmente actúan en grupos de 14 o 15 personas pero que en el segundo semestre del año pasado, hubo un grupo de cien personas ecuatorianas, unas viajaban como “bolivianas” y otros como ecuatorianas. “Pero el tráfico, la trata de personas, está en que siempre hay un cabecilla escondido que agrupa a esta gente para poder sacarla del país de origen al país de destino, generalmente a Europa”, añade. Conoce casos de ciudadanos peruanos y ciudadanos ecuatorianos que estuvieron en La Paz con el afán de conseguir documentos nacionales para salir a España, “presumiblemente por la facilidad que tenemos los bolivianos de ingresar a España, ya que no estamos sujetos al requisito de una visa, como ocurre con Perú y Ecuador”. En los casos mencionados figuraban damas, jóvenes, niños y adultos procedentes del Perú para “cambiar su nacionalidad” y salir como bolivianos a España. Subraya que hay meses en que aparecen dos o tres grupos de 14 o 15 personas. Lo mínimo son 10, 12 o 14; otros meses no hay nada; lo cual se refleja, si hacemos un análisis numérico, en el estado de los procesos judiciales abiertos. “Podemos hablar de por un caso mensual, especialmente entre el 2003 y 2004”, anota. Pero, manifiesta Téllez, hay un aumento en relación a años pasados, aunque no teníamos -como en el último período- tan identificado el tráfico, que se debe, imaginamos, a que Ecuador también sufrió la supresión de visas para España. La Dirección General de Migraciones no ha detectado a las cabezas de los grupos de traficantes, “porque siempre trabajan en forma escondida”, añade al tiempo de remarcar que “las informaciones que dan Fiscalía o Investigaciones no determinan quién es el cabecilla, pero hemos detectado grupos compactos donde, probablemente, estén los cabecillas. Es difícil precisar en ese momento quién es”. (Anexo 4: Servicio Nacional de Migración – Dirección Jurídica- Procesos Judiciales – Resumen Ejecutivo)

8. Papel de los Medios de Comunicación Parecería una ironía mas no es así. Hoy la trata de personas mujeres, adolescentes y niños/niñas tiene nuevas palancas de promoción: la publicación de avisos publicitarios cada vez más numerosos en los medios de comunicación escritos y por tanto, al alcance de cualquier miembro de una familia que compre un diario; y el Internet. Lo condenable de esta práctica es que sus promotores se escudan en las libertades de expresión y prensa para lucrar con la dignidad de los involucrados. ¿Quién garantiza si la persona que paga la tarifa de publicación de un aviso ofreciendo este tipo de servicio no es un proxeneta o no forma parte de una red de traficantes?, ¿cuántas de estas jovencitas, muchas de ellas de 18 años, según los mismos avisos, fueron iniciadas con engaños o en contra de su voluntad? Cabría preguntar, entonces, si la dignidad humana de estas mujeres es inferior al resto de miembros de una sociedad, si la publicación de esos avisos publicitarios no coloca a dichos medios en un eslabón más en la red de quienes se enriquecen promoviendo esta práctica criminal en detrimento de los derechos de las personas indefensas. El problema radica en que las empresas periodísticas que difunden esos avisos comerciales están legalmente constituidas, las cuales, aprovechando algunos vacíos en la legislación vigente, incursionan en prácticas mercantilistas. Según algunos la salida sería subsanar el vacío legal que utilizan las empresas periodísticas para difundir ese tipo de publicidad; otros piensan que cualquier modificación a la legislación vigente sería un recorte del derecho a la información, pese a que esa posición avala tácitamente una conducta mercantilista de dichos medios. Y aunque está considerada como unas de las tecnologías de la información, el Internet constituye un universo de contenido inexplorado. Nadie duda de que además del singular aporte para la humanidad, se ha convertido en un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual, como lo afirmara Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, en el Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el 2000.

¿Es una exageración? No, porque aprovechando del satélite, proporcionan a la industria del sexo nuevas formas de comercializar, explotar y utilizar a mujeres y niñas como objetos sexuales al servicio de compradores masculinos. Hoy las imágenes de la explotación sexual de la mujer se pueden transmitir desde cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo imágenes sexuales que incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de los servidores, las imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet, explica Hughes. Entonces, una estrategia de lucha contra la trata de personas mujeres, adolescentes, niños/niñas pasa necesariamente por revisar el rol de los medios de comunicación. No se trata de poner límites a la libertad de expresión ni a la libertad de empresa, sino de recuperar el respeto a la sociedad que algunos medios –considerados serios- quieren ignorar en nombre de un mercantilismo salvaje, reconciliándonos con valores que, a veces, pareciera haberse perdido. 8.1. La prensa Pese a su larga data en el mundo, desde los años en que Juan Gutenberg, inventara la imprenta, la prensa juega un rol gravitante en la opinión pública. Pocas, muy pocas son las familias que diariamente no se enteran del acontecer local, regional, nacional y mundial a través del diario de su preferencia. No sería exagerado afirmar que el diario que preferimos por su seriedad, por su imparcialidad, por su objetividad o por el mensaje publicitario de lanzamiento que nos cautivó, forma parte de nuestra cotidianidad. El diario se ha hecho un lugar en el hogar, al menos en miles de familias, tanto modestas como adineradas. Si el periódico ocupa un lugar tan importante en la vida de una familia debe reunir necesariamente ciertas características que lo hagan merecedor de la confianza en tanto nos informa con independencia, nos educa con la profundidad de su contenido, nos orienta mostrándonos las opciones más serias, y nos entretiene. Esas características de un periódico lo hace un producto bastante peculiar porque es tal en cuanto lo edita una empresa periodística y compite con otros similares en un mercado cada vez más exigente donde, al mismo tiempo, existen otros medios de comunicación masiva como la radio y la televisión. Y pese a que la competencia de estos últimos medios ha sido muy dura con la prensa escrita especialmente en el último medio siglo, el periódico sigue siendo un referente necesario para el análisis, la reflexión y la toma de posición frente a determinados hechos que nos incumben como ciudadanos de una localidad, de una región, de un país o como un observador de los acontecimientos mundiales. Si el periódico de su preferencia cumple un rol tan importante en la vida de una sociedad debe reunir obviamente ciertos requisitos que lo hagan merecedor de nuestra confianza, de que ingrese al hogar, a la oficina o al despacho.

No olvidemos de que un periódico es compartido por todos los miembros de una familia, del pequeño al adulto; todos verán las secciones que más les interesa por diversas razones. En consecuencia, un jefe de casa no puede mutilar el diario para que algunas páginas no puedan ser leídas también por el niño o el adolescente. Si estos requisitos no son respectados escrupulosamente por el periódico que todos los días ingresa al domicilio de cualquier lector, previo pago, entonces no es un producto serio. Y si no es tal, no tendríamos por qué comprarlo. El mercantilismo no es consustancial con una empresa periodística que por el mismo sector en el que se desenvuelve, debe exigir más a la creatividad de sus profesionales (redactores, fotógrafos, infografistas, diseñadores, etc.,) para hacer un producto de calidad sin recurrir al facilismo del desnudo que linda con la promoción de la prostitución ni al sensacionalismo, menos la difusión de hechos no comprobados. No estaría demás recordar los artículos pertinentes de dos normas internacionales que nos parecen apropiadas para, a la luz de lo expresado, analizarlas con serenidad. Son: La Declaración de Chapultepec Artículo 9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de la precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga. La Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio normal, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 8.1.1. ¿La Razón hace proxenetismo? “¿Es eso proxenetismo o no?” se pregunta la ex Defensora del Pueblo, doctora Ana María Romero de Campero cuando se le pregunta su opinión sobre la sección llamada Intimidades que publica diariamente el diario La Razón, uno de los principales matutinos que circula en la ciudad de La Paz. Considera burdo ese tipo de publicaciones fundamentalmente por los precios, las ofertas y los textos que aparecen complementando las fotografías de mujeres semidesnudas que ofrecen sus servicios. “Lo encuentro denigrante. Una cosa es que una mujer por necesidad tenga que dedicarse a esa actividad, y otra, aquella que es llevada, porque se trata de un negocio donde lucran varios: los famosos cafichos, los prostíbulos, y los anunciantes que ofrecen estos servicios; asimismo, las ofertas las considero sencillamente espantosas”, remarca. Periodista de larga trayectoria, la doctora Campero puntualiza: “Me animaría a decir que los avisos publicados por ese diario bordea el proxenetismo, porque qué es el proxeneta: Una persona que vive de la prostitución. Y en este caso tenemos todos los días una o dos páginas absolutamente grotescas; además”. Luego cuestiona la manera como se le presenta a una mujer. “No diremos como objeto sexual o carnal, sino como un objeto de explotación, sin ningún reparo ético”. Ana María romero de Campero tuvo un breve paso, a mediados de la década pasada, por el Consejo Directivo del diario La Razón, precisamente cuando empezaba ese tipo de publicaciones. “En la primera reunión hice la advertencia; me respondieron que no era un diario de curas, y les indiqué lo mismo que le estoy diciendo: no se trata de eso, sino que es de muy mal gusto porque un diario se lee en la familia”. Reitera su posición afirmando que ese tipo de publicaciones no es bueno para la educación ni para la sana relación de las mujeres y los hombres. Seguidamente rememora: “Como respuesta y medio en broma me dijeron: sí, pero rinde”.

“Como evidentemente rinde, he sido muy crítica desde entonces”, puntualiza. Lamentablemente, anota, eso ha continuado. “Sé que en otros países existe este tipo de publicidad como avisos económicos o clasificados, pero en ningún lugar he observado páginas de tan bajo nivel”, anota. En Bolivia La Razón está considerado como un diario serio. A juicio de la doctora Ana María de Campero la Fiscalía debería actuar. “La fiscalía debería hacer un llamado, convocar a los dueños del periódico y decirles que le quiere hacer notar -por si no lo supieran- que estarían incurriendo en un delito”. Asimismo, indica que la ley penaliza el proxenetismo y las publicaciones del diario La Razón “puede considerarse fácilmente como proxenetismo”. Califica de lamentable la promoción de una actividad que, aunque sea la más vieja de la historia, en los últimos años se le han ido considerando como un fenómeno de naturaleza social, “porque muchas mujeres lo hacen por pura necesidad, porque no tienen otra manera de sostener a sus familias”. “Inclusive la familia, no creo que los hijos, pero por lo menos la pareja sabe de qué se trata”, agrega finalmente. Al respecto, es frecuente leer en ese tipo de avisos con textos mal redactados y con fotografías de las damas, donde aparecen en tipos destacados los precios del servicio, los números telefónicos, la dirección del establecimiento o una bebida alcohólica de obsequio. Todos estos avisos, generalmente de tres centímetros por tres centímetros, tienen un contenido de oferta, de promoción. Así, en la edición del pasado jueves 9 de septiembre, La Razón publica estos avisos: “Estamos en el Prado. Venga y conozca al nuevo Deside You”; “100 Bs. Un drink de cortesía + tu botella de regalo/Servicio completo”; “Gran inauguración / Calor de Mujer /Ahora 1 cerveza de cortesía”; “Lluvia de amor / Ojo: 2 señoritas Bs. 100”; “Hermosa Colombiana / Exclusivamente para ejecutivos de clase: Colombiana hermosa para ti. Foto 100 por 100 real”; entre otros. De lunes a jueves La Razón dedica una página a este tipo de visos; los viernes y sábados hasta dos páginas; y los domingos tres cuartos de página. Nos hemos referido a este diario porque está considerado como serio y que crea corrientes de opinión; que tiene un precio decoroso aunque no accesible a los sectores de menos ingresos; en cambio no mencionamos deliberadamente a otros diarios cuyos mensajes tienen una clara intencionalidad reflejada inclusive en su bajo precio. Sin precisar algún medio en particular, el trabajo titulado “Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra”, alude al “afán de protagonismo de los medios de comunicación” que no permite un manejo responsable de este tipo de información; situación, dice, “que estigmatiza aún más a las niñas y adolescentes por la falta de respeto a su privacidad”.

“Algunos medios de prensa escrita publicitan ofertando jovencitas con diversos tipos de anuncios sin que exista ningún seguimiento y control de la verdadera actividad que realizan”, advierte el mencionado texto cuyos autores son Guillermo Dávalos, Rosmery Eguez Vidal y Patricia Vargas. 8.1.2. La legislación: alto a promotores de comercio sexual Un duro cuestionamiento a los medios de comunicación social por promover, a través de anuncios publicitarios la venta del servicio sexual, que en el fondo involucra a niñas, niños y adolescentes, hizo la Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Elizabet Patiño al anunciar que la ley contra la trata establecerá drásticas sanciones. Lamenta que “el tema de utilizar a menores como objetos sexuales, como cosas” sea reforzado no solo por un diario citadino, sino también por otros de circulación nacional, departamento y local “que han entrado, como una cuestión cotidiana, ofrecer ese tipo de “servicio”, que “en el fondo es de niños, niñas y adolescentes”. Patiño asegura que esa práctica criminal se ha comprobado y que las organizaciones criminales utilizan medios de tecnología sofisticada. Aclara que la ley contra la trata sancionará a quienes induzca y promuevan ese tipo de delitos serán penalizados. Respecto a las críticas de que estábamos mellando la libertad de expresión, dijo, hemos dejado sentada nuestra posición de que “el interés superior de niños, niñas y adolescentes prevalece absolutamente sobre cualquier otro derecho”. “Eso lo dice la Convención de La Haya y como Bolivia la ha firmado y ratificado no podemos zafarnos de este compromiso; o sea, no es un capricho de dos o tres personas, sino el acuerdo entre varios estados que han manifestado esa voluntad velando precisamente por la seguridad de nuestros menores”, enfatiza la funcionaria. 8.2. Consumo del Internet – Testimonio Si los gobiernos no asumen a la mayor brevedad una actitud firme respecto a legislar el consumo del Internet, paralelamente a una campaña de orientación a su población, encarar el problema de la trata se tornará más complejo y difícil con la masificación del uso de esta tecnología de la información, al punto de considerársele ya como un medio de promoción. Para darse cuenta de lo peligrosísimo del mal uso del Internet, la Policía Mexicana dio a conocer recientemente que existen entre cuatro millones 500 mil y cinco millones de páginas Web sobre pornografía con bebes, que no cumplen ni siquiera un año, y por ello pide la colaboración de la sociedad para combatir este flagelo librando a esas criaturas de ser utilizadas para esos fines siniestros.

Testimonio El siguiente es el testimonio de un padre de familia boliviano, quien alerta sobre los peligros del ciberespacio para el fenómeno de la trata, y da un punto de vista interesante respecto a cómo enfrentar el uso perverso del Internet: “En la zona sur de la ciudad de La Paz, en San Miguel, hace tres años, cuando el Internet no era común en las casas –aunque todavía no lo es porque la brecha digital es altísima- entré a una cabina en el supermercado Ketal. La administradora del establecimiento me contó lo siguiente: Dos o tres veces por semana viene acá un ciudadano francés para enviar fotos de niños desnudos, pero no muestra los genitales, sino la espalda y el tórax en posiciones especiales. Los niños están agachaditos, agarrándose los tobillos. Dije: voy a indagar de qué se trata. Consulté con algunos médicos, quienes me explicaron que era un diagnóstico en tiempo real sobre la situación de salud del niño, brindaba información importante, como la ubicación exacta de los riñones, del vaso, porque esta postura facilitaba ese tipo de observación. Imaginémonos si podríamos canalizar ese poder de denuncia de la gente a las autoridades precautelando su identidad. Simplemente, tendríamos miles de ojos viendo en todas partes. Imaginémonos si tuviéramos la capacidad de reunirnos como una comunidad para proyectar medidas de prevención, promoción y atención a estos casos. ¡Otra sería la situación…! Para mí esta es la triada básica: prevenir, promover y atender. Al mismo tiempo tenemos que generar una nueva estructura gubernamental que no se mueva al ritmo de Estados Unidos; eso es muy difícil, pero que tenga capacidad de actuar. Por ejemplo, México ya cuenta con una policía cibernética. Desde una sala con miles de computadoras vela que, por Internet, no haya tráfico de niños, que no haya prostitución infantil; andan pillando y enviando mensajes, etc. Se llama la policía cibernética. Hay una serie de sistemas por donde ellos se conectan al chat. Pronuncian, si estás hablando en lenguaje español, las típicas frases catalanas, gallegas, etc., que es de donde más viene este material. Los interesados les responden, les dan una dirección electrónica, porque son estas las que funcionan con una clave conocida por el grupúsculo interesado, que está conectado a un servidor, a donde entran los mensajes, y allí los detectan. Entran, por ejemplo, a las postales, presentaciones o videos que han almacenado otros usuarios en ese chat. Detectan páginas porno, etc., y están en condiciones de evitar que cualquier niño o niña mexicano sean contactados para fines criminales. En Bolivia estamos en pañales pero tenemos más cafés de Internet que farmacias. Tenemos niños jugando en la red en una situación de vulnerabilidad y sin que sus padres ni parientes cercanos se preocupen.

Actualmente podemos ver en forma gratuita el perfil de la anatomía femenina en una dirección electrónica y nadie dice nada. Esto demuestra que hay debilidad institucional y falta de previsión; es una tierra de nadie que debemos subsanar a la brevedad posible”. Sobre el particular, la ex defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero piensa que no hay que esperar a que se legisle específicamente sobre la materia, porque está vigente el Código Niño, Niña y Adolescentes. “Inclusive tenemos una Fiscal de la Familia que puede y debe intervenir. El mal uso del Internet tiene que ser castigado, lo terrible es que no sabemos de dónde viene el material pornográfico, pero debemos actuar en defensa de la familia y de la sociedad”, enfatiza. 8.2.1. Internet y la globalización de la explotación sexual Pero son cada vez más las voces que en el mundo se están levantando contra el uso delictivo del Internet. Precisamente, Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, demostró en el Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el 2000, que el Internet, además del singular aporte para la humanidad, se ha convertido en un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual. “Internet, y otros tipos de telecomunicaciones, como por ejemplo, la transmisión por satélite, proporcionan a la industria del sexo nuevas formas de comercializar, explotar y utilizar a mujeres y niñas como objetos sexuales al servicio de compradores masculinos. Las imágenes de la explotación sexual de la mujer se pueden transmitir desde cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo imágenes sexuales que incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de los servidores, las imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet”, explica. Hughes subraya que la industria del sexo siempre ha sido muy rentable. “De forma global, recauda 56.000 millones de dólares al año. En 1996 los americanos gastaron más de 9.000 millones de dólares en videos porno, espectáculos de sexo directo, programas eróticos de cable, revistas pornográficas y pornografía por ordenador. Esto supera los ingresos de otras industrias como el cine o el teatro. Las Naciones Unidas estiman que más de un millón de mujeres y jóvenes son traficadas para la industria sexual todos los años”. La estudiosa norteamericana sostuvo que Internet, como medio de comunicación, existiría sin la industria del sexo, pero el negocio de Internet no crecería y no se ampliaría tanto sin la industria del sexo. “La industria de Internet depende de la industria del sexo para su desarrollo y para obtener ingresos”, indicó Hughes tras subrayar que “(…) Estados Unidos cuenta con una industria floreciente del sexo,

que crece al amparo de la libertad de expresión. Podríamos prácticamente interpretar que las prostitución está legalizada a través de Internet”. Entonces, frente a la falsa disyuntiva de subsanar vacíos legales sin que se atente contra la libertad de expresión, cuyas banderas serán izadas por los nuevos mercaderes de la industria del sexo, es perentorio emprender una cruzada de valores -tanto en Bolivia como en otros países vecinos - orientada a educar a la sociedad en su conjunto en la defensa inalienable de los derechos de todos sus miembros sin ninguna distinción, y el ineludible cumplimiento de sus deberes y compromisos. 8.2.2. Criterios para una legislación: Municipios fiscalizarán cafés de Internet La Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Elizabeth Patiño, califica “como un avance sustancial en la lucha contra el trafico de menores y pornografía infantil por Internet” la inclusión de drásticas sanciones en la futura Ley contra el Tráfico de niñas, niños y adolescentes a quienes producen, distribuyan y consuman materiales ese tipo de materiales que además están reñidos con la moral. “Estamos incluyéndole en la ley el tema Internet, aunque no en la amplitud que desearíamos pues todavía debemos trabajar mucho más”, señala tras puntualizar que dicha norma se halla en la etapa final de su redacción para, ulteriormente, ser elevada a consideración del Parlamento y dar paso a su promulgación”. Patiño dice: “Es tan responsable el que está utilizando a niños para la producción de materiales pornográficos, como aquel que lo distribuye y el que lo consume”. “Esa es nuestra posición no por capricho, además si no visualizamos de esta manera la temática seremos cómplices de lo que se supone es esta tolerancia frente a este tipo de conductas delictivas”, subraya. Alude al trasfondo económico detrás de esos actos delictivos. “Hay oferta, porque hay demanda. Entonces, esto resulta ser un negocio multimillonario para aquellos que están produciendo y distribuyendo ese tipo de materiales, porque la demanda es masiva”. La ley penaliza a los responsables directos, dice. También anuncia que las cabinas públicas, los cíber - cafés u otro tipo de negocios donde se puede acceder a Internet serán fiscalizados estrictamente por los municipios. “Ellos, como organismos descentralizados, tendrán la responsabilidad de que ningún niño pueda ser expuesto a cabinas privadas de esos locales, porque lo que se expone ahí es pornografía y dentro de esa pornografía está la infantil”.

8. Papel de los Medios de Comunicación Parecería una ironía mas no es así. Hoy la trata de personas mujeres, adolescentes y niños/niñas tiene nuevas palancas de promoción: la publicación de avisos publicitarios cada vez más numerosos en los medios de comunicación escritos y por tanto, al alcance de cualquier miembro de una familia que compre un diario; y el Internet. Lo condenable de esta práctica es que sus promotores se escudan en las libertades de expresión y prensa para lucrar con la dignidad de los involucrados. ¿Quién garantiza si la persona que paga la tarifa de publicación de un aviso ofreciendo este tipo de servicio no es un proxeneta o no forma parte de una red de traficantes?, ¿cuántas de estas jovencitas, muchas de ellas de 18 años, según los mismos avisos, fueron iniciadas con engaños o en contra de su voluntad? Cabría preguntar, entonces, si la dignidad humana de estas mujeres es inferior al resto de miembros de una sociedad, si la publicación de esos avisos publicitarios no coloca a dichos medios en un eslabón más en la red de quienes se enriquecen promoviendo esta práctica criminal en detrimento de los derechos de las personas indefensas. El problema radica en que las empresas periodísticas que difunden esos avisos comerciales están legalmente constituidas, las cuales, aprovechando algunos vacíos en la legislación vigente, incursionan en prácticas mercantilistas. Según algunos la salida sería subsanar el vacío legal que utilizan las empresas periodísticas para difundir ese tipo de publicidad; otros piensan que cualquier modificación a la legislación vigente sería un recorte del derecho a la información, pese a que esa posición avala tácitamente una conducta mercantilista de dichos medios. Y aunque está considerada como unas de las tecnologías de la información, el Internet constituye un universo de contenido inexplorado. Nadie duda de que además del singular aporte para la humanidad, se ha convertido en un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual, como lo afirmara Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, en el Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el 2000.

¿Es una exageración? No, porque aprovechando del satélite, proporcionan a la industria del sexo nuevas formas de comercializar, explotar y utilizar a mujeres y niñas como objetos sexuales al servicio de compradores masculinos. Hoy las imágenes de la explotación sexual de la mujer se pueden transmitir desde cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo imágenes sexuales que incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de los servidores, las imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet, explica Hughes. Entonces, una estrategia de lucha contra la trata de personas mujeres, adolescentes, niños/niñas pasa necesariamente por revisar el rol de los medios de comunicación. No se trata de poner límites a la libertad de expresión ni a la libertad de empresa, sino de recuperar el respeto a la sociedad que algunos medios –considerados serios- quieren ignorar en nombre de un mercantilismo salvaje, reconciliándonos con valores que, a veces, pareciera haberse perdido. 8.1. La prensa Pese a su larga data en el mundo, desde los años en que Juan Gutenberg, inventara la imprenta, la prensa juega un rol gravitante en la opinión pública. Pocas, muy pocas son las familias que diariamente no se enteran del acontecer local, regional, nacional y mundial a través del diario de su preferencia. No sería exagerado afirmar que el diario que preferimos por su seriedad, por su imparcialidad, por su objetividad o por el mensaje publicitario de lanzamiento que nos cautivó, forma parte de nuestra cotidianidad. El diario se ha hecho un lugar en el hogar, al menos en miles de familias, tanto modestas como adineradas. Si el periódico ocupa un lugar tan importante en la vida de una familia debe reunir necesariamente ciertas características que lo hagan merecedor de la confianza en tanto nos informa con independencia, nos educa con la profundidad de su contenido, nos orienta mostrándonos las opciones más serias, y nos entretiene. Esas características de un periódico lo hace un producto bastante peculiar porque es tal en cuanto lo edita una empresa periodística y compite con otros similares en un mercado cada vez más exigente donde, al mismo tiempo, existen otros medios de comunicación masiva como la radio y la televisión. Y pese a que la competencia de estos últimos medios ha sido muy dura con la prensa escrita especialmente en el último medio siglo, el periódico sigue siendo un referente necesario para el análisis, la reflexión y la toma de posición frente a determinados hechos que nos incumben como ciudadanos de una localidad, de una región, de un país o como un observador de los acontecimientos mundiales. Si el periódico de su preferencia cumple un rol tan importante en la vida de una sociedad debe reunir obviamente ciertos requisitos que lo hagan merecedor de nuestra confianza, de que ingrese al hogar, a la oficina o al despacho.

No olvidemos de que un periódico es compartido por todos los miembros de una familia, del pequeño al adulto; todos verán las secciones que más les interesa por diversas razones. En consecuencia, un jefe de casa no puede mutilar el diario para que algunas páginas no puedan ser leídas también por el niño o el adolescente. Si estos requisitos no son respectados escrupulosamente por el periódico que todos los días ingresa al domicilio de cualquier lector, previo pago, entonces no es un producto serio. Y si no es tal, no tendríamos por qué comprarlo. El mercantilismo no es consustancial con una empresa periodística que por el mismo sector en el que se desenvuelve, debe exigir más a la creatividad de sus profesionales (redactores, fotógrafos, infografistas, diseñadores, etc.,) para hacer un producto de calidad sin recurrir al facilismo del desnudo que linda con la promoción de la prostitución ni al sensacionalismo, menos la difusión de hechos no comprobados. No estaría demás recordar los artículos pertinentes de dos normas internacionales que nos parecen apropiadas para, a la luz de lo expresado, analizarlas con serenidad. Son: La Declaración de Chapultepec Artículo 9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de la precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga. La Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio normal, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 8.1.1. ¿La Razón hace proxenetismo? “¿Es eso proxenetismo o no?” se pregunta la ex Defensora del Pueblo, doctora Ana María Romero de Campero cuando se le pregunta su opinión sobre la sección llamada Intimidades que publica diariamente el diario La Razón, uno de los principales matutinos que circula en la ciudad de La Paz. Considera burdo ese tipo de publicaciones fundamentalmente por los precios, las ofertas y los textos que aparecen complementando las fotografías de mujeres semidesnudas que ofrecen sus servicios. “Lo encuentro denigrante. Una cosa es que una mujer por necesidad tenga que dedicarse a esa actividad, y otra, aquella que es llevada, porque se trata de un negocio donde lucran varios: los famosos cafichos, los prostíbulos, y los anunciantes que ofrecen estos servicios; asimismo, las ofertas las considero sencillamente espantosas”, remarca. Periodista de larga trayectoria, la doctora Campero puntualiza: “Me animaría a decir que los avisos publicados por ese diario bordea el proxenetismo, porque qué es el proxeneta: Una persona que vive de la prostitución. Y en este caso tenemos todos los días una o dos páginas absolutamente grotescas; además”. Luego cuestiona la manera como se le presenta a una mujer. “No diremos como objeto sexual o carnal, sino como un objeto de explotación, sin ningún reparo ético”. Ana María romero de Campero tuvo un breve paso, a mediados de la década pasada, por el Consejo Directivo del diario La Razón, precisamente cuando empezaba ese tipo de publicaciones. “En la primera reunión hice la advertencia; me respondieron que no era un diario de curas, y les indiqué lo mismo que le estoy diciendo: no se trata de eso, sino que es de muy mal gusto porque un diario se lee en la familia”. Reitera su posición afirmando que ese tipo de publicaciones no es bueno para la educación ni para la sana relación de las mujeres y los hombres. Seguidamente rememora: “Como respuesta y medio en broma me dijeron: sí, pero rinde”.

“Como evidentemente rinde, he sido muy crítica desde entonces”, puntualiza. Lamentablemente, anota, eso ha continuado. “Sé que en otros países existe este tipo de publicidad como avisos económicos o clasificados, pero en ningún lugar he observado páginas de tan bajo nivel”, anota. En Bolivia La Razón está considerado como un diario serio. A juicio de la doctora Ana María de Campero la Fiscalía debería actuar. “La fiscalía debería hacer un llamado, convocar a los dueños del periódico y decirles que le quiere hacer notar -por si no lo supieran- que estarían incurriendo en un delito”. Asimismo, indica que la ley penaliza el proxenetismo y las publicaciones del diario La Razón “puede considerarse fácilmente como proxenetismo”. Califica de lamentable la promoción de una actividad que, aunque sea la más vieja de la historia, en los últimos años se le han ido considerando como un fenómeno de naturaleza social, “porque muchas mujeres lo hacen por pura necesidad, porque no tienen otra manera de sostener a sus familias”. “Inclusive la familia, no creo que los hijos, pero por lo menos la pareja sabe de qué se trata”, agrega finalmente. Al respecto, es frecuente leer en ese tipo de avisos con textos mal redactados y con fotografías de las damas, donde aparecen en tipos destacados los precios del servicio, los números telefónicos, la dirección del establecimiento o una bebida alcohólica de obsequio. Todos estos avisos, generalmente de tres centímetros por tres centímetros, tienen un contenido de oferta, de promoción. Así, en la edición del pasado jueves 9 de septiembre, La Razón publica estos avisos: “Estamos en el Prado. Venga y conozca al nuevo Deside You”; “100 Bs. Un drink de cortesía + tu botella de regalo/Servicio completo”; “Gran inauguración / Calor de Mujer /Ahora 1 cerveza de cortesía”; “Lluvia de amor / Ojo: 2 señoritas Bs. 100”; “Hermosa Colombiana / Exclusivamente para ejecutivos de clase: Colombiana hermosa para ti. Foto 100 por 100 real”; entre otros. De lunes a jueves La Razón dedica una página a este tipo de visos; los viernes y sábados hasta dos páginas; y los domingos tres cuartos de página. Nos hemos referido a este diario porque está considerado como serio y que crea corrientes de opinión; que tiene un precio decoroso aunque no accesible a los sectores de menos ingresos; en cambio no mencionamos deliberadamente a otros diarios cuyos mensajes tienen una clara intencionalidad reflejada inclusive en su bajo precio. Sin precisar algún medio en particular, el trabajo titulado “Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra”, alude al “afán de protagonismo de los medios de comunicación” que no permite un manejo responsable de este tipo de información; situación, dice, “que estigmatiza aún más a las niñas y adolescentes por la falta de respeto a su privacidad”.

“Algunos medios de prensa escrita publicitan ofertando jovencitas con diversos tipos de anuncios sin que exista ningún seguimiento y control de la verdadera actividad que realizan”, advierte el mencionado texto cuyos autores son Guillermo Dávalos, Rosmery Eguez Vidal y Patricia Vargas. 8.1.2. La legislación: alto a promotores de comercio sexual Un duro cuestionamiento a los medios de comunicación social por promover, a través de anuncios publicitarios la venta del servicio sexual, que en el fondo involucra a niñas, niños y adolescentes, hizo la Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Elizabet Patiño al anunciar que la ley contra la trata establecerá drásticas sanciones. Lamenta que “el tema de utilizar a menores como objetos sexuales, como cosas” sea reforzado no solo por un diario citadino, sino también por otros de circulación nacional, departamento y local “que han entrado, como una cuestión cotidiana, ofrecer ese tipo de “servicio”, que “en el fondo es de niños, niñas y adolescentes”. Patiño asegura que esa práctica criminal se ha comprobado y que las organizaciones criminales utilizan medios de tecnología sofisticada. Aclara que la ley contra la trata sancionará a quienes induzca y promuevan ese tipo de delitos serán penalizados. Respecto a las críticas de que estábamos mellando la libertad de expresión, dijo, hemos dejado sentada nuestra posición de que “el interés superior de niños, niñas y adolescentes prevalece absolutamente sobre cualquier otro derecho”. “Eso lo dice la Convención de La Haya y como Bolivia la ha firmado y ratificado no podemos zafarnos de este compromiso; o sea, no es un capricho de dos o tres personas, sino el acuerdo entre varios estados que han manifestado esa voluntad velando precisamente por la seguridad de nuestros menores”, enfatiza la funcionaria. 8.2. Consumo del Internet – Testimonio Si los gobiernos no asumen a la mayor brevedad una actitud firme respecto a legislar el consumo del Internet, paralelamente a una campaña de orientación a su población, encarar el problema de la trata se tornará más complejo y difícil con la masificación del uso de esta tecnología de la información, al punto de considerársele ya como un medio de promoción. Para darse cuenta de lo peligrosísimo del mal uso del Internet, la Policía Mexicana dio a conocer recientemente que existen entre cuatro millones 500 mil y cinco millones de páginas Web sobre pornografía con bebes, que no cumplen ni siquiera un año, y por ello pide la colaboración de la sociedad para combatir este flagelo librando a esas criaturas de ser utilizadas para esos fines siniestros.

Testimonio El siguiente es el testimonio de un padre de familia boliviano, quien alerta sobre los peligros del ciberespacio para el fenómeno de la trata, y da un punto de vista interesante respecto a cómo enfrentar el uso perverso del Internet: “En la zona sur de la ciudad de La Paz, en San Miguel, hace tres años, cuando el Internet no era común en las casas –aunque todavía no lo es porque la brecha digital es altísima- entré a una cabina en el supermercado Ketal. La administradora del establecimiento me contó lo siguiente: Dos o tres veces por semana viene acá un ciudadano francés para enviar fotos de niños desnudos, pero no muestra los genitales, sino la espalda y el tórax en posiciones especiales. Los niños están agachaditos, agarrándose los tobillos. Dije: voy a indagar de qué se trata. Consulté con algunos médicos, quienes me explicaron que era un diagnóstico en tiempo real sobre la situación de salud del niño, brindaba información importante, como la ubicación exacta de los riñones, del vaso, porque esta postura facilitaba ese tipo de observación. Imaginémonos si podríamos canalizar ese poder de denuncia de la gente a las autoridades precautelando su identidad. Simplemente, tendríamos miles de ojos viendo en todas partes. Imaginémonos si tuviéramos la capacidad de reunirnos como una comunidad para proyectar medidas de prevención, promoción y atención a estos casos. ¡Otra sería la situación…! Para mí esta es la triada básica: prevenir, promover y atender. Al mismo tiempo tenemos que generar una nueva estructura gubernamental que no se mueva al ritmo de Estados Unidos; eso es muy difícil, pero que tenga capacidad de actuar. Por ejemplo, México ya cuenta con una policía cibernética. Desde una sala con miles de computadoras vela que, por Internet, no haya tráfico de niños, que no haya prostitución infantil; andan pillando y enviando mensajes, etc. Se llama la policía cibernética. Hay una serie de sistemas por donde ellos se conectan al chat. Pronuncian, si estás hablando en lenguaje español, las típicas frases catalanas, gallegas, etc., que es de donde más viene este material. Los interesados les responden, les dan una dirección electrónica, porque son estas las que funcionan con una clave conocida por el grupúsculo interesado, que está conectado a un servidor, a donde entran los mensajes, y allí los detectan. Entran, por ejemplo, a las postales, presentaciones o videos que han almacenado otros usuarios en ese chat. Detectan páginas porno, etc., y están en condiciones de evitar que cualquier niño o niña mexicano sean contactados para fines criminales. En Bolivia estamos en pañales pero tenemos más cafés de Internet que farmacias. Tenemos niños jugando en la red en una situación de vulnerabilidad y sin que sus padres ni parientes cercanos se preocupen.

Actualmente podemos ver en forma gratuita el perfil de la anatomía femenina en una dirección electrónica y nadie dice nada. Esto demuestra que hay debilidad institucional y falta de previsión; es una tierra de nadie que debemos subsanar a la brevedad posible”. Sobre el particular, la ex defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero piensa que no hay que esperar a que se legisle específicamente sobre la materia, porque está vigente el Código Niño, Niña y Adolescentes. “Inclusive tenemos una Fiscal de la Familia que puede y debe intervenir. El mal uso del Internet tiene que ser castigado, lo terrible es que no sabemos de dónde viene el material pornográfico, pero debemos actuar en defensa de la familia y de la sociedad”, enfatiza. 8.2.1. Internet y la globalización de la explotación sexual Pero son cada vez más las voces que en el mundo se están levantando contra el uso delictivo del Internet. Precisamente, Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, demostró en el Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el 2000, que el Internet, además del singular aporte para la humanidad, se ha convertido en un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual. “Internet, y otros tipos de telecomunicaciones, como por ejemplo, la transmisión por satélite, proporcionan a la industria del sexo nuevas formas de comercializar, explotar y utilizar a mujeres y niñas como objetos sexuales al servicio de compradores masculinos. Las imágenes de la explotación sexual de la mujer se pueden transmitir desde cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo imágenes sexuales que incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de los servidores, las imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet”, explica. Hughes subraya que la industria del sexo siempre ha sido muy rentable. “De forma global, recauda 56.000 millones de dólares al año. En 1996 los americanos gastaron más de 9.000 millones de dólares en videos porno, espectáculos de sexo directo, programas eróticos de cable, revistas pornográficas y pornografía por ordenador. Esto supera los ingresos de otras industrias como el cine o el teatro. Las Naciones Unidas estiman que más de un millón de mujeres y jóvenes son traficadas para la industria sexual todos los años”. La estudiosa norteamericana sostuvo que Internet, como medio de comunicación, existiría sin la industria del sexo, pero el negocio de Internet no crecería y no se ampliaría tanto sin la industria del sexo. “La industria de Internet depende de la industria del sexo para su desarrollo y para obtener ingresos”, indicó Hughes tras subrayar que “(…) Estados Unidos cuenta con una industria floreciente del sexo,

que crece al amparo de la libertad de expresión. Podríamos prácticamente interpretar que las prostitución está legalizada a través de Internet”. Entonces, frente a la falsa disyuntiva de subsanar vacíos legales sin que se atente contra la libertad de expresión, cuyas banderas serán izadas por los nuevos mercaderes de la industria del sexo, es perentorio emprender una cruzada de valores -tanto en Bolivia como en otros países vecinos - orientada a educar a la sociedad en su conjunto en la defensa inalienable de los derechos de todos sus miembros sin ninguna distinción, y el ineludible cumplimiento de sus deberes y compromisos. 8.2.2. Criterios para una legislación: Municipios fiscalizarán cafés de Internet La Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Elizabeth Patiño, califica “como un avance sustancial en la lucha contra el trafico de menores y pornografía infantil por Internet” la inclusión de drásticas sanciones en la futura Ley contra el Tráfico de niñas, niños y adolescentes a quienes producen, distribuyan y consuman materiales ese tipo de materiales que además están reñidos con la moral. “Estamos incluyéndole en la ley el tema Internet, aunque no en la amplitud que desearíamos pues todavía debemos trabajar mucho más”, señala tras puntualizar que dicha norma se halla en la etapa final de su redacción para, ulteriormente, ser elevada a consideración del Parlamento y dar paso a su promulgación”. Patiño dice: “Es tan responsable el que está utilizando a niños para la producción de materiales pornográficos, como aquel que lo distribuye y el que lo consume”. “Esa es nuestra posición no por capricho, además si no visualizamos de esta manera la temática seremos cómplices de lo que se supone es esta tolerancia frente a este tipo de conductas delictivas”, subraya. Alude al trasfondo económico detrás de esos actos delictivos. “Hay oferta, porque hay demanda. Entonces, esto resulta ser un negocio multimillonario para aquellos que están produciendo y distribuyendo ese tipo de materiales, porque la demanda es masiva”. La ley penaliza a los responsables directos, dice. También anuncia que las cabinas públicas, los cíber - cafés u otro tipo de negocios donde se puede acceder a Internet serán fiscalizados estrictamente por los municipios. “Ellos, como organismos descentralizados, tendrán la responsabilidad de que ningún niño pueda ser expuesto a cabinas privadas de esos locales, porque lo que se expone ahí es pornografía y dentro de esa pornografía está la infantil”.

9. O.I.M. en acción El Gobierno de la República de Bolivia ha firmado un proyecto con la Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M.) a fin de informatizar los servicios de control migratorio en sus fronteras, afirma el director interino de la Dirección Nacional de Migraciones, Rodolfo Téllez Flores. Explica que en la actualidad, la Dirección Nacional de Migraciones viene trabajando aceleradamente en la recopilación de datos en el marco de un diagnóstico general del funcionamiento de todas sus dependencias. Vaticina que a fines de este año o a comienzos del 2005 podrían estar en condiciones de sistematizar los controles fronterizos. “Anhelamos una red, que enlace los sistemas computarizados de las fronteras directamente con una central en La Paz”, enfatiza. El sistema de control migratorio incluiría los tres aeropuertos principales: El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, además de otros ocho o 12 puntos fronterizos. Bolivia tiene miles de kilómetros de fronteras con cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, y pese a ello la Dirección de Migración carece de una dependencia especializada que controle todos los puntos de ingreso al suelo patrio. Téllez subraya que de esa manera se librará una lucha efectiva contra el problema de la trata de personas; asimismo, recalca, permitirá realizar un control muy estricto de todas las personas nacionales o extranjeras (niños, niñas, adolescentes y adultos) que ingresan y salen diariamente del país. El funcionario puntualiza que esa red permitirá mejorar totalmente los sistemas de control migratorio y cubrir nuestras fronteras. Por la falta de un servicio informatizado y su conexión con las fronteras dificultan, por ejemplo, poder determinar los ingresos y salidas, arraigos y expulsiones de personas. Explica si, por ejemplo, la dependencia pública a su cargo expulsaría hoy a un ciudadano o ciudadana por cualquier de sus puntos fronterizos, esa información aparecerá en el lugar por el cual se cumplió dicha orden, pero no estará en las otras fronteras. Entonces, el expulsado podría reingresar a Bolivia por otro punto fronterizo.

CONCLUSIONES 1. Está comprobado que hay trata de niños, niñas y adolescentes en la República de Bolivia; tanto interna como internacional. Está comprobado, al menos por los casos específicos recientes, que también existe adopciones con fines de lucro (uno fue denunciado a comienzos de agosto pasado desde España) y para trabajo forzoso (como los cuatro niños secuestrados en el departamento de Sucre que fueron llevados a campos de cultivo ubicados en el norte de Argentina. 2. No existen cifras que brinden una idea de cuál es la magnitud del fenómeno de la trata, ni siquiera la Policía Nacional dispone de ellas. “Se hace notar que a la fecha (4 de octubre del 2004) no se cuenta con información acerca de la trata de personas mujeres, adolescentes, niñas y niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzoso”, dice un párrafo de la carta de respuesta del Comandante General a.i. de la Policía Nacional, Coronel DAEN. David Aramayo Araóz, a una solicitud de información hecha por la Organización Internacional de Migraciones (OIM). 3. Fuentes no oficiales altamente confiables dan cuenta de que un promedio de 45 a 50 menores, cuyas edades están comprendidas entre 12 a 16 años, serían tratadas mensualmente de los departamentos del Beni, Cochabamba, Pando y Santa Cruz a la ciudad de La Paz con fines de explotación sexual comercial. La cifra varía; hay meses en que podría ser ligeramente inferior o superior. 4. Las menores son inducidas a viajar, previa anuencia de familiares cercanos, con la promesa de que trabajarán como empleadas domésticas o acompañantes de ancianas. Una vez que arriban a La Paz, generalmente de dos en dos y a bordo de ómnibus de servicio interprovincial, son llevadas a prostíbulos. Todas ellas ingresan a esta actividad ilícita endeudadas porque sus seres queridos recibieron dinero de los reclutadores, así como por los gastos de viaje, ropa, alimentación, etc. 5. Los reclutadores que viajan durante todo el año a los diferentes poblados de los departamentos del Beni, Cochabamba, Pando y Santa Cruz buscan, generalmente, a las chicas más pobres, de hogares separados y huérfanas. 6. En La Paz operan dos redes (una tercera en proceso de investigación) que manejan el comercio sexual con prostíbulos en esta ciudad, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. La confirmación dada por la Dirección de la Guardia Municipal de La Paz, tras pacientes investigaciones, fue ratificada en cuanto a la identidad de las cabezas de dichas redes por adolescentes tratadas que escaparon de los lenocinios.

7. Las dos redes criminales rotan periódicamente a las menores que explotan en sus locales por establecimientos similares ubicados en otras ciudades del país, para evitar que los familiares indaguen sobre su paradero y a qué actividad se dedican. También, han iniciado hace poco tiempo “servicios exclusivos con menores de edad” o damas extranjeras para clientes especiales en departamentos y en casas particulares de La Paz. La característica de esta modalidad es que se mudan con frecuencia de esos predios a fin de no ser detectados; los contactos con los interesados se realizan a través de teléfonos celulares. 8. Decir que la pobreza y la extrema pobreza son factores que alientan la trata de niños, niñas y adolescentes, parecería lo que algunos denominan “un lugar común”, pero en el caso de Bolivia es una verdad dolorosa, especialmente en la zona rural y en las diferentes localidades de departamentos alejados como el Beni. Aquí, por ejemplo, es frecuente, según varios testimonios, que las madres de familia “regalen” sus niños a familiares o a personas conocidas que les inspiren confianza. Lo hacen, simplemente, porque no están en condiciones de poder mantenerlos. 9. Existen factores de alta vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia al punto que podría considerarse como un problema estructural: la elevada cantidad de menores de Cero a 12 años que carecen de documentos de identidad (un total de 438.180, según el censo del 2001); la elevada tasa de población iletrada; y un tema acuciante: el destino de más de 730 menores que viven con sus padres que purgan condenas en diferentes penales de la república. 10. Existe una cantidad no precisada de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo forzoso en las zafras de la caña de azúcar y de la castaña, y en los cultivo de coca en el Chapare. Cifras no confirmadas estiman en 40 mil los hijos primogénitos de las familias de la región cocalera, a quienes se les niega el derecho a la educación porque, según la tradición, ellos están obligados a acompañar a los padres en el trabajo cotidiano, para dejar abierta la posibilidad –si hay medios- de que vayan al colegio sus hermanos menores. 11. Pese a que todavía miles de familias guaraníes de la región del Chaco siguen viviendo en condición de servidumbre y esclavitud, no se puede soslayar los cambios que han ocurrido a partir del año 2000 en que se llevó a un hacendado a la justicia acusado de varios delitos por lo que recibió sentencia. Fue el primer caso en que condenaron a uno de esos patrones considerados a través de décadas como “dueños de las tierras y de las vidas” de quienes trabajan para él; incluyendo los niños, niñas y adolescentes. 12. Es indispensable que el Estado tenga una mayor presencia en la región del Oriente pues su ausencia facilita la comisión de una serie de abusos, especialmente de en contra de los más pobres e iletrados. Al mismo tiempo, ejecutar las obras previstas para integrar esa basta zona al resto del país. 13. Frente a la trata de menores y adolescentes con fines de explotación sexual comercial urge que la Dirección de Migración replantee sus mecanismos de control, porque son personas que entran y salen, día y noche, por los distintos aeropuertos bajo su administración, y en vuelos comerciales; y por las garitas terrestres.

De otro lado, es poco decoroso, por decir lo menos, que en las afueras de las oficinas de Migraciones, como en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los traficantes estén monitoreando las gestiones que realizan en el interior de dicha dependencia pública, las jóvenes a las que trafican a otros países. 14. El mal hábito de maltratar a los niños debe erradicarse totalmente, tanto de los hogares como de los colegios. Este tipo de comportamiento que se arrastra a través del tiempo y en algunos casos hasta se justifica, es negativo para el desarrollo del menor, inclusive la frecuencia y la dureza de esos castigos es uno de los factores que los impulsa a dejar el hogar exponiéndose a una serie de peligros en la vía pública. Cambiar esta costumbre demandará una tarea inmensa en la que también debe estar involucrada la sociedad en su conjunto. 15. El país espera la próxima promulgación de la Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes porque permitirá castigar drásticamente a quienes se dedican a esta actividad criminal. Paralelamente debe realizarse el máximo esfuerzo para difundir su contenido y alcances, una vez promulgada, ya sea a través de los medios de comunicación, especialmente la radio por su mayor cobertura y fácil acceso, o de cursos, talleres y seminarios, donde participen las autoridades judiciales, los padres y madres de familia, los profesores, la iglesia, entre otros. 16. Bolivia necesita, igualmente, contar a la mayor brevedad con un conjunto de normas, tal vez de menor jerarquía pero importantes en cuanto constituyen eslabones en la lucha contra la trata, tales como los decretos supremos para adecuar el Código del Niño, Niña y Adolescente a la Convención de la Haya; y el del trabajo forzoso que incluiría el trabajo infantil. Asimismo, leyes importantes como la del Registro Civil y de Migración. En este marco, debe destacarse el diseño de la Política de Ocupación Territorial en respuesta al éxodo de miles de familia del Occidente al Oriente. Una tarea indispensable que demandará tiempo su aplicación, pero trascendente para el futuro de la república; y las estrategias destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo a los migrantes. 17. Demandar del Poder Judicial el máximo de rigurosidad en la aplicación de esta ley, así como transparencia, rectitud y rapidez de todos sus miembros, porque de por medio están los niños y adolescentes, quienes por su corta edad y desconocimiento de sus derechos constituyen los sectores de la población más vulnerables y expuestos a una serie de abusos y vejámenes. 18. Emplazar a los medios de comunicación en el marco del respeto irrestricto a la libertad de expresión, como lo garantiza la Constitución, a redefinir su rol en asuntos sensibles para la sana convivencia. El ejercicio de un derecho tiene un límite: termina allí donde empieza el derecho de los demás. Así, un medio de comunicación debe velar por la moral y las buenas costumbres de una sociedad; y por ende, no puede hacer, como lo hace un matutino serio, apología a la prostitución y presentándola subliminalmente como forma de vida o de trabajo. Lo expuesto nos coloca en este escenario: o los medios de comunicación se autorregulan o el Estado legisla llenando los vacíos existentes en la ley.

19. Internet, uno de los avances más importantes de la última década del siglo pasado, debe merecer atención especial para evitar que se convierta, como lo está haciendo, en un medio de promoción de actividades delictivas, como la pornografía infantil y la promoción de la prostitución. 20. La administración pública debe realizar el máximo esfuerzo por adecentar el cumplimiento de sus funciones para la buena marcha del país y recuperar la confianza de la ciudadanía. Especialmente, instituciones como la Policía Nacional, Migraciones, Identificación Nacional, Prefectura, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Poder Judicial, entre otras.

RECOMENDACIONES A.- Área legislativa y judicial Solicitar al Congreso Nacional que considere en su agenda la aprobación del Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo texto sustitutivo consensuado en la Comisión Mixta formada por la Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales del Senado y la Comisión Política de la Cámara de Diputados le fue remitido el martes 12 de Octubre del 2004. El texto sustitutivo recoge las observaciones efectuadas por el Presidente de la República, doctor Carlos Mesa, a una ley anterior sancionada en aplicación del artículo 77 de la Constitución Política del Estado por el Congreso a fines de abril pasado. El Poder Ejecutivo la observó, devolviéndola al Poder Legislativo “con algunas observaciones” las cuales figuran en el nuevo documento. Tras varias reuniones de trabajo la Comisión Mixta elaboró una versión final, y ahora en carta dirigida al Presidente del Congreso Nacional, doctor Hormando Vaca Diez y al Presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, solicita la convocatoria al Congreso para ver dicho proyecto de ley, que incorpora su texto al Código Penal. En el aspecto judicial es indispensable lo siguiente: 1) exigir la aplicación justa de la ley sin distingos de ninguna índole y en un plazo prudencial; 2) demandar a los jueces investigaciones exhaustivas de los casos que deben resolver; 3) desterrar conductas delictivas como la pérdida de expedientes total o parcialmente; 4) poner en marcha un sistema de control interno donde los interesados puedan denunciar pedidos de dinero de empleados del Poder Judicial para demorar algunos casos o torcer el criterio de los jueces; 5) exigir probidad de todos los actores de la administración de justicia, etc. B.- Área operativa 1. Nuevo sistema de control La lucha contra la trata de menores de edad para fines de explotación sexual comercial conlleva, necesariamente, la implementación de un nuevo Sistema de Control de los establecimientos dedicados a esa actividad ilícita y posibles lugares de cooptación, donde estén representados las organizaciones de la sociedad civil.

El control debería realizarse en dos niveles: 1) Interno, dentro de la institución encargada por ley de ese control, en este caso la Prefectura; y 2) Institucional, con participación de otros organismos del Estado y de la sociedad civil. El primer punto conlleva designar a personas de sólida formación profesional, ética y moral, y que los diferentes niveles de la Prefectura sean capaces de realizar un control estricto del personal responsable de esa labor. El control interinstitucional facilitaría que organismos como la Policía Nacional, la Policía Municipal, las juntas vecinales, los medios de comunicación, entre otros, puedan ver qué acciones realiza la Prefectura, a fin de evitar actos oscuros en perjuicio de la sociedad; ésta también debería realizar este tipo de fiscalización. ¿Por qué esta recomendación? Porque hace poco ocho menores rescatadas de dos prostíbulos, ubicados en la ciudad de La Paz y remitidas al SEDEGES para su cuidado, sospechosamente se las dejó escapar. Al abrirse el proceso judicial, tuvieron que dejar libre al principal implicado porque “no había el cuerpo del delito”. Esa dependencia de la Prefectura está muy desprestigiada entre los profesionales que trabajan en el tema de la trata. 2. Mayor coordinación interinstitucional Tras la desactivación, en 1994, del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), una entidad centralizada, empezaron varios cambios y se dieron importantes leyes, como la que creó las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia en el ámbito del Gobierno Municipal. Por ello, debe diseñar mecanismos para un trabajo coordinado con otros entes que tienen responsabilidad en el manejo del tema del menor. Este planteamiento se explica por lo siguiente: Si un niño es hallado en la calle en situación de peligro lo llevan a la Defensoría de la Niñez que funciona en el gobierno local distrital. De allí, dependiendo su situación, podría ser enviado al SEDEGES, que tiene a su cargo los albergues y depende de la Prefectura. Y suponiendo que un transeúnte encuentra a un menor abandonado en la vía pública, no podría conducirlo al SEDEGES, sino que previamente debe llevarlo a la Defensoría de la Niñez. Cuando funcionaba la ONAMFA (una instancia importante dentro de la estructura social) un caso podía ser atendido con prontitud, porque estaba facultado para recibir al menor y enviarlo al SEDEGES, que estaba bajo su jurisdicción. No se trata de decir “todo tiempo pasado fue mejor”. Solamente que urge hallar los mecanismos de coordinación para que esas gestiones se realicen con rapidez, pues los municipios son autónomos y también las defensorías, y ambos no tienen una relación directa con un poder central, sino a través del SEDEGES. Antecedentes: Cuando empezó la descentralización con la ley respectiva, la ley de Participación Popular y la ley de Municipalidades se dio al gobierno local presencia en

el tema con las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia. Hubo dificultades: cambios frecuentes de alcaldes, rotación constante del personal y falta de personal calificado en el interior del país por los bajos sueldos y las condiciones de vida de dichas zonas. ¿Quiénes están al frente de las Defensorías en esos lugares? El asesor legal cuando tiene tiempo, alguna educadora o guardia de seguridad de la ex ONAMFA; en las urbes las Defensorías tienen oficinas, pero también el cambio de personal es frecuente. Por ello, es imperativo frenar el problema de la inestabilidad de las instituciones encargadas del servicio, dotarlas de recursos económicos y de personal calificado. Otra cara de esta nueva realidad es la siguiente: la ley ha abierto varios caminos. Por ejemplo, creó los Sistemas legales Integrales, instancias de la Policía que manejan as Brigadas de Atención a la Mujer; y algunos Servicios Legales Integrales en los municipios de La paz y en algunos otros, no en todos. La existencia de estos organismos causa confusiones: cuando hay un problema de maltrato, la mujer va al Sistema Legal Integral y el niño a la Defensoría pese a que es un problema de familia. Esto revela incongruencia en la legislación, pues bajo el argumento de que las mujeres necesitan protección por una ley porque la violencia es muy alta, no debió separarse el concepto madre-niño como vemos ahora. En síntesis, estas leyes deben interrelacionarse y adecuarse a las estructuras sociales para que tengan sentido. Y eso es parte de una política de Estado respecto a la familia, a las mujeres y a los niños. 3. Sistema de Información Urge poner en marcha -de manera compulsiva si fue el caso- un Sistema de Información, que brinde los insumos necesarios para conocer la problemática y encarar los problemas cotidianos, así como información relevante para diseñar políticas de protección a la niñez y a la adolescencia a nivel local, departamental y nacional. Rige una ley que obliga a los municipios remitir la información al Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, pero no lo hace con la oportunidad debida por dos razones: falta de recursos y falta de manejo del tema. Además, debe llegarse a acuerdos específicos con la Policía Nacional, la Iglesia, las Universidades, los Medios de Comunicación Masiva, las Asociaciones Civiles y los Organismos No Gubernamentales, entre otras, que trabajan en este tema, para que brinden la información que manejen y se pueda tener una gran Base de Datos. Institucionalizar este tipo de apoyo de esas organizaciones es convertirlas en una suerte de protectores de niños, niñas y adolescentes. ONAMFA era un elemento de referencia. Hoy si bien la ley ha mejorado los servicios bajo la perspectiva de que cada alcaldía se haga responsable de la atención y protección

de los niños de su territorio, lo cual es importante, sepultó el concepto del punto de referencia y otros aspectos positivos de esa estructura. 4. Capacitación y estabilidad, tareas urgentes Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia se crearon para brindar protección y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de trasgresión. El proceso sigue: a fines de este año se habrán instalado 320 en igual número de municipios; ahora funcionan en 200 municipios. Esos organismos, que gozan de autonomía, enfrentan dos problemas: recursos insuficientes y falta de conciencia sobre el tema. La mayoría de municipios no lo considera prioritario, por lo que algunos dicen que mientras puedan sacarle la vuelta a la ley lo harán. Estiman más importante construir caminos o un arco del triunfo a la entrada de algún pueblito que atender a la niñez y a la adolescencia. Eso se refleja en la escasa asignación de recursos presupuestarios o en el nombramiento de personas de acuerdo a la voluntad del alcalde, de funcionarios del gobierno municipal o del partido. El Viceministerio de la Niñez anuncia que redoblará esfuerzos para formar y capacitar al personal del gobierno municipal (Defensorías) que protegerá a la niñez y esté imbuido de la importancia del trabajo, pero sugiere dar cierta estabilidad al personal entrenado para no destinar nuevos recursos en tareas similares. Una recomendación que hacemos nuestra. 5. Rigurosidad en registro de indocumentados Exigir el máximo cuidado en el registro de 438.180 menores de Cero a 12 en todo el país que, según el censo del 2001, carecen de documento de identidad. En este marco, sugerimos la realización de ciclos de capacitación a quienes tengan a su cargo esa delicada tarea, y que entienden que el error de hoy es el problema de mañana. Si el Estado con ayuda de UNICEF y Plan Internacional Bolivia están realizando con mucho esfuerzo una campaña gratuita, para poner punto final a la indocumentación de esas personas (que comprende la inscripción en los Registros Civiles y la entrega de su Certificado de Nacimiento) que sea hecha con el menor número de errores. Los que se hallan como indocumentados son 438.180 niños de Cero a 12 años; 84.613 menores de 13 a 18 años; 63.329 jóvenes de 19 a 25 años; 101.411 adultos de 26 a 44 años; 63.095 adultos mayores de 45 a 64 años; y 42.114 mayores de 65 años. C.- Área de Protección y Asistencia a las Víctimas Es necesario fortalecer dos experiencias valiosas en este punto. Las que llevan acabo la Congregación de las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad en cinco ciudades, y la Fundación San Gabriel en Villa Copacabana, en La Paz.

La citada congregación es una de las instituciones más sólidas que brinda protección a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en prostitución desde hace 78. Al llegar a Bolivia, en 1926, abrió el primer hogar de internado en Sucre, de allí pasó a La Paz, luego a Cochabamba y Santa Cruz; y el 2001 llegó a El Alto. Desde un comienzo y hasta hace menos de cinco años, trabajaron en casas cerradas; ahora brindan la misma formación técnica pero en talleres abiertos. La hermana Dina Céspedes, orientadora de las víctimas de la trata en proceso de reinserción, dice que uno de los proyectos para el 2005 es tener una unidad de asistencia psicológica, porque las chicas llegan en situaciones penosas física y psicológicamente. Sus principales características son: inseguridad, inestabilidad, irascibilidad, bajísima autoestima y sin proyectos personales. Si liberar y promocionar a la joven marginada en prostitución es la razón de existir de la Congregación, su mejor carta de presentación es el significativo número de jóvenes reinsertadas a la sociedad, premunidas de capacitación técnica para que puedan valerse por sí mismas y abrirse nuevas oportunidades en la vida. Conjugar capacitación técnica en los talleres de Repostería, Corte y Confección, Tejido a mano y a máquina, Belleza y Panadería, con atención psicológica es una de las metas de la congregación para chicas en prostitución de 14 a 22 años. En Sopocachi tiene un hogar de mamás solteras, al que pueden ingresar las que tienen un niño, están embarazadas o que quieren dejar el ambiente. Otra experiencia digna de mención es de la Fundación San Gabriel, que ha puesto en marcha un proyecto de prevención del maltrato al menor a raíz del elevado número de casos que atiende el servicio de pediatría del hospital San Gabriel. Fue la demanda de ese tipo de atención que impulsó a la fundación a trabajar con una institución danesa para ejecutar el proyecto de prevención del maltrato infantil a fin de que la población tome conciencia de que existe ese tipo de maltrato y que es muy negativo para el desarrollo de los menores. La campaña fue lanzada con tres spot y material impreso, paralelamente capacitan a maestros y adolescentes de esa jurisdicción, y han implementado un sistema de atención integral al niño maltratado. La segunda etapa del proyecto apunta a integrar a las instituciones del Estado que trabajan en maltrato infantil en una red donde esté SEDEGES, la Defensoría de la Niñez, Jueces de Menores y otros hospitales con servicios de pediatría. A mediano plazo tiene previsto difundir la experiencia del hospital San Gabriel, un modelo validado y construido internamente, en diferentes instituciones de La Paz, porque el objetito es involucrarlas en la red para trabajar conjuntamente. D.- Área de fortalecimiento institucional

El gobierno está dando señales de que quiere atacar el complejo problema de la trata incluyendo algunos de los factores que colocan a importantes sectores de la población en una situación de vulnerabilidad. Esas señales se reflejan en la preparación de varias normas legales y la ejecución de importantes obras. Esperemos que tanto dichas normas como las obras sean una realidad en un tiempo relativamente breve. Entre las normas legales en etapa de redacción figuran: -Proyecto de D.S. para adecuar el Código Niño, Niña y Adolescente a la Convención de la Haya. Campaña: Familiar boliviana, adopta un menor boliviano Lo novedoso de este instrumento jurídico que busca adecuar el capítulo referido a las adopciones tanto nacionales como internacionales del Código Niño, Niña y Adolescente a la Convención de La Haya, ratificada por Bolivia en el 2001, es que sería el punto de partida para emprender una campaña de adopción de niños bolivianos por familias bolivianas a nivel nacional. -Proyecto de D.S. para derogar el sistema de “enganche” para trabajadores de las zafras -Proyecto de Ley del Registro Civil La Corte Nacional Electoral (CNE) contempla aplicar en Bolivia una norma que rige en muchos países: un número único de registro para cada ciudadano, para poner punto final a la multiplicidad de números de los documentos de los ciudadanos. -Proyecto de Ley de Migración Pronto será elevado al Gabinete Ministerial el proyecto de la nueva Ley de Migración que, entre otros aspectos, contempla armonizar la parte administrativa con la parte jurisdiccional, para que haya las sanciones por los delitos migratorios. Políticas de DD.HH. y de ocupación territorial, dependencias públicas y obras El Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando con la sociedad civil en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de una Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que incorporará los derechos de los migrantes y sus familias. La Secretaría Técnica del Consejo de Población para el Desarrollo Sostenible está diseñando una política de ocupación territorial que contemple, al mismo tiempo, la utilización racional de los recursos y el respeto por el medio ambiente.

Paralelamente, se están dando pasos para impulsar la integración de las regiones del Alto Amazónico a las principales ciudades del país, a través de obras viales y la apertura de oficinas del Ministerio de Trabajo en localidades como Riberalta. Metas del Viceministro de Trabajo, doctor Rodolfo Eróstegui para el 2007: *Que en el momento en que se entregue la presidencia al ganador de las próximas elecciones, hayamos disminuido el trabajo forzoso por lo menos en un 30 por ciento. *Que los contratos laborales en Riberalta sean hechos de acuerdo a la Ley General del Trabajo, que las oficinas del Ministerio de Trabajo en Tupisa y en otras regiones, luchen contra los enganchadores y que sean capaces de sustituirlos. *Que los contratos de los trabajadores que están en las zafras de caña de azúcar y de la castaña, que muchas veces son subcontratados por los enganchadores, estén bajo un régimen en el cual haya la garantía solidaria. *Que conozcamos con precisión qué ocurre en el Chaco e ingresar con el Ministerio de Justicia, porque allí hay problemas laborales, de justicia, policial e ideológicos. Tiene previsto iniciar la construcción de la carretera Riberalta - Guayamerín; y bajar los costos de la energía eléctrica a 0.10 centavos la unidad eléctrica (hoy pagan 0.24 centavos y en La Paz 0.6 centavos) construyendo una planta de energía eléctrica.