:: portada :: Chile :: 27-11-2015

No existe la libre competencia en el Chile neoliberal Paul Walder Rebelión

El escándalo de la colusión de las principales empresas papeleras es sólo un evento más en una larga hebra que se hunde y se entrelaza con numerosas y variadas actividades privadas y públicas, económicas y políticas. El cartel del papel higiénico es un efecto, tal como lo es la corrupción política, de una institucionalidad que no sólo permite y fomenta estas prácticas, sino que le son inherentes.

De partida, podemos establecer claras relaciones entre colusión y política y entre colusión y concentración económica. Todas son variables que van por el mismo carril y se retroalimentan. Chile tiene una concentración creciente en todos sus mercados, desde los productivos a los servicios, así como también hay una concentración de la propiedad y de la riqueza. Este fenómeno, que la ubica como la nación más desigual de Latinoamérica y una de las más dispares del mundo, no sólo genera graves distorsiones sociales y en su relación con los mercados, sino que ha fortalecido una neo-oligarquía con poderes posiblemente no registrados en la historia contemporánea. Las elites, presentes en la economía y la política, pueden tomar decisiones entre pocos actores y manejar el país a su antojo. Lo que sucede con el papel tissue ya ha ocurrido con el cartel de los productores de pollos, las farmacias, los buses interurbanos, entre otros. Sucede también en las decisiones políticas, acordadas no pocas veces en los salones de las gerencias y directorios de las grandes empresas.

La hebra que cruza el cartel del papel tissue comparte también esos otros sectores, se hunde en los casos Penta, Caval, Soquimich, pasa por Corpesca y penetra en la oscuridad de la concentración de todos los demás grandes mercados. Si es en el papel, los pollos y las farmacias, podría ser en cualquier otra industria de la producción o los servicios. El modelo neoliberal concentrador y excluyente es el caldo de cultivo para la colusión y otras trampas. Casos como La Polar, "cascadas" o las universidades que lucran, son simplemente una variación del mismo modelo. El poder económico y político absoluto, podemos decir parafraseando a Lord Acton, corrompe absolutamente. Este es el Chile neoliberal.

Esta elite, que tiene gran parte del PIB nacional, es también la que financia la política. Sólo considerando la vía regular y no las boletas ideológicamente falsas y otros mecanismos ilegales y truchos, puede observarse un puñado de empresas en el financiamiento de la política. Los efectos de esta actividad saltan a la vista, tanto desde el proceso legislativo a la conformación de los hemiciclos.

COLUSION EN EL

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FINANCIAMIENTO POLITICO

Un estudio publicado el primer trimestre de este año por el Centro Democracia y Comunidad titulado "Concentración económica de los mercados en Chile", de los economistas Sebastián Faúndez, Gerardo Puelles y Rodrigo Bravo, ratifica la concentración en el financiamiento de la política. La información presentada por este estudio, que ha sido recogida desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), coloca, en 2013, entre los principales benefactores de las actividades políticas a unas cuantas decenas de sociedades pertenecientes a los grupos Luksic, Angelini, Said, Falabella, Yarur, Security, Cencosud, Cueto, Saieh, Matte, Hurtado Vicuña y Claro Chile (del mexicano Carlos Slim), entre pocos más.

De las 40 empresas que conforman el IPSA (Indice de Precio Selectivo de Acciones) de la Bolsa de Santiago, cerca de la mitad están registradas por el SII como donantes. Entre ellas está SQM y sus filiales, la acerera CAP, Parque Arauco, Viña Concha y Toro, Colbún, Enersis, LAN y la sociedad de casinos Enjoy. En cuanto a rubros, fuerte presencia en los aportes tiene el pesquero y las compañías eléctricas. Entre éstas, aparece CGE, Transelec y las del grupo Matte, y entre las pesqueras, Corpesca, de Angelini; Blumar, Camanchaca, Coloso, Grimar y otras ligadas a las siete familias dueñas del mar chileno.

Esta concentración en las donaciones, que tiene sin duda efectos en la estructura política nacional, está íntimamente ligada con el poder económico. Las empresas donantes forman parte de monopolios naturales que han levantado fuertes barreras de entrada a eventuales competidores. La relación entre poder económico y política queda totalmente expuesta. Los monopolios, la colusión y los carteles financian la política en Chile.

La mirada a este registro expresa con claridad que el control de la economía no pasa por el ritualizado "libre mercado". Esta expresión es una mera excusa en un mercado monopólico que goza de la connivencia de los partidos políticos y de los acuerdos entre cuatro paredes.

LOS MERCADOS SE LOS

REPARTE LA ELITE

Podemos comenzar esta pequeña lista con uno de los sectores más coludidos: las farmacias. Según información de 2012, las tres grandes cadenas que pactaron durante la década pasada los precios de 222 medicamentos se reparten virtualmente todo el mercado farmacéutico. Entre Farmacias Ahumada (FASA), Salcobrand y Cruz Verde concentran el 99 por ciento de las ventas, las que suman más de mil millones de dólares al año. Otro sector de la salud, las Isapres, tiene rasgos parecidos: Más Vida, Cruz Blanca, Colmena, Vida Tres y Banmédica tienen casi el 80 por ciento del total.

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Estructuras similares también se registran en otras áreas clave para la economía. En la banca tres bancos, el Chile, Santander y BancoEstado, tienen el 57 por ciento de los créditos, algo que se replica con creces en las AFPs: Capital, Habitat, Modelo, Provida y Planvital tienen el 91 por ciento de este mercado.

En el transporte se repite el fenómeno. El tráfico aéreo nacional está controlado por Sky Airlines, LAN Airlines y LAN Express, con el 98 por ciento del total. Lo mismo la telefonía celular, mercado controlado por tres empresas que se reparten el 97 por ciento. Cuando hace pocos meses ingresó la británica Wom con una agresiva campaña comercial y de precios, su representante afirmó que en Chile había rango para competir en materia de precios.

Al observar otros sectores y mercados, los rasgos son los mismos y sólo varía levemente el número de actores. En la telefonía fija hay apenas cinco empresas con el 98 por ciento del total, entre los proveedores de Internet fija tres se reparten más del 90 por ciento y en la Internet inalámbrica otros tres comparten cuotas parecidas.

El gigantesco sector de los supermercados, que mueve anualmente más de 16 mil millones de dólares, está controlado por Wal-Mart, SMU y Cencosud, las que concentran casi el 70 por ciento. Y entre los productos de alto consumo, podemos encontrar las mismas estructuras. En vinos, sólo Concha y Toro abarca el 62 por ciento; en los lácteos, Nestlé, Soprole y Colún tienen el 91 por ciento; en carnes, Agrosuper, Sopraval, CIAL y Don Pollo tienen el 72 por ciento; en los pollos, que bien conocemos su estructura de cartel, Superpollo, Ariztía y Don Pollo se reparten el 76 por ciento. Suma y sigue. En las bebidas no alcohólicas, está la CCU, CocaCola y Andina con el 99 por ciento y en piscos y licores Capel y CCU tienen el 80 por ciento del mercado.

El escenario esbozado, que ciertamente vinculamos con los casos de mecenazgo y, como extensión, financiamiento ilegal de la política, es especialmente vulnerable a la conformación de grupos, carteles y pactos comerciales. Una estructura montada sobre un modelo ideado para el enriquecimiento de los dueños del capital en mercados controlados, tiene como efecto final una concentración inédita y extrema del poder.

En este contexto, que abarca todos los sectores de la economía, los mensajes lanzados desde la clase política son débiles y tardíos. Se sabe que la suavidad en las penas y la eliminación de la cárcel a partir del gobierno de Ricardo Lagos favorece la colusión. Pero este factor, si bien facilita la conformación de carteles y pactos ilegales, no es el único ni es concluyente. Sin duda el proceso de concentración de los mercados en muy pocas y poderosas manos y su vinculación con la clase política tiene el mayor peso. Un elemento estructural que el proyecto de ley que repone las sanciones penales no logrará suprimir. La delincuencia común y la de cuello y corbata no se eliminan sólo con el endurecimiento de penas, algo que la experiencia chilena, con cárceles atiborradas, confirma.

MULTAS, CASTIGOS

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Y MAS CARTELES

El proyecto de ley, a punto de ser aprobado, busca aumentar las multas, las que tendrán relación con el beneficio económico obtenido. Por ejemplo, en el caso pollos la multa aplicada fue de 57 millones de dólares, valor mínimo contra un beneficio obtenido de más de 1.500 millones de dólares de sobreprecio. Junto a ello, avanza la sanción penal, con castigos de hasta diez años y prisión efectiva de por lo menos uno. Según ha explicado el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el tipo penal se remite sólo a acuerdos explícitos que involucren competidores entre sí y aclaró que únicamente se refiere a las hipótesis de carteles duros, que son los únicos en los cuales es posible alcanzar una convicción absoluta acerca de la anticompetitividad de la conducta.

Bajo la estridencia del cartel del papel tissue siguen otros casos de colusión de tallas similares. La primera semana de noviembre saltó a la luz pública la colusión en Perú de las distribuidoras de gas, entre las cuales aparece Lipigas, empresa del grupo Yaconi Santa Cruz junto a otros inversionistas del tamaño de Andrónico Luksic y Leonidas Vial, el millonario agente de Bolsa implicado y multado, junto a Julio Ponce Lerou, por el fraude de las empresas "cascadas".

En carriles paralelos corre el caso pollos, aún no cerrado del todo. Hacia comienzos de mes, el Sernac presentó una demanda colectiva contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo para que compensen a todos los consumidores que se vieron afectados por las prácticas colusorias. Según el informe presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el aumento artificial del precio de los pollos habría sido de un 14 por ciento aproximadamente, costo que finalmente fue asumido por los consumidores.

El director del Sernac, Ernesto Muñoz, indicó: "La situación ocurrida en este mercado es muy grave. Las empresas se coludieron para lucrar, infringiendo la libre competencia de los mercados, afectando los bolsillos de miles de familias chilenas por años, las cuales consumieron este tipo de productos de primera necesidad sin que pudieran acceder al precio más competitivo".

La farmacia popular instalada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha colocado nuevamente el negocio farmacéutico en el centro de la agenda. Las diferencias entre los precios de los medicamentos, que alcanzan a rangos de hasta un 1.500 por ciento entre los precios de las cadenas y los que tendrá la farmacia popular, revelan la oscuridad y las fuertes distorsiones que mueven el mercado de la salud. Las tres grandes cadenas no alcanzan de salir de una polémica para entrar en otra. Tras los juicios celebrados durante el invierno pasado, de los cuales los ejecutivos salieron nuevamente libres de polvo y paja, no sólo Jadue exhibe las escandalosas diferencias de precios (en las cuales los laboratorios tienen también una gran responsabilidad) sino que grupos de consumidores juntan nuevas evidencias que podrían derivar en nuevos acusaciones de colusión.

Es muy probable que en el futuro inmediato continúen apareciendo más casos de fraudes, estafas y colusión. El director de Conadecus, Ernesto Benado, afirmó hacia la primera semana del mes que el gigante mundial del supermercadismo Wal-Mart -en Chile opera con la marca Líder- se prepara

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para desatar una guerra de precios en este sector. En los países en los cuales ha actuado de esta manera, saca a los competidores del mercado y una vez conseguida la posición dominante, sube los precios. Lo que vivimos con las farmacias durante la década pasada se vaticina en este mercado de miles de millones anuales: la vuelta de tuerca que falta en la concentración neoliberal de los mercados y de la riqueza.

Publicado en "Punto Final", edición Nº 841, 20 de noviembre, 2015

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