LOS POST - NEOLIBERALISMOS EN AMÉRICA LATINA; Tres vías de escape frente al agotamiento del discurso neoliberal; Bolivia, Argentina y Chile. María Antonia Muñoz.1

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Introducción.

Existe un consenso importante entre los académicos y los protagonistas de la política; una gran parte de países de América Latina se encuentran en otra etapa económica y política de su historia. Los actores en juego son otros, el modelo de crecimiento también y esta combinación de variables genera una constelación diferente de relaciones de fuerzas. En algunos países estos factores han logrado introducir y hacer efectivas (en algunos casos más, en otros menos) demandas en torno a la inclusión, reparación y/o protección social así como de mayor participación política. En otros, en cambio, las políticas conservadoras siguen en el camino de las recomendaciones neoliberales pero hay que notar que inmersos en un contexto regional y mundial diferente. Un factor fundamental para explicar este cambio fue el inusitado crecimiento económico que provino del aumento de la demanda de commodities y precios internacionales favorables a la oferta que puede otorgar la región. Colombia, México y Perú, países con gobiernos conservadores, han tenido un crecimiento notorio del ingreso fiscal proveniente de la exportación de sus recursos naturales. De igual forma lo hicieron Bolivia, Venezuela, Argentina y Chile, con orientaciones políticas más progresistas. En otras palabras, todos han optado por centrar a las economías en el sector primario exportador como principal generador de riquezas, aunque con diferentes niveles de especialización y con algún impulso de la producción industrial (aunque de bajo nivel de valor agregado si se lo compara con los países de la OCDE).2 Lo que sí puede distinguir a los gobiernos conservadores de los gobiernos de izquierda es la forma en que se aprovechó ese crecimiento (¿Cuáles fueron las políticas sociales y laborales? ¿La creciente riqueza fue mejor distribuida?), el tipo alianzas y estrategias nacionales e internacionales que emprendieron (¿Se apoyaron más en sectores empresariales o en sectores populares?) y cómo atendieron 1

Doctora en Ciencias políticas y Sociales. Universidad Autónoma Metropolitana – sede Xochimilco. Habría que remarcar algunas diferencias entre países. Mientras que el sector exportador representa el 82% del PIB venezolano, en Bolivia representa el 42% y en Chile el 33%. México no solamente ha basado su modelo económico en la extracción del petróleo sino también en el régimen maquilador que está en franca debilidad frente a la competencia que representa China y la crisis en Estados Unidos. Brasil se destaca entre los otros países por exportar bienes de mayor valor agregado (que representa una ventaja frente a las exportaciones del sector primario). En términos generales, es posible observar un cambio en las formas de acumulación del capital y crecimiento en América Latina aunque como se verá con importantes límites en el modelo de desarrollo social y político aunque también económico. 2

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las demandas sociales (¿Cómo las re significaron? ¿Las hicieron parte del proyecto político o las trataron diferencialmente e institucionalmente sin modificación en la estrategia gubernamental?). En las siguientes secciones analizaremos los casos de Bolivia (sección 2), de Argentina (sección 3) y, finalmente, de Chile (sección 4). Para cada uno de los casos se repasará brevemente los principales ejes de la retórica de los presidentes, se tomarán en cuenta algunas diferencias entre las estrategias de desarrollo económico perseguidas, se observará el contexto institucional y político en el cuál se iniciaron estos gobiernos así como la aparición de nuevas demandas sociales y colectivos socio-políticos y se tendrán en cuenta el tipo de alianzas político económicas entabladas por los tres gobiernos en cuestión. Finalmente, se analizará el tipo de tratamiento realizado a las demandas sociales. Una conjetura que guía el trabajo es que el tipo de gobierno (más alejado o menos distanciado de las políticas neoliberales) dependió del grado de ruptura institucional (continuidad o crisis política) combinado con la aparición de nuevas demandas y nuevos sujetos políticos organizados (su capacidad de irrupción y de crear una agenda pública, del grado de corporativismo de sus reivindicaicones, etc) y de las alianzas gubernamentales establecidas (mayor o menor articulación política con los sectores populares, sindicales, etc., tipo de relación con el sector empresarial, etc.). Para finalizar diré que podemos llamar a los tres gobiernos “post- neoliberales” por diferentes razones. En principio, los tres han impulsado acciones que contradicen ciertos principios que el neoliberalismo, como ideología, ha sostenido (de allí “post”). No obstante, ciertas políticas siguen siendo mantenidas (de allí seguir haciendo uso de la palabra “neoliberalismo”). Veremos cómo, a pesar de las tendencias comunes ya señaladas en esta introducción, las variables nombradas en el anterior párrafo construyen diferentes constelaciones políticas y diferentes grados de ruptura con la hegemonía neoliberal. 2. Bolivia; Estado productivo, derechos y pueblo. La reconstrucción de la comunidad. Evo Morales asumió en el año 2005 con 53,3% de los votos emitidos. El Movimiento al Socialismo (MAS) que impulsó su candidatura tuvo un crecimiento sostenido desde el año 1999. Los partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN, UCS)3 fueron perdiendo apoyo entre los votantes e incluso entre sus propios líderes y candidatos que se presentaron posteriormente como candidatos individuales. Luego de la renuncia de Sánchez de Lozada, el ejecutivo en manos de Mesa, se encontraba sin capacidad de gobernar ni emprender ninguna decisión. La crisis tenía múltiples dimensiones. No solamente era económica sino política - estatal (Moldiz Mercado, 2007). La escena política estaba dislocada; la resistencia en el 3

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

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Parlamento y la fragmentación entre partidos, los sectores sindicales y los movimientos que se movilizaban constantemente, la elite santacruceña que ya desde entonces presentaba demandas de autonomía (haciéndole frente tanto al candidato de oposición del MAS, a las demandas de nacionalización de los hidrocarburos y al presidente de turno Mesa). El nivel de negociación entre las partes era nulo y el sistema político parecía incapaz de procesar los conflictos por los canales normales. Finalmente, el presidente renunció y el poder ejecutivo quedó en manos de Rodríguez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que convocó a elecciones generales para diciembre. Morales superó a Quiroga y a su partido PODEMOS4 en casi 25 puntos (Romero Ballivián, 2006). El nivel de participación electoral fue muy alto (84.5%), lo que le sumó legitimidad al nuevo gobierno. Además, de ganar el poder ejecutivo, el MAS fue el partido con mayoría en el Congreso y tuvo un rotundo éxito en las elecciones provinciales Pasado el año 2005 el sistema de partidos era completamente diferente a la estabilidad marcada por la denominada “Democracia Pactada”. El quiebre de la hegemonía neoliberal era evidente. La gestión de Morales se puede describir y explicar por varios factores interconectados. En primer lugar, el gobierno tenía frente a si un intento de re construcción de un sistema político desestructurado que ya no podía procesar los conflictos y que, por tanto, suponía un horizonte de quiebre de la comunidad. En este contexto, el gobierno no solamente debía “inventar” otro modelo de “administración” de los bienes comunes sino que tenía la oportunidad de re- constituir los patrones y valores de la política misma. Esto implicó una situación de extrema dificultad pero también una coyuntura histórica favorable para el cambio que no fue desaprovechada. Precisamente, las transformaciones más destacables fueron la reforma constitucional para asegurar vía derecho la integración y el reconocimiento de los grupos históricamente marginados y la reconstitución del Estado como un referente de la unidad social pero también de los nuevos límites entre lo público y lo privado. Esto generó a su vez la oportunidad de ampliar las alianzas políticas con el objeto de legitimar y poder tomar decisiones de tipo vinculantes a pesar de la fractura social que vivía el país. La Constitución representó un esfuerzo por dar visibilidad y reparar a un sector de la población que generalmente era perjudicado por las decisiones tomadas por los anteriores gobiernos; “los pueblos originarios campesinos”. Los numerosos artículos de la nueva Constitución, que por motivos de extensión no podemos desarrollar en este artículo, se orientan a reorganizar a Bolivia a partir de la integración de nuevos colectivos que “valen y cuentan”. Incluso el nombre del país ha cambiado al de “Estado Plurinacional de Bolivia”. Aunque puede suponer una excesiva “etnicización” de la política que implica una cierta “parcialización” o límite para la “universalización” constitucional (con los problemas de polarización que eso conlleva), aquello tenía razón de ser. Se trataba de reconstruir el funcionamiento del Estado y la 4

Poder Democrático Popular (PODEMOS)

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comunidad política dislocada garantizando la inclusión de un colectivo especial. No eran especiales por ser simplemente “pueblos originarios”, sino porque se habían convertido en sujeto político que, siendo históricamente excluido, había logrado irrumpir en la escena pública e instalar demandas que no podían ser contenidas por el modelo político y económico “neoliberal”.5 El límite que puede tener este tipo de reivindicación impresa en la nueva institucionalización es que si no logra dar el salto de la instancia de reparación (que siempre implica un grado de un “justo” corporativismo a favor del sujeto “dañado”) a la de la universalización del orden (es decir, construir una nueva “hegemonía”), las transformaciones pueden fracasar. El otro elemento a tener en cuenta para caracterizar al gobierno es que a pesar de la radicalidad de las medidas (en comparación con previos gobiernos) éstas no apuntan a la creación de un programa socialista de colectivización de los medios de producción sino a una estrategia de desarrollo del capitalismo nacional. El fuerte protagonismo del Estado en la economía se combina con la importante influencia política de las organizaciones de tipo sindicales indígenas y campesinas. Las reformas realizadas al Estado y sus instituciones están relacionadas con estrategias destinadas a fortalecer el control del sector público sobre la economía, darle autonomía política a las regiones, aumentar sus recursos e incentivar la distribución más equitativa de las riquezas (que implica también reconocer nuevas identidades a través de derechos colectivos) y crear nuevas formas de participación y representación. No obstante, al igual que los otros países estudiados, se implementó una política macroeconómica orientada a acumular reservas y superávits fiscales, disminuir la deuda externa (negociando la condonación) y controlar la inflación. A diferencia de Argentina, pero al igual que Chile, mantuvo la independencia del Banco Central para resguardar el valor de la moneda además de mantener políticas monetarias ortodoxas a través de la tasa de interés. En el año 2006, el Estado se convirtió en el principal accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Se aumentaron los impuestos y las regalías del 50% al 82% en los principales campos gasíferos y se renegociaron los contratos con las empresas privadas. También se recuperaron las competencias sobre la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), sobre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y sobre la Empresa Nacional de Electricidad, todas controladas por capitales privados y extranjeros anteriormente. Tal vez por ello el ingreso fiscal del gobierno central (32,7% en el 2008) sea uno de los más altos de Latinoamérica (después de Cuba que es de un 45,9% sobre el PIB) (CEPAL; 2008) Esto también permitió renegociar con países como Argentina y Brasil un incremento en los volúmenes y los precios y establecer otra relación con el sector privado, que

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La cuestión de la etnicización y la polarización social sigue siendo un desafío a superar en Bolivia en tanto pone límites a la construcción al nuevo proyecto político y a una nueva institucionalidad más universal que permita garantizarlo en el largo plazo.

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hasta ahora ha respetado las nuevas reglas. Además, se aumentó la presión tributaria sobre las empresas trasnacionales (Mayorga, 2009). En materia de distribución de tierras el Instituto Nacional de Reforma Agraria informa que en las gestiones 1996 -2005 se han titulado y saneado 9.3 millones de hectáreas y entre las gestiones 2006 –2009 se han titulado y saneado 23.46 millones titulado millones, beneficiando a 98.454 personas. Este “Estado empresario” sobre todo dedicado a la exportación de los hidrocarburos y el tipo de economía que se está formando posee ciertas ventajas y límites. Si bien esta industria se convirtió en el principal ingreso del país y permitió aumentar las arcas fiscales, a diferencia de Brasil o de Chile todavía no se ha logrado impulsar otro tipo de producción de mayor valor agregado ni eslabonamientos complejos con el resto de la economía. Además, la capacidad de generar empleo de esta industria es baja. Paralela a la economía formal existe otra informal de gran tamaño pero de baja productividad y escasa tecnología que, aunque paradójicamente logra generar mucho empleo, lo hace en condiciones de mucha precariedad.6 Obviamente, esto no es consecuencia de las actuales políticas del gobierno de Morales sino una herencia de estrategias de desarrollo previas. Pero la pregunta que hay que formularse es que, si por el camino que se ha elegido se logrará impulsar una economía alternativa que permita palear la situación de ese sector de la población. A la institucionalidad que promete la reparación y la justicia social y al Estado empresario, hay que sumarle el tipo de alianzas construidas por el gobierno, lo que le da un perfil más inclusivo y popular comparando con los otros dos casos que se van a repasar más adelante. Las políticas económicas, laborales y sociales sirvieron para reparar simbólicamente y mejorar materialmente la calidad de vida de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad social, además de que permitieron fortalecer y ampliar alianzas con diferentes sectores sociales y organizaciones. Si teóricamente las demandas son tratadas de manera institucional (es decir, una demanda se resuelve de manera singular sin asociarla con otras) también pueden ser tratadas o articuladas “equivalencialmente” (es decir, se articulan de manera tal que tienen un referente común, constituyendo un colectivo político que comparte un proyecto comunitario y un mismo enemigo político). Ambas formas de procesar las demandas estuvieron presentes (Laclau, 2006). Veamos. En una primera etapa, se pudo observar la preocupación por consolidar las alianzas formadas 6

Para combatir esto se han emprendido el programa “PRO Bolivia”, que se orienta a impulsar la inversión pública para mejorar la eficiencia (productividad, producción, uso de recursos, etc.) de las empresas. Se destacan la inversión en ingenios (por ejemplo, Santa Helena y Machacamarca, etc.), en minería (Empresa Metalúrgica Vinto) y se ha ido aumentado el crédito para la mecanización del agro y estímulo a otras áreas productivas rurales. En otras palabras, en materia económica se intenta pasar de un “Estado neoliberal” (facilitador de ciertos aspectos de la economía privada y especulativa) a la construcción de un “Estado productivo”. Como se observará más adelante, otro tipo de políticas fueron implementadas como forma de articulación política e integración económica de diferentes sectores (pequeños productores, grandes empresas, productores agrícolas a gran escala).

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previamente a través del cumplimiento de lo que se dio a llamar la “agenda de octubre”. Esta fue instalada por múltiples organizaciones luego de la guerra del gas, la lucha contra la corrupción institucional y la reforma constitucional. La “agenda de octubre” demandaba la recuperación de los recursos naturales en mano de lo público, reconocimiento en múltiples aspectos de la figura indígena campesina y la reforma constitucional. Pasados algunos años de la asunción de Morales, las acciones estuvieron dirigidas a dar cuenta de otros sectores sociales; trabajadores, sectores urbanos rurales, profesionales, que no necesariamente se identificaban con aquella dimensión étnica. Un aliado fundamental del presidente y el partido en el poder es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Esta confederación no actuó, ni actúa, como un sindicato tradicional, haciendo solamente demandas corporativistas y compitiendo con otras centrales (como parecieran ser más los casos de Argentina y Chile). Este se ha convertido en una organización política que ha establecido una amplia alianza entre movimientos y organizaciones sociales, articulando sus demandas e interviniendo en la arena política con una estrategia legalista aunque muy progresista. Logró captar tanto a los sectores más populares como a los de áreas urbanas y clases medias bajas. Además, desde que tuvo la oportunidad de presentarse a diputaciones y a gobiernos locales lo ha hecho, borrando las fronteras entre las funciones de una organización sindical, las organizaciones campesinas y el partido político. Esta alianza política explica, por supuesto, algunas decisiones tomadas por el gobierno de Morales relacionadas a fortalecer al actor sindical; la derogación del artículo 55 del decreto supremo 21060 (libre contratación de la fuerza laboral) y el impulso de otras políticas de protección a la coca, el área minera y de agricultura entre otras. Pero también la reforma de la propiedad de la tierra y distribución a pequeños productores así como ciertas políticas sociales y derechos indígenas impactaron también sobre la protección de los trabajadores bolivianos que no están afiliados a la confederación. Es notorio el caso de Bolivia donde el propio presidente llama al gobierno “el gobierno de los movimientos sociales”. La estructura institucional del mismo ha sido transformada para incluir a los movimientos sociales en cargos públicos importantes (en el gabinete ministerial, del Parlamento y de la Asamblea Constituyente) sumada a la creación de la Unidad del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales. Además, las reuniones de gabinete o reuniones políticas de evaluación de la gestión del gobierno se invitan a líderes de movimientos y organización a participar activamente. Estas alianzas hacen difícil pensar en Bolivia como un país constituido por un sistema político organizado a través de reglas democráticas liberales, una sociedad civil movilizada y diferenciada y un Estado autónomo y laico. Las relaciones hacen complicado distinguir las arenas, pero no porque sea un movimiento homogéneo político o porque el gobierno tuvo éxito en la cooptación de una parte de la sociedad civil. Es más productivo pensar que lo que ha pasado es que se han establecido relaciones políticas que se distancian de las definiciones clásicas de la teoría liberal; existe una apertura importante 6

del gobierno hacia las organizaciones que bajo tipificaciones normales se inscribirían en el ámbito civil pero que sus luchas se presentan más en el plano político (del proyecto estatal a construir) que en el plano social. A diferencia de Argentina y Chile, pareciera ser que en Bolivia se ha logrado formar un colectivo que ha podido articular políticamente a gran parte de la población tras un proyecto político estatal de orientación popular. Tampoco hay que dejar de señalar el antagonismo interno que amenaza este proyecto como las múltiples rupturas internas como “la media luna”, “los prefectos rebeldes”, etc. y otro tipo de límites a la construcción del proyecto político como la estructura económica heredada (se trata de un país que parte de condiciones económicas y sociales peores que los otros). Algunos autores (Mayorga, 2009; Stefanoni, 2006a) proponen ver este hecho como una coalición inestable en el poder que se caracteriza por el agrupamiento de actores sociales en torno al partido de gobierno que, obviamente, no carece de tensiones. Esta inestabilidad estaría dada por el acercamiento o alejamiento del gobierno en la medida que éste toma una decisión que responde o no a las demandas de las organizaciones; cuando si responde se forma un lazo fuerte entre gobierno y actor, sino ocurre lo contrario. Lo que dejan entrever estos autores es que la coalición no ha logrado generar lealtades más allá de las relaciones de interés entre los negociadores. No obstante, el caso pareciera el contrario. Pasado ya un tiempo el gobierno, han sido mayores las “articulaciones” y las lealtades mutuas, que las relaciones clientelares o circunstanciales. Los mismos autores señalan que el núcleo de la coalición es el gobierno y el MAS que marcan la pauta de qué tipo de demandas pueden ser integradas, o no, en torno al programa o estrategia a llevar a cabo y a la capacidad de liderazgo simbólico del presidente Evo Morales. Esto supone una crítica hacia el autoritarismo de estos liderazgos. No obstante, hay que hacer algunas observaciones. Primero, que existen pocos ejemplos de proyectos políticos económicos puedan integrar todas las demandas y todas las orientaciones. Ni si quiera los democráticos. En segundo lugar, aunque el liderazgo es del gobierno y del MAS estos no están desconectados de los movimientos, organizaciones y sindicatos que se caracterizan por su diversidad ideológica y social. El grado de integración de las organizaciones políticas no electorales al gobierno, las reformas institucionales, políticas y sociales, las repetidas elecciones ganadas, el nivel de popularidad que goza todavía Morales, ponen en evidencia un conjunto de elementos que, comparado, con los otros dos países estudiados suponen un menor autoritarismo y una mayor relación con la mayor parte de la ciudadanía. Esto no implica la ausencia de tensiones internas dentro de la alianza política establecida. Existen perspectivas más “concertacionistas” y otras más “confrontacionistas” dentro del gobierno, pero son diferencias que no establecen relaciones de oposición o de antagonismo sino que

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siguen sosteniendo, como diría Schmitt, el mismo campo de “amistad”.7 No obstante, esta forma de construcción puede ser peligrosa en el largo plazo. En principio lo que más ha pesado a la hora de ejercer el poder no fueron los partidos políticos divididos, ni el parlamento debilitado, sino los acuerdos que se fueron estableciendo entre estos actores aliados en un contexto de un “gobierno dividido” (múltiples fuentes de tomas decisiones con diferentes signos políticos; la media luna, las autonomías indígenas, los prefectos, el ejecutivo y el legislativo). Pero, a la larga, la necesidad de producir reglas para tomar decisiones vinculantes centrales será fundamental para consolidar la democracia (participativa, representativa y social). En otras palabras, en todo proceso de construcción Estatal existe un período de profundo conflicto antagónico por la producción de la comunidad, pero en algún momento esta etapa debe ser superada por un “consenso” o hegemonía en torno a las reglas democráticas (no necesariamente las del formato liberal que estamos acostumbrados) que las partes tiendan a respetar.

3.1. Argentina; la ruptura y la reconstitución de la retórica “popular”. En las elecciones del año 2003, el candidato a presidente Néstor Kirchner ganó en segunda vuelta al retirarse de la competencia su competidor Carlos Menem (ex presidente y recordado por consolidar el modelo neoliberal en Argentina). El contexto en el que asumió el nuevo gobierno era complejo. Menos de dos años atrás la Argentina había sufrido una profunda crisis económica y política. El gobierno interino de Eduardo Duhalde había modificado las coordenadas claves del anterior gobierno; se decretó el fin de la convertibilidad con una devaluación de la moneda nacional al 300% que modificó el escenario económico al impulsar al sector exportador sobre todo del sector primario y de algunas industrias relacionadas con el mercado interno.8 En las elecciones del 2003 también el escenario político había cambiado. Después de las intensas intervenciones públicas de las organizaciones piqueteras, asambleas barriales, sindicatos, entre otros, se lograron instalar las demandas de inclusión y reparación social, mediada por sus particulares reivindicaciones (principalmente la creación de trabajo, mejoramiento de las condiciones laborales, subsidios y préstamos para la producción, medidas para salir de la pobreza, etc.). Éstas fueron introducidas

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Ver Stefanoni, 2006b. Desde el año 2002 la devaluación del 300% realizada por el gobierno de Duhalde y las retenciones a determinados sectores, fueron el puntapié para cambiar las coordenadas del funcionamiento de la economía y la sociedad. Este reacomodamiento del precio de la moneda tuvo una serie de consecuencias positivas encadenadas; aumentó la competitividad que permitió a las pequeñas y medianas empresas recuperarse, impulsó la sustitución de importaciones de algunos productos, amplió la generación del empleo (aunque sobre todo no formalizado) que en combinación con las políticas sociales redujeron la pobreza y la indigencia. Esta distancia con las políticas liberalizadoras típicas de los noventa, generó nuevas tensiones con sectores que todavía superviven y que sostienen la defensa de algunas de sus políticas. 8

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en los discursos de la mayoría de los partidos políticos, independientemente del signo ideológico. Un poco menos fueron atendidas o incorporadas las de participación política y control ciudadano. Otra característica que cambió el paisaje político fue la pluralización del sistema de partidos y la ruptura con el bi - partidismo histórico. Aparecieron nuevos partidos de izquierda y derecha con discursos renovados, con representación parlamentaria, etc. Si bien no todos lo introducían con tanta firmeza en sus plataformas electorales, el neoliberalismo como modelo de desarrollo estaba agotado y había que encontrar una salida nacional al mismo. Ninguna de las campañas dejó afuera las palabras igualdad, inclusión, trabajo digno, etc. En este contexto, Kirchner asumió en una situación de relativa debilidad, no había alcanzado el éxito por ser mayoría (su 22% no superó al de Menem que había alcanzado el 24,3%) y tampoco gozaba un amplio apoyo popular, no solamente entre la opinión pública sino también entre sectores claves muy movilizados o con mucho poder como movimientos y organizaciones sociales y cierto sector empresarial afectado por la política implementada por Duhalde. No obstante, inmediatamente después de asumir cambió el tipo de retórica, incorporando las demandas sociales más importantes (inclusión social; trabajo, combate a la pobreza, etc) innovó sobre ciertos temas (El Estado social y reparados) y se benefició de una inédita recuperación económica promovida por la gestión previa (la tasa de crecimiento fue cercana al 10% anual). En las elecciones presidenciales que vendrían después (2007) Cristina Fernández de Kirchner ganó con un amplio margen y con una economía en crecimiento. La retórica se centró en la recuperación del Estado como agente económico, de seguridad y control de los mercados pero también como garante de la justicia y reparación social. La igualdad y la apelación al pueblo (asociado a los más humildes aunque también fue usado en referencia al conjunto población) se incorporaron como ejes centrales de los discursos. El neoliberalismo y sus asociados (que para el oficialismo van variando según el momento político) fueron elegidos como enemigo principal. Así, comparándolo con el gobierno de Morales, el de Néstor Kirchner pudo innovar en ciertas áreas políticas, sociales y laborales gracias al beneficio de un crecimiento económico histórico. Pero en materia económica, los ejes del modelo ya estaban planteados; un dólar caro, un crecimiento de la exportación primaria que le permitía ampliar las arcas fiscales y un grupo de empresarios que se estaban organizando y convirtiéndose en un actor político de mucha importancia (“el campo”, como suele llamarse a las organizaciones de empresarios agrarios) Además, a diferencia de Bolivia, las organizaciones sociales, sindicales y los movimientos tenían mucha capacidad de irrupción pero no de articulación, organización y coordinación política. No había impulsado consignas tan unificadas como la “agenda de octubre”, no poseían alternativas gubernamentales claras ni tampoco habían elevado un candidato propio en las elecciones. Lo que si no se puede negar, es 9

que tuvieron la capacidad de instalar en la escena pública aspectos que serían retomados por los gobiernos post – crisis, atendiéndolos a su manera. Las medidas más significativas durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003 – 2007) fueron las leyes de reparación en torno a las violaciones de los derechos humanos, la apertura a juicios a torturadores y asesinos de la dictadura, las purgas en los altos mandos de la policía y del ejército con un amplio legado autoritario. También se emprendieron reformas en la Corte Suprema de Justicia que había sido ampliamente criticada por las decisiones tomadas durante la crisis económica y porque sus jueces habían caído en desprestigio por haber sido designados durante el gobierno de Carlos Menem. En el plano económico las retenciones a las exportaciones del sector agrario, los subsidios y créditos para el fomento de micro emprendimientos y para contribuir con el aumento de ingresos en los hogares pobres, las convocatorias a las negociaciones colectivas, los aumentos salariales, entre otras medidas, construyeron un sentido diferente en torno al rol del Estado que no solamente se construyó mediante la retórica sino también mediante acciones concretas orientadas a reformar su rol dentro del conjunto de la comunidad.9 No obstante, el Estado argentino no puede compararse con el Estado empresario de Bolivia (como tampoco con el de Chile que tiene como una de sus principales fuentes de recursos a CODELCO) Así como se intentó construir un perfil popular, los dos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina F. de Kirchner profundizaron la “agroexportación” como motor de la economía, ampliándose la producción de la soja y sus derivados, con principal destino China. La minería también ha sido otra área de la industria que se ha expandido. Pero ninguno de estos generadores de la riqueza es propiedad del Estado sino de grandes compañías, en general multinacionales. La forma de participación del Estado en la creación de riqueza ha sido mediante los impuestos que se imponen sobre la exportación de estos commodities y la política cambiaria (aunque también la continuidad del impuesto al consumo; el IVA). Es evidente que el Estado ha incrementado sus recursos y la posibilidad de controlar más ciertos aspectos del mercado y la economía (también mediante la generación de créditos, el control sobre algunos precios, etc.)10, pero se distancia del rol que cumple en Bolivia. Podría denominarse un Estado “interventor” favorecedor de los sectores populares, aunque con fuertes dependencias con el sector privado internacional.

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Las nacionalizaciones no fueron importantes como en Bolivia, solamente se quedaron en control del Estado el servicio postal, la empresa proveedora de agua y aerolíneas argentinas. Además, fueron innegables las medidas tendientes a centralizar el poder político en el ejecutivo, sobre todo cuando tuvo mayoría en el poder legislativo. El cambio del sistema de impuestos limitó el poder e influencia histórica de los gobernadores sobre la nación. 10 El tipo de crecimiento económico generado desde el año 2003 permitió la acumulación de reservas (en el año 2003 fueron de 32.566 millones de dólares y en el año 2009 a pesar de la crisis financiera mundial se acumularon 1400 millones de dólares) Este crecimiento es histórico (no se había registrado en 50 años) y no solo en materia de reservas del Banco Central sino también en lo que se da a llamar superávit gemelos (fiscal y comercial).

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Existe una tensión entre la orientación “popular” y “pro trabajadores” y el tipo de estrategia de desarrollo que se estructuró. En un principio, la expansión sojera parece haber sido producto de una ambición gubernamental cortoplacista (generó una rápida forma de recursos fiscales gracias a las retenciones) con consecuencias negativas sobre la seguridad alimentaria, riesgos ecológicos, inseguridad e insalubridad para la población que rodea a los campos cultivados. Así mismo la minería tiene consecuencias similares, además de condenar a generaciones presentes y futuras por la destrucción que se hace de la naturaleza que las rodea. Por último, éstas son industrias que se caracterizan por generar poco empleo. A pesar de ello, la retórica del protagonismo del Estado “presente, incluyente y reparador” en el discurso oficial así como las promesas de inclusión social a través de la generación de empleo, aumento salarial y políticas sociales universales (demandas impulsadas por los sindicatos y organizaciones sociales como las de los desocupados) muestran un giro de las concepciones en torno a lo público con respecto a los noventa y más aún los últimos años. La política laboral ha demostrado un progreso importante en materia de generación de empleo, protección social, fiscalización, aumentos salariales, etcétera. Se ha fortalecido el actor sindical a través de recursos como la recuperación de su posición en la negociación colectiva y aumento de afiliados. Además, se ha articulado la política laboral con la social para proteger a sectores más vulnerables como los desempleados (Bensusán, 2009) Mientras estas políticas implican una re orientación sustancial en materia política y social, comparada con los noventa, en otros aspectos falta mucho por hacer. Por ejemplo, es positivo que Argentina se encuentre entre los países con mayor presión tributaria (30,6% del PIB, similar a la de Brasil que es de un 35,5%) pero gran parte de los ingresos fiscales provienen del IVA (“el impuesto a los pobres”) (CEPAL, 2008). Hay que agregar que todavía quedan sectores de la población que no han sido incluidos en el “tren” del crecimiento económico que, además, es muy vulnerable a las variables externas al tener concentradas las exportaciones en un solo mercado (el asiático) y en bienes de bajo valor agregado. Es llamativo que en el marco de la crisis financiera del 2008 y 2009 (donde los bancos y sectores empresariales ampliaron notoriamente sus ganancias) el gobierno de Cristina Kirchner, ha impulsado algunas medidas aún más progresistas; la Ley de Medio Audiovisuales que democratiza la información, La Renta Universal por Hijo, la nacionalización de los fondos privados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, los intentos de modificar el funcionamiento del Banco Central. Estas acciones fueron acompañadas con una retórica centrada en la necesidad de romper con la idea de los mercados como instituciones eficientes en materia de distribución de los recursos. Todo esto evidencia lo dicho anteriormente; las fuertes tensiones que se crean entre sostener una orientación popular y una estrategia de desarrollo dependiente de empresas concentradas e internacionales. 11

Además, las asociaciones estratégicas fueron cambiando con el tiempo. Si Néstor Kirchner había buscado su base social principalmente en las organizaciones sociales (sobre todo, piqueteras) y empezado a negociar con las centrales sindicales, Cristina Fernández de Kirchner consolidó la relación los sindicatos, dejando en segunda instancia a las primeras. No obstante, el núcleo duro de la alianza construida alrededor del “kirchnerismo” sigue formado por algunas organizaciones sociales (podría decirse ya en calidad de organizaciones políticas no electorales- OPNE), sindicatos (sobre todo el Confederación General del Trabajo – CGT y en menor instancia la Central de Trabajadores Argentinos CTA), sectores del Partido Justicialista (un ejemplo son los gobernadores que no pudieron conformar coaliciones con organizaciones agrarias opositoras al gobierno), y un grupo de empresarios.11 No obstante, hay que distinguir las relaciones establecidas. Debido a la fragmentación y a su dimensión más reivindicativa que propositiva, las OPNE fueron un aliado “subordinado” de estos gobiernos (a diferencia de Bolivia). La CGT, en cambio, goza de mayor poder de presión al igual de los aliados hacia adentro del partido oficialista. No obstante, la toma de decisiones es más bien verticalista, es decir, el núcleo duro de poder se concentra en el gabinete presidencial. Lo interesante de este mapa político - económico es que uno los principales contribuyentes a la formación del PBI (la industria agraria, sobre todo la “sojera”) es opositor al gobierno debido a la puja distributiva (que el gobierno controla a través de los mecanismos fiscales impuestos). Esto distingue al gobierno argentino del boliviano que tiene mayor control sobre las principales industrias de su economía. Como se dijo, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se fortaleció aún más la relación con parte del sindicalismo (CGT) y cierto sector de empresarios más que con las OPNE. Además, el contexto político cambió; a pesar de su dispersión la oposición partidaria se hizo más fuerte apoyada por los principales grupos mediáticos y empresarios (sobre todo los agrarios). Esto fue desgastando el consenso del llamado “kirchnerismo”. Hubo importantes rupturas dentro del partido oficialista (en particular de algunos gobernadores antes pro – gobierno), pero además perdió la simpatía entre mucha de la ciudadanía no organizada. El principal eje de oposición fueron los impuestos puestos a las exportaciones de ciertos productos generados en el primer sector, la calidad institucional, la política monetaria y la inflación. Como en varios países de América Latina, la derecha parece haberse fortalecido, aunque todavía tiene graves problemas de consolidación como un frente político (como si lo es en Chile) con capacidad de formar líderes y plataformas consensuadas. En conclusión podríamos caracterizar a los gobiernos de Argentina de los últimos diez años como gobiernos pro – trabajadores y populares aunque con fuertes limitaciones debido al tipo de Estado

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Hay ciertos sectores empresariales que gozan de la cercanía con los últimos gobiernos, algunos son los sectores de la construcción (por ejemplo, Austral Construcciones), manufactureros asociados al mercado interno, sector automotriz y petroleros.

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(interventor pero no empresarial) y a su economía (impulsada por un sector empresarial que tiene mucha capacidad para pujar a su favor por la concentración de la riqueza). Sus alianzas han ido variando según el momento político y sus asociados principales participan de la creación de la agenda pero subordinadamente (las decisiones finalmente se toman en el gabinete presidencial). La salida del neoliberalismo ha tenido beneficios sobre todo a sectores asociados al mercado de trabajo formal, en materia de manifestación pública (han bajado los niveles de represión en general) y la valorización del Estado y lo público. No obstante, en materia de distribución del ingreso, como en el resto de los países de América Latina, queda mucho por hacer.

4. 1. Chile; progresismo social, estabilidad institucional y aislamiento político. El acceso de Bachelet al poder con el 53% de los votos en el año 2006 fue novedoso por diferentes razones.12 Habría agregar que, el hecho de ser mujer, su historia de exilio y represión familiar durante la dictadura, además de su agenda centrada en la promesa de igualdad y mayor protección social rompió con ciertos parámetros de los gobiernos previos.13 Las principales consignas que estructuraron el discurso del gobierno de Bachelet fueron la renovación de la elite política, la ampliación de la democracia participativa o el “gobierno ciudadano” (sin menospreciar o disminuir la representativa) y la reforma del sistema de protección social. Combinado con esto, la agenda gubernamental nunca dejó de encumbrar los principios de la disciplina macroeconómica (característica de todos los gobierno de la Concertación). La inclusión y la desigualdad era un tema que estaba puesto en el centro de la escena pública. El candidato de la UDI, Joaquin Lavín y el de la RN, Piñera, también anunciaban políticas de inclusión social en sus campañas. El centro político ya estaba corrido en el conjunto de la campaña. A diferencia de los otros dos casos, el gobierno de Bachelet no fue precedido por una crisis económica o política. Bachelet accedió al ejecutivo en un contexto de continuidad estructural tanto en el campo de lo económico como de lo político. En parte, esta estabilidad y normalidad institucional es la que le ha permitido a Chile gozar de la popularidad de estar entre los países más ejemplares y democráticos de Latinoamérica. Su sistema de partidos está institucionalizado, es plural y competitivo (Lanzaro, 2008). Además, los índices de trasparencia y corrupción lo favorecen, lo que combinado con una macroeconomía saludable disminuye el riesgo país y se hace más atractivo para las inversiones externas.14 12

A diferencia de otras candidaturas, el acceso de Bachelet estuvo determinada no tanto por la negociación de los partidos sino de su popularidad en las encuestas frente a otros candidatos para más datos ver Flischisch et. al, 2009). 13 Se podría también llamar a Bachelet un outsider del campo histórico de la Concertación ya que no formó parte de la elite política del pacto de transición a la democracia que convino ciertos acuerdos que le garantizaban a Pinochet y el ejército ciertos beneficios. 14 El Congreso votó leyes de financiamiento de campaña y transparencia en el 2003 que contribuyó con su reputación de país mejor gobernado de América Latina. En el 2007, durante el gobierno de Bachelet, se realizaron nuevas

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Pero si en vez de preguntarnos por la continuidad y la estabilidad (es innegable que Chile es un país donde el principal bien común ha sido cuidar el “orden” de la comunidad) nos preguntamos por los niveles de representación de la clase política y el comportamiento político de la ciudadanía, allí las observaciones que podemos hacer son menos positivas. Pongamos algunos ejemplos. En primer lugar, gran parte de la institucionalidad está apoyada en el marco legal de la Constitución de 1980, adoptada durante un el gobierno militar de Pinochet. A pesar de las reformas parciales a la Constitución que se han realizado desde la apertura democrática, esta puesta en duda la legitimidad de origen e, incluso, muchos coinciden que no se ha transformado el tipo de Estado que se instituyó en la constituyente de 1980 (Zuñiga Urbina, 2008). En segundo lugar, hay algunos ámbitos donde la democracia es restringida; las autoridades regionales y las provinciales no se eligen, no posee referendos e iniciativas de ley populares para que la ciudadanía pueda tener mayor control sobre sus gobernantes y el sistema binominal para elegir senadores y diputados desincentiva la aparición de minorías. El parlamento ha bloqueado sistemáticamente las reformas políticas tendientes a profundizar la representación de amplios sectores de la población que no se sienten representados por las dos principales opciones electorales y se ha generado una elite política que no permite la renovación de los liderazgos y propuestas políticas. Campos (2009) considera que el sistema electoral binominal es un enclave autoritario. La paradoja es que la decisión de cambiar las reglas de distribución de los votos y escaños está en manos de la propia clase política que, a su vez, ha llegado al poder gracias a ese sistema. Resulta, entonces, lógico que ésta no tenga incentivos para generar reformas que le quite la cuota de poder que posee. El sistema casi garantiza que los dos escaños en cada distrito se distribuyan en partes iguales entre las dos principales coaliciones, generando un duopolio político y dejando afuera al Partido Comunista y al Humanista (Navia, 2008)

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Además, la democracia interna de los partidos es débil. Esto ha tenido consecuencias sobre la desafección electoral. El nivel de inscriptos en el padrón electoral ha ido disminuyendo (en 1990 el 90% de chilenos en edad de votar estaba incorporado, luego bajó a 77% en el año 2005) En las últimas elecciones cerca de siete millones han concurrido a las urnas pero casi cuatro millones de personas en edad de votar no se inscribieron en el padrón electoral. Estos datos ponen en evidencia una importante distancia del sistema político chileno con su ciudadanía (Saldaña, 2009).

reformas con el objeto de mejorarlas. Además, en el 2008 se decretó la ley de libertad de información para que la sociedad civil tenga más control sobre la transparencia de la gobernancia en Chile (House Freedom, 2009) 15 Sumado a todo esto los estudios sobre la distribución de escaños entre las distintas regiones del país muestran que esta no es adecuada (Navia, 2008)

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El tipo de transición realizada a través de un acuerdo con las elites militares, poderes económicos y clase política, fue excluyendo poco a poco la participación popular, muy intensa años previos durante el gobierno de Pinochet y con una larga trayectoria exitosa en varias conquistas democráticas a lo largo del siglo XX (Rivero y Paredes; 2009). Para estos autores “la ausencia ciudadana es constitutiva del diseño institucional impulsado por las fuerzas políticas y su institucionalidad” (2009; 264) Es decir, la desactivación de lo político ha sido la principal estrategia de la clase política. El problema de la permeabilidad de las clases políticas frente a la sociedad es grave y la dinámica ya estructurada entre el duopolio político y las alianzas económicas establecidas ha bloqueado las iniciativas más progresistas de los últimos presidentes Lagos y, más aún, de Bachelet. Algunos autores (Moulian, 1997, Navia, 2008; Garretón, 2008) señalan que la instalación del modelo neoliberal por la vía violenta durante la dictadura y su consolidación por la vía humana y democrática durante los primeros años de la Concertación, generó un cambio radical en los lazos sociales y en las formas de inserción ciudadana en la comunidad. El aumento del crédito y el acceso a los bienes y servicios consolidó la figura del “ciudadano consumidor”, proceso que corrió en paralelo con una marcada concentración de la riqueza y una acentuada elitización de la política. Esto ha sido posible, en parte, por el monopolio de información que poseen los grandes grupos empresariales. Como es común en muchos países de América Latina, no existe inversión pública en medios como revistas y diarios, por lo que los sectores privados y empresariales tienen una posición de ventaja; tienen los recursos para dar visibilidad a sus posiciones políticas y re- interpretar o, incluso, obstaculizar la publicidad de otros colectivos adversos. Aunque el mercado de televisión es más diverso, los medios de prensa están principalmente dominados por dos compañías con clara tendencia de derecha (Freedom House, 2009) Durante los noventa, todos estos elementos se combinaron haciendo convivir a la democracia chilena con una profunda cultura autoritaria que, para Moulián (1997), la Concertación no tuvo la intención o no pudo romper. Probablemente la continuidad institucional y económica que desde un punto de vista es positivo, no permitió a los presidentes más progresistas de la Concertación (Lagos y Bachelet) romper con ciertos constreñimientos estructurales, lo cuáles no estaban presentes en Bolivia y Argentina. A diferencia de Bolivia y Argentina donde el Estado ha renovado su rol dentro de la economía (uno como “propietario-distribuidor” y otro con una orientación más “interventora-distributiva”), los gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006) y de Michelle Bachelet (2006 - 20010) en Chile no han modificado sustancialmente su función. No obstante, es interesante que, a pesar de su profunda orientación neoliberal, uno de los recursos importantes del Estado provenga de la ya nacionalizada CODELCO (industria de extracción del cobre). Esta empresa no fue privatizada ni por el gobierno de Pinochet ni por ninguno de los gobiernos de la Concertación. Es por lo cuál que el Estado chileno se 15

puede distinguir del resto; no ha abandonado sus actividades empresariales (que le reportan importantes ingresos fiscales para invertir en el gasto social) pero a la vez su estrategia no es ni interventora ni distributiva. Veamos esta serie de tensiones. Así como no se ha privatizado aquella gran empresa pública, tampoco los gobiernos con un discurso más volcado a la izquierda han hecho nada con el proceso de apertura comercial, ni han revertido las privatizaciones realizadas durante el gobierno ilegal de Pinochet. Los economistas elegidos para dirigir el Ministerio de Hacienda han tenido visiones muy cercanas al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Estos se orientaron, ante todo, a estimular el crecimiento económico a través de inversiones privadas y extranjeras, controlar el equilibrio fiscal y la inflación así como continuar con el mismo sistema impositivo regresivo y con la misma presión fiscal (la más baja de Latinoamérica). A pesar de las coincidencias con Bolivia y Argentina (a saber, el peso de las exportaciones de bienes primarios en la economía nacional y su perfil “propietario”), el rol del Estado es diferente. Éste es concebido solo como un acompañante del crecimiento económico, protege la propiedad privada y es un corrector parcial de las consecuencias negativas que producen los mercados (Panizza, 2005; Natanson, 2008). La estabilidad del sistema político, tal como lo describimos anteriormente pareciera ser parte del compromiso con dichas políticas. La forma de legitimación (propio del discurso neoliberal) fue que este esquema devendría en la creación de trabajo digno y derrame de la riqueza. Efectivamente la Concertación ha logrado ciertos aspectos en beneficio de un sector de la población que puede representar la causa de su consenso social durante tanto tiempo. La tasa de empleo durante los primeros años fue en descenso, subiendo entre 1999 y 2004, para luego descender a cerca del 7 % durante el gobierno de Bachelet. La informalidad también descendió, probablemente debido a las políticas de fiscalización del empleo. Ambas tasas se destacan por ser las más bajas de la región (CEPAL, 2008; Bensusán, 2009) En el combate a la pobreza todos los gobiernos de la Concertación se han destacado; se pasó del 42% a un 13% y 3% de la pobreza e indigencia, respectivamente. El tipo de combate a la pobreza fue expandiendo el gasto social en programas, reformas sectoriales y políticas sociales focalizadas y de orientación tecnocrática, sobre todo después de la segunda mitad de la década de los noventa. No obstante, estos comportamientos positivos de los indicadores sociales no se combinaron con reformas estructurales que permitieran combatir la distribución regresiva de la riqueza. (Martínez Franzoni y Koen Voorend, 2009; Rivero y Paredes, 2009) No obstante, durante el gobierno de Bachelet se impulsó una retórica más progresista y se profundizaron algunas políticas sociales. Probablemente el malestar social que la sucedió y que continuó durante los primeros meses de su gestión presionó para realizar este giro, aunque también estaba impreso en su plataforma electoral desde hacía tiempo. Las protestas estudiantiles y del sector de educación, los trabajadores fiscales sindicalizados, el movimiento mapuche, el movimiento habitacional pusieron en el 16

espacio público algunas demandas relacionadas con la exclusión política y social. Además, el contexto regional también influía en profundizar la dimensión social de la gestión. Así, se ampliaron notoriamente ciertos beneficios sociales y se abrieron espacios para la participación política de la sociedad civil. Para asistir a aquellos sectores que no accedían a un salario digno con protección social, el Gobierno de Bachelet implementó una serie de medidas coordinadas por “La Red PROTEGE”16 que articula diversos ministerios relacionados con la protección social. Este plan tiene como base un conjunto de ocho programas y beneficios que cubren las principales necesidades de la población a lo largo de todo su ciclo vital. Salas cuna y jardines infantiles, becas de educación escolar y superior, subsidio a la contratación de jóvenes, acciones para promover la salud, subsidios para la vivienda, “Chile Solidario”, seguro de cesantía, Pensión Básica Solidaria. La población objeto no necesariamente son personas en condiciones de pobreza sino aquellas que no tienen garantía de acceso a determinados servicios y bienes básicos. El plan AUGE, que ha tenido un gran impacto sobre la población, fue creado en el año 2002 durante la presidencia de Lagos y está orientado a cubrir gratuitamente un grupo de enfermedades a los sectores de menores recursos. Bachelet ha ampliado la cobertura, así como las salas y los recursos para la atención de la salud. Una ventaja también creada por este gobierno es que en el año 2005 convirtió al plan en “Ley AUGE”, generando un mecanismo que le sea costoso a los próximos gobiernos revertir la medida. La intención es no solamente beneficiar a los sectores más vulnerables, sino también una parte de la clase media que, si bien no están en condiciones de pobreza no logran acceder a cierto consumo privado de bienes básicos. Los sofisticados planes y el impacto sobre el bienestar de la población (pobreza y sectores vulnerables) han sido notorios en Chile durante los gobiernos de la Concertación y Bachelet ha profundizado más esta tendencia, poniendo en la escena la necesidad de un Estado que atienda las exclusiones que genera el mercado. Pero siguió siendo insuficiente para fortalecer otras dimensiones sociales y sobre todo la política. Se han ampliado las becas pero la educación sigue siendo privada. Se ha modificado la cantidad de beneficiarios en materia de salud gratuita, pero ésta sigue siendo cara. Se han creado consejos de participación ciudadana, pero la participación y el impacto sobre el legislativo ha sido muy limitado. Se han generado políticas hacia los mapuches pero siguen siendo un grupo segregado en muchos aspectos (Álvarez y Fuentes, 2009; Núñez, 2009; Garretón, 2008) En política laboral también se han intentado fortalecer ciertas dimensiones en favor de los trabajadores, pero sin abandonar una visión pro – empresarial que considera a este actor el principal motor de la escena económica y por tanto el principal protegido. Este país se destaca por el crecimiento sostenido que ha tenido los últimos 20 años (en palabras simples, hay cada vez más recursos para repartir) 16

Ver www.redprotege.gov.cl

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y la reducción de la pobreza ha sido notoria. No obstante, las profundas reformas realizadas bajo el gobierno ilegítimo de Pinochet que flexibilizaron al mercado y debilitaron al sindicalismo no han sido casi revertidas. Es comprensible que la posición de los gobiernos de la Concertación ha sido más pro – mercado por dos factores. El primero, como vimos, por el tipo de modelo de desarrollo. El segundo, debido al nivel de organización de los trabajadores (en comparación con el de los empresarios) que no le permite ser un factor de presión importante sobre las decisiones vinculantes. Los sindicatos quedaron muy debilitados en aquel contexto de represión. Los gobiernos de la Concertación implementaron algunas medidas para revertir la desprotección de los trabajadores, pero el grado de flexibilidad siguió siendo muy alto (Uno de los indicadores es la tasa de rotación que alcanza un 26,2%) y falta mucho que hacer en materia de derechos laborales(Aravena y Nuñez; 2009). Si bien a comienzos del año 2000 se crearon diversas instancias de diálogo para debatir un proyecto de reformas laborales que reflejara el consenso de empresarios y trabajadores, los escuetos recursos materiales y simbólicos del sindicalismo chileno lo dejaron en desventaja. Así, los resultados de esas negociaciones son contrastantes con los procesos de negociación en Argentina y Bolivia, donde las organizaciones obreras tienen mayor poder. La mayoría de los agremiados (alrededor de 300. 000) se concentra en la Central Única de Trabajadores (CUT) está formada por 83 organizaciones, en las cuáles se destaca los empleados públicos, el sector educativo y de salud y los trabajadores del cobre (sectores que han obtenido más beneficios durante el gobierno de Bachelet). No obstante, el panorama general es bastante negativo. Los recursos sindicales son escasos; solo el 11,2% del total de los trabajadores está sindicalizado (Dirección de Trabajo, 2006). La negociación colectiva abarca solo el 7,6% de asalariados (Velázquez Pinto, 2009). El hecho que la negociación colectiva sea por empresa y la rotación sea elevada impide la formación de sindicatos que tengan la fortaleza para negociar exitosamente convenios colectivos. En el año 2006 se registraban 19.000 sindicatos pero no tenían más de 39 afiliados cada uno (Dirección de Trabajo, 2006). Un fenómeno a destacar del mercado laboral chileno es el nivel de externalización, subcontratación y precarización. Junto con la apertura económica y la desregulación laboral, la subcontratación ha sido una práctica muy común que ha devenido en empresas con menos trabajadores y, por tanto, menos recursos sindicales. No obstante, de nuevo hay que distinguir a Bachelet de los anteriores gobiernos. El discurso centrado en la participación y en la equidad social, en parte legitimó las demandas de trabajadores subcontratados y estimuló la organización de algunas Confederaciones. Además, se registraron algunos conflictos que, como las huelgas de CODELCO en el año 2007, fueron exitosas para los subcontratados gracias a la intervención gubernamental. No obstante, en todos los casos las demandas fueron corporativas y principalmente económicas, sin alcanzarse una solidaridad o alianza más allá de los sectores productivos a los cuáles los trabajadores estaban asociados. Tal vez por ello mismo, el tratamiento del gobierno 18

también fue parcial e institucional, con un mayor reconocimiento al sindicalismo pero sin conformarlo en un aliado político como en otros países. En conclusión, a pesar de que el gobierno de Bachelet ha virado hacia una posición progresista en materia de ampliación de beneficios, ha instalado la cuestión de la equidad y participación en el debate público (lo que puede ser usado por los actores para legitimar sus demandas) y ha reavivado la cuestión del Estado como agente de promoción social, el peso de los empresarios y la estructura económica le impidió avanzar sobre otras importantes reformas. Son evidentes las mejoras sociales realizadas por el gobierno de Bachelet en comparación con los primeros gobiernos de la Concertación. Aunque el tipo de tratamiento realizado ha sido parcial y discreto, sin integrar a las organizaciones no partidarias a alianzas políticas con el gobierno o la Concertación (es decir, sin activar y promover la organización y participación política de la sociedad civil). Sin nuevos actores que rompan el cerco “elites políticas + elites económicas” y del Estado empresario y social, pero a la vez liberal y pro – empresarial, será difícil revertir el núcleo duro de las reformas de cuño neoliberal realizadas durante los ochenta. El nuevo gobierno de derecha de Piñera no será el que reduzca la distancia entre los más pobres y los más ricos y genere una democracia más inclusiva. Será cuestión de esperar un “nuevo milagro chileno”, como el sucedido por la vía socialista democrática durante el gobierno de Allende.

5. Reflexiones finales. Como se ha visto, cada uno de los países tiene una historia singular y un proceso social y político que no puede reducirse a clasificaciones según un el tipo de sistema de partidos ni sus movimientos sociales. La combinación de variables es compleja y merece estudiarse con cuidado antes de caer en amplias categorizaciones. Hay que tener en cuenta las rupturas instituciones y crisis económicas que generaron un marco de oportunidad para el cambio, el sujeto político que protagonizó la irrupción pero también la formación de alianzas en el gobierno que son las que finalmente toman decisiones en el campo de alternativas que se abren. En los casos analizados se observa la aparición de nuevos sujetos que lograron instalar nuevas demandas en el escenario político y diferentes grados de relación entre colectivos y gobierno. En todos los casos hay una revalorización del rol del Estado y de un discurso relacionado con la igualdad. No obstante, las capacidades de los gobiernos y de los colectivos no tradicionales de transformar el escenario fueron diferentes. En algunos casos, como en Argentina y Bolivia, los movimientos y organizaciones lograron deslegitimar el modelo neoliberal, crear consenso en la necesidad de un cambio e instalar una serie de demandas relacionadas con la justicia e inclusión social y política (dos promesas incumplidas de la doble transición en América Latina). En los dos casos, a los gobiernos de “post – neoliberales” (uno “popular”, otro “progresista”) le antecedió una ruptura de la normalidad institucional, tanto así que la forma del 19

sistema de partidos cambió sustancialmente, así como los sujetos protagonistas de la escena. El caso de Chile, las demandas de los movimientos y organizaciones se enmarcaron en un discurso antineoliberal pero con débiles vínculos entre sí y el alcance de la desobediencia civil así como su masividad distó mucho de lo sucedido en Bolivia y Argentina. Además, las demandas fueron viabilizadas institucionalmente y parcialmente. Es decir, se fueron creando subsidios, transformando algunas políticas sociales y otorgando algunos reconocimientos y derechos, pero en términos generales la estructura económica y política del país siguió siendo la misma. El combate a la pobreza fue notorio pero la desigualdad en la distribución del ingreso generó grupos de poder cada vez más influyentes en la política con capacidad de bloquear las iniciativas de transformación social. La falta de articulación política entre los movimientos y la solidez de los partidos en el gobierno y la oposición no dejaron avanzar las reformas necesarias en materia laboral, tributaria, y económica para hacer del Estado chileno otro más democrático. Si bien gran parte de la literatura sobre la “nueva izquierda” ha estado posicionada por un lado, en perseguir la estabilidad institucional, mientras que otra más radical ha puesto sus esperanzas en el poder de los movimientos sociales, ni una ni otra tendencia alcanza para pensar la democratización de nuestras sociedades ni del Estado. Es necesario reflexionar más y mejor en el tipo de relaciones que se establecen entre gobierno, organizaciones y movimientos y estrategias políticas y económicas. En algunos casos, los vínculos establecen alianzas político - estratégicas donde las demandas articuladas coinciden en una agenda gubernamental que impulsa la transformación. En otras palabras, gobierno y colectivos son parte de un mismo sujeto político articulado por una orientación y un proyecto político post neoliberal (lo que no implica tensiones internas pero si una identidad compartida o una orientación común). Este podría ser el caso de Bolivia y en parte el caso de Argentina. No obstante, en Argentina, la relación con los colectivos ha sido diversa. Si bien algunos han sido integrados políticamente e institucionalmente, la relación clientelar no ha dejado de existir así como la iniciativa gubernamental muy por encima de la de los movimientos. Además, en Argentina las alianzas han variado. Si en un principio el gobierno se apoyó en la movilización social que generaba parte del movimiento piquetero y otras organizaciones sociales, ahora el sindicalismo (o más bien, parte de él) es el principal aliado. De todas formas, no deja de ser llamativo que, a pesar de la capacidad disruptiva que tuvieron los movimientos en los años 2001 y 2002 y la actual movilización socio - política y sindical, la iniciativa y la toma de decisiones se concentra principalmente en el gabinete presidencial, con bajos niveles de consulta incluso con los aliados más allegados. En el caso chileno, aunque Bachelet intentó acercarse a una serie de movimientos y creó una serie de políticas sociales respondiendo a demandas relacionadas con éstos, la relación no se estableció sobre alianzas políticas con proyectos compartidos. El tipo de tratamiento fue a través de “programas” que marcaron los límites de acción de entrada restringiendo las posibilidades de propuesta, participación y articulación política de la “sociedad civil”. 20

Otra dimensión al que hay que prestar atención mayor atención son las formas en que los colectivos han logrado institucionalizar sus demandas, ejercer un control sobre la clase política, estructurar la agenda público – política y crear reformas (materiales, simbólicas, institucionales) “irreversibles” (para avanzar sobre una ampliación democrática que debilite futuras acciones de grupos conservadores). Evidentemente algunos movimientos y organizaciones han logrado imponer sus demandas enmarcadas en la controversia sobre la justicia social que tuvo como corolario la creación de nuevos derechos (sobre todo en Bolivia) y otros han sido más débiles solo alcanzando políticas fácilmente reversibles por futuros gobiernos (pareciera ser más el caso de Chile con excepción de algunas leyes en materia social). Pero más allá, de la capacidad de control que estos colectivos tienen sobre la clase política (accountability), no hay que perder de vista que estas habilidades dependen del tipo de gobierno, la acción de los partidos políticos (oficialista y oposición) y la estrategia de desarrollo en marcha.17 Aunque algunos autores sostienen al modelo chileno como la democracia más consolidada principalmente por su estabilidad institucional y por el crecimiento económico sostenido (con “sanidad fiscal”), es necesario considerar si ésta misma característica no ha impedido la inclusión democrática de amplios sectores sociales. La actual falta de credibilidad mundial del modelo neoliberal credibilidad como modelo viable, no solo en América Latina, sino en el mundo, necesita de una transformación institucional en la que no son los actores beneficiados de las anteriores políticas, sino los perjudicados, los que en general sostienen la irrupción, la ruptura y el cambio. Esto explica en parte porqué Chile es el país menos “post” – neoliberal, de los “post – neoliberales”. El agotamiento de cierto modelo económico y social es materia de un amplio debate en Europa, Estados Unidos y, por supuesto, nuestro continente como lo demuestran las salidas de “izquierda” o “progresistas” al agotamiento del modelo. Pero el agotamiento del modelo no implica su superación. Los intentos de los gobiernos son salidas más o menos exitosas pero todavía no demuestran ser proyectos coherentes y a largo plazo. La estrategia exportadora no es sostenible si solo se basa en el sector primario de la economía y en los precios altos que ofrecen de los mercados. Sobre todo cuando esto genera un problema de seguridad alimentaria grave. Así como tampoco sirven las políticas sociales que pueden ser fácilmente reversibles por el crecimiento de la derecha en la región. Los problemas de empleo (precarización, falta de demanda, etc.), de acceso a los circuitos comerciales de forma equitativa, la preocupación por el desarrollo sustentable y una economía ecológica y humana, el conocimiento y las nuevas tecnologías también son todavía temas pendientes de los gobiernos.

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Como vimos más patente en el caso chileno, el comportamiento de la clase política se convirtió en un elemento fundamental del modelo de desarrollo y viceversa.

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A pesar de las tareas pendientes hay que volver a resaltar un proceso que puede potencialmente ayudarnos en esa transformación (y superar el post neoliberalismo por un modelo de desarrollo sustentable económica, social y políticamente hablando). Es común en la mayoría de los países latinoamericanos la concepción de que es necesaria la construcción de un Estado diferente. En primer lugar, como contralor de los procesos de desigualdad que generan los mercados. Desde un punto de vista institucional, el Estado debe convertirse (y en algunos casos se ha implementado) en una serie de mecanismos que intervienen en la economía para generar la reparación y promesa de inclusión social. Pero además, existe otra dimensión, el Estado pensado como comunidad política que se rige por la lógica de los “derechos” y la inclusión, genera una oportunidad para que los colectivos exijan que la “vida digna” sea un derecho universal (para estas y futuras generaciones) y no dádivas o favores políticos del líder más cercano. A mi entender, la posibilidad de construir una sociedad diferente es mayor hoy que hace 15 años atrás.

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