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Indice Capítulo 6 6. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN ...................... 2 6.1. GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN. ..................................................................... 2 6.2. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN. ................................................................. 3 6.2.1. El gasto público en educación en relación al PBI. ................................................. 3 6.2.2. El gasto público en educación en relación al gasto público total. ........................ 3 6.2.3. El gasto público en educación por habitante. ......................................................... 3 6.2.4. El gasto público en educación por habitante en las jurisdicciones provinciales. .................................................................................................................................... 3

6.3. GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN. ................................................................. 5 6.4. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA. ... 6 6.5. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. .............................. 6

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6. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN La educación en Argentina es atendida primordialmente por el Estado y se proporciona en forma gratuita. La enseñanza de gestión privada recibe subsidios estatales que varían en diferentes grados, con excepción del subsistema universitario que no percibe ningún tipo de apoyo financiero del Estado. En tanto la educación estatal es gratuita, su financiamiento está íntegramente a cargo del Tesoro, tanto nacional como provincial en su caso. Sin embargo, las familias concurren a financiar parte del costo operativo (excluidos salarios docentes y no docentes) a través de instituciones de padres denominadas Cooperadoras, en una dimensión no cuantificada debidamente pero que, a juicio de los actores del sistema, es significativa. Al igual que en países de similares características a las de Argentina, la crisis del sector público obliga a la adopción de severas políticas de contención del gasto, que repercuten en la caída de los salarios reales y en la disminución acentuada de los recursos destinados al mantenimiento y operación de todos los servicios estatales. Es por ello que en el caso de los niveles de enseñanza no universitaria, donde el bien educación posee una proporción más acentuada de bien público, el mecanismo de participación familiar y comunitaria a través de las Cooperadoras ha aumentado. En el nivel universitario, el Ministerio de Cultura y Educación ha fijado su posición de otorgar a las universidades nacionales un mayor grado de flexibilidad en las normas que rigen su administración, y promueve la consecución de recursos no tributarios incluyendo el arancelamiento de la enseñanza.

6.1. GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN. El sector público aporta entre las dos terceras y las cuatro quintas partes del gasto total en educación en Argentina. Distribución del gasto. Cuando se considera la distribución económica del presupuesto educativo, se encuentra que los gastos corrientes representan más de un 90% y los gastos de capital el resto. Esto se explica, parcialmente, por tratarse de un servicio que requiere mucho personal (docente, directivo, de apoyo administrativo, de maestranza) complementado con los gastos de funcionamiento referidos a bienes y servicios no personales, quedando poca disponibilidad para atender las necesidades de infraestructura física y de equipamiento. No obstante, las distintas provincias registran grandes diferencias. En efecto, para 1983 en el Chaco, los gastos corrientes alcanzaron al 99,7%, mientras que en ese año en Catamarca fueron sólo del 56,3%. Por ello, podemos clasificar a todas las jurisdicciones en tres grandes grupos: a) destinan más del 90% de su presupuesto a atender el gasto corriente: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, y Tucumán. b) destinan entre el 80% y el 89,9%: Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y la Nación. c) destinan menos del 80%: Catamarca, Neuquén, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Participación nacional y provincial. Del total del gasto educativo del país, la Nación contribuye aproximadamente con el 60%, mientras que las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires aportan el 40% restante. Cuando estos datos se desagregan por niveles educacionales se encuentra la siguiente situación: las provincias y la MCBA asumen prácticamente la totalidad del nivel primario, mientras que la Nación tiene prioridad para el nivel medio (educación media y técnica) y casi la exclusividad del nivel terciario (profesorados y universidades). Por el proceso de descentralización y transferencia de los servicios de nivel medio esta situación varia a partir de 1993.

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6.2. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN. 6.2.1. El gasto público en educación en relación al PBI. La relación entre el gasto público en educación y el PBI muestra una primera aproximación a la importancia asignada al sector por las políticas de los distintos gobiernos. Los datos disponibles para el período 1976-1986 presentan la siguiente evolución de este indicador: Años Porcentaje 1976-1980 3.22% 1981-1985 3.94% 1985 4.50% 1986 4.90% Es importante señalar que la evolución de los valores absolutos del gasto, ya sean totales o por habitante, puede no coincidir con la valoración que se desprende del indicador mencionado, en la medida en que en éste influyen cambios en las dos variables que lo componen. Sin embargo, a los efectos de la comparación histórica y como expresión de intencionalidad en la orientación de los recursos públicos, la relación gasto/PBI puede ser más elocuente que los valores absolutos.

6.2.2. El gasto público en educación en relación al gasto público total. Un comentario similar al efectuado en el párrafo anterior merece el análisis de otro indicador: la relación entre el gasto en educación y el gasto público total. En el cuadro del punto siguiente se observa que para, el consolidado Nación-Provincias, el valor de este indicador cae casi cuatro puntos porcentuales en el primer período del gobierno militar asumido en 1976, y desciende nuevamente en los últimos años de dicho gobierno. Luego se incrementa al inicio del gobierno constitucional, aunque sin alcanzar los niveles de la década del 60 y primera mitad del 70. Si se observan los datos correspondientes a las jurisdicciones nacional y provincial, las conclusiones son similares en cuanto a las tendencias. Sin embargo, a nivel provincial la relación presenta un comportamiento más estable, mientras que las variaciones a nivel nacional explican mejor la evolución de los datos para el consolidado. Así, entre 1971-1975 y 1981-1986 el porcentaje asignado a educación en el presupuesto nacional cae un 50%.

6.2.3. El gasto público en educación por habitante. Otro modo de evaluar la importancia asignada al sector es analizando los recursos disponibles por habitante para la educación. Desde 1961 a 1986 se distinguen dos períodos: el primero, hasta 1976, de casi permanente crecimiento, y el segundo, a partir de dicho año, con tendencia primero a la baja y luego al estancamiento. Si se agrupan los años según los distintos períodos de gobierno y se calcula el gasto promedio por habitante se obtienen los siguientes datos: Gasto en educación por habitante. Tanto el gasto del nivel nacional como el consolidado alcanzaron su máximo valor durante el gobierno derrocado en 1976. Entre este período y el siguiente el gasto nacional por habitante disminuyó un 38% y el consolidado lo hizo en un 23%. Al analizar este indicador queda claro que las provincias, sobre las cuales recayó el peso de la gestión educativa, no lograron compensar la disminución del gasto nacional operada en los años 19761983 y sólo atenuaron su impacto al mantener niveles similares al período anterior. Durante los años 1984-1986 se recuperó parcialmente el gasto consolidado, sin llegar a los niveles máximos, gracias a un importante incremento en las jurisdicciones provinciales, fortaleciéndose la nueva estructura de distribución del gasto.

6.2.4. El gasto público en educación por habitante en las jurisdicciones provinciales. Cuando se estudian los niveles absolutos del gasto público provincial por habitante se observa un comportamiento similar al señalado respecto de las tasas de crecimiento del gasto total. Así, las provincias cuyo gasto en educación es más alto, verifican los valores más elevados de gasto público total per cápita y, en general, en los primeros lugares se hallan las provincias del Sur. Para aportar una interpretación válida sobre estas observaciones sería necesario contar con información más

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Cuadro nº 6.1 Gasto en educación por habitante. En australes de 1987 Años

Nación

Provincias

Consolidado

Variación porcentual

1961-1963

72.1

49.1

121.2

...

1964-1966

100.2

67.6

167.8

38.4

1967-1972

114.1

78.9

193.0

15.0

1973-1975

154.1

119.1

273.2

41.5

1976-1983

94.2

113.1

207.3

-24.1

1984-1986

85.6

163.8

249.5

20.3

Fuente: HENSEL P., LEVOVICH, M. "Análisis del gasto público en educación", Buenos Aires, 1991.

desagregada, por ejemplo, el peso de la asignación para inversiones y los niveles salariales. En general estos últimos se fijan en las provincias sureñas por encima de los del resto del país. Por otro lado, las altas tasas de crecimiento indican el interés de estas provincias por alcanzar niveles de escolarización similares a otras jurisdicciones de desarrollo más antiguo, para lo cual debieron efectuar, en un período relativamente corto, importantes esfuerzos en inversión. Es interesante señalar que, con algunas excepciones, se verifica una relación inversa entre las tasas de incremento del gasto público provincial en educación (y el gasto en educación por habitante) y el porcentaje de participación de éste en el gasto total. Presupuesto 1992. Para el presupuesto de la administración nacional-año 1992 se ha previnieron las siguientes asignaciones que figuran en las tablas 6.2. y 6.3.

Cuadro nº 6.2 Presupuesto de gastos Administración Nacional, por sectores. Año 1992. En miles de pesos Sectores

Cantidad

%

Administración General

2768436

15.36

Defensa

1738738

9.65

Seguridad

1185840

6.58

641390

3.56

Cultura y Educación

1587124

8.81

Economía

4448449

24.68

Bienestar Social

2629220

14.59

468622

2.60

2554345

14.17

18022164

100.00

Salud

Ciencia y Técnica Deuda Pública TOTAL

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Cuadro nº 6.3 Presupuesto de gastos Administración Nacional, distribución jurisdiccional de las erogaciones. Año 1992. En miles de pesos Jurisdicción

Cantidad

%

Poder legislativo nacional

279917

1.55

Poder Judicial de la Nación

490531

2.72

Tribunal de Cuentas

22309

0.12

1326190

7.36

Ministerio del Interior

713720

3.96

Ministerio de Rel. Ext.

269120

1.49

Ministerio de Defensa

2897593

16.08

Ministerio de Economía

1935294

10.74

Ministerio de Cultura y Educación

1387571

7.70

Ministerio de Justicia

220183

1.22

Ministerio de Trabajo

180737

1.00

Ministerio de Salud

1725954

9.58

Servicio de Deuda Pública

2554345

14.17

Obligaciones a cargo del Tesoro

4018700

22.30

18022164

100.00

Presidencia de la Nación

TOTAL

Distribución jurisdiccional de las erogaciones De estas tablas surge la asignación de fondos al sector, que sirve para comparar con las cifras y porcentajes vertidos en los acápites anteriores.

6.3. GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN. El análisis del volumen y destino del subsidio estatal a la educación de gestión privada es de particular importancia para ilustrar el proceso de elaboración de políticas públicas. Por ello resulta de interés intentar una aproximación al tema, dentro de las fuertes limitaciones que impone la información disponible. En lo que sigue se hará referencia exclusivamente a las transferencias directas que efectúa la Administración Central a los establecimientos privados. No se abordará el análisis de otras fuentes de subsidios, como las desgravaciones impositivas de inversiones con destino a este fin ni el régimen de crédito fiscal para actividades de educación técnica que realicen las empresas privadas. De los montos asignados a la subcuenta Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes del presupuesto del Ministerio de Educación, el 95 % aproximadamente fue absorbido por la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada (SNEP), organismo que destina dichos fondos predominantemente a establecimientos de nivel secundario distribuidos en todo el país. La transferencia de fondos al sector privado se realiza mediante la liquidación de subsidios que tanto la Nación como las provincias destinan a atender el pago parcial o total de los sueldos de los docentes que trabajan en establecimientos privados de todos los niveles. El porcentaje de subsidio que corresponde a cada establecimiento(que va desde el 20% de los sueldos docentes hasta el 100%) se fija según una serie de variables, entre las cuales le corresponde un mayor peso relativo al pago de

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aranceles por parte de los alumnos. Del total del dinero presupuestado por el Ministerio nacional y las provincias para el año 1983 correspondió un 15% a los subsidios a la enseñanza privada. Esto significó un 0,31 del PBI para el mismo año.

6.4. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA. Política de Becas y Ayudas al Estudio. El Instituto de Crédito Educativo del MCE desarrolla una política de becas y subsidios para los niveles no universitarios. En el último año se asignaron para las Fuerzas Armadas 297 becas para estudios (Islas Malvinas y Atlántico Sur) así distribuídas: Fuerza Aérea, 81; Armada, 168; Ejército, 40 y Gendarmería, 8. Se otorgaron 3.246 becas en todo el país, distribuidas del siguiente modo: Capital Federal, 410; Buenos Aires, 698; Catamarca, 58; Chaco, 70; Chubut, 12; Córdoba, 248; Corrientes, 63; Entre Rios 300; Formosa, 41; Jujuy, 50; La Pampa, 15; La Rioja, 181; Mendoza, 108; Misiones, 26; Neuquén, 13; Río Negro, 10; Salta, 83; San Juan 81; San Luis 84; Santa Cruz, 7; Santa Fe, 202; Santiago del Estero, 222; Tierra del Fuego, 20 y Tucumán, 244.

6.5. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Política de Becas, Crédito Educativo y Ayudas al Estudio. El Instituto Nacional de Crédito Educativo y las distintas Universidades concurren al otorgamiento de ayudas para el desarrollo de estudios en el nivel superior. En lo referido a estudios superiores en el último año, se otorgaron 734 ayudas distribuídas del siguiente modo: Universidad de Buenos Aires, 79; de Catamarca, 3; del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 7; del Comahue, 4; de Córdoba, 144; de Cuyo, 13; de Entre Ríos, 13; de La Pampa, 8; de la Patagonia, 8; de La Plata, 65; del Litoral, 7; de Lomas, 10; de Mar del Plata, 1; de Misiones, 27; del Nordeste, 23; de Río Cuarto, 52; de Rosario, 15; de Salta, 4; de San Luis, 41; de Santiago del Estero, 5; del Sur 1; Tecnológica Nacional, 33; de Tucumán, 16; de San Juan, 40; de Luján, 1; de La Rioja, 45; Argentina de la Empresa, 1; Católica de Cuyo, 3; Católica de Santiago del Estero, 8; de Morón, 1; Juan Agustín Maza, 4. Este aspecto se completa con las ofertas y posibilidades de ayuda económica que las mismas Universidades proveen a los estudiantes y que no están debidamente cuantificadas, por lo que no han podido ser reflejadas en este Informe.

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