"PARTIDOS POLITICOS EN BOLIVIA"

La Paz - Bolivia

1998

Primera edición, enero 1998 D.L. Nª 4 - 1 - 198 - 98 ©FUNDEMOS Calle Hermanos Manchego No. 2441 Teléfonos: 360346 - 392642 Telefax: 433539 Casilla: 2302 Impresión: Editorial "Garza Azul' Teléfono 232414 Casilla 11828 La Paz - Bolivia

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CONTENIDO Presentación ............................................................................................. 7 "LAS TRES GENERACIONES DE PARTIDOS EN EL SIGLO XX" Salvador Romero Ballivián ..................................................................... 9 "LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA COYUNTURA DE LA DESCENTRALIZACION" Diego Ayo Saucedo ............................................................................... 37 "ESTATUTOS PARTIDARIOS: DE LA FORMALIDAD A LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS" Reynaldo Irigoyen Castro ...................................................................... 79 ESTABILIDAD POLITICA, NUEVOS ESPACIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y LA ETICA DE LA DEMOCRACIA Jorge Lazarte Rojas ............................................................................... 95 "LOS PARTIDOS POLITICOS HACIA EL FUTURO: SUS PRINCIPALES RETOS" Alfonso Ferrufino Valderrama ............................................................ 115

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P R E S E N T A C I O N

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el intercambio de ideas sobre temas de interés del Estado y de la sociedad, a través de actividades caracterizadas por la pluralidad de los expositores y el público participante, abiertas a enfoques novedosos y generadoras de reflexiones útiles para los actores sociopolíticos. Con estas premisas no sorprende que el primer número de Opiniones y Análisis en el año esté dedicado al estudio de los Partidos Políticos en Bolivia. La Paz, enero de 1998

Después de tres lustros de democracia, los partidos se han consolidado como actores centrales del proceso político boliviano. Habitualmente cuestionados, su papel merece ser estudiado con mayor detenimiento y serenidad, lejos de estereotipos y prejuicios. Esta publicación pretende analizar la actuación de las formaciones políticas en una doble perspectiva: una visión de amplio alcance y un seguimiento de su desempeño en la actual coyuntura. Para ello, se necesita aprehender el génesis de los distintos partidos, observando con detenimiento las líneas de fractura que les dieron nacimiento y el tipo de sistema partidario que conforman. A partir de esa base, se entienden mejor sus lazos con el sistema normativo (Ley Electoral), su inserción en el proceso de descentralización y los fundamentos de su práctica, analizada sobre todo a partir de los acuerdos oficialismo-oposición, que han dado un matiz particular a la democracia boliviana. Por último, este número apunta a comprender los desafíos que tienen las agrupaciones políticas en un panorama de cambios y retos como los planteados por el Diálogo Nacional y las aspiraciones de la sociedad.

Ivonne Fernández Weisser

Georg M. Regozini Szkrobka

DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL FUNDEMOS

REPRESENTANTE DE LA FUNDACION HANNS SEIDEL EN BOLIVIA

Uno de los objetivos de FUNDEMOS es promover el debate,

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LAS TRES GENERACIONES DE PARTIDOS EN EL SIGLO XX

se forja a lo largo de los años 1970, mientras que la última se conforma desde finales de la década de 1980.

Salvador Romero Ballivián

El estudio de los partidos políticos constituye una de las áreas mejor desarrolladas de la ciencia política: los modos de funcionamiento, las relaciones con la democracia, las fracturas que les dan nacimiento, el modo cómo se insertan en las culturas y a las vez cómo las moldean representan algunos de los campos privilegiados. Incluso en Bolivia, la comprensión de los fenómenos partidarios es una de las áreas preferidas en diferentes enfoques: desde el análisis de las posiciones ideológicas, su lugar en la democracia hasta las monografías partidarias. En cambio, pocos trabajos se han interesado en la estructura del sistema partidario y, menos aún, en su origen. El artículo busca contribuir a llenar parte de los vacíos, proponiendo entender el surgimiento de los partidos en tres generaciones a lo largo del siglo XX.1 En efecto, los movimientos políticos más descollantes no nacieron al azar de fechas o de acontecimientos banales o frívolos: como intuyeron y demostraron Stein Rokkan y Seymour Lipset, las formaciones surgieron al amparo de una crisis política, económica y/o social para la cual ofrecieron una respuesta.2 El texto, en su brevedad, busca ofrecer las bases para comprender el sistema partidario en el siglo XX y explicar la aparición de los principales partidos agrupados en tres grandes generaciones, excluyendo la fase liberal, cuyo gobierno comienza en las postrimerías del siglo XIX. La primera nace luego de la guerra del Chaco; la segunda

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Algunas precisiones se imponen antes de entrar en materia. El texto privilegia el estudio de las condiciones de nacimiento de las generaciones partidarias más que la evolución o las especificidades de cada uno de los partidos. Puede reprocharse al artículo de ignorar una multitud de formaciones, aunque la mayoría de aquellas no consideradas pesaron poco en el destino nacional o se escindieron de troncos aquí vistos. También es oportuno indicar que a una generación de hombres políticos no corresponde necesariamente una generación de partidos. La estructura del análisis parte de una rápida revisión del modelo desarrollado a partir de los trabajos de Seymour Lipset y Stein Rokkan para después considerar las citadas tres generaciones de partidos bolivianos del siglo XX.

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA UN ANALISIS DE GENERACIONES DE PARTIDOS POLITICOS En su obra sobre los partidos políticos, Maurice Duverger observaba que, aunque no siempre existe bipartidismo, muchas veces puede distinguirse un dualismo de tendencias mientras las soluciones intermedias tienden a adherirse a una u otra corriente. Al mismo tiempo, afirmaba que las oposiciones dualistas entrecruzadas pueden dar lugar al multipartidismo.3 Esta intuición fue explotada luego por Lipset y Rokkan para proponer un enfoque multidimensional capaz de explicar el nacimiento de formaciones políticas a partir de cuatro líneas de fractura dependientes a su turno de dos revoluciones: la nacional y la industrial. 10

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La revolución nacional, vale decir el proceso de construcción de un Estado central fuerte, dueño del monopolio de la violencia legítima para retomar el concepto de Max Weber y de la instrucción en una alta cultura según Ernest Gellner,4 crea dos conflictos. El primero opone el centro creador de una cultura nacional estandar a las poblaciones periféricas, ya sea porque éstas presentan rasgos distintos de los edificadores del nuevo poder o por su situación desfavorecida en el nuevo Estado. El segundo enfrenta al Estado con los privilegios corporativos de la Iglesia. La defensa de estas cuatro posiciones da lugar a cuatro tipos de partidos: los nacionalistas favorables a un Estado vigoroso, las formaciones culturalistas, autonomistas o federalistas que les resisten, los partidos defensores de la Iglesia o su doctrina y, por último, aquellos que colocan una concepción laica de la vida política, social y económica como fundamento de su ideología.

Bolivia, y no únicamente porque la inclusión de muchas formaciones a las descritas líneas de tensión resulte fácil. Una crisis decisiva sobre temas centrales que atañen al destino de la sociedad obliga a los actores a definirse, a escoger un campo. La contraposición de intereses constituye el substrato sobre el cual nacen los partidos, frecuentemente con ideologías distintas para resolver los mismos problemas. Las generaciones de partidos no se reemplazan automáticamente, aunque una nueva línea de ruptura social, económica o política pueda poner en aprietos a una corriente que ve desplazadas sus preocupaciones del escenario político. Sin embargo, los actores políticos pueden siempre actualizar, si la coyuntura ayuda, sus temas fundadores u ocupar un espacio en las nuevas vertientes del debate.6 Conviene subrayar que un partido puede quedar atravezado por las fracturas ajenas a las que le dieron origen y dar lugar a conductas apriori inesperadas. Así, por ejemplo, la importancia de la disciplina internacional para el PIR lo acercó a sus adversarios liberales en Bolivia durante la II Guerra Mundial y lo alejó de potenciales aliados locales.

A estas oposiciones de carácter territorial, se suman las dos funcionales nacidas con la revolución industrial que dio lugar al crecimiento urbano y al desarrollo de una clase proletaria. Dos líneas de conflicto asoman. Una opone los intereses del mundo rural, desplazado y debilitado frente a las exigencias de la ciudad y la industria. La otra, más difundida, consiste en el enfrentamiento entre los obreros, los grupos desposeídos en estrecha relación con los sindicatos, contra los sectores intermedios y la burguesía. El entrecruzamiento genera respectivamente partidos agrarios que no tienen un contrapeso específico en formaciones de ideología “urbana” y, de manera más clásica, partidos socialistas5 y conservadores que muchas veces fusionan con los de orientación liberal.

Aunque el caso boliviano ofrece matices que lo desvían del modelo elaborado por Rokkan, sus singularidades no impiden recurrir a él con provecho. El estudio de las diferentes generaciones partidarias permitirá entender mejor la dinámica descrita.

PROLEGOMENOS A LA PRIMERA GENERACION

La somera presentación del modelo de Rokkan y Lipset permite comprender mejor el surgimiento de las generaciones de partidos en

Desde la Independencia hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX en América Latina y en Bolivia en particular, no existen partidos políticos, opacados por el caudillismo. Esta situación responde a la descomposición del Estado español por la prolongada guerra que socavó las bases de una administración regular, a la debilidad

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consiguiente de las autoridades centrales y a la concentración del poder social. Ante la fragilidad institucional, surge el caudillo, bárbaro o letrado para recuperar los términos de Alcides Arguedas,7 que consigue tejer las más sólidas redes de lealtad personal y se sustenta en el poder mediante la represión de los adversarios.

emergencia de asociaciones populares horizontales como los sindicatos. 9 Los nuevos actores sociales como los universitarios, maestros u obreros introdujeron exigencias nuevas que se alejaban del liberalismo clásico. A la vez, partidos socialistas y organizaciones sindicales vieron el día con un vigor superior al que era dable esperar atendiendo el escaso grado de desarrollo económico del país.10 Incluso la creación del Partido Nacionalista del presidente Hernando Siles trató de abrir un espacio para las sensibilidades de jóvenes intelectuales.11

Luego de la guerra del Pacífico (1879), se formó en Bolivia un primer sistema partidario con cierta estabilidad, organizado alrededor de dos polos: el conservador y el liberal. El avance institucional del país, a pesar de sus límites, nació de manera inmediata como una respuesta al tipo de política, bélica o de compromiso, que debía seguirse ante Chile. Sobre ella, se cristalizaron visiones diferentes de la sociedad, más tradicional para los conservadores, más abierta al cambio y a la ciencia para los liberales. Esta confrontación no eliminaba varios elementos compartidos: primacía del poder civil, creación de un Estado moderno y centralizado, insersión en el mercado mundial y un juego político restringido, aunque apegado a ciertas reglas (elecciones periódicas, relativa tolerancia para los adversarios, etc). 8 El enfrentamiento bipolar que provino de la crisis de la derrota y la necesidad de encarar una construcción estatal sólida sufrió sus primeros resquebrajamientos en la década de 1920, aun antes de la formación de la primera generación de partidos del siglo XX, cuando los liberales fueron derrocados por los republicanos, liberales disidentes.

Si las evoluciones descritas recuerdan los procesos conocidos por otras Repúblicas latinoamericanas en las primeras décadas del siglo, el sistema boliviano se derrumbó de un modo particular por los efectos de la guerra del Chaco (1932-1935). Ella enterró un armazón partidario que en otros espacios sobrevivió con concesiones a las nuevas fuerzas. La derrota reveló el fracaso del orden establecido, incapaz de conducir exitosamente el conflicto. Más aún, como años antes la I Guerra Mundial para los países europeos, tuvo un carácter “democrático” e industrial pues involucró a todos los grupos sociales y dejó un saldo trágico de víctimas.12 Movilizó a los hombres con un carácter general y el sistema político permanecía restringido; exaltó a los combatientes en nombre de la nación, y ésta fue vencida. La doble frustración preparó un terreno legítimo para mensajes democráticos, radicales y nacionalistas, al mismo tiempo que corroía la defensa del ordenamiento vigente.

Como señaló Alain Rouquié, el escollo mayor sobre el cual se quebró la estabilidad institucional de las “repúblicas oligárquicas” entre 1920-1930 fue las demandas para ampliar el universo político que amenazaban el control de las élites, también contestado por la

La guerra engendró en los combatientes el sentimiento que la estructura del país, caracterizada por la concentración del poder económico, la estrechez del juego socio-político para los grupos medios y para las organizaciones proletarias, el aislamiento del campesinado sometido a dominaciones arcaícas, el desigual desarrollo regional requería profundas transformaciones. El descontento con este cuadro

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LA PRIMERA GENERACION

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y la voluntad de cambio constituyeron la base sobre la cual se formó la primera generación de partidos, que encararon soluciones distintas, incluso opuestas, para los mismos problemas.13

Baldivieso, que reunió a numerosas personalidades que participaron en el gobierno de Hernando Siles y apoyaron los intentos reformadores del “socialismo militar”14. La polarización política de la post-guerra destruyó al partido y probó las dificultades para encontrar una vía de centro en esa época. A comienzos de la década de 1940, los principales partidos representantes de esta generación ya se fundaron: el Partido Obrero Revolucionario (POR, 1938, José Aguirre), el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR, 1940, José A. Arce, Ricardo Anaya), la Falange Socialista Boliviana (FSB, 1938, Unzaga de la Vega) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, 1941, Víctor Paz, Hernán Siles, Wálter Guevara, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes).

En el transcurso de este proceso, los partidos tradicionales perdieron sus clásicas bases de apoyo, que fueron también las del régimen: los grupos urbanos intermedios. Decepcionados con el estancamiento socioeconómico de pre-guerra y las insuficiencias de la élite durante el período bélico, se abrieron a vientos renovadores. Se convirtieron, junto a los mineros, en uno de los principales terrenos de proselitismo de las nuevas formaciones, que comulgaron en una retórica de regeneración y justicia social. En el otro polo del escenario, las tesis de la izquierda radical como la reforma agraria o la nacionalización de las minas exigidas por Tristán Marof, marginales hasta entonces, extendieron su audiencia. La voluntad de remediar las grandes debilidades del país, reveladas por la guerra, introdujo en el campo de lo posible ideas que quizá no habrían abandonado círculos estrechos y aislados sin el impacto de la derrota. Los ensayos iniciales de reforma no provinieron empero de los sectores civiles, sino de los militares que derrocaron al liberal José Luis Tejada Sorzano (1936). Los golpes de Estado ya no tuvieron un horizonte limitado de carácter "correctivo", sino una ambición de introducir cambios más substanciales. Aunque desprovistos de una orientación definida nítidamente, estos intentos marcaron una primera ruptura con las concepciones del liberalismo, ya debilitadas por el acontecer mundial en los años 1930. La oscilante conducta del ejército alentó a las nuevas generaciones a crear sus propios instrumentos políticos que respondiesen más cabalmente a sus aspiraciones. Los nuevos partidos tardaron en cristalizar esta efervescencia y varios intentos fracasaron, como el Partido Socialista de Enrique 15

La irrupción de la primera generación alteró el paisaje político pues introdujo dos líneas de conflicto. Una opuso los partidos “tradicionales” que depusieron sus divergencias para conservar el modelo de sociedad vigente, a los nuevos partidos, favorables a cambios importantes. Otra dividió a la primera generación entre marxistas y nacionalistas, trazando fronteras difíciles de superar. La existencia de dos ejes de rivalidad explica parte del fluido juego de alianzas en la década de 1940, incapaz empero de ocultar la polarización entre un MNR cada vez más radicalizado y los herederos del liberalismo, agrupados en el Partido de la Unión Republicana Socialista (PURS). El denominador común de la primera generación fue el desencanto con la filosofía liberal, tanto en el campo político como en el económico, en consonancia con la evolución mundial de los años 1930. En el campo económico, la crisis de 1929 abrió la ruta a la intervención estatal en reemplazo de un deficiente mercado. En el político, la democracia dejó de aparecer como el régimen ideal, o perdió cuando menos su estatus privilegiado frente a la ofensiva fascista y al “encanto universal” de la Revolución Rusa. La variedad de modelos

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políticos amplió su gama. El fascismo tuvo algunos admiradores, pero más fuerte fue el llamado del comunismo, pro-soviético o trotskista, y el impacto de la revolución mejicana. Esta permitió a Raúl Haya de la Torre formular las bases de un movimiento político de amplia base popular y multiclasista, con una activa contribución de las clases medias.15 Aunque pensó su partido para el Perú, sus ideas y prácticas influyeron en otros países del continente.

demo-liberal. Ello explica la moderación inicial de las medidas sugeridas por el MNR y sus violentas arremetidas contra la “Rosca”. Su estrategia le permitió penetrar en estratos medios urbanos. Sin embargo, el tono elitista, estatista y reformador cedió al canto de sirenas radical por la convergencia de dos grandes factores. Por un lado, el MNR comprendió que sus iniciativas gubernamentales impuestas desde arriba tuvieron una duración limitada por la reacción de las élites tradicionales, como ejemplificó su contribución en la administración de Gualberto Villarroel (1943-1946). Para dotarse de una base más sólida, adoptó posiciones tajantes que lo acercaron a los trabajadores. Por otro lado, el movimiento obrero, en especial minero, comprendió que la orientación de los gobiernos no era indiferente a su situación. Entonces buscó un aliado político para mejorar sus condiciones: el MNR.16

Dentro de estos lineamientos, en Bolivia se esbozaron dos respuestas para los nuevos deafíos: la marxista, defendida por el PIR y el POR, y la nacionalista expuesta por FSB y el MNR. La primera, independientemente de las divergencias entre la línea moscovita y la trotskista, postuló una ruptura de fondo con el sistema liberal, planteando como objetivo final la instauración revolucionaria de una sociedad comunista. Las propuestas radicales del PIR, la reforma agraria, la nacionalización de las mina, la planificación de las principales actividades económicas y la extensión del voto no traducían la ambición inmediata por llegar al régimen comunista. Pretendían preparar el terreno extendiendo el papel del Estado, aunque sin suprimir al sector privado. Sus planteamientos sedujeron al movimiento obrero, y ganaron espacio en capas medias, confirmando al mismo tiempo el malestar con la situación de post-guerra. En 1940 la candidatura de Arze hizo frente a la del general Enrique Peñaranda y logró alrededor de un décimo de los sufragios. El PIR impuso en el escenario político temas que se plasmaron en la revolución de 1952, pero cuya aplicación tradujo el espíritu reformador de la segunda corriente, que debe ser vista más de cerca por su influencia en la historia nacional.

El éxito del MNR respondió indudablemente, además de los factores citados, a los errores del PIR y también a la relación conflictiva que liga al comunismo con la burguesía, que fue una de las bases del atractivo de esa corriente política en el mundo. La burguesía, entendida como una figura central de la modernidad política y económica, fue objeto del rechazo comunista que criticaba el formalismo de su régimen político y la explotación del proletariado por su modelo económico.17 Ahora bien, en Bolivia, una de las metas frecuentes de los partidos de la primera generación consistía en el desarrollo de una burguesía “nacional”, no es su destrucción, y en el alcance de la democracia antes que en su superación. Partidos nacionalistas e incluso marxistas coincidían en esta concepción, lo que jugaba en favor de las primeras, que sostenían más claramente esta postura.

El segundo grupo se encontró animado por una voluntad de corregir las estructuras tradicionales del país, antes que por la elaboración de un modelo substancialmente diferente del régimen

El MNR debe ser comprendido como una ilustración de los movimientos nacional-populares que constituyen los representantes

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políticos más característicos de América Latina durante más de medio siglo.18 El proyecto y parte de las acciones gubernamentales del MNR se inscriben en un modelo que se caracteriza por su esfuerzo por incorporar las fuerzas y las demandas sociales dentro de un Estado que las controle, frecuentemente mediante la subordinación de sindicatos y otras asociaciones al poder central. Asimismo enfatiza en las políticas desarrollistas, creadoras de un Estado que permita superar las contradicciones y riesgos de fractura de la sociedad, por la búsqueda de la integración nacional y por la defensa de los intereses populares. Los regímenes nacional-populares conducen con frecuencia a una indiferenciación del Estado, del sistema político y de las fuerzas sociales, así como a la coexistencia de objetivos modernizadores, económicos y nacionalistas. Las gestiones de Víctor Paz y de Hernán Siles (1952-1964) ilustraron ampliamente este modelo político, que en Bolivia adquirió un aspecto original por la profundidad de los cambios introducidos por la Rvolución de 1952.

finalmente un enfoque desarrollista, proseguido con fuerza por los gobiernos militares a partir de 1964.

LA SEGUNDA GENERACION DE PARTIDOS Los partidos de la primera generación dominaron el escenario político desde los años 1940, desplazando a sus rivales, que desaparecieron brutalmente con la revolución de 1952. Hasta entonces los debates giraron entorno a la crisis de las instituciones liberales. A partir de ahí la discusión se centró en el sentido, las estrategias y la profundidad de los cambios que la toma del poder revolucionario permitía realizar en el Estado y la sociedad. El primer debate se produjo dentro del victorioso MNR, siendo al comienzo desfavorable para el ala derecha del partido, temerosa de medidas como la reforma agraria. Luego, el sector de izquierda fue contenido gracias a un acercamiento con los Estados Unidos y una vigilancia del sindicalismo. Triunfó

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La segunda generación, florecida en los años 1970, partió de la consolidación de las líneas maestras diseñadas por los gobiernos del MNR. El juego político se organizó, en el clima épico y tenso de finales de los años 1960-1970, alrededor de la dirección que debía tomar el país post-revolucionario. La convicción que el proceso de 1952 concluyó, la necesidad de definir un nuevo rumbo, la voluntad de alejarse de las formaciones existentes y una visión violenta de la política constituyeron los rasgos dominantes de la segunda generación. La Revolución de 1952 formuló promesas generosas, enarboló los valores de la igualdad, la justicia, la liberación nacional y el progreso. Quedó atrapada, al igual que la Revolución Francesa, en la contradicción entre su movimiento y su principio, su dinamismo que llevaba a nuevas desigualdades y las bases de su legitimidad; también, como su antecesora, erigió a la Revolución menos en el paso de un mundo al otro, que en una cultura política indisociable de la democracia.19 La segunda generación de partidos le exigió cuentas por la brecha entre el ideal y la realidad. Desde la izquierda, la juzgaron insuficiente e incompleta, aún distante del ideal de la nación libre y justa. El katarismo denunció la ilusión del mejoramiento campesino: el hombre del campo fue atrapado en otros mecanismos de control. Por último, la derecha aunque se hizo discreta por temor a nuevos cambios drásticos, ofreció un crecimiento económico acelerado. En claro, los partidos de la segunda generación criticaron a la Revolución por las promesas no cumplidas y, según su ideología, anunciaron las recetas para superar ese estado. Otro elemento merece aquí ser considerado. El fin de la II Guerra Mundial marcó en América Latina una ola de democratización 20

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y el apogeo de los movimientos nacional-populares. Para fines de los años 1960, el panorama cambió. En muchos países, las formaciones de cuño populista había expuesto sus límites para acceder o conservar el poder ante reacciones conservadoras; en lugares donde el movimiento triunfó, las críticas tampoco faltaron, como en Bolivia. Al mismo tiempo, otras experiencias y acontecimientos llamaban la atención: la revolución cubana, la teología de la liberación, mayo de 1968. Presentado de manera distinta, si los partidos nacionalistas y socialistas fueron más allá de las propuestas liberales entre 1930-1940, la radicalización de los años 1960 señaló la insatisfacción con el balance de las agrupaciones creadas décadas antes.

ideológicos entre los dos grupos partidarios no permite amalgamas, pero ellos compartieron la misma ambición de modernización del Estado de 1952 a partir de una visión técnica y planificadora. El último grupo, compuesto por las formaciones kataristas en sus alas indigenista (MITKA) o con mayor contenido de clase (MRTKL, MRTK), criticó estos esfuerzos modernizadores, en nombre de los valores comunitarios y de las culturas “nativas”.

En América Latina, los militares iniciaron gestiones de reforma social (seguidas, en general, de gobiernos de signo contrario), mientras en los partidos cobraban fuerza las alas extremas o se desprendían ramas disconformes con la actitud moderada de las direcciones.20 Bolivia conoció estos procesos con los gobiernos de Ovando, Torres, Banzer, la pérdida del MNR de sus jóvenes intelectuales inquietos como René Zavaleta, o el desprendimiento del Partido Demócrata Cristiano de los jóvenes contestatarios que luego formaron la espina dorsal del MIR.21

La fundación del PS y del MIR se produjo en un clima de paroxismo social y político externo como interno. La efervescencia política en América Latina y las nuevas sensibilidades que trajo sedujeron a jóvenes que se comprometieron en una política de contenido radical. En el país, el ambiente quedó marcado por las guerrillas de Ñancahuazú, de Teoponte, el intenso período de Juan José Torres y la dura reacción del gobierno de Hugo Banzer. La escisión más importante del MNR, el MNR de Izquierda (MNRI, 1972, Hernán Siles) también se generó por la polarización provocada por los sucesivos golpes de Estado. Esta tensión no constituyó más que una faceta de una concepción sobre la política, admitida por todos los actores y favorecida por el ambiente de la vida política, que justificó el uso de la fuerza y la violencia para decidir el destino del poder.22

Como ocurrió con el anterior conjunto partidario, los problemas comunes recibieron respuestas diferentes, que pueden clasificarse en tres grupos. El primero incluye el Partido Socialista (PS, 1971, Marcelo Quiroga Santa Cruz) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR, 1971, Jaime Paz, Oscar Eíd, Antonio Aranibar). Ambos partidos reivindicaron su pertenencia a la izquierda, llamada a cambiar la estructura socioeconómica y política del país. El segundo está compuesto por Acción Democrática Nacionalista (ADN, 1979), que asumió la obra del gobierno de Banzer y prometió proseguir un desarrollo económico rápido y ordenado. Los contrastes políticos e

Los últimos años de 1960 impregnaron la cultura política de un maniqueísmo que separó a la izquierda de la derecha. Cada campo se convenció que el adversario debía ser reprimido enérgicamente, excluyendo cualquier convivencia. El clima se agravó por la presencia de proyectos globales de transformación y de redistribución de poder que no autorizaban discusión. Esta dicotomía política llegó a su culminación con el golpe de Estado de Banzer que unió al MNR, la FSB y el ala derecha de las Fuerzas Armadas contra el sector leal a Torres y los movimientos de izquierda. Esta herencia y el legado de

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los gobiernos autoritarios complicaron la transición democrática, pues los partidos no se encontraron preparados para actuar dentro de los nuevos marcos institucionales. El nacimiento de ADN también se dió en este ambiente conflictivo. Ligada a la figura de Banzer, chocó de entrada con la izquierda, que exigía un juicio al ex-presidente y lo mantuvo en un aislamiento sin concesiones. Las relaciones entre ADN y la izquierda se caracterizaron por una confrontación áspera, de principio que, aunque atenuada, persiste aún en algunos de sus aspectos.

los nuevos desafíos, en particular la consolidación de grupos urbanos medios, con altos niveles de formación y expectativas, convencidos que el desarrollo exigía planes tecnocráticos. Para adaptarse a estas exigencias, las nuevas formaciones ofrecieron discursos innovadores, centrados en ambiciones de progreso que valoraron la competencia y recrutaron sus dirigentes y apoyos sociales principalmente en esos sectores. Las elecciones de 1979 y 1980 ilustraron el enraizamiento de estos partidos en el electorado urbano, de composición media-alta en el caso de ADN, media para el PS-1 y media-popular en el caso de la UDP. El katarismo reflejó también la modernización rural impulsada por los cambios revolucionarios, indisociables de una mejor integración cultural, el afincamiento de una élite de orígen campesino, aunque combinados con dificultades económicas, que dieron a este movimiento un corte protestatario.

El segundo rasgo de los partidos de la nueva generación radicó en su voluntad de romper con las formaciones tradicionales. Por un lado, en la izquierda, el PS y el MIR, dirigidos por una pléyade de jóvenes líderes, intentaron suplir la ausencia de agrupaciones marxistas fuertes y criticaron a las existentes por su incapacidad revolucionaria. Señalaron sus diferencias con la elaboración de nuevas propuestas y estrategias, como la insurrección armada de las masas en el caso del MIR. Buscaron asimismo equilibrar el espectro político, dominado en el campo partidario por el MNR y FSB, combatidos menos por su carácter “tradicional” que por su pertenencia a la derecha. El katarismo a su vez procuró, enarbolando mensajes culturales, distender la fidelidad del campesinado altiplánico hacia el MNR, acusado de desvirtuar la reforma agraria y el sufragio universal. Sin embargo fue más allá al descalificar a todos los grupos políticos, estimando que ninguno representó los intereses ni los valores culturales del campesinado. Por último, ADN buscó reemplazar en la preferencia política a agrupaciones de derecha, aunque absorbió con facilidad a personalidades y sectores que provenían de ellas.23

El aspecto central de la segunda generación es que sitúa sus ideas y su práctica en un cuadro post-revolucionario. Los partidos reflexionan sobre el país construído por la revolución, considerada a la vez un acontecimiento que sentó nuevas bases y un momento pasado. La hora llegó para criticar, profundizar o modernizar la tarea comenzada en 1952. Este debate, sumado a la adhesión lograda a partir de 1952, permitío al MNR seguir jugando un papel de primer orden; por el contrario FSB no logró cuajar exitosamente en la competencia electoral y finlamente optó por aliarse con ADN.

Por otra parte, tanto el MIR, el PS como ADN, quisieron responder a los procesos de modernización del país. Juzgaron que los partidos dominantes de la época perdieron la capacidad para resolver

El MIR, el PS y ADN poseyeron una visión modernizadora, impregnada de confianza en la técnica, la ciencia, el progreso. Para lograr el desarrollo, se debería recurrir a cuadros formados, capaces de emplear eficientemente los recursos del país, promover la racionalidad administrativa y favorecer la industrialización. En ADN esta concepción, acompañada de la voluntad de ejercer una gestión

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gerencial de la sociedad, constituyó el núcleo aglutinador de su programa, que no persiguió ninguna utopía revolucionaria. Más bien pretendió extender las clases medias, fortalecer el empresariado nacional, consolidar el crecimiento de las regiones orientales, prosiguiendo los objetivos desarrollistas de 1952 y del gobierno de Banzer.

creciente de los hombres y procura rescatar valores que las prácticas sociales fueron dejando en desuso, en particular las lenguas aymara y quechua.

En cambio, para la izquierda de la segunda generación, el destino de Bolivia, además de una modernización, debería abrirse necesariamente hacia un horizonte socialista, dominado por el proletariado, después de haber agotado el ciclo del nacionalismorevolucionario, controlado por las clases medias. Así, para el PS, el “pueblo boliviano no tiene otra posibilidad de desarrollo histórico hacía adelante que no sea el socialista, ni otra vía que no sea la revolución”. El MIR partió de postulados igualmente radicales, pero hacia 19771978 se mostró menos crítico con la Revolución, proponiendo un “entronque histórico” que señalaba a la vez su reconocimiento por ese acontecimiento y el aporte de una nueva generación que deseaba darle otra vez un contenido popular.24

Frente a los partidos de la segunda generación, adquirió su originalidad al privilegiar la cultura como “primer valor”, por delante de las preocupaciones socioeconómicas, características de las otras formaciones, más influídas por el pensamiento marxista o los enfoques desarrollistas. El surgimiento del katarismo también puede comprenderse a la luz del modelo de Rokkan como una reacción cultural de la periferia frente a la política centralizadora y unificadora del Estado. En Santa Cruz, también se produjeron movimientos de resistencia a las decisiones del poder nacional, pero bajo otros principios, más regionalistas y con un carácter menos partidario que “cívico”, aunque existió una formación federalista cuyos acentos radicales tuvieron escaso eco, incluido su lugar de origen (el Movimiento Federalista Democrático de Carlos Valverde sólo logró en 1993 0.6% de los votos en Santa cruz).

El katarismo se distingue del anterior grupo por el sentido de su crítica contra el espíritu del proyecto que comenzó el MNR. Su peculiaridad radica en la reprobación del “falso “desarrollismo” que se importa desde afuera”.25 Si el katarismo contribuyó a destruír prácticas políticas de corte tradicional, al luchar por un sindicalismo campesino independiente de los poderes públicos, aparece al mismo tiempo como un movimiento de defensa y reacción frente a los embates de las ideas modernizadoras. La corriente basa, en gran parte, su acción contra el individualismo, disolvente de una mítica historia comunitaria. Ataca el esquema de parcelización privada de las tierras, defiende los privilegios de las organizaciones ancestrales frente a la autonomía

La segunda generación modificó las líneas de oposición e impuso la confrontación izquierda/derecha como cuadro exclusivo para interpretar el juego político. El katarismo se reconoció mal en él aunque sus movimientos eligieron aliarse en los primeros comicios con grupos de izquierda. Los nuevos partidos de izquierda asumieron explícitamente su etiqueta y lucharon contra todas las fuerzas que llamaron derechistas, consideradas como guardianes de los intereses del imperialismo. El ambiente de de los gobiernos de Torres y Banzer obligó a todos los actores político-sociales a escoger su campo en un enfrentamiento bipolar que diferenció claramente la izquierda de la derecha. Esta fractura, solidificada a lo largo de los años 1970, dejó sentir su influencia durante el retorno a la democracia.

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LA PROLIFERACION DE PARTIDOS DURANTE LA TRANSICION DEMOCRATICA

Con la progresiva consolidación de la democracia desaparecen las formaciones menos representativas, obligadas a fundirse o aliarse en conjuntos políticos más vastos. Además, las disposiciones legales han ido restringiendo las condiciones de reconocimiento de nuevas formaciones y de supervivencia de las agrupaciones pequeñas, sometidas a multas electorales en caso de no obtener 50.000 votos y a una barrera electoral de 3% para acceder a las diputaciones plurinominales.

El retorno a los procesos electorales entre 1978-1980 quedó marcado por la proliferación de partidos de todas las tendencias. Con excepción de ADN (considerado en la segunda generación) ninguna formación creada en ese lapso logró sobrevivir al asentamiento de la democracia representativa. Este fenómeno ya no inquieta, pero conviene brevemente ocuparse de él y subrayar que no constituye un rasgo inherente del sistema político boliviano, sino una característica de las democracias renacientes después de un prolongado espacio de represión.26 La multiplicación de los partidos al concluir la década de 1970 es por un lado producto de la descomposición del MNR luego de 1964. La caída del gobierno de Paz Estenssoro y la dispersión del liderazgo fueron propicios para el desarrollo de pequeñas capillas alrededor de dirigentes medios. Por otro lado, la liberalización del régimen de Banzer impulsó, en un ambiente de renovada tolerancia, la expresión de todos los matices de la paleta política. Ambos movimientos se vieron favorecidos por la ausencia de elecciones desde 1966 que impedía conocer el peso verdadero de cada uno de los grupos. El “laberinto político”, para retomar la fórmula de Raúl Rivadeneira que hizo el largo inventario de todas las creaciones partidarias, no debe ocultar que ello no derivó en una multiplicación de las candidaturas presidenciales. Entre 1979-1997 éstas oscilaron entre un mínimo de 9 y un máximo de 18 con un promedio ligeramente superior a 12, en independencia del número de partidos inscritos en la Corte Nacional Electoral. La atomización partidaria tampoco entrabó una concentración de los sufragios en pocos partidos. En 1979 y 1980, la UDP, el MNR y ADN atrajeron entre 2/3 y 3/4 de los sufragios. 27

LA TERCERA GENERACION Los partidos de la segunda generación llegaron a la década de 1980 en una situación fundamentalmente distinta a la que precedió su nacimiento: la democratización y la grave crisis socio-económica, cuya exacerbación se situó durante el gobierno de la UDP (1982-1985). Sus prácticas, sus modelos, sus creencias sufrieron golpes duros, pues el nuevo escenario exigía comportamientos que podían chocar de frente con sus principios. La adaptación al neoliberalismo para ADN resultó más fácil pues, aunque también partía de una visión estatista, percibía con mejores ojos que la izquierda al empresariado y jugó su suerte al lado de las nuevas orientaciones. Para la izquierda, se planteó el dilema entre buscar líneas dentro del nuevo modelo económico o rechazarlo. Los resultados electorales favorecieron a quienes optaron por la primera alternativa. Por último, el katarismo resistió al derrumbe de las teorías de intervención estatal porque, en el fondo, era casi indiferente a ese tema; a la vez, la valoración del multiculturalismo en el país le abrió un espacio muy superior al de su fuerza electoral. La tercera generación se constituyó en en una coyuntura de dudas para las formaciones de la precedente, de asentamiento de las

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instituciones democráticas y de deterioro socioeconómico. Respecto al primer tema, Conciencia de Patria (CONDEPA, 1988, Carlos Palenque) y Unidad Cívica de Solidaridad (UCS, 1989, Max Fernández) desarrollaron un estilo político distinto de aquel común para la segunda generación. Descartaron la preocupación por la ideología, los proyectos globales de transformación, la ambición industrializadora, la aceptación del conflicto izquierda-derecha. Tal como las agrupaciones de la generación anterior de definieron contra las concepciones y prácticas de los partidos existentes. Palenque y Fernández opusieron su estilo al de los otros grupos políticos.

de las capacidades tecnocráticas, que animaron a las formaciones de la segunda generación y gozaron de credibilidad durante la fase de crecimiento de los años 1970. Ciertamente, la modernidad continúa representando un valor de consenso y una ambición compartida, pero su nuevo contenido, con un importante peso del conocimiento técnico, de capacidad de adaptación a una economía en renovación constante, deja de lado a grupos populares con escasos recursos educativos y económicos. Los sectores desfavorecidos no se reconocieron en esta tesis y marcaron su distancia con la nueva visión de la modernidad. CONDEPA recogió este sentimiento: su postura “endógena” encara la solución de problemas en base a saberes populares, en desmedro de las tecnologías fuertes inspiradas por la razón científica.

En lo referido a la consolidación de las instituciones representativas, no resulta vano subrayar que es la primera generación que acepta la democracia y las elecciones como el medio legítimo para acceder a posiciones de poder. Pero su escepticismo y decepción con los proyectos modernizadores a raíz de la recesión constituyen su principal rasgo distintivo. Ello aproxima CONDEPA y UCS, en otros aspectos bastante disímiles la una de la otra. CONDEPA intenta elaborar un programa de gobierno y aparecer como la ilustración de un movimiento de fondo, la recuperación de los valores culturales tradicionales, el resurgimiento de un proyecto nacional-popular, mientras que UCS ofrece un perfil menos ambicioso, con un programa de gobierno que desempeña un papel secundario y con una matriz poco definida.27

Frente a la crisis socioeconómica se perfilan distintas propuestas. Unas provienen de partidos de la primera y segunda generación, que consiguen conservar su peso electoral y vigencia política gracias a una respuesta de tipo económica neoliberal. Estos grupos ofrecen políticas fundadas sobre la responsabilidad en el manejo del Estado, lo cual les permite atraer en especial un electorado de grupos medios y superiores urbanos28. La limitada habilidad para presentar soluciones a estos problemas debilitó en cambio a partidos de vieja trayectoria como el MNRI. Las otras, de CONDEPA y UCS, nacen de la falla geológica producida por la exclusión y la marginalidad que acarrea la crisis. Las respuestas son menos económicas, que culturales, solidarias con CONDEPA y asistencialistas con UCS.

La descomposición económica engendra dos consecuencias sobre las cuales prosperan los nuevos partidos. La primera se asocia a los fenómenos de exclusión: la economía pierde su capacidad de integrar, lo que se acompaña de un acrecentamiento de un precario sector informal y de una caída de los niveles salariales. La segunda corresponde a la pérdida de confianza en el progreso, la universalidad

Ambos partidos se asemejan por su ayuda a los sectores populares a través de paliativos puntuales que permiten superar dificultades urgentes, pero sin referencia a proyectos globales de cambio, en voga en el pasado. Ante las promesas incumplidas del progreso, nuevos actores sociales, como los informales, migrantes,

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pequeños productores independientes del proletariado organizado proclive a opciones de izquierda, se inclinan por partidos que se dirigen a ellos de manera específica y les ofrecen soluciones concretas para necesidades tangibles, aunque limitadas. Así Carlos Palenque en 1989 insiste más en su trayectoria pasada, ajena a la política, pero de contacto con sectores desfavorecidos, que en sus ofertas gubernamentales. El proceder de Max Fernández se parece, al poner el acento en sus obras, presentadas como opuestas a la práctica retórica a la que “están acostumbrados los políticos tradicionales”. 29 Las esperanzas defraudadas del crecimiento y de sus perspectivas de ascenso social, desencantan a una fracción de la población y la vuelcan hacia CONDEPA y UCS.

comunismo. Por ello, a diferencia de las anteriores generaciones partidarias, la última no crea ninguna frontera fuerte que reemplace los antiguos conflictos.

Las diferencia se sitúan en el interior de este cuadro. UCS aplica una estrategia asistencial, con trabajos que los poderes públicos no se encuentran en medida de llevar adelante. CONDEPA se inscribe en un registro más emotivo: se apoya en la solidaridad expresada diariamente, en los lazos forjados en y por la exclusión entre Palenque y los grupos desheredados de La Paz.30 A las identidades sociales privilegiadas por la segunda generación suceden las identidades culturales, la exaltación de tradiciones populares y “cholas” por CONDEPA, que persiguen una integración social que la economía parece ya no permitir.

El juego político de la post-guerra del Chaco opuso partidarios y adversarios del mantenimiento del régimen de privilegios. Los años 1970 vieron acentuarse la pugna entre la izquierda que proclamó el socialismo y la derecha, modernizadora del proyecto de 1952. Hoy algunos analistas y hombres políticos procuran separar a los partidos de la tercera generación, llamados (neo)populistas o tradicionales31, de los otros, considerados modernos a pesar de su anterioridad temporal, pero supuestamente en acorde con las transformaciones mundiales. Tal intento por crear un terreno de confrontación, equivalente a los antes examinados, no encuentra realmente una traducción en el escenario político. En efecto, la idea de una separación de dos campos no se refleja en las alianzas gubernamentales o de oposición. CONDEPA integró la coalición dirigida por Banzer, en tanto que UCS perteneció también a esa alianza después de respaldar la administración de Sánchez de Lozada. Pese a los acercamientos, subyacen entre los partidos de la tercera generación y el resto de las formaciones tensiones y contraposiciones que podrían nutrir temas de conflicto, ligados al destino de las transformaciones conocidas por el país a partir de 1985.

El afianzamiento electoral de la nueva generación política contribuye a debilitar la línea de conflicto izquierda-derecha, ya desdibujada por el acercamiento de los principales representantes de estas tendencias a finales de los años 1980. CONDEPA y sobre todo UCS se sienten ajenos a este eje de confrontación. Construyen su acción y su retórica sin preocuparse mayormente por elaboraciones ideológicas, desacreditadas despúes del descalabro de la UDP y el derrumbe del

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C I T A S

(11) Porfirio Díaz, Historia de Bolivia (Guzmán, Siles, Blanco Galindo). La Paz: Gisbert, 1955, p. 58-70. (12) Cf. François Furet, Le passé d’ une illusion (essai sur l’ idée communiste au XXè. siècle). París: Laffont, 1995, p. 52-57.

(1) Una versión preliminar del texto fue publicada por el suplemento Ventana de La Razón el 5 de marzo de 1995.

(13) Herbert S. Klein, Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana (la crisis de la generación del Chaco). La Paz: Juventud, 1968, 440 p.

(2) Cf. Seymour M. Lipset, Stein Rokkan, "Cleavage structures, Party Systems and Voter Alignments" en Peter Maier. The West European Party System. Londres: Oxford U. P., 1990.

(14) Irma Lorini, El movimiento socialista "embrionario" en Bolivia, 19201939. Cochabamba: Los amigos del libro, 1994, p. 201-213.

(3) Maurice Duverger, Les partis politiques. París: Seuil, 1992, p. 381-557.

(15) Torcuato S. di Tella, Los partidos políticos en América Latina, op. cit.

(4) Ernest Gellner, Nations et nationalisme. París: Fayard, 1995, 200 p.

(16) Jame Malloy, Bolivia, la revolución inconclusa, op. cit. p. 117-198.

(5) El lugar de los partidos comunistas ha dado lugar a discusiones entre quienes consideran que son sólo una variante de las corrientes socialistas y los que creen que forman una categoría aparte dentro de esta tipología

(17) François Furet, Le passé d’ une illusion, op. cit., p. 17-48. (18) Alain Touraine, La parole et le sang (politique et société en Amérique Latine). París: Jacob, 1988, 542 p.

(6) Daniel Louis Seiler, Les partis politiques. París: Sueil, 1993, p. 78-79. (19) Cf. François Furet, Le passé d’ une illusion, op. cit., p. 21-25. (7) Alcides Arguedas, Los caudillos letrados. Barcelona: Sobs. de López Robert, 1923, 368 p. Ver igualmente Alcides Arguedas, Los caudillos bárbaros. Barcelona: Editorial Tasso, 1929, 384 p.

(20) Torcuato S. di Tella, Los partidos políticos en América Latina, op. cit., p. 201-244.

(8) James Malloy, Bolivia: la revolución inconclusa. La Paz. CERES, 1989, p. 15-95.

(21) Susana Peñaranda de Del Granado, Omar Chávez, El MIR entre el pasado y el presente. La Paz: Gráficas Latina, 1992, p. 25-31.

(9) Alain Rouquié, Amérique Latine (introduction à l’ Extrême-occident). París: Seuil, 1987.

(22) Susana Peñaranda de Del Granado, Omar Chávez, El MIR entre el pasado y el presente, op.cit., p. 11-70.

(10) Torcuato S. di Tella, Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 60.

(23) Isaác Sandoval, Los partidos políticos en Bolivia. La Paz: UMSA, 1993, p. 169.

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(24) Hugo Carvajal "El MIR desde el MIR" en CIDES-PNUD, Gobernabilidad y partidos políticos. La Paz: CIDES-PNUD, 1997, p.113. (25) Manifiesto de Tiahuanacu 1973 citado por Javier Hurtado, El katarismo. La Paz: HISBOL, 1986, p. 303. (26) Cf. Guy Hermet, Les désenchantements de la liberté (la sortie de la dictature dans les années 90). París: Fayard, 1993, 366 p. (27) Fernando Mayorga, Max Fernández: la política del silencio. La Paz: ILDIS-UMSS, 1991, p. 95. (28) Salvador Romero Ballivián, Electores en época de transición. La Paz: Caraspas-Plural, 1995, 166 p. (29) Max Fernández citado por Fernando Mayorga, Max Fernández, op. cit., p. 82-84. (30) Rafael Archondo, Compadres al micrófono. La Paz: Hisbol, 1991, 254p. (31) La aceptación del término "neopopulismo" por CONDEPA y UCS siempre fue problemática. Si Jorge Medina de CONDEPA lo aceptó considerando que ambos partidos "asientan su acionar en el éxito del cholo y comprenden la impostegrable responsabilidad de reinvindicarlo", Max Fernandez afirmó que UCS "es un partido popular, muy ajeno al "populismo" de marras". Temas en la crisis (45), mayojunio 1993, p. 9-11.

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LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA COYUNTURA DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Esta esquemática periodización del sistema de partidos en Bolivia merecería mayor reflexión de la aquí asumida, que da prioridad al análisis del objeto de estudio en la fase de descentralización del Estado, sin descuidar la inclusión de algunas de las experiencias descollantes de las otras dos primeras fases, que hacen posible comprender la consolidación actual como consecuencia de las virtudes y defectos de éstas. Este ensayo, entonces, tiene el propósito de observar el sistema de partidos desde la implementación de cuatro leyes vitales para la modernización del sistema político, como son la reforma a la Constitución Política del Estado, la nueva Ley Electoral y las leyes de descentralización (Ley de Participación Popular y Ley de Descentralización Administrativa), teniendo en cuenta que éstas legalizan la apertura de nuevos espacios de competición democrática con la elección de autoridades en niveles municipales, departamentales y nacionales, que amplían y fortalecen la presencia partidaria. Estas reformas institucionales plantean serias modificaciones a las relaciones del Estado y la sociedad, colocando a los partidos políticos en el desafío de adecuarse a una nueva realidad político-ideológica que ellos mismos han puesto en práctica y que altera las formas tradicionales de ejercer el poder. Modificaciones que aún no han recibido ningún tratamiento.

Diego Ayo Saucedo

La democracia boliviana ha dejado atrás la aguda hiperinflación que puso al Estado y a la sociedad en un estado de anomia, caracterizada por una crisis de descomposición de la economía nacional y una intensa como destructiva confrontación entre el gobierno udepista y el movimiento sindical. Asimismo, queda en el recuerdo dentro de este panorama de caos político la irresponsable labor del Parlamento que hizo caso omiso de su rol de legislar y ofrecer proyectos para reencauzar política y económicamente el sistema democrático y dedicó sus energías a desestabilizar el gobierno constitucional de Hernán Siles Zuazo. Este comportamiento marcó el sistema de partidos como un escenario disruptivo incapaz de expresar políticamente a la sociedad a tiempo de potenciar la desarticulación del Estado. Esta mirada en retrospectiva posibilita tras más de década y media del establecimiento del sistema democrático valorar los avances logrados en materia de modernización política, al punto de atrevernos a sostener que desde su retorno en 1982 la democracia ha inaugurado tres grandes fases de institucionalización ascendente del sistema de partidos, desde su estado de fragmentación y orientación centrífuga (1982-1985), pasando por un proceso de estabilización preliminar paralelo a la recuperación de la autonomía del Estado (1985-1994), hasta arribar a una consolidación1, precaria pero efectiva, al amparo del Estado en su versión descentralizada (1994-?).

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Este trabajo, precisamente, pretende constituirse en una primera aproximación al tema, que como todo inicial esfuerzo, peca de algunas limitaciones: no se reparará en la singularidad de cada partido sino en el desempeño general de los mismos. Por otra parte, es lícito sostener que la consolidación aludida podría verse seriamente afectada en caso de no existir la obligatoriedad constitucional favorable a los partidos políticos como únicos canales regulares de competición electoral. Uno de los pilares de la consolidación, entonces, no será tomado en cuenta más que como telón de fondo. Trataremos de demostrar, sin embargo, que la presencia partidaria no está exenta de algunas contradicciones,

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que apuntan a sostener hipotéticamente que el sistema de partidos se consolida paradójicamente en medio de una dinámica de debilitamiento de los partidos como elementos de autoreferencialidad y de fortalecimiento propio en favor de su indisimulada instrumentalización.

institucional de las democracias occidentales apegadas a iniciativas liberales y próxima, por el contrario, a una reproducción de pautas de comportamiento no del todo democráticas, con élites partidarias de espíritu patrimonialista y una sociedad, en buena parte, de filiaciación prebendal.6

Este uso instrumental de los partidos es resultado de su ineptitud para arrimarse “creativamente” a la sociedad, por sus medios y en base a su propia capacidad de “encandilamiento” de la ciudadanía, convirtiéndolos en partidos con una indisimulada vocación patrimonialestatal (una suerte de partidos-Estado) como imprescindible y hasta único recurso para permanecer en el escenario político. Importa menos la función de partidos atrapatodo2 que su capacidad de negociación para formar parte de las sucesivas coaliciones gubernamentales.3 En otras palabras, es de mayor significación su capacidad de llegada al Estado que la de llegada a la sociedad; o, más bien, sólo su acceso al Estado les brindaría la oportunidad de dotarse de recursos que hagan viable la mantención de la maquinaria así como su contacto constante con la sociedad.4 Ello implica complementariamente que la existencia de líderes carismáticos, programas partidarios y demás elementos de acercamiento a la sociedad se subordinan a una lógica de apropiación estatal donde prima el empleo de la maquinaria partidaria. Esta realidad tiene su complemento en el afán de la población por sentirse integrada. Para ponerlo en términos descriptivos, cuanta en menor medida quien gobierne o cual sea su estructura discursiva, siempre y cuando permita generar en la población un sentimiento de “ser parte de”, en el sentido de haber sido alcanzados por el Estado.5 La sociedad legitimaría de esta manera el funcionamiento de los partidos como sinónimo de integración al Estado, fortaleciendo con ello su vocación estatista. En suma, seríamos testigos de una institucionalización del sistema de partidos alejada de los cánones de modernización

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¿No es ésta la razón que explica por qué las muertes de Max Fernández y Carlos Palenque no enterraron, como muchos lo creían, a sus partidos junto a ellos? ¿No explica esto por qué el General Banzer de ser un dictador que llegó a prohibir la actividad política durante su régimen, emitiendo incluso un decreto que impedía legalmente el funcionamiento de los partidos declarándolos en receso,7 pase a ser el líder de uno de los partidos más importantes del sistema? ¿O cómo entendemos que un partido de clase media como el MIR, de moderada representatividad, se haya insertado en el sistema partidario? En un principio baste adelantar que no resulta suficiente creer en la plausibilidad del voto póstumo,8 en la abnegada vocación democrática de Banzer9 o en el carisma de Jaime, como explicaciones monopólicas. Digamos, más bien, que estas preguntas encontrarán respuestas parciales a lo largo de la exposición, que intenta resolver básicamente cuatro interrogantes fundamentales en el marco de la tercera fase. 1.

¿Cuál es la relación de los partidos con aquellas organizaciones de la sociedad que “ocupaban” los espacios vacíos dejados por el Estado (comités cívicos y sindicatos)?

2.

¿Cómo se relacionan los partidos con los denominados outsiders?

3.

¿Cuál es la vinculación partidaria con los actores centrales de la descentralización: las OTBs?

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4.

¿Cómo se insertan los partidos en esta nueva fase de ampliación del proceso de modernización institucional?

Antes de entrar a desarrollar estas preguntas, valga poner en claro que este proceso de consolidación no ha seguido la linealidad ascendente que proponemos. Por el contrario, la democracia no ha estado libre de percances desde su retorno hasta la fase previa a la descentralización, que no serán considerados en este texto. La referencia a otros períodos, por tanto, es meramente descriptiva. Asimismo, aunque el trabajo concentra su atención en las reformas mencionadas, el énfasis recae fundamentalmente en la descentralización municipal, haciendo un esfuerzo por “desurbanizar” el análisis. Esto nos lleva a realizar un particular hincapié en los nuevos municipios, de los que 203 son completamente rurales y otros 85 cuentan con poblaciones menores a las 15 mil personas. Por otra parte, es lícito sostener que la consolidación aludida podría verse seriamente afectada en caso de no existir la obligatoriedad constitucional favorable a los partidos políticos como únicos canales regulares de competición electoral. Uno de los pilares de la consolidación, entonces, no tomado en cuenta en este trabajo más que como telón de fondo, es precisamente el atingente a este precepto constitucional.

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UNA MIRADA HISTORICA AL MOVIMIENTO SINDICAL10 Fernando Garcia Argañaras11 señala con certeza que la historia de Bolivia en las décadas anteriores al retorno de la democracia en 1982 registró numerosas elecciones, pero ni los derechos democráticos ni la legitimidad popular fueron logrados por medios electorales. La razón era simple. A partir de 1952, el empate histórico imperante entre las configuraciones sociales y políticas (Fuerzas Armadas y el movimiento sindical encarnado en la COB), previnieron la institucionalización de la política partidaria y parlamentaria. El movimiento sindical se erigió así por espacio de tres décadas en la organización de máxima representatividad de la sociedad, opacando el rol de los partidos políticos, que al carecer de poder de convocatoria debieron supeditarse a la COB, hasta el punto de ser considerados meros instrumentos de apoyo de los auténticos portavoces del pueblo.12 Sin embargo, el restablecimiento de la democracia marcó el principio del final de esta tendencia. En un inicio se pusieron de manifiesto las presiones sindicales por tomar parte en los mecanismos de decisión del Estado. Estas demandas generaron una serie de conflictos y estrategias contradictorias entre el Estado y el movimiento sindical que básicamente se pueden resumir en tres.13 -

la integración del movimiento sindical en el contexto de la democracia representativa.

-

la construcción de una democracia representativa “pura” que no admite otros medios de participación que los partidos políticos.

-

la suplantación de la democracia representativa por una aparente democracia sindical directa.

LOS PARTIDOS POLITICOS Y LOS SINDICATOS En este primer tema a ser desarrollado, intentaremos ofrecer una breve descripción histórica del movimiento sindical. Luego, observaremos su involucramiento con el proceso de descentralización, para finalizar poniendo al desnudo las posibles consecuencias de su relación con los partidos políticos. 41

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Estas tendencias pusieron al descubierto la debilidad del Estado imposibilitado de resolver la precariedad del sistema político y la incertidumbre e ingobernabilidad de la sociedad civil. Sin embargo, esta pluralidad de opciones democráticas empezaron a ceder terreno ante la agudización de la crisis económica y política global, que languidecieron no sólo al gobierno de la UDP, sino fundamentalmente al movimiento sindical, que de una fase “ascensional de creciente capacidad articulatoria entre las diversas esferas de demanda social y política del movimiento” (de octubre de 1982 a septiembre de 1983), transitaron a un estado de “reflujo y desarticulación” de estas demandas (de septiembre de 1983 hasta mediados de 1985).14 Ni siquiera las conflictivas coyunturas de marzo y septiembre de 1985, en las que el movimiento obrero hizo gala de un discurso y una práctica extremadamente radicalizados, procurando propinar lo que consideraban sería la estocada final a la “democracia formal”, lograron su cometido, produciéndose más bien un efecto inverso a sus intereses, deteriorando así aun más su capacidad de veto al Estado.15 De esta manera, las condiciones del contexto histórico anterior al gobierno de Víctor Paz E. prepararon la derrota sindical que alcanzó su apogeo en 1985 en torno a tres medidas: la mantención de las elecciones como exclusivo mecanismo de alternancia de gobernantes, el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria rubricada en la designación en el Congreso Nacional del viejo caudillo del MNR como Presidente Constitucional de la República, no obstante haber conseguido el segundo lugar en las elecciones, y la implementación de la Nueva Política Económica que tuvo la virtud de restituir la capacidad decisoria del Estado en el destino de la economía nacional superando la hiperinflación.16

e institucionales, hasta el restablecimiento de la autonomía estatal y la posibilidad de retomar las riendas en el manejo de la administración de la política económica, postró a la clase obrera a un estado de marginalidad, abriendo las puertas a los partidos políticos para que asuman el papel protagónico en el sistema democrático. Esta situación, desde nuestro criterio, puede ser concebida como una primera fase del proceso de des-sindicalización, que si bien tuvo su epílogo en 1985, es evidente que ya en el gobierno de la UDP se vivió “el desajuste entre un Estado gestionado por partidos y una sociedad, más que nunca organizada por sindicatos”;17 desajuste que preanunciaba la debacle.

Esta transición entonces, desde la aguda crisis nacional con un Estado desorientado y sobrepasado ampliamente por los actores sociales

Como podemos observar, la creciente fortaleza del sistema de partidos corre paralela a la pérdida de poder del movimiento sindical. Ecuación particularmente cierta en la coyuntura electoral de 1985, donde la crisis imperante posibilitó un vuelco radical en las preferencias de la población que llegó a arrimarse y hasta a identificarse con partidos de derecha (ADN y el MNR). Esta coyuntura, como rebalse de un largo proceso previo, puso en escena de manera escalofriante por su nitidez, a los actores salientes y entrantes de la democracia representativa en los vértices opuestos: la derecha victoriosa encumbrada en el poder y una izquierda, de rostro sindical, maltrecha, intentando dar sus últimos manotazos en el fondo del pozo. Sin embargo, al bajar las aguas, el sistema partidario empezó a “descender” y el movimiento sindical a “escalar”. Escasos peldaños, pero difíciles de ser subestimados. No en vano Miguel Urioste, al testimoniar sobre su presencia en el gobierno de Sánchez de Lozada constata el relativo éxito de la oposición sindical, que habría conseguido un objetivo muy importante: demorar de forma significativa el calendario gubernamental, desfasando peligrosamente los tiempos políticos de los tiempos técnicos a tiempo de generar un grave desgaste en la credibilidad presidencial y del gobierno en su conjunto.18

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Resulta innegable sostener entonces que la “primera transición” -de un régimen autoritario a otro democrático- fomentó un marginamiento parcial del movimiento sindical, que aunque claramente desarticulado, no deja de influir en las decisiones gubernamentales y en la aplicación de las políticas públicas. En todo caso, a pesar de este matiz, es evidente que esta primera fase hizo posible soltar las amarras para iniciar un proceso de desnacionalización de la política, en dirección a la exclusividad del sistema de partidos. 19 Hecho plenamente corroborado en la flexibilización de las relaciones laborales que han quebrado la tradicional negociación triádica entre el Estado, la empresa privada y el sindicalismo, llegándose a extremos en que los mismos proyectos de modernización de las relaciones laborales, ingresan directamente al Congreso sin pasar por los predios sindicales.20

Comencemos por descartar la posibilidad de que la LPP contenga la dosis de voluntarismo que se le quizo atribuir, pero partamos de la incuestionable tesis de que los sindicatos y con seguridad los comités cívicos -aunque este análisis se centra principalmente en los primeroshan tenido, o lo deben hacer en el futuro, que modificar sus tradicionales pautas de comportamiento, tomando la incursión rural del sistema de partidos como un dato definitivo y desafiante.

EL MOVIMIENTO SINDICAL EN LA COYUNTURA DE LA DESCENTRALIZACION Resta conocer como las nuevas reformas que se vienen implementando han modificado este panorama de evidente decaimiento sindical. No cabe la menor duda que sus efectos serán reconocidos en un plazo mediato, lo que no desmerece adelantar algunas observaciones en base a algunos elementos incipientes, pero lejos de ser irreales. De esa manera, podemos retomar viejas inquietudes que rodearon el entorno de la Ley de Participación Popular (LPP) en su despegue y que probablemente se resumen en la siguiente pregunta: ¿eran ciertos aquellos temores que concebían la LPP como un intento de silenciar a los “representantes naturales” de la sociedad civil: los sindicatos y los comités cívicos?21 Una respuesta única y definitiva sería engañosa, dado que esta interrogante sigue un cauce ciertamente ambiguo, que amerita a contestar tanto en un sentido afirmativo como negativo.

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¿Qué alteraciones impone entonces el proceso combinado de descentralización?22 Tengamos como premisa que las reformas actuales, en particular las referentes a este proceso combinado, han permitido el establecimiento de una “política constitucional” que sienta las bases para lograr una “segunda transición” desde una democracia con insuficiencias y desajustes institucionales hasta otra consolidada.23 La hipótesis que sostenemos es que esta segunda transición inaugura una segunda fase de des-sindicalización, cuya contraparte partidaria apunta a un constante repunte del sistema de partidos. Las razones que explican esta argumentación son preliminarmente cuatro: -

El movimiento sindical, aunque de alcance rural, no responde a la división territorial que impone la descentralización municipal. Su estructuración es más bien urbana y centralista en casi similar proporción al Estado centralista que combatieron. Es decir, el proceso de “elasticidad política”24 corre a mayor velocidad que su capacidad de adaptación.

-

Aun bajo el supuesto que en algunos departamentos el movimiento sindical esté estructurado en torno a la sección de provincia, o consiga organizarse en un futuro cercano municipalmente, no necesariamente conlleva este logro la posibilidad de coordinar las actividades sindicales

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intermunicipalmente, lo que deriva en un nuevo momento de mutilamiento de la política, que transita a una fase de “desdepartamentalización” y “des-provincialización”. -

Las nuevas formas de participación son distintas a las formas corporativas defendidas por el movimiento sindical, y su complementariedad es un problema pendiente.

-

Las elecciones municipales tuvieron un efecto de partidización de las élites tradicionalmente representativas organizadas en torno al sindicato. Así se pudo constatar en una encuesta realizada por la Secretaría Nacional de Participación Popular (abarcó un universo de un tercio de alcaldes y un poco más de un quinto de los concejales titulares). El 79,8% de los burgomaestres fue en alguna ocasión dirigente sindical; cifra mermada en el caso de los concejales, que aunque se dedicaron a esta faena sólo en un 40,1%,25 conformarían, si extrapolamos este dato a los 1625 concejales existentes, un universo de aproximadamente 700 concejales con antecedentes sindicales. Asimismo, un censo realizado por la misma Unidad a consejeros departamentales, arrojó las siguientes cifras según el tipo de liderazgo que los habría consagrado como personajes idóneos al cargo de consejeros: un 25% se considera líder político partidario, un 18,4% tendría origen sindical, mientras un mayoritario 46,9% se destacó por sus actividades como dirigentes cívicos.26 Como se observa, el traslado de la dirigencia cívica a las formas institucionales creadas por el proceso combinado de descentralización, ya es un hecho en ciernes, que exhibe la ruptura inexorable del centralismo departamental, como preludio de la pérdida de capacidad cohesionadora y movilizadora de los comités cívicos, cuya resolución de conflictos tiende a centralizarse en las propias jurisdicciones municipales.27 47

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En definitiva, este último aspecto implica la absorción de los líderes sindicales y cívicos por el sistema de partidos y con ello, el ensanchamiento de la brecha entre la dirigencia sindical nacional con los mandos medios además del cuestionamiento que supone para las oligarquías regionales. No es casual que en los albores de la LPP, la COB se haya mostrado reacia a su implementación, pues los obligaba a bajar a la base y democratizarse,28 desafío que aun permanece en pie. Asimismo, es dable pensar que las tentativas iniciales de dirigentes sindicales medios en contra de la LPP, por ejemplo prohibiendo que las comunidades a las que decían representar, se registren en el gobierno municipal para obtener su personería jurídica,29 queden completamente archivadas como simples anécdotas de las preliminares trabas del proceso.

LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA RELACION SINDICAL CON LOS PARTIDOS POLITICOS Todo ello no supone la desaparición de los sindicatos30 (ni de los comités), sino su relegamiento a esferas sociales que despolitizan su accionar como organizaciones de representación colectiva. Esta premisa no desconoce sin embargo que éstos poseen todavía un considerable capital político que muchas veces entorpece y otras veces favorece su vinculación con la democracia representativa. A nuestro entender, la ampliación del sistema democrático ha propiciado cuatro distintas formas de contacto con los partidos políticos en las fases preelectoral y postelectoral, 31 que de modo preliminar pueden clasificarse como de -

desvinculación: en las zonas periféricas de los Gobiernos Municipales que se encuentran a distancias enormes de la

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capital municipal, los sindicatos allá constituidos, si bien han visto mejorada su posibilidad de votar, dada la descentralización de mesas electorales, no han tenido la oportunidad de proponer sus propios candidatos. -

subordinación a las decisiones del partido: representantes sindicales que no han quedado al margen de la lista de candidatos a alcaldes y concejales, pero que se encuentran sólo excepcionalmente dentro de la franja de seguridad.

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concertación: se han negociado los puestos dentro de la franja de seguridad, quedando el representante sindical como suplente del candidato a alcalde o como segundo concejal. imposición sindical: la fortaleza de los sindicatos ha hecho viable la designación de algún líder sindical, y sus acompañantes de fórmula, como candidato a alcalde y concejales, sin cuestionamiento de la cúpula partidaria.

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En suma, si bien comprobamos una oscilación entre lo que Angelo Panebianco distingue como el desarrollo organizativo de un partido por “penetración territorial” o por “difusión territorial”,33 la balanza se inclina en favor de la primera opción, poniendo al desnudo una estructuración partidaria ciertamente centralista en desmedro de las organizaciones tradicionales de representación, que tendría adicionalmente un efecto desestabilizador y de potencial tergiversación de lo que es el nudo democratizador de la descentralización municipal: la planificación participativa.

LOS OUTSIDERS Y LOS PARTIDOS POLITICOS En este acápite veremos las condiciones objetivas que han posibilitado el surgimiento de nuevos líderes, algunos de sus rasgos particulares y su forma específica de vinculación partidaria.

En la fase postelectoral, esta vinculación diferenciada ha repercutido en la igualmente heterogénea inserción de las demandas de base en el Programa Operativo Anual (POA) municipal. Aunque no existe un estudio sobre el tema, es lícito sostener la afirmación hipotética de que los talleres de planificación participativa han contado con la presencia de las comunidades de base de donde provienen el alcalde y los concejales.32 Lo que en breve significa que una auténtica participación en los talleres y la consecuente introducción de las demandas ciudadanas en el POA dependería, en buena medida, de la capacidad de los líderes “naturales” (de las distintas organizaciones representativas entre las que destacan los sindicatos) de negociar su incorporación en el partido y participar en las elecciones, para una vez en el poder favorecer a sus comunidades.

La descentralización combinada ha cubierto el ambiente político de medianos y no tan medianos liderazgos. Al parecer hay una urgencia por recuperar el tiempo perdido de las últimas tres a cuatro décadas, donde el monopolio político de algunas contadas figuras descollantes del 52 habría obstruido la aparición de nuevos liderazgos. Como apunta Carlos D. Mesa,34 la perniciosa alianza del caudillismo secante y el militarismo habría matado a toda una generación. Hoy, la apertura de espacios variados de competición electoral parecen cobrar venganza, promoviendo la proliferación de rostros nuevos en la escena política, que no obstante ampliar los márgenes de la democracia representativa,

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LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL SURGIMIENTO DE NUEVOS LIDERES

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mantienen un alcance circunscrito a territorios bien delimitados y a poblaciones específicas. ¿Cómo afectan estos liderazgos a la democracia?, ¿somos testigos de una tendencia hacia la disminución del rol de partidos, e incluso hacia una probable despartidización? Trataremos de responder a estas preguntas.

sería una multitud políticamente inerte. Novaro señala dos mecanismos para consolidar esta unidad. Por un lado, es a partir de la contraposición a un enemigo que se construye la identidad propia, que como tal es una identidad descentrada, pues su principio de unidad es externo a ellas mismas. La Revolución del 52 marcó el apogeo de este discurso. La fortaleza de esta estrategia radica menos en la persona que emite el discurso como en el discurso mismo. Aunque en la actualidad, en el marco del proceso combinado de descentralización, algunas posiciones han intentado reconstruir este mecanismo, contraponiendo los partidos (como los enemigos o lo que se conocía como antinación) a la región municipal (que haría referencia a la nación) es evidente que esta supuesta identidad regional municipal no antecede al proceso combinado de descentralización: el municipio como referente de identidad es completamente nuevo. De tal modo, el empleo de este discurso (que tampoco puede ser ignorado actualmente) no observa que en esta preliminar coyuntura, el partido funge como instancia general de representación y coordinación de la sociedad inscrita en el municipio.

A nuestro criterio, esta súbita aparición de figuras tiene su origen menos en las dotes personales de los potenciales líderes, que en el establecimiento de ciertas condiciones objetivas que hacen factible, e incluso irremediable, su nacimiento. Condiciones objetivas que habrían sido impulsadas por el Estado. Podemos agruparlas en dos. Una primera respuesta a esta delimitación reside en el diseño institucional que instauran las reformas descentralizadoras: la Ley de Participación Popular, La Ley de Descentralización Administrativa, la Reforma a la Constitución y la Reforma al Código Electoral. En el entendido que las instituciones tienen la peculiaridad de configurar la política, moldeando las identidades, el poder y las estrategias de los actores, 35 podemos sostener que la apertura de espacios de competición electoral en regiones de territorialidad menor a la nacional, reconfiguran la distribución del poder político en torno a éstas, afectando el carácter del liderazgo político y la forma en que los políticos desempeñan sus funciones. Es decir, sin quebrar necesariamente el monopolio de la clase política tradicional, es evidente que ésta se expande, haciendo impostergable la aparición de nuevos representantes políticos. Una segunda explicación pasa por la declinación de la capacidad de crear “identidades descentradas”, que prepara el terreno para la personalización de la política como estrategia de conformación de la identidad.36 La noción de identidad refiere al principio de unidad de un actor colectivo, a aquello que mantiene unido lo que de otra manera 51

A mi entender, son ciertos grupos de intelectuales los que han hecho mano de este mecanismo -lo que no quiere decir, como lo veremos más adelante, que en algunos casos, alcaldes y concejales comiencen a adoptar similar posición, aunque sin el desdén antipartido37- en base a su propia experiencia fundamentalmente urbana (en las capitales). Sin embargo, en el espacio urbano las condiciones son diametralmente opuestas a las recientes experiencias de los más de 250 nuevos municipios rurales: por un lado, en los municipios urbanos las negociaciones interpartidarias “bajo la mesa” han sido moneda corriente, restando transparencia a los propulsores de estos acuerdos y deslegitimando a sus partidos. Por otro lado, la identidad municipal en las capitales está notoriamente desarrollada.

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A contrapelo de estas interpretaciones, de sesgo eminentemente urbano, en este trabajo se sostiene la hipótesis de que los mismos actores municipales habrían recibido la partidización de sus espacios, otrora desatendidos, con satisfacción o indiferencia pero en contadas y escasas ocasiones con desdén.38 De esta manera, este primer mecanismo no tiene cabida sino de manera tenue.

ALGUNOS RASGOS DESTACABLES DE LOS NUEVOS LIDERAZGOS

Un segundo mecanismo, suele reivindicar para las identidades la referencia a valores, voluntades e intereses, lo que implica que serían determinadas ideas las que producen en los sujetos el efecto de la identificación; ideas que no se presentan en forma inmediata sino que deben ser representadas. Representadas por una persona; es aquí donde hace falta un líder, quien cobra importancia no tanto por lo que diga, sino por los símbolos que despliega. Cuenta, a diferencia del mecanismo descrito, la persona antes que el discurso. A nuestro criterio, este mecanismo es el que prevalece, posibilitando la irrupción de nuevas figuras. En definitiva, existen claras condiciones objetivas para el surgimiento de neófitos representantes políticos. Tanto la específica institucionalidad descentralizadora y la evolución del discurso de confrontación como eje de convocatoria y conformación de identidades dan pie a su surgimiento. Su aparición no responde entonces tanto a la eficacia de instrumentos privados de acceso a la sociedad, como por ejemplo los medios de comunicación, como a la misma acción del Estado, que se ramifica por todos los confines del país. El surgimiento de líderes locales tiene al Estado como padrino de nacimiento.

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Esta aseveración se puede esclarecer si nos preguntamos si en verdad estos liderazgos son “tan” nuevos. Es pertinente hacernos esta pregunta en la medida que los denominados outsiders son personalidades relativamente nuevas que tienen la virtud de romper la monotonía del cuestionado accionar de los políticos profesionales, edificando nuevas pautas de comportamiento capaces de sustituir a los partidos políticos. Desde nuestra perspectiva, y como ya lo venimos desarrollando, la novedad no reside tanto en las personalidades locales como en el arribo del Estado a remotos páramos del país a través de los partidos políticos. En la encuesta antes citada pudimos comprobar que al igual que en la elección municipal de 1993, en la que el 68% de las nuevas autoridades municipales nacieron en el mismo municipio, este dato también es dominante e incluso aumentado en 1995, ya que el 73,6% de los alcaldes y el 75,3% de los concejales son oriundos del lugar. Además no sólo son oriundos, sino que casi en un 80% residen por más de 10 años en la sección de provincia que representan.39 Esto evidencia que los nuevos líderes son en verdad viejas personalidades conocidas y respetadas en la región desde antes de la descentralización. No se trataría de figuras que han surgido como “verdaderos” outsiders, en el sentido de adoptar un discurso antipartido y en contra de los políticos profesionales. 40 Este discurso tendría como finalidad atraer al elector, sacándolo de la rutina partidaria y de la cotidianidad de la política; cuestiones particularmente necesarias en las grandes ciudades, donde la considerable distancia entre la ciudadanía y sus candidatos -ahondada por los síntomas alarmantes de corrupcióndificulta su relación, deslegitimando las más de las veces a los partidos y políticos tradicionales, lo que hace imprescindible la búsqueda y

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puesta en práctica de mecanismos novedosos de movilización de la población, entre los que sobresale el discurso antipartido. Empero, en la mayor parte de los municipios de Bolivia la corrupción no ha tenido lugar; en realidad ni siquiera han tenido la oportunidad de corromperse. Asimismo, la televisión como reconocida “comadrona” de outsiders,41 mantiene aún un carácter elitario. Por último, la ausencia del Estado, como un otro “requisito”para el surgimiento de outsiders, antes que posibilitar su aparición, ha legitimado. En suma, la ruptura de la cotidianidad no habría tenido lugar como efecto de las actividades sobresalientes de posibles líderes, sino con la “irrupción rural” del sistema político otrora restringido a las áreas urbanas.

sostener esta conclusión: en los datos obtenidos en la encuesta antes mencionada pudimos observar que los alcaldes, a contrapelo de lo que se piensa, tienen militancia en casi cuatro quintas partes (79%); mientras que los concejales se encuentran en la misma situación en un 70,4%.43 Este dato mantiene su proporción cuando escalamos de lo municipal a lo departamental y constatamos que los consejeros departamentales son militantes en un abrumador 68%.44 Esta elocuente cifra describe la evidente euforia partidista que se vive. En ese sentido, no resulta cierta (o resulta cierta sólo parcialmente como veremos en el siguiente capítulo) la tesis que contrapone el municipalismo a la vitalidad partidaria.45

En breve, cuenta el peso del líder, al menos en esta coyuntura inicial (me refiero a la elección de diciembre de 1995), sólo y en la medida que pertenezca a un partido. Similar situación resulta evidente incluso en conocidos líderes antipartido como Mónica Medina, Percy Fernández y/o Manfred Reyes Villa, quienes en los albores de su carrera se sujetaron en mayor o menor medida a determinados partidos políticos. Sólo su innegable capacidad demostrada en más de una gestión como concejales y alcaldes, en el caso de los dos líderes políticos, y como alcaldesa, posibilitaron un paulatino fortalecimiento de sus liderazgos y la capacidad de actuar sin consultar necesariamente con las cúpulas partidarias. Medina intentó arrimarse a la clase media paceña, dejando al margen la tradicional actitud de confrontación del máximo líder condepista; el Bombón obvió por completo al MBL, llegando a coquetear con cuanto partido se le antojaba; mientras que Percy si bien se inscribió como militante al MNR, su comportamiento lo llevó a ser una suerte de independiente del MNR.42

LA VINCULACION DE LOS NUEVOS LIDERES CON LOS PARTIDOS POLITICOS Sin embargo, no todo es color de rosa. Esta militancia no es el tipo de identificación partidaria de antaño, capaz de conformar sólidas identidades partidarias. Es más bien una militancia por conveniencia o de orientación dual: de “cara para arriba”, frente a los “dueños” del partido, se es militante. Mientras que de “cara para abajo”, se olvidan los colores con el objetivo de trabajar armónicamente entre concejales y alcaldes de distinto partido. Así lo han demostrado, por ejemplo, las autoridades municipales de diversos municipios y partidos políticos que han empezado a conformar mancomunidades municipales para promover el desarrollo sin tomar en cuenta su militancia diferenciada.46

De esta manera, podemos pensar en la consolidación, al menos provisional, del sistema de partidos. Mayores pistas nos llevan a

¿Qué da cuenta de esta situación? Como lo habíamos adelantado, ya se observa una actitud similar a la criticada a los intelectuales que se esfuerzan por contraponer el partido a los intereses de la región.

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La diferencia radica en que las autoridades municipales esquivan en determinadas oportunidades su filiación o compromiso partidario, como en el caso aquí comentado de las mancomunidades, a tiempo de ser simultáneamente militantes partidarios. Una explicación definitiva no está al alcance de este ensayo. Sin embargo, subyace la hipótesis de que esta situación se origina en la percepción generalizada de la política como un potencial canal de ascenso social, cuyo efecto es la partidización cuando se trata de los intereses individuales de un ciudadano con posibilidades de asumir roles de mando, paralela a la despartidización en tanto se aboga ( o se hace creer que se aboga) por asuntos de interés colectivo.

Por otra parte, es evidente que la obligatoriedad constitucional que fija al partido como el único canal de participación en las elecciones condiciona a los posibles candidatos a ponerse una careta de militantes por necesidad antes que por interés en el partido específico en que se milita. Esta instrumentalización partidaria alienta el tranfugio, en la medida que importa poco la singularidad e imagen de un partido como la necesidad de subirse al carro de la democracia.

A nuestro entender, este comportamiento responde a dos tendencias. Abriga, por un lado, un cúmulo de elementos de tinte poco democrático, afines a pautas de comportamiento clientelares y prebendales. La posibilidad de ser catapultados por la política a confines socioeconómicos tradicionalmente vedados, así como a puestos de mayor prestigio, los llevaría a supeditarse a este tipo de prácticas. La consolidación del sistema de partidos, por ende, tendría en éstas un posible asidero. Algunos autores remarcan que de no ser por la descentralización, habríamos entrado en un proceso de “senderización”.47 Aunque este es simplemente un juicio de valor, es evidente que una ampliación de las redes clientelares y prebendales antes restringida a las capitales, sofoca esta mentada violencia en ciernes, en la medida que el clientelismo es un mecanismo eficaz para lograr su aplacamiento.48 De ese modo, la personalización desmedida de la política sufre un nuevo recorte, acercando las nuevas figuras a la racionalidad instrumental de la rutina burocrática partidaria (con todas las taras clientelares, prebendales y de ineficiencia que pesan sobre ella y que los nuevos representantes, en no pocas ocasiones, se encargan de alimentar) a tiempo de alejarlas de la apriorística crítica a los partidos.49 57

Todo esto dificulta el enraizamiento de la democracia representativa, alentando una paradójica consolidación del sistema de partidos en medio de una esfera de pervivencia de actitudes premodernas.

LOS PARTIDOS Y LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE (OTBs) El proceso combinado de descentralización parte del objetivo incuestionable de intentar crear mecanismos institucionales que articulen la democracia representativa organizada partidariamente con formas locales de organización, insertando en este proceso a las organizaciones territoriales de base. En este cometido, trataremos de observar la relación que existe entre las OTBs y los partidos, además de la percepción de las OTBs al respecto.

LA RELACION DE LOS PARTIDOS CON LAS OTBs La Ley de Participación Popular inaugura un proceso de reconciliación de la sociedad civil con el Estado, posibilitando a las organizaciones territoriales de la sociedad, como nunca antes, obtener

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y/o recuperar espacios de poder.50 Sin embargo, sin desmerecer estos avances, es preciso exhibir la contracara de este evidente proceso de democratización en torno a la específica relación que empiezan a establecer con los partidos políticos. Veamos. Ya en la fase preliminar de implementación de la Ley de Participación Popular, Fernando Mayorga supo advertir la situación a la que estarían sometidas las OTBs: indudablemente su reconocimiento legal y su posibilidad de intervenir en los talleres de planificación participativa, brindaban a la sociedad una mayor densidad organizativa digna de ser remarcada, en la medida que anunciaba una nueva forma de relacionamiento con el Estado más directa y eficaz. Sin embargo, éstas, de acuerdo al autor, estarían maniatadas el momento de intentar producir un impacto político en términos de efecto estatal.51 En otras palabras, las OTBs tendrían una influencia política restringida que recaería y hasta sería monopolizada por las autoridades municipales pertenecientes a partidos políticos. Aunque esta posición es discutible, pues subvalora la capacidad de negociación indudablemente política que han adquirido algunas OTBs y Comités de Vigilancia, no deja de contener una considerable dosis de verdad. Algunos elementos confirman ello. -

algunos partidos políticos en función de gobierno municipal han creado OTBs en vez de reconocer a las organizaciones territoriales ya existentes. Ello conlleva desde el gobierno municipal una relación de beneficio político focalizado hacia ciertos grupos sociales enmarcados en la misma línea política de las autoridades municipales oficialistas, otorgándoles la personería jurídica en desmedro de las auténticas OTBs. Esta situación fue común en la primera fase de implementación de la LPP (especialmente en Potosí).52

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en algunas circunstancias la relación con las OTBs ha conducido a una “descolectivización” de la unidad sociocultural existente en el municipio (o en más de un municipio), pues no se reconoce a las organizaciones (étnicas) en sus niveles mayores, sino sólo en tanto fracción organizada como OTB.53 Las autoridades municipales constituyen la única instancia con potestad legal para reconocer a una unidad sociocultural mayor a una, dos o más OTBs, conformando distritos municipales. Si no tienen la voluntad de hacerlo, entonces esta relación tendería a deteriorarse.

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en el caso de darse una relación efectiva, la misma ha seguido en cierta manera un curso “desculturizador”, ejerciendo un único y exclusivo tipo de gestión pública (planificación participativa, PDM, etc.), que bien podría desvirtuar los mecanismos de planificación locales. Es decir, asistiríamos a una fase de probable supresión y/o estandarización de los “usos y costumbres” calificada como “proyectismo”.54 Ello conlleva como riesgo inherente una drástica simplificación del enlace que debía existir entre la democracia representativa y las formas locales de organización (democracias locales), convirtiéndose en probable caldo de cultivo de la proliferación indiscriminada de promesas “obristas”de parte de los candidatos electorales. Una estabilización del clientelismo institucionalizado.

En este sentido, resta aún un largo camino para fortalecer esta relación, 55 que sin embargo, tal como se presenta, no afecta la consolidación del sistema de partidos.

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PERCEPCION DE LAS OTBs RESPECTO A LOS PARTIDOS

a una población contenta ya con el simple hecho de poder tomar parte en la designación de autoridades. Al menos coyunturalmente parece mayor la valoración que la población otorga a la mera presencia del Estado en su contexto social, que los resultados que se consigan en términos de eficiencia. En breve, la población entiende la creación de nuevas instancias de representación como una inmejorable oportunidad de sentar las bases definitivas (o preliminares) de la integración, sintiéndose verdaderamente bolivianos, a tiempo de colmar sus anhelos de civismo.57 Satisfacer las demandas en el nivel simbólico parece ser en un primer momento la prioridad de la ciudadanía.58

Independientemente de los obstáculos que se vayan presentando en la relación que se establezca entre los partidos políticos y las autoridades municipales con las OTBs, la percepción de la población, especialmente en los nuevos municipios, es de enorme expectativa. Hace sólo algunos años el vacío estatal en estos territorios era sinónimo de falta de integración al Estado nacional, que tuvo secularmente una existencia más discursiva que real. Hoy, sin embargo, estamos inmersos en una fase de generación de instancias múltiples y diferenciadas de representación. Las reformas institucionales en curso han modificado abruptamente el esquema unidireccional de representatividad previamente existente, con el gobierno nacional como el único eje de representación, sólo levemente fortalecido desde 1987 con las elecciones municipales. Actualmente contamos con un sistema político de representatividad escalonada que transita desde el nivel nacional hasta el municipal. En el tope de la jerarquía se encuentra el diputado uninominal, secundado inmediatamente por el consejero departamental. Un peldaño más abajo la ciudadanía tiene el derecho de elegir a sus representantes municipales (alcaldes y concejales), e incluso, dentro del mismo municipio, se suma la posibilidad de nombrar a un subalcalde de distrito.56 Este incremento de espacios de representatividad no implica necesariamente un incremento en la calidad de la representación. Es dable pensar, a priori, que la legitimidad de estas instancias mantiene una correlación inmediata con la eficiencia que lleguen a demostrar los partidos políticos y las autoridades que a su cargo. Sin embargo, esta premisa aparentemente obvia, no tiene lugar en la actualidad, frente

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Se tiende, en suma, a una consolidación ciertamente paradójica del sistema de partidos. Este tipo de percepciones lo fortalece, sin exigir necesariamente la eficiencia partidaria.

LOS PARTIDOS EN LA FASE DE AMPLIACION DEL PROCESO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL Como analiza René Mayorga, Bolivia exhibe fuertes tendencias de modernización política que tomaron forma en ciertas estructuras institucionales que desde su punto de vista serían las más importantes del sistema político: un formato de sistema multipartidista moderado, una lógica de democracia pactada y un sistema de gobierno transformado en un presidencialismo parlamentarizado.59 ¿Cómo se adecuan estas características al sistema político municipal y en qué medida influyen en el proceso de consolidación del sistema de partidos? En primer lugar, la condición del sistema multipartidista moderado no ha variado, a no ser por el fortalecimiento de partidos de alcance regional como el FRI o ASP (que se prestó la sigla de IU),

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que en todo caso se encuentran lejos de polarizar el sistema de partidos. Luego, en lo tocante a la hibridez del sistema de gobierno, los últimos eventos en torno al voto de censura han demostrado que la dimensión parlamentaria tiene tanto o mayor peso que el mismo alcalde, cuestión que ha hecho aflorar el rostro partidario en su faceta más deplorable: las negociaciones han despersonalizado las elecciones dando la batuta del proceso a los altos mandos partidarios. Por último en lo que atañe a la condición de democracia pactada podemos señalar en primera instancia un par de diferenciaciones con el nivel nacional60. -

en el nivel municipal se han dado mayorías suficientes y hasta autosuficientes que hacen innecesarias las negociaciones

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los acuerdos locales no reflejan necesariamente los nacionales y se sintetizan en la fórmula “Tus votos en mi mayoría relativa a cambio de mis votos en tu mayoría relativa”, con algunas concesiones a las pequeñas minorías que pueden o podrían alterar los equilibrios.

Estas observaciones, si bien son pertinentes, no alteran dos factores, mutuamente contradictorios, que se han observado en el proceso de negociación: uno de potencial democrático y otro no tanto. Comencemos por este último. Por un lado, recopilando las apreciaciones de Berthin podemos pensar que: -

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la negociación tiende a generar polarización y conflicto interpartidista, desgastando el proceso democrático al crear divisiones, incertidumbre, pugnas, fraccionamiento, etc. la negociación trae consigo lo que se puede denominar desmunicipalización del proceso electoral.

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el proceso de negociación no es un proceso institucionalizado: no hay reglas claras, por lo que se convierte en un mecanismo que permite prácticas clientelares.

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el proceso de negociación homogeniza a los partidos. Durante las campañas los partidos tratan de diferenciarse unos de otros, pero el momento de negociar se da una homogeneización partidaria.61

Estas particularidades del proceso de negociación podrían confirmar la tesis que en algunos procesos de democratización, el partido que gana la primera elección usa su control estatal para establecerse como una maquinaria clientelar con el objetivo de prorrogarse en su cargo por décadas.62 Sin embargo, es pronto para decir la última palabra. En tanto, revisemos la faceta democrática.63 En las elecciones municipales de 1995 se pudo constatar que en un 13,8% los candidatos han obtenido la mayoría absoluta, posibilitando la elección directa del alcalde. En los restantes 268 municipios se recurrió a la democracia pactada. En este proceso de negociación sólo en un 0,9% han empantanado los acuerdos; cifra que no deja de llamar la atención. A nuestro entender sería exageradamente simplista sostener la hipótesis de que las pautas clientelares antes descritas habrían hegemonizado este proceso de concertación en estas 268 secciones municipales. Más aconsejable sería creer en la vocación democrática de las autoridades municipales. En todo caso, con más o menos “arraigo democrático”, los elementos centrales de la modernización institucional que sostienen el sistema político -y obviamente, el sistema de partidos- no han sido alterados en su esencia. Por el contrario, la dimensión parlamentaria

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actual notoriamente fortalecida con el voto de censura tiende a beneficiarlos más. Al menos coyunturalmente.

aún no está consolidado? ¿Supone ésto que formamos parte de lo que Guillermo O' Donnell caracteriza como “poliarquías de un tipo diferente”?66 Una respuesta categórica no haría sino encasillarnos en categorías no siempre coincidentes -o sólo parcialmente- con la realidad. En todo caso, aunque existen sin duda elementos para pensar que la “democracia delegativa” ronda peligrosamente nuestros confines, también se pueden rescatar notables muestras de democratización de nuestra cultura. Entre los primeros, podemos estar convencidos que lo que Fernando García bautiza como “la forma estatal prebendal corporativista”, refiriéndose al Estado del 52,67 no ha sido plenamente superado. De una forma estatal oscilante entre el prebendalismo y la coerción (de civiles a militares) que marcó el período de vida del Estado del 52, pasamos de 1985 en adelante a una forma estatal de “prebendalismo pactado”. Empero, resaltar sólo este aspecto, oscurece la poderosa voluntad asumida para propiciar los avances institucionales en curso. Además, resulta absurdo creer que sólo una plena democratización de las actitudes sociales y políticas de los partidos políticos sería la condición indispensable para hablar de una consolidación del sistema de partidos. Un énfasis excesivo en “la cultura cívica” no es lo más aconsejable. Como señalan Schmitter y Lynn los principios democráticos se “basan en reglas de prudencia y no en hábitos profundamente arraigados de tolerancia, moderación, respeto mutuo, juego limpio, disponibilidad para comprometerse o confianza en las autoridades públicas”.68

CONCLUSION De la Revolución de 1952 surgió una relación directa entre las fuerzas sociales y el Estado sin estructuras mediadoras que los separe y vincule, definiendo un escenario político donde un sistema de partidos propiamente dicho estaba ausente. La posibilidad de erigirse como un sistema de partidos con cierta autonomía como subsistema del sistema político, recién comienza a manifestarse iniciado el proceso de transición. En este contexto, el funcionamiento del sistema de partidos de 1982 hasta 1985 fue bastante contradictorio, resultado de la profunda crisis social traducida en una alarmante fragmentación y polarización política e ideológica. Ya en 1985 somos testigos de la emergencia de un nuevo sistema político con altos niveles de institucionalización, que pone al sistema de partidos como protagonista central del sistema democrático, recuperando su centralidad y monopolio de la representación.64 Esta centralidad, como hemos intentado demostrar en este ensayo, se ve notoriamente fortalecida en esta nueva fase de descentralización. Ello se constató en la relación que los partidos establecen con las organizaciones sindicales, los nuevos líderes municipales, las OTBs y con el proceso de modernización implementado. Observamos, pues, una linealidad ascendente en el proceso de consolidación del sistema de partidos. Sin embargo, se ha podido poner en evidencia que esta consolidación camina aparejeda de comportamientos no del todo democráticos, que muchas veces torna confusa, compleja e indefinible la actual situación del sistema de partidos.65 ¿Implica ello que el sistema

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Sin embargo, hay que permanecer alerta. No podemos estar completamente convencidos que esta modernización, en cierta manera premoderna, llegue a consolidarse a mediano plazo. La legitimidad no da cheques en blanco.

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calificado como cholo; una especie de “cholo neyorkino”, cf. Roberto Laserna, Productores de democracia, CERES-FACES, Chochabamba, 1992, p.239) surgida por voluntad y esfuerzo propio, sin la ayuda del Estado, y muchas veces con éste en contra, frente a partidos de la empresa parasitaria y proestatal). Su participación en los acuerdos democráticos y consecuentemente en puestos de la burocracia, así como su “estatización” como resultado de la descentralización estatal, los habría aproximado a esta lógica estatal-autoritaria de manera paulatina.

C I T A S

(1)

Entenderemos por consolidación un “proceso dinámico de institucionalización política, en el cual las estructuras y reglas de juego democráticas llegan a constituirse en el único marco institucional legítimo aceptado por los actores sociales y políticos relevantes y adquiere una valoración normativa por sí misma”, cf. René Mayorga, “Reforma política y problemas de la consolidación democrática”, en Opiniones y Análisis, La Paz, 1997, p.33.

(2)

La función básica de un partido “atrapatodo” o “carch all party” es la maximización del voto, es decir, la posibilidad de conquistar el mayor número de sufragios de la ciudadanía; cf. Otto Kerchheimer, “The catch all party”, en Peter Mair (ed.) The west european party system, Oxford University, London, 1990, pp.50-60.

(3)

Esto ratifica la tesis que en un sistema de multipartidismo moderado todos (o casi todos) los partidos se orientan hacia el poder, cf. Giovanni Sartori, Partidos y Sistema de Partidos, vol. Y, de Alianza, Madrid, 1987, p.226.

(4)

Tampoco se puede pensar esta realidad en blanco y negro, ya que es evidente la necesidad de contar con una determinada cantidad de apoyo que se traduzca en votos.

(5)

Debemos reconocer que esta vocación estatal-patrimonial a la que aludimos puede dar lugar a una particular tipología de los partidos políticos, donde los partidos neopopulistas como CONDEPA, UCS e incluso el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, no serían incluidos en la misma, al menos en un principio, al haberse desarrollado a espaldas del favor estatal (una comparación con el sector empresarial nos permitiría hablar de partidos de la burguesía chola (hasta Goni fue

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(6)

Este ensayo comparte en no pocos aspectos la visión que sustenta Malloy que bien puede resumirse en la siguiente frase: las fuerzas políticas persiguen el poder gubernamental para asegurar y distribuir patronazgos y sólo después para cumplir con ideologías y programas”, cf. James Malloy, “El problema de la gobernabilidad en Perú, Bolivia y Ecuador”, René Mayorga (comp.), Democracia y gobernabilidad, Nueva Sociedad-ILDIS-CEBEM, Caracas-Venezuela, 1991, p. 139. Similar consideración es la que refleja el libro de Fernando Calderón (de.), Ahora si que si y si no por qué, CEDLA-CERES, La Paz, 1995, pp. 50-71.

(7)

James Dunkerley, Rebelión en las venas, Ed. Quipus, La Paz, 1987, p. 186.

(8)

Salvador Romero pone en evidencia que el apoyo a CONDEPA no sólo sería un voto emotivo de carácter póstumo. Este voto tendría raíces, por otro lado, en la crítica a la gestión gubernamental de Sánchez de Lozada; se trataría, entonces y además, de un voto castigo; cf. S. Romero B., “Lecciones de las elecciones”, en Cuarto Intermedio Nº 44, La Paz, agosto, 1997, p. 18,19.

(9)

No se puede discutir que Banzer se ha constituido en un pilar en la consolidación de la democracia boliviana, al haber posibilitado realzar la dimensión parlamentaria en base a acuerdos políticos con Víctor Paz y Jaime Paz. Sin embargo, esta actitud democrática “hacia afuera” deja

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aún mucho que desear “hacia adentro”, donde las decisiones tomadas y convenios firmados recaerían en la autoridad suprema del jefe máximo, así como la elección de los puestos más importantes en la estructura interna adenista serían realizados a dedo por el mismo Banzer; cf, Christian Jette, Carmiña Foronda y Miriam López, “La renovación de ADN: hasta donde se puede ser liberal y fiel al jefe?,” en PNUD-CIDES Gobernabilidad y partidos políticos, PNUD-CIDES, marzo, 1997, p. 52,59. (10) La exposición que sigue exhibe una linealidad ascendente del sistema de partidos desde 1982 hasta la actual coyuntura de descentralización, con una finalidad estrictamente descriptiva, no sujeta necesariamente a la realidad, que en momentos específicos a lo largo de este período, sufrió severos percances que llegaron a desestabilizar la democracia (cf. Jorge Lazarte, Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia. La nueva lógica política en acción, ILDIS-Los Amigos del Libro, La Paz, 1993, p. 76, 110, 237, así como René Mayorga, “Gobernabilidad en entredicho”, en René Mayorga (comp.) Democracia y gobernabilidad, Nueva Sociedad-ILDIS-CEBEM, Caracas-Venezuela, 1991, pp. 41-62. (11) Fernando García A., Razón de Estado y el empate histórico boliviano: 1952-1982, ed. Los Amigos del Libro-Mala Yerba, la Paz, 1993, p.284. (12) Así es como uno de los máximos líderes mineros, Filemón Escóbar, entendía la presencia de los partidos y en particular de los partidos de izquierda, cf. Filemón Escóbar, Testimonio de un militante obrero, HISBOL, La Paz, 1984, p. 264.

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(15) Godofredo Sandóval, Las mil caras del movimiento sindical boliviano, Ed. Panamericana, La Paz, 1986. (16) René Mayorga, ¿De la anomia política al orden democrático? CEBEM, La Paz, 1991, pp. 245-59. (17) Luis Tapia, “Fases de cambio político y sistema de partidos”, en Fabián Yaksic II F. y Luis Tapia Bolivia Modernizaciones empobrecedoras, Ed. Muela del Diablo, La Paz, 1997, p. 102. (18) Miguel Urioste, ¿Valió la pena?, Huellas, La Paz, p.89. (19) Luis Tapia, “La condición de lo político en Bolivia. Un ensayo de interpretación”, en Autodeterminación Nº 11, La Paz, diciembre, 1993, p. 53ss. (20) Rodolfo Eróstegui, “El desconcierto de la concertación”, en Tiempos Políticos de La Razón del 21 de agosto de 1997. (21) Entre este tipo de opiniones destacan algunos artículos de José Luis Roca como “Los departamentos no participan en el proyecto de participación” y “Nueve departamentos mejor que 301 municipios”, en defensa del movimiento regional liderizado por los comités. Entre los que defienden al movimiento sindical, el artículo de José Nuñez del Prado, “Gato por liebre”, resume las críticas vertidas en este sentido. Todos ellos se encuentran en Secretaría Nacional de Participación Popular-Unidad de Comunicación, Debate Nacional sobre la Ley de Participación Popular, SNPP, La Paz, 1995, p. 92, 173 y 114-5, respectivamente.

(14) Silvia Rivera, “El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática”, En Roberto Laserna (comp.) Crisis, democracia y conflicto social, CERES, Cochabamba, 1985, p. 138.

(22) Cuando me refiero al proceso combinado de descentralización hago referencia a la descentralización municipal, la descentralización departamental y la descentralización por circunscripciones. A ello se agrega, aunque aun es un proceso germinal, la descentralización en el interior de cada municipio, que ha posibilitado la creación de distritos municipales.

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(13) René Mayorga, Democratización y modernización del Estado en Bolivia, Cuadernos del CEBEM Nº 4, La Paz, 1991, p. 9.

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(23) René Mayorga, “Gobernabilidad y reforma política. La experiencia de Bolivia”, en América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales Nº8, Madrid, junio, 1994, p.36. (24) Giovanni Sartori, Partido y sistema de partidos, Vol. Y, de. Alianza, Madrid, 1987, p. 436. (25) Secretaría Nacional de Participación Popular-Unidad de Investigación y Análisis, Hombres y mujeres en el municipio. Alcaldes, concejalas y concejales en el gobierno municipal. Elecciones municipales de 1995, Ministerio de Desarrollo Humano, La Paz, 1996, p. 12 y 28, respectivamente. (26) Secretaría Nacional de Participación Popular-Unidad de Investigación y Análisis, Censo a consejeros departamentales que fue analizado por Carmen Barragán en su artículo “Consejeros departamentales: una primera autoevaluación”. Este artículo forma parte del libro de próxima publicación compilado por Gonzalo Rojas y Laurent Thevoz La Participación Popular: tres años después. (27) Ruben Ardaya, La construcción municipal de Bolivia, Strategies for International Development, La Paz, 1995, pp. 130-4. (28) Miguel Urioste, Desarrollo Rural urgente, Tierra, La Paz, enero, 1995, p. 144. (29) Cf. René Canqui, Breve análisis del proceso de registro de personas jurídicas de las OTBs, 1994-1997, SNPP-Dirección Nacional de Fortalecimiento Comunitario, La Paz, 1997, s/p.

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sistema de partidos, o más bien, con las personalidades locales auspiciadas por los partidos que con sus organismos supuestamente representativos: la COB, CONAJUVE, CSUTCB, y en menor medida, CIDOB y la Confederación de Colonizadores; estos últimos más próximos a sus bases. (31) La tipología de ambas fases, si bien no responde a un censo en los 311 municipios o a alguna investigación que haya tomado una muestra de al menos un tercio de secciones provinciales, se basa en conversaciones personales que pude mantener con autoridades municipales y otros ciudadanos en los múltiples viajes que realicé durante más de dos años por distintos municipios del país en mi función de empleado de la Secretaría Nacional de Participación Popular. (32) Una excepción a esta ausencia de estudios es la obra de Esteban Ticona y Xabier Albó, Jesús de Machaca: la marka rebelde tomo (3). La Lucha por el poder comunal, CEDOIN-CIPCA, La Paz, 1997, quienes demuestran que los partidos políticos que hegemonizaban el gobierno municipal tienden a instrumenalizar su relación con el área rural, en vez de impulsar del desarrollo orgánico de toda la región, lo que se consigue con un PAO manipulado por el alcalde urbano (p.293). (33) En base a los estudios de dos politólogos suecos, Panebianco entiende por desarrollo organizativo por penetración territorial cuando un centro controla, estimula y dirige el desarrollo de la periferia; por otro lado, se habla de difusión territorial cuando son las élites locales las que, en un primer momento constituyen las agrupaciones locales del partido y sólo a continuación se integran en una organización nacional; cf. Angelo Panebianco, Modelos de partido, De. Alianza, España, 1982, p. 110.

(30) Aunque sabemos que la forma sindicato tiene diferentes grados de aceptación como forma de organización, tomamos este término para señalar que las formas de organización cantonales, provinciales e incluso departamentales. tenderán en un plazo breve a identificarse más con el

(34) Carlos D. Mesa, “Apuntes sobre el gonismo”, en ILDIS (ed) Nuevos actores políticos, ILDIS, La Paz, 1991, p. 69.

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(35) Robert Putman, Para Hacer que la democracia funcione. La

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experiencia italiana en descentralización administrativa, de. Galac, Caracas-Venezuela, p. 7ss. (36) La explicación que sigue se basa en el artículo de Marcos Novaro, “Los populismos latinoamericanos transfigurados”, en Nueva Sociedad Nº 144, Caracas-Venezuela, junio-agosto, 1996, p. 94-5.

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En esta misma categoría de “independiente dentro del partido”, por otra parte, podemos incluir al mismo Gonzalo Sánchez de Lozada, claramente diferenciado de las actitudes y discurso de los emenerristas de la vieja guardia; cf. José A. Mayorga, Gonismo, discurso y poder, FACESUMSS, Cochabamba, 1996, p.70. (43) SNPP-Unidad de Investigación y Análisis, ob.cit., p.12, 26 y 33.

(37) Ver infra la reflexión a propósito de las mancomunidades. (44) Cf. SNPP-Unidad de Investigación y Análisis, ob. cit. (nota 26). (38) Como se constata en la encuesta elaborada por la Unidad de Investigación y Análisis de la SNPP, analizada por Gonzalo Rojas y Luis Verdesoto en el texto La Ley de Participación Popular como reforma de la política. Evidencias de una cultura democrática boliviana, SNPP, La Paz, 1997, aunque la identificación de la gente es mayormente con organizaciones territoriales y clasistas y no precisamente con los partidos (p. 47-8), no podemos hablar de un sentimiento de repulsión contra los mismos cuando los datos muestran que la mayoría o milita o simpatiza con ellos (p. 32, 54 y 57). (39) SNPP, Unidad de Investigación, op.cit., p. 10, 20-21. (40) René Mayorga, Antipolítica y neopopulismo, CEBEM, La Paz, 1995. (41) Cf. Oscar Landi, “Outsiders, nuevos caudillos y media politics”, en Carina Perelli, Sonia Picado y Daniel Zovatto (compiladores) Partidos y clase política, IIDH-CAPEL, San José-Costa Rica, 1995, pp. 205217.

(45) Fabian Yaksic, por ejemplo, sostiene que la autodeterminación de los municipios, ampliando la participación popular, lograría quebrar el monopolio partidario de la mediación político; cf. Fabián Yaksic, “Autodeterminación municipal, participación popular y anulación del monopolio partidario en la mediación política, en Autodeterminación Nº 13, La Paz, julio, 1995, pp. 71-7. (46) Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento MunicipalUnidad de Organización Territorial Administrativa, Primer Encuentro Nacional de Municipios mancomunidados, Ministerio de Desarrollo Sostenible-VMPPFM, La paz, 1997. Hasta la fecha ya existen entre seis a siete mancomunidades que abarcan casi una sexta parte de los 311 municipios existentes. (47) Cf. Carlos Toranzo Roca, “Bolivia y la modernidad: una democracia para todos no una isla para pocos”, en René Mayorga (comp.), Democracia y Gobernabilidad, Nueva Sociedad-ILDIS-CEBEM, Caracas-venezuela, 1991, p.178.

(42) Cf. Fernando Mayorga (coordinador), ¿Ejemonias? Democracia representativa y liderazgos locales, PIEB, La Paz, 1997. Vale la pena señalar en el caso de Percy Fernández, que su inscripción en el MNR bien podría ser la causa de su derrota (p.87), dado que en Santa Cruz se tiende a asociar a los partidos políticos con el centralismo ineficiente (p. 19).

(48) Alain Rouquié, “El análisis de las elecciones no competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias”, en Alain Rouquié, Guy Hermet y Juan Linz, ¿Para qué sirven las elecciones?, FCE, México, 1982, p. 83ss.

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(49) Fernando Mayorga, “Compadres y padrinos: rol de UCS y CONDEPA”, en UNITAS Nº 17, La Paz, febrero, 1997, p. 23. Es pertinente, a este propósito, esclarecer, como señala Reinhard Bendix (uno de los más reconocidos estudiosos de Max Weber) refiriéndose al líder. Por tanto, es un fenómeno inevitable, no necesariamente enlazado con el clientelismo o prebendalismo, sino simplemente con cualquier proceso de institucionalización que incuestionablemente subordina la “magia” del líder a la cotidianidad; cf. Bendix. Esto demuestra que el outsider, en todo caso, nunca está lejos de ser absorbido institucionalmente, es decir, la distancia entre éste y lo que critica (los partidos) no es tan grande como se imagina, o al menos tiende a cerrarse paulatinamente. Esta situación quizás explica, entre otras cosas, el fracaso del movimiento generacional.

(54) David Booth et al, Popular Participación. Democratising the state in rural Bolivia, Stocolm university, 1997, p. 57.

(50) Cf. Iván Arias, “Juntas Vecinales: recuperar los espacios de poder”, en La Ventana de la Razón del 19 de noviembre de 1995, p. 6. (51) Cf. F. Mayorga, “Efectos sociales y políticos de la Ley de participación Popular”, en Mario Arrieta, Fernando Mayorga y Mario Galindo Participación Popular y desarrollo rural, Colección Debate de políticas agropecuarias, Club de Economía Agrícola y Sociología Rural Nº 7, La Paz, 1995, p. 9. (52) Cf. E. Ticona, G. Rojas y X. Albó, Votos y Whipalas, Fundación Milenio, la Paz, 1995, p. 161; Esteban Peres, Diagnóstico del municipio de Llica y análisis de la implementación de la Ley de Participación Popular, CEBEM (tesina del Diploma en Análisis y Diagnóstico en municipios territoriales), La Paz, enero, 1995, pp. 54-5. (53) Aunque esta situación fue prevista desde antes de la descentralización por el Ayllu Sartañani en el texto Perspectivas de descentralización en Karankas: la visión comunaria, en Etnias y Participación Nº1, PROADE-ILDIS, 1995, p. 449, es evidente que este fenómeno se repita principalmente en poblaciones culturales que se encuentran en más de un municipio como los ayoreos o los guaranís, por citar algunas. 75

(55) Este camino comienza a ser construido en base a novedosas propuestas como la creación de distritos indígenas, la posibilidad de que en estos distritos se elaboren Planes de Desarrollo Distrital Indígena, que incluirían propuestas que superen los moldes “proyectistas” antes mencionados, la implementación del Fondo de Control Social, que posibilitaría dotar a los comités de vigilancia de fondos para su funcionamiento, mejorando la relación de las OTBs con el gobierno municipal, entre algunas. (56) Un estudio sobre los distritos municipales indígenas demuestran precisamente, que su presencia hace posible que no todas las miradas estén centradas en los partidos a nivel municipal. Es decir, se los exime de la responsabilidad absoluta; cf. Anne Balslev, Distritos municipales indígenas: las primeras experiencias en el Chaco, Ministerio de Desarrollo Humano-Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos de Género y Generacionales-Subsecretaría de Asuntos Etnicos, La Paz, 1997, p. 95. Otra observación que corrobora esta posibilidad del “deslinde”, entrando en el plano de la eficiencia, muestra que el esquema distrital podría ofrecer niveles interesantes de participación que se sobrepondrían a la lentitud del concejo; cf. José Blanes, “Distritos municipales: punto de apoyo a las juntas vecinales, en SNPP”, Debate... (ver nota 19), p. 220. Sin embargo, es importante apuntar que este nivel también podría ser absorbido por lazos clientelares característicos de los partidos políticos bolivianos, cf. José Blanes y Franco Gamboa, “Distritos urbanos y participación popular”, en Debate..., pp.259-261. (57) Salvador Romero entiende que la disposición social a votar “aparece quizá menos como un acto partidario que de construcción ciudadana (...) menos por temor a represalias que para afirmar el respeto de un compromiso cívico”, cf. S. Romero B., “Entusiasmo e indiferencia: un estudio de participación ciudadana) Obstáculos e impedimentos a la participación, DDPC, La Paz, enero, 1997, p. 4.

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(58) Guillermina Baena, “La construcción de la imagen de un candidato. El caso de los candidatos priistas”, en Estudios Políticos Nº6, Cuarta Epoca, México, 1995, pp. 151-177. (59) René Mayorga, Antipolítica..., pp. 89-93. (60) Luis Antezana, “Bolivia: la nueva casa en el ático”, en Nueva Sociedad Nº 150, Caracas-Venezuela, julio-agosto, 1997, p. 72. (61) Gerardo Berthin, “El proceso electoral municipal en Bolivia: el caso de la democracia negociada”, en Opiniones y Análisis No. 24, la Paz, febrero, 1996, pp.85-7.

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Sociedad Nº 128, Caracas-Venezuela, noviembre-diciembre, 1993, p. 63ss. El autor diferencia lo que son las democracias institucionalizadas, que tendrían algunos cuantos componentes autoritarios que no desvirtúan su condición democrática, de lo que son las democracias donde la dimensión autoritaria se entremezcla de forma compleja y poderosa con la dimensión democrática (p.75). (67) F. Garcia, op. cit. (68) Philippe Schmitter y Terry Lynn, ¿Qué es y qué no es democracia? INCAE, Costa Rica, julio, 1993, p. 9.

(62) Adam Przeworski, Sustainable democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p.54. (63) La explicación que sigue se basa en el texto de la Secretaría Nacional de Participación Popular-Unidad de Investigación y Análisis, Las primeras elecciones. Directorio de Alcaldes y concejales de Participación Popular, Ministerio de Desarrollo Humano-SNPP, La Paz, 1996, p. 25. (64) Una explicación exhaustiva de este proceso de paulatina consolidación del sistema de partidos se encuentra en la tesis de grado de Ramiro Bueno, Partidos y sistema de partidos en Bolivia 1982-1993, Universidad Mayor de San Andrés-Carrera de Ciencias Políticas, La Paz, 1997. Un excelente esfuerzo para un tema aun poco abordado (de próxima publicación). (65) Gerardo Berthin, “El sistema de partidos políticos en Bolivia, 19821996. Un crucigrama por resolver”, en PNUD-CIDES, op. cit., pp. 155182. (66) G.O’Donnell, “¿Estado, democratización y ciudadanía?”, en Nueva

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ESTATUTOS PARTIDARIOS: DE LA FORMALIDAD A LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Finalmente, corresponde destacar algunas normas estatutarias de cada uno de los cinco partidos aludidos que, por decir lo menos, son disposiciones polémicas.

Reynaldo Irigoyen Castro

INTRODUCCION Uno de los temas de más amplia discusión en los últimos cinco años ha sido la necesidad de contar con una Ley que regule el funcionamiento de los partidos políticos en Bolivia. Sin embargo, en el debate público, poco se ha dicho sobre el valor de las escasas reglas que contiene sobre el particular la Ley Electoral vigente que data del año 1991. En la ley existen algunas disposiciones puntualmente referidas a los principios básicos estatutarios, contenido de los mismos, derechos y obligaciones de los partidos políticos. Creo oportuno, por lo tanto, realizar en la primera parte de este texto breves comentarios acerca del régimen vigente. Pretendo, fundamentalmente, analizar si las normas existentes han sido eficaces en los más de seis años de validez. En la segunda parte de este documento se cotejan estas normas con los estatutos de los partidos políticos que ocuparon los cinco primeros lugares en la elección presidencial de 1997. El propósito de esta confrontación es descubrir, por una parte, si se respetan las bases de la Ley Electoral, y por otra si los estatutos partidarios son acatados en la práctica.

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A partir del análisis de las reglas vigentes, podremos sentar las bases para un nuevo régimen que supere el actual, puramente formal, sobre la constitución de partidos políticos. En el futuro, el sistema normativo partidario debe tener como premisa central su institucionalidad.

REGIMEN LEGAL SOBRE PARTIDOS POLITICOS La Ley Electoral promulgada el 5 de julio de 1991 y sus reformas producidas hasta la fecha constituyen un avance significativo en cuanto al régimen normativo de los partidos políticos. El antecedente legal de la citada disposición vigente (Ley Electoral de 8 de abril de 1980 y su Ley de reformas del 20 de mayo de 1986) contemplaba reglas precarias sobre partidos políticos. En el cuerpo principal de la antigua ley sólo existían referencias a los delegados de los partidos políticos ante las cortes electorales, las notarías electorales y las mesas de sufragio. Curiosamente, las normas de mayor importancia, en el reconocimiento y accionar de las organizaciones partidarias, estaban incorporadas en las “disposiciones generales” y las “disposiciones transitorias” de ese régimen legal. Se puede deducir que las reglas citadas fueron aprobadas para salvar los problemas que se presentaron en los procesos electorales verificados entre 1980 y 1986. En esa deficiente estructura podían coexistir correlativamente normas como la referida a la compatibilidad judicial (Art. 205 que establecía que los cargos de la justicia ordinaria

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son compatibles con el ejercicio de las funciones electorales) con la relacionada a las multas a los partidos políticos (Art. 206 que sancionaba a las organizaciones partidarias que no hubiesen obtenido un mínimo de cincuenta mil votos en las elecciones, con la devolución al Tesoro General de la Nación de los costos de la cuota parte que correspondiese por la inclusión en la papeleta de sufragio de cada una de estas).

jurídicas de derecho privado también se sujetan a un ordenamiento jurídico, su radio de acción goza de una mayor autonomía y se guían, fundamentalmente, por los intereses privados que determinan su constitución.

Sin embargo, en ese desorden, se incluyeron algunas reglas que, actualmente, con un mejor enfoque sistémico y un desarrollo adecuado, forman parte de la estructura troncal de la normatividad vigente, como los requisitos para el registro de partidos, patrimonio partidista exclusivo, uso de medios de publicidad, etc. En el régimen actual, la Ley Electoral dedica siete capítulos a la constitución, organización, funcionamiento y extinción de los partidos políticos, disposiciones que han sido complementadas, en esta materia, por la Ley Nº 1779 del 19 de marzo de 1997, incorporándose normas relativas al financiamiento del Estado a las campañas electorales, la administración y fiscalización de los recursos económicos, el recurso de queja, etc.

LOS PARTIDOS POLITICOS : PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO El artículo 81 de la Ley Electoral establece que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público y sin fines de lucro. Esta calificación jurídica significa que el desarrollo de las actividades partidarias se sujeta a las normas de orden público y por ende al control del Estado a través de los organismos competentes, en este caso, la Corte Nacional Electoral. Si bien se puede decir que las personas

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¿Quién puede negar actualmente, por ejemplo, que los partidos políticos están sujetos a la posibilidad de los controles establecidos por la Ley 1178?. Basta revisar el artículo quinto de la citada ley para entender que toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o excenciones, debe informar a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos. Más aún, también se podrá exigir opinión calificada e independiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que utilicen los partidos políticos. La existencia de una persona jurídica de derecho público está determinada por la finalidad que esta persigue. En el caso de los partidos políticos la finalidad esencial no es otra que concurrir a la constitución de los poderes públicos a través de elecciones libres, defender y fortalecer el régimen democrático y el sistema representativo de gobierno como señala la Ley Electoral. Por mandato de la Constitución Política del Estado, la representación popular se ejerce a través de los partidos políticos. La organización de los mismos se rige por sus propios estatutos y las normas que establece la Ley Electoral. La entidad competente para su reconocimiento es la Corte Nacional Electoral. Por lo dicho, a partir del reconocimiento de la personalidad jurídica de un partido político, este adquiere, como organización, una 82

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serie de derechos y obligaciones. En consecuencia, las responsabilidades emergentes del accionar de un partido son de la entidad y no así de las personas naturales que conforman estas organizaciones.

organizaciones constituidas de esa forma no obtuvieron su reconocimiento porque la militancia no estaba registrada conforme a las reglas que emanan de la Corte nacional Electoral o acreditaban evidentes fraudes en el registro. Varios hechos irregulares pasaron a conocimiento del Ministerio Público sin que hasta la fecha se hayan conocido sanciones contra los infractores.

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS De acuerdo a las reglas de la Ley Electoral se requiere una serie de documentos para optar al reconocimiento de la personalidad jurídica. Ellos son : acta de fundación, declaración de principios, estatuto, la nómina de la dirección nacional, un domicilio y los libros de registro de militantes. Se pueden equiparar estos documentos a los que acreditan la identidad de las personas naturales. Si bien la legalidad de los actos de un partido político está sujeta al previo reconocimiento que otorga el máximo organismo electoral, no dejan de tener importancia las formalidades que se deben cumplir en el momento de su fundación. Al igual que un Oficial del Registro Civil avala jurídicamente la existencia de una persona a través de un registro, un Notario de Fe Pública debe avalar el acto fundacional de una organización partidaria. De esa forma, los requisitos enumerados anteriormente deben ser notariados, es decir, la autoridad de fe pública deberá intervenir en todos los momentos de conformación de una entidad de esta índole. Aquello no ocurre generalmente, la intervención notarial es precisada con posterioridad a los hechos, sin que nadie pueda avalar efectivamente quiénes se reunieron, cuántos fueron, dónde lo hicieron, en qué momento, qué discutieron y qué aprobaron. Muchas de las

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La responsabilidad que conlleva la conformación de un partido político no puede dejar de requerir estas seguridades jurídicas. Cualquier norma que se dicte en el futuro, sobre partidos políticos, no puede dejar de tomar en cuenta la intervención de la autoridad de fe pública. Una de las reformas a la Ley Electoral que garantizará de mejor manera el reconocimiento de un partido político es la que prevé la revisión de sus militantes y si estos están registrados en el padrón electoral. La costumbre de realizar esta confrontación con los archivos del servicio de identificación personal ha generado muchos inconvenientes y susceptibilidades. Esta práctica no sería ya necesaria. Por otra parte, el registro informatizado de militantes evitará los dobles o múltiples registros a los que algunos ciudadanos están acostumbrados. Conviene destacar que el plazo que otorga la ley al organismo electoral, para el proceso de revisión de los documentos de una organización que requiere su reconocimiento como partido político, es escaso. Aún con la revisión de los militantes en el padrón electoral, las acciones de verificación de los contenidos de los documentos presentados amerita un tiempo prudencial que supere los treinta días ahora fijados. En los hechos, antes de períodos eleccionarios, se presentan varias solicitudes que hacen imposible un trabajo detallado de revisión.

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PRINCIPIOS Y CONTENIDOS BASICOS DE LOS ESTATUTOS

las demás; los requisitos, derechos y obligaciones de sus militantes; la conformación, atribuciones y deberes de sus direcciones nacionales, departamentales y otras menores; los mecanismos democráticos de renovación de las mismas; y la constitución y facultades de sus órganos de fiscalización y control disciplinario, administrativo y económico.

La Ley Electoral, en su artículo 84, establece que los partidos políticos, mínimamente, deben consignar los siguientes principios en sus estatutos: libertad de afiliación; la igualdad de derechos y deberes de los afiliados sin discriminación de condición económica, sexo o religión ; derecho de fiscalización de los afiliados a las actividades del partido ; y sometimiento expreso a la Constitución y a las leyes. Los partidos políticos que cumplieron esta disposición, hacen de la misma una mecánica repetición de su contenido. Es decir, cumplen una formalidad. Es necesario preguntarse hasta qué punto es válido incluir ineludiblemente un “expreso sometimiento a la constitución y las leyes” cuando esta obligación está implícita en las obligaciones de toda persona natural o jurídica que se desarrolla en nuestro territorio. Estas condiciones, salvo la última que no la considero necesaria, deberán incluirse en el régimen de las obligaciones de los partidos políticos. Un estatuto partidario debiera reflejar el equilibrio entre una disposición sustantiva y una reglamentaria. Es decir, no puede ser un documento enteramente marco o uno de detalles impresionantes. Ambas situaciones acarrean dificultades a posteriori. La formulación legal vigente es sensata en su contenido, requiere simplemente complementarse con la obligatoriedad de establecer mecanismos de fiscalización y control internos, ya sea para procesos internos a dirigentes y militantes, como al propio accionar económico del partido político.

CANCELACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Hasta ahora, la Corte Nacional Electoral sólo canceló la personalidad jurídica de los partidos políticos que no procedieron a la devolución oportuna de los costos por su inclusión en las papeleta de sufragio, al no haber obtenido el mínimo de votos fijado por la ley electoral en elecciones generales o municipales, o por no haber obtenido un número de votos superior al mínimo de militantes para obtener el registro. No existen antecedentes de la aplicación de las otras causales que establece la Ley de 1991 para este efecto. Sin embargo, este comportamiento no garantiza que en el futuro no existan demandas sustentadas en esas otras causales, de hecho, algunas se presentaron pero carecieron de sustento probatorio que finalice con la consiguiente cancelación.

En resumen, deberá preverse fundamentalmente la identificación plena de la organización partidaria que la distinga de

Varios son los artículos y causales que pueden generar la situación descrita, obviando las dos ya citadas: la no participación de un partido político en cualquier proceso electoral en dos períodos constitucionales consecutivos sólo o en frentes, alianza o coaliciones; la recepción de aportes de personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado, empresas productivas, de servicios, comerciales o financieras de origen extranjero, organizaciones no gubernamentales, recursos de origen ilícito o que comprometan la soberanía nacional,

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agrupaciones o asociaciones religiosas, instituciones extranjeras de cualquier naturaleza, entidades públicas nacionales, salvo el financiamiento establecido por ley y aportes anónimos, salvo que se trate de colectas públicas; asumir actitudes que atenten o comprometan la soberanía o la independencia de la nación; utilizar la violencia, el cohecho o la intimidación como métodos de acción política; organizar, mantener o fomentar, directa o indirectamente la formación de cuerpos paramilitares; recepción de aportes financieros o en especie que tengan origen ilícito (norma repetida en la ley electoral; imponer contribuciones a sindicatos, empresas industriales, comerciales, culturales, cívicas o a personas particulares o funcionarios públicos, con la promesa de otorgarles privilegios impositivos, facilidades, cargos o cualquier otra prebenda; organizar células u otro tipo de instituciones partidarias, que funcionen dentro de la administración pública; usar bienes, recursos económicos y financieros del estado, o los provenientes de la cooperación extranjera en actividades partidarias; y gestionar o aceptar donaciones provenientes de actividades ilícitas.

situaciones que generen una posible cancelación, debe llegar a contemplar los pormenores de un adecuado sistema de procedimientos.

LEY ELECTORAL VERSUS ESTATUTOS PARTIDARIOS En esta segunda parte del documento, realizaré un cotejo entre las disposiciones vigentes sobre el régimen estatutario, derechos y obligaciones de los partidos, fijadas en la Ley Electoral y los documentos estatutarios de los partidos políticos que ocuparon los cinco primeros lugares en la elección presidencial efectuada el año 1997. Es decir, Acción Democrática Nacionalista, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Conciencia de Patria, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria y Unidad Cívica Solidaridad. Esto no quiere decir que sólo estos partidos incurren en las observaciones citadas, al contrario, en el espectro general de las organizaciones reconocidas, son los que acreditan mayor cumplimiento de las reglas vigentes.

Luego de esta larga enumeración de las causas legales que pueden determinar la cancelación de la personalidad jurídica de un partido político, y sin el propósito de efectuar un análisis particular de las mismas, corresponden dos reflexiones sobre el tema. En principio, debe efectuarse una revisión, propia de la técnica legislativa más depurada, de los textos normativos citados. En las circunstancias fácticas que pueden presentarse en el futuro, la ausencia o demasía de una palabra o la adecuada integración de las mismas son vitales para la correcta aplicación de la norma jurídica. Actualmente, la hermenéutica jurídica es uno de los pilares de la actividad jurisdiccional. En segundo lugar, existen vacíos o deficiencias en la ley vigente sobre los procedimientos de aceptación, verificación y sanción de las causas citadas. El régimen legal no debe agotarse en la relación de las

Los comentarios siguientes han sido sistematizados de acuerdo a las coincidencias encontradas en el comportamiento estatutario de los partidos políticos analizados, sin pretender particularizar situaciones concretas, que no corresponden a este primer análisis general.

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Se procura ingresar a un proceso de reflexión sobre el comportamiento partidario, de una manera positiva, con el propósito de corregir los errores que se pudieron haber cometido, reformar aquellas disposiciones que presentan dificultades de interpretación o llenar los vacíos que dejan otras.

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PLAZOS PARA LA RENOVACION PARA LAS DIRECCIONES PARTIDARIAS

autoridades en reuniones de Secretariados Ejecutivos, Comités Ejecutivos o Políticos, Convenciones Extraordinarias, etc, cuando los estatutos prevén que las mismas están a cargo de Congresos Ordinarios o Asambleas Generales. Estas situaciones básicamente se presentan por problemas coyunturales que atraviesa cada partido político, lo que legalmente no justifica la irregularidad de la acción.

Excepcionalmente los partidos políticos cumplen rigurosamente los períodos de renovación de sus directorios, conforme a los plazos que sus propios estatutos señalan. Recordemos que no existe disposición alguna en la Ley Electoral que unifique los períodos de renovación. Sin embargo, entre los deberes de los partidos políticos está el cumplimiento de sus estatutos. ¿Qué hacer con las organizaciones que incumplen sus propias determinaciones? La norma vigente no señala ninguna sanción sobre este tema, laguna jurídica que puede provocar más de un problema, sobre todo si dentro de una organización partidaria existen grupos o personas que perdieron una elección determinada y no se avienen a las autoridades elegidas.

REALIZACION DE ASAMBLEAS O CONVENCIONES ORDINARIAS Al igual que en el acápite anterior, las organizaciones partidarias no cumplen regularmente con los plazos fijados para la realización de sus congresos, convenciones o asambleas nacional ordinarias. Existe variedad de plazos, unos debieran reunirse cada dos años otros cada cuatro. Cualquiera sea el plazo, casi siempre es incumplido.

FORMAS DE RENOVACION DE DIRECCIONES No siempre se cumplen las normas de los estatutos que prevén la renovación de las direcciones, no me refiero a los plazos, sino a las instancias competentes para la elección de las nuevas autoridades. Sin que existan previsiones de excepción en los estatutos, se eligen 89

COMUNICACION DE REFORMAS ESTATUTARIAS O DIRECCIONES NACIONALES Es expresa la obligación legal de comunicar a la Corte Nacional Electoral de las reformas estatutarias o renovaciones de direcciones en los quince días siguientes a los actos producidos. Pocas veces ha ocurrido esto en el plazo que fija la ley. Generalmente se registran las modificaciones por la necesidad de inscribir candidaturas o acreditar delegados ante los organismos electorales lo que provoca a los partidos políticos hacer conocer los cambios efectuados.

NORMAS OPERATIVAS PARA LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Si bien los partidos políticos reconocen como principio de su accionar la renovación democrática de sus autoridades, se carece, en algunos casos, de normas y procedimientos claros para efectuar esta tarea eleccionaria. Los ejercicios que realizaron algunos partidos políticos en los últimos años han demostrado la importancia de esta forma de acción partidaria y la necesidad de contar con instrumentos legales (generales o estatutarios) e infraestructura técnico-operativa suficiente para emprender tan ambiciosa tarea.

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CONSTITUCION DE TRIBUNALES DISCIPLINARIOS. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

embargo, los problemas que a su vez genera todo avance deben ser superados con la adecuada formulación de una ley de partidos políticos que conjugue la formalidad con la consolidación institucional de estas organizaciones.

Casi todos los partidos políticos poseen en sus estatutos la constitución de tribunales disciplinarios, sin embargo, las reglas que fijan sus atribuciones, funciones y procedimientos no son del todo claras. La institucionalidad del partido debe quedar garantizada con reglas claras acordes a los principios básicos de toda investigación y juzgamiento que se consideren de equidad, y dotar de un juicio justo a todo dirigente o militante sometido a un proceso disciplinario.

FISCALIZACION DE LOS MILITANTES La ley electoral garantiza el derecho de los afiliados a un partido político a fiscalizar las actividades del mismo. Los estatutos analizados han obviado establecer mecanismos para que este legítimo derecho sea posible. Los temas observados carecen de sanciones específicas en la ley electoral, hecho que favorece la inobservancia de dichos deberes, que más allá del cumplimiento de las formalidades garantizan la institucionalidad de los partidos políticos. Si se cumplieran las normas estatutarias, como actualmente están aprobadas por las organizaciones partidarias, se generaría un ambiente de seguridad jurídica para todas las instancias de los partidos políticos.

Hasta hoy, los estatutos han sido acomodados a los comportamientos partidarios y no estos a las reglas prefijadas, poniendo en riesgo la seriedad que deben acreditar los partidos ante la sociedad civil. Es necesario que todas las organizaciones partidarias actualicen sus estatutos conforme a las nuevas disposiciones vigentes, tanto las provenientes de las reformas constitucionales, como aquellas que se incluyeron en la ley electoral. Como anécdota, un partido político aún se rige por un estatuto denominado “transitorio” y que le sirvió para su registro en el organismo electoral hacen diez años. La actualización documental supone también la renovación de los registros de militantes a efecto de implantar los controles que la ley electoral determina sobre dobles o múltiples inscripciones.

Del análisis efectuado se evidencia un importante avance en el régimen normativo sobre partidos políticos en contraste a la casi inexistente legislación que precedió a la ley electoral vigente. Sin

Sería destacable que la Corte Nacional Electoral asuma el control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones estatutarias de los partidos políticos, en el entendido que se aprueben normas que permitan sancionar las infracciones. En este orden, el recurso de queja podría ser un avance, porque permite al militante que considera que han sido vulnerados sus derechos o transgredidas las normas estatutarias de su organización, denunciar estos hechos ante el máximo organismo electoral del país. Sin embargo, la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para anular las resoluciones del ente electoral puede considerarse un elemento que desvirtúe la esencia del derecho que se pretende preservar.

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CONCLUSIONES

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Es necesario que las consideraciones efectuadas sean motivo de reformas en la ley electoral o introducidas en la ley de partidos políticos. Si comparamos la ley electoral de 1980 y la norma vigente, el país conoció un avance considerable en la regulación de los partidos políticos. No se pueden desaprovechar las experiencias de la última década para perfeccionar las normas jurídicas en esta materia.

BIBLIOGRAFIA

Sería oportuno que la Corte Nacional Electoral efectúe una publicación actualizada de los estatutos de todos los partidos políticos que tienen reconocida su personalidad jurídica, a fin de contar con un instrumento valioso de consulta, análisis y seguimiento de los actos de estas organizaciones.

CAPEL-IIDH, Legislación electoral comparada. San José: Educa, 1986. ILDIS-CNE-NDI, Reflexiones sobre una Ley de partidos políticos, La Paz: ILDIS-CNE-NDI, 1993. Konrad Adenauer Stiftung, Milenio, ILDIS, FUNDEMOS. Anteproyecto de ley de partidos políticos: algunas interrogantes y posibles respuestas. La Paz: Adenauer Stiftung. Milenio. ILDIS, FUNDEMOS. 1995. Dieter Nohlen (Coord.), Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe. San José: IIDH, 1993. Tribunal Federal Electoral de México. Ordenamiento Electoral. México: Tribunal Federal Electoral de México, 1994.

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ESTABILIDAD POLITICA, NUEVOS ESPACIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y LA ETICA DE LA DEMOCRACIA

Jorge Lazarte Rojas

El tema que se me ha solicitado desarrolle tiene que ver con la coyuntura de los partidos en el marco de los pactos políticos y el reciente Diálogo Nacional. Como es fácilmente perceptible, son muchos los problemas de coyuntura que enfrentan los partidos: me referiré a aquellos que revelan cuestiones de fondo. Para identificarlas partiré del principio que los partidos son estructuras de mediación entre la sociedad y el sistema político. Es decir, que los partidos pueden enfrentar y en los hechos enfrentan, problemas derivados de esta mediación, unos vinculados con el sistema político y otros con la sociedad civil. Enfocar de este modo los problemas de los partidos permite hacernos una idea más compleja de su acción, verlos desde los dos lados, y por tanto, formular juicios más matizados, menos contundentes y parcializados sobre lo que han hecho los partidos, lo que están haciendo y lo que pueden hacer hacia adelante. Empezaré por la relación de los partidos con el sistema político, para después enfocar la relación de los partidos con la sociedad. En los dos casos identificaremos algunos de los problemas centrales derivados de ambos tipos de relación.

LA CONQUISTA DE LA ESTABILIDAD POLITICA El problema central y primero del sistema político en Bolivia y de todo sistema político, es el de su estabilidad. Hasta hace algunos años, Bolivia fue uno de los países con mayor inestabilidad política. Para que funcione el sistema político había que estabilizarlo, y estabilizarlo quiere decir que sus normas de funcionamiento puedan tener perdurabilidad razonable en el tiempo. Hoy tenemos un sistema político estable, porque está funcionando bajo sus mismas reglas básicas desde 1982, y es probable que todavía tenga muchos años hacia adelante. Las elecciones nacionales y municipales se han realizado en los plazos fijados del mismo modo que los cambios gubernamentales; existe pluralismo político de partidos; las reformas electorales se ha hecho de acuerdo a normas previstas. Hay, pues, estabilidad en el sistema político y es extraordinario que hubiera sido alcanzado en democracia. Esta estabilidad es un hecho que llama positivamente la atención de los observadores externos. Sin embargo, lo que ha hecho posible esta estabilidad no siempre ha sido subrayado. Entiendo que sin los partidos no habría sido posible la estabilización del sistema político. No digo que sólo ellos contaron para lograr la estabilidad política, sino que sin ellos no tendríamos estabilidad. Hay un resultado y los partidos tienen mucho que ver no lateral sino directamente con ello. ¿Qué han hecho los partidos para que el sistema político se estabilice? En primer lugar han establecido lo que se pueden llamar pactos institucionales o pactos constitutivos. Entiendo por lo menos dos o tres cosas por pactos institucionales o pactos constitutivos. En el pasado lo que se hacía era recurrir a la violencia para resolver los problemas del poder y dirimir las diferencias entre los

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partidos. Una de las dimensiones de estos pactos es que los partidos se han puesto de acuerdo en el principio de eliminar el uso de la violencia para resolver la competencia por el poder. Este pacto podríamos llamarlo negativo. Por el segundo principio, los partidos aceptan someter la lucha por el poder y dirimir sus diferencias de intereses, al funcionamiento de ciertas reglas. En un caso se elimina la violencia, y en el segundo se regula la competencia. El tercer ingrediente, ha sido que los partidos mismos han aprobado por consenso someterse a estos principios. Es el consenso sobre reglas de juego.

la regla de los dos tercios. Puesto que todos debemos estar de acuerdo en estas reglas, se fijó un mecanismo que haga posible la aprobación de esas reglas a través de una mayoría suficientemente representativa y cualificada, que exprese la voluntad de los partidos pactantes. Es decir, no es la regla de la simple mayoría o la mayoría absoluta. Es una mayoría calificada más difícilmente lograble si los partidos pactantes no se comprometen a aprobar las reformas en el parlamento. De algún modo, en la regla de los dos tercios hay un consenso entre partidos de gobierno y de oposición, cuya votación nacional fácilmente llega a las cuatro quintas partes del electorado.

Estos principios y estas reglas han sido acordados por lo menos en tres ocasiones. En primer lugar, en los acuerdos del 5 de febrero del 1991. En estos acuerdos se establecieron ciertas reglas para el sistema electoral pero también, y eso fue lo más destacable en el momento, se pusieron de acuerdo en la conformación “imparcial” de los organismos electorales encargados de hacer cumplir esas reglas. Reglas sin sanciones y sin una institución confiable y con capacidad para establecer esas sanciones, no tienen sentido. Con los acuerdos del 5 de febrero eso es lo que se hizo. Por su parte los partidos a través de un pacto de acatamiento se comprometieron a respetar esas reglas. El pacto institucional acordado entre partidos implicaba al mismo tiempo un pacto de acatamiento a las normas básicas de funcionamiento del sistema aceptando al mismo tiempo instituciones encargadas de hacer cumplir estas reglas. Ciertamente estaba también en el interés de los partidos obtener ciertas garantías y seguridades mutuas, que baje los altos costos en legitimidad si cada uno buscara su propia seguridad alterando los resultados electorales.

Pero en esta ocasión se fue más lejos: se decidió no solamente modificar las reglas electorales, sino también y sobre todo reformar algunas reglas “constitutivas” de la Constitución Política del Estado. A partir de enero del 1993 una comisión de alto nivel organizada por esos partidos pactantes se puso de acuerdo para modificar alrededor de cuarenta artículos constitucionales.

La segunda vez en que este pacto institucional se puso en marcha fue en los acuerdos del 9 de julio de 1992. En estos acuerdos hubo dos cosas importantes: los partidos establecieron lo que se llama ahora

Es decir con estos pactos constitutivos lo que hicieron los partidos fue pasar de lo que se llama cultura de la confrontación a la cultura de la concertación. Como ya se sabe, de una cultura cuyo código político fue percibir el conflicto en términos de exclusión y eliminación, y una cultura en formación que percibe el conflicto en términos de salidas de compromiso; o mejor, con concertación quiero decir que los partidos entendieron que además de los intereses divergentes u opuestos, había otro nivel de intereses comunes o convergentes o compatibles. Encontraron que estaba en el interés de todos concertar cambios en las reglas de juego que les brinde seguridad e imparcialidad en la aplicación de las mismas reglas de juego. Fueron pactos de seguridad y garantías mutuas. Sin estos acuerdos entre las élites políticas no habría sido posible la estabilidad del sistema político.

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Además de estos pactos institucionales, los partidos ensayaron en éxito otro tipo de pactos: los pactos de gobierno, que son distintos de los pactos constitutivos. Estos últimos tienen que ver con las reglas de juego, mientras que en el otro caso son pactos que tienen que ver con la gobernabilidad de los gobiernos con respaldo de coaliciones mayoritarias en el Parlamento. En Bolivia fue muy alto el costo de gobiernos de un sólo partido. Un gobierno de esta naturaleza tiene la virtud o el defecto de poner a todos contra el partido de gobierno y de crear conflictos al gobierno con el Parlamento. Un gobierno de un sólo partido es asediado desde la calle y desde el Parlamento. De otro lado, los partidos son débiles desde el punto de vista electoral. Sólo uno de ellos en democracia pudo pasar una sola vez la barra del 30% y la diferencia entre los cinco partidos más importantes en las últimas elecciones nacionales de junio de pasado año sólo llega al 5%. En tales condiciones necesitan coaligarse, primero, para producir un gobierno y luego para gobernar. Los pactos de gobierno son pues una necesidad para el funcionamiento del sistema político.

partidos han ajustado positivamente su relación con el sistema político pero no han podido ajustar su relación con la sociedad civil. Al respecto, tengo aquí unas encuestas sobre algunos indicadores que podrían permitir situar mejor los problemas capitales que tienen los partidos con respecto a la sociedad. Son encuestas confiables técnicamente y de las que nos interesan las tendencias de sus índices y no su valor absoluto, a falta de otros mejores indicadores empíricos sobre los temas que estamos abordando.

Tanto los pactos constitutivos o institucionales y los pactos de gobierno han estabilizado el sistema político y al estabilizarlo han contribuido a su legitimación. Este es el gran aporte de los partidos a la democracia en el país. Enfatizo este aporte porque es lo que menos se piensa en la población y lo que menos reivindican los partidos. Si funciona la democracia es también en buenas cuentas porque esa democracia ha estabilizado sus reglas. En esta estabilización de reglas los partidos hicieron su parte no adecuadamente valorizada.

En una encuesta de agosto de 1996 producida y publicada por “Encuestas y Estudios”, una empresa confiable, el porcentaje de confianza de los encuestados en los políticos apenas llega al 3%, compartiendo el último lugar con la Policía, cuyo porcentaje de confianza sólo llega al 2% y con los parlamentarios (1%). Se confía más en los sacerdotes (43%), los noticieros de televisión (40), y aun en los profesores (28%). En la misma encuesta, los partidos tienen el porcentaje más alto de “ninguna” confianza (52%), mayor por ejemplo a la de los sindicatos, que como se sabe están en declinación. Estos porcentajes de desconfianza en los partidos en Bolivia son mayores a los promedios de desconfianza en América Latina e Iberoamérica; o son menores si de lo que se trata es de la confianza.

LA PARADOJA DE LOS PARTIDOS

Ahora bien, si observamos los datos en el tiempo, y tomamos la escala de 1 a 10, en la calificación de los encuestados desde 1990 a 1997 hay algo interesante: no solamente que las calificaciones más bajas son las de los partidos y el Parlamento, o la Policía, sino que además hay una tendencia a la baja. De septiembre de 1990 a mayo de 1997, la calificación ha bajado del 3,31 al 2,9. Es decir, una erosión continua de la imagen de los partidos ante la sociedad.

Sin embargo, esta contribución al sistema político no ha podido resolver la relación de los partidos con la sociedad civil; es decir, los

Si recordamos lo que llevamos dicho, estamos aquí ante una paradoja. Por un lado, los partidos cuentan cada vez más

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institucionalmente en el país, pero cuentan cada vez menos para la población. Esto tiene que ver con sus desajustes con respecto a la sociedad civil; hay un problema de los partidos con la sociedad, y con una sociedad como la boliviana que tiene una relación excepcional con la democracia.

relación entre los representantes y los representados. Sin estos últimos, la representación no funciona.

Según las encuestas de octubre de 1996 publicadas en Latinobarómetro, Bolivia es uno de los países de América Latina con más alto porcentaje de apoyo a la democracia y de rechazo al autoritarismo, por encima de Venezuela, Colombia, Paraguay Chile, México, Ecuador y Brasil. Al mismo tiempo Bolivia es el país que está más dispuesto que todos los demás a defender la democracia, con un porcentaje del 84% contra el 80% del Ecuador, 78% del Uruguay y en porcentajes decreciente los demás países. Sin embargo, Bolivia es uno de los países que tiene el nivel más alto de insatisfacción con la democracia; por un lado es uno de los que más apoya a la democracia, por el otro, es también uno de los más insatisfechos. No es nada fácil vivir simultáneamente en dos universos tan distintos, casi esquizofrénicos. Está claro que la insatisfacción tiene distintas fuentes, muchas de ellas no políticas, y vinculadas con el rendimiento del sistema político en términos de resultados tangibles y materiales. Sabiendo que esto es así, nos referiremos a variables más políticas, que tienen su gravitación en estas dos percepciones tan discordantes y en la imagen pública de los partidos. Retornando a la idea de la que hemos partido, decíamos que los partidos son estructuras de mediación, y una de las dimensiones de este mediación, es justamente la representación. ¿Qué pasa con la representación? La idea elemental de la representación implica una

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Sobre este tema, las encuestas de agosto de 1996 (La Seguridad Humana en Bolivia, PRONAGOB, PNUD, ILDIS), revelan lo siguiente. A la pregunta, “Qué institución representa sus opiniones o intereses políticos?”, los partidos alcanzan el 3.4% de respuestas favorables y el Parlamento el 3.5% . Los encuestados declaran que se sienten, por ejemplo, mejor representados por los medios de comunicación (23%) y aún por su sindicato (12.6) o la Iglesia (11.4). No deja de llamar la atención que una institución no hecha para la representación, como son los medios de comunicación, sea, según la población, la que mejor la representa y que los partidos y el Parlamento, que institucionalmente tienen la función de representar, sean las que menos representan a la población. La distancia entre lo institucional y lo fáctico, en este tema, es preocupante como lo es el traslape de roles. Pero, ¿qué entiende la población por estar representada? Uno de los indicadores probablemente es la aptitud de los partidos para “escuchar” a la población. Al respecto, otra encuesta de noviembre de 1995 (Encuestas y Estudios), revela que los medios de comunicación (51%) son los que más escuchan a la población; las juntas vecinales alcanzan el 16%, las alcaldías el 15%, mientras que los partidos sólo tienen el 5% y el Parlamento el 1%. Esta encuesta confirma la idea de esa inversión entre lo institucional y no institucional. Este déficit de la “voz” seguramente tiene su parte en el desencanto de la población por la democracia, en la medida en que otras encuestas igualmente revelan que la población asocia la democracia con la capacidad de ser escuchada, en clara referencia negativa al autoritarismo.

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Pero hay algo más significativo en la encuesta de agosto de 1996. Si tomamos los porcentajes totales, simplemente ninguna institución representa a la sociedad civil, porque aún los más representativos como la Iglesia o los medios, no pasan del 25%. Todo ello plantea en su dramática realidad la necesidad de enfrentar el problema de la representación, que es una de las dos dimensiones esenciales del sistema político.

EL DIALOGO NACIONAL Y REPRESENTATIVIDAD SUSTITUTIVA

El otro de los problemas que quiero abordar y que a mi juicio es estratégico en la relación de los partidos con la sociedad, es el de la corrupción. Un tema del que se habla todos los días y que según la encuesta del PNUD ya mencionada, los encuestados juzgan que es el problema político más importante del país. Para ello recurriremos igualmente a las encuestas, que hoy por hoy son lo más confiable en datos respecto a la percepción que la población tiene sobre este tema, advirtiendo, con todo, que sólo se trata de percepciones, que hay que diferenciar de realidades, aunque estas tengan mucho que ver con aquellas. No hay que confundir la percepción de la naranja con la naranja misma. Pero para el caso, esas percepciones pesan en la imagen y legitimación de los partidos.

Con el conjunto de estos datos ahora podemos abordar el “Diálogo Nacional”. Una pista de entrada es valernos nuevamente de las encuestas. En una encuesta de agosto de 1996, a la población se le preguntó: ¿qué hay que hacer con los partidos? Claro, la población dice: los partidos deben cambiar; pero, ¿en qué sentido deben cambiar? Entonces esta encuesta dice que los partidos “deben preocuparse de los problemas de la gente”(80%). Esto es, que el poder y los partidos funcionan a tanta distancia de la sociedad, que la población percibe a los principales actores del sistema lejos de las preocupaciones cotidianas de la gente. Esto remite al problema de la representación. Mi hipótesis es que si bien es evidente que los partidos tienen un déficit preocupante de representatividad, sin embargo ellos mismos no están en condiciones de resolver este déficit.

A la pregunta ¿dónde hay más corrupción? En los partidos, respondieron los encuestados (Encuestas y Estudios, junio 1997). El 85% de los encuestados cree que hay mucha corrupción en los partidos, después vienen los demás: la Policía tiene 70%; los jueces el 61%, los sacerdotes, los periodistas, etc. en proporciones decrecientes. Otras encuestas ofrecen datos que confirman estas tendencias. Por lo tanto, para la población la desconfianza en los políticos quizá tenga mucho que ver con esta imagen negativa, que remite a problemas de ética y moralidad.

Para lo que queremos decir, bastará con señalar que hay dos tipos de representación: la representación social y la representación política. La primera no es de los partidos pero es la que busca la población. La política es de los partidos pero, por lo menos por ahora, no funciona en nuestro país. A ello debe agregarse la dificultad cada vez mayor de construir la representación en cualesquiera de sus formas por los cambios en la estructura y funcionamiento de la sociedad, que hacen cada vez más difícil constituir actores colectivos estables. Este tema de la representación lo he abordado con cierta extensión en otro estudio, que será publicado próximamente. Entonces, ¿qué hacer ante la reiterada afirmación que los partidos no representan a la población, o mejor, ante los reclamos de esta población que no se siente representada?.

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La democracia necesita de un nivel de representación para tener algún sentido y funcionar. Si los partidos y el Parlamento no parecen ser los espacios de representación esperados, ¿existe o podría existir algún otro espacio, compensatorio? Aquí, a mi juicio, se inserta esa experiencia extraordinaria que es el “Diálogo Nacional”. El Diálogo Nacional a mi juicio representó mucho más de lo que se ha dicho respecto a su realización y mucho más de lo que el propio gobierno le ha reconocido en importancia.

En Bolivia y fuera de Bolivia también, quienes establecen la agenda de prioridades del país, son los gobiernos y desde arriba. En el Diálogo Nacional fue la sociedad civil la que fijó la agenda del país. Esa agenda son las conclusiones del Diálogo, que fueron publicadas y ampliamente difundidas por los medios. Es una agenda de prioridades, es una agenda de temas hacia el futuro desde el punto de vista de la sociedad civil. Si la experiencia del diálogo se institucionaliza, como ha sido reiteradamente demandada por las mismas instituciones, esta agenda puede constituirse en referencia obligada de los gobiernos en la constitución de la agenda oficial.

En primer lugar, la virtud del Diálogo Nacional fue haber constituido a la sociedad civil como actor. Hasta hoy la existencia de la sociedad civil era sólo nominal. Sólo el discurso permitía dar unidad a la existencia plural de la sociedad civil. La sociedad civil realmente existente está expresada por distintos actores sociales: la iglesia, las juntas vecinales, los sindicatos, los empresarios, los movimientos regionales, etc. y cada uno de ellos tiene intereses y percepciones propios y diferenciados. El Diálogo Nacional fue el espacio donde la sociedad civil empezó a existir como actor. Estos distintos grupos de la sociedad civil compartieron un mismo espacio y pudieron condensar una voz sobre estos temas; es decir, el espacio del diálogo constituyó un actor, que es la sociedad civil como actor autónomo existente realmente y no simplemente como fenómeno puramente discursivo. Así la sociedad civil empezó a tener una voz producida por ella misma reemplazando una voz inexistente que le prestaban otros. En segundo lugar, al tener voz, se pudo constituir la agenda de los temas más importantes, que según esa sociedad civil son prioritarios para el país. Es decir, con respecto a quien fija la agenda, podría decirse que se ha producido una permutación en las relaciones entre el Estado, el sistema político y la sociedad civil.

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En tercer lugar, aquí también hay a mi juicio algo que es trascendental para la democracia: se ha roto con el monopolio gubernamental o de toda otra institución, en la definición de lo que se llama el interés general. En todas partes es el gobierno principalmente el que define lo que es el interés general o el interés del país. Se ampara en este monopolio para tomar decisiones en nombre de interés del país. También lo hacen los partidos, sindicatos, empresarios, etc. Cada uno reclama para sí ese monopolio. Es esto lo que ha puesto en cuestión el Diálogo Nacional. En él, ese interés general fue el resultado de un proceso deliberativo a través del cual las instituciones lo definieron, expresándolo en las conclusiones. Es decir, el interés general no es algo preconstituido, sino algo de que debe definirse o redefinirse permanentemente. Esto es lo efectivamente democrático: no debe haber definición autoritaria del interés general que luego sea impuesto a los demás, sino que el interés general es la resultante de un proceso de debate entre distintos actores, que afinan cada vez más lo que debe entenderse por el interés general, hasta producir por aproximaciones sucesivas entre distintos el consenso sobre la definición. La pluralidad

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produce su propia unidad. Esto ciertamente no es nada fácil, pero es lo democrático. El Diálogo Nacional encontró el mecanismo de definición colectiva del interés general. Por cierto esto no cayó del cielo y tiene que ver con cierta tradición “comunitarista” aún existente en el país.

haciéndose compatible. El Diálogo Nacional puede ser una nueva dimensión del sistema político que antes no se había pensado que podía desarrollarse por ese lado para cubrir el déficit de representación existente a través de una representación directa de la sociedad civil en la forma en que se dió en el Diálogo Nacional. Este resultado no fue expresamente buscado, pero puede imputarse a lo que se llama efectos no previstos de las acciones.

Ciertamente no todo debe ser remitido a este mecanismo, pues ello implicaría la paralización del sistema político, pero quizá es lo que debe hacerse cuando se trata de intereses y objetivos nacionales de alta agregación. Pero hay algo más. Esta definición colectiva representó un intento de vencer el corporatismo y los particularismos cada vez más presentes en la sociedad. Al estar un actor frente a los otros, fue inevitable que cada uno pensara sus intereses también desde los intereses de los demás. El Diálogo fue un ejercicio que construye un espacio de lo colectivo por encima de lo estrictamente particular. Por último, el Diálogo Nacional produjo un espacio del que apenas empezamos a comprender su sentido. ¿Cómo entender el pedido de las instituciones más importante de la sociedad civil de institucionalizar el Diálogo nacional? A mi juicio el Diálogo Nacional ha sido el espacio en el cual las instituciones de la sociedad civil se representaron a sí mismas. El Diálogo Nacional emergió como un nuevo espacio de representación que compensa el déficit de representación de los partidos y del Parlamento. Bolivia ha logrado inventar ese espacio en el que las instituciones de la sociedad civil realmente se sienten representadas. No hay que olvidar que el Diálogo Nacional en su impulso entusiasmó a varios departamentos del país que pidieron y, en algunos casos, se pusieron a organizar de inmediato Diálogos Regionales. El déficit de representación de los partidos se va resolviendo fuera de los partidos pero sin entrar en conflicto con ellos, más bien 107

Con esta nueva fórmula que permite que la sociedad civil tenga un espacio donde se sienta representada, podría bajar la presión sobre los partidos, haciendo que estos hagan lo que tienen que hacer, sin preocuparse con exceso por resolver su baja representatividad. Lo que tienen de representativos podría ciertamente mejorar pero sin satisfacer plenamente lo que la población exige de ellos, por las dificultades que extraña, como dijimos, enfrentar sin mucho éxito este problema. Si los partidos no están en condiciones de resolver este problema, lo más sensato es hacerlo por el costado del Diálogo Nacional, y con ello se evita que esta baja representatividad de los partidos no se trasfiera al propio sistema político y todo se venga abajo. El Diálogo Nacional de algún modo desvío la necesidad de representación hacia un espacio completamente distinto y la medida en que el Diálogo Nacional se institucionalice, estas demandas de que los partidos representen más pueden bajar puesto que habría una instancia de representación, digamos, sustitutiva. Por otra parte, estos diálogos nacionales pueden ser sin embargo útiles para los partidos porque son la oportunidad para ellos de rearticularse con la sociedad civil, haciéndose receptivos a ella, y participando con ella en la definición compartida de la agenda y de los intereses del país. Además es útil a los partidos porque les permite

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tomar conocimiento lo que efectivamente la sociedad civil quiere que se haga y cuyas conclusiones pueden ser referentes para los partidos en la toma de decisiones vinculantes, cuya exclusividad institucional nadie podría razonablemente disputarles.

en la valoración colectiva. Pero no sólo eso. Una larga tradición patrimonialista del poder, ha impedido hasta ahora la constitución de un espacio público distinto del privado.

HACIA UNA NUEVA ETICA DE LA DEMOCRACIA En cuanto al otro gran tema que es la corrupción, los juicios de la población son ciertamente expeditos, sin matizaciones ni diferenciaciones. En primer lugar, y por justicia, es de interés de los propios políticos separar las aguas entre políticos a los que debe llegarles esa calificación deshonrosa y políticos a los que por amalgama se los percibe del mismo modo. Pero sobre todo, con respecto a este tema de la corrupción, los políticos deben asumir una realidad: ellos son hombres públicos, por tanto, están en la vitrina de la observación de la sociedad. Este es el precio de ser hombres públicos y de tener una capacidad que solo ellos la tienen: la de tomar decisiones colectivas en nombre del país para todo el país. Está claro que la corrupción, por su magnitud, es un hecho de la sociedad, pero los políticos son hombres públicos, y porque la sociedad se ve en ellos y se conduce a partir de lo que cree observar, deben dar el ejemplo. La lucha contra la corrupción es algo más y mucho más que la retórica de la guerra . Cuando la política está bajo sospecha y no se goza del beneficio de la duda, hay que probar que se es honesto. No es ciertamente cómodo ser mirado bajo sospecha, por ello mismo debe estar en el interés de los políticos y de los partidos revaluarse para revaluar la política y revaluando la política revaluar la acción política. Sólo una sociedad en declinación podría aceptar que la política esté tan devaluada, y que lo privado sea lo más importante

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La confusión entre ambos espacios, o mejor la privatización de lo público, genera actos de corrupción. La tarea más importante del sistema político en democracia es la constitución del espacio público. Ciertamente ya se ha empezado efectivamente en la constitución de ese espacio público con el establecimiento de normas válidas para todos y aceptadas por la población, como son las normas electorales. Esto mismo hay que hacer con todas las instituciones de la sociedad. De otro lado, la condescendencia con la corrupción tampoco es compatible con una cierta idea de la democracia. La democracia implica una ética compatible con la democracia. El imperativo de la ética democrática es que no todo vale; que no todo es admisible; implica que hay que actuar sabiendo que hay límites que no deben ser transgredidos o rebazados; que en democracia es esencial tener sentido de esos límites, que son los límites legales y límites morales. Esto quiere decir que el modelo de comportamiento político tradicional donde todo valía por los imperativos del poder, no es funcional con la democracia. En democracia también cuentan y no accesoriamente, los imperativos morales de la sociedad, de donde proviene finalmente la legitimación del poder, de los políticos y de la política. Nuevamente aquí los políticos deben dosificar razonablemente su pertenencia a dos mundos: el mundo del poder, de lo diabólico, en términos de Weber, y de lo “virtuoso”, de lo tolerable moralmente por la sociedad. Por una larga tradición, se tiende más al poder. Este tradición debe concluir. Debemos tener políticos con ciertos principios permanentes de

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comportamiento, aunque esos principios sean sólo los morales, y no sujetos a los imperativos del poder. En esta idea descansa lo que podría llamarse la credibilidad de los políticos. Esta necesidad de que los políticos cambien es una condición para que cambie el país: esto es por lo menos lo que piensan los encuestados en el mencionado informe sobre Seguridad Humana del PNUD. Un 55% responde que para que cambie el país deben cambiar los políticos. Si a ello agregamos el 13% que dice que deben ser los partidos los que cambien, el porcentaje es contundente. Esta es la gravitación de los políticos ante la sociedad y debe ser asumida responsablemente. ¿Cómo no entender este condicionamiento si son ellos los que finalmente toman decisiones institucionales en nombre de todo el país?.

del sistema político es, como ya dijimos, la constitución del espacio público como distinto del espacio privado, de una moral pública compatible con la democracia, lo que significa echar abajo las murallas patrimonialistas fuertemente ancladas en nuestro inconsciente colectivo.

CONCLUSIONES

Para cerrar esta exposición, permítaseme condensar todo lo dicho en algunas conclusiones.

Dijimos ética de la democracia. Esto es no sólo la ética o los principios de comportamiento inherentes a la democracia, sino también democracia. No se trata solamente de una nueva ética sino que además hay necesidad de reivindicar una cierta idea de la democracia. Esta cierta idea quiere decir que la democracia es sentido de lo colectivo, que no se puede ser aceptablemente demócrata y al mismo tiempo patrimonialista. El espacio de lo colectivo es el espacio de lo público y no el espacio de lo privado. El actor primordial de la democracia es el ciudadano y el ciudadano actúa y es correlativo al espacio de la “polis”, de lo colectivo. Esto es tanto más necesario que en nuestro país nunca pudimos construir durablemente el espacio público, y que ahora vivimos la onda en que lo privado es más valorizado que lo público, y que eso quiere decir para nosotros que las tendencias patrimonialistas sean más dificiles de revirtir en un momento en que todo parece que debe ser privatizado.

1.-

Fue esencial la acción de los partidos para resolver uno de los problemas más dramáticos de la historia del país, que fue su inestabilidad política tradicional. Sin los partidos, no habría sido posible la estabilidad democrática actual y su consistencia.

2.-

Lo que específicamente hicieron los partidos para viabilizar la estabilidad fue poner en marcha políticas de pactos institucionales y de gobierno. Con ello pasaron de la política de la confrontación a la política de la concertación.

3.-

Sin embargo de esta contribución esencial a la estabilidad del sistema político, los partidos tienen una imagen muy negativa ante la población, produciéndose una paradoja: los partidos cada vez más cuentan institucionalmente pero cada vez cuentan menos para la población.

Hay pues una relación asociativa de sentido entre la democracia, lo colectivo, lo público y la ciudadanía. Por ello el problema básico

4.-

Dos parecen ser los principales problemas de los partidos con la población: la representatividad y la corrupción. La población no

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cambiar de estilo de hacer política, como suele decirse, sino cambiar las estructuras y actitudes profundas de percepción, valoración y acción, que nos hace confundir con la mayor naturalidad lo personal con lo institucional, lo privado con lo público. Pero al mismo tiempo se debe reivindicar una cierta idea de la democracia, distinta a la del mercado.

se siente representada por ellos, y cree además que los políticos están entre los más corruptos del país. 5.-

Por varias razones, no está en manos de los partidos resolver sus problemas de representatividad, pero si pueden atenuarlos en sus efectos. Es ahí donde se inserta la experiencia del “Diálogo Nacional”. Este Diálogo, si se institucionaliza, tiene potencialidades de ser un nuevo espacio permanente de representación donde la sociedad civil esté representada directamente.

6.-

Al ser potencialmente y esperemos que lo sea, el “Diálogo Nacional” un nuevo espacio de representación sustitutivo en el sistema político, la exigencia y presión de la sociedad civil a los partidos de ser representativos, podría bajar por compensación, dejando a los partidos cumplir mejor sus tareas primordiales.

7.-

Es decir, que los partidos podrían preocuparse menos de su representatividad y ocuparse más de ser buenos gobiernos, neutralizando significativamente la falta de representatividad. Lo que no quiere decir que no se hagan más receptivos a las demandas y sentimientos de la población. Igualmente puede decirse del Parlamento que podría ser más representativo si se convirtiera en escenario de debate de los grandes problemas nacionales.

8.-

En cuanto a la corrupción, el hecho de ser los políticos hombres públicos, los obliga a dar el ejemplo de ser los portadores de una nueva moral en la política. En democracia es primordial actuar con el sentido de los límites: no todo es admisible en democracia, pues hay límites legales y morales. El problema no es simplemente

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9.-

Está, pues, en el interés de los mismos políticos, revaluarse y no contribuir a erosionar la democracia, que como sistema político es el único que los hace pluralmente necesarios. Pero está también, y sobre todo, en el interés del país que los políticos cambien, para que el país cambie, como dicen los encuestados en el informe del PNUD.

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a) en el seno de los propios partidos b) en el ámbito de la sociedad civil c) en el ámbito del Estado.

LOS PARTIDOS POLITICOS HACIA EL FUTURO: SUS PRINCIPALES RETOS

Alfonso Ferrufino Valderrama LAS TAREAS EN EL SENO DE LOS PROPIOS PARTIDOS Contradiciendo una idea muy difundida, los procesos de globalización económica y tecnológica, así como las reformas estatales recientemente aplicadas en Bolivia, han incrementado la centralidad y peso específico de los partidos en el sistema político y, en particular, en la gestión del Estado. Sin embargo, es también notorio que las organizaciones partidarias acusan una considerable debilidad institucional, que se pone de manifiesto en el bajo grado de cumplimiento de sus normas internas, por parte de los afiliados y, sobre todo, de los dirigentes; siendo la discrecionalidad un componente habitual de su funcionamiento. Por otra parte, el incumplimiento reiterado de las ofertas electorales ha ocasionado grandes frustraciones colectivas y una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia los actores políticos, tanto como una pérdida tendencial de adhesión de nuevos militantes a los partidos. En ese contexto, las tareas que deben encarar los partidos políticos bolivianos para restablecer una relación de confianza con la sociedad y recuperar la legitimidad indispensable para la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrática del Estado, pueden situarse, al menos, en tres ámbitos:

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Señalamos algunas de las tareas que nos parecen prioritarias en torno a la reforma interna de los partidos:

a)

LA DEMOCRACIA INTERNA

Los partidos políticos modernos se han constituido, cada vez más, como instrumentos de gestión del Estado, expresando la distinta configuración de los intereses económicos, políticos, regionales, étnicoculturales, etc. de una sociedad en un momento determinado de su desarrollo. Conforme los Estados fueron consolidando su carácter democrático-representativo, los partidos tuvieron que asumir también formas de organización adecuadas a las exigencias de la gestión democrática del Estado. La Constitución Política de Bolivia confiere a los partidos políticos, con carácter exclusivo, la representación de la sociedad para la conformación y administración de los poderes públicos, bajo la presunción que su ejercicio se ajustará al principio de organización democrática del Estado que la propia Carta Fundamental define en su artículo primero. Aquí surge la primera gran contradicción que atrapa a los partidos en una lógica de creciente distanciamiento con la ciudadanía: los responsables de administrar democráticamente el Estado tienen, en general, una estructura autoritaria y vertical, basada en la

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adhesión incondicional y subordinada de los militantes o simpatizantes a un líder dotado de facultades omnímodas. Por lo tanto, resulta poco probable, cuando no imposible, que quienes acusan una conducta sistemáticamente discrecional y autoritaria en el manejo de sus organizaciones partidarias, puedan asumir un manejo verdaderamente democrático del poder público.

de la sociedad y del Estado, la transparencia de las acciones individuales y colectivas de la militancia y, en particular, de los órganos directivos y de representación del partido.

En consecuencia, surge el primer gran desafío de los partidos políticos en la hora actual: su democratización interna. ¿Cómo avanzar hacia ese objetivo? Al menos habrá que tomar en cuanta dos elementos: a) adopción de normas de carácter público e imperativo, cuya inobservancia provoque severas sanciones a quienes incurran en ella y b) la toma de conciencia activa de los militantes de base que se movilizan para exigir y arrancar de sus niveles de decisión la incorporación (o su estricto cumplimiento si ya existen) de normas y mecanismos efectivos de decisión y funcionamiento democráticos. Esto tiene una relación muy directa con el tema de la educación política de los miembros de la organización, única manera de superar las negativas influencias de la cultura política dominante en nuestra sociedad. El caudillismo es un factor gravitante en el comportamiento político de las masas bolivianas, lo cual crea condiciones propicias para retroalimentar la secular tendencia de los líderes a concentrar el poder.

Se trata, en síntesis de desarrollar a plenitud una auténtica cultura democrática en la militancia de los partidos políticos, la cual pueda, a su vez, difundirla en el ámbito de la sociedad global. En este orden de cosas, vale la pena mencionar los efectos positivos que seguramente tendrá la comprensión y ejercicio efectivo del recurso de queja incorporado en la última reforma de la legislación electoral. Se trata de un instrumento puesto al alcance de cualquier afiliado a una organización partidaria para demandar a los directivos de dicha entidad por la transgresión de disposiciones expresas del ordenamiento legal (público o interno) que rige el funcionamiento de los partidos, así como por la adopción de resoluciones que violen los derechos de los militantes. Tal recurso se tramita ante una instancia suprapartidaria que es la Corte Nacional Electoral, cuyo fallo es de cumplimiento obligatorio y puede importar, además de la anulación del acto o disposición demandados, la sanción de sus responsables.

De ahí por qué resulta de la mayor importancia que las organizaciones partidarias desarrollen programas permanentes de formación entre sus miembros, poniendo especial énfasis en temas como: la responsabilidad colectiva, la renovación periódica de los cuadros de dirección, la comprensión y cumplimiento estricto de los derechos y deberes de dirigentes y militantes, la concepción democrática

Es necesario también referirse, en las actuales circunstancias, a un aspecto generalmente ignorado a la hora de discutir la modernización o reforma de las organizaciones políticas: se trata de la responsabilidad de la militancia de base. La relación que se entabla entre líderes políticos y militancia o simpatizantes, como toda relación que involucra a dos sujetos, se alimenta de las actitudes, motivaciones, intereses, o meros impulsos que ambas partes ponen en juego. Es así que el clientelismo y el prebendalismo, tan arraigados en nuestra tradición partidaria, no podrían darse si no intervienen al menos dos componentes: el impulso “natural” del líder de forjar una base cada

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vez mayor y más subordinada de adherentes, por una parte, y la disposición voluntaria de los ciudadanos a someterse incondicionalmente a ese líder para obtener algún beneficio personal concreto. Por consiguiente, todo esfuerzo orientado a la reforma partidaria debe, necesariamente, contemplar mecanismos efectivos que contribuyan a elevar el nivel de responsabilidad y madurez colectiva e individual de los militantes, tanto en el funcionamiento cotidiano interno como en la toma de decisiones de efecto externo (nominación de candidatos, aprobación de plataformas electorales, etc.) y en las relaciones que entablan con la ciudadanía.

b)

LA INCORPORACION DE NUEVOS ACTORES

La pérdida de espacio social de los partidos parece tener como una de sus causas la incapacidad de los dirigentes partidarios de comprender la distinta naturaleza de las aspiraciones, intereses, roles e identidades de que pueden ser portadores los actores emergentes en el contexto de las nuevas realidades internacionales y nacionales. Nos referimos principalmente a las mujeres, los jóvenes, las etnias y las regiones. La tradicional configuración partidaria, basada en los grupos sociales articulados e identificados por un vínculo o una condición económica comunes, se revela claramente insuficiente para convocar, hoy día, a la mayor parte de los y las ciudadanas. Las formas organizativas tanto como los contenidos programáticos y las líneas de acción de las organizaciones partidarias deben adecuarse a esta creciente diversidad del contexto social en que se desenvuelven. Es igualmente importante tomar en cuenta los impactantes efectos que tienen los medios masivos de comunicación sobre el imaginario colectivo de nuestras sociedades y que tornan extremadamente sutiles y complejos los mecanismos de identificación individual y colectiva.

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LAS TAREAS EN EL AMBITO DE LA SOCIEDAD CIVIL Los partidos se han presentado siempre como instancias de mediación entre la sociedad y el Estado pero raramente se preguntan qué condiciones deben ser llenadas para cumplir de manera adecuada esa función. En general los partidos definen por si mismos, pero en nombre de la sociedad, las demandas a ser planteadas ante el Estado o las políticas públicas destinadas, supuestamente, a resolver determinadas necesidades o problemas sociales y luego se sorprenden porqué la ciudadanía no las acoja agradecida o, peor aún, las rechace o las resista abiertamente. Por otra parte, las organizaciones partidarias han desarrollado una suerte de complejo de clandestinidad frente a la ciudadanía: sus decisiones son frecuentemente adoptadas de manera subrepticia o incluso bajo la calidad de secreto absoluto, lo cual no hace sino estimular la sospecha latente en el público de que los propósitos de las organizaciones partidarias son poco o nada altruistas. Hoy en día, se ponen en tela de juicio, al menos dos elementos esenciales que hacen a la legitimidad y vigencia efectiva de los partidos políticos en el seno de la comunidad nacional: a) su idoneidad para ejercer la representación política de la sociedad en la conformación y gestión de los poderes público y b) su calidad de constructores de ciudadanía.

a)

REPRESENTACION POLITICA DE LA SOCIEDAD

Numerosas encuestas y ensayos coinciden en señalar que los partidos políticos muestran cada vez menos aptitud para representar a la colectividad ciudadana en la organización y gestión democrática del Estado y, menos aún, para hacerlo de manera exclusiva y excluyente.

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Se coincide en señalar que la creciente complejidad de la sociedad, el advenimiento de nuevos actores e identidades sociales y la multiplicación de formas organizativas que expresan esa diversidad son suficientes razones para pensar en la supresión del monopolio partidario de la representación política. Por consiguiente los partidos políticos tienen, en este campo, dos desafíos muy específicos: demostrar, por una parte, que son instrumentos idóneos para concurrir a la organización democrática de los órganos del Estado y, por otra, que están dispuestos a compartir esa tarea con otras formas de representación legítima de la ciudadanía, por ejemplo en la conformación de los gobiernos municipales, tal como ya ocurre en otros países.

que pueden hacer los aspirantes a una nominación. La adopción del sistema de diputaciones uninominales en la última reforma electoral no parece haber modificado cualitativamente esta situación, dado que los partidos han tendido a priorizar la pura capacidad de atraer votos, por sobre cualquier consideración relativa a la propuesta programática, a la calidad de los candidatos y a su idoneidad para ejercer la representación. Esta actitud de los partidos ha provocado una gran indiferenciación entre las opciones electorales llevando a la ciudadanía a la lógica constatación de que todos los partidos y todos los candidatos son la misma cosa, constatación de la que se desprende, de modo bastante natural, una peligrosa conclusión: “elijo a quien me trae cosas concretas en la campaña y no ofertas difusas para un futuro incierto, no me interesan ni sus ideas ni sus antecedentes”.

En relación al primero de estos desafíos habrá que hacer especial hincapié en el carácter democrático de la intervención de los partidos en la organización y gestión del Estado. Si bien, en Bolivia se ha avanzado considerablemente en la instalación de un sistema electoral confiable, la mayor parte de los partidos políticos persisten en prácticas poco democráticas en su manera de intervenir en los procesos electorales, privilegiando ciertos recursos de manipulación de la conciencia ciudadana en lugar de desarrollar verdaderas campañas de información político electoral que permitan elevar el nivel de comprensión ciudadana acerca de los procesos políticos, de las opciones electorales y de la propia responsabilidad de los electores en la conformación de los poderes públicos. Por otra parte, los procedimientos de designación de los candidatos a cargos electivos tampoco han avanzado mucho en la dirección de expresar consensos mayoritarios de la militancia o de los adherentes de cada organización política y hasta hoy siguen dominados por decisiones cupulares o por la magnitud de los aportes en metálico

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Los partidos están pues, ante la ineludible tarea de cualificar su relación con la ciudadanía, para lo que deberán cumplir al menos las siguientes condiciones: a) hacer más claros los contenidos de sus propuestas, b) adoptar mecanismos efectivamente democráticos de nominación de los candidatos, c) renunciar expresamente a utilizar toda forma de manipulación del voto que afecte el pleno ejercicio de la libertad de conciencia y de elección de los ciudadanos, se trate del exceso publicitario o de la distribución de bolsas de azúcar o fideos, y d) hacer más transparente e idóneo su desempeño en el ejercicio de la gestión pública.

b)

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

El Estado moderno requiere, como condición y sujeto fundamental de su existencia y legitimidad, de una ciudadanía activa y responsable. Esto supone que los ciudadanos deberán tener una

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comprensión bastante precisa acerca de la misión del Estado, de las competencias de sus órganos y de las funciones que deben cumplir, así como de sus propios derechos y deberes, tanto como de las instancias y asuntos públicos en los que la sociedad puede participar de manera directa.

esas entidades que se atribuyen su representación en el manejo del Estado, qué piensan y qué proponen respecto de los asuntos de interés público, cuánta consideración prestan a la opinión ciudadana, de dónde obtienen los recursos económicos y en qué los emplean, qué relaciones sostienen con los distintos núcleos de poder interno o externo. Mantener una terca reserva sobre éstos y otros asuntos de la vida de los partidos políticos sólo puede incrementar la desconfianza y la sospecha latentes en la ciudadanía.

¿A quién corresponde la construcción de una ciudadanía con esas características? En primer término a los propios ciudadanos que deben superar toda tendencia a la subordinación y a la aceptación pasiva del paternalismo estatal y luego, a los partidos políticos que deben promover la educación política (y no el mero adoctrinamiento) de los ciudadanos como una condición de su propia vigencia, solidez y expansión. En este ámbito de la relación partidos-sociedad civil, merece una mención especial el asunto relativo a la comunicación. Hoy día no existe ningún órgano de prensa partidaria ni espacios radiales, periodísticos o televisivos que cumplan la función de informar al público, de manera regular y rigurosa, acerca de las actividades y de los análisis o planteamientos que tengan los partidos en torno a los diferentes asuntos de interés público. Toda la información (o desinformación) que llega a la ciudadanía sobre los partidos se origina en los propios medios de comunicación masiva, con la carga negativa o positiva que ella comporta, o bien en los spots publicitarios típicos de las campañas electorales cuyos efectos sobre la relación partidospolítica-ciudadanía son más bien perniciosos. Ni la información difundida por los medios masivos y menos la publicidad electoral pueden suplir las funciones de una verdadera política de comunicación de los partidos políticos con la sociedad civil. La sociedad requiere saber, en blanco y negro, qué son y qué hacen

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Esta tarea de construir ciudadanía pasa también porque los partidos admitan y aún promuevan al sinnúmero de organizaciones que la sociedad va conformando para atender sus cada vez más diversas necesidades y demandas. Es deplorable e inútil que entre unos y otras se establezcan relaciones de competencia o exclusión mutua. Los partidos, si merecen tal caracterización, deben ser portadores de una visión de conjunto del Estado y de la sociedad capaz de integrar, y no excluir, a todas las formas de organización y expresión de las demandas sociales. Los partidos no pueden, o no deben, ser sustituidos, pero tampoco pueden sustituir a las diversas organizaciones o movimientos que se conforman en el seno de la sociedad civil como canales de expresión de otros tantos asuntos específicos de orden social, cultural o económico. Los partidos deben redefinir su relación con la sociedad de manera tal que puedan ser percibidos como entidades que prestan un servicio fundamental a la ciudadanía y al Estado y no que usurpan la voluntad ciudadana para apoderarse de este y emplearlo en su exclusivo beneficio.

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LAS TAREAS EN EL AMBITO DEL ESTADO El descrédito ciudadano respecto de los partidos políticos se nutre cotidianamente de la forma poco profesional, poco honrada e ineficiente en que los operadores políticos administran el Estado y el patrimonio público. Los grupos dirigentes acusan una notoria incapacidad para distinguir entre sus intereses particulares inmediatos, económicos o políticos, y los intereses generales de la Nación y la sociedad. Cada nuevo titular de cualquier instancia del poder público, sea la cabeza del Poder Ejecutivo o una agencia cantonal, asume el cargo con la pretensión de “refundar la República”, provocando la crónica inestabilidad institucional que padece nuestro país. La organización del Poder Ejecutivo, la administración de justicia, las normas tributarias, los reglamentos municipales y los de la administración pública central, en fin, todo el andamiaje institucional y normativo del Estado sufre profundas alteraciones cada vez que se produce un cambio de titulares en el gobierno nacional o municipal; más aún, esas alteraciones se operan también cuando la cabeza de un sector es sustituida dentro de un mismo período gubernamental. Ni siquiera la política exterior queda a salvo de esta manía de inventar otra vez la pólvora. En la práctica, no existe funcionariado estatal. Toda la planta administrativa pública tiene como horizonte de continuidad, en el mejor de los casos, los cuatro años (ahora cinco) que dura el mandato de los gobiernos. De ahí por qué la improvisación, la no profesionalidad, la incompetencia, la ineficiencia, la dilación, el despilfarro y la corrupción campean en todos los ámbitos de gestión del Estado, creando condiciones de inseguridad social, económica, jurídica y administrativa cuyas consecuencias se expresan elocuentemente en los índices de

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desarrollo que sitúan a Bolivia en el rango de los países más atrasados del planeta. En este marco, surgen como ineludibles las tareas siguientes:

a)

CREACION DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL

A estas alturas de la historia republicana y salvo contadas excepciones, Bolivia no ha logrado definir los asuntos y las políticas que deben tener, en estricto sentido y para todos los efectos, la calidad de asuntos de Estado, es decir que en sus definiciones fundamentales transciendan un período determinado de gobierno. Es, por lo tanto, indispensable que las instancias más representativas de la sociedad, y en primer lugar los partidos políticos, encaren un profundo y sostenido proceso de concertación que defina con la mayor precisión y claridad posibles cuáles son esos asuntos de Estado transversales a toda la estructura económico social, étnicocultural, genérica, generacional y regional del país, cuáles son las políticas adecuadas para su tratamiento y las reglas de juego de su ejecución, de tal suerte que no sean modificadas de acuerdo a las conveniencias inmediatas de los administradores de turno. Temas como la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, la calidad del medio ambiente, la seguridad social, la independencia, eficiencia y transparencia de la administración de justicia y de la administración pública en general y, desde luego, la reivindicación marítima, debieran formar parte de esa Agenda de los asuntos de Estado. Se trata, en buenas cuentas, de crear una verdadera cultura institucional como base de la construcción de un genuino Estado de

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Derecho en el que las normas de convivencia social así como las normas de funcionamiento de las instituciones públicas tengan un razonable margen de continuidad y permanencia en el tiempo y en el espacio y sean de cumplimiento estricto por parte de todos los integrantes de la colectividad y, en primer término, de los gobernantes.

Esta tarea supone, obviamente, una profunda reforma de la organización y procedimientos del Congreso Nacional, desde la Vicepresidencia de la República hasta las instancias de apoyo técnicoadministrativo, para que pueda cumplir eficazmente sus funciones legislativa, representativa y de fiscalización.

b)

REFORMA DEL REGIMEN DE GOBIERNO

Uno de los factores que más ha incidido en la crónica debilidad institucional del Estado boliviano es, ciertamente, el régimen presidencialista de gobierno. Este modelo ha fomentado el autoritarismo y la discrecionalidad en la administración estatal, ha debilitado a grados extremos a los Poderes Legislativo y Judicial, ha convertido a los partidos políticos en meras comparsas del mandatario de turno y, lo más grave, ha propiciado la irresponsabilidad ciudadana al concentrar la suma de las funciones estatales, cerrando el paso a cualquier forma de participación social en la gestión pública.

Finalmente, para que un proceso de reformas radicales en el sistema político pueda cristalizar, existe una tarea previa y urgente que es la reforma de los principales actores del sistema: los partidos. Se trata de una reforma intelectual y moral, es decir de una manera distinta de entender a la sociedad y al Estado, sus objetivos y sus funciones, sus intereses y sus problemas; además, se trata de asumir de una manera absolutamente diferente su propio rol (el de los partidos y el de los políticos) en la relación Estado-Sociedad.

Nos urge sustituir el presidencialismo vigente por un régimen de gobierno que descentralice efectivamente el poder del Estado, que determine con toda precisión los alcances y límites de la acción del Poder Ejecutivo así como sus responsabilidades político-jurídicas, que otorgue al Congreso Nacional mayores prerrogativas que las que hoy detenta, sobre todo en orden al ejercicio de un control mucho más eficaz sobre los actos de la administración. Debemos ir a la constitución de un sistema de gobierno que abra espacio y promueva activamente la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el control de los actos de las distintas instancias del poder público, particularmente en las esferas municipal y departamental.

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