PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA

Este manual refleja la opinión del autor y la Comisión no se hace responsable de la información que contenga.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA PAC

ACCIÓN COFINANCIADA EN UN 50 % POR LA COMISIÓN EUROPEA

COMISIÓN COMIS IÓN EUROPE EUROPEA A Dirección Direc ción gener general al de d Agriculturaa y Desarr Agricultur Desarrollo ollo Rural

Este manual se ha elaborado para distribuir entre los asistentes a los seminarios taller. En este documento se recoge la evolución de la PAC desde su comienzo hasta nuestros días, que servirá como base para los debates y las reflexiones de la mesa redonda del evento. A partir de aportaciones que realicen en los eventos que se llevarán a cabo en toda la Comunidad Autónoma Gallega, se elaborará un informe final de conclusiones que se difundirá entre todos los agentes implicados. Los seminarios están estructurados en dos partes bien diferenciadas y con diferentes objetivos, la primera parte estará formada por ponencias magistrales en donde se pretende exponer por un lado las diferentes fases por las que pasó la PAC, los problemas actuales a los que se enfrenta la agricultura del siglo XXI y de que manera se pueden abordar desde la política agraria comunitaria. La segunda parte del seminario Mesa redonda: Perspectivas de futuro de la Política Agraria Común pretende ser un foro de debate y reflexión sobre las perspectivas de evolución de la PAC, en el que se considere la participación del público asistente como prioritario.

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ÍNDICE PASADO INTRODUCCIÓN. LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN OBJETIVOS DE LA PAC EVOLUCIÓN HISTÓRICA CÓMO INFLUYE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS ¿A QUIÉN SUBVENCIONA LA PAC?

PRESENTE REFORMA DE LA PAC “CHEQUEO MÉDICO” CONDICIONALIDAD ASPECTOS DE LA CONDICIONALIDAD ESPECIALMENTE SENSIBLES EN GALICIA LA PAC Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

FUTURO EL FUTURO DE LAS AYUDAS AGRARIAS CONTEXTO GENERAL: ESCENARIOS DE FUTURO DE LA PAC ¿CÓMO PREPARAR LO MEJOR POSIBLE LA PAC DEL FUTURO? POSIBLES MODELOS DE LA FUTURA PAC LA POSICIÓN DE GALICIA

BIBLIOGRAFÍA

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INTRODUCCIÓN. LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN ¿Qué es la PAC? La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea (UE). La PAC gestiona las subvenciones que se dan a la producción agrícola en la Unión. La PAC ha contribuido al crecimiento económico, garantizando el suministro de una amplia gama de productos alimenticios de calidad intentando que los precios sean razonables. La UE se convirtió en el primer importador y el segundo exportador de productos agrícolas a nivel mundial. La PAC acapara cerca de 50.000 millones de euros anuales, el 50% del presupuesto comunitario, aunque está descendiendo su peso en el PIB de la UE (43% en 2004) y se espera que disminuya más en los próximos años (33% en 2013). La reforma acordada en 2003, cambió la forma en que la UE apoya al sector agrícola a partir de 2005, ya que establece un pago desvinculado de la producción desacoplamiento, es decir, una ayuda que se abona independientemente de que el agricultor produzca o no y que se denomina régimen de pago único. Este pago está sujeto al cumplimiento de la condicionalidad: buenas condiciones agrarias y medioambientales y

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requisitos legales y de gestión. La PAC siempre tuvo, y sigue teniendo, una razón de ser evidente. Y ha estado evolucionando constantemente para adaptarse a los cambios registrados en las necesidades del sector agrícola y del conjunto de la sociedad.

La PAC Original El origen de la PAC se remonta a los años 50, en una Europa occidental cuya población estaba marcada por los años de guerra y en la que la agricultura había quedado paralizada y el abastecimiento de alimentos no podía garantizarse. El objetivo central de esta primera PAC fue fomentar la mejora de la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispusieran de un suministro estable de alimentos a precios asequibles, y garantizar que la UE disponía de un sector agrícola viable. La PAC ofrecía subvenciones y sistemas que garantizaban precios elevados a los agricultores, proporcionando incentivos para que produjeran más. En este sentido, se concedía asistencia financiera para la reestructuración de la agricultura, por ejemplo mediante subsidios a las inversiones agrícolas para favorecer el crecimiento de las explotaciones y de la gestión

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de conocimientos tecnológicos, para adaptarse a las condiciones económico-sociales de entonces. Se introdujeron determinadas medidas de ayuda a la jubilación anticipada, a la formación profesional y en apoyo de las regiones más desfavorecidas. A partir de los años 80, la PAC alcanzó su objetivo de hacer evolucionar a la UE hacia la autosuficiencia. Sin embargo, la UE tuvo que enfrentarse también con excedentes casi permanentes de los principales productos agrícolas, algunos de los cuales se exportaron (con ayuda de subvenciones), mientras que otros tuvieron que ser almacenados o eliminados dentro de la UE. Estas medidas supusieron un coste presupuestario elevado, provocaron distorsiones en algunos mercados mundiales, y no siempre redundaron en interés de los agricultores, hasta el punto de que pronto se hicieron impopulares entre consumidores y contribuyentes. Al mismo tiempo la sociedad se iba preocupando cada vez más por el desarrollo sostenible de la agricultura y de su relación con el medio ambiente, y la Cumbre para la Tierra, celebrada a principios de los años 90 en Río de Janeiro (1992) supuso un hito crucial.

OBJETIVOS DE LA PAC La UE siempre ha perseguido con su política agrícola los siguientes objetivos: 1. 2.

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Asegurar una oferta estable de alimentos sanos y asequibles a su población; Dar un nivel de vida razonable a los agricultores comunitarios, permitiendo al mismo tiempo al sector agrícola modernizarse y desarrollarse; Hacer posible que todas las regiones de la UE puedan mantener su agricultura.

A medida que la PAC se ha desarrollado, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos comunitarios, han ido adquiriendo cada vez mayor importancia los objetivos siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mejorar la calidad de los alimentos europeos; Garantizar la inocuidad alimentaria; Procurar el bienestar de la sociedad rural; Asegurar la protección del medio ambiente en beneficio de las futuras generaciones; Mejorar las condiciones sanitarias de los animales y su bienestar Conseguir todos estos objetivos a un coste mínimo para el presupuesto comunitario (que está financiado principalmente por los contribuyentes, es decir, por los ciudadanos de la Unión Europea).

La dirección en que discurre la PAC actualmente

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refleja unos objetivos estratégicos: Una agricultura que sea competitiva en los mercados mundiales, que respete normas muy estrictas en materia de medio ambiente, inocuidad de los alimentos y bienestar animal, dentro del contexto de una economía rural sostenible y dinámica. La PAC de hoy es una elección política de nuestra sociedad, para continuar apoyando la agricultura de la UE al tiempo que responde a las expectativas de los ciudadanos, contribuyentes y consumidores, con la mínima distorsión del comercio internacional. Durante los próximos años la PAC seguirá cambiando con objeto de continuar: 1.

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Siendo una política viva que refleje las necesidades y expectativas de la sociedad europea; Fomentando una agricultura sostenible que ofrezca productos seguros y de calidad mientras que protege el medio ambiente y el bienestar animal; Apoyando el papel multifuncional de los agricultores como suministradores de bienes públicos a la sociedad; Fomentando el crecimiento y la creación de empleo en las zonas rurales;

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Reforzando un sector agrícola competitivo e innovador que pueda responder a los retos del mercado mundial; Estando gestionada mediante reglas sencillas y transparentes.

Mensajes que se desean transmitir con la PAC Se deberían transmitir los mensajes siguientes en las medidas de información: 1.

La PAC es una política viva. Evoluciona para responder a las nuevas prioridades de nuestra sociedad. Se concibió como parte fundamental de la construcción europea con un fuerte énfasis en la comunidad agrícola europea. Más que nunca, la agricultura europea desempeña una función fundamental en nuestras sociedades. Nos concierne a todos y en distintos aspectos de nuestra vida: desde los alimentos que consumimos pasando por la forma en que tratamos los problemas de los animales de granja y hasta la calidad de nuestro medio ambiente. La PAC se esfuerza por promover una agricultura sostenible que permita superar desafíos tales como la seguridad alimentaria, el crecimiento y el empleo en las zonas rurales, respondiendo al mismo tiempo

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a las preocupaciones y esperanzas de los ciudadanos (agricultores, consumidores y contribuyentes), La PAC promueve el carácter multifuncional de la agricultura y ayuda a los agricultores para que puedan cumplir su función de pulmón económico de las zonas rurales. Les permite responder tanto a las expectativas de los mercados como a las de la sociedad en materia de bienes públicos, medio ambiente y cambio climático, La gran mayoría del territorio de la UE se encuentra en zonas rurales. Estas zonas son una fuente importante de empleo y constituyen un símbolo fuerte del patrimonio cultural de Europa. La PAC propugna una política de desarrollo rural que se inscribe en el «crecimiento verde» y la creación de empleos en las zonas rurales, tanto dentro como fuera del sector agrícola, con métodos que refuerzan el tejido económico, social y medioambiental de nuestras zonas rurales.

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La PAC es fundamental para el crecimiento sostenible. No se puede hablar de utilización racional y eficaz de los recursos naturales sin tener en cuenta la agricultura y la manera en que se gestiona. La PAC es fundamental para el empleo. Permite que las zonas rurales desarrollen plenamente su potencial. El empleo agrario constituye a menudo la base de la actividad económica rural. Sin la agricultura y sin la industria agroalimentaria, en muchos de nuestros campos no habría ninguna actividad. Ni trabajo. La PAC es fundamental para un crecimiento ecológico. Bien calibrada, y respaldada por la innovación y la investigación, la PAC puede dar buenas respuestas al crecimiento ecológico. Y respuestas pertinentes al cambio climático. La propia actividad agrícola constituye una fuente de energías renovables. La PAC es fundamental para un crecimiento inteligente.

PAC y agricultura La agricultura puede hacer una gran aportación al crecimiento. Una aportación para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. La agricultura europea tiene mucho que ofrecer.

En el futuro, las técnicas agrícolas deberán adaptarse a los efectos del cambio climático. Habrá que producir más con menos. Habrá que resolver la escasez progresiva de recursos naturales. Habrá que hacer frente a las catástrofes naturales. Que reforzar la capacidad de fijación

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del carbono. Que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Habrá también que ofrecer a los consumidores productos cada vez más sanos, seguros, variados. Y, para ello, será necesario adaptar las técnicas de producción. Y, ante tantos desafíos, habrá que movilizar nuestra capacidad de investigación y desarrollo. La agricultura es un sector fundamental de nuestra economía. La PAC es una de nuestras grandes políticas. Su contribución a la agenda de la UE, tal como propone la Comisión en su Comunicación Europa 2020, puede ser significativa. Para qué tal contribución surta plenamente sus efectos en el proyecto europeo, es necesario reformar de nuevo la Política Agrícola Común. Desde su creación, la PAC ha experimentado constantes reformas. Ha tenido que adaptarse para responder a los retos de su tiempo. La PAC tal como la conocemos hoy procede de la reforma de 2003, que fue una prolongación de la Agenda 2000. Desde entonces han pasado 10 años.

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EVOLUCIÓN HISTÓRICA La PAC evoluciona con las necesidades y expectativas de la sociedad a política agrícola europea a través de los años La Política Agrícola Común (PAC) ha contribuido a dar forma a la actual Unión Europea. Su creación respondió inicialmente a la necesidad de garantizar que los ciudadanos dispusiesen de buenos alimentos a precios asequibles, que los agricultores obtuviesen una renumeración digna por su trabajo. Si bien las circunstancias han cambiado, esos objetivos siguen siendo válidos hoy en día. La PAC original alcanzó sus metas pero generó abundantes excedentes a lo largo del proceso. Durante los últimos veinte años, la UE se ha dedicado a reformar la PAC reduciendo costes, eliminando los excesos de producción y centrando la política en el desarrollo sostenible. Los excedentes prácticamente han desaparecido, pero la PAC se mantiene en vías de adaptación a la cambiante dinámica de los mercados agrarios, la demanda de alimentos de mayor calidad y salubridad por parte de los consumidores y los nuevos retos que plantea el cambio climático. A continuación describiremos las fases por las que fue pasando la PAC, a lo largo de los años:

1957: Los seis miembros fundadores firman el Tratado de Roma por el que se crea la Comunidad Económica Europea (la actual UE). El Tratado fija objetivos clave para el sector agrario: asegurar a los

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ciudadanos de la UE un suministro de alimentos a precios asequibles y a los agricultores unas condiciones de vida dignas.

1961: Nace la Política Agrícola Común (PAC), primera y única política común al 100 %, regida por el principio básico de sostener los precios practicados por los agricultores. Los productos agrícolas se venden libremente en toda la UE a precios comunes. Las importaciones más baratas quedan sometidas a gravámenes y las exportaciones se subvencionan cuando los precios mundiales son inferiores a los de la UE. Esta política se financia mediante contribuciones de los Estados miembros, siendo la aportación de los países más prósperos superior a la de los más desfavorecidos. 1962: La PAC marca la dirección de la política comunitaria: se crea un mercado único agrícola con su propia moneda de referencia para el comercio agrario interior: la unidad de cuenta europea (UCE), precursora del euro. En 1962, una UCE equivale a un dólar.

1963-1967: La existencia de precios garantizados para los principales productos agrícolas estimula la producción y potencia el rendimiento. Al ser la única política de nivel comunitario, la PAC absorbe el grueso del

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presupuesto comunitario (un 87 % en 1970). A medida que se amplía la gama de políticas comunitarias, la proporción del presupuesto destinada a la PAC va disminuyendo hasta situarse hoy en día por debajo del 45 %.

1971: En cumplimiento de sus responsabilidades internacionales, la UE abre su mercado a las importaciones (incluidas las de productos agrícolas) procedentes de países en desarrollo, al amparo del Sistema de Preferencias Generalizadas. En 1975, decide dispensar un trato aún más favorable a las importaciones procedentes del grupo de países asociados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

1973: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido ingresan en la UE. Entre las consecuencias de esa ampliación destacan el importante incremento de la cabaña ovina de la UE y la implantación de regímenes especiales para los alimentos tradicionalmente importados por el Reino Unido, cambios cuya introducción viene a aumentar los costes de la PAC.

1970s 1980s: La PAC entra en crisis. El sistema de subvención de los precios resulta excesivamente eficaz y potencia al máximo la producción de alimentos, generando excedentes. Las existencias se acumulan y los costes se

disparan. El exceso de producción da lugar a las criticadas montañas de mantequilla, cereales y carne de vacuno y a los denostados lagos de vino y leche. Los excedentes se liquidan a precios subvencionados en los mercados mundiales, a menudo subcotizando los precios de los agricultores de los países en desarrollo. Cada vez son más las voces que reclaman la reforma de la PAC. Aumenta durante este periodo la ayuda financiera a las explotaciones agrarias de las zonas de montaña y menos favorecidas.

medidas dirigidas a recortar los excedentes de producción y los gastos que conllevan. Los agricultores reciben primas por dejar sus terrenos en barbecho (la llamada «retirada de tierras») y se fija un límite al gasto global destinado al sector agrario. A finales de la década de los ochenta, empiezan a introducirse en la PAC medidas para mejorar la infraestructura de las explotaciones, las actividades de formación y la interacción de la agricultura con el medio ambiente.

1992: La PAC experimenta una serie de reformas 1981: Grecia pasa a formar parte de la UE, con el consiguiente aumento del número de productos mediterráneos (como las aceitunas) regulados por la PAC.

1984: Se toma una primera medida de control de la sobreproducción: las cuotas lecheras limitan la cantidad que puede producir cada agricultor, en una tentativa de impedir que los excedentes provoquen una depresión de los precios.

en virtud de las cuales los agricultores reciben ayudas en forma de pagos directos y la subvención de los precios se reduce gradualmente. Se introducen regímenes con incentivos para que los agricultores cuiden más el medio ambiente y sigan prácticas menos intensivas. Esas reformas coinciden con la Cumbre de la Tierra de Río, en la que hace su aparición el principio de desarrollo sostenible.

1993: La atención se centra en la calidad. Se 1986: España y Portugal entran en la UE, generando un nuevo y mayor aumento de la producción de frutas y hortalizas, aceite de oliva y vino.

1988: Cuatro años después de la introducción de las cuotas lecheras, se adoptan nuevas

introducen nuevas inversiones en las y la mejora de los y comercialización. protección de los regionales.

normas para fomentar las explotaciones, la formación procesos de transformación Se adoptan medidas de alimentos tradicionales y

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1994: Las negociaciones comerciales internacionales conocidas como la Ronda Uruguay conducen a la apertura del mercado mundial. Los principales países desarrollados, incluida la UE, convienen en atenuar la protección que dispensan a sus agricultores y en reducir los gravámenes por importación y las subvenciones de las exportaciones. Nace en esta Ronda un nuevo organismo comercial, la Organización Mundial del Comercio (OMC). 1995: Austria, Finlandia y Suecia pasan a formar parte de la UE. Su adhesión va acompañada de medidas especiales para los agricultores de las zonas con condiciones difíciles, a menudo caracterizadas por su geografía montañosa y su clima ártico. La superficie forestal de la UE aumenta de golpe en un 70 %. 1990s: Se producen diversas crisis de salubridad alimentaria (EEB o enfermedad de las vacas locas, aceite de oliva contaminado, dioxinas en los piensos animales) y aumenta la preocupación por el bienestar de los animales. La protección de los consumidores se convierte en un apartado cada vez más importante de la PAC. 1999: Se aprueba la Agenda 2000, programa de reforma de la PAC con visión de futuro que consolida el proceso iniciado en 1992 para

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conseguir un mayor ajuste de los agricultores a la economía de mercado, reducir todavía más las subvenciones de los precios e intensificar los requisitos de calidad. La Agenda 2000 introduce una serie de medidas para fomentar el desarrollo económico, social y cultural de las zonas rurales. El desarrollo rural pasa a ser un aspecto clave de la PAC.

2001: Se emprende una nueva ronda de negociaciones comerciales de la OMC, conocida como Programa de Desarrollo de Doha, uno de cuyos objetivos es lograr que la UE y los Estados Unidos reduzcan todavía más la protección ofrecida a sus respectivos sectores agrarios, abriendo al mismo tiempo a las importaciones de productos agrícolas procedentes de países en desarrollo un mayor acceso a sus mercados. 2002: Como parte de su política de ayuda a los países en desarrollo, la UE adopta la iniciativa Todo menos armas a fin de conceder un acceso libre de impuestos a todos los productos (con excepción del equipamiento militar) de los 50 países más pobres. 2003: Partiendo de la Agenda 2000 y de otros cambios anteriores, se introduce una reforma radical de la PAC. La mayor parte de los pagos del sector agrario dejan de estar vinculados a las

cantidades producidas. A cambio, los agricultores reciben ayudas directas a la renta basadas en los anteriores niveles de apoyo de la PAC. No obstante, esos pagos se reducen cuando no se cumplen determinadas normas de protección del medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar de los animales. Se implanta un mecanismo no aplicable a las pequeñas explotaciones que reduce los pagos directos para transferir los fondos correspondientes a la política de desarrollo rural.

2004-2007: En 2004, la mayor ampliación de la UE trae diez nuevos Estados miembros (Chipre, Estonia, la República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), los cuales pasan a ser 25 y, tras la adhesión de Bulgaria y Rumanía en 2007, 27. Los nuevos miembros multiplican por dos la población agrícola de la UE, que cuenta ahora numerosos pequeños agricultores de subsistencia. 2005: Se otorga al desarrollo rural una mayor relevancia a fin de diversificar las actividades en el entorno rural, proteger el medio ambiente y los hábitats naturales, favorecer unas prácticas agrícolas sostenibles y eficientes y fomentar la innovación y las nuevas tecnologías. La política de desarrollo rural se ejecuta mediante programas regionales o nacionales cuya orientación general

procede de las directrices estratégicas fijadas por la UE.

2008: La PAC ha cambiado y seguirá cambiando a medida que se vaya ajustando a la demanda de los consumidores y del mercado y respondiendo a otros desafíos como la seguridad del suministro alimentario, el cambio climático, la gestión del agua, la energía renovable y la biodiversidad. Los ministros de agricultura de la UE alcanzan un acuerdo político sobre la revisión de la PAC (“chequeo médico“).

2009-2010: Revisión y debate “El futuro de la PAC después del 2013“.

Pagos directos El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (1957) estableció los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) aun hoy vigentes de: incrementar la productividad de la agricultura, asegurar un nivel de vida equitativo a los agricultores, estabilizar los mercados, garantizar el abastecimiento de los mercados así como el suministro de alimentos a los consumidores a precios razonables. En 1962, con la adopción de las primeras disposiciones sectoriales de regulación de

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los mercados, las organizaciones comunes de mercado (OCM), se pone en marcha la PAC. Cada OCM constituye la base jurídica reguladora de la producción, la comercialización y los regímenes de ayudas en cada uno de los sectores agrarios. La PAC queda articulada en base a tres principios básicos: la unidad de mercado, la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. En los años 70 los mercados se saturan, y sobre todo en la década de los 80, los excedentes se generalizan en la mayor parte de los sectores regulados por OCM. La reforma de McSharry (1992) supone un cambio de rumbo en la regulación de la actividad agraria, al pasar de un sistema basado, principalmente, en los precios de apoyo a los agricultores, a otro en el que las ayudas directas a los agricultores compensaban, parcialmente, la fuerte reducción de los precios garantizados. De esta manera se pretendía asegurar la competitividad de la agricultura europea, controlar la producción y el gasto agrícola, así como preservar el medio ambiente. El Acuerdo de Berlín (1999) que se enmarca en la Agenda 2000, profundiza en los cambios introducidos en 1992, es decir, continúa

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reemplazando la política de precios por una política de ayudas a las rentas. Esta reforma preveía una revisión a medio plazo en 2002, pero lo que en principio únicamente se había previsto como una revisión, terminó siendo la reforma de la PAC más profunda en su casi medio siglo de recorrido. El Acuerdo de Luxemburgo de junio de 2003, supone que la gran mayoría de las ayudas directas ya no estarán vinculadas a la producción. Las ayudas sectoriales, recogidas hasta entonces en las diferentes OCM, inician un proceso de desacoplamiento del producto al productor regulándose por un mismo Reglamento base, el Reglamento (CE) 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. Este proceso de desacoplamiento iniciado en 2003 se ha consolidado con la adopción en enero de 2009 del paquete legislativo conocido como Chequeo Médico de la PAC por el que casi todas las ayudas cuyo acoplamiento parcial se dejó a decisión de los Estados miembros, así como la gran mayoría de las primas específicas vinculadas

a la producción, se integrarán en el pago único entre 2010 y 2012. La regulación de base para las ayudas directas la constituye el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, que será el vigente para el pago de las ayudas directas a partir del próximo ejercicio de ayudas 2010. La Comisión Europea y sus Estados miembros consolidan su compromiso de reducción de aquellas ayudas reconocidas en el marco internacional como elementos de distorsión del comercio, mostrando así su fuerte grado de implicación en las negociaciones comerciales multilaterales.

Análisis de por que la PAC debía cambiar En los años 80 la PAC ya había experimentado muchos cambios importantes, pero la mayoría se produjeron a principio de los 90. Los límites en la producción contribuyeron a reducir excedentes (cuotas lecheras en 1983). Por primera vez se hizo hincapié en una agricultura respetuosa del medio ambiente. Los agricultores

tuvieron que prestar más atención al mercado, al tiempo que recibían ayudas directas a la renta, y responder a las nuevas prioridades del público (reforma MacSharry de 1992). Este cambio de orientación de la PAC, que se realizó en 1999 con la Agenda 2000, y que fomenta la competitividad de la agricultura europea, añadió también un elemento nuevo y esencial: una política de desarrollo rural, que fomentaba muchas iniciativas rurales y al mismo tiempo ayudaba a los agricultores a reestructurar sus explotaciones, diversificar su producción y mejorar la comercialización de sus productos. Se puso un límite máximo al presupuesto para tranquilizar a los contribuyentes, que temían que los costes de la PAC pudieran dispararse. Por último, en 2003 se acordó otra nueva reforma fundamental. Los agricultores ya no obtienen las ayudas simplemente por producir alimentos. La PAC de hoy evoluciona en función de la demanda. Tiene plenamente en cuenta las inquietudes de los consumidores y contribuyentes, y deja libertad a los agricultores de la Unión para producir lo que necesita el mercado. Antes, cuanto más producían los agricultores, más subvenciones recibían. Ahora, la inmensa mayoría de la ayuda a los agricultores se paga independientemente

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de cuánto produzcan. Con el nuevo sistema, los agricultores siguen recibiendo ayudas directas a la renta para mantener la estabilidad de sus ingresos, pero se ha eliminado el vínculo de las ayudas con la producción. Además, los agricultores tienen que respetar una serie de normas medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los animales. Los agricultores que incumplan estas normas verán reducirse sus ayudas directas (una condición conocida como «condicionalidad»). La ruptura de la relación entre ayudas y producción (generalmente denominada «disociación») permitirá a los agricultores de la UE orientarse más por las reglas del mercado. Podrán optar por producir en función de lo que les resulte más rentable, al tiempo que disfrutan también de la estabilidad de ingresos necesaria. Esta serie de reformas configuran un futuro más prometedor para la PAC de hoy, haciendo más visible su valor para toda la sociedad.

Cómo se fueron sucediendo los hechos Las mejoras de la eficacia agrícola y los incentivos que ofrecía la PAC dieron lugar a un considerable incremento de la producción de alimentos desde los años 60 en adelante. Se produjeron mejoras muy importantes en los niveles de producción

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y de autoabastecimiento. Al mismo tiempo, aumentaron los ingresos agrícolas, ayudados en muchos casos por el crecimiento del tamaño de las explotaciones, ya que algunos agricultores abandonaron el sector y las explotaciones agrícolas se fusionaron.

Tipo de producciones Europa puede producir casi todos los productos agrícolas. Es considerada líder mundial en varios productos, como el aceite de oliva, las carnes, el vino, el whisky y otras bebidas alcohólicas. Sin embargo, la UE es también el principal importador de muchos otros tipos de productos. Estas ventajas naturales, unidas a los beneficios de la PAC, hicieron que rápidamente mejorase la productividad, se incrementase la producción, se garantizase la inocuidad de la mayoría de los alimentos y se acabasen acumulando excedentes de muchos productos agrícolas. Los excedentes se sacaron del mercado mediante la concesión de ayudas al almacenamiento de productos (el sistema de intervención pública) o la exportación de los productos, con ayudas, a terceros países para evitar el hundimiento de los precios «franco-explotación».

Durante los años 80 y 90, la UE introdujo medidas políticas para intentar limitar la producción de productos excedentarios. Se recurrió a diversas medidas: las cuotas fijadas para la producción de leche, con penalizaciones por los excedentes; los límites a la superficie cultivada o al número de animales por los que un productor podía solicitar ayudas; la retirada de tierras de la producción, al principio voluntaria, luego obligatoria, para que los agricultores dejaran una parte de sus tierras en barbecho. Poco a poco estas políticas fueron dando su fruto y se redujeron los excedentes. Las reformas de la PAC en los años 90, que sirvieron para reducir la diferencia existente entre los precios de la UE y los del resto del mundo, y también el resultado del acuerdo celebrado en 1995 con la Organización Mundial del Comercio (OMC), redujeron el uso de las subvenciones a la exportación (es decir, de compensar a los exportadores por exportar productos a precios del mercado mundial inferiores a los de la UE). Gracias a estas iniciativas políticas, la UE ha conseguido reducir el uso de las subvenciones a la exportación, al tiempo que mantenía e incluso aumentaba sus exportaciones agrícolas en algunos casos. Sin embargo, la UE sigue siendo un importador neto de productos agrícolas, especialmente procedentes de países menos desarrollados.

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COMO INFLUYE LA INCORPORACIÓN

DE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS Con frecuencia, los países que se preparan para entrar en la Unión Europea tienen que hacer grandes y costosos esfuerzos para cumplir las normas y poner al nivel apropiado sus instalaciones de transformación y manipulación de alimentos. Muchas veces, la UE les proporciona ayuda financiera para que hagan los cambios necesarios dentro del plazo establecido. En casos excepcionales les puede conceder un período de transición para que, tras su adhesión, terminen de introducir las mejoras que todavía tengan pendientes. Por eso, ahora mismo se están aplicando excepciones a Chequia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia, sobre todo en relación con plantas de transformación de carne y pescado. El plazo que tienen estos países para ponerse al día finaliza en diciembre de 2007. Entre tanto, los alimentos que salen de las plantas que aún tienen que introducir mejoras solo pueden venderse en el país donde se han producido. Los consumidores de ese país pueden reconocer fácilmente esos productos, pues deben llevar un sello que indique que provienen de instalaciones que todavía no cumplen las normas comunitarias. La ampliación de la UE para incluir diez nuevos Estados miembros (República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) desde el 1 de mayo

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de 2004, y Bulgaria y Rumanía desde el 1 de enero de 2007, constituyó un hito histórico en la reconstrucción de Europa tras siglos de divisiones destructivas. Toda Europa saldrá ganando con la estabilidad política y la seguridad que garantiza la UE, así como con la expansión del mercado interior comunitario, que pasa de 380 a cerca de 500 millones de personas. Desde el punto de vista de las cifras, el impacto de la ampliación en la agricultura de la UE es tremendo. A la población agrícola de 6 millones de personas que había en los 15 antiguos Estados miembros de la UE, se han sumado 7 millones de agricultores más. Los 12 nuevos Estados miembros aportan cerca de 55 millones de hectáreas de tierras agrícolas a los 130 millones de hectáreas en la antigua EU-15, un incremento del 40%, si bien la producción en la EU-27 sólo se ampliará en cerca de un 10 o un 20% para la mayoría de los productos. Este dato confirma que el gran potencial de producción agrícola de los nuevos Estados miembros está todavía lejos de ser utilizado en toda su extensión. Los agricultores de los nuevos Estados miembros tienen acceso al mercado único de la UE y se benefician de sus precios relativamente estables, de las ayudas directas (que se aplicarán progresivamente hasta igualar el nivel de la UE)

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y de las medidas de desarrollo rural. A pesar de los progresos en la modernización y reestructuración del sector agrícola registrados en los nuevos Estados miembros, uno de los retos principales de estos últimos años ha sido mejorar la prosperidad del sector agrícola y del conjunto de las comunidades rurales. Las diferencias de prosperidad entre la EU-15 y los nuevos Estados miembros en las que se ha hecho tanto hincapié en 2001, el 45% del nivel de la EU-15 (PIB per cápita ajustado a la paridad de poder adquisitivo), son todavía más pronunciados en las zonas rurales, debido una combinación de ingresos bajos y elevados índices de paro en estas zonas en comparación con las regiones urbanas (estas disparidades son mayores en los nuevos Estados miembros que en la EU-15). La UE ya ha comenzado a asumir este reto, creando nuevas medidas de desarrollo rural destinadas a resolver la situación específica de los nuevos Estados miembros. Es importante señalar que las obligaciones que conlleva la pertenencia a la UE se han aplicado inmediatamente a los agricultores de los nuevos Estados miembros. Un ejemplo fundamental es la inocuidad de los alimentos, una cuestión de tal importancia para los consumidores de la UE

que no se ha planteado siquiera por un momento cualquier disminución del nivel de calidad a nivel comunitario.

No nos engañemos. Proteger la diversidad no significa reactivar las políticas nacionales en detrimento de una política comunitaria.

PAC y los 27 estados Miembros

Cuando nos negamos a nosotros mismos la capacidad y la posibilidad de contemplar EL TODO, se hace más difícil, si no imposible, manejar LAS PARTES.

La Europa de hoy está compuesta por 27 Estados miembros. Cada uno de ellos alberga una diversidad de religiones, culturas, agriculturas. Esta es una gran riqueza que los europeos desean conservar. Es necesario que fructifique esta diversidad. Es necesario reforzar la correspondencia entre estas agriculturas y las expectativas de los consumidores. Y entre la producción y los mercados, sean éstos locales, regionales o internacionales. Hay que rendirse a la evidencia: nos encontramos ante una NUEVA realidad europea. En agricultura ya no podemos hablar de un «modelo único europeo». No tenemos una agricultura homogénea, sino multiforme. No tenemos una única agricultura en la Unión Europea, sino muchas.

No se puede prescindir de la VISIÓN GLOBAL. Sólo una política comunitaria nos permitirá preservar la diversidad de nuestras agriculturas. Una diversidad a la que tanto ustedes como yo estamos muy apegados. En tercer lugar, son necesarias adaptaciones porque hay que preparar el futuro. Hay que hacer que la agricultura responda a los desafíos que le asigna la sociedad: la seguridad alimentaria, la protección del suelo, los recursos naturales, el crecimiento económico de las zonas rurales, el cambio climático.

Debemos tomar conciencia de esta diversidad y de la RIQUEZA que supone. Debemos hacer lo necesario para protegerla y ponerla al servicio de toda la sociedad.

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¿A QUIEN SUBVENCIONA LA PAC? La Política Agraria Común (PAC) constituye un pilar básico en la estructura del proyecto Comunitario. Se incorpora a las Comunidades Europeas desde los primeros momentos y ha sido la punta de lanza de la integración en Europa a la que se han ido sumando otras Políticas Propias transferidas desde los Estados miembros -Política de Competencia, Política Monetaria-. Existían muchas razones para dar este primer paso, asumir las políticas agrarias propias de los Estados fundadores al incorporar a un sector estratégico que permitiera compatibilizar un nivel de renta a los agricultores parecida, en su entorno, al resto de los sectores económicos. Igualmente el objetivo era tratar de asegurar el abastecimiento y permitir unos precios que los consumidores puedan asumir, intentando eliminar la volatilidad de precios. En la actualidad, ¿han quedado obsoletos estos objetivos? Existe mucha presión para desmontar la PAC, desde dentro de la UE, los países con poco peso de su sector agrario y/o escasa vertebración social proponen desviar el presupuesto comunitario a otras políticas y desde fuera, los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) donde la UE esta utilizando el sector agrario como moneda de cambio para conseguir ventajas en el resto de negociaciones -comercio de manufacturas y servicios-.

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Paralelamente a este planteamiento de la UE existe cierto apoyo social en esta dirección al considerar que con la globalización el problema del abastecimiento esta resuelto y en los lineales de las grandes superficies está asegurada la presencia de los bienes y servicios para la alimentación. Se afirma que si no se produce aquí vendrá de fuera. Este escenario implica una reconversión sorda de las actividades agrarias a la que países con mayor vertebración y fortaleza en su movimiento asociativo se oponen frontalmente (Francia) porque consideran que la pérdida de sus actividades primarias, además de eliminar el carácter estratégico en el autoabastecimiento, destruye un patrimonio rural y cultural de primera magnitud. Mientras tanto, las rentas agrarias y los agricultores no dejan de disminuir, desapareciendo el recambio generacional. En este contexto las ayudas de la PAC o del nuevo Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) apoyan al sector en claro retroceso desde el punto relativo porque no logra que los agricultores cubran los costes y la consecuencia es la aceleración del proceso regresivo descrito. Estamos pues en la actualidad en un escenario

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donde los agricultores producen a pérdidas y los consumidores no se benefician de esta caída de los precios. Este panorama plantea múltiples interrogantes. ¿Es posible y deseable que las actividades primarias pierdan su carácter estratégico? ¿Cómo se puede producir a pérdidas?, ¿no esta prohibido por la Política de la Competencia?, ¿Por qué subsisten los agricultores ante esta situación?, desde el medio urbano se cree que es por las subvenciones. La realidad es que la falta de reacción ante este estado de las cosas y dejar de producir por parte de los agricultores, que seria lo habitual en cualquier otra actividad como estamos viendo en el comercio o en otras pequeñas empresas, lo explica la rigidez para reaccionar y abandonar la actividad agraria, porque el escenario de regresar no es posible -no se puede dejar una plantación de almendros o de viña para volver a los años- o existen otras razones difíciles de medir -tradición, evitar el éxodo-. Se aguanta por si cambiara la situación con lo que en realidad el panorama va empeorando, de ahí el elevado endeudamiento del sector.

La opinión de los ciudadanos europeos sobre la PAC Los ciudadanos europeos apoyan ampliamente

los nuevos objetivos de la política agrícola se llevó a cabo en la Unión Europea y la mayoría están a favor de mantener su presupuesto. Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta sobre las actitudes de las personas a la Política Agrícola Común (PAC). Tras dos encuestas similares, las últimas encuestas realizadas en 2006 y 2007, esta última encuesta confirma que los principios rectores y objetivos de la PAC son apoyados por una mayoría de la gente. La encuesta se llevó a cabo entre el 13 de noviembre y 9 de diciembre de 2009 por TNS Opinión a instancias de la Dirección de la Comisión Europea General de Agricultura y Desarrollo Rural. Tras el tradicional método del Eurobarómetro, un millar de entrevistas individuales se realizaron en cada uno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea.

la PAC, que son: 1. 2. 3.

4. 5.

Para ayudar a los agricultores a afrontar los retos derivados del cambio climático, Llegar a ser más orientada al mercado, Conceder ayuda de manera más justa y que sea condicionada al cumplimiento de las normas ambientales, Para mantener el campo y Desarrollar la economía rural.

De acuerdo a la opinión pública, la política agrícola debe: 1. 2. 3. 4. 5.

Centrarse en garantizar la calidad y la seguridad de los productos agrícolas, Proporcionar un nivel de vida digno para los agricultores, Garantizar unos precios razonables para los consumidores, Proteger el medio ambiente y Estar a la altura de los desafíos del cambio climático.

Una abrumadora mayoría de los ciudadanos europeos consideran que la agricultura y el medio rural son temas vitales para el futuro de Europa (promedio de 90% - que van desde 96% en Grecia y el 80% en el Reino Unido).

El apoyo a la política agrícola es acompañado por una preferencia general por la política que se llevó a cabo a nivel europeo.

La opinión pública europea sigue siendo en líneas generales a favor de nuevos objetivos de

Ya se trate de la protección del medio ambiente, frente a los desafíos del cambio climático,

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seguridad del suministro, garantizando la calidad y la inocuidad de los alimentos o la prestación de un nivel de vida digno para los agricultores, los ciudadanos creen que todas estas cuestiones deberían tratarse a nivel europeo. La encuesta de este año también incluye una nueva serie de preguntas sobre agricultura y cambio climático. Sobre este punto, 1.

2.

Casi la mitad de los encuestados (46%) cree que la agricultura ya ha hecho una importante contribución a la lucha contra el cambio climático. Una gran mayoría (82%) están de acuerdo que la UE debe ayudar a los agricultores a cambiar su forma de trabajo con el fin de luchar contra el cambio climático.

Una proporción similar de los encuestados (77%) cree que la agricultura se verá muy afectada por el cambio climático durante los próximos años, y dos tercios (61%) no creen que la agricultura sea una de las principales causas del cambio climático. El reconocimiento del papel fundamental de la agricultura en Europa, explica el alto nivel de apoyo entre los encuestados para el mantenimiento de las subvenciones pagadas a

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los agricultores (83%). La gran mayoría de las personas entrevistadas (66%) también consideran que el presupuesto de la PAC es suficiente, en comparación con sólo el 17% que creen que es demasiado alto el presupuesto europeo asignado a la ayudas de la PAC. De cara al futuro, el 70% opina que la asistencia financiera a los agricultores de la Unión Europea durante los próximos diez años debe aumentar o permanecer más o menos igual. El porcentaje de personas que piensan que el presupuesto de la política agrícola debe crecer ha ido en aumento durante los últimos 3 años.

La opinión de los ciudadanos sobre la PAC desde el punto de vista de Danian Cioclos (miembro de la Comisión European encargado de la Agricultura y el Desarrollo Rural) “La Política Agrícola Común no es un ámbito reservado a los agricultores. Todo el conjunto de la sociedad se beneficia de la PAC a través de la alimentación, la ordenación del territorio, el medio ambiente. Pero, ¿saben esto los ciudadanos?

La respuesta es que no, o al menos no lo suficiente. La Política Agrícola Común adolece de un déficit de comunicación con la sociedad europea.

Hay que involucrar a los ciudadanos, a la sociedad civil. Darles la posibilidad, el espacio y el tiempo para expresarse, para que nosotros a continuación podamos tomar en cuenta su opinión de forma coherente en nuestras futuras iniciativas.”

Hace algunas semanas, un sondeo del Eurobarómetro mostraba que más del 90 % de los ciudadanos europeos consideran que la agricultura es importante para el futuro. Y esperan que la agricultura proporcione una alimentación sana, segura, de buena calidad. Que proteja los paisajes, que desarrolle la economía. Sobre esto están de acuerdo. Sin embargo, el sondeo mostraba también que la mayor parte de los europeos no saben realmente qué es la PAC. Estas cifras hablan por sí mismas, de forma más inmediata que cualquier discurso. Poco a poco la Política Agrícola Común se ha convertido en un asunto para especialistas. Hay que invertir esta tendencia. Abrir las puertas de par en par. Hablar, discutir sobre la PAC. Antes de redactar los proyectos de reforma, creo que es necesario recomponer los vínculos con la sociedad. Antes de formular las respuestas sobre el futuro de la PAC hay que plantearse los interrogantes pertinentes. Y debatirlos.

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REFORMA DE LA PAC “CHEQUEO MÉDICO” Asignación de derechos de pago único Información de derechos e importes provisionales incorporados al régimen de pago único en la campaña 2010. El Régimen de Pago Único establece una ayuda única por explotación, calculada en función de las ayudas percibidas o a las producciones entregadas en un período de referencia y no subordinada a la producción de ningún producto determinado. En el año 2009, para materializar las modificaciones aprobadas en el marco de la última reforma de la PAC, conocida cómo “chequeo médico” entró en vigor el Reglamento (CE) Nº 73/2009 por lo que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la PAC En él incluso se establece la integración el Régimen del Pago Único de determinadas ayudas. En España, en la campaña 2010, se incrementará el valor de los derechos o se generarán jóvenes derechos de pago único para aquellos productores con superficies determinadas, en las campañas 2007/2008 y 2008/2009, para los pagos por cultivos herbáceos así como para aquellos productores con animales determinados en la campaña 2008/2009 para los pagos de ganado ovino - caprino.

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El Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en él incluso a partir del año 2010, recoge la regulación básica para la integración de estas ayudas en el Régimen de Pago Único. Los agricultores con asignación pueden consultar con su DNI/NIF y clave personal para estos sectores y para las campañas correspondientes, información de las unidades de producción, detalle de cálculos y resumen de los derechos e importes provisionales incorporados en la campaña 2010 y correspondientes a su explotación. Estos datos se obtuvieron de las superficies y animales determinados para cada una de las campañas de referencia para esas ayudas sin considerar las posibles reducciones derivadas de la aplicación del Reglamento (CE) 796/2004. Se relacionaron los importes totales con los límites presupuestarios establecidos para cada línea de ayuda y de este modo se obtuvo un coeficiente que maximizará los importes percibidos en el período de referencia por cada uno de los beneficiarios. Los beneficiarios que podrán ser incorporados en el Régimen de Pago Único serán agricultores que durante el nuevo período de referencia, se les

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establecerá como mínimo una de las superficies en cualquiera de las líneas de ayuda descritas a continuación:

También se incorporarán los importes a los agricultores que recibieran una explotación o parte de ella por un cambio de titularidad de la misma de un beneficiario que cumple el apartado anterior. En este caso se deberá presentar el correspondiente alegato para la modificación de los datos. Las alegaciones a los derechos provisionales podrán ser de 4 tipos: 1. 2. 3. 4.

Inicio de actividad durante el período de referencia Causa de fuerza mayor o dificultades excepcionales en el período de referencia. Cambios de titularidad de la explotación. Corrección de errores.

Para realizar algún tipo de alegato sobre

los datos correspondientes a alguno de los sectores indicados en la información adjunta, deberá presentarse una comunicación en la correspondiente Oficina Agraria Comarcal de la zona de acuerdo con el modelo del Anexo 5 de la orden de la Consejería por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería de las ayudas al desarrollo rural para la utilización sustentable de las tierras agrícolas en el año 2010 desde el día 1 de febrero al 30 de abril de 2010. La modificación de los derechos que a agricultor poseía antes de la incorporación de estos sectores al Régimen de Pago Único tendrá lugar de manera definitiva, cuando los actuales derechos provisionales que se comunican ahora pasen a ser definitivos, por lo que es importante tener en cuenta que, fruto de ese cambio previsto para otoño de 2010, y que tendrá efectos ya en la campaña 2010 para la cuál se solicitará la PAC en los próximos meses de febrero a abril de 2010, se producirá una modificación del valor de todos sus derechos en base al comunicado.

Definiciones a) El período de referencia: es el período de tiempo que se tomó como base para el cálculo de importes y superficies de referencia de cada

productor de los años 2000, 2001 y 2002. b) El importe de referencia: es el promedio de los importes totales de los pagos que cada año del período de referencia se concedieron al productor en las líneas de ayuda que se integran en el pago único. El cálculo no se basó en las ayudas realmente cobradas sino en las superficies (ha) y animales determinados, es decir, en las superficies y animales que cumplen todas las condiciones para la percepción de las ayudas en cada año. A esas unidades se les aplica el importe unitario de las ayudas y primas correspondientes al año 2002. c) La superficie de referencia: es la superficie en hectáreas que recibió ayudas directamente (cereales, entre otros) y la superficie forrajera de la explotación utilizada para la alimentación de ganado objeto de las primas ganaderas en el período de referencia.

Derechos de ayuda A cada productor se le reconoce un derecho de ayuda por hectárea que se calculó dividiendo el importe de referencia por la superficie de referencia. Por lo tanto el número de derechos de ayuda es igual al número medio de hectáreas

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indicado antes. Un derecho de ayuda más una hectárea de terreno que cumpla las condiciones de admisibilidad permite cobrar el importe determinado en /ha. Existen derechos de ayuda que tienen condiciones especiales: a) Cuando el agricultor no había tenido hectáreas en el período de referencia (como por ejemplo beneficiarios de prima por sacrificio de vacuno o de ovino-caprino sin superficie forrajera) se les reconoce un derecho de ayuda igual al importe de referencia. b) Si aun teniendo el agricultor superficie en el período de referencia el importe por hectárea es superior a 5.000 € se le reconocerá un derecho de ayuda por cada 5.000 € o fracción. En estos casos a) y b) el agricultor no tendrá el deber de mantener un número de hectáreas admisibles equivalente al número de derechos, con la condición de que mantenga cuando menos el 50% de la actividad ejercida en el período de referencia en Unidades de Ganado Mayor (UGM). También se establecieron derechos específicos para el caso de retirada obligatoria de tierras de producción.

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Comienzo de la aplicación El pago único por explotación en España se comenzó a aplicar en el año 2006. Sin embargo, dado que el pago único está basado en superficies, animales e importes pagados a productores en los años 2000, 2001 y 2002, fue necesario realizar diferentes actuaciones en las fechas que se indican a continuación. Estas actuaciones comprendieron desde el cálculo provisional de los importes y superficies de referencia para los productores que percibieron ayudas en ese período, pasando por la comunicación de estos datos a estos productores incluso la recogida por el FOGGA de los cambios en la titularidad de las explotaciones, entre otros. El procedimiento que se siguió para la asignación de derechos del régimen de pago único (RPU) fue el siguiente:

junio 2005: remisión a agricultores que habían recibido pagos en el período 2000, 2001 y 2002 de un comunicado con la información de las ayudas percibidas para la presentación de alegatos. julio-agosto 2005: presentación alegatos por parte de los agricultores.

de

febrero 2006: comunicación de derechos provisionales a los agricultores.

comunitaria (PAC) se encuentran los siguientes:

febrero-mayo 2006:

1.

1.

2.

2.

3.

presentación de solicitud de adhesión al régimen de pago único. presentación de solicitud de ayuda al régimen de pago único 2006. solicitud de derechos de la reserva nacional para la campaña 2006.

3.

4.

5.

diciembre 2006: asignación inicial de derechos definitivos del RPU, asignación de derechos del RPU procedentes de la reserva nacional y comunicación a los agricultores. diciembre 2007: reducción lineal para dotación de la Reserva Nacional. Los derechos asignados se pueden consultar mediante lo CIF/NIF/NIE del agricultor y una clave personal asignada por el FOGGA.

Medidas gestionadas derivadas de la PAC

por

el

FOGGA

Entre los objetivos de la actual política agrícola

Garantizar el abastecimiento de alimentos a la población europea, a precios idóneos Garantizar unos ingresos justos a los agricultores y el bienestar en la sociedad rural Aumentar la competitividad de los productos agrícolas comunitarios en el mercado interior y mundial Mejorar la seguridad alimentaria con el avance de las condiciones sanitarias de los animales y de su bienestar Asegurar la protección del medio ambiente

Para la consecución de estos objetivos, el FOGGA gestiona las siguientes medidas, financiadas en su totalidad por el Fondo Europeo Agrario de Garantía Agraria (FEAGA): Ayudas directas a explotaciones agrarias que comprenden tanto el pago único por explotación, independiente de la producción obtenida, como otros pagos directos en función de las producciones de determinados sectores y también otros pagos con el objeto de mejorar la calidad de la leche y de la carne de vacuno y para mantener las condiciones medioambientales. El establecimiento del procedimiento de solicitud,

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tramitación y pago de estas ayudas directas en la campaña 2010, PAC 2010.

año mediante la presentación de la solicitud única.

La asignación de derechos de pago único a agricultores en función de los pagos recibidos en el período 2000, 2001 y 2002, de los alegatos realizados y de las solicitudes hechas a la reserva nacional. También las cesiones de estos derechos entre agricultores.

Algunas de las ayudas se integran totalmente y otras parcialmente en el pago único, según se indica en la tabla siguiente:

La coordinación y aplicación de los resultados del control de la condicionalidad cómo conjunto de requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores para percibir las ayudas directas. Otras medidas relacionadas con la intervención en los mercados de productos agrarios, tanto en el relativo a almacenamiento público como privado o ayudas a la utilización industrial o al consumo de determinados productos agrícolas y ganaderos.

Asignación de derechos de pago único Es un pago que agrupa la mayor parte de las ayudas directas de la PAC (Política Agrícola Común) que incluso el año 2005 estuvo recibiendo la explotación, y que se solicitará una vez cada

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Cada año, para la percepción del pago único, el solicitante deberá demostrar que es agricultor, que dispone de derechos de pago único basados en

las ayudas percibidas en el período de referencia, que tiene la superficie necesaria y que cumple los requisitos de admisibilidad y condicionalidad. Se consideran superficies admisibles para el pago único las tierras de cultivo y pastos permanentes excepto los ocupados por cultivos permanentes, patatas o bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.

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CONDICIONALIDAD El Reglamento (CE) nº 1782/2003 establecía el principio de que a los agricultores que no respetasen determinadas exigencias en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar animal se les aplicarían reducciones de la ayuda directa o serían excluidos del beneficio de la misma. Este sistema de «condicionalidad» forma parte integrante de la ayuda comunitaria concedida en virtud de los pagos directos y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una serie de exigencias incluidas en el ámbito de aplicación de la condicionalidad no están suficientemente relacionadas con la actividad agraria o las tierras agrarias o conciernen más a las autoridades nacionales que a los agricultores. Por lo tanto, resulta procedente adecuar el ámbito de aplicación de la condicionalidad.

Introducción y aspectos generales En virtud de lo expuesto en el artículo 4 del Reglamento 73/2009 a partir del año 2005, los agricultores que soliciten ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) deberán cumplir con las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales y con los Requisitos Legales de Gestión para percibir el 100% de las ayudas que les corresponden. Segun lo establecido en los artículos 19 y 20 del

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Reglamento 1975/2006, a partir del año 2007 los solicitantes de ciertas líneas del FEADER deberán cumplir con los deberes de la condicionalidad, y con los requisitos mínimos en la utilización de abonos y fitosanitarios (solicitantes de las líneas agroambientales del Contrato de Explotación Sostenible (CES)).

1.

Las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales - BCAM constituyen un ámbito de por sí que entró en vigor en el año 2005

2.

Los Requisitos Legales de Gestión están constituidos por tres ámbitos:

Segun lo expuesto en el artículo 95 apartado 1.2.y de la Orden del 22 de febrero de 2010 los beneficiarios de ayudas para el establecimiento de métodos de producción respetuosos con el ambiente y con la conservación del paisaje, deberán cumplir, además, las normas mínimas sobre la utilización de fertilizante y fitosanitarios del anexo 25 de esa orden en toda la explotación.

Ámbito de Salud Pública, Zoosanidad y Fitosanidad. En el año 2005 entró en vigor el acto de identificación y registro de los animales, en el año 2006 entraron en vigor 7 actos más.

Estructura de la condicionalidad

Ámbito de Bienestar Animal, entra en vigor en el año 2007

La condicionalidad se estructura en tres partes bien diferenciadas: 1. 2. 3.

Las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) Los Requisitos Legales de Gestión (RLX) Los Requisitos Mínimos en la Utilización de Abonos y Fitosanitarios (RMAF)

Dentro de estas dos partes se distinguen cuatro ámbitos:

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Ámbito de Medio Ambiente, entró en vigor en el año 2005

Las BCAM vienen definidas a nivel del Estado español en el Real Decreto 486/2009, del que se derivan doce normas a partir de las que se definen los elementos de control de campo que se enumeran más adelante. Los ámbitos incluidos en los RLX se estructuran en actos en el que cada uno de ellos representa una serie de directivas o reglamentos comunitarios. Dentro de cada acto se tienen en cuenta

determinados artículos denominados requisitos, a partir de los cuales se definen los elementos de control de campo. Estas directivas y reglamentos vienen enumerados en el Anexo III del Reglamento 73/2009.

1.

2.

Control de la condicionalidad 3. La condicionalidad se controlará fundamentalmente por medio de inspecciones de campo a los agricultores seleccionados y, en determinados casos, por medio de controles administrativos. El Reglamento 1122/2009 estipula que como mínimo se tendrán que controlar el 1% de los solicitantes PAC de ese año. Cuando la normativa sectorial de un determinado acto o norma fije un porcentaje mayor al 1% mínimo, se aplicará el % definido sectorialmente.

Asignación de competencias de control El control de la condicionalidad en Galicia se efectúa por medio de dos organismos especializados de control, en función de las competencias asignadas por el Decreto 106/2007 del 31 de mayo, que son la Consellería de Medio Rural y el FOGGA. Al FOGGA le corresponden:

4.

Las competencias de control del ámbito de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales. Las competencias de control de los actos de conservación de las aves silvestres y de los hábitats, pertenecientes al ámbito de Medio Ambiente. Aplicar las reducciones en los pagos de los fondos FEAGA de los incumplimientos encontrados en cualquiera de los ámbitos que componen la condicionalidad, previa comunicación del órgano especializado de control. Comunicar a los gestores de los fondos FEADER los incumplimientos encontrados y el porcentaje de reducción a aplicar cuándo proceda.

Incumplimientos En el caso de encontrar incumplimientos se valorarán a partir de los siguientes criterios: 1. 2.

3.

Gravedad: importancia de las consecuencias del incumplimiento. Alcance: repercusiones del incumplimiento en función de su extensión, esto es, si las consecuencias se limitan a la propia explotación o no. Persistencia: tiempo de permanencia de los

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4.

efectos derivados del incumplimiento o del potencial para poner fin a dichos efectos valiéndose de medios aceptables. Repetición de un incumplimiento: se considerará que un incumplimiento es repetido cuando el incumplimiento de un incluso requisito (artículo de la Directiva implicada) o norma (definidas a partir del Anexo II del R.D. 486/2009 haya sido determinado más de una vez dentro de un período consecutivo de tres años, siempre que el agricultor haya sido informado de un incumplimiento previo y que segun el caso haya tenido la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para poner fin al incluso.

Reducción de las ayudas A partir de la evaluación del/de los incumplimiento/s, efectuada por los órganos especializados de control, el FOGGA procederá a aplicar las reducciones pertinentes de los pagos directos que le habían correspondido a ese agricultor. El FOGGA facilitará el porcentaje de reducción calculada a los gestores de los fondos FEADER para que, cuando proceda, apliquen la correspondiente reducción.

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Porcentajes de reducción: 1.

2. 3.

Si el incumplimiento es por descuido, la reducción de los importes de todas las ayudas del año variará entre el 1%, el 3% y el 5%. Si el incumplimiento es repetido la reducción podrá llegar incluso al 15% de los importes. Si se trata de un incumplimiento intencionado la reducción de los importes de las ayudas del año podrá variar entre el 20% y el 100%. En cuanto al alcance del incumplimiento, gravedad o persistencia extrema, o de incumplimientos intencionados repetidos, el agricultor quedará excluido del régimen de ayudas correspondiente también en el siguiente año civil. De no colaborar o no facilitar el control, se considerará como un incumplimiento intencional, aplicando las de dichos porcentajes de reducción.

ASPECTOS DE LA CONDICIONALIDAD

ESPECIALMENTE SENSIBLES EN GALICIA Ámbito BCAM 1.

2.

3.

4.

Depósitos estancos de abono/purín de capacidad suficiente en estabulaciones ganaderas permanentes. Mantenimiento de la carga ganadera mínima en pastos permanentes. De no cumplirla, se realizarán las labores de mantenimiento idóneos. No se abandonarán o verterán materiales residuales procedentes de residuos agrícolas o ganaderos. Las actividades que impliquen el uso del fuego en superficies agroforestales.

Ámbito Bienestar Animal Por el peso específico que tiene la ganadería en Galicia, se puede considerar que la totalidad de este ámbito tiene una importante relevancia en esta comunidad, en especial el sector vacuno y porcino

Ámbito de las buenas condiciones agrarias y medioambientales Norma 1. Cobertura mínima del suelo 1. En parcelas de secano sembradas con cultivos herbáceos de invierno, no se labrará con volteo el

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suelo entre la fecha de recolección de la cosecha anterior y el 1 de septiembre excepto para realizar cultivos secundarios.

mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada, bien sea espontánea, bien mediante la siembra de especies de mejora.

2. En el olivar en pendiente igual o superior al 10% (excepto que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas) en el que se mantenga el suelo desnudo en los rodos de los olivos mediante la aplicación de herbicidas, se mantendrá una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente o en las calles paralelas a dicha línea, cuando el diseño de la parcela o el sistema de arroyo impidan su establecimiento en la otra dirección.

Norma 2. Ordenación mínima de la tierra que respete las condiciones específicas del lugar

3. No se arrancará ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de pendiente igual o superior al 15% (excepto que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales), excepto que sea objeto de reposición autorizada por la autoridad competente y en aquellas zonas en que así se establezca y en estos casos se respetarán las normas destinadas a su reconversión cultural y a los cambios de cultivo o aprovechamiento. 4. En las tierras de retirada de barbecho se realizará alguna de las siguientes prácticas: tradicionales de cultivo, de mínima viruta o

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1. Para cultivos herbáceos, no se labrará con volteo la tierra en la dirección de la máxima pendiente cuando, en los recintos cultivados, la pendiente promedio exceda del 10% (excepto que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales). 2. Para viñedo, olivo y frutos de cáscara, no se labrará con volteo a favor de la pendiente a tierra en recintos con pendiente superiores al 15% (excepto que se adopten formas de cultivo especiales como terrazas o bancales, cultivo en fajas, se mantenga una cobertura de vegetación total del suelo) y en caso de existencia de bancales se evitará cualquier tipo de labores que afecten la estructura de los taludes existentes. 3. En zonas con elevado riesgo de erosión, se respetarán las restricciones que establezca la Administración competente para evitar la pérdida de suelo. Norma 3. Terrazas de retención

1. Se mantendrán en buen estado de conservación las terrazas de retención.

No obstante en caso de no conseguir los niveles de carga ganadera adecuados, se realizarán las labores necesarias para evitar la invasión arbustiva y la degradación del pasto.

Norma 4. Gestión de rastrojos 1. No se quemarán rastrojos y en caso de que por razones fitosanitarias la quema esté autorizada por la autoridad competente se cumplirán las normas establecidas en materia de prevención de incendios, y en particular, las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos forestales. 2. Cuando se eliminen restos de cogidas (cultivos herbáceos) y de poda (cultivos leñosos) se hará con arreglo a la normativa establecida.

2. No se quemarán o roturarán pastos permanentes excepto para regeneración de la vegetación. En caso de regeneración mediante la quema, que exista autorización previa de la autoridad competente. Norma 7. Mantenimiento de los elementos estructurales 1. No se alterarán los elementos estructurales sin la autorización de la autoridad competente. Norma 8. Prohibición de arrancar olivos

Norma 5. Utilización maquinaria adecuada 1. En suelos saturados, terrenos encharcados (excepto los de arrozal) o con nieve, no se realizará viruta ni se permite el paso de vehículos sobre el terreno, sin justificación. Norma 6. Mantenimiento y protección de pastos permanentes 1. Se mantendrá una carga ganadera mínima adecuada en parcelas de pastos permanentes.

1. No se arrancarán olivos sin que sean sustituidas en aquellas zonas establecidas por el órgano competente. Norma 9. Prevención de la invasión de tierras agrícolas por vegetación espontánea no deseada 1. Se evitará la invasión en tierras de cultivo de especies de vegetación espontánea no deseada según relación establecida por las Comunidades Autónomas.

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Norma 10. Mantenimiento de los olivares y viñedos en buen estado vegetativo

de la justificación del sistema de retirada de los purines de la explotación. Norma 12. Uso del agua

1. Se realizarán las podas con la frecuencia tradicional de cada zona para el mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo. 2. Se realizarán las podas con la frecuencia tradicional de cada zona para el mantenimiento de los viñedos en buen estado vegetativo. Norma 11. Mantenimientos de los hábitats 1. No se abandonarán o verterán materiales procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, sobre terrenos encharcados o con nieve ni sobre aguas corrientes estancadas. 2. No se aplicarán productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, purines ni se limpiará la maquinaria empleada para estas aplicaciones, sobre terrenos encharcados o con nieve ni sobre aguas corrientes o estancadas. 3. Las explotaciones ganaderas en estabulación permanente dispondrán y utilizarán tanques de almacenamiento o fosas y balsas impermeabilizadas natural o artificialmente, estancas y con capacidad adecuada o, de ser el caso, dispondrán

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1. En superficie de agua que posea el agricultor acreditará su derecho de uso de agua de arroyo concedido por la Administración hidráulica competente. 2. Los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo dispondrán de los sistemas de control de agua de arroyo establecidos por las respectivas administraciones hidráulicas competentes, de forma que se garantice una información precisa sobre los caudales de agua efectivamente utilizados.

Ámbito de medio ambiente Acto Conservación de las aves silvestres 1. En Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS, incluidas en Red Naturalidad 2000) no se dañarán los elementos estructurales del terreno (márgenes, etc.) especialmente los relacionados con la red fluvial y de cañadas. 2. No se realizarán actuaciones con el propósito

de dar muerte a las aves, capturarlas, perseguirlas o molestarlas, ni de destruir o deteriorar sus nidos o áreas de reproducción, invernada o reposo. Se exceptúan las acciones y especies reguladas por la normativa de caza. Acto Protección aguas subterráneas 1. Los agricultores no verterán de manera directa o indirecto las sustancias de la Lista 1 que cita el artículo 4 de la Directiva 80/68/CE: Compuestos halogenados y substancias que puedan originar compuestos semejantes en medio acuático, compuestos órgano fosforados, compuestos orgánicos de estaño, substancias que posean un poder cancerígeno, mutágeno en medio acuático o a través del incluso, mercurio y compuestos de mercurio, cadmio y compuestos de cadmio, aceites minerales y hidrocarburos y cianuros. 2. Los agricultores no verterán, a no ser que tengan autorización, de manera directa o indirecto las sustancias de la Lista 5 que cita el artículo 4 de la Directiva 80/68/CE: Metaloides, determinados metales y sus compuestos, biocida y los derivados que no figuren en la lista 1, substancias que tengan un efecto perjudicial en el sabor y/o el olor de las aguas subterráneas, así como los compuestos que puedan originar dichas sustancias en las aguas, volviéndolas no aptas para el consumo

humano, compuestos orgánicos de silicio tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originar dichos compuestos en las aguas, salvo aquellos que sean biológicamente inocuos o que se transformen rápidamente en el agua en sustancias inocuas, compuestos inorgánicos de fósforo elemental, fluoruros, amoniaco y nitritos. Protección del medio ambiente en la utilización de lodos de depuradora 1. No se utilizarán lodos sin que exista la correspondiente documentación expedida por la depuradora o por la empresa de gestión de residuos autorizada. 2. No se utilizarán lodos en pastos o cultivos de forraje antes del plazo establecido por la Comunidad Autónoma, si en los pastos si procede al pastoreo o se van a cosechar cultivos de forraje 3. No se utilizarán lodos en terrenos destinados al cultivo de frutas y verduras que están en contacto directo con el suelo y que por lo general se comen crudos, durante un período de 10 meses con anterioridad a la cosecha de estos cultivos ni durante la recolección en sí.

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Acto Conservación de hábitats naturales

824/2005 (anexo I).

1. En la explotación se realizará una actuación, ya sea, plan, programa o proyecto, que requiere el sometimiento, según normativa nacional y/o regional de aplicación, la Evaluación Ambiental Estratégica o Evaluación de Impacto Ambiental, se dispone del correspondiente certificado de no afición a Naturalidad 2000, la declaración de Impacto Ambiental, y cuantos documentos sean preceptivos en dichos procedimientos. También, de ser el caso, sí se ejecutaron las medidas correctoras y/o compensatorias indicadas por el órgano ambiental.

2. Los fertilizantes se aplicarán segun su tipo y el estado fenológico del cultivo.

2. Respetará la prohibición de recoger, cortar, arrancar o destruir intencionadamente las especies listadas en el Anexo V de la Ley 42/2007.

6. Se mantendrá la cubierta vegetal de las tierras en invierno.

3. En las explotaciones ubicadas en zonas afectadas por Planes de Restauración y Conservación de especies amenazadas, se cumplirá lo establecido en estas. Acto Requisitos mínimos del uso de abonos para solicitantes de las ayudas agroambientales del Contrato de Explotación Sostenible [CES]: 1. Los fertilizantes de la explotación pertenecerán la alguna de las categorías definidas en el R.D.

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3. El aporte de abono nitrogenado no superará las 150 U.F. de N/ha/año. 4. Se dispondrá de un registro de fertilización, cuaderno de explotación o plan de fertilización. 5. Se fertilizarán las cercanías de los cursos de las aguas de acuerdo con las normas del Código Gallego de Buenas Prácticas Agrarias.

7. No se usarán cañones de aspersión de alta presión para distribución de purines.

Ámbito salud pública, zoosanidad y fitosanidad En este apartado existen diferentes actos para los tres tipos de ganado: Porcino, ovino y caprino, bovino. Los siguientes, que se pueden consultar en la página web de la Consellería de Medio Rural, en el apartado de Ganadería:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Acto identificación y registro de los animales Acto seguridad alimentaria Acto Encefalopatías espongiformes transmisibles Acto Fiebre aftosa Acto enfermedad vesicular porcina Acto erradicación de la fiebre catarral ovina Acto bienestar de las novillas Acto protección de los cerdos Acto protección animales en explotaciones ganaderas

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LA PAC Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Preservar la seguridad de los consumidores: aplicación efectiva y control Desde la década de 1990, la UE ha estado también revisando y mejorando el tercer elemento de su estrategia de seguridad alimentaria: el sistema para hacer que se cumpla efectivamente la normativa aplicable. Los cambios introducidos tienen como objetivo dejar claro quién hace qué y ofrecer a los consumidores el mismo nivel de protección vivan donde vivan. Antes se tomaban muestras con fines de control de forma regular pero aleatoria; ahora se presta más atención a las fuentes de mayor riesgo. El riesgo puede ser alto porque un producto en particular se comercializa en grandes cantidades, o porque se sabe que el propio producto o la zona de la que procede son sensibles a una determinada enfermedad de los animales o de las plantas. Por otro lado, la UE está adoptando un planteamiento más amplio del concepto de seguridad alimentaria. Más que concentrarse únicamente en la contaminación, las autoridades de la UE están ampliando sus controles para comprobar de forma más sistemática si los productos cumplen los requisitos relativos a la información que debe ofrecerse al consumidor y las normas que regulan lo que los productos alimenticios pueden y no pueden con-

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tener. La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), que forma parte de la Comisión Europea y tiene su sede en Grange (Irlanda), desempeña el importante papel de verificar si se están aplicando las normas de manera efectiva. Su equipo de alrededor de cien inspectores viaja a lo largo y ancho no solo de la UE sino del mundo entero para comprobar si se han puesto en marcha mecanismos adecuados para efectuar controles y hacer que se cumpla la normativa. Como parte de estos controles sobre el terreno, los inspectores pueden visitar a productores o plantas de transformación concretos para determinar si estos mecanismos son eficaces en la práctica; si es necesario, la OAV puede enviar inspectores en caso de que se produzcan brotes de enfermedades tanto dentro como fuera de la UE.

Consumidores Informados: La seguridad a través del etiquetado La gente quiere y tiene derecho a saber lo que come. Las normas de la UE sobre etiquetado de los alimentos le reconocen ese derecho. El principio fundamental en que se basan esas normas es que debe darse a los consumidores

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toda la información esencial sobre la composición del producto, el fabricante y los métodos de almacenamiento y preparación. Los productores y los fabricantes pueden añadir información si lo desean, siempre que sea exacta, no confunda al consumidor y no pretenda convencer de que el producto alimenticio sirve para prevenir, tratar o curar enfermedades. Los requisitos relativos al etiquetado se actualizan regularmente para plasmar en ellos los avances de la ciencia y las expectativas cambiantes de los consumidores. Algunos cambios recientes reflejan, por ejemplo, la preocupación del público por la EEB (enfermedad de las «vacas locas»), pues los consumidores quieren tener toda la información posible sobre la carne de vacuno que compran. Hoy en día, las etiquetas de esta carne tienen que decir dónde nació el animal y dónde fue criado, engordado, sacrificado y despiezado. Los consumidores también quieren saber si un alimento contiene un producto genéticamente modificado, y quieren ver en la etiqueta si algún ingrediente del alimento puede dar alergia; esto también se ha reflejado en cambios recientes de la normativa. Así, si un alimento contiene un producto GM, o si en su producción ha intervenido

un producto derivado de material GM, la etiqueta debe decirlo. A algunos productos alimenticios se les aplican normas especiales. Por ejemplo, siempre debe indicarse claramente la presencia de quinina o cafeína en el alimento. Lo difícil al establecer normas modernas de etiquetado de alimentos es conseguir que los consumidores reciban toda la información posible sin que se sobrecargue de tal manera la etiqueta que resulte difícil leerla y entenderla.

Entender las alegaciones de propiedades saludables. La UE es consciente de que los consumidores no solo quieren que los alimentos sean seguros, sino que además sean nutritivos. Por otro lado, en la política de salud pública de la UE la buena alimentación adquiere una importancia cada vez mayor. La obesidad es un problema que va en aumento, y una dieta saludable es un elemento importante para invertir esta tendencia. La UE no pretende decir a la gente lo que tiene que comer ni cómo tiene que vivir, pero sí es cierto que tiene el papel de ayudar a los ciudadanos europeos a tomar sus decisiones con conocimiento de causa y de asegurarse de que las pretendidas propiedades de los alimentos son verídicas y tienen una base científica.

La labor de la Comisión Europea en este ámbito consiste en definir cuáles son las alegaciones nutricionales permisibles (como son expresiones del tipo «bajo en grasas» o «alto contenido en fibra») y establecer un sistema para autorizar las alegaciones de propiedades saludables.

La seguridad alimentaria empieza en las explotaciones En la UE, más de 10 millones de personas trabajan en el campo, lo que representa el 5,4 % del empleo total. Las actividades agropecuarias generan otros muchos puestos de trabajo en las comunidades circundantes y en la industria transformadora de piensos y alimentos. Una parte importante de los alimentos que consumimos proviene de explotaciones de la UE. En su origen, la política agrícola común (PAC) de la UE promovía principalmente la producción de grandes cantidades de alimentos para conseguir la autosuficiencia, como reacción a las penurias de alimentos vividas durante y tras la segunda guerra mundial. O sea, que cuanto más produjeran los agricultores y ganaderos más apoyo financiero recibían. Con el tiempo, esta política acabó creando una oferta de excedentes

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de alimentos que salía muy cara al contribuyente y que, en ocasiones, tenía como resultado el que las ayudas fueran a parar a quienes, en realidad, no las necesitaban. A la vez que se reconocía este problema, aumentaba la preocupación sobre si la PAC no estaría fomentando unos métodos intensivos de explotación agropecuaria con implicaciones para el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Esto es lo que motivó la reforma de la PAC, que está pasando de un sistema de pago vinculado a la producción a un sistema de pagos directos a los agricultores y ganaderos en apoyo de sus ingresos. La ventaja adicional que tiene este planteamiento es que esos pagos se pueden utilizar como incentivo para: 1. 2. 3. 4.

Producir alimentos seguros en condiciones de higiene adecuadas; Mantener unos niveles elevados de bienestar animal; Aplicar métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, y Promover una economía rural sostenible.

Este nuevo planteamiento se ve como el mejor medio de combinar una serie de objetivos: 1.

Unos ingresos razonables para los agricultores

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2. 3. 4. 5.

y los ganaderos. Unos precios justos y unos alimentos seguros de gran calidad para los consumidores. Un coste aceptable para el contribuyente. Un acceso justo a los mercados de la UE para los productos y alimentos de otros países. En general, una industria alimentaria competitiva.

En la actualidad, la UE hace menos hincapié en la cantidad y más en el mantenimiento de la calidad y en el papel y los ingresos de cada uno de los agricultores y ganaderos. Así, por ejemplo, ayuda a quienes participan en programas diseñados para mejorar y asegurar la calidad de los productos y los procesos de producción agropecuarios.

Alimentos seguros de todo el mundo La UE es el mayor importador mundial de alimentos y constituye el mayor mercado para las importaciones de alimentos de los países en desarrollo. Importa piensos, alimentos, plantas y animales de más de 200 países. Las explotaciones y los productores de alimentos de países que exportan a la UE deben respetar los mismos principios de seguridad que se aplican en la UE. En las fronteras de la UE se realizan controles para evitar que se cuelen en su territorio

alimentos que no sean seguros. A veces se acusa a la UE de utilizar unas exigencias cada vez más elevadas en relación con los alimentos para poner trabas a la importación, pero eso no es verdad: la UE ha elegido la opción política de no hacer concesiones a costa de sus normas sobre seguridad alimentaria, y eso se aplica por igual a sus propios Estados miembros y a otros países que quieran exportar a la UE. La seguridad alimentaria empieza en la misma explotación, venga el alimento de donde venga. Además, la UE coopera con otros países dentro de organizaciones internacionales elaborando normas internacionales de seguridad alimentaria, puesto que la solución más justa es que las exigencias a este respecto sean igual de estrictas en todo el mundo. Esto facilita las operaciones no solo a los países que exportan a la UE, sino también a las propias industrias alimentarias de la UE que exportan al resto del mundo. En esta labor, la UE se esfuerza por que no solo los niveles de seguridad alimentaria, sino también de protección del medio ambiente, desarrollo rural, producción sostenible y bienestar animal sean lo más elevados posible. La UE comprende que para los países en desarrollo puede resultar difícil y costoso ponerse

a su nivel, y por eso les ofrece asistencia técnica para ayudarles a conseguirlo. Esa asistencia les puede beneficiar de forma indirecta, pues con ella mejora su propia situación alimentaria y sanitaria, reduciéndose así el número de muertes causadas por la contaminación de los alimentos y del agua. En los países en desarrollo, cada año mueren por esta causa cerca de dos millones de niños. La UE contribuye también a organizar campañas de concienciación que animan a los consumidores de los Estados miembros a comprar productos de «comercio justo», es decir, productos alimenticios que no solamente son seguros sino que, además, provienen de productores a los que se ha pagado un precio justo y han sido manipulados y transformados por trabajadores que, asimismo, han recibido un trato justo.

Y además de seguridad: calidad y diversidad Los consumidores de la UE quieren unos alimentos seguros, pero también unos alimentos de calidad; por otro Lado, quieren que la UE respete las diversas culturas y gastronomías existentes dentro de sus fronteras. En reconocimiento de todo ello, la UE ha creado cuatro «logotipos de calidad».

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Los logotipos correspondientes a las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) se aplican a productos agropecuarios o alimentos estrechamente vinculados con una región o un lugar específicos. Si un producto lleva el logotipo IGP, es que posee una característica específica o una reputación que lo asocian a una zona determinada, en la cual tiene lugar al menos una etapa del proceso de producción, transformación y preparación. Un producto que lleve el logotipo DOP habrá demostrado tener unas características que solo son posibles gracias al entorno natural y a las habilidades de los productores de la región de producción con la que está asociado. El logotipo de especialidad tradicional garantizada (ETG) está destinado a productos que tienen unas características distintivas y que, o bien están compuestos por ingredientes tradicionales, o bien se han fabricado siguiendo métodos tradicionales. Entre los productos de este grupo cabe citar el «Jamón Serrano». El logotipo de agricultura ecológica significa que el producto alimenticio ha sido producido siguiendo métodos ecológicos aprobados que respetan el medio ambiente y cumplen las

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estrictas exigencias de producción ganadera. En particular, los agricultores evitan el uso de plaguicidas sintéticos y fertilizantes químicos.

EL FUTURO DE LAS AYUDAS AGRARIAS La futura PAC debe garantizar la producción estable de alimentos, según los agricultores y ganaderos de la UE. Los dirigentes agrícolas de la UE aprobaron una posición sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), haciendo hincapié en que con los retos que deben afrontarse en el futuro, una PAC fuerte es más esencial que nunca. En declaraciones hechas desde Bruselas, después de una reunión con los dirigentes agrícolas de la UE, el Presidente del COPA, Padraig Walshe, ha insistido en que posiblemente habrá pocas prioridades más importantes para los ciudadanos europeos que la inocuidad, la seguridad y la estabilidad de su alimentación, producida de manera sostenible. La agricultura es también crucial para el empleo en las zonas rurales: cerca de 30 millones de personas trabajan en las explotaciones agrarias y con su trabajo, gestionan más de las tres cuartas partes del territorio de la UE. Los agricultores y los selvicultores también proporcionan atracción y diversidad a las zonas rurales, no sólo en beneficio de los ciudadanos de la UE, sino también de la industria turística. Estos importantes beneficios públicos no los remuneran los mercados, sino que los garantiza la PAC. Y sin embargo, el presupuesto total de la PAC re-

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presenta menos del 1% del gasto público total de la UE. Pero el Presidente Walshe ha advertido igualmente que: Las malas condiciones de mercado y la subida de los costes de producción han causado un grave deterioro de la renta de los agricultores durante la pasada década. La renta media de los agricultores representa sólo el 50% de los ingresos de los demás sectores y dos tercios de la misma provienen de los pagos directos. Además, los agricultores deben afrontar el reto de los extremos climáticos y la volatilidad de los mercados.

adaptación de la política para que los agricultores y las cooperativas puedan tener más acceso a las medidas que les permitan mejorar su competitividad y adaptarse al cambio climático, en particular al condicionante del agua. Por lo demás, con los incentivos apropiados, los agricultores podrían proporcionar más servicios rurales, incluida la protección de los hábitats naturales, el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de inundaciones, la mejora de la capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas y la resistencia a los incendios.

Si los agricultores deben poder seguir proporcionando esos importantes beneficios, así como contribuir al crecimiento económico, a la estabilidad de empleo y al cambio climático en los próximos años, una PAC fuerte va a ser más esencial que nunca. Por eso, deben mantenerse los pagos directos para los agricultores, y los ajustes de la PAC de cara a 2013 deberían centrarse en la creciente estabilidad de los mercados para los consumidores y en el refuerzo de la función de producción económica de los agricultores. Para eso, necesitamos nuevas herramientas que nos permitan afrontar la volatilidad de los mercados y medidas encaminadas a reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

El Sr. Walshe ha puesto de manifiesto igualmente que los ajustes de la PAC para después de 2013 deberían reforzar la naturaleza común de la política. Necesitamos una solidaridad financiera basada en un presupuesto adecuado que contemple un trato justo y por igual para todos los agricultores, teniendo en cuenta las diferentes condiciones.

Estos objetivos deben alcanzarse a través de la

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CONTEXTO GENERAL:

ESCENARIOS DE FUTURO DE LA PAC El próximo marco presupuestario 2013-2020 se verá influenciado por gran cantidad de aspectos que abarcan desde la evolución de la situación económica mundial hasta la posible ampliación de la UE. Estos aspectos afectarán de forma significativa tanto al presupuesto de la PAC como al diseño de esta. A continuación se define el contexto que se prevé de cara al próximo marco presupuestario, a partir del cual se podrán definir escenarios. En primer lugar, relativo al proceso de construcción europea, se considera que finalmente se ratifica el Tratado de Lisboa por los 27, lo que supone que la próxima PAC tendrá que ser aprobada por el Parlamento Europeo, hecho éste que dificultará el acuerdo y retrasará el proceso de toma de decisiones. En cuanto a la posible ampliación, actualmente existen 3 países candidatos oficiales a incorporarse a la UE: Turquía, Croacia y Macedonia. De éstos, las negociaciones de adhesión están en un nivel suficientemente avanzado como para que Croacia se incorpore a la UE en los próximos años, barajándose como fechas posibles 2011 o 2013, mientras que las negociaciones con Macedonia aún no han comenzado (si bien, la adhesión de ésta no afectaría demasiado, dado que en caso de entrar durante el próximo marco presupuestario, lo

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haría cuando estuviese finalizando). En el caso de Turquía, las negociaciones se encuentran estancadas, debido tanto a la falta de reformas en el seno de este país candidato como a la oposición de determinados Estados miembros a la entrada de Turquía como miembro de pleno derecho de la UE30, por lo que no se prevé la incorporación de este país en el próximo marco presupuestario. Es claro que la adhesión de Turquía podría suponer un fuerte impacto para la agricultura de la UE debido al tamaño del sector agrario turco. Por otro lado, existen una serie de países que han solicitado de forma oficial su candidatura a la UE. Entre este grupo destaca la presencia de Islandia, que formalizó su solicitud de inicio de los trámites para integrarse en la UE el 23 de julio de 2009. Dada la estructura democrática del país nórdico y el hecho de pertenecer éste actualmente al Espacio Económico Europeo, así como al Acuerdo de Schengen, no parece difícil la adopción del acervo comunitario por parte de éste, por lo que se baraja como posible fecha de adhesión 2013, si bien ésta tendrá que ser ratificada en referéndum. En cualquier caso, dado que el sector agrario tanto de Islandia como de Croacia es poco significativo, la adhesión de éstos a la UE apenas tendrá repercusión en el diseño de la futura PAC. Otro aspecto a destacar, éste relativo al último período de ampliación, es el fin del periodo transitorio para la UE 10

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en 2013 y para Bulgaria y Rumania en 2016, el cual seguro afectará perceptiblemente de cara al diseño de la futura PAC. Los acuerdos comerciales alcanzados por la UE tanto multilaterales (en el seno de la OMC) como bilaterales con terceros países sí podrían tener un impacto significativo sobre la PAC. Si bien la UE ha hecho un esfuerzo importante por incorporar dentro de la PAC instrumentos que distorsionen lo menos posible los mercados internacionales, el apoyo a los productos vía precio (articulado principalmente a través de las tasas a la importación) es todavía muy importante en la UE (el 46% del apoyo a los productores procedía de medidas de mercado en 200634). Las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC han sido bloqueadas y reabiertas en diversas ocasiones, previéndose alcanzar definitivamente un acuerdo a lo largo de 2010. A tenor del estado actual de las negociaciones, no parece factible un acuerdo que ponga en duda la naturaleza de las ayudas directas de la UE, por lo que este acuerdo tan sólo afectará a los niveles de protección en frontera. Se prevé la adopción de un acuerdo en los siguientes términos: 1.

Reducción media de los aranceles de los productos agrarios en torno al 60%, con una mayor reducción de los aranceles en aquellos

2.

3.

4.

productos con arancel mayor. Calificación de ciertos productos como sensibles, con una reducción menor de los derechos de importación, a cambio de la apertura de cuotas de importación con tarifas reducidas. Limitación de las ayudas encuadradas dentro de la caja azul al 2,5% del valor medio de la producción agraria por producto. Eliminación de las ayudas a la exportación.

Un impacto esperable de este acuerdo es la mayor vulnerabilidad de las producciones agrarias europeas a la inestabilidad de los mercados internacionales. En este sentido, es de destacar la situación creada entre 2007 y 2008, cuando se produjo un incremento muy significativo de las cotizaciones de los principales productos agrarios, creando una cierta sensación de desabastecimiento de los mercados. Simultáneamente, los precios de los principales insumos agrarios también mostraron una tendencia alcista, bien debido a la subida del precio del petróleo, que afectó principalmente el combustible y los fertilizante, bien debida a la propia subida de los productos agrarios, que afectó a los precios de la alimentación animal. A mediados de 2008 comenzaron a descender de forma importante los precios de los productos agrarios, pero no así el de los insumos, con lo que

la rentabilidad de la actividad agraria se ha visto reducida de forma significativa en los últimos meses. Esta situación se ha visto agravada con la prohibición de determinadas sustancias fitosanitarias, que han debido ser sustituidas en muchos casos por sustancias de mayor precio y menor efectividad, afectando por tanto a los costes de producción y a los rendimientos. Adicionalmente, podrían producirse innovaciones tecnológicas que incrementasen los rendimientos o redujesen los costes. La evolución de estos parámetros es de gran importancia, pues es la falta de rentabilidad de la actividad agraria (al menos comparada con otras actividades económicas) la que ha justificado esencialmente hasta ahora apoyo público a la misma. La evolución futura de la rentabilidad de la actividad agraria en general, debida a los factores expuestos anteriormente (cotizaciones de las producciones agrarias, precios de los insumos, regulaciones más restrictivas sobre el uso de productos fitosanitarios e innovaciones tecnológicas) puede afectar al diseño de la PAC de diversas formas: 1.

En un escenario de alta rentabilidad (precios de las producciones agrarias elevado y precios

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2.

de los insumos moderados) el apoyo público a la agricultura podría perder legitimidad, al percibirse como una compensación excesiva a los agricultores por una actividad que ya de por sí sería rentable. Por el contrario, en un escenario de precios deprimidos y costes elevados, puede cobrar mayor importancia el apoyo directo a las rentas. En un escenario de cotizaciones muy volátiles, podría ser necesario potenciar los sistemas de gestión de mercados o de riesgos (seguros, fondos de mutualidades, etc.), mecanismos que serían de menos interés para los agricultores en un escenario de cotizaciones más estables.

Finalmente, el presupuesto de la PAC se muestra como el principal limitante a la hora de diseñar la PAC de cara al marco 2014-2020, pues definirá en última instancia el nivel de ayuda percibido por los agricultores (bien a través de ayudas directas, gestión de riesgos o gestión de mercados). Es claro que la PAC es una política que beneficia a un pequeño pero sensible sector, a un coste significativo en la economía comunitaria. También es verdad que, aunque el presupuesto destinado a la PAC ha decrecido hasta suponer el 45% (55.000 millones en 2007) del total comunitario, existe una fuerte presión sobre éste preferentemente por parte de los

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EEMM opositores a una PAC sólida. El presupuesto destinado a la PAC estará determinado en primer lugar por el presupuesto total de la UE, sobre el cual repercutirá probablemente la crisis económica actual. Aún en el supuesto de que para 2014 se haya superado la fase de recesión en todos los EEMM, no está claro que para entonces se hayan superado los niveles de desempleo generados durante la crisis, además de que el incremento del endeudamiento público derivado de las medidas empleadas durante este periodo supondrán una política de restricción del gasto en el futuro, de cara a recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. Esta situación podría afectar a la disponibilidad de los EEMM para hacer transferencias financieras al presupuesto común, así como a las prioridades de éste. Por otro lado, la profundización en otras políticas comunitarias podría suponer una transferencia de fondos de la PAC a estas nuevas políticas financias a cargo del presupuesto comunitario. El presupuesto del que se disponga finalmente para la PAC podrá tener repercusiones sobre el modelo de PAC que finalmente se aplique. Una reducción del presupuesto comunitario podría ser compensada con aportaciones nacionales, obligatorias (cofinanciación) en caso de que

ésta fuese moderada, o facultativas (ayudas nacionales) si ésta fuese significativa. En cualquier caso, una menor disponibilidad presupuestaria obligará a una mayor focalización de las ayudas.

¿Por qué es necesaria una profunda renovación de la PAC? Desde sus comienzos, la PAC ha sido sometida a numerosas e importantes reformas como respuesta a la demanda política, social y del mercado. Las medidas para el sostenimiento de los precios y la intervención en el mercado se han ido reduciendo gradualmente aunque sin eliminarse del todo, siendo sustituidas por crecientes niveles de apoyo directo a los agricultores. Las primeras medidas europeas con carácter agroambiental fueron adoptadas en 1985, cuando se estableció, de forma explícita y por primera vez, la posibilidad de que los Estados Miembros establecieran un sistema de ayudas en zonas sensibles desde la perspectiva del medio ambiente para aquellos agricultores que de modo voluntario se comprometieran a introducir o mantener prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Este tipo de medidas, junto con otras del ámbito del desarrollo rural, forman hoy un elemento emergente de la PAC. Sin embargo, no han sido suficientes para abordar los nuevos objetivos en

materia de medio ambiente, ni para mantener un medio rural vivo, visto el despoblamiento que sigue acosando a las zonas rurales. Los procesos opuestos de intensificación y abandono, y sus impactos ambientales y sociales asociados, continúan. La pérdida de biodiversidad parece imparable, la degradación de suelo y la sobre-explotación y contaminación del agua no terminan de corregirse, y todo en un escenario ineludible de cambio climático frente al que habrá que luchar, a la vez que procurar los mecanismos de adaptación necesarios. Por otro lado, la agricultura en zonas marginales o menos productivas, mayoritarias en un país mediterráneo como España, y la ganadería extensiva, desarrolladas en pequeñas explotaciones ligadas al territorio y fundamentales para el mantenimiento de gran parte de las principales zonas naturales que valoramos, han quedado sistemáticamente excluidas de las ayudas de esta PAC. Paradójicamente, por lo poco que se va conociendo sobre el destino de la mayor parte de los pagos, grandes corporaciones, incluso ajenas al mundo agrario, perciben inmensas sumas de una política pública incluida bajo la rúbrica presupuestaria de conservación y gestión de los recursos naturales. Los nuevos retos a los que debe enfrentarse la agricultura de nuestros días han sido ya

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identificados por la Comisión Europea7, durante el llamado “Chequeo Médico de la PAC” : el cambio climático, las energías renovables, la pérdida de biodiversidad y la gestión adecuada del agua. Para abordarlos, la UE necesita una nueva serie de instrumentos políticos para las zonas rurales. Estos son los principales desafíos, pero además observamos los siguientes problemas: 1.

2.

La mayor parte de los pagos directos de la PAC (Pilar I) están escasamente vinculados al suministro de bienes y servicios a la sociedad (por ejemplo, a la gestión sostenible de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de los parajes agrarios y selvícolas valiosos), con una condicionalidad de requisitos mínimos actualmente ineficaz e insuficientemente orientados a ayudar a la agricultura a adaptarse al cambio climático y a mitigarlo. Además de los retos ambientales pendientes, la actual PAC sigue sin dar solución al problema de falta de relevo generacional en las explotaciones que, según las estadísticas para España, en los últimos diez años han perdido algo más del 20% de población activa, ni parece haber contribuido a fijar la población en las zonas rurales, frente a la masificación de las ciudades.

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3.

Las medidas de la PAC con mayores posibilidades de promover la agricultura sostenible y el desarrollo rural (localizadas dentro del Pilar II) reciben, especialmente en España, la proporción más pequeña de la financiación de la PAC, sus presupuestos son, además, insuficientes.

4.

La distribución resultante del actual sistema de ayudas sigue siendo muy poco equitativa. Desde 2005, tras el desacoplamiento o desvinculación entre ayudas y producción inducida por la reforma de 2003, el 20 % de los beneficiarios de la PAC reciben prácticamente el 80 % de los pagos directos.

5.

Estas ayudas pasaron además a calcularse en base a los niveles de producción y ayudas percibidas los años anteriores lo que se conoce como “modelo histórico”, manteniendo la discriminación hacia los sistemas agrarios menos productivos.

6.

Al igual que España, los 12 nuevos Estados Miembros que se incorporaron a la UE entre 2004 y 2007 tienen amplias superficies de agricultura extensiva y de alto valor natural, constituyendo una importante reserva para la biodiversidad europea. El actual sistema de la PAC aplicado a dichos países amenaza

con incrementar el abandono de los métodos agrícolas tradicionales en algunas regiones, y fomentar la intensificación de la agricultura en otras, con graves consecuencias para el medio ambiente. Sin una nueva reforma de la PAC, la UE incumplirá posiblemente muchas de sus obligaciones propias e internacionales en materia de conservación de la biodiversidad, protección de las aguas y lucha contra el cambio climático, además de decepcionar las crecientes expectativas de sus ciudadanos. La mayor parte de la agricultura de España, además, será incapaz de alcanzar un nivel de competitividad suficiente en un contexto globalizado, ni encontrar las herramientas necesarias para apostar por sistemas productivos vinculados a la calidad y el respeto al medio ambiente frente a la producción masiva. En este momento, es urgente formular una nueva política agraria, una nueva política rural, capaz de promover una agricultura, ganadería y selvicultura modernas y genuinamente sostenibles en toda la UE, acorde con los retos sociales y ambientales del siglo XXI, a la vez que mantiene la rentabilidad de un sector productivo básico y estratégico.

Seis desafíos para la futura política agrícola de la UE La Comisión Europea encargó a un Instituto de Estudios la elaboración de un Informe de los bienes públicos que los agricultores aportan a la sociedad. Aquí se resumen los puntos más importantes: La necesidad de proporcionar bienes públicos en Europa sería una justificación válida y coherente para la futura PAC. El reto de fomentar esta provisión de bienes públicos en la escala necesaria para satisfacer la demanda de la sociedad es considerable, pero la política tiene varios puntos fuertes para este fin. La integración de los principios de Gotemburgo sobre desarrollo sostenible en la PAC en el transcurso de las sucesivas reformas proporciona un margen suficiente para una amplia gama de medidas políticas que afectan a la agricultura y a la gestión medioambiental de las tierras. Además, la PAC establece un marco europeo coherente, teniendo en cuenta objetivos comunes, el mercado común para la agricultura y la necesidad de mantener un amplio nivel de competencia equitativa para los agricultores. Tiene flexibilidad para tener en cuenta las diversas condiciones regionales y nacionales, sin perder la transparencia, si las políticas están bien diseñadas y administradas.

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Frente al desafío de abordar los problemas por la falta de bienes públicos, la PAC tendría que mantener una serie de instrumentos capaces de abordar la amplia variedad de condiciones de la agricultura en Europa y el conjunto completo de bienes públicos ambientales. En la actualidad, los pagos directos contribuyen a mejorar la viabilidad económica de la agricultura y sirven de base para acciones más específicas que persiguen la provisión de bienes públicos. Sin embargo, vincular los pagos a través de la condicionalidad, a una base reglamentaria sólida se considera esencial para abordar las cuestiones ambientales en el campo. Está previsto que con el tiempo aumenten las exigencias de regulación, por ejemplo, la aplicación de la Directiva Marco del Agua y cualquier política agrícola en el futuro tendrá que adaptarse a tales cambios en la base legislativa. Tras el chequeo de la PAC, algunas medidas pueden estar dirigidas a objetivos medioambientales a través del artículo 68. Sin embargo, el informe concluye que, dado el buen establecimiento de los mecanismos de ejecución de la política de desarrollo rural, las medidas orientadas a garantizar el suministro de bienes públicos, pueden estar mejor administradas a través de política de desarrollo rural.

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Seis desafíos clave pueden ser identificados si miramos hacia una revisión de la PAC en la que se refuerza el enfoque en la provisión de bienes públicos ambientales. Estos seis desafíos son: 1.

Dar más énfasis a la integración de objetivos ambientales en el corazón de la política: un marco político coherente es necesario para gestionar las tensiones en los objetivos políticos y para asegurar un equilibrio adecuado entre las dimensiones económica, social y ambiental de la agricultura sostenible.

2.

El establecimiento de objetivos apropiados: Con un enfoque en los bienes públicos ambientales, será importante establecer objetivos claros para toda la gama de bienes públicos que las medidas políticas pertinentes están destinadas a cumplir.

3.

Mejorar la eficacia y eficiencia de las medidas: la selección de las medidas políticas necesarias para lograr estos objetivos a escala europea exige que se preste la debida atención a la necesidad de adoptar medidas que sean eficaces y eficientes.

4.

Mejorar la aplicación: La utilización de una serie de medidas políticas en sinergia pueden ayudar a lograr mejores resultados.

Esto requiere un enfoque coordinado para el diseño y el plan de fomento de la capacidad institucional, tanto al nivel del Estado miembro, incluida la prestación de asesoramiento y capacitación a los agricultores. 5.

Eficacia en el seguimiento y evaluación: el seguimiento y la evaluación de los impactos de los gastos de la PAC es fundamental para asegurar el control de cuentas y permitir que se introduzcan mejoras en términos de diseño y la focalización de la ayuda. El Marco común de seguimiento y evaluación de la Política de Desarrollo Rural proporciona una base sólida en este sentido.

6.

Proteger los recursos presupuestarios suficientes: los cálculos relativos a las necesidades de financiación demuestran la diferencia significativa en el nivel de financiación estimada que será necesario para alcanzar los objetivos europeos en medio ambiente, y actualmente disponibles para aquellas medidas de la PAC dirigidas a la provisión de bienes públicos. La obtención de recursos presupuestarios suficientes para apoyar la provisión de bienes públicos parece ser una clara prioridad para el futuro.

Las exigencias o demandas conflictivas sobre las tierras rurales de la UE , además de la exigencia de la sociedad por los bienes públicos ambientales existen demandas competitivas sobre el uso de la tierra en Europa, que es probable que se agraven en el futuro, derivadas de las expectativas acerca de los alimentos y el suministro de bioenergía, los desafíos que enfrentan los agricultores en las regiones menos desarrolladas y el espacio para el recreo. Como consecuencia de estas presiones se derivarán cambios en la gestión de la tierra, con una mayor intensificación y el crecimiento de la superficie de cultivos herbáceos como impacto probable de algunas de estas tendencias. Muchos cambios estarán en conflicto directo con la provisión de bienes públicos y por tanto contribuirán a un mayor riesgo de falta de suministro donde haya una intervención política insuficiente. Dado que la tierra es un recurso finito, la provisión de bienes públicos asociados con el uso de la tierra debe reflejar el óptimo social en Europa, tanto en el momento presente, y también tener en cuenta las necesidades y requerimientos de las generaciones futuras. Aquello que se considera lo mejor para el interés general de la sociedad, reflejará objetivos comunes para la alimentación, el medio ambiente,

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la bioenergía y la cohesión social y económica, pero es esencial que todas las prioridades de Europa se evalúen de manera estratégica e integrada, teniendo plenamente en cuenta las compensaciones que el logro de estos objetivos puede implicar. Por último, no todas las necesidades más amplias de Europa procedentes de la agricultura son satisfechas por los gestores de tierras de la UE, ya que dependen fuertemente de las importaciones de alimentos y otros bio-materiales. Esto pone de relieve la necesidad de considerar el patrón global de uso de la tierra y la actividad agrícola en el momento de pensar en la función de la agricultura en el suministro a la sociedad de bienes públicos y privados.

Ciolos convoca un debate público sobre el futuro de la PAC Dacian Ciolos, miembro de la Comisión European encargado de la Agricultura y el Desarrollo Rural, lanzó un debate público sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) en la Unión Europea. Desde su creación la PAC se ha ido adaptando para responder a los desafíos de su tiempo. En los últimos años se han realizado reformas significativas, en particular en 2003 y en 2008 con motivo del «chequeo de la PAC», al

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objeto de modernizar el sector y orientarlo hacia criterios de mercado. La estrategia Europa 2020 abre una nueva perspectiva. Y en este contexto la PAC puede realizar una gran aportación para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y responder a los nuevos retos de nuestra sociedad, en particular a los de carácter económico, social, medioambiental, climático y tecnológico. La PAC tiene por otro lado que tener más en cuenta la diversidad y la riqueza de las agriculturas de los veintisiete Estados miembros de la UE. El debate que se abre aborda los futuros objetivos de la PAC en la nueva perspectiva de la estrategia Europa 2020. La discusión de los medios a emplear vendrá más tarde. «La Política Agrícola Común no es sólo una cuestión para especialistas. Es la política de todos los europeos. Es necesario escuchar la opinión de los ciudadanos y centrarse en recoger las ideas y las expectativas de todos los actores de la sociedad», declaró el Sr. Ciolos. «Espero las reacciones y observaciones de los agricultores, pero también las de las asociaciones de protección del medio ambiente, de los consumidores, de defensa de los animales. Es necesario abrir el debate lo más posible. La política común europea actúa en beneficio de toda la sociedad a través de aspectos tales como la alimentación, la ordenación del territorio, la protección del medio

ambiente. Por ello, es normal que los ciudadanos tengan derecho a expresar su opinión y un tiempo para hacerlo», añadió. A finales de año la Comisión Europea presentará una Comunicación sobre el futuro de la PAC después de 2013. Pero, antes de presentar las primeras orientaciones políticas de este sector estratégico, y con el objetivo de alimentar los trabajos previos al proceso de toma de decisiones, el Comisario Ciolos lanza ahora un debate público sobre el futuro de la Política Agrícola Común, sus objetivos, sus principios y su contribución a la estrategia «Europa 2020». Dacian Ciolos ha anunciado el lanzamiento de unas páginas web: (http://ec.europa.eu/agriculture/ cap-debate) que permanecerán abiertas hasta el mes de junio de 2010, destinadas a recoger las aportaciones al debate público. Un organismo independiente elaborará entonces una síntesis de las aportaciones. En julio de 2010 la Comisión europea organizará una conferencia de síntesis del debate público. De ésta espera extraer ideas sólidas para construir su comunicación sobre la PAC después de 2013, que deberá presentarse a finales de 2010.

2020, el debate público se estructura alrededor de cuatro temas principales: ¿Cuál es la razón de ser de la Política Agrícola Común europea? ¿Qué objetivos asigna la sociedad a la agricultura en toda su diversidad? ¿Para qué reformar la PAC y cómo hacer que responda a las expectativas de la sociedad? ¿Qué instrumentos utilizará la PAC del futuro? En su discurso a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI), el Comisario Ciolo plantea, más allá de los temas esenciales, una serie de cuestiones más detalladas sobre los problemas que plantea el abastecimiento alimentario en Europa y en el mundo el empleo en las zonas rurales, la gestión sostenible de los recursos naturales, el cambio climático, la volatilidad de los precios, la comprensión de las ayudas por parte de los ciudadanos, el equilibrio de la cadena alimentaria y la competitividad de la agricultura europea.

Financiación y calendario estimados Además de la aportación que la PAC puede ofrecer al desarrollo de la estrategia Europa

La propuesta de la nueva PAC debe pasar las

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siguientes fases:

El modelo propuesto no incluiría ayudas directas a la renta de los productores puesto que ésta debe conformarse principalmente mediante la venta en el mercado de los productos a un precio adecuado, dedicándose todo el presupuesto al apoyo de la gestión sostenible de las explotaciones y la generación de bienes y servicios públicos en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto, este presupuesto debería estar basado en una evaluación de las necesidades ambientales y sociales actuales y el valor de los bienes y servicios que se quieren producir, y definirse en consecuencia. Tales necesidades y el coste de afrontarlas posiblemente sean considerables, no previéndose que el presupuesto

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del nuevo sistema sea sustancialmente menor que el de la PAC actual. Para poner en marcha la propuesta presentada, será necesario un periodo de transición para dar tiempo a los productores a adaptarse y evitar un trastorno económico generalizado en el sector agrario y forestal. También servirá ese tiempo para la adaptación de las estructuras administrativas y económicas a la aplicación de este nuevo modelo y de la Política Rural Común en su conjunto. Se prevé que el próximo Marco financiero abarque el período 2014-2020, aunque se ha especulado que solamente pudiese cubrir el quinquenio de 2014-2018 para vincularlo a la nueva dirección colegiada de la Comisión. En cualquier caso, el

próximo periodo debería utilizarse como etapa de transición para el paso de la PAC a la PRC. Durante esta etapa se introducirían mayores recortes progresivos de los pagos directos del Pilar I hacia el Pilar II, empleándose para financiar la nueva PRC en general, con preferencia para cubrir el coste del sistema de apoyo a la gestión sostenible de las explotaciones propuesto. Paralelamente, mientras exista el Pilar I, se considera necesario desarrollar una serie de medidas provisionales para facilitar la transición al nuevo sistema de ayudas: Dentro del Pilar I, a través del Artículo 68, se deberían crear y reforzar los programas de apoyo a sistemas agrarios ambientalmente importantes, mediante planes de gestión de tierras básicos que describan las actividades que deben realizar los beneficiarios en sus explotaciones. Una vez consolidado el nuevo modelo, las actividades subvencionadas en virtud de este plan se asimilarían a los contratos territoriales del nivel 1. El grueso de los fondos restantes obtenidos por las reducciones de los pagos del Pilar I se transferirían al Eje 2 de gestión de tierras del Pilar II (Desarrollo Rural). Deberá revisarse el

actual reglamento del FEADER e iniciarse un nuevo período de programación para 20142018 que sirva para avanzar hacia la nueva política, que podría consolidarse o al menos quedar instaurada a partir de 2019 o 2020. Sería conveniente implementar la nueva política en un marco de programación similar al empleado para el Pilar II en el actual periodo. Los Estados Miembros deberían preparar Planes Estratégicos y Marcos Nacionales para la PRC, así como programas regionales en materia de medio ambiente y ámbito rural, para definir los objetivos y las medidas a aplicar, y establecer metas claras, alcanzables y que se puedan medir.

Reforma del presupuesto de la UE: ¿Que ocurre con la agricultura? La Comisión Europea está preparando una Comunicación sobre la reforma del presupuesto comunitario, que tendrá que ser presentada oficialmente a finales de noviembre. De acuerdo con el prefacio de la Comunicación, firmado por el Presidente Barroso, los principales aspectos contenidos en esta comunicación proceden de la consulta realizada por la Comisión en septiembre de 2007 con el documento de consulta “Reformando el presupuesto, cambiando Europa”.

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En la Comunicación no se discute el tema del tamaño del presupuesto ni sus principales componentes, sino que se centra en los principios en los que deber basarse el presupuesto y en las principales prioridades en las que tiene que distribuirse el gasto. De esta forma, la reforma del presupuesto tiene que centrarse en cinco principios: 1. Dedicarse a actividades que generen valor añadido. 2. Que estén incluidas en las prioridades clave. 3. Contar con un mayor grado de flexibilidad. 4. Simplificación 5. Ser más justo. En cuanto a las prioridades en la que se debe centrar el gasto, el sector agrario, desgraciadamente, no es una de ellas. La Comisión establece que el presupuesto tiene que distribuirse fundamentalmente en tres ejes: 1. 2. 3.

Desarrollo sostenible y trabajo (economía basada en bajas emisiones) Energía y clima (uso eficiente de la energía) Europa global (promoviendo la prosperidad a nivel mundial).

En cuanto a la PAC, la Comisión señala que la

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intervención tiene que perder protagonismo y convertirse en una escueta red de seguridad. En cuanto a los pagos directos, éstos ya no tendrían que volver a basarse en niveles históricos de producción sino que tendrían que concederse en función de realizar servicios medioambientales no obligatorios, prácticas agrarias sostenibles, mejoras en el medio natural etc. Además, otro aspecto significativo y novedoso es que habría menos dinero comunitario para la agricultura, porque si bien la Comunicación no da cifra si establece que las ayudas directas tendrían que ser cofinanciadas con fondos nacionales o que más gasto de la actual PAC tendría que estar asignado a los Estados miembros. Asimismo, la Comunicación señala que aumentar la modulación obligatoria podría ser una opción para seguir apoyando las políticas de desarrollo rural. Por su parte, el COPA-COGECA ha solicitado que los políticos tienen que asegurar que haya fondos suficientes para asegurar una PAC fuerte más allá del 2013, sobre todo ahora que hay retos tan importantes como asegurar el abastecimiento de comida y que hay que luchar contra el cambio climático.

Coste de la PAC para los gastos públicos ¿Es excesivo?

caro si pensamos que garantiza un suministro de alimentos sanos y la vitalidad del campo.

Durante los primeros años de existencia de la UE, la PAC representaba una proporción importante del gasto presupuestario, en ocasiones incluso más de las dos terceras partes. La PAC cuesta aproximadamente 55.000 millones de euros al año. Esto representa el 40% del presupuesto comunitario total, menos del 0,5% del PIB de la UE. La proporción que representa la PAC en el PIB de la Unión Europea está descendiendo, y, por si eso fuera poco, esta proporción también está descendiendo mucho más deprisa que el gasto público de la UE.

La parte del presupuesto utilizada para ayudas a los mercados (cereales, azúcar, vacuno y lácteos) y para las subvenciones a la exportación ha disminuido, mientras que la destinada a ayudas directas a los productores y para el desarrollo rural ha aumentado.

Comparada con otros gastos públicos es razonable Y el coste de la PAC debe considerarse dentro del contexto. A diferencia de otros sectores, como la educación, la defensa, el transporte, la sanidad pública o la seguridad social, cuyos costes son sufragados por los gobiernos nacionales, los Estados miembros han acordado que las decisiones en materia de política agrícola de la UE se adopten a nivel comunitario, y que se cree un presupuesto adecuado para ello. Cada ciudadano aporta una media de 2 euros a la semana para financiar la PAC. Este no es un precio

Control Presupuestario La PAC opera dentro de una serie de parámetros estrictos. Los límites presupuestarios se establecen para controlar el gasto en un año o período de años dado. Los límites previstos para las medidas de mercado de la PAC y las ayudas directas para el período 2007-2013 no permiten incrementos en términos reales y, de hecho, se irán haciendo más estrechos cada año a medida que los pagos de las ayudas directas en favor de los 12 nuevos Estados miembros vayan aumentando durante este período hasta llegar a los niveles de ayuda total que se aplican en los otros 15 Estados miembros. Además, la PAC ha experimentado tres reformas en 10 años, en parte destinadas a dirigir y controlar mejor el gasto. El gasto de la PAC se ha congelado (en términos reales) hasta 2013. El gasto será estrictamente controlado -ya existe un nuevo mecanismo de

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disciplina financiera para garantizar que no se superan los límites máximos del gasto-.

¿Resulta demasiado costosa la PAC? La PAC cuesta unos 55.000 millones de euros al año, en torno al 44 % del presupuesto anual de la UE. Aunque esta cifra puede parecer elevada, la impresión es engañosa. Al contrario de otras políticas, la PAC se financia principalmente con cargo al presupuesto de la UE. El gasto total europeo en sectores tales como la educación, la defensa, el transporte y la atención sanitaria son mucho más elevados, aunque procede principalmente de los presupuestos nacionales y, por consiguiente, no representa una parte importante del presupuesto de la UE.

en la Unión Europea de los 15, el presupuesto asignado no llegaba al 60%, y desde el año 2004 el porcentaje oscila en un 50-60% en el paso de la unión europea de los 25 y la actual de los 27.

¿Quién controla el gasto de la PAC? Las reformas de los últimos años y los controles de gastos más estrictos han permitido mantener muy bajo el nivel de malversaciones. Las autoridades nacionales y regionales de la UE comprueban que los beneficiarios correspondientes reciban el importe correcto de los fondos de la PAC para el propósito adecuado. Los gastos de los Estados miembros son supervisados por la Comisión Europea, que lleva a cabo auditorias en los distintos países.

Si comparamos los gastos de la PAC con el total del gasto público de la Unión Europea, se trata de una gota de agua en el océano, es decir, en torno al 1 % del total. Por otro lado, de no existir la PAC, los Estados miembros subvencionarían de todos modos a sus agricultores.

El Tribunal de Cuentas de la UE, organismo independiente, comprueba si la PAC se aplica de forma adecuada y eficaz.

Desde 1998, donde el presupuesto total de la UE asignado a la agricultura era de un 75% siendo miembros de la UE 12 países. En 1995,

Los Gobiernos nacionales y las instituciones de la UE deciden conjuntamente tanto la forma de la política agrícola común (PAC) como el importe de

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¿Quién decide acerca de los gastos de la PAC?

los gastos dedicados a ésta. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea fijan de común acuerdo los límites de gastos plurianuales aplicables a la PAC y, dentro de dichos límites, los presupuestos anuales. Los pagos de la PAC los realizan efectivamente organismos nacionales y regionales de los Estados miembros.

¿Cómo se gasta el dinero? ¿A qué se destinan los fondos? La mayor parte de los gastos de la PAC se dedican a: 1. 2.

Ayudas directas a los agricultores. Medidas de desarrollo rural.

Concretamente, los fondos contribuyen a: Todos nosotros, tanto los consumidores como el mundo rural y los agricultores, nos beneficiamos de la PAC. Al ofrecer a los agricultores una red de seguridad para las épocas de crisis, la PAC contribuye a garantizar la seguridad alimentaria, en estos tiempos en que ésta es causa de creciente preocupación, y deja no obstante a los agricultores libres de responder a las señales del mercado, ofreciendo al consumidor los productos que desea. Al mismo tiempo, la PAC incita a los agricultores a cumplir normas elevadas en materia de medio ambiente y bienestar animal y da vida al mundo rural. Estas cosas tienen un coste que se financia parcialmente con cargo al presupuesto de la UE. La PAC cuesta unos 55.000 millones de euros al año, lo que representa en torno al 44 % del presupuesto total de la UE y al 1 % del total del gasto público europeo.

Ofrecer a los agricultores una «red de seguridad» Las ayudas directas a los agricultores forman parte de una «red de seguridad» para sus ingresos que les ayuda a hacer frente a las crisis. La PAC actual deja a los agricultores libres de responder a las señales del mercado. Sin embargo, no debemos permitir que las crisis ocasionales perjudiquen de forma innecesaria nuestra base productiva, sobre todo en estos tiempos en que la seguridad alimentaria es causa de creciente preocupación a escala mundial. Potenciar la economía rural Los fondos de la PAC contribuyen a mejorar las infraestructuras rurales y ayudan a los agricultores a equiparse de cara al futuro;

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también pueden dedicarse a la creación de puestos de trabajo fuera de la explotación agrícola. En breve, los fondos de la PAC contribuyen a dar vida al mundo rural. Preservar los espacios naturales y el medio ambiente Los fondos de la PAC incitan a los agricultores a desarrollar sus actividades de forma sostenible desde el punto de vista medioambiental y a cumplir normas elevadas en materia de bienestar animal. Promocionar calidad

productos

alimenticios

de

Los fondos de la PAC se destinan a mejorar la calidad y seguridad de los productos alimenticios y a promocionar las especialidades regionales y locales.

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¿COMO PREPARAR

LO MEJOR POSIBLE LA PAC DEL FUTURO? Mientras las negociaciones sobre el chequeo médico se entablan bien, no es demasiado pronto para iniciar el debate sobre el futuro de la PAC. Se trata en efecto de abrir el debate sobre las grandes orientaciones de esta política en un nuevo contexto.

1 - El nuevo contexto: un acta para compartir - El aumento de las cotizaciones de algunas materias primas agrícolas, en particular, los cereales, las oleaginosas, la mantequilla y la leche en polvo desde 2006 dibuja un nuevo contexto. Plantea cuestiones con respecto a los consumidores por una presión sobre los precios de la alimentación, pero también en el sector agrícola por un encarecimiento de los costes para las producciones animales. Según los expertos, cuyos análisis se sintetizan en el documento Perspectivas agrícolas 20082017 publicado conjuntamente en mayo pasado por la OCDE y la FAO, esta situación es la resultante de factores coyunturales vinculados a la sucesión de riesgos climáticos desfavorables en los países productores/exportadores, pero también de modificaciones estructurales de la evolución de la demanda que depende del aumento de la población, de la modificación de los comportamientos alimentarios así como del desarrollo de los biocarburantes.

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Para el futuro, la cuestión principal para construir una política agrícola es la de la perennidad de esta nueva situación. El aumento de la productividad agrícola, combinada con la aparición de biocarburantes de segunda generación menos competidores de los usos alimentarios, debería permitir aflojar las tensiones en los mercados de algunas materias primas. Sin embargo, la agricultura deberá probablemente vivir, en la próxima década al menos, en la incertidumbre sobre el equilibrio final entre oferta y demanda que resultará de esta situación. - Un amplio consenso en los análisis se alcanza sobre una más fuerte inestabilidad de los precios que depende: 1.

2.

De la mayor apertura de los mercados, del cambio climático que va a aumentar la frecuencia y la amplitud de los riesgos naturales. Del recrudecimiento de las crisis sanitarias y de sus repercusiones en los mercados.

Además, es necesario tener en cuenta las estrategias de las otras grandes zonas productoras en términos de políticas agrícolas (Estados Unidos, Brasil) y las de las grandes zonas consumidoras en términos de evolución y cobertura de la demanda (China, India). Las

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decisiones de estos principales socios podrán afectar a los precios mundiales a medio-largo plazo. Algunos de ellos ya escogieron alternativas cargadas de consecuencias, como Estados Unidos con el nuevo Farm Bill o Brasil con su política de los biocarburantes. - Por fin, los modos de producción en Europa, o al menos algunos de ellos, podrían ser básicamente cuestionados por varios fenómenos ya visibles. El contexto global de recalentamiento del planeta concierne directamente la agricultura en su capacidad de adaptar sus prácticas y aportar su contribución para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero. La competencia sobre la utilización del espacio genera conflictos de uso entre el mundo agrícola y el resto de la sociedad. Así mismo, hay conflictos sobre el reparto del recurso hidráulico. La subida duradera del coste de la energía, la escasez del recurso hidráulico y el agotamiento de los suelos plantean la cuestión de la viabilidad a largo plazo de nuestros sistemas de producción. Se añaden las interrogaciones crecientes sobre el impacto de estos modos de producción sobre la salud pública o el medio ambiente.

Una reflexión abierta es necesaria para determinar en qué medida la PAC de hoy deberá ser adaptada para responder a un contexto tan nuevo. Sin embargo, sigamos siendo conscientes que tal reflexión debe integrarse en un planteamiento más global en relación con la gobernanza mundial, ya que la PAC por si misma no podría responder a problemas como el hambre en el mundo o el cambio climático. ¿Puede ser compartida esta acta sobre las evoluciones previsibles y la necesidad de tenerlas en cuenta?

enfrenta la sociedad europea.

El reto alimentario Durante las últimas décadas, cada uno pudo creer que el suministro alimentario estaba garantizado y que lo que esencialmente estaba en juego en las políticas agrícolas era reducir la oferta, al menos en los países desarrollados. Ahora bien, el contexto cambió con el disparo de los precios de algunas materias primas agrícolas, y existencias mundiales muy bajas.

La agricultura está en el centro de lo que estará en juego mañana a niveles económicos, ecológicos y sociales. Su potencia económica creadora de empleos, su sujeción territorial, su vínculo a un sector agroalimentario dinámico, su contribución al medio ambiente hacen que este sector sea uno de los más importantes de la estrategia de Europa.

Aunque unos factores coyunturales pudieron intervenir, la tensión en los mercados agrícolas tiene causas profundas que van a durar. El crecimiento demográfico sigue, con 9 mil millones de individuos en el horizonte 2050. La rápida subida del nivel de vida en los países emergentes conduce a una reorientación de los comportamientos alimentarios a favor de las proteínas animales. Estas evoluciones van a traducirse en una duplicación de la demanda alimentaria de aquí al 2050.

La PAC podrá encontrar una nueva legitimidad si llega a poner de manifiesto que responde a estas necesidades colectivas claramente definidas y no controvertidas. Estas necesidades corresponden en realidad a tres grandes retos a los cuales se

Al mismo tiempo, el hambre en el mundo no retrocedió y afecta hoy más de 800 millones de personas. Los desórdenes sociales vinculados al aumento de los precios alimentarios ponen de manifiesto que, más allá de una producción en

2 - Los retos de la PAC del futuro

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cantidad suficiente, el acceso a la alimentación vuelve a ser un desafío estratégico. Desde luego, ganancias de productividad son aún posibles. Pero la capacidad de aumentar la producción es fuertemente amenazada por rendimientos decrecientes en algunas zonas del mundo, por el cambio climático y por las tierras que se convierten en improductivas por la urbanización y las infraestructuras. Estas evoluciones hacen del reto de la producción, el primero al cual deben responder las agriculturas en el mundo. Europa, con su potencial agrícola probado, tiene que contribuir a este reto, velando al mismo tiempo por limitar los posibles efectos que distorsionan sus políticas. Al respecto, es necesario destacar que la Unión Europea reformó en profundidad su política agrícola limitando o suprimiendo las herramientas con este efecto, así dividió por 2 sus restituciones en 15 años, y desacopló las ayudas a los agricultores. Además, la Unión Europea se comprometió, en el marco de la OMC, a suprimir las restituciones a condición de que sus socios hagan un esfuerzo recíproco. Junto a este reto cuantitativo, la PAC deberá más aún responder a la exigencia de calidad

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y diversidad de la alimentación. La seguridad sanitaria será concebida por el consumidor de manera aún más rigurosa, a eso se añadirán las consideraciones de salud pública vinculadas al equilibrio nutricional (problema de la obesidad). Por fin, el reto alimentario se refiere también a nuestra capacidad para garantizar a nuestros conciudadanos más pobres un acceso a la alimentación. El programa europeo que se les destina hoy es debilitado por la desaparición progresiva de las existencias en las cuales se basaba. Necesita ser fortificado y consolidado en una Europa ampliada.

El reto medioambiental La demanda de nuestros conciudadanos va cada vez a ir más allá del simple respeto por la agricultura de una reglamentación medioambiental ya muy exigente. Se referirá al menos igualmente a la producción de bienes medioambientales. Se trata de una oportunidad para la agricultura, en el centro de los grandes equilibrios ecológicos del planeta. La agricultura es, en efecto, un protagonista imprescindible para la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, para la lucha contra las contaminaciones, y también para la reducción de los gases con efecto invernadero.

Sin embargo, no debe ocultarse el hecho de que este objetivo no es evidente en un mundo caracterizado por la vuelta de la escasez. Duplicar a largo plazo la producción alimentaria implicará aumentar mucho la productividad de la agricultura, mientras que la conservación del medio ambiente pueda al contrario precisar frenar esta misma productividad.

una política agrícola. Para eso, será necesario basarse en las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías, y en consecuencia conceder un papel central a la I+D+i. Esta dimensión se inscribe en la estrategia de Lisboa.

El reto de los territorios Después de haber respondido a las necesidades alimentarias con un elevado nivel de eficacia ecológica en un enfoque de desarrollo sostenible. Esta nueva situación se aplica a todas las agriculturas del mundo, condiciona su perennidad y en consecuencia la capacidad para alimentar a una población mundial en fuerte progresión. La política agrícola debe contribuir a responder al aumento de la demanda mundial y a construir una agricultura económica en sus insumos y creadora de valor que genera empleos. Debe también permitir situar la agricultura como productora de energías renovables y biomateriales en el marco de la lucha contra el cambio climático. La política medioambiental ya no puede darse por enfrentada, ni tampoco por separada de la política agrícola. Esta nueva dimensión no sólo constituye una nueva vía de desarrollo de la agricultura, sino que es también una de las condiciones de la legitimidad a largo plazo de

La lógica de una economía mundializada conduce a concentrar la producción y el empleo en las zonas más competitivas. La PAC deberá al contrario permitir mantener una agricultura viable sobre el conjunto del territorio: -porque hace vivir cuencas de producción en un gran número de zonas rurales que tienen alternativas limitadas y genera un tejido de pequeñas y medianas empresas ancladas en los territorios; -porque genera diversidad en los modos de producción y alimentación; -porque es la base de la calidad de los paisajes, ellos mismos creativos de valor (turismo y poder de atracción); -porque contribuye a la cohesión territorial,

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componente principal de la cohesión social en una sociedad muy urbanizada. Estas distintas agriculturas, a condición de que sean económicamente viables y ecológicamente sostenibles, deben ser preservadas y consolidadas por las evoluciones de la PAC. Los Estados-miembros las acompañan en el marco de las políticas rurales que conducen. El mantenimiento de una actividad agrícola por la presencia de numerosos agricultores en todos los territorios, incluido los más frágiles, en los cuales constituye el armazón económico, es la identidad europea. En este contexto, una política agrícola renovada debería responder a 4 objetivos: 1.

2.

3.

garantizar la seguridad alimentaria de la Unión Europea incluso en su dimensión sanitaria en vínculo con la subida de los riesgos sanitarios, contribuir a los equilibrios alimentarios mundiales para participar en la seguridad alimentaria mundial y estar presente en los mercados de mañana, preservar los equilibrios de los espacios rurales para mantener una cohesión territorial y una localización de la actividad y los empleos,

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4.

participar en la lucha contra el cambio climático y la mejora del medio ambiente para construir una agricultura que concilia resultado económico y eficacia ecológica.

Estos objetivos corresponden en gran parte a los que ya fijaba el Tratado de Roma para la PAC, como la seguridad de los suministros o precios razonables para los consumidores. La doble dimensión medioambiental y territorial está en el centro de varias estrategias desarrolladas por la Unión Europea. Es importante que la PAC pueda integrarla aún más.

3 - Algunas orientaciones que deben discutirse para la PAC del futuro Las exigencias elevadas que se imponen a los productores europeos, a través de las normas sanitarias, medioambientales e incluso las preferencias colectivas como el bienestar animal, son legítimas ya que responden a expectativas sociales; no obstante, representan para los productores un coste elevado. En este contexto, conviene preservar la producción europea de una distorsión, y buscar un equilibrio entre competitividad y expectativas sociales. ¿La Unión Europea puede renunciar a compensar su agricultura, que hace frente a exigencias más

elevadas que las demás agriculturas, y renunciar a traducir estas exigencias en normas comerciales equitativas?

capaces de difundir lo más ampliamente posible técnicas a la vez productivas y sostenibles para un medio ambiente preservado.

La volatilidad de los mercados y el aumento de los riesgos sanitarios y climáticos son fenómenos que van a aumentar. La capacidad para enfrentarlos es determinante para preservar una base duradera de producción en Europa. Por otra parte, se plantea la cuestión de la legitimidad de ayudas totalmente desconectadas de la situación real de los mercados.

¿Conviene integrar efectivamente en la PAC apoyos futuros a la agricultura y a la industria agroalimentaria, concebidos para fomentar la innovación integrando el respeto del medio ambiente?

¿Los actuales modos de apoyo, basados esencialmente en apoyos individuales y fijos en el tiempo, son adaptados a lo que está en juego, o conviene completarlos por herramientas menos estáticas en cumplimiento de las normas internacionales? El recurso a nuevas técnicas permitirá solucionar la contradicción potencial entre la necesidad de producir más y la de producir mejor. Sobre la base de esta acta, sería lógico hacer de la cuestión de la innovación una de las dimensiones de la PAC del futuro para que ésta apoye una agricultura respetuosa del medio ambiente. Como eso fue el caso en el origen de la PAC cuando el objetivo consistía en modernizar la agricultura europea, se trataría esta vez de inventar los instrumentos

La agricultura europea se caracteriza por su muy importante diversidad. Hoy en día, la PAC integra sobre todo esta diversidad en el marco del desarrollo rural, a través de las ayudas a las zonas desfavorecidas o las medidas agroambientales, ayudas concebidas sobre la base de criterios físicos. El primer pilar de la PAC, por su parte, está basado en el carácter uniforme de sus apoyos. La uniformidad de los apoyos no debe borrar la diversidad europea de los territorios y producciones. Los más frágiles de ellos y los que integran totalmente la dimensión medioambiental deben sin duda beneficiarse de un apoyo particular. ¿La eficacia de la PAC implica en el futuro tener más en cuenta la diversidad de los sistemas de producción y sus necesidades?

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A continuación se describe de qué forma podrían adaptarse los 3 modelos propuestos a diferentes escenarios presupuestarios:

la reducción fuese más significativa.

Modelo tendencial

La aplicación de este modelo por sí misma supone una reducción sustancial del presupuesto, pues tan sólo se beneficiarían de ayudas las explotaciones que prestan servicios medioambientales adicionales.

La aplicación de este modelo supondría el mantenimiento del presupuesto comunitario en unos niveles próximos a los actuales. En caso de que se redujese el presupuesto comunitario de forma moderada, éste podría ser compensado mediante cofinanciación nacional obligatoria de los pagos directos, y en caso de que la reducción fuese significativa, posiblemente se introduciría la posibilidad de complementar las ayudas comunitarias con ayudas nacionales facultativas bajo el control comunitario.

Modelo de pagos por tramos La propia aplicación de este modelo supondría una desviación por parte del presupuesto actual hacia la política regional, al pasar a ésta las actuales medidas encuadradas en los actuales ejes 3 y 4 de la política de desarrollo rural. Al igual que en el caso del modelo anterior, es previsible que una reducción moderada del presupuesto se viese compensada por aportaciones nacionales en forma de cofinanciación nacional obligatoria, o ayudas nacionales facultativas en caso de que

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Modelo liberal ambiental

POSIBLES MODELOS DE LA FUTURA PAC

Por modelos se entiende aquellos esquemas teóricos de un sistema o de una realidad compleja, en nuestro caso la PAC. A continuación se tratan de condensar las propuestas o modelos que a nuestro juicio serían más interesantes de estudiar, bien por probables bien por representar la postura de algunos EEMM o de expertos influyentes. Se trata de modelos finales, o sea que sería de suponer que existiera un período transitorio para la aplicación de cada uno. Estos modelos son: 1. 2. 3.

Modelo Tendencial o Status Quo +. Modelo Liberal-Ambiental. Modelo de Pagos Directos por Tramos.

El interés de estudiar el primero surge preferentemente de la observación del reciente proceso de -ligera- reforma de la PAC que ha supuesto el Chequeo Médico, que ha desembocado en la aparición de tres reglamentos a inicios del 2009. Durante este proceso, la Comisión pareció dejar clara la idea de PAC que defendía, aunque a la postre sus propuestas fueran recortadas considerablemente, y teniendo en cuenta esto se ha formulado el Modelo Tendencial o Status Quo +. Por su parte, el interés de estudiar lo que se ha dado en llamar el Modelo Liberal-Ambiental, surge del actual debate sobre el futuro de la PAC, en el que numerosos autores (y algunos EEMM) han expresado la conveniencia de reducir o eliminar los

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instrumentos de intervención de mercado y de que exista una retribución al agricultor por los bienes y servicios públicos que produce, los cuáles son fundamentalmente de carácter ambiental. Asimismo, existe otra corriente que defiende un modelo de PAC basado en pagos directos por tramos, partiendo de una prima base y de suplementos asociados a compromisos de provisión de bienes y servicios públicos, complementados a su vez por instrumentos de intervención de mercado que funcionarían a modo de red de seguridad. De esta forma, se realiza una descripción de cada uno de estos modelos, incluyéndose los principales instrumentos que lo caracterizarían y los objetivos a los que el modelo daría respuesta de manera más directa. De ahí que en este documento se hayan incluido los objetivos identificados en la anterior fase del estudio. Por otra parte, para analizar la aplicación de cada modelo debe definirse claramente los escenarios de aplicación. Es por ello, que este documento incluye un apartado en el que se resumen someramente las variables a tener en cuenta en la definición de escenarios. Como podrá observarse, esta definición está todavía abierta, a expensas de la elección definitiva de las variables y de

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los niveles de cada una que caracterizarán cada escenario. Para la identificación de los objetivos de la PAC después de 2013 se realizó un DAFO sobre el sector agrario comunitario, con el fin de obtener primero sus necesidades y a partir de ellas los objetivos, y se complementó con la revisión bibliográfica de publicaciones sobre el futuro de la PAC. Los objetivos se dividen en dos categorías: 1.

Objetivos generales, que responden a los objetivos últimos que deben alcanzarse.

2.

Objetivos específicos, los cuales representan las metas que deben alcanzarse de cara a alcanzar los objetivos generales.

Por otro lado, se han identificado una serie de principios generales de la PAC que suponen requisitos que deben cumplirse a la hora de definir y aplicar la política agraria, por lo cual no pueden ser considerados objetivos.

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Propuestas y posiciones En este apartado se realiza una breve revisión de algunos de los modelos principales que hasta ahora se han propuesto en el ya iniciado debate sobre el futuro de la PAC a partir de 2013. En otros términos, la refundación del modelo de apoyo ha de partir de la definición de unas ayudas por objetivos concretos y a la medida de las funciones que tengan encomendadas, sin que por ello dejen de respetar las condiciones de la OMC (Massot, 2009). De hecho, en esta dirección parecen ir las propuestas de PAC futura realizadas tanto por algunos EEMM como por numerosos expertos. Destaca por ejemplo, la propuesta del Gobierno holandés (DMA, 2008), con una decidida apuesta por la competitividad (Massot, 2009). Parte para ello de la distinción básica entre empresas orientadas a los mercados (internos y mundiales) y empresas con actividades agrarias que se caractericen por ofrecer a su vez bienes y servicios públicos por encima de los mínimos que marca la legislación. Bajo este esquema se definen dos modelos de apoyo, uno de fomento y otro de carácter compensatorio, a financiar por un único Fondo Agrícola y Rural.

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Para el primer grupo de empresas el apoyo público se limitaría a incentivar la competitividad y la innovación, complementado con un sistema mixto de gestión del riesgo por inclemencias climáticas o crisis sanitarias. Para el segundo grupo, se establecería un régimen de compensación por provisión de bienes y servicios públicos, no remunerados por el mercado. Además, para los dos grupos de empresas el nivel de apoyo podría variar en función de si localizan en zonas con dificultades naturales o en zonas consideradas bajo alguna figura de protección. Por otro lado está la propuesta del Ministerio finlandés de Agricultura y Bosques (MMM, 2009) en la cual se destaca preferentemente la diversidad de la producción agraria en el conjunto de la geografía de la Unión, presentando por lo tanto un enfoque señaladamente territorial. La propuesta apuesta por el mantenimiento de los dos pilares de la PAC y la preservación del actual presupuesto pero avanza planteando la conversión de los pagos únicos del primer pilar en un pago único para los 27 aunque regionalizada (calculada en función de las zonas) y orientada primordialmente a la compensación de la provisión de bienes públicos. Además, propugna el apoyo a la producción en regiones sensibles o especializadas en algunas producciones

(manteniendo el Art. 68) y defiende un mayor apoyo para las zonas desfavorecidas dentro del segundo pilar. Por su parte, la posición de Francia hasta ahora, aun no habiendo realizado propuesta concreta alguna, se ha caracterizado por una cierta ambigüedad, algo así como cambio con continuidad (Poux, 2009). Por un lado, se considera clara su apuesta por dar legitimidad a la PAC, lo que implica por tanto la necesidad de una reforma para alcanzar los objetivos de la agricultura europea del futuro. Por otro, no obstante, parece estar a favor de la vertebración de la PAC alrededor de los actuales dos pilares, dándole mayor peso al segundo y orientando el primero manifiestamente hacia cuestiones ambientales, sin desatender sectores sensibles. Asimismo, la posición de Alemania no difiere en demasía de la francesa, dado que defiende el mantenimiento de los pagos directos, aunque aboga por una aplicación más eficiente del presupuesto y por la mejora de la competitividad agraria. Sin embargo, se muestra contraria a dotar de más fondos al segundo pilar, que podría resultar en un debilitamiento de las empresas agrarias y que debido a la cofinanciación- supondría una mayor presión presupuestaria sobre las administraciones regionales impedimento que

parece insalvable dada la carencia de recursos financieros de algunos sectores. Por su parte, Zanhrt (2009) realiza una propuesta muy interesante bajo el principio de que el apoyo público únicamente se justifica por la provisión de bienes y servicios públicos por parte de la agricultura. Propone dos pilares: discrecional -a extinguir- y de bienes públicos. El pilar discrecional presentaría un carácter transitorio (sería eliminado en 2020) e incluiría, entre otros, el pago único, los pagos acoplados y los planes para la modernización de explotaciones. Los criterios de reparto de este pilar serían el presupuesto anterior del primer pilar es decir el de 2013, la SAU y el PIB per cápita. Por su parte, para el reparto del pilar de bienes públicos utilizaría fundamentalmente criterios ambientales, cuyo carácter identifica a juicio del autor los principales bienes públicos a subvencionar. En concreto, propone los siguientes: SAU, Superficie forestal, Superficie en Red Natura 2000 y superficie de producción ecológica. Cabe indicar que su documento sólo esboza y estima someramente el reparto entre EEMM, no haciendo referencia prácticamente a la articulación de los pagos directos ni tampoco a las medidas de regulación de los mercados (si bien debe apuntarse que en el caso de éstas son escasas las propuestas realizadas hasta

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ahora en el debate sobre el futuro de la PAC). Por otro lado, apuntar que el DEFRA o Ministerio de Asuntos Ambientales, Alimentarios y Rurales del Reino Unido realiza una propuesta en la dirección de la de Zanhrt, pero no especificando el reparto entre EEMM. Aunque en documentos recientes parece matizar su posición reconociendo ahora la importancia de la seguridad en el abastecimiento alimentario. Es de destacar también la propuesta de Bureau y Mahé (2008) en la que distinguen tres tipos de pagos: un pago básico por superficie ligado a servicios de mantenimiento del espacio agrícola y condicionado al cumplimiento de determinadas buenas prácticas; un segundo, compensatorio por dificultades naturales; y un tercer pago asociado a superficie localizada en regiones sensibles desde un punto de vista medioambiental y productivo o en zonas de alto valor natural. En esta dirección se posiciona WWF (2008), plasmando una propuesta similar a la de Bureau y Mahé aunque manifestando el objetivo de transformar, después de un período transitorio que acabaría en 2019, la PAC en una política rural-ambiental comunitaria. Massot (2009) se inclina por una mayor selectividad del apoyo, una redistribución del montante global a favor de los países del Este y la cofinanciación del primer pilar. Su

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propuesta pretende no ser rupturista en lo que a instrumentos se refiere aunque plantea también un modelo de apoyo por tramos: un primer nivel de pagos básicos por hectárea, sujetos a la realización de determinadas prácticas -similares a los propuestos por Bureau y Mahé-; un segundo nivel correspondiente a pagos compensatorios por bienes y servicios públicos insuficientemente remunerados por el mercado; y un tercer nivel dirigido al fomento de la competitividad y la transferencia e innovación tecnológica. En lo que a las medidas de regulación de mercados se refiere, aboga por utilizarlas a la manera de una red de seguridad, transfiriendo una parte de los pagos disociados al fomento de mutualidades de carácter sanitario.

Posición española Hasta ahora, el MARM parece desear el mantenimiento de la actual PAC. En este sentido se pronuncia Puxeu, Secretario de Estado del Medio Rural y Agua, cuando se refiere a la PAC como una muy buena política que funciona y que por ello debe aspirarse a estabilizar este modelo de PAC. Se trata de un discurso que varía escasamente de los discursos en defensa de una PAC fuerte que han existido prácticamente desde su creación, centrándose preferentemente en el carácter estratégico que presenta el sector

agrario. De cualquier forma, el MARM parece que podría aceptar un aumento en la cofinanciación de los fondos agrarios, pero siempre sin reducir el nivel de prestaciones de la PAC y sin que tenga carácter voluntario por parte de los EEMM, y parece que estaría dispuesto a realizar una regionalización gradual de los pagos directos. En cuanto a la intervención de mercados, cree que es necesario un sistema que pueda responder a desequilibrios que se produzcan en él y por ello, no parece estar de acuerdo con el proceso de desmantelamiento de los instrumentos que la componen.

Posibles modelos de PAC A continuación se describen los modelos representativos de las principales posiciones en el seno del debate sobre el futuro de la PAC.

A) Modelo Tendencial o Status Quo + Como ya se ha mencionado, el interés de estudiar este modelo surge de la observación del reciente proceso de ligera reforma de la PAC que ha supuesto el Chequeo Médico y que ha desembocado en la aparición de los tres reglamentos a inicios del 2009. Así, en la descripción de este modelo se ha tratado de

condensar la posición que parece mantener la Comisión, que de hecho manifestó durante el debate del Chequeo Médico, y a la que, en líneas generales, parecen no oponerse EEMM como Francia y España.

Descripción e instrumentos Consiste en una profundización del modelo actual, es decir, en la regionalización de los pagos directos, suprimiendo por tanto el criterio histórico de reparto y manteniendo a la condicionalidad como principal garante de provisión de bienes y servicios públicos por parte de la agricultura. Igualmente aboga por el aumento de importancia del segundo pilar (aumentando la modulación consecuentemente para dotarlo de fondos) en el que, además de las medidas actuales, se incluirían medidas concretas para afrontar los nuevos desafíos, a saber: cambio climático, gestión hídrica, energías renovables y biodiversidad. Además, el nuevo reparto supondría una considerable redistribución de fondos hacia los nuevos EEMM. Sus principales instrumentos son: 1.

Pagos directos regionalizados, aplicados mediante una tasa plana de carácter regional, desacoplados de la producción.

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2.

Modulación progresiva de las ayudas, incluyendo un incremento del porcentaje de modulación obligatoria actual y aumentando la modulación a medida que se incrementa el nivel de pagos directos.

3.

Ayudas específicas, que representan un presupuesto reducido: calidad, medio ambiente, sectores con dificultades y gestión de riesgos (actual Art. 68).

4.

Condicionalidad (vinculación de los pagos directos al cumplimiento de determinadas normas y prácticas agrarias).

5.

Programas de desarrollo rural, reforzando las ayudas agroambientales y la ayuda a las zonas con desventajas naturales.

En lo relativo a los mecanismos de gestión de mercados, pasarían a tener muy poca importancia, dejando los sistemas de gestión de riesgos en manos de los EEMM, articulados a través de los fondos de desarrollo rural, destinándose un porcentaje de la modulación obligatoria para este fin.

Objetivos a los que da respuesta Este modelo se basa principalmente en dar

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respuesta al objetivo de asegurar y estabilizar el nivel de ingresos de los agricultores, para el cual están diseñados los pagos directos, principal instrumento del modelo. Existen otros objetivos a los que responde de forma limitada a través de las ayudas específicas, como son los objetivos promover la producción de alimentos de calidad, promover prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente y asegurar la actividad agraria en las zonas con desventajas. Finalmente, a través de los programas de desarrollo rural se da la opción a los diferentes EEMM y regiones de profundizar en otros objetivos.

B) Modelo Liberal-Ambiental Este modelo trata de aunar dos modelos de PAC: los que hemos dado en llamar el modelo ambiental y el liberal. De la revisión de un buen número de las propuestas relativas a la PAC del futuro, se ha observado que muchas algunas de ellas resumidas anteriormente coinciden en proponer la remuneración de los bienes y servicios públicos que la agricultura proporciona, y que son insuficientemente remunerados por el mercado, y la considerable reducción de los mecanismos de regulación de mercados. Con el Modelo Liberal-Ambiental, que seguidamente

se describe, se trata de dar forma a un modelo que incluya ambos aspectos como principales, pudiendo decirse que condensa la posición de EEMM como el Reino Unido y Suecia.

Descripción e instrumentos El Modelo Liberal-Ambiental se basa fundamentalmente en dejar que los mercados agrarios se autorregulen tratando a su vez de remunerar aquellos bienes y servicios que el mercado no remunera. Es por ello que este modelo se asienta en la articulación de una serie de pagos asociados a la provisión de bienes y servicios públicos por parte de la agricultura, así cómo en la práctica eliminación de los mecanismos de regulación de mercados. Efectivamente, los pagos que se realizarían en el seno de la política agraria estarían asociados al bien público que provea el agricultor o al servicio público que preste aunque con independencia de estos pagos debería cumplir unas normas mínimas mediante las cuales se asegurase el mantenimiento de la capacidad productiva del suelo. Dependiendo del bien o el servicio producido y bajo un marco contractual, de cuadernos de compromisos y planes plurianuales de gestión, el agricultor podría recibir, por ejemplo, alguno de los pagos siguientes:

1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Pago por realizar actividad agraria en zonas Natura 2000, que compensen las mayores restricciones en las prácticas agrarias. Pago por la gestión de recursos hídricos. Pago por reducción del uso de fitosanitarios. Pago en zonas donde la actividad agraria reduzca el riesgo y/o severidad de los incendios. Pago por una producción que procure un incremento sobre los requisitos legales del bienestar animal. Pago asociado a la producción ecológica. Pago por adopción de medidas frente al cambio climático (fijación de C, mejorar la eficiencia energética de la explotación, etc).

En principio éstos serían los bienes y servicios públicos más claros que ofrecería la agricultura aunque se podrían estudiar otros más difusos como la preservación de la cultura asociada a la actividad agraria o el mantenimiento del paisaje. Lo que es claro es que desaparecerían el primer y el segundo pilar, pasando el Eje 1, 3 y 4 de éste último a formar parte de las políticas regional y de competitividad. En lo que respecta a regulación de mercados, se prescindiría de los instrumentos de intervención. Sólo se utilizarían de forma excepcional en caso de acontecer catástrofes de carácter fito o

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zoosanitario o de desequilibrio muy grave del mercado alimentario. Adicionalmente, los sistemas de cuotas se eliminarían. Se procuraría el buen desarrollo de los sistemas privados de seguros agrarios, desapareciendo los públicos de forma progresiva. Se eliminarían las restituciones a la exportación y se aplicaría una reducción de los aranceles comunitarios de los productos agrarios, que pasarían a estar a los mismos niveles que los productos no agrarios. Evidentemente, se mantendrían las actuales normas sobre seguridad alimentaria, tal y cómo las que conocemos, si bien las normas de comercialización asociadas a los estándares de calidad se suprimirían.

Objetivos a los que da respuesta El principal objetivo al que responde este modelo es al objetivo general relativo a los recursos naturales, si bien también respondería al primero específico de orientación al mercado de la producción agraria. En la medida en que la PAC pasa a ser una política exclusivamente

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agraria, aunque con fuerte componente ambiental, prácticamente no daría respuesta al objetivo general de cohesión territorial, dado que éste pasaría a formar parte de otras políticas comunitarias.

C) Modelo de Pagos Directos por Tramos Este modelo trata de condensar propuestas menos tajantes que la descrita anteriormente aunque basadas también en la provisión de bienes públicos, que plantean una prima básica y la adición de pagos directos según el compromiso que adquiera el agricultor. Las principales propuestas que se han utilizado para la definición de este Modelo de Pagos Directos por Tramos son las de Bureau y Mahé y la de Massot.

Descripción e instrumentos Este modelo presenta similitudes con el anterior dado que persigue remunerar los bienes y servicios públicos que provee el agricultor. Sin embargo, la principal diferencia en este aspecto es que se parte de una prima básica, asociada al mantenimiento de la capacidad productiva del suelo, a partir de la cual se adicionan suplementos. Así los tramos podrían ser:

- Prima básica asociada al mantenimiento de la capacidad productiva del suelo. - Pago por provisión de bienes y servicios públicos de carácter ambiental, entre los que se incluirían los pagos mencionados en el modelo anterior. - Prima complementaria para la producción en zonas con desventajas naturales (las cuales deberían de estar definidas en base a criterios objetivos no discriminatorios, e iguales para toda la UE). Estos dos últimos casos implicarían una relación contractual entre la Administración y el agricultor, mediante la cual éste se comprometería a realizar una serie de prácticas, que deberían estar claramente definidas. Asimismo, se podría estudiar la inclusión de un cuarto tramo relativo al fomento de la competitividad y la transferencia e innovación tecnológica, como propone Massot. Asimismo, las demás medidas que actualmente se integran dentro del segundo pilar pasarían a formar parte de la Política Regional Comunitaria. En lo que respecta a la regulación de mercados, los instrumentos de intervención pasarían a representar una red de seguridad a la que recurrir para gestionar crisis que acontezcan de carácter excepcional, tanto catástrofes fito o zoosanitarias

como de desequilibrio muy grave del mercado alimentario. Para ello debería ser creada una agencia comunitaria independiente que se encargaría de fijar los niveles de las redes de seguridad. Por otra parte, los sistemas de cuotas se eliminarían. Se procuraría el buen desarrollo de los sistemas privados de seguros agrarios, desapareciendo los públicos de forma progresiva. Se eliminarían las restituciones a la exportación, a las que sólo se recurriría en casos excepcionales, y se aplicaría una reducción de los aranceles comunitarios de los productos agrarios, menor que en el Modelo Liberal-Ambiental, salvo en productos sensibles para los cuales debería de determinarse cuidadosamente los niveles de aranceles. Evidentemente, se mantendrían las actuales normas sobre seguridad alimentaria, tal y cómo las conocemos, si bien las normas de comercialización asociadas a los estándares de calidad podrían rebajarse o incluso suprimirse.

Objetivos a los que da respuesta El principal objetivo al que responde este modelo es al objetivo general relativo a los recursos

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naturales, aunque también respondería al primero específico de orientación al mercado de la producción agraria, si bien en menor medida que el anterior modelo. Dado que la PAC pasa a ser una política exclusivamente agraria, aunque con fuerte componente ambiental, prácticamente no daría respuesta a parte del objetivo general de cohesión territorial, dado que éste pasaría a formar parte de otras políticas comunitarias. Sin embargo, dentro de este objetivo, sí daría respuesta al de aseguramiento de rentas agrarias, dado que presenta una prima básica para todos los agricultores, y al objetivo de asegurar la actividad agraria en las zonas con desventajas, dada la prima dirigida a estas zonas.

Modelo de propuesto SEO/BirdLife y WWF Una agricultura realmente sostenible es fundamental para la humanidad, ya que la producción continuada de alimentos y materias primas depende del mantenimiento de funciones ecológicas vitales, como el ciclo natural de los nutrientes o la polinización, e igualmente del buen estado de los recursos naturales sobre los que se basa. Durante la mayor parte de la historia europea, la agricultura fue una actividad de subsistencia a pequeña escala, adaptada al entorno y las condiciones naturales. Obligadas a

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unos ritmos más lentos, las formas tradicionales de agricultura generaron una gran variedad de paisajes y el desarrollo de una enorme biodiversidad natural asociada a los mismos, elementos muy valorados hoy por los ciudadanos europeos. Pero con el aumento demográfico, la introducción de nuevas tecnologías y el apoyo de políticas públicas, especialmente desde la mitad del siglo XX, la producción agraria y forestal se ha hecho cada vez más intensiva e industrializada. La pérdida y degradación de hábitats, la disminución de las poblaciones y el número de especies, la sobreexplotación y contaminación del agua y la erosión de suelos son solamente algunos de los problemas a los que hoy debemos enfrentarnos como consecuencia de este modelo de producción intensiva. Además, el cambio climático plantea un nuevo reto a la agricultura y ganadería, que deberán adaptarse a una climatología cambiante a la vez que contribuyen a la búsqueda de soluciones. Recuperar y apoyar un nuevo modelo de producción sostenible del siglo XXI es la meta que debemos ponernos. Una agricultura que, en su función de producir alimentos sanos y de calidad, provea de otros bienes y servicios públicos (no remunerados por el mercado) al conjunto de la sociedad, como la conservación de hábitats y especies en peligro, el mantenimiento en cantidad y calidad de los recursos naturales o la preservación de valiosos

paisajes rurales. SEO/BirdLife y WWF España consideran que productores, administraciones, organizaciones ambientales y todos aquellos sectores interesados deben colaborar para proteger el futuro del medio rural europeo. Solamente adoptando medidas que garanticen la gestión sostenible a largo plazo de los recursos naturales sobre los que está basada la actividad agraria será posible abordar otros acuciantes problemas, como la seguridad alimentaria. Obviamente, la política agraria juega un papel decisivo a la hora de conseguir una agricultura sostenible. Las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC) han dado algunos pasos hacia este objetivo, aunque otros en sentido contrario y todavía queda mucho por andar. Ha llegado el momento de considerar la adopción de un nuevo modelo capaz de afrontar todos los retos planteados. Mediante el presente documento, SEO/BirdLife y WWF España presentan su visión de un nuevo sistema de apoyo a las explotaciones agrarias y forestales, que sustituya a la actual y obsoleta PAC, en el marco de una Política Rural Común dirigida a una gestión más integral y sostenible del territorio rural. El sistema propuesto está basado en el principio de “pago público por bienes públicos”, como el

mantenimiento de la biodiversidad y los paisajes o la protección del suelo y los recursos hídricos. Y desde esta base, se plantea la necesidad de un apoyo económico suficiente a los gestores de tierras en la medida en que produzcan dichos bienes para beneficio de toda la sociedad, como mecanismo básico para alcanzar los siguientes objetivos: - Garantizar el mantenimiento en cantidad y calidad de los recursos naturales, suelo, agua y bosques, por la incidencia de la actividad agraria sobre los mismos. - Aprovechar las opciones que ofrecen la agricultura y la selvicultura para combatir el cambio climático y contribuir a medidas de adaptación. - Contribuir a la conservación de la biodiversidad y al objetivo europeo de frenar su pérdida. - Asegurar, mediante la garantía de su viabilidad, el mantenimiento de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural. - Promover la gestión adecuada de los espacios protegidos (ENP, Natura 2000, etc.) que dependen de los usos agrarios y

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forestales. Debemos admitir que el modelo que se propone, al centrarse únicamente en el aspecto ambiental, es sólo una parte de la que deberá ser una política integral para el medio rural y que, probablemente, deja numerosas cuestiones pendientes que habrán de ser resueltas para conseguir una estrategia viable y eficaz. No obstante, en SEO/ BirdLife y WWF estan convencidos de que éste debe ser el fondo, e invitan a construir la mejor forma entre todos. En cualquier caso, para hacer realidad esta propuesta, es necesario adoptar medidas ya, utilizando y reforzando las herramientas actualmente disponibles, con el debate presupuestario de la Unión Europea como escenario, y la sostenibilidad real como referente. SEO/BirdLife y WWF España llaman a los responsables de la toma de decisiones a nivel europeo, nacional y regional a fijarse en los siguientes puntos: 1.

Utilizar plenamente las actuales medidas disponibles en los dos pilares de la PAC, especialmente tras los acuerdos del llamado chequeo médico, para apoyar los sistemas agrarios y forestales de mayor valor natural

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y conseguir una mejor gestión de las explotaciones que permita la preservación de los recursos naturales (agua, suelo), frenar la pérdida de la biodiversidad y adaptarse y mitigar el cambio climático; 2.

Promover un debate abierto acerca del futuro del presupuesto de la UE y defender en él la necesidad de mantener una política comunitaria con fondos suficientes dirigida a la gestión de las explotaciones y al desarrollo rural sostenible;

3.

Colaborar con las ONG ambientales, los representantes de los productores, científicos, actores del medio rural y otros agentes interesados, para elaborar esta nueva Política Rural Común hacia la que encaminarse a partir de 2013, mediante la creación de un grupo de trabajo independiente que efectúe los estudios, análisis y consultas necesarios para su desarrollo.

Ha llegado el momento de cambiar. Los encargados de la toma de decisiones en Europa y en los Estados Miembros están obligados ante los ciudadanos y contribuyentes a afrontar los retos ambientales y sociales del medio rural y a preparar un futuro nuevo y sostenible para las regiones rurales europeas. España, como país

mediterráneo y uno de los mayores contribuyentes a la riqueza natural de Europa, tiene mucho que ganar (o perder), por lo que debería liderar y ser ejemplo de una apuesta decidida por este nuevo modelo de apoyo a la actividad agraria y forestal vinculado a los bienes públicos que producen. La presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, en medio del debate presupuestario y año de las evaluaciones intermedias de la programación de desarrollo rural, es una magnífica oportunidad para desempeñar este papel.

Principios básicos Como principio básico del nuevo modelo de apoyo público que se pretende, SEO/BirdLife y WWF proponen: “Pagos públicos por bienes públicos”: El dinero público solamente debería utilizarse para el suministro de bienes y servicios públicos. En cuanto a la actividad agraria en particular, la forma en que se manejan las explotaciones nos afecta a todos. La sociedad requiere una gestión que, además de producir bienes de carácter privado, como alimentos, fibra o combustibles, pueda proporcionar también otro tipo de bienes y servicios que benefician al conjunto de la sociedad, como la gestión sostenible del agua, el secuestro de carbono y la protección de suelos; el suministro de servicios ambientales como la

conservación de la biodiversidad, la protección de los hábitats y el mantenimiento de parajes culturales e históricos valiosos; y la prestación de otros bienes y/o servicios no estrictamente ambientales, como el acceso público a lugares de ocio y esparcimiento o la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales. Estos bienes públicos hoy en día no son valorados por el mercado, no tienen precio, y requieren de apoyo a través de políticas públicas para lograr su producción en las proporciones deseables. Adicionalmente, otros principios que deberán inspirar este modelo de ayudas a la agricultura, la ganadería y selvicultura, así como a la futura Política Rural Común en su conjunto, son: “Pagos vinculados al cumplimiento de metas y objetivos claros y verificables”: estos objetivos deberían reflejar las necesidades ambientales y socioeconómicas reales de las áreas rurales. En el caso de las medidas agroambientales, por ejemplo, se ha detectado que su correcto diseño y aplicación depende en gran parte del establecimiento de objetivos adecuados. Si bien existen ejemplos de medidas agroambientales bastante exitosas, también los hay con un efecto sobre el medio cuanto menos dudoso. Para un adecuado funcionamiento de las medidas que se pongan en marcha, debe asegurarse:

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1.

Elaborar las medidas basándose en suficiente conocimiento científico y contando con la colaboración de los posibles interesados y expertos, de manera que se asegure su viabilidad agronómica en la práctica.

2.

Aplicar un sistema de seguimiento que permita detectar la evolución real de los efectos de las medidas, su evaluación y su redefinición, en caso de ser necesario.

la Unión Europea, la sociedad en su conjunto tiene el derecho, si así lo desea, de participar y ser informado de los programas públicos que pretendan llevarse a cabo en cada momento.

El modelo de apoyo propuesto

Transparencia: La información de las ayudas abonadas a todos los beneficiarios, así como evaluaciones periódicas de la eficacia de las mismas (en función de los objetivos establecidos) debería ser de dominio público, para garantizar que el uso de fondos públicos sea transparente y esté abierto al escrutinio público. Participación pública: Todos los interesados (organizaciones agrarias, de conservación de la naturaleza, de consumidores, entre otros) deberían poder participar, en la medida en que sus intereses se vean afectados por ellas, en la definición y seguimiento de las líneas estratégicas de la política agraria común. La implicación de la actividad agraria sobre el medio ambiente, debido a su base territorial y su amplia distribución, es indiscutible, de manera que, de acuerdo con la propia normativa y acuerdos de

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De cara a afrontar las necesidades identificadas y los retos planteados, WWF y SEO/BirdLife proponen una transición desde la Política Agraria Común (PAC) a un nuevo modelo de apoyo público a la gestión de las explotaciones en el marco de una futura Política Rural Común (PRC) basada en los principios anteriores. Esta política tendría su punto de partida en el actual Reglamento de Desarrollo Rural, pero con mayores y prioritarios objetivos ambientales, gracias a la transición progresiva del Pilar I al II, mediante el aumento en los mecanismos de modulación existentes. El objetivo es lograr la puesta en marcha de un sistema centrado en el apoyo a la gestión sostenible de las explotaciones agrarias y forestales. Los componentes básicos que conformarían este sistema son varios niveles de ayudas por superficie (según complejidad, ámbito de aplicación y primas) desarrollados a partir de una base normativa mínima, articulados a través de un contrato territorial por explotación, y optimizados

mediante servicios de asesoramiento y medidas de formación. Cabe señalar en este punto que, para que este sistema sea eficaz, es necesario resolver el perjuicio comparativo que supone para las explotaciones menos productivas (por lo general menos intensificadas y con mayor valor ambiental) la consideración del lucro cesante como elemento básico para el cálculo de los pagos. En WWF y SEO/BirdLife creemos que la solución pasa por vincular más las ayudas al valor económico de los bienes o servicios ambientales generados y a los costes adicionales (respecto del coste de gestión inicial) que conlleven. Aunque aún queda mucho por avanzar en la cuantificación económica de los servicios ambientales de los sistemas seminaturales, es imprescindible seguir trabajando en esta línea (algunos ejemplos ampliamente asimilados como el valor asignado al CO2 demuestran que es posible). A su vez, para aumentar y optimizar la consecución de objetivos de carácter ambiental, la producción de bienes y servicios, y la mejora de la viabilidad social y económica, serán necesarias medidas paralelas de inversiones para mejora de las infraestructuras (ej. gestión de residuos ganaderos), modernización de los sistemas de producción (ej. mejora de eficiencia energética

o de regadío) y diversificación económica de las explotaciones (ej. agroturismo, pequeñas instalaciones para manufacturación de productos elaborados, etc.). Muchas de estas medidas ya se contemplan en el actual Reglamento de Desarrollo Rural, en sus ejes 1 y 3. No obstante, por su mayor capacidad de incidencia y consecución de resultados, en un posible escenario de limitaciones financieras, deberán priorizarse las ayudas con base territorial para la gestión sostenible de las explotaciones.

Nivel 0: Base legislativa: un nuevo código de buenas prácticas Se establece como punto de partida que todos los gestores de explotaciones agrarias y forestales deberían (deben) cumplir la legislación vigente aplicable a sus actividades, como cualquier ciudadano de la UE, independientemente de si reciben fondos públicos, con aplicación del régimen sancionador correspondiente en su caso. Estos Requisitos Legales de Gestión, incluidos en el actual sistema de condicionalidad tendrían, por tanto, que ser obligatorios para todos los productores europeos, cobren ayudas o no, y debidamente controlados. Aún más, SEO/BirdLife y WWF consideran necesario reforzar dichos Requisitos, en ciertos aspectos ambientales hoy desatendidos, mediante la aprobación de

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nuevas normativas europeas, en particular, en relación con la protección del suelo, para evitar, entre otros, los posibles impactos derivados de la actividad agraria y forestal. Por otra parte, los productores beneficiarios de apoyos públicos en virtud de la PRC (incluidas las ayudas para inversiones puntuales) estarán, además, obligados a cumplir, en toda la superficie de su explotación, una serie de normas o prácticas, basadas en el segundo bloque de la condicionalidad: las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), pero mejoradas respecto de su contenido actual. Dichas normas deben definirse ampliamente basándose en el concepto de no dañar (es decir, evitar graves impactos ambientales) y, además, deberán atender de manera más equilibrada y completa a los diversos aspectos ambientales relacionados con la gestión de las explotaciones, superando el sesgo actual que prácticamente las limita a imponer condiciones para la lucha contra la erosión del suelo. Deberían incluirse, por ejemplo, nuevos y más eficaces requisitos vinculados a la mejor gestión del agua y la conservación de la biodiversidad y los hábitats naturales asociados. Así las BCAM pasarían a formar un Código de Buenas Prácticas Agrarias, obligatorio para todos los beneficiarios de ayudas de la PRC. En el establecimiento de este Código, habrá que prestar especial atención a evi-

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tar la inclusión de normas incoherentes o cuyos efectos se contrarresten entre sí y será igualmente importante que los requisitos establecidos no supongan costes constantes significativos ni penalicen a aquéllas explotaciones con mayores valores ambientales. Un ejemplo ilustrativo sería el requisito de contar al menos con vegetación natural en una anchura mínima de los márgenes de la parcela, de manera que las explotaciones que ya la tengan, sólo deban mantenerla, mientras que las que la hayan eliminado, deban recuperarla. Para facilitar la aplicación de este sistema, en caso de costes de inversión iniciales relevantes para la adaptación a estos nuevos requisitos, éstos podrían ser financiados, como ya contempla el Reglamento de Desarrollo Rural (art.31). Estas BCAM se estudiarán y revisarán periódicamente para garantizar que estén actualizadas y recogen los avances en el conocimiento científico de los procesos y problemas ambientales que pretenden evitar. Los beneficiarios de los pagos que incumplan estas normas deberán ser sancionados con la reducción o cancelación de los mismos, dependiendo de la gravedad de la falta, y, en ciertas circunstancias, con la obligación de devolver los fondos percibidos y restituir los daños causados.

Nivel I: Esquema básico de medidas de acceso general Este primer nivel contendría un conjunto de medidas sencillas, con pagos básicos por superficie para promover una gestión de las explotaciones que suponga un beneficio público y mejore el estado ambiental general de las mismas. Los objetivos de tales medidas deberían responder a una amplia variedad de cuestiones importantes en cualquier zona, como la mejora de la calidad del agua, la protección del suelo, el mantenimiento de los paisajes y la biodiversidad, la adaptación y mitigación del cambio climático, etc. Podrían, por tanto, apoyarse sistemas productivos con bajos niveles de insumos o baja intensidad, la creación de áreas para aumento de la biodiversidad en general, la utilización de razas, variedades o especies autóctonas, prácticas de rotación de cultivos sencillos, la plantación de setos de vegetación autóctona o la adopción de franjas tampón para proteger los cursos de agua, más amplias que las establecidas en la condicionalidad. Debe procurarse que se pongan en marcha medidas para todos los tipos de explotaciones existentes en el territorio y que los compromisos

y las primas se establecen de un modo amplio y flexible, garantizando que todos los agricultores, ganaderos y selvicultores tengan la posibilidad de acceder a este nivel, favoreciéndose así una amplia acogida a este contrato de gestión básico. Se tratará de esquemas de ayudas lo suficientemente sencillos y atractivos como para interesar no sólo a las grandes explotaciones, con mayores medios técnicos y económicos, sino también a las pequeñas explotaciones familiares, y especialmente a aquellas con agricultores a título principal. Los pagos se canalizarían a través de contratos territoriales por explotación a celebrar entre los gestores de las explotaciones y la administración. En virtud de dichos contratos los beneficiarios seleccionarían una serie de opciones de gestión para sus explotaciones a seguir o compromisos, apropiados a las características particulares del sistema y de la zona en la que se ubica. Los pagos en este primer nivel serían pagos anuales por superficie acogida (superficie efectiva sobre la que se desarrolla el compromiso, no necesariamente toda la explotación) con un período de duración de entre 5 ó 10 años. No obstante, tanto en éste como en los siguientes niveles deberán preverse en el contrato y cubrirse por parte de las ayudas públicas, los costes de las posibles inversiones iniciales necesarias

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(en maquinaria, pequeñas infraestructuras, etc), de manera similar a la función de ciertas medidas incluidas ya en el actual Reglamento de Desarrollo Rural, como la medida para inversiones no productivas.

plejas) o el fomento de sistemas de producción con mayores beneficios como la producción ecológica u otros sistemas de calidad (ej. actuales D.O o I.G.P. siempre que incluyan en su normativa mayores criterios ambientales de gestión).

Nivel 2: Esquemas avanzados: objetivos ambientales complejos

Entre las actividades a incluir además en este nivel, debería favorecerse la adopción o la mejora de las prácticas que originan los distintos sistemas agrarios de alto valor natural, como dehesas, prados y pastos con ganadería extensiva o estepas cerealistas de secano. Esto requerirá, sin embargo, seguir investigando en este ámbito. Esta idea enlaza con el actual debate sobre revisión de las indemnizaciones a zonas desfavorecidas, en el que cabría proponer la sustitución total de estas últimas ayudas a través de un grupo de medidas coordinadas capaces de responder más eficazmente a las necesidades de estas zonas: el mantenimiento de unos sistemas tradicionales poco productivos pero de gran importancia ambiental y el freno de la despoblación de los núcleos rurales vinculados a ellos, conservando la cultura, gastronomía o tradiciones asociadas.

En este bloque se contemplarían medidas diseñadas en función de objetivos ambientales más complejos (múltiples), ambiciosos (cuantitativamente mayores que en el nivel anterior) o específicos (localizados en zonas determinadas: con riesgo de salinización, alta erosión, etc), priorizando o, incluso, condicionándose a la acogida de la totalidad de la superficie de la explotación. En consecuencia la variedad o complejidad de los compromisos y el nivel de pagos para un mismo beneficiario serán mayores, así como las necesidades de asesoramiento a los gestores interesados. Las medidas de este nivel podrían encaminarse a la protección de los recursos naturales (por ejemplo, mediante la implantación de cubiertas vegetales permanentes, para evitar la erosión de suelos y la contaminación del agua), actuaciones para una gestión más avanzada de elementos del nivel anterior (ej. rotaciones de cultivo más com-

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Articular un esquema de apoyo a las prácticas (como se ha mencionado antes, asociado al valor del servicio ambiental generado) permitiría respaldar a los sistemas existentes

y, simultáneamente, fomentar su expansión. Mientras que el fenómeno de despoblación debería afrontarse desde otras iniciativas más amplias relacionadas con los servicios básicos, el empleo y las comunicaciones, entre otros. WWF y SEO/BirdLife son proclives a esta opción, pero el debate aún está muy abierto y requiere de mayores análisis. De nuevo, los gestores de las explotaciones celebrarían un contrato territorial de entre 5 ó 10 años de duración, con pagos asociados a los servicios prestados a la sociedad. En muchos casos, los compromisos de las medidas de este segundo nivel incluirán los del primero, aunque no necesariamente, en función del objetivo ambiental perseguido.

Nivel 3: Esquemas dirigidos: específicos de conservación

objetivos

Como último eslabón o peldaño de este modelo ascendente, SEO/BirdLife y WWF proponen un nivel independiente para englobar las medidas dirigidas a favorecer la gestión y el alcance de objetivos específicos en aquellas zonas en las que existe (o debería existir) un instrumento normativo de planificación o gestión. En particular, se quiere hacer referencia a las explotaciones incluidas en zonas protegidas de la Red Natura

2000, en áreas delimitadas para la recuperación de hábitats prioritarios o especies amenazadas (recogidas en las Directivas Hábitats o Aves) y en aquellas zonas prioritarias para los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA). Las medidas contempladas en este nivel serán diseñadas exclusivamente para los objetivos de las zonas mencionadas y, previsiblemente, podrán conllevar cambios drásticos en la gestión de las explotaciones, como la reconversión a ciertos cultivos, la transformación de superficie cultivada en pastos o el manejo de algunas superficies dirigido en particular a la mejora de la biodiversidad u otros objetivos ambientales que pueden suponer ciertas pérdidas de producción, por lo que el nivel de pagos deberá ser también significativamente mayor. Siendo su acogida igualmente voluntaria y compatible con medidas de los niveles anteriores, debe priorizarse (por ejemplo a través de un nivel de pago superior a modo de incentivo) la implantación de estos esquemas en las citadas zonas, ya que estarán especialmente diseñados para los objetivos del instrumento de gestión que les afecta. Cabría considerar incluso la obligatoriedad de estas medidas en zonas concretas identificadas como críticas para la consecución de los objetivos, debiendo establecerse en ese caso los mecanismos de

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compensación necesarios.

Contratos territoriales por explotación y Planes de Gestión Como se ha avanzado en los apartados anteriores, todos los gestores de explotaciones que deseen acogerse a las ayudas del modelo propuesto, elaborarán un plan de gestión integrada. Este se formalizará mediante el correspondiente contrato territorial por explotación, con compromisos acordes al nivel de ayudas a las que accedan. Este plan de gestión basado en un diagnóstico previo, socioeconómico y ambiental de la explotación incluirá mapas, la identificación de los valores y recursos ambientales existentes, y un detalle de las actividades o compromisos a desarrollar por el beneficiario para alcanzar los objetivos deseados, poniendo especial atención a la existencia de posibles instrumentos de planificación y las prescripciones que pudieran incidir en la actividad agraria. El nivel de información contenido en estos planes podrá variar en función del tipo de pagos solicitados. Los contratos territoriales para acceder a ayudas del primer nivel estarán vinculados a planes de gestión relativamente simples, que aumentarán en nivel de detalle y especificaciones a medida que se soliciten pagos de los niveles superiores. Estos últimos deberán incluir mayor

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detalle, debiendo confiarse su preparación a expertos, pudiendo cubrir la PRC la asistencia técnica y financiera para la elaboración de los mismos. La puesta en marcha de estos contratos territoriales para la articulación de las ayudas de la PRC no tiene porqué suponer una mayor carga burocrática que la actual. Por el contrario, pueden suponer un esfuerzo administrativo similar o incluso menor que la vigente solicitud de pago único conjunta, especialmente si se prevé una renovación automática anual durante el periodo de compromiso, a través de un borrador anual elaborado por la administración competente que el beneficiario sólo deberá firmar en conformidad si las condiciones no han cambiado. Esto, por supuesto, requiere de un sistema de controles avanzado y eficaz que garantice al menos un control durante los años de vigencia del contrato. Asimismo, será necesario un periodo de transición durante el que ir fomentando el uso de esta herramienta, mientras se mantengan las ayudas directas del Pilar I.

Asesoramiento y capacitación Es probable que los gestores de las explotaciones necesiten asesoramiento y capacitación para maximizar los resultados de los acuerdos de los contratos territoriales. De hecho es deseable y así

se ha puesto ya de manifiesto, que estos servicios estén disponibles y que los Estados Miembros garanticen la implantación más amplia posible de sistemas de asesoramiento y capacitación para respaldar la aplicación de esta política. Todos los beneficiarios de las ayudas de la PRC deberán asistir como mínimo a un curso de capacitación general de un día para los acuerdos básicos del nivel 1 y para conocer la base legislativa, y de varios días adicionales para los acuerdos del resto de niveles, al entrar en vigor los contratos territoriales. Esta capacitación debería ser gratuita, contemplándose asistencia financiera para cubrir posibles costes adicionales o para participar en jornadas de formación sobre temas específicos, como por ejemplo la creación de hábitats. Todos los gestores de tierras interesados en acogerse a los contratos territoriales deberían recibir una visita de asesoramiento gratuita inicial para orientar sobre las opciones que ofrecen su explotación y asesorar en el contenido más pertinente de los acuerdos. El asesoramiento adicional podría canalizarse a través de distintos medios, como manuales, folletos, sitios web y líneas de consulta telefónica dispuestos por la administración o incluso la posibilidad de poner en marcha subvenciones al uso de otros servicios de asesoramiento ofrecidos por entidades

privadas. WWF y SEO/BirdLife consideran que estos servicios son fundamentales para mejorar la implantación y eficacia de la política de apoyo propuesta. Afortunadamente en la programación para desarrollo rural 2007-2013 se ha dado bastante prioridad al establecimiento y utilización del asesoramiento, pero aún se podría avanzar en llegar con mayor proximidad y facilidad a los potenciales beneficiarios, algo en lo que la administración pública debería implicarse y no dejarlo exclusivamente en manos de la iniciativa privada.

Los beneficios esperados Este nuevo modelo agrario en el marco de una Política Rural Común con enfoque territorial permitiría, según WWF y SEO/BirdLife, obtener los bienes y servicios públicos demandados por los ciudadanos y contribuyentes europeos y que el mercado no puede suministrar. Su resultado sería un sistema de apoyo más transparente, eficiente y equitativo para las zonas rurales. En particular, el sistema propuesto podría contribuir a: 1.

Una gestión sostenible de las explotaciones,

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abordando los numerosos retos ambientales a los que debe hacer frente la Europa rural, incluyendo la necesidad de una mejor gestión del agua, deteniendo la pérdida de la biodiversidad y adaptándose y mitigando el cambio climático. 2.

Mantener vivas las zonas rurales, contribuyendo a la recuperación y conservación de paisaje rural de alto valor ambiental y cultural, como importante vector para el desarrollo rural sostenible, ayudando a incrementar los puestos de trabajo y la economía rural.

3.

Legitimar el apoyo público a la actividad de agricultores, ganaderos y selvicultores, mediante el establecimiento de un contrato con la sociedad, reconociendo el papel fundamental que juegan en la prestación de bienes y servicios, no sólo ambientales, y garantizando un adecuado suministro de éstos.

4.

Ofrecer un uso mucho más transparente del dinero de los contribuyentes, dirigido en beneficio del interés general.

5.

Representar una política mucho más racional, basada en el suministro de bienes públicos y no en niveles de producción agraria de años anteriores (modelo histórico).

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6.

Ofrecer a los agricultores una garantía a largo plazo de la renta, basada en la prestación de bienes públicos, adicional a los ingresos de la venta de productos agrarios.

LA POSICIÓN

DE GALICIA

Sin entrar en el detalle de las cifras, podemos acordar que el sector primario agrario gallego tiene una cultura económica mayoritariamente pecuaria, con una producción agrícola orientada en buena medida a la producción forrajera, salvando importantes excepciones como el vino y el aprovechamiento forestal, que acerca la mitad de la producción de madera española. Profundizando en el análisis cabe destacar la importancia estratégica del sector lácteo que en las últimas décadas se convirtió en el principal activo del campo gallego, consiguiendo un protagonismo significativo en el sector estatal. La estructura agraria gallega respondió durante décadas a esquemas de autoconsumo. En la evolución a un mercado competitivo se fueron perdiendo una buena parte de explotaciones y agricultores hasta llegar a las ratios vigentes, perfectamente en línea con los promedios europeos, pero con la carga añadida del envejecimiento de la población. Este problema, que no es exclusivo de Galicia, cuenta con la dificultad añadida del tamaño, como valor económico, que justifica la necesidad de un enfoque ruralista más que de un enfoque estrictamente agrarista, cuando se trata de abordar el futuro del medio. La propia dinámica de las ayudas comunitarias recibidas en los últimos años confirma esta apreciación. Mientras el gasto del segundo pilar (desarrollo rural) en la UE en los

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últimos años oscila en torno al 20 % del gasto PAC, en Galicia esta cifra alcanza el 44 %. Un posicionamiento lógico en el caso de Galicia es posible tras el planteamiento de los objetivos básicos de la PAC futura, en su repercusión en Galicia: 1. Frenar el ritmo de despoblación en el medio rural y contribuir a crear un tejido socio económico, manteniendo la actividad productiva y promoviendo el empleo y el avance de la calidad de vida. 2. Garantizar el abastecimiento alimentario en calidad y cantidad. 3. Colaborar en la sostenibilidad medioambiental del entorno rural gallego, con una gestión sostenible de los recursos naturales. La instrumentación de la PAC no debe obviar las consideraciones señaladas en relación a sus condicionantes, y especialmente la previsión de la transitoriedad del período 2013-2020. La defensa del interés particular de Galicia debe encontrar acomodo en el marco comunitario. A tal fin, cabe subrayar la existencia de diferentes realidades en el ámbito europeo, que deben ser tratadas con la debida sensibilidad. En este sentido, la

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relevancia del desarrollo rural en Galicia debería llevarnos a apostar por la integración de la PAC en la política rural y no al revés, como ocurrió en los últimos años. En particular, con independencia del posible asiento financiero en un único fondo, será necesario abogar por el mantenimiento de dos pilares bien dotados, equilibrados y coordinados, pero diferenciados, que incluyan por una parte las medidas de apoyo a las rentas y mercados y, de otra, la promoción activa del desarrollo rural, incluyendo las actividades forestales como activos en la lucha contra la despoblación, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Reglas comunes de mercado La política agraria se asentaría sobre el establecimiento de estándares básicos de producción y normas en materias de seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal, bienestar animal, requerimientos medioambientales y criterios comunes de apoyo a la estabilidad del mercado, con la perspectiva de la soberanía alimentaria de la Unión Europea como concepto estratégico clave a defender en las negociaciones con la OMC. Será necesario garantizar que en el mercado comunitario, los productores europeos están en igualdad de condiciones que los de terceros países a la hora de cumplir con las normas. Resultará imprescindible avanzar en la

simplificación de los mecanismos y procedimientos de gestión, tanto para las administraciones como especialmente para los agricultores.

gular importancia estratégica económica y social en momentos de crisis, superando cuándo fuera preciso las reglas de la competencia.

Medidas específicas de protección a los mercados

Red de seguridad

Deberá fomentarse la regulación personal de los mercados con un enfoque de cadena de valor, vía interprofesionales, contratos homologados o cualquier otra modalidad contractual o asociativa que preserve algunos mecanismos de almacenamiento personal. En este sentido, será imprescindible fomentar sistemas que refuercen los contratos entre producción e industria, así como la capacidad de negociación de los agricultores, favoreciendo un equilibrio de fuerzas entre producción primaria, transformación y distribución, que redunde en una redistribución racional de los beneficios. Nuestros principales competidores, como son Estados Unidos y Nueva Zelanda, tienen derogación de la normativa de la competencia para los temas agrícolas, por lo que se deberá estudiar la introducción de cambios en la misma en el contorno de la Unión Europea. Con carácter extraordinario se preverán mecanismos de protección a sectores vulnerables de sin-

Parece razonable que la PAC a partir de 2013 mantenga una intervención a título exclusivo de red de seguridad para hacer frente a unos mercados agrarios que se ven sometidos y desequilibrios y que han demostrado de manera recurrente que no disponen de capacidad de autorregulación. Una red de seguridad, en la línea adoptada por el chequeo médico, y que debería de distinguir claramente entre sectores y preservar los instrumentos de regulación para los mercados ganaderos, la causa de su especificidad y su baja inserción en los mercados mundiales. Será necesario, en todo caso, definir mecanismos para fijar el nivel de la red de seguridad.

Ayuda básica a la agricultura Ayuda con una importante base calculada en función de las particularidades estructurales y productivas de las distintas regiones europeas, no necesariamente determinada por una cuantía única por unidad de superficie y, en todo caso, vinculada a la realización de una actividad agraria.

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Esta ayuda, financiada exclusivamente con fondos comunitarios, podría modularse o complementarse en función de las características biofísicas de las zonas agrarias o de la situación en zonas de Red Natura 2000. Se concedería en base a la ocupación del espacio físico y el mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agroambientales y estaría completamente disociada de la producción. Se trataría de un apoyo básico a la renta reconociendo explícitamente la función de gestión del medio que realizan los agricultores y que permite combatir el abandono de las tierras.

Ayuda complementaria a la producción de bienes públicos Pagos compensatorios por hectárea o UGM ligadas a la oferta de bienes y servicios públicos no suficientemente remunerados por el mercado (protección animal, preservación de la naturaleza, protección de los espacios vulnerables, restauración forestal, trazabilidad de las producciones, etc.) por encima de los requisitos normativos básicos. Se trataría de compensar bajo contratos plurianuales los sobrecostes derivados del cumplimiento de los objetivos fijados para cada explotación. En todo caso, es necesario abogar por una simplificación imprescindible en

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los procedimientos de gestión y control, que faciliten su transparencia y justificación frente al consumidor europeo.

Ayuda a los sectores y explotaciones vulnerables Se considera necesario mantener este tipo de ayudas para explotaciones y sectores que desarrollen un tipo de agricultura económicamente vulnerable independientemente de la zona en que desarrollen su actividad, on-line del establecido en el chequeo médico de la PAC. En particular, resulta de especial relevancia en Galicia la protección de los sistemas específicos de producción en el sector lácteo y vacuno de carne, basados en el aprovechamiento de forrajes, que ocupan la parte esencial de la población que trabaja y vive en el rural.

Ayuda complementaria al avance de la competitividad Ayuda a las inversiones orientadas a mejorar la competitividad de las explotaciones agropecuarias y forestales, preferentemente a través de la transferencia tecnológica.

Ayudas al desarrollo rural Ayudas orientadas a la promoción de actividades no agrarias, al impulso de las pequeñas industrias agroalimentarias y forestales con base rural y de los servicios y, muy especialmente, a completar la red de banda ancha en el territorio rural, como condición sine qua non para su completo desarrollo. En todo caso, debería garantizarse suficientemente la capacidad de los Estados miembros para seleccionar las líneas de desarrollo en cuanto a su situación particular, en el referido a su diseño como en la dotación financiera de los apoyos. En este sentido, la experiencia Leader debería ser tomada como un referente positivo de actuación.

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ENLACES

DE INTERÉS

UNIÓN EUROPEA: POLÍTICA AGRICULTURA http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm

UNIÓN EUROPEA: INTRODUCCIÓN A LA PAC http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_ es.htm

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO: GANADERÍA http://www.mapa.es/es/ganaderia/ganaderia.htm

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL: FOGGA: PAC http://mediorural.xunta.es/nc/fogga/politica_ agraria_comun/pagamento_unico/?asig&chequeo

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL: CONDICIONALIDAD http://mediorural.xunta.es/nc/fogga/politica_ agraria_comun/condicionalidade/

Eurobarómetro: Opinión PAC ciudadanos europeos http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

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