Plan sin proyecto nacional Por: Libardo Sarmiento Anzola Con su Plan “Prosperidad para Todos”, Juan Manuel Santos (2010-2014) le promete al país más empleo, menos pobreza y más seguridad. Otro alargue sin tocar la crisis estructural y sistémica del modelo de desarrollo forzado ni las causas del conflicto; tampoco de la imprevisión y el extravío moral que permiten la constante de víctimas ante las catástrofes; en la más reciente, el 5 por ciento de la población perdió todos sus activos. Sin atinar aún para resolver la situación de exclusión de la mayoría de la población, la práctica de la planeación se estableció en Colombia a comienzos de los años 1950 durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez. El Consejo Nacional de Planeación (CNP), ante la catástrofe invernal de 2010, recomendó cambiar el Plan. Indicó en enero de 2011 que las bases del programa “Prosperidad para Todos” no tuvo en cuenta los efectos de la ola invernal que vive el país. El CNP, organismo de la sociedad civil, afirma en su informe: “Lo sucedido no es simplemente producto de cataclismos naturales”. Y prosigue: “Es ante todo producto de cataclismos morales y 1

políticos de vieja data; de la corrupción, la ineptitud y el saqueo del erario, que no permitieron una prevención adecuada frente a hechos predecibles; en que se descuidaron la inversión en las obras y su mantenimiento, que omitieron una preocupación real por lo social”. El Consejo indica, además, que “la crisis invernal exige acciones y medidas de fondo: rediseño en las políticas públicas centrales, nuevas políticas fiscales y tributarias, una nueva mirada sobre la distribución de regalías, intervenciones concretas sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, y sobre los entes encargados de la prevención y el control del riesgo” (1). El Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2) es la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia. La Constitución de 1991, en su artículo 339 del Título XII: “Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública”, Capítulo II: “De los planes de desarrollo”, señala que “habrá un PND conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional”. La parte general señala los propósitos y los objetivos nacionales de largo plazo, las metas y las prioridades de la acción estatal a mediano plazo, y las estrategias y orientaciones generales de la 2

política económica, social y ambiental que adopta el Gobierno. A la vez, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional, y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. El Plan del gobierno Santos tiene como propósito ejecutar políticas que aumenten la competitividad de la economía y la productividad de las empresas, en especial en los sectores con alto potencial de impulso al crecimiento económico del país en los próximos años. Asigna el 10,7 por ciento ($52 billones) al sector de defensa y seguridad (supera los recursos de educación) y el 45,6 por ciento ($221,2 billones) para apalancar la acumulación del sector privado. Para la formación y la reproducción de la fuerza de trabajo, unidas al cuidado de las condiciones ambientales, tan solo asigna el 34,3 por ciento. El restante 9,4 por ciento se concentra en las funciones de regulación, control y represión social por parte del Estado (Cuadro 1, 2 y 3). El PND 2011-2014, por su tamaño, no puede eludir que la estructura productiva colombiana se caracteriza por una concentración en actividades primarias con limitada productividad y que ha sido poco innovadora: la canasta de exportaciones de 3

hoy no es muy diferente de la que teníamos hace dos décadas, con la diferencia de que nuestra dependencia de los recursos minero-energéticos es cada vez mayor. Es una economía que cada vez tiende a generar menos empleo o incluso a precarizarlo de manera estructural (Gráfico 1), y asimismo a la destrucción de la naturaleza (Mapa 1). Unido a la disminución sostenida de la elasticidad empleo/PIB, desde la década de 1970 (la economía crece sin generar puestos de trabajo), el modelo de desarrollo forzado se caracteriza por la fragilidad, la inestabilidad y la dependencia de los ciclos internacionales. La política social del Plan continúa la tendencia privatizadora, iniciada en la década 1990, menos orientada a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), y benefactora de los intereses y las ganancias del sector financiero y empresarial (la reforma a la salud, aprobada y sancionada por el presidente Santos en enero de 2011, es elocuente: su preocupación fue la sostenibilidad financiera del sistema, sin importar el bienestar de los colombianos). La rentabilidad social se orienta por la eficiencia económica y los retornos electorales de una masa „focalizada‟ y mantenida en la miseria pero cooptada políticamente. El único grupo de interés es el de la primera infancia (menos de 6 4

años de edad), que concentra la acción integral del Estado. Por su parte, los jóvenes son vistos únicamente como fuerza de trabajo barata y educada (la pertinencia es el eje del modelo educativo), a la vez que como caudal electoral y materia prima de la maquinaria de guerra. La política del “primer empleo” precariza estructuralmente la fuerza de trabajo juvenil, socava las organizaciones sindicales tradicionales, y promueve la competitividad globalizada de la economía nacional con base en la estrategia de reducción de costos laborales y su flexibilización. Los jóvenes (14 a 26 años) representan el 27 por ciento de los 47 millones de colombianos y registran una tasa de desempleo del 26 por ciento. El modelo de producción y acumulación está sustentado en el trabajo precario y la expoliación de los recursos naturales, tal como lo promueve el gobierno nacional en las ruedas de negocios internacionales para atraer inversión extranjera. El 80 por ciento de la inversión extranjera se concentra en el sector primario de la economía; actualmente operan en el país más de 700 empresas transnacionales que desangran anualmente la economía en US$ 9.800 millones, utilidades que exportan a sus casas matrices. 5

El modelo económico nos pasa por encima La economía colombiana, periférica y dependiente de los dictados de los centros de poder (comunidad imperial, FMI, Banco Mundial, OIC), acomodó el modelo de acumulación a la reestructuración productiva del sistema mundo capitalista manifiesto desde 1973 frente a la continua caída de la tasa de ganancia. La oligarquía abandonó todo intento de construir un proyecto nacional, la industrialización por sustitución de importaciones y fortalecimiento del mercado interno se dejó atrás, y la expoliación de la naturaleza, junto a la explotación de la fuerza laboral, se convirtieron en la fuente principal de producción de plusvalía. La violencia desatada por los grupos hegemónicos y beneficiarios de esta economía extractiva y rentista tiene como víctimas a los trabajadores sindicalizados, las comunidades populares del sector rural y los grupos políticos de oposición al régimen. Hay evidencias: 

Entre 1986 y 2010, fueron asesinados 2.850 sindicalistas (el 25,7 por ciento de los homicidios se cometió contra dirigentes sindicales), en un planeado y claro intento de

6







exterminio y violación de derechos humanos del sindicalismo en Colombia (3). Genera la caída del índice de sindicalización a sólo 4 por ciento de los trabajadores (12,8 por ciento en 1990). Reduce la participación de los salarios en el valor agregado, producido anualmente de 44 por ciento a comienzos de la década de 1980 a 32 por ciento en la actualidad, y debilita la capacidad de lucha (en 1975, el número de huelgas era de 215 al año y ahora las cesaciones laborales no pasan de 25, además de que el régimen ha penalizado este tipo de acciones). Mientras la economía mantiene un crecimiento de más de 4 por ciento durante la última década, el índice de pobreza es superior al 46 por ciento y la concentración del ingreso es de las más aberrantes en América Latina. El genocidio contra un partido de oposición, la Unión Patriótica, dejó más de 3.000 víctimas. En las zonas rurales, la población campesina, negra e indígena lleva la peor parte de la violencia desatada desde los centros de poder, producto del destierro y la expropiación, la consolidación de poderes regionalesparamilitares, la presencia directa de empresas transnacionales y tropas imperiales, la ejecución de megaproyectos mineroenergéticos, la destrucción de la biodiversidad 7

y la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del campo (cinco millones de pobladores rurales han sido desplazados forzosamente desde 1985, la acumulación por despojo les arrebató cerca de ocho millones de hectáreas productivas y dos de cada tres viven bajo condiciones de miseria). El desarrollo forzado es el modelo que sintetiza este tipo de acumulación liderado por terratenientes, capitalistas financieros, políticos, tecnócratas, militares y transnacionales. Locomotoras, una metáfora anacrónica El PND 2010-2014 reedita en forma anacrónica la confusión entre desarrollo y crecimiento que prevalecía en la ideología desarrollista de mediados del siglo XX. El objetivo principal del PND es el crecimiento económico, y de allí se derivan los demás propósitos. Para cumplir tal objetivo, con privilegio para el sector privado, la administración Santos señala ocho ejes que se resumen en el Gráfico 2, con base en tres pilares: 

“Un crecimiento sostenido, basado en una economía más competitiva, más productiva y 8





más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento. Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que le garantice a cada colombiano su acceso a las herramientas fundamentales para labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen. Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con el afianzamiento de la seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y una eficaz justicia”.

En la letra, el PND hace depender el éxito de las estrategias, incluidas en cada uno de estos ejes de la efectividad, de la ejecución de las entidades del Estado, pero también del papel crucial del sector privado y la sociedad civil. El Estado despeja el camino –fija las reglas de juego y dirime los conflictos–, pero el sector privado lo construye y lo recorre. El PND tiene un enfoque regional. Reconoce las diferencias de este nivel como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y las capacidades de cada región, y de las particularidades de sus diversos grupos poblacionales. 9

En este sentido, define cinco “locomotoras de crecimiento”: nuevos sectores basados en la innovación, el sector agropecuario, la vivienda, la infraestructura y el sector minero-energético. Estima que en los próximos cuatro años las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos por año (en 2010, el crecimiento fue de 4,2%), reducirán la pobreza en cerca de un 1,2 por ciento (actualmente en 46%) y la indigencia en el 1,0 (actualmente en 18%), y disminuirán la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año (12% en 2010). A la vez, para que las cinco locomotoras lideren el crecimiento económico de Colombia, es necesario consolidar los eslabonamientos de estos sectores con “los vagones del tren”: los sectores de servicios –comercio, transporte, sector financiero, que concentran el 60 por ciento del empleo del país. La metáfora de las locomotoras es desafortunada pero diciente. Corresponde a la mirada rentística, extractivista y anacrónica que tiene la oligarquía nacional sobre los temas del desarrollo. De hecho, el ferrocarril fue producto de la Revolución Industrial en Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX. Las 10

“idealizadas locomotoras” fortalecen y profundizan la nefasta, excluyente y violenta herencia de la invasión española, sustentada en una economía minero-energética, la hacienda esclavista, y los servicios, el comercio y las finanzas, caracterizados por el atraso, la dependencia, la concentración y el atraco „legalizado‟. La vivienda reedita los programas de urbanización forzada de mediados del siglo XX para hacerles el quite a las necesidades reales de reforma agraria integral, al ordenamiento urbano en escala humana y sostenible, y al desarrollo de una economía moderna e integrada; programas impuestos por la banca multilateral (Banco Mundial, FMI, BID), impidiendo el desarrollo más autónomo y justo que exigía el país. El capitalismo cognitivo, que caracteriza el modelo de acumulación del siglo XXI, se fundamenta más en el conocimiento y una sinergia integral del aparato productivo alrededor de las TIC, la microelectrónica, la robótica, la genética, la química fina, los nuevos materiales, la nanotecnología y la inteligencia artificial, ámbitos para el país con un manifiesto atraso. El modelo de “desarrollo forzado” que caracteriza a Colombia no escapa al impacto destructivo del dominio del capital en su crisis estructural. Esto es, una simbiosis cada vez peor entre el marco 11

legislativo estatal y las finanzas públicas de nuestra sociedad, y la dimensión tanto productiva, material, como financiera, del orden reproductivo y de acumulación societal hegemónico. 1 La República, 12 de enero de 2010, p. . 2 www.pnd.gov.co 3 Banco de Datos de Derechos Humanos, ENS. * Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Catedrático de las maestrías en Derechos Humanos de la UPTC y Economía ambiental de la U. Santo Tomas; Asesor de la Política Pública Departamental de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor UNICEF para la política nacional de Juventud. Investigador asociado del Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo y miembro del Comité Científico de la Revista Diálogo de Saberes de la Universidad Libre. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia. Ruegos y oraciones

12

Al iniciar la década de 1990, el gobierno colombiano denominó su Plan de Desarrollo como la “revolución pacífica” (1990-1994) y, en medio de un despliegue publicitario, le dio la “bienvenida al futuro”. A los pocos meses, el país estuvo sumido en la peor crisis energética, y los hogares fueron forzados a regresar a los medios más premodernos para el alumbrado y el cocido de alimentos. El presidente de aquel entonces, César Gaviria, usó el recurso de rogar a “Dios” con el fin de que pasara pronto este “oscurantismo”. Y después de ocho años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), sobresaliente por constituir un poder criminal, mafioso y corrupto como ninguno en la historia de Colombia, por desinstitucionalizar el Estado y por entregar la soberanía nacional a los intereses de las transnacionales, el nuevo presidente, Juan Manuel Santos (2010-2014), dio a conocer su Plan como “Prosperidad para Todos”. Prometió más empleo, menos pobreza y más seguridad. En tan solo días, el país se encontró sumido en una debacle ambiental: la mitad del territorio quedó inundado por fuertes lluvias, el sector agropecuario colapsó y el 5 por ciento de la población perdió todos sus activos. La solución premoderna, como en aquellos días de “Bienvenido el futuro” del gavirismo, se fundamenta en pedir la benevolencia del “Altísimo” y la intermediación del 13

“Niño Dios” en una supuesta carta de Santos y su Consejo de Ministros en los días de Navidad, bajo ruegos presidenciales y alusiones a la filantropía oligárquica, el sentimentalismo popular y la caridad internacional. Ofrecer no cuesta nada Política del Presupuesto de Inversión. El Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el período comprendido entre 2011 y 2014 recoge la estimación de los recursos para aplicar en los pilares, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. El PPI asciende a 485,1 billones de pesos de 2010. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal, supone un crecimiento potencial de 4,5 por ciento del PIB. El PPI, según fuentes de financiamiento y orientación del gasto, se presenta en los Cuadros 1, 2 y 3. Las fuentes que financian el PPI son: 

El Presupuesto General de la Nación, con 284 billones de pesos (58,5 por ciento del total del PPI), conformado por los recursos del presupuesto de inversión, que ascienden a 14







119,4 billones de pesos (24,6 por ciento del total) y por el Sistema General de Participaciones, con 99,4 billones de pesos (20,5 por ciento), y por los recursos de funcionamiento (gastos de personal y generales), asociados a los sectores de Seguridad y los gastos de funcionamiento de Justicia por 65 billones de pesos (13,4 por ciento). Los presupuestos del sector descentralizado nacional, que ascienden a 1,6 billones de pesos (0,3 por ciento). Se destacan las empresas de energía eléctrica, las corporaciones autónomas regionales y las entidades prestadoras de salud. Las entidades territoriales, cofinanciadoras de algunas estrategias propuestas en el PND como Vivienda y Ciudades Amables, Política para la población desplazada, cultura, deporte y Juntos contra la pobreza extrema, entre otros, con un monto de 29,2 billones de pesos (6 por ciento). El sector privado, con una inversión que asciende a 170,3 billones de pesos (35,1 por ciento). Entre tales inversiones se destacan las correspondientes a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, principalmente para la formalización minera y la expansión energética ($93,4 billones), 15

Vivienda y Ciudades Amables ($34 billones) y para Infraestructura de Transporte ($16 billones). Según los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, los recursos del PPI se distribuyen en un 45,6 por ciento para el pilar de Crecimiento Sostenible y Competitividad; un 34,3 para el de Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social, un 15,8 para el de Consolidación de la Paz y un 4,3 para el de Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. El Plan y la economía global El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos: Más empleo, menos pobreza y más seguridad”, del gobierno Santos (2011-2014), se enmarca en el contexto global del sistema mundo capitalista que en las últimas cuatro décadas ha generado una grave corrosión del trabajo, con la consecuente precarización del mismo y el desempleo estructural, e impulsa una destrucción de la naturaleza en escala global jamás vista antes. La inmensa expansión especulativa del aventurerismo financiero es inseparable de la longeva y duradera crisis en las diferentes ramas 16

productivas. De las coyunturales crisis cíclicas se ha pasado a crisis de tipo estructural y sistémicas, globales y multisectoriales Por tanto, sólo un radical cambio sistémico puede ofrecer una esperanza y una solución históricamente sostenible para el futuro de la humanidad*.

17