Plantas de Pulpa de Papel de Botnia y ENCE en Uruguay

Sitio del Proyecto para la Papelera de Botnia en Fray Bentos Uruguay; En primer plano Uruguay, En plano posterior Argentina

Tabla de Contenidos Introducción ............................................................................ 2 Evaluaciones de Impacto Deficientes........................................... 2 y Consultas Ilegítimas ................... ¡Error! Marcador no definido. Suscitan Advertencia Oficial y Escrutinio Público ... ¡Error! Marcador no definido. Acerca de los Proyectos ............................................................. 2 Localización de los Proyectos ..................................................... 3 Promesas Vacías de Desarrollo Económico ................................... 9 Desastre de Derrames y Contaminación de Poblaciones Agotadas ... 9 Creciente Oposición Pública Local e Internacional ....................... 10

Introducción Evaluaciones de Impacto Deficientes y Consultas Ilegítimas Suscitan Advertencia Oficial y Escrutinio Público ENCE de España y Botnia de Finlandia, dos de los mayores productores de pulpa de papel del mundo, están decididos a realizar la mayor inversión externa directa en la historia de Uruguay, cerca de 2 mil millones de dólares, para crear lo que sería hasta la fecha el emprendimiento de producción de pulpa de papel más grande del mundo. Las plantas estarán ubicadas en las costas del Río Uruguay, una vía fluvial internacional que conforma la frontera natural entre Argentina y Uruguay. Los habitantes locales de ambas costas temen que la producción de pulpa de papel no solo cause severa degradación ambiental y problemas de salud a las comunidades locales, sino que también perjudique la actividad económica local, basada en el turismo y actividades de recreación. Aproximadamente 40.000 ciudadanos de Gualeguaychú (Argentina) y de Fray Bentos (Uruguay) ya han tomado las calles, oponiéndose a la inminente radicación de las fábricas; también han bloqueado el principal puente internacional que une ambas ciudades atravesando el Río Uruguay, y han presentado demandas ante el Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia de la CFI (CAO) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, se entabló un proceso legal en Uruguay por corrupción e irregularidades en el otorgamiento de permisos para operar y se están tomando medidas para promover una acción similar en tribunales argentinos. Dado que en los últimos años la legislación europea se ha tornado más estricta con respecto a controles de contaminación ambiental por la creciente producción de pulpa de papel, y que las cortes europeas están comenzando a tomar duras medidas en cuanto a la contaminación social y ambiental que esta genera, ENCE y Botnia están mirando hacia el Sur para transferir los procesos, incluyendo la producción de pulpa, a ámbitos menos estrictos. Los patrocinadores de los proyectos ENCE y BOTNIA así como también la CFI, han fallado (según la opinión de las autoridades ambientales de Uruguay), en realizar su tarea ambiental y no han proporcionado respuestas claras y transparentes a las preocupaciones sobre los impactos sociales y ambientales de estas plantas, fallando por ejemplo, en considerar los impactos combinados de la contaminación sobre las comunidades locales, dejando a los actores argentinos que viven justo cruzando el río, afuera de las consultas públicas. Esta negligencia ha generado enormes tensiones diplomáticas y gran preocupación en Argentina y entre grupos ambientales y de derechos humanos a ambos lados de la frontera.

Acerca de los Proyectos

El primer y principal inversor de estas empresas es Metsa Botnia, propiedad de tres empresas finlandesas, que son muy importantes dentro de la industria papelera europea contando con 5 plantas de pulpa en Finlandia. El valor total del proyecto de Botnia es de aproximadamente $US 1,2 mil millones, de los cuales $100 millones son obtenidos bajo la forma de un préstamo de clase “A” de la Corporación Financiera Internacional CFI y un adicional de $US 100 millones como préstamo sindicado de clase “B”. El segundo inversor es ENCE una empresa española que opera 3 fábricas de papel en España y el segundo mayor productor de pulpa de eucaliptus en el mundo. El valor total del proyecto de ENCE es de aproximadamente $US 660 millones, incluyendo un préstamo “A” de la CFI de $US50 millones y un préstamo sindicado “B” de $US150 millones. La inversión combinada de ambos proyectos sería la mayor inversión externa directa en la historia de Uruguay, pese a que los economistas relacionados con el proyecto han indicado que solo una pequeña porción de esta suma (menor al 20%) sería concretamente invertida en Uruguay, ya que la mayor parte de la inversión se destina a maquinaria adquirida fuera del país. Además, los beneficios devengados de la venta del producto (pulpa) son cosechados fuera de Uruguay dado que la mayor parte del producto se destina a la exportación. Además, las empresas han negociado un status para ser exentas de impuestos, de modo que incluso los impuestos locales que beneficiarían a Uruguay serían mínimos en comparación con la magnitud de la inversión. Los deficientes antecedentes de los patrocinadores de los proyectos en sus países de origen, que incluyen numerosas multas e incluso sentencias de prisión para los funcionarios de la empresa debido a contaminación en el pasado, suscitan dudas considerables en términos de riesgos sociales, económicos y ambientales, así como las garantías morales y profesionales que ellos ofrecen a las comunidades locales en cuanto a las externalidades negativas que pueden esperarse de las plantas de papel, así como su capacidad para manejar y mitigar estos impactos. Las plantas emplearán tecnología de segunda categoría, que actualmente está siendo erradicada de Europa, aplicando cloro que, combinado con otras toxinas en el proceso de molienda, resulta en descargas de monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de cloro (que a su vez emite dioxinas y dioxinas halógenas absorbibles) en el agua y en la atmósfera. La producción de pulpa también provoca la acumulación de plomo, cadmio, cromo y arsénico en el suelo que rodea a la planta, sobre los que ya se ha demostrado que producen numerosas enfermedades, incluyendo defectos genéticos, problemas respiratorios y enfermedades de la piel. Ambas empresas tienen una larga historia de oposición de comunidades locales a sus plantas, y graves problemas legales en los países donde operan. Las mismas están sacando ventaja, voluntaria e intencionalmente, de un clima y condiciones de inversión menos estrictos en Latinoamérica para exportar al mundo en vías de desarrollo esta tecnología contaminante ya obsoleta.

Localización del Proyecto Las plantas serán radicadas en las costas del Río Uruguay, una importante vía fluvial que conforma la frontera entre Uruguay y Argentina. La locación del sitio está peligrosamente mal ubicada, justamente a muy pocos kilómetros río arriba de dos importantes poblaciones; Gualeguaychú en Argentina y Fray Bentos en

Uruguay, abarcando a más de 300.000 personas en el área de influencia de la industria. En el caso de Fray Bentos, la municipalidad extrae su agua potable directamente del Río Uruguay, justamente río abajo desde el lugar donde las plantas hacen sus descargas de contaminantes al río. Esta errónea elección del sitio, aparentemente se debe al hecho de que los patrocinadores de los proyectos ya poseen tierras en estas locaciones, y que ya habían construido un muelle adyacente a estas tierras para exportar astillas de madera para la producción de pulpa en Europa. Cuando se tomó la decisión de transferir el proceso de producción a Uruguay (debido a una creciente oposición y problemas judiciales en Europa) resultaba más económicamente conveniente para los patrocinadores del proyecto considerar la locación en este sitio, pese a los muchos riesgos sociales y ambientales que claramente supone para las poblaciones locales. Tanto los territorios uruguayos como argentinos en el área de influencia inmediata a las plantas propuestas, dependen del turismo, deportes náuticos, pesca comercial y deportiva, y son reconocidos en Argentina y Uruguay como enclaves altamente habitables y ricos en recursos naturales. La evidencia demuestra, a partir de otras inversiones en fábricas de papel, que la llegada de industrias de este tipo (incluyendo a comunidades donde ambos proyectos han invertido), altera radicalmente a las comunidades transformándolas en sitios industriales con características comunes, incluyendo malos olores (olor a huevo podrido), impactos relacionados con la salud y riesgos a causa de la degradación ambiental.

E

B

Imagen Mostrando Locaciones Aproximadas de las Plantas (B = Botnia; E = ENCE) y Comunidades Cercanas

Impactos Negativos Sociales y Ambientales Los impactos ambientales de los proyectos incluyen: La extracción de cantidades sumamente grandes de agua del Río Uruguay;

La generación y derrame de productos de desecho en las fases de extracción y blanqueado de pulpa para la producción de papel; La contaminación del agua utilizada para beber; La muerte y riesgo a la sustentabilidad de poblaciones de peces del Río Uruguay críticos para el medio ambiente local y el sustento de vida de muchísimos pescadores de la región; La emisión de gases olorosos; Polución sonora por la construcción y operación de la planta y el movimiento de vehículos; Los altos riesgos del derrame o explosión de productos clóricos por su uso en el proceso de elaboración del papel; Grandes riesgos a la industria turística, vital para la identidad y sustento de vida de las poblaciones locales. Unicamente el proyecto Botnia extraerá un promedio de 86 millones de metros cúbicos de agua por día del Río Uruguay, que equivale al consumo mensual del pueblo de Fray Bentos. El proyecto ENCE extraerá aproximadamente un tercio de esta cantidad, o 26 millones de metro cúbicos.1 Ambas plantas proponen el uso del método Libre de Cloro Elemental (Elemental Chlorine Free, ECF) (que presenta una calidad ambiental de “segunda” entre la tecnología disponible) para el proceso de blanqueado o clorado de la pulpa, el cual no es el método de blanqueado recomendado por el Banco Mundial. 2 El proyecto Botnia procesará entre 500.000 y 1.000.000 toneladas de pulpa por año y en el proyecto ENCE unas 400.000 toneladas adicionales por año. Las plantas descargarán sus desechos líquidos río arriba a orillas del pueblo Fray Bentos (alrededor del 80% del volumen extraído del río incluyendo los desechos químicos agregados durante el proceso de producción). Los desechos líquidos de los proyectos contendrán halógenos orgánicos absorbibles (Absorbable Organic Halogens, AOX). AOX es una forma de expresar la cantidad colectiva de elementos organoclóricos (organochlorines). Es sabido éstos se biodegradan lentamente y se bioacumulan en el medio ambiente. Las altas temperaturas utilizadas en los procesos de producción de papel generan la producción de dioxinas. Las dioxinas son extremadamente tóxicas, persistentes y cancerígenas, y la exposición a diminutas cantidades de esta sustancia puede tener los efectos abajo mencionados. Los efectos conocidos de las dioxinas sobre los peces y mamíferos son muy variados y se sospecha que pueden causar abortos, defectos en las aves, daño hepático, afecciones en la piel, problemas neurológicos y alteraciones de comportamiento en seres humanos. Algunas de las sustancias que serán volcadas al río como aguas de desecho son grasas solubles, de manera que se acumulan en los tejidos de criaturas vivientes y están presentes a lo largo de la cadena de alimentación incluyendo su bioconcentración en peces.3 Se sabe que las dioxinas poseen efectos sobre en el

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Cálculo realizado por el porcentaje comparativo con las cifras disponibles de Botnia. Grupo del Banco Mundial: Manual de Prevención y Disminución de la Contaminación, Plantas de Pasta y Papel (Prevention and Abatement Handbook, Pulp and Paper mills), Julio de 1998, página 2 3 http://www.foe.co.uk/resource/briefings/consequence_pulp_paper.html 2

sistema nervioso, afectan las funciones inmunológica y reproductiva, y son cancerígenas.4 Además, la creciente emisión de dioxinas que se estima generará sólo la planta ENCE (la cual representa un tercio de la producción de Botnia) incrementará las emisiones de Uruguay en más de un 1%. Esto se opone a los compromisos de Uruguay bajo la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPs), la cual requiere la reducción de las emisiones anuales de POPs incluyendo dioxinas y furanos. Ninguna de las EIAs aborda este tema. Los Clorofenólicos constituyen probablemente el grupo químico más peligroso de efluentes de plantas de celulosa y pulpa. La sustitución del cloro elemental por el dióxido clórico en determinadas etapas del proceso de blanqueado incrementa significativamente la producción clorofenólica.5 La elección por los patrocinadores del proyecto de una tecnología que no es la opción “menos contaminante” disponible se opone a las directrices del Banco Mundial en sí mismas, -¡véase comentario en nota al pié!– que recomiendan la utilización de tecnologías menos contaminantes.6 Tanto Botnia como ENCE ya estuvieron expuestas y familiarizadas con las regulaciones de la Comunidad Europea que estipulan el requisito de “promover el medio ambiente como un todo”, “promueven el uso de „tecnología limpia‟, y “fomentan la innovación”.7 Sin embargo, en este caso, está claro que al operar en un país en vías de desarrollo con reglas y regulaciones menos estrictas, éstos no adhieren a ninguna de estas normas que rigen las mejores prácticas; y pretenden activamente evitar la exigencia que rige en Europa para que los permisos se basen en la Mejor Tecnología Disponible a partir de 2007.8 Científicos independientes calculan que las descargas atmosféricas del proyecto afectarán un área con un radio de más de 50 kilómetros9 por la emisión de monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de cloro que producen dioxinas. Las plantas de celulosa producen olores extremadamente desagradables que reducirán seriamente la amenidad del lugar, lo cual es especialmente preocupante dado que el área es una reconocida región turística, y aprovecha las actividades relacionadas con el agua incluyendo la pesca comercial y deportiva, los deportes costeros y náuticos y similares actividades acuáticas de recreación.

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Medio Ambiente Y Calidad De Vida, Volume 2 No. 13, Jan-April 2005, Biblioteca Del Congreso Nacional, Departamento De Estudios, Extensión Y Publicaciones, Unidad De Extensión Y Publicaciones 5 The Technical and Economic Aspects of Measures to Reduce Water Pollution Caused by the Discharges From the Pulp and Paper Industry, Informe Final, Commission of European Communities, Noviembre 1989, Página 70 6 “La tendencia general es la de evitar el uso de todo tipo de químico clórico y emplear el método de blanqueado “libre de cloro total” (“total chlorine free”, TCF)… los procesos TCF son preferibles.” World Bank Pollution Prevention and Abatement Handbook, Pulp and Paper Mills, Julio 1998. [La traducción nos pertenece 7 Véase IPPC S6.01: Sector Guidance Pulp and Paper 8 European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm 9 http://www.barrameda.com.ar/dp/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=2

Además de ser desagradables, los gases sulfurosos son tóxicos e incrementan el riesgo de infecciones respiratorias agudas, problemas en la vista y desórdenes neuropsicológicos. En cuanto a las descargas al agua, las dioxinas son agudamente tóxicas, persistentes y cancerígenas. La mezcla de gases sulfurosos con oxígeno es responsable de la producción de lluvia ácida, cuyos riesgos afectan las zonas de producción agrícola y ganadera incluyendo la apicultura y la industria láctea, cuyos productos son rechazados a causa de la contaminación con sustancias tóxicas. Los agentes químicos blanqueadores incluyendo el cloro y sus reactivos son peligrosos de transportar, y por lo tanto, serán producidos in situ. El dióxido clórico es extremadamente peligroso para los trabajadores y residentes cercanos debido a su alto riesgo explosivo, e incluso, una baja exposición a cloro o al dióxido de cloro puede generar asma y otras afecciones respiratorias que pueden persistir por muchos años posteriores a tal exposición. La construcción y operación de los proyectos, incluyendo el movimiento de camiones para suministrar madera, implicarán un significativo incremento de la polución sonora, la congestión del tráfico y el deterioro de las rutas. El Acuífero Guaraní es un acuífero transfronterizo con un área de superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados y es un importante recurso de agua dulce en Sudamérica. Ningunos de los informes de las evaluaciones ambientales de los proyectos tratan el riesgo de contaminación del Acuífero Guaraní. La importancia de la protección del Acuífero Guaraní está subrayada por el proyecto de $US 27,24 millones del actual Sistema del Acuífero Guaraní, que incluye una donación de $13,4 de Global Environment Facility a Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, para la protección de este Acuífero el cual ha sido identificado por el Banco Mundial como un recurso natural crítico para la región de Uruguay / Argentine. Un estudio extensivo realizado por la Universidad Nacional de Córdoba sobre la geología e hidrología de la región así como de los métodos de producción propuestos y las descargas resultantes del proyecto Botnia, confirma que, a pesar de la espesa capa de roca basáltica presente en la región, debido a fallas geológicas y otras formaciones, las rocas permeables se han saturado con aguas superficiales provenientes de ríos y lluvias, permitiendo sólo una lenta filtración de estos líquidos para recargar el acuífero. Por consiguiente, el informe concluye en que los impactos sobre el acuífero Guaraní por la contaminación de aguas superficiales son inevitables. 10

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Jefe del Departamento de Ingeniería Ambiental e Hidrología, Universidad Nacional de Córdoba, 12 de Septiembre de 2005 “Papeleras en el Río Uruguay”.

La experiencia en otras partes del mundo donde se han construido fábricas de papel que utilizan la tecnología propuesta (ECF), incluyendo plantas radicadas en Finlandia (origen del patrocinador del proyecto Botnia) demuestra que los peces desaparecen a causa de la desoxigenación de las aguas debido al alto contenido de celulosa en los desechos de las fábricas, y que los olores emitidos por las plantas alteran la naturaleza del lugar convirtiendo las actividades de descanso en industriales. Los fuertes olores fétidos emitidos por la planta de Botnia en Aanekoski, que discutimos anteriormente, indican que es probable que suceda lo mismo con el presente proyecto. Además, el funcionamiento continuo de la fábrica de papel requerirá la expansión de plantaciones adicionales de eucaliptus en el área de la fábrica. Para generar 1.500.000 toneladas de celulosa se requieren 3.000.000 de madera y los árboles de eucaliptus requieren alrededor de 10 años para alcanzar la madurez. Ya están circulando nuevos anuncios sobre cientos de miles de hectáreas de tierra destinadas a la plantación de inversiones privadas. Ninguno de los informes de las evaluaciones ambientales ha tenido en cuenta los posibles efectos sociales adicionales a causa de la expansión de bosques de eucaliptus para satisfacer las necesidades de las plantas. Esto incluye el desmonte de vegetación, perdida de hábitats silvestres, y el reasentamiento de comunidades locales.

Evaluaciones Inadecuadas de Impacto Social y Ambiental La presentación sistemática por parte de estas empresas de estudios dudosos, limitados, no integrales, superficiales y en ocasiones falsos sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que estas plantas ocasionarán en las comunidades locales (lo cual se comenta oficialmente en la agencia ambiental uruguaya con respecto a las EIAs de los proyectos), y el ocultamiento de información sobre riesgo ambiental y en la salud de víctimas potenciales y actores involucrados, sugiere que se debe emplear un enfoque altamente precautorio para examinar los procesos e información presentados por los patrocinadores del proyecto. Pese a que las evaluaciones presentadas a menudo indican que la contaminación excederá las normas industriales, no se ofrece una explicación razonable por qué y hasta qué punto tal exceso es tolerable. En cuanto a los requisitos para los proyectos de Categoría A, los patrocinadores han fallado en proporcionar evidencia suficiente que pruebe que los impactos sociales y económicos han sido estudiados exhaustivamente en Uruguay, mientras que hay poca o no hay información disponible sobre los impactos a los actores involucrados en Argentina. Además, NO se toman en cuenta los impactos acumulativos de ambos proyectos sobre el ambiente local y sobre las dimensiones sociales y económicas. Tal vez una de las mayores preocupaciones de los actores involucrados, especialmente las expresadas en el lado argentino del Río, es la falta de consideración de los impactos sobre el estilo de vida y los principales lineamientos económicos/comerciales ya existentes en Gualeguaychú y en Fray

Bentos, las comunidades que viven y aprovechan las actividades relativas al turismo y la recreación. El proyecto también presenta riesgos considerables para los trabajadores en las plantas de pulpa en Uruguay, quienes manipulan sustancias altamente tóxicas y se verán expuestos a riesgos considerables a la salud. También se han identificado numerosas especies autóctonas de peces, aves y plantas en el área de Fray Bentos que estarán en peligro de extinción por la lluvia ácida, polución atmosférica y contaminación hídrica; sin embargo, no se ofrece ningún programa para la protección o relocalización de tales especies en las evaluaciones o planes de acción. Otro peligro grave de los proyectos es la acumulación de sustancias de desechos tóxicos que serán enterrados en profundos hoyos excavados en la tierra de los sitios de los proyectos, sin consideración alguna de los riesgos al Acuífero Guaraní, una de las fuentes de agua dulce más importante del mundo ubicada inmediatamente por debajo del área de Fray Bentos. Los proyectos tampoco consideran la creación de fondos de contingencia o planes de acción viables o suficientes para la mitigación de la degradación ambiental y eliminación del impacto social y económico, y las emergencias potenciales o contaminación por accidentes en las instalaciones de las plantas. Por último, los patrocinadores de los proyectos no han tenido en cuenta y reportado los impactos de los proyectos sobre las obligaciones asumidas por Uruguay en el tratado bilateral firmado con Argentina bajo del Tratado del Río Uruguay, que gobierna las relaciones de los países sobre el manejo conjunto y protección del recurso ribereño contra la contaminación. Argentina ya ha reclamado la violación de obligaciones a este respecto, y ha advertido a Uruguay sobre la presentación del caso ante la Corte Internacional de Justicia.

Promesas Vacías de Desarrollo Económico Desastre de Derrames y Contaminación de Poblaciones Agotadas Las plantas de papel prometen el crecimiento y desarrollo económico de la localidad de Fray Bentos y de Uruguay. Este es el mismo argumento que alguna vez creyeron los residentes y autoridades de Pontevedra en España (país de origen de la planta de papel de ENCE en España), pero que no logró detener las demandas locales para el cierre de las plantas. No obstante, muchos de los economistas de los proyectos sugieren, por el contrario – que la mayor parte de la inversión será destinada a la compra de equipamiento en Europa y que la producción de pulpa no producirá beneficios significativos para las poblaciones locales o ingresos para el gobierno, ya que la mayor parte del producto se venderá en el extranjero, comprarán gran parte de su capital en Europa y han negociado un área libre de impuestos para evitar pagar impuestos locales en Uruguay. Todo lo que permanecerá en el país de la supuesta vasta inversión serán los gastos en la construcción de la planta, los 300 trabajadores que operarán la misma, las perdidas esperadas para la economía local en las industrias de turismo y pesca, las enfermedades de la población local luego de la exposición a la contaminación de agua y el fuerte hedor a huevo podrido. Los testimonios de otras comunidades alrededor del mundo y en la región que previamente se han visto afectadas por industrias similares de papel, (o por

exactamente las mismas empresas que patrocinan estos proyectos), han alertado a la comunidad acerca de las falsas promesas de estas empresas, que sugieren que las plantas de papel traerán un desarrollo económico sustentable y progresivo, pero que en realidad aportan muy poco en términos de inyecciones de dinero efectivo a la economía local (dado que la mayor parte de los gastos en maquinaria y beneficios de la producción se realizan en el extranjero). En cambio, estas inversiones, donde sea que se hayan realizado, han causado una trágica degradación ambiental, problemas de salud y el colapso de industrias locales, el turismo y el deterioro de la calidad de vida.

Creciente Oposición Pública Local e Internacional Pese a los oblicuos argumentos de los patrocinadores de los proyectos expresando ante la CFI que los mismos gozan de “un amplio apoyo publico”, en realidad, los proyectos han suscitado gran temor y una creciente y enérgica oposición de la gran mayoría de la población en ambas costas del Río Uruguay, movilizando aproximadamente a 40.000 personas que bloquearon el puente internacional que une a Fray Bentos y Gualeguaychú. En Argentina, los casi 100.000 habitantes de Gualeguaychú se opusieron unánimemente a la radicación de las plantas de papel, desplegando carteles en la mayoría de los comercios locales haciendo pública su campaña “NO A LAS PAPELERAS” en las vidrieras de los mismos. Protestas en las calles y bloqueo de rutas, así como permanentes campañas en la prensa se han reiterado desde el comienzo del proyecto. En Uruguay, pese a que la oposición pública ha sido menos notoria en los medios locales, encuestas informales demuestran que la mayoría de la población de Fray Bentos explícitamente NO está a favor de las papeleras; el apoyo proviene mayoritariamente de selectas personas a las cuales se les ha prometido un empleo en la etapa de construcción o uno de los 300 puestos permanentes que las empresas ofrecerán a los habitantes locales, y cierto apoyo de los proveedores locales de servicios que han visto un incremento en el flujo comercial dado que abastecen a los ejecutivos y demás empleados de las fábricas que se dirigen al área de Fray Bentos para trabajar en actividades relativas a las plantas. Unos pocos residentes locales han expresado su apoyo luego de una arremetedora campaña de las plantas para ganar el consentimiento de la población, con tácticas tales como la entrega de presentes lucrativos a los niños y sus familias. Por otro lado, la prensa local, designada por intereses gubernamentales a favor de las papeleras y selectos círculos económicos, no cubre las campañas anti-papeleras, ni tampoco proporcionan opiniones objetivas sobre los impactos de las plantas en la economía local, el medio ambiente y la salud.

Europa y otras partes de Latinoamérica.

No obstante, la oposición a las papeleras crece rápidamente, especialmente a medida que los proyectos avanzan, y se preparan los terrenos para la locación de las plantas que están a la espera del financiamiento internacional. Los reclamos internacionales han servido para elevar el conflicto al ámbito global dirigiendo la atención a las graves consecuencias que las plantas generarán en los grupos de defensa ambiental y derechos humanos tanto de Norteamérica,

Un proyecto de esta envergadura y con impactos ambientales y sociales como tales requiere que la CFI adopte una posición, realice una consulta exhaustiva con los actores locales como parte de la evaluación de impacto ambiental. Lamentablemente, el proyecto ya ha sido impuesto en las comunidades locales tanto de Uruguay como de Argentina con consultas superficiales en Uruguay, y ninguna consulta en las zonas de impacto ubicadas en territorios argentinos afectados por la misma contaminación. Tampoco se ha permitido a la comunidad expresar una opinión objetiva sobre la instalación de las papeleras, ni sus preocupaciones han sido atendidas de manera suficiente por los patrocinadores de los proyectos, o por la CFI. De hecho, tal como lo demuestra la evidencia existente, su opinión ha sido intencionalmente desviada y malinterpretada. 40.000 personas toman el Puente Transnacional para Oponerse a las Plantas

Aproximadamente se recolectaron 40.000 firmas en apoyo a la demanda presentada ante la CAO de la CFI, mientras que muchas otras personas también han apoyado la presentación ante el tribunal Interamericano de Derechos Humanos. No resulta sorprendente que esta oposición no solo provenga de grupos de comunidades y la sociedad civil, sino también de habitantes locales no organizados y funcionarios públicos de Argentina (que varían desde funcionarios locales hasta el presidente argentino), el Fiscal Federal de Uruguay, y otros grupos ambientalistas y de derechos humanos a nivel nacional y regional que tienen especial interés por el desarrollo sustentable de la región y que trabajan para proteger la vida de las poblaciones locales. La provincia argentina de Entre Ríos ratificó una nueva ley provincial, declarando a la provincia “libre de producción de celulosa” y de toda clase de contaminación que este tipo de producción genera en el aire, el medio ambiente local, los ecosistemas y la industria turística. La oposición a la instalación de las papeleras incluso ha resultado en un comunicado del gobierno argentino expresando su oposición oficial a los proyectos ante el gobierno uruguayo y el Banco Mundial. Finalmente, el gobernador de Entre Ríos ha dicho públicamente que hará todo y cuanto esté a su alcance para garantizar que si estas plantas han de construirse, no podrán operar, advirtiendo entre otras cosas, el boqueo del tráfico de barcos sobre el Río Uruguay, bloqueando la provisión de gas natural al Uruguay, y el transporte de provisiones a través del puente internacional.

Acciones Legales en contra del Proyecto En dos presentaciones simultaneas, actores afectados de las localidades de Fray Bentos en Uruguay y de Gualeguaychú en Argentina, incluyendo a Grupos Comunitarios, ONGs, Asambleas Auto Convocadas, funcionarios públicos y otros ciudadanos interesados, incluyendo aproximadamente 40.000 firmas, expresaron su oposición a la instalación de estas dos papelera contaminantes que ponen en gran peligro la vida y la salud de más de 300.000 personas que viven en las cercanías de las plantas.

Se presentaron demandas ante dos tribunales internacionales a fines de septiembre de 2005, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia de la CFI (CAO), en las cuales se examina el cumplimiento de los proyectos de la CFI en materia de políticas. Se enumera, asimismo, una larga lista de violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos así como las violaciones de las políticas de salvaguardia ambiental y social, de transparencia y acceso a la información por la CFI en la preparación de los proyectos, y la violación de tratados bilaterales e internacionales tales como el Tratado del Río Uruguay, que protege las vías fluviales internacionales en contra de la contaminación causada por plantas papeleras. En ambas presentaciones legales, la CIDH y la CAO decidieron rápidamente, algo que no es muy usual, no solo aceptar las demandas, sino también reconocer que el caso amerita la iniciación de una investigación sobre los argumentos expresados por los demandantes. La CAO ya ha visitado los sitios de los proyectos y se ha reunido con comunidades de actores afectados en Argentina y Uruguay, y aun se encuentra en el proceso investigativo del caso. La CIDH, mientras tanto, ha solicitado mayor información al gobierno de Uruguay, el cual se encuentra en la incomoda posición de tener que responder a cuestionamientos de derechos humanos sobre un proyecto del Banco Mundial, algo que ocurre raramente en el área del desarrollo internacional. Los demandantes también destacan la falta de consideración por parte de los patrocinadores de mejores tecnologías y menos contaminantes, así como también y de suma importancia, la falta de consideración de sitios alternativos para las plantas que podrían haberse situado en zonas menos controvertidas, y que posiblemente hubieran recibido poca o ninguna oposición pública. Las acciones legales también están en camino tanto en Uruguay como en Argentina, basadas en la violación del derecho nacional y constitucional en virtud de derechos de acceso a la información, graves riesgos potenciales a la salud y la economía de las poblaciones locales y las obligaciones asumidas bajo tratados bilaterales y el derecho internacional. Ciudadanos argentinos interesados están presionando al gobierno nacional para que promueva una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. También bajo presión de ciudadanos interesados, Argentina está considerando retirar al Embajador en Montevideo, en protesta a los avances unilaterales de Uruguay sobre las papeleras. Asimismo, Argentina ha presentado su reclamo a Uruguay por sus violaciones al Tratado del Río Uruguay, el cual evoca la protección de aguas transfronterizas en riesgo debido al vertido de aguas residuales directamente al Río Uruguay. Argentina ha advertido a Uruguay que elevará su demanda a la Corte Internacional de Justicia en la Haya si Uruguay no respeta sus obligaciones tal como se encuentran estipuladas en el tratado. El Presidente de Argentina también se ha dirigido personalmente al Presidente del Banco Mundial, solicitando que TODA consideración de financiamiento de los proyectos por la CFI sea paralizada hasta tanto se haya conducido una apropiada evaluación de impacto social y ambiental.

Creciente Campaña Internacional contra los Proyectos Desde que el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Ombudsman CAO de la CFI, existe una creciente presión y campaña en contra de

las papeleras por parte de grupos de interés público con base en Uruguay, Argentina, Europa y EUA. Autoridades internacionales de vigilancia tales como Bank Track, International Rivers Network, Washington Office on Latin America (WOLA), the Center for International Environmental Law (CIEL), the Center for Justice and International Law (CEJIL), IFI-Watchnet, Bretton Woods Project, Amnesty International, Bank Information Center, Indian Law Resource Center, International Network on Economic Social and Cultural Rights, Inter-American Association for the Defense of the Environment, y docenas de otros grupos han expresado su preocupación por el desarrollo de estos proyectos, y están solidarizándose y circulando en sus propias redes la alarmante información que se encuentra disponible para la comunidad global sobre estas inversiones.

Contaminación, Riesgo a la Salud de la Población Local, Creciente Oposición Pública y Deficiente Negocio Económico se traducen en un ¡Negocio Riesgoso! Se advierte a los inversores que estén considerando involucrarse en estos proyectos tener en cuenta los problemas descriptos en el presente escrito. Antes de su posible intervención deberían obtener una evaluación independiente sobre la situación contratando a organizaciones locales e internacionales familiarizadas con el proyecto. En el caso de los bancos Ecuador, y cualquier otra institución financiera que utilice las políticas de la CFI y los compromisos de los Bancos Ecuador sobre políticas de salvaguardia social y ambiental como telón de fondo para sus inversiones, deberían considerar que estos proyectos están actualmente siendo investigados por la Ombudsman de la CFI por alegaciones de severas violaciones a las políticas de Salvaguardia Social y Ambiental, a la Política de Divulgación, a la Política relativa a Vías Fluviales Internacionales, al derecho ambiental e internacional así como la falta de cumplimiento incluso del derecho interno de Uruguay. Estos proyectos están plagados de acusaciones por deficientes evaluaciones técnicas e incluso por corrupción de funcionarios públicos que desvían información e irregularidades en el proceso de otorgamiento de permisos para operar. Estas alegaciones y medidas investigativas por parte de la CAO y tribunales internacionales, ya deberían considerarse como razones más que suficientes para posponer toda consideración de apoyo a cualquier parte de estos proyectos, financiero o de otra índole.

Para Mayor información Contactarse con Jorge Daniel Taillant Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) [email protected] tel. (54 351) 425 6278 cel. (54 9 351) 625 3290