Ponencia sobre una visión nacional y territorial de solución al problema de las drogas ilícitas PRESENTADO POR LA FEDERACION NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA –FENSUAGRO-CUT. INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE ACUERDO – MIA. VIA CAMPESINA. CLOC. AL FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS. Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los acuerdos de negociación entre el l gobierno Colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana –Cuba. 1. UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL Y MINERA. Desde hace muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel designado por el fondo monetario internacional, el banco mundial, el Banco interamericano de Desarrollo BID, está dirigido a la producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables en particular de carácter minero. La implementación del modelo neoliberal y su profundización a partir de los años 90, a acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las que apoyaban a la población rural Colombiana. Al mismo tiempo este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación con la violencia narcoparamilitar de los más recientes años, grandes oleadas de desplazamientos sucesivos. El “nuevo” modelo de desarrollo rural que impulsa el Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios, todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países desarrollados.

La aprobación de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos productores agrícolas de nuestro país, lo que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar que en este nuevo escenario los únicos productos agropecuarios de pequeña escala competitivos son precisamente los de uso ilícito.

2. LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA. La presencia de estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las cuales podemos mencionar algunas: 















Aumento de consumo de drogas psicoactivas en los EE.UU y Europa en la década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen el comercio internacional de esta producción. Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU. en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. La introducción de semillas y apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola. La creciente marginalidad de la población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo Colombiano. La continuación y existencia del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas. El desarrollo de grandes megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado al desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el saqueo de los bienes naturales. El desarrollo de políticas anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del Estado, que a su vez han llevado a la marginalidad social de vastas poblaciones fuera de la frontera agrícola. La falta de políticas de precios de sustentación y comercialización de la producción de economía campesina.



La no concreción de una política de reforma agraria de carácter estructural que permita la democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.

Ahora bien la anterior se suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Todas estas políticas de privilegio al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en políticas anticampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la economía ilícita.

3. LA POLITICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, “SOLUCION AL PROBLEMA” JUSTIFICACION PARA EL INTERVENCIONISMO. Terminada la guerra fría, los EE.UU han continuado con el intervencionismo y agresión militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con la guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad, el plan Colombia, el plan patriota, la iniciativa regional andina Ira, entre otros. Han fortalecido la militarización de la región cuyo principal fin no es la erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del norte en el corredor andino y particularmente en Colombia. Según algunos datos extraoficiales en los últimos 30 años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia un desarrollo sostenible regional, ni mucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico que representa la región andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales y una gran riqueza de biodiversidad principalmente en la selva amazónica.

4. PROPUESTA PARA SUPERACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILICITOS; HACIA UNA POLITICA DE SUSTITUCION GRADUAL, DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD PUBLICA, QUE POSIBILITE LA SOLUCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NARCOTICOS. 4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía, corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes. 4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas concertadas con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de uso ilícito. Creación del instituto de coordinación de programas para la prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y regional que incluye programas alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros cultivos de uso ilícito. 4.3. Reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.

4.4. Concertación con el movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la propiedad de la tierra rural. Esta ley tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la recuperación de la soberanía alimentaria de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias del país. . 4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado, las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la destrucción de la

capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la extinción de miles de especies vegetales y animales. 4.6. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica, biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e indiscriminado afecta la estabilidad de las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la salud de la población. 4.7. Generación de un clima de confianza entre el Estado y las comunidades involucradas en los cultivos de uso ilícitos que permitan adelantar los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de participación, concertación y corresponsabilidad. La legitimidad estatal pasa por el reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han originado el conflicto de los cultivos de uso ilícito. 4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las comunidades en el diseño y ejecución de los programas de sustitución, industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito. 4.9. Desarrollo de una política de complementación así: reforma urbana, cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as, fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria, acceso al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la iniciativa empresarial y micro-empresarial. 4.10. Creación del fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana, el cual será financiado con la destinación del 10% anual del presupuesto total nacional y contará con la participación mayoritaria de delegados representantes de las comunidades beneficiarias del programa de sustitución, industrialización y comercialización de la hoja de coca y marihuana.

4.11. Control e impuestos a los capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo nacional para la sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana.

4.12. Apoyo a la organización autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes. Cese de la estigmatización, señalamientos y judicialización de los dirigentes y comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser señalado o considerado como narcotraficante. 4.13. Mientras se implementan las diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el gobierno colombiano, este último comprara la producción de hoja de coca y marihuana, u otorgará un subsidio mensual equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales. 4.14. Se pondrá fin a la actual política antidrogas impuesta por los EEUU y se formulará una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana. Por últimos queremos exponer que solo será posible poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias que subsisten de la producción de los cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son grandes magnates nacionales e internacionales “que posiblemente jamás conoceremos” pero que tal vez muchas veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas ilícitas.

Bogotá D.C.

Septiembre 24 de 2.013.