EL DESAFÍO DE LA CONEXIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE TRABAJO PRO BONO. REFLEXIONES A PARTIR DE UN DIÁLOGO ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS Por María de la Paz Miatello Serrano Redonnet

A casi un año de la presentación oficial en la Argentina de la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, dos mesas redondas organizadas por el Vance Center fueron el ámbito propicio para que abogados, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes de universidades se reunieran a intercambiar experiencias, observaciones, dudas, proyectos e ideas, con la convicción de que es mucho lo que se ha avanzado, pero aún más lo que queda por avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Sin entrar en demasiado detalle sobre el proceso de redacción y firma, que ya fue tratado en números anteriores de esta revista, vale la pena recordar que la Declaración comenzó a gestarse en el año 2005 durante la “Cumbre Estratégica para las Américas” organizada por el Cyrus R. Vance Center del Colegio de Abogados de Nueva York. Allí surgió la idea de elaborar un documento que sirviera simultáneamente como declaración de principios y como plan de acción para expandir el compromiso de los abogados de la región en la prestación de servicios legales Pro Bono. Tras dos años de intenso trabajo por parte del comité redactor se llegó a la versión final que fue presentada en julio del año pasado en cada uno de los países participantes, iniciándose así la etapa de firma que todavía continúa. A la fecha han adherido más de 200 Estudios de Abogados, 12 Organizaciones No Gubernamentales, 128 profesionales independientes, 12 Colegios de Abogados y 15 Facultades de Derecho, entre otros, demostrando así que existe una voluntad real de cambio y de compromiso en la materia en toda América Latina.1 1. Cfr. http://www.nycbar.org/vc/decl.pdf

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Tuve la suerte de participar de ambas mesas redondas y de ser testigo de un diálogo por demás motivante y esperanzador. Motivante porque cada una de las experiencias relatadas era muestra acabada de lo mucho que se puede hacer desde el Derecho cuando se decide poner los conocimientos y talentos recibidos al servicio del país y de los que más lo necesitan. Esperanzador porque se advertía en cada uno de los presentes la voluntad de seguir dedicando tiempo y esfuerzos para perfeccionar y profesionalizar la prestación de servicios legales pro bono, y de mover a otros a hacer lo mismo. Reproducir las más de tres horas de debate es prácticamente imposible y excede el propósito de este artículo. Es por ello que me limitaré a profundizar en uno de los temas que, a mi entender, resulta fundamental y que fue, de algún modo, protagonista de las dos mesas redondas: la conexión entre la oferta y la demanda de trabajo pro bono. En efecto, resulta imprescindible implementar mecanismos que permitan unir, del modo más rápido y sencillo posible, a las personas o instituciones necesitadas de asistencia legal gratuita con los estudios o abogados independientes dispuestos a satisfacer esa necesidad. De un lado, personas y organizaciones necesitadas de asistencia legal

privilegiadas, por un lado; y el de las organizaciones que las asisten y las instituciones que sirven al interés público, por el otro. Cada uno de estos grupos presenta necesidades legales diferentes, que es necesario identificar para poder darles el tratamiento adecuado. En el caso de las personas o comunidades pobres, el principal problema está en cómo llegar a aquellos que ni siquiera saben cuáles son sus derechos, y que son los que más lejos están del acceso a la Justicia. Esto fue planteado por el Dr. Gustavo de Jesús y me trajo a colación unas palabras del Dr. Atilio A. Alterini publicadas hace algunos años en la introducción a unos manuales de Educación Legal Popular: “No siempre la gente sabe qué derechos tiene. Al ignorarlos, no los ejerce, por lo cual es imprescindible hacerle conocer cuáles son esos derechos y cómo debe proceder para que sean respetados”. En este sentido, vale la pena destacar la posibilidad y la importancia de desarrollar proyectos de Educación Legal. El Dr. Pablo Guerrero, presidente de la Fundación Pro Bono de Chile, se refirió a los mismos como una gran experiencia pro bono, capaz de crear un gran impacto en la sociedad. Charlas en colegios secundarios sobre el “bullying” o violencia escolar, talleres sobre derecho laboral para mujeres víctimas de violencia familiar en el marco de un programa de formación para el trabajo, charlas para microempresarios y charlas sobre derecho de familia, son algunos ejemplos de actividades realizadas en Chile con buenísimos resultados y dignas de imitar.

Según el texto de la Declaración, “pro bono significa prestar servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, y que benefician principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten. Estos servicios pueden incluir la representación y asesoría de personas, comunidades u organizaciones en temas de interés público, que de otra manera no las obtendrían de una manera efectiva. Además, los servicios legales Pro Bono también pueden beneficiar a instituciones cívicas, culturales y educativas que sirvan al interés público y que de otra manera tampoco obtendrían representación y asesoría efectiva”.

En una situación un poco mejor se encuentran aquellas personas que saben que han sido vulneradas en alguno de sus derechos, pero que no cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar los servicios de un abogado. Estas personas suelen acercarse a alguno de los servicios de consultorio y/o patrocinio jurídico gratuito, tanto públicos como privados, que existen, en busca de una solución a sus problemas.

Por lo tanto, podemos dividir a los beneficiarios del trabajo pro bono en dos grandes grupos: el de las personas o comunidades pobres o menos

Cada vez son más los necesitados de estos servicios y, si bien desde el principio se marcó una diferencia entre el trabajo pro bono y el

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asesoramiento o patrocinio jurídico gratuito, basada principalmente en el interés público que caracteriza fuertemente al primero y no tanto al segundo; lo cierto es que la definición de pro bono contenida en el texto de la Declaración los incluye a los dos. Hay por tanto, aquí, una enorme demanda de trabajo pro bono y un gran desafío en lo que respecta al modo de satisfacerla. Basta señalar, por último, que involucrarse en los problemas de los más desfavorecidos, por carentes de trascendencia que nos parezcan, puede ser una de las experiencias más reconfortantes en la vida de un abogado. Lo explicó muy bien el Dr. Gustavo Torassa al decir, refiriéndose al trabajo en este tipo de casos, que “no tendrán un gran impacto social, pero a las personas a las que les resolvemos los problemas les cambiamos la vida”. El segundo grupo de beneficiarios del trabajo pro bono está integrado por las organizaciones que asisten a las personas o comunidades pobres y las instituciones que sirven al interés público. Estas organizaciones son, hoy por hoy, la principal fuente de proyectos. No obstante, quedó evidenciado en la segunda de las mesas redondas, a la que asistieron diferentes representantes de ONG, que son muchas las limitaciones con las que se encuentran a la hora de acceder a la oferta de servicios legales pro bono que tanto necesitan. Entre esas limitaciones, la Dra. Natalia Gherardi, miembro de ELA-Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, destacó la falta de conocimiento respecto de los servicios que los estudios están dispuestos a brindar y la falta de confianza de los mismos hacia las ONG. Para empezar a eliminar estos obstáculos especificó que sería bueno que los estudios pudieran dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué servicios están disponibles para las ONG? Si esos servicios disponibles incluyen litigios, ¿qué tipo de causas se toman? ¿Litigios individuales? ¿Litigios individuales con impacto? Si hablamos de causas de interés público, ¿cómo definimos interés público? ¿Cuáles son los conflictos de intereses actuales, potenciales o políticos que les impiden tomar tal o cual tipo de casos?. En una palabra, pidió ofertas más concretas por parte de los estudios y trabajar mucho en la 74

definición y en la comunicación. Además, remarcó la importancia de conocer la variedad y los distintos tipos de ONG que existen hoy en día en la Argentina, desde que esa variedad supone disparidad de necesidades legales y, por tanto, diferentes servicios que se pueden ofrecer. A modo de ejemplo, enumeró distintas alternativas de trabajo, no exploradas quizás por todos los estudios, además de la representación en juicio. De esa lista, cabe destacar la asistencia a las ONG en lo que hace a su organización corporativa y la colaboración en proyectos de investigación jurídica complejos. La Dra. Gherardi, sin embargo, no fue la única que, desde las ONG, solicitó más definición por parte de los estudios relativa a los casos que cada uno estaría dispuesto a tomar. Mariela Belski, representante de la Asociación por los Derechos Civiles, insistió sobre el mismo punto; lo mismo que Gustavo Maurino de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. En otro orden de cosas, Victoria Emanuelle, de Ashoka Emprendedores Sociales, se refirió a las organizaciones intermedias que son “red de redes” y que agrupan y vinculan organizaciones. Señaló que es más fácil que los estudios grandes se relacionen con este tipo de instituciones y que a través de ellas lleguen a las demás. Del otro lado, abogados y estudios jurídicos comprometidos con el trabajo pro bono. Frente a todas las necesidades planteadas en los párrafos precedentes y que reclaman una solución efectiva y real, nos encontramos con cada vez más abogados y estudios jurídicos que tomaron conciencia de la enorme responsabilidad social que tienen, y que están decididos a afianzar la justicia y defender el estado de derecho y los derechos de las personas a través del trabajo pro bono. En este sentido, en la apertura de la mesa redonda del jueves 16 de octubre, Martín Bohmer, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés, se mostró fuertemente optimista al hablar de “una nueva 75

generación de profesionales que evidencian un cambio de perspectiva de aquellas primeras reuniones por el año 2000-2001”. Además, destacó que la donación en horas de trabajo pro bono significa una suma bastante importante y de gran magnitud para la Argentina de hoy. Actualmente son 15 los estudios de abogados de nuestro país que firmaron la Declaración y que se comprometieron a donar 20 horas anuales de trabajo pro bono, por abogado, por año, en promedio. La cuenta da una cantidad sumamente interesante de horas disponibles. La clave está en el aprovechamiento que se haga de las mismas, en los proyectos en los cuales esas horas sean invertidas. Y por eso la importancia del tema que estamos tratando relativo a la conexión entre la oferta y la demanda de trabajo pro bono. Al igual que las ONG, los representantes de los estudios también manifestaron ciertas inquietudes que les impiden acercarse como quisieran a los que necesitan de sus servicios. El Dr. Santiago Barilá, por ejemplo, remarcó la informalidad en la manera de conectar los casos pro bono y en la atención a los mismos. Sugirió hacer una suerte de relevamiento de las ONG actualmente existentes y elaborar una especie de “directorio” con aquellas que sean más representativas en las diferentes áreas. A partir de allí hacer un diagnóstico de los temas más urgidos de asesoramiento legal, establecer prioridades de atención y empezar a trabajar manteniendo un contacto permanente con las ONG. En la misma línea, durante la mesa redonda del 15 de octubre, el Dr. Juan Cristóbal Gumicio de Sargent & Cabral (Chile), manifestó que hay que trabajar mucho sobre los objetivos de las organizaciones para identificar las necesidades a cubrir, ya que muchas veces son las mismas ONG las que no saben qué tipo de asistencia jurídica necesitan.

Fundación Pro Bono de Chile, Dr. Pablo Guerrero, “la mayoría de los abogados quiere dar asistencia directa a los individuos”. Así, muchos dedican parte de su tiempo a intentar solucionar los problemas legales de los más necesitados, a través de las instituciones que organizan este tipo de servicio, como el Consultorio y el Patrocinio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires o los consultorios jurídicos gratuitos que funcionan en diferentes parroquias, por dar algunos ejemplos. Otro punto que se debatió bastante fue el de la organización del trabajo pro bono hacia el interior de los estudios. La Dra. Antonia Stolper, presidenta del Vance Center, dijo en este sentido que “los estudios jurídicos se encuentran en pleno proceso de organización interna y que muchos ya han designado a un abogado encargado exclusivamente de la coordinación del trabajo pro bono”. En efecto, varios de los estudios argentinos firmantes de la Declaración cuentan con un “coordinador pro bono”. Esta figura es importante desde que permite identificar una cara visible dentro de la organización, referente en los temas pro bono, y con la que es posible lograr una comunicación fluida y personal. Según el Dr. Guillermo Morales, de Morales & Besa (Chile), tiene que ser alguien dedicado y comprometido desde lo más profundo con el trabajo pro bono. También se habló de la necesidad de difundir la Declaración hacia fuera y hacia adentro de los Estudios. Hace falta educar, concientizar, motivar para que cada vez seamos más los abogados comprometidos con esta causa. En el medio, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las Facultades de Derecho

En cuanto al modo de conectar a los abogados con personas individuales necesitadas de asistencia legal, ya nos referimos a los servicios de consultorio y patrocinio jurídico gratuitos. Según el presidente de la

Ya hemos visto que, no obstante la gran cantidad y variedad de oferta y demanda de trabajo pro bono; muchas veces es difícil lograr la conexión entre ambas. Los prejuicios, la existencia de barreras ideológicas, el poco conocimiento mutuo, las diferencias en el lenguaje y en la manera

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de ver las cosas de unos y de otros; hacen que no siempre sea fácil encontrarse y trabajar en conjunto para velar por la justicia en una situación determinada. Y es aquí donde cobran protagonismo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las Facultades de Derecho, también presentes en las mesas redondas de los días 15 y 16 de octubre. En efecto, la Comisión de Trabajo Pro Bono y de Interés Público del Colegio funciona, en palabras de su presidente Dr. Martín Zapiola Guerrico, como una “interfase que conecta la oferta y la demanda de trabajo pro bono”. Es lo más parecido a una “clearing house”. Recibe casos de las ONG. Deriva. Monitorea. Crea espacios de intercambio y de reflexión entre los abogados, de los que muchas veces surgen nuevos casos o posibilidades de nuevas alianzas. Hace de interlocutor entre los estudios y las organizaciones del tercer sector. Las Facultades de Derecho, desde sus clínicas jurídicas, también están llamadas a cumplir esta función de nexo entre las personas o entidades civiles que requieren servicios legales y los estudios o abogados capaces de proveerlos; además de cumplir con su función pedagógica esencial. El Coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, Martín Sigal, planteó la posibilidad de “un entrenamiento recíproco o cruzado entre los estudios jurídicos y las clínicas de las Facultades de Derecho”, sobre la base de que es mucho lo que pueden aportarse entre sí. También habló de “crear mecanismos institucionales para conectar estas clínicas con los estudios”. Así, además de unir oferta y demanda pro bono, se les brindaría a los estudiantes la posibilidad de trabajar codo a codo y de aprender de la mano de muy buenos abogados.

bono porque somos virtuosos. Hay que hacer pro bono porque es una obligación del Código de Ética, porque es deber del abogado facilitar el acceso a la justicia y mejorar el sistema”. En la misma línea, el Dr. Juan Pablo Vigliero consideró que hay que “empezar a educar y formar a los abogados desde las universidades en ética ciudadana, y en la importancia del trabajo pro bono y de involucrarse en cuestiones de interés público”. Si desde los primeros años estos conceptos se van grabando a fuego, es muy probable que, una vez graduados, acompañen todo el ejercicio de la profesión. Lo que dejó el diálogo Más allá de posiciones encontradas o puntos de vista diferentes sobre determinadas cuestiones, todos los participantes coincidimos en que es necesario crear o fortalecer lazos que nos permitan prestar una asistencia legal efectiva en cuestiones de interés público y a las personas, comunidades u organizaciones que la necesiten. Como dice uno de los considerandos de la Declaración, “la profesión legal tiene un rol privilegiado y está posicionada de manera única en materia de acceso a la justicia”. Tiene, por tanto, la responsabilidad, los medios y la oportunidad de promover un sistema legal justo y equitativo, lo mismo que el respeto por los derechos humanos y constitucionales. El diálogo mantenido durante las dos mesas redondas demuestra que cada vez son más los que tomaron conciencia de esta responsabilidad y están dispuestos a aportar lo suyo y a mover a otros a hacer lo mismo.

Sin embargo, las Facultades de Derecho tienen una función aún más importante y que está en la base de todo el sistema: formar abogados éticos, comprometidos con la comunidad y concientes de su responsabilidad social. En este sentido, el Dr. Enrique del Carril, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que “el trabajo pro bono es una obligación de la ética profesional. No hay que hacer pro

Sin embargo, todavía queda mucho por delante. Dentro de los pasos a seguir en lo inmediato, se planteó la necesidad de buscar espacios para el diálogo con el Tercer Sector y de empezar a involucrar más a las Universidades y a los estudiantes de Derecho. También surgió la iniciativa de organizar reuniones periódicas entre los coordinadores pro bono de los diferentes estudios, con el objetivo de intercambiar experiencias y evaluar posibilidades de trabajo conjunto.

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Queda en nuestras manos empezar a concretar estas ideas y otras nuevas que puedan ir surgiendo, y que nos permitan llegar allí donde nos necesitan buscando, por sobre todas las cosas, edificar la Nación y construir la Justicia y la Paz en las relaciones entre los hombres. Como dijo el Dr. Juan Cambiaso, no todo es para todos. Cada proyecto, cada caso pro bono tiene “su” abogado. Hay que buscar el de cada uno. Aquel que nos interese, que nos motive, que nos entusiasme y al que nos podamos entregar. El desafío es grande pero vale la pena. Diferentes experiencias personales me hicieron, a lo largo de los años, caer en la cuenta del privilegio que significa poder estudiar una carrera como la nuestra y del enorme compromiso que eso genera frente a la sociedad. Si contamos con tantos conocimientos, con tantos recursos, con tantas habilidades; no es sólo para aprovecharlos en beneficio personal. La nuestra es una profesión de servicio y tenemos que hacer crecer en nosotros esa vocación día tras día. En el trabajo pro bono se nos da una excelente posibilidad de rescatar la misión esencial de nuestra profesión.

COMPETENCIA Y JORNADA DE ARBITRAJE COMERCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Por Ignacio Zapiola

Durante los días 19 a 23 de septiembre se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la I Competencia de Arbitraje Comercial y la I Jornada Internacional de Arbitraje. Ambas actividades, junto con el I Concurso de Monografías sobre Arbitraje, fueron organizadas por el GAPA (Grupo de Apoyo al Arbitraje) que lidera el Dr. Roque J. Caivano. Con el objetivo de promover el estudio del Derecho Comercial Internacional y del arbitraje como método de resolución de conflictos en los negocios internacionales, la I Competencia de Arbitraje Comercial reunió estudiantes de universidades nacionales y extranjeras que analizaron un caso hipotético en el cual los participantes debieron argumentar hechos y derecho, tanto desde la posición de la demandante como de la demandada. A tal fin, la competencia se dividió en una fase escrita que consistió en la presentación de memorias y en una fase oral en la cual los participantes defendieron sus argumentos ante expertos en la materia. La competencia tuvo como ganadores, en su fase oral, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y, en su fase escrita, a la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador. Asimismo, Luis María Clouet de la Universidad de Buenos Aires fue distinguido con el premio al Mejor Orador. Como actividad conexa y continuadora de dicha competencia, durante los días 22 y 23 de septiembre, se desarrolló la I Jornada Internacional de Arbitraje. El primer día de exposiciones tuvo como protagonistas a los Dres. Alejandro Garro (Profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, EE.UU.); Darren Rosenblum (Profesor Asociado de la Universidad de Pace, Nueva York, EE.UU.); Diego Fernández Arroyo (Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España); Sergio Villamayor Alemán

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