7. ANÁLISIS TRANSVERSAL. PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA: UNA MIRADA HISTÓRICA

7.1. LA EXPERIENCIA DE ALGUNOS ACUERDOS DE PAZ.1

Un antecedente histórico en búsqueda de la paz tuvo lugar durante el período conocido como Frente Nacional. Luego de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, las elites de los partidos liberal y conservador lograron un acuerdo político que permitió retomar el cauce democrático en el país, evitando que la confrontación por el poder entre conservadores y liberales en la primera fase de La Violencia (1946 – 1949) se desencadenara nuevamente. Con el Pacto de Sitges (1956) y el Acuerdo de Benidorm (1957) firmados ambos por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro en España, así como gracias al Pacto de Marzo y al Acuerdo de San Carlos suscritos por los representantes de los partidos tradicionales, se logró frenar la violenta lucha por el poder en que se había convertido la política colombiana. El Frente Nacional utilizó la figura del Plebiscito del 1 de diciembre de 1957 para refrendar por voluntad popular los acuerdos políticos a los que se había llegado. Si bien es cierto, La Violencia sufrió una nueva metamorfosis (una vez instaurado el Frente Nacional) con unas nuevas dinámicas primero violencia del bandolerismo gamonalista y luego violencia de grupos guerrilleros de tendencia revolucionaria- el acuerdo del Frente Nacional fue un pacto político entre dos contendores para superar la violencia como forma bárbara de dominio y de hegemonía. Durante el inicio de los años ochenta del siglo XX, el país se encontraba en la vanguardia de las naciones que se proponían terminar conflictos armados por la vía de la negociación, incluso una década antes de la finalización de los conflictos en 1

Una detallada revisión de estos procesos en: ZUBIRÍA, Blas (2007). Los procesos de Paz en Colombia: Una mirada histórica para una perspectiva actual”. En: Liderazgo con responsabilidad social desde la Universidad. Pezzano, Gina (compiladora). Barranquilla, Ediciones Uninorte.

Centroamérica. Desafortunadamente, veinte años después, “el proceso de paz colombiano se había transformado de un caso precursor a un aleccionador historial de los costos del fracaso. Durante cinco sucesivas elecciones presidenciales, entre 1982 y 1998, la paz constituyó la principal y más decisiva cuestión electoral” (Chernick, 2008: 17). El fallido Acuerdo de la Uribe de 1984, producto de la política del presidente Belisario Betancur con tres componentes fundamentales: una amnistía amplia (ley 35 de noviembre de 1982), una promoción de la apertura democrática y conversaciones con las organizaciones guerrilleras. A pesar de las expectativas que generó el proceso por decisiones bien encaminadas como el compromiso realizado por las FARC-EP de un cese al fuego y demás operativos militares, la condena y desautorización del secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y del avance logrado con la creación del partido político Unión Patriótica, el proceso con las FARC-EP terminó fracasando por diversos motivos, entre los cuales el genocidio sistemático contra los miembros de dicho partido fue uno de los motivos fundamentales. En contraste, un ejemplo histórico de un proceso que si fue exitoso fue el acuerdo logrado con el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Como ya lo mencionamos, desde inicios de la década de los ochenta comenzó la búsqueda de una la salida política al conflicto, luego de que el péndulo había estado del lado de la guerra durante el gobierno del liberal Julio Cesar Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad. Con el M19, la situación paradójicamente fue contraria. Luego de un momento de crisis -muy dolorosa por la manera como se resolvió- durante la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, los diálogos retomaron durante el gobierno de Virgilio Barco unos caminos de acuerdo político fructífero y que se consolidaron el 2 de noviembre de 1989 cuando se firmó el pacto político por la paz y la democracia. Es sin lugar a dudas el proceso de paz más significativo que se ha logrado en la historia reciente. Debe reconocérsele a los grupos guerrilleros -inicialmente M-19, y posteriormente EPL, PRT y Quintín Lame- una verdadera vocación política para encontrar vías civilizadas en el camino hacia la paz. En una coyuntura difícil para estos grupos, -como el asesinato de Carlos Pizarro o la guerra sucia contra los reinsertados- se mantuvieron en los acuerdos de civilidad pactados en el terreno de las ideas y no en el terreno de la lucha armada. Cabe señalar que los acuerdos con el M-19 rompieron el fatalismo histórico que decía que era imposible negociar la paz

con un grupo armado que pretendía tomar el poder por las armas. La opinión convencional era que estos grupos sólo negociaban para acumular fuerzas y volver a las armas (Pardo, 2004:739). También históricamente debe reconocerse la voluntad de apertura democrática, de transformaciones en la institucionalidad del Estado que permitieron ampliar los espacios y los canales de participación, facilitando con ello el ingreso de nuevos actores en el escenario político y generando en lo social y en lo económico, algunas transformaciones que la sociedad colombiana venía exigiendo. Los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria impulsaron y apoyaron esas iniciativas de paz que condujeron al Acuerdo con los grupos insurgentes y a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Gaviria logró desmovilizar a las milicias de Medellín y a la escisión del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, dos de cuyos integrantes se incorporaron a la Cámara de Representantes como consecuencia de esos acuerdos. De igual manera, la sociedad civil jugó un papel importante y se expresó masivamente respaldando la salida política planteada. No sólo fue el movimiento de la Séptima Papeleta para apoyar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, sino el respaldo dado luego a los candidatos que la conformaron, lo que sirvió para legitimar una ANC pluralista, en la cual quedó representado el grueso del país en su diversidad y su multiculturalidad. Posteriormente, durante el gobierno del liberal Ernesto Samper más de diez millones de colombianos votaron en favor del “Mandato Ciudadano por la Paz”, iniciativa que propendía por una salida política negociada al conflicto armado.

El proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil con el paramilitarismo, a través de la llamada Ley de Justicia y Paz, ocurrido durante la administración del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) tuvo como consecuencia la desarticulación de las estructuras del movimiento de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Si bien un alto porcentaje de los desmovilizados derivaron en bandas criminales, y el de que actualmente se han mostrado ufanas y fortalecidas, por otra parte, sus principales cabecillas fueron condenadas a ocho años de cárcel, pena máxima

contemplada en dicha ley. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hubo más de cincuenta mil desmovilizados fruto de esta ley.

7.2. PROCESO DE LA HABANA

Luego del fracaso de las negociaciones de paz, ocurrido durante la administración del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y una década después, el gobierno colombiano del presidente liberal Juan Manuel Santos decidió apostarle nuevamente a la búsqueda de la paz por la vía de la negociación. Seguramente, este momento de inflexión tuvo lugar entre otros motivos, por los éxitos de una previa ofensiva militar 2002-2010 ocurrida durante los años de los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, quien en su política de seguridad democrática se apoyó en la amplia ayuda militar del Plan Colombia y una reorganización de la estrategia de guerra en contra de los grupos insurgentes. Durante el gobierno el Santos, en octubre de 2012 se gestaron las fases exploratorias y preparatorias del inicio de las conversaciones que culminaría con la instalación de la mesa pública en Noruega en ese mismo mes. Los primeros temas de la agenda fueron el desarrollo agrario integral y el segundo, la participación política. En el transcurso del siglo XX sólo se dieron dos intentos de realizar reformas agrarias importantes: durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (19341938) y en la administración de Carlos Lleras Restrepo, ambos con muy limitados resultados. El olvido del campo y la ausencia de políticas sostenidas de apoyo al agro2 han hecho posible el origen y la permanencia de la lucha guerrillera en las regiones rurales. Respecto a la participación política, es claro que ya desde los años veinte del siglo pasado, con la aparición del Partido Socialista Revolucionario se prendieron las alarmas

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El que se acabe de realizar un censo rural en 2015, después de 45 años o el aplazamiento indefinido de la actualización del valor de los predios rurales, evidencia la desatención al campo.

del establecimiento en relación a los peligros que entrañaba para los obreros colombianos las malas influencias del naciente movimiento sindicalista y los riesgos de su incursión en la política. Posteriormente, desde los inicios de la guerra fría el establecimiento ha sido poco tolerante a que se abran canales tanto para la movilización social como para la participación de las consideradas minorías políticas. Una particularidad de este proceso de negociaciones en La Habana, es que por primera vez en el país, se han escuchado a las voces de las víctimas. En efecto, con fecha julio 17 de 2014 la mesa acordó mecanismos de participación directa de las víctimas del conflicto interno”. El punto 4 de la mesa es la solución al tema de las drogas ilícitas, problema que tantos perjuicios le ha traído a la sociedad colombiana desde la década de los años setenta pues además de las pérdidas humanas y materiales, ha permeado las instituciones, debilitado las relaciones del país con el mundo y ha sido combustible para impulsar la violencia, la criminalidad y la lucha guerrillera al punto que hoy se considera el narcotráfico un delito conexo con la insurrección armada pues le proveía cerca del 50% de sus ingresos. Ya desde los años noventa Paul Collier y Anke Hoeffler (2001) destacaban acerca de las principales fuentes que alimentaban los conflictos en el mundo mencionando como en el caso de Colombia era la cocaína, el petróleo, el oro y el carbón aunado a la extorsión a los productores de recursos naturales. Como rebasa los propósitos de este trabajo reflexionar sobre todos los puntos de La Habana, nos hemos circunscrito sólo a tres.

7.2.1. ALGUNOS SUPUESTOS BÁSICOS

En primer lugar puede reconocerse como uno de los supuestos básicos es que la paz no es una entelequia. Al igual que otras nociones claves -como por ejemplo la nación o la identidad- es necesario construirla. La paz se alcanza si existe una voluntad real para alcanzarla. Es preciso entonces dilucidar sus obstáculos y resolverlos, entender sus

reveses y frustraciones y sobre todo entender que no existe una fórmula mágica para aplicarla. 3 Autores como la historiadora Magadala Velásquez Toro (Velásquez, 2003: 242) en su balance sobre la paz alcanzada por el acuerdo del Frente Nacional y de cara a la situación actual, recalca tres aspectos: 1. La paz sin mujeres, sin indígenas y sin afrodescendientes es una paz fragmentada, excluyente y hegemónicamente acordada. El país necesita estimular a otras inteligencias y otras efectividades para que incursionen en la toma de decisiones sobre la guerra, la paz y el posconflicto, para construir un período de postacuerdo sostenible y que permita aliviar los daños ocasionados por la confrontación y la miseria. 2. Las mujeres, en todos estos periodos históricos de penuria a los que han llevado las confrontaciones armadas, han jugado un papel decisivo en aliviar en el ámbito familiar y comunitario los impactos de la guerra. Las mujeres desplazadas y las que permanecen en las zonas de confrontación se han caracterizado como tejedoras de redes sociales, en medio de monstruosas carencias y dificultades. 3. La paz sostenible y duradera exige acuerdos militares y acuerdos sociales, económicos y políticos que incorporen la diferencia y la diversidad. También Jesús Antonio Bejarano (Bejarano, 1995) propuso que para la búsqueda de la paz hay que mantener siempre el análisis de las incompatibilidades, ya que éstas cambian con el tiempo, pues los proyectos de los grupos guerrilleros no son inmutables. De igual manera los gobiernos colombianos deben evitar la fracasomanía y entender que cada negociación es un proceso de aprendizaje, que incluye por supuesto aprender de lo bueno y de lo malo. La dinámica política colombiana ha caído muy frecuentemente en la trampa de deslegitimar lo que han hecho otros para tratar de comenzar de cero, con el argumento banal de fondo que las estrategias realmente efectivas son aquellas que como gobernante de turno se piensa implementar.

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Como lo señala acertadamente Rocío Londoño Botero en la presentación del libro “Tiempos de Paz. Acuerdos en Colombia, 1902- 1994”, Bogotá, 2003.

Históricamente los enfoques para el tratamiento del conflicto se han movido entre dos extremos: el tratamiento militar y el tratamiento político. Durante muchos gobiernos a lo largo de décadas de conflicto armado se ha partido de la premisa de que a la guerrilla se le puede derrotar militarmente. Y enfilaron esfuerzos en esa dirección. Luego, ante la pobreza de los resultados, el péndulo suele oscilar y nuevamente se busca la exploración de las vías del dialogo. Cuando nuevamente éste vuelve a fracasar, el péndulo se mueve de orilla y cae en la orilla de la confrontación. Exactamente es lo que sucedió luego del fracaso del gobierno de Andrés Pastrana. Esta situación de oscilación no ha permitido consolidar una propuesta que defina una estrategia militar y política equilibrada, con la cual el Estado no se exceda durante sus períodos de confrontación militar en estrategias de guerra sucia que afecten a la población civil así generen algún repliegue estratégico militar de los actores armados, y que a la larga, además de ser inadmisibles son contraproducentes, porque terminan socavando el ejercicio legítimo en el uso de la fuerza y, por lo tanto, mermando respaldo y confianza hacia el Estado de parte de la sociedad civil. Un desafortunado ejemplo de estas prácticas lo constituyeron los llamados falsos positivos. Por ello, queremos resaltar la idea clave que la salida política es posible y que la historia del país tiene varios ejemplos. Las experiencias históricas nos demuestran que cuando el péndulo está del lado de la concertación los resultados son mejores. El panorama de las dos últimas décadas en América Latina (con múltiples gobiernos de izquierda) también le ha mostrado a las guerrillas que es viable y posible intentar acceder al poder por los canales de la democracia y que la vía de las armas se cerró con la finalización de la guerra fría. Los contradictores del proceso citan el caso centroamericano para generar dudas sobre la conveniencia de suscribir acuerdos de paz con los grupos armados. Sin embargo, como bien los explica Carlos Nasi (2016) al iniciarse el postconflicto en El Salvador y Guatemala las instituciones eran mucho más precarias de lo que hoy son en Colombia, y la economía había tenido una recesión muy prolongada. Y lo explica: “Cuando la Comisión de la Verdad salvadoreña produjo su informe, los propios comisionados decidieron no proponer que se llevaran a juicio los crímenes denunciados. ¿Por qué? El aparato judicial salvadoreño era tan débil y estaba tan politizado que cualquier tribunal habría hecho burla de las víctimas con fallos absolutorios de los culpables (y allí hubo

amnistías e impunidad total, ni siquiera la justicia transicional que habrá en Colombia); Tras el proceso de paz guatemalteco, se multiplicaron los linchamientos de delincuentes por parte de turbas enfurecidas, lo cual da una idea de la enorme inoperancia de la justicia en ese país (Nasi, 2016). Por otra parte, también es claro que fruto del proceso de paz, el gobierno no entregará el país a las guerrillas ni nos tomará el Castro chavismo. Como bien lo señala Shlomo Ben Ami (2015), con los acuerdos de paz, “no se trata de eliminar la economía de mercado ni tampoco de la implantación del realismo socialista. La lucha por la sociedad supuestamente ideal no es tema de la negociación de paz; es más bien el tema de la lucha política en democracia, y que sea la mayoría democrática la que decida”. Son múltiples los retos que se le presentan a Colombia es un escenario de postacuerdo pues la naturaleza y la larga duración del conflicto armado interno supone resolver múltiples asuntos. Las prácticas de las guerrillas en Colombia (a partir de los años ochenta) han sido condenadas por sus nexos con el narcotráfico, la violación a los derechos humanos y más recientemente, las violaciones al derecho internacional humanitario. La degradación de la guerra ha derivado en un conflicto contra la población, lo cual supone el acompañamiento de la comunidad internacional para la supervisión de que haya justicia y reparación contra delitos de lesa humanidad. Por otra parte, en la agenda doméstica tenemos el reto de ser uno de los países más inequitativos de América Latina, con altos índices de pobreza y una reforma agraria que no termina de concretarse. Elaborar por tanto estrategias para ir superando las trampas de la pobreza requerirá de esfuerzos enormes sostenidos del Estado, ojala con el acompañamiento de las elites económicas y la comunidad internacional. En ello será muy importante tomar en cuenta las asimetrías y las disparidades regionales en Colombia pues la estrategia del post acuerdo debe pasar por tomar en cuenta las zonas más marginales del país y no perpetuar la planeación del país con una visión centralista.

BIBLIOGRAFÍA

Bejarano, Jesús Antonio (1995). Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos. Bogotá : Tercer Mundo. Ben Ami, Shlomo (Septiembre 24 de 2015). Reflexión en torno al Post-Conflicto en Colombia. Cartagena : Comfecámaras. Chernick, Marc (2008). Acuerdo Posible: solución negociada al conflicto armado colombiano. Bogotá: Ediciones Aurora. Collier, Paul y Hoeffler, Anke (1998). Greed and Grievance in civil war. Development Reasearch Group, Banco Mundial, 2001. González Arana, Roberto y Molinares, Ivonne (2013). Conflicto y violencias en Colombia. En Barreira, Cesar; González, Roberto y Trejos, Luis (Eds.). Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina.

Barranquilla: CLACSO-

Ediciones Uninorte. NASI, Carlos (Enero 11 de 2016). Razón Pública. Pardo, Rodrigo (2004). Historia de las guerras. Bogotá, Ediciones B, Primera Edición. Velasquez Toro, Magdala (2003). Paz y acuerdos políticos 1956 – 1957. En Medina, Medófilo y Sanchez, Efraín (Eds.). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 19021994 (p. 242). Bogotá. Zubiría, Blas (2007). Los procesos de Paz en Colombia: Una mirada histórica para una perspectiva

actual. En Pezzano,

Gina

(compiladora).

Liderazgo

con

responsabilidad social desde la Universidad. Barranquilla: Ediciones Uninorte.