Publicación periódica de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Director de la serie: Mauricio Rojas Mullor, Director de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Cuadernos de la EPIC Nº 1, Septiembre 2011. Madrid, ciudad para compartir: La inmigración en la Comunidad de Madrid Equipo de investigación: Cuadernos de la EPIC Nº 2, Septiembre 2011. Inmigración y gobernanza en Europa: El rol de las ciudades. Cuadernos de la EPIC Nº 3 – Octubre 2011. Pobreza y exclusión social: La Experiencia de la Unión Europea: Conceptos y herramientas de acción. Cuadernos de la EPIC Nº 4, Octubre 2011. Discurso político e inmigración: El discurso del Partido Socialista y del Partido Popular hacia el nuevo votante proveniente de la inmigración en las elecciones de mayo de 2011 Cuadernos de la EPIC Nº 5, Noviembre 2011. Inmigrantes subsaharianos: Una aproximación a las claves de la exclusión Cuadernos de la EPIC Nº 6, Noviembre 2011. Progreso, desarrollo, pobreza, exclusión social y migraciones Cuadernos de la EPIC Nº 7, Diciembre 2011. Lavapiés. Fenómeno migratorio y claves de la convivencia. Cuadernos de la EPIC No 8, Julio 2012 Migraciones y convivencia urbana.

Datos sobre la EPIC La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, EPIC, es un nuevo espacio de la Comunidad de Madrid gestionado administrativamente por Cruz Roja Comunidad de Madrid y que cuenta con el respaldo de la Universidad Rey Juan Carlos. La Comunidad de Madrid, con la EPIC, pone a disposición de la ciudadanía la formación, la sensibilización y el debate de ideas y propuestas en los ámbitos de la Inmigración y la Cooperación al Desarrollo.

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Cuadernos de la EPIC No 9, julio 2012

LA EMPRESA Y LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO Nuevos retos para la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

GEMA TALAVÁN JIMÉNEZ PRÓLOGO DE KAYAMBA TSHITSHI NDOUBA

Agradecimientos

Esta

investigación

ha

podido

realizarse

gracias

a

la

colaboración, generosa y desinteresada, de las diferentes entidades que han participado en el estudio. Mi agradecimiento más sincero para las personas que han dedicado parte de su tiempo en cumplimentar la encuesta remitida y contestar a mis preguntas. Personas que trabajan en las diferentes empresas, organizaciones

no

gubernamentales

y

Administraciones

Públicas que han participado en el estudio y cuya aportación ha sido extremadamente valiosa para mi investigación. También quisiera agradecer a la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid la oportunidad brindada a través de este Máster, así como felicitarles por el trabajo realizado, desde la gestión y coordinación del Máster, a la selección del elenco de profesionales que han impartido las clases. De entre ellos, sin duda, mi más sincero agradecimiento a mi tutor en esta tesina, el profesor Daniel Gayo Lafée y a su inestimable dirección en este trabajo.

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ÍNDICE PRÓLOGO .........................................................................................................................................................5 RESUMEN.........................................................................................................................................................7 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.................................................................................................................9 I. PRESENTACIÓN.........................................................................................................................................9 Justificación y relevancia del tema ..................................................................................................... 14 II. DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ................................................................................. 16 III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS........................................................................................................ 17 IV. ESTRUCTURA........................................................................................................................................ 18 CAPÍTULO 2: ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO: CONSENSOS INTERNACIONALES Y MARCO LEGAL ESPAÑOL ......................................................................... 19 I. SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO .............................................................................................................................................. 19 II. POLÍTICA PÚBLICA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA........................................................ 23 CAPÍTULO 3: LA EMPRESA Y LAS APPD EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA .................... 28 I. ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA............................................................... 28 La empresa y las APPD en el contexto de la cooperación internacional al desarrollo en España........................................................................................................................... 31 II. INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA “PROMOTORES” DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ............................................................................................ 37 La nueva convocatoria abierta y permanente ............................................................................... 37 El extinto Fondo de Ayuda al Desarrollo ......................................................................................... 41 El Fondo para la Promoción del Desarrollo.................................................................................... 42 El Fondo para la Internacionalización de la Empresa ................................................................ 43 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS APPD EN ESPAÑA...................................................................................................................... 45 I. CONTEXTO DE LAS APPD EN ESPAÑA.......................................................................................... 45 II. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS APPD EN ESPAÑA...................................................................................................................................... 48 Aspectos relevantes del estudio .......................................................................................................... 57

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III. ANÁLISIS DAFO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS APPD.......................................................................................................................................................62 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................66 Plan de Viabilidad y recomendaciones .............................................................................................71 RELACIÓN DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS……………………………………. ....................................77 RELACIÓN DE GRÁFICOS Y TABLAS…………………………………………... .....................................78 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………. ......................................79 ANEXOS .......................................................................................................................................................87

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PRÓLOGO Desde la Coordinación de la tercera edición del Máster en integración, desarrollo y codesarrollo organizada por la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, nos complace presentar este trabajo de investigación de fin de Máster realizada por Gema Talaván. La autora ha obtenido la mejor puntuación de todo el programa de Máster. Creemos que la Srta. Gema Talaván es ejemplo de excelencia, compromiso, dedicación y rigor, valores que impugnamos desde nuestro proyecto docente. El trabajo presentado por Gema parte de una premisa clara: El nuevo milenio comenzó con unas propuestas consensuadas, llenas de buenos deseos y altamente esperanzadoras. A mediados de la década pasada se alcanzaron grandes hitos en materia de cooperación al desarrollo, partiendo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con ellos, surgen nuevas necesidades de financiación y gestión de la ayuda, que van conformando la nueva esfera internacional. Diez años después, la década actual se está convirtiendo en un nuevo punto de inflexión en cooperación al desarrollo por la aparición de nuevos retos que solventar. Siguen existiendo los propósitos de años anteriores, aunque con un compromiso menos firme que entonces. Se echa la culpa a la inestabilidad financiera, la tan manida crisis en nombre de la cual se están llevando actuaciones tan dolorosas. La ayuda oficial al desarrollo no es ajena a los ajustes presupuestarios que se están viviendo en España. Éste es el contexto en el que se centra esta investigación, que analiza el papel de las empresas en las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD) en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. En un momento en el que el sistema de cooperación internacional está inmerso en un proceso de revisión, este trabajo adquiere una especial relevancia en el debate actual. Presenta un extracto de las tendencias actuales de los diferentes actores de la cooperación española en su búsqueda activa por encontrar alternativas, establecer sinergias y realizar alianzas entre el sector público y el privado. Una tendencia que se está manifestando en otras políticas de Estado y que está iniciando una nueva etapa en la trayectoria de la política española de cooperación internacional. Así, este estudio plantea abrir una nueva línea que pueda contribuir a la consolidación de la nueva arquitectura de la ayuda en la cooperación española.

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Las conclusiones del trabajo permiten presentar la complementariedad de la empresa como actor clave de la actual política española de cooperación internacional para el desarrollo, manifestada, entre otros elementos, a través de su capacidad para aportar recursos, su gestión por objetivos, su capacidad de resolución de problemas y de ofrecer una respuesta rápida y ágil, así como ser fuente de innovación. Esta complementariedad revierte a su vez en la constatación de que la participación empresarial en las APPD supone un instrumento estratégico adecuado en la actual política española de cooperación internacional. Bajando del plano teórico, las modalidades existentes en la cooperación española son muy incipientes, no basadas en metodologías concretas y, por ende, no exentas de dificultades y retos a solventar. Desde estas páginas, a través de la investigación realizada, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones para contribuir a la consolidación de las APPD.

Les invitamos a una lectura minuciosa de esta obra inspiradora.

Kayamba Tshitshi Ndouba Coordinador General de Estudios de la EPIC

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RESUMEN El trabajo que se presenta a continuación pone fin al Máster en Integración, Desarrollo y Codesarrollo en su especialidad de Desarrollo y Codesarrollo, título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en colaboración con la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid. En un momento en el que el sistema de cooperación internacional está inmerso en un proceso de revisión, el tema elegido forma parte del debate actual, tanto a nivel internacional como en el contexto de la cooperación española, donde está adquiriendo una relevancia significativa. La investigación realizada presenta un extracto de las tendencias actuales de los diferentes actores de la cooperación española en su búsqueda activa por encontrar alternativas, establecer sinergias y realizar alianzas entre el sector público y el privado. Una tendencia que se está manifestando en otras políticas de Estado y que está iniciando una nueva etapa en la trayectoria de la política española de cooperación internacional. Así, este estudio plantea abrir una nueva línea de investigación que pueda contribuir a la consolidación de la nueva arquitectura de la ayuda en la cooperación española. Para todo ello, se ha realizado una encuesta a los siguientes actores: AECID (sede central, Madrid), AECID (oficina técnica de cooperación de Brasil), Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo; Aguas de Barcelona, S.A.; Alianzas para el Desarrollo, S.L.; CEOE-CEPYME; Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España; Dirección de Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid; Fundación la Caixa; Fundación CODESPA; Grupo Ferrovial S.A.; Grupo Meliá; Humanismo y Democracia; ING DIRECT España; Instituto de Crédito Oficial; ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano; Repsol YPF, S.A. y UNICEF. El análisis de dicha encuesta y las conclusiones extraídas permiten, como fruto de esta investigación, contrastar positivamente la hipótesis planteada, afirmando que la participación de las empresas en las alianzas público-privadas para el desarrollo es un adecuado instrumento estratégico en la actual política española de cooperación internacional para el desarrollo. Este trabajo ha sido realizado entre diciembre de 2011 y junio de 2012.

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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

I. PRESENTACIÓN La cooperación internacional al desarrollo (CID) es una más de las diferentes formas en las que se articulan las relaciones internacionales, en las que la existencia o inexistencia de intereses comunes definen los criterios de actuación. En este sentido, los propios de la CID tienen como punto de apoyo la solidaridad de las naciones y como objetivo acabar con la brecha de desarrollo existente entre los países. La CID, tal y como la conocemos en la actualidad, nace a mediados del siglo XX, evolucionando al ritmo de los aconteceres históricos –entre ellos, los procesos de descolonización y la desaparición del sistema político bipolar que marcó la Guerra Fría– y los paradigmas políticos. Si en un principio, la ayuda oficial al desarrollo (AOD)1 se caracterizó por una posición de preeminencia de los países donantes sobre los países receptores, situación en la que las decisiones eran tomadas de forma unilateral, la realidad actual es totalmente distinta. Desde una etapa intermedia basada en un enfoque de necesidades, se ha llegado a la definición vigente, fundamentada en un enfoque de derechos: el buen gobierno –asentado en la democracia y el respeto a los derechos humanos–, la igualdad y la equidad – íntimamente relacionadas con lo anterior–, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, sientan las bases del desarrollo endógeno e inclusivo que se ha convertido en la meta de la cooperación al desarrollo. Casi desde el inicio existe el conocido objetivo del 0,7% como cifra de referencia para la CID. Surge en 1958, en el Consejo Mundial de las Iglesias2 que aprobó en ese año una declaración en la que se solicitaba al menos el 1% del ingreso nacional bruto de 1

La AOD definida por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) cumple los siguientes requisitos: los fondos parten de presupuesto público, tanto en forma de donación como de crédito con un alto nivel de concesionalidad, se destinan a los países receptores de la ayuda enumerados en la lista del CAD y tienen como destino proyectos desarrollo. 2 El Consejo de Iglesias es una organización ecuménica que agrupa a las iglesias cristianas, en la actualidad 349.

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los países desarrollados para destinarlo a los países en desarrollo. Esta declaración fue llevada ante la ONU y más de diez años después, en 1970, la Asamblea General de Naciones Unidas estipuló que los países desarrollados aumentarían progresivamente sus flujos de ayuda oficial hasta llegar a la suma neta de al menos el 0,7% de su producto nacional bruto como objetivo de los flujos de ayuda para el desarrollo3. La década de 1970 se caracterizó por un primer intento de avanzar hacia este compromiso del 0,7%, consolidado con la aparición del enfoque de necesidades sociales básicas y la priorización de su cobertura para la población más pobre. Pero a partir de 1980, se produce una retracción en los desembolsos procedentes de los países donantes debido al paradigma neoliberal imperante a partir de este momento. Basado en el libre mercado y la no intervención de los Estados, provocó un retroceso en materia de desarrollo que desplomó los indicadores de pobreza a datos de décadas anteriores. Las consecuencias fueron tan drásticas, que el PNUD4 acuñó el término “década perdida” para denominar a esta etapa. Así, la década de los años noventa se inauguraría con una serie de desafíos importantes en materia de desarrollo. La caída del muro de Berlín en 1989 pone fin a la Guerra Fría e inicia un nuevo contexto histórico. La globalización es, a partir de este momento, el nuevo proceso en el que convergen los avances e intercambios a nivel económico, social, político, tecnológico y cultural, y marca la nueva corriente en cooperación al desarrollo. Surgen nuevas tendencias y oportunidades, pero también nuevos retos que serán planteados en la serie de conferencias internacionales auspiciadas por Naciones Unidas. Un cambio de contexto que trae consigo nuevas necesidades y desafíos de carácter supranacional, 3

Resolución 2626 (XXV periodo de sesiones) sobre la estrategia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene como función contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones, para lo que lidera la mayoría de las intervenciones multilaterales de AOD en gobernabilidad democrática, reducción de la pobreza, prevención y recuperación de crisis. Tiene una función fundamental al recopilar fuentes estadísticas para la elaboración de informes como el de Desarrollo Humano o los anuales sobre los ODM. Su principal valor es como think tank o espacio de investigación social, que plantea soluciones y alternativas a la vez que contribuye a la movilización de la opinión pública. 5 Cumbre para la Tierra. Programa 21 para la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Programa de Acción de las Naciones Unidas. Río de Janeiro.

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que pone en evidencia la incapacidad de los Estados para resolverlos desde una esfera nacional. La globalización trae consigo aspectos como la degradación medioambiental, el terrorismo, la presión migratoria o las crisis alimentarias, que requieren nuevas estrategias de actuación. Será la Cumbre para la Tierra de la Conferencia de Río, en 19925, la que exponga por primera vez la necesidad de nuevas formas de trabajo que incluyan las alianzas entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. Esta década se convierte también en la de la génesis del concepto de desarrollo humano, que da lugar al Informe sobre Desarrollo Humano que desde 1990 presenta de forma anual el PNUD. Este nuevo enfoque sitúa a las personas en el centro del proceso del desarrollo, buscando la promoción de su potencial, el aumento de sus posibilidades de elección y la obtención de la libertad de acceso a esas posibilidades. Por primera vez, se utiliza un sistema de indicadores que dan como resultado el índice de desarrollo humano, que tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer de las personas, la tasa de alfabetización y el nivel de ingresos, como parámetros complementarios al desarrollo económico de los países. Como respuesta a este proceso, Naciones Unidas planteará la consolidación de los nuevos retos en una agenda común de la ayuda al desarrollo. Es en el año 2000 cuando, en el marco de la Declaración del Milenio, los países socios ratifican el establecimiento de unos objetivos y metas comunes para todos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para su cumplimiento en el año 2015, se constituyen nuevas relaciones de asociación basadas en la horizontalidad y la corresponsabilidad, en las que convergen los contenidos de las políticas de desarrollo y las políticas de cooperación, es decir, se establece una concordancia entre las necesidades de los países receptores de la ayuda y las propuestas de los países donantes. Y todo ello en un mundo en continuo cambio en el que se hace necesaria la inclusión de nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo y la aparición de nuevos actores como las empresas, los fondos filantrópicos o los donantes emergentes6, que contribuyan a su ejecución. De este modo surgen nuevas iniciativas relacionadas con la financiación de la AOD y el objetivo común de alcanzar los ODM, materializadas en una nueva serie de 6

Se denominan donantes emergentes a aquellos países que han alcanzado cierto nivel de desarrollo y son, a la vez que receptores de ayuda, donantes. Es el caso de los llamados países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y de los recientemente denominados CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica)

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conferencias internacionales. Será la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de Monterrey, celebrada en esa ciudad de México en el año 2002, la que abogue por la necesidad de incrementar los fondos como respuesta mundial a los problemas de financiación7 y dar más protagonismo a nuevos actores, apareciendo con fuerza la vinculación al sector empresarial. En la Declaración de París8 del año 2005, se suscribe la necesidad de incrementar la financiación y se establecen una serie de compromisos consensuados que pretenden lograr la eficacia de la ayuda, lo que tendrá grandes implicaciones en el actual sistema de CID. Por otro lado, no es casual que en 2008, en vísperas de la crisis actual, la Agenda de Acción de Accra, rubricada en el III Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda, apueste por optimizar los recursos de la ayuda, y entre los puntos a llevar a cabo se nombre el respeto a los acuerdos internacionales en materia de responsabilidad social de las empresas. De la misma manera que en el IV Foro, celebrado a finales de 2011 en Busán, se haya incluido de nuevo al sector privado como agente de desarrollo. Sin embargo, habrá que esperar a trabajos sucesivos para ver si se avanza en este término, pues las conclusiones del foro no han aprovechado la oportunidad de establecer cómo serían estas formas de relación con la CID, más allá de su inclusión en el discurso político. Estas tres últimas conferencias se enmarcan dentro de la nueva concepción de la ayuda al desarrollo. La supeditación a fines geopolíticos y estratégicos ha condicionado a lo largo de todos estos años buena parte de la ayuda. El punto de inflexión que supone el año 2000 y el compromiso adquirido a través de los ODM, lleva a la comunidad internacional a plantear la eficacia de la ayuda y del desarrollo, con la necesidad de alcanzar impactos positivos a largo plazo. Es ahora cuando este 7

En la conferencia se identificaron cinco puntos clave para conseguir los compromisos de financiación: movilización de recursos financieros nacionales e internacionales para el desarrollo, incluida la inversión extranjera directa y otras corrientes de capitales privados; el comercio internacional como promotor del desarrollo; el aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo; la gestión de la deuda externa y tratamiento de cuestiones sistémicas, concretadas en el fomento de la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales en apoyo del desarrollo. 8 La Declaración de París, fruto del II Foro de Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, supone un hito en el contexto de la cooperación internacional. Participaron 91 países, entre ellos los 22 países del CAD, 26 organizaciones multilaterales (incluidos los bancos de desarrollo) y 15 organizaciones de la sociedad civil. Establece una serie de compromisos acordados por países donantes y receptores de ayuda como hoja de ruta basada en cinco principios clave: apropiación, alineación, armonización, gestión para resultados y rendición de cuentas mutua. Tiene como protagonistas de su propio desarrollo a los países receptores, que asumen el liderazgo de este proceso. Para asegurar la calidad y la eficacia de la ayuda se incluyen una serie de indicadores y metas mensurables que aportan datos sobre el grado de consecución de dichos principios.

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término, tradicionalmente vinculado a la gestión empresarial, cobra su máximo significado, estableciéndose una correlación con los nuevos bríos dados al sector privado. Adquiere también una importancia fundamental dentro del contexto actual de crisis económica global. Crisis que está dejando sentir su efecto en todos los niveles de los diferentes ámbitos intergubernamentales, habiéndose llegado a un punto de no retorno crucial en determinadas materias. Uno de los sectores que más seriamente se está viendo afectado por los ajustes en el presupuesto público es el de la CID9. Por este motivo, eficacia y eficiencia10, términos sacados del corpus teórico empresarial basado en la gestión para resultados, son asumidos por la CID para avanzar, en este caso, en gestión para resultados de desarrollo11. Por otra parte, desde mediados de la década de 1990 se ha ido perfilando el concepto de “nueva arquitectura de la ayuda”, que aboga por el consenso de unos objetivos comunes a la comunidad internacional para promover el desarrollo, incidiendo sobre todo en los instrumentos de CID. La ya mencionada Declaración de París pone en evidencia la excesiva fragmentación de la ayuda, lo que implica que diferentes actores realizan intervenciones similares en los mismos sectores y zonas geográficas. Es a partir de entonces cuando se apuesta por nuevos posicionamientos como la división del trabajo y la complementariedad de la ayuda. Todo ello en aras de incrementar, de nuevo, la eficacia y la eficiencia, pues la racionalización de las acciones y la coordinación de actores conllevan la reducción de costes de transferencia. Estos postulados nacen en el seno de la Unión Europea12 y son asumidos por el Comité de

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En el caso de España, entre los años 2004 y 2008 la AOD neta se caracterizó por un incremento progresivo, pasando del 0,23% de la RNB en 2004 al 0,45% en 2008. Sin embargo, esta tendencia se está invirtiendo, de forma paulatina, desde el año 2009. Así, en 2010, para el que ya existen datos oficiales, se ha destinado a AOD el 0,43% de la RNB, siendo la previsión para 2011 la de alcanzar el 0,4%, aún pendiente de confirmar este logro hasta la publicación del Seguimiento PACI 2011, previsiblemente en el último trimestre de 2012. Este punto será desarrollado en el capítulo 3. 10 El contexto actual es muy diferente de la época de bonanza económica que caracterizó los primeros años de la década del 2000 y que sirvió de base para la definición de “eficacia de la ayuda”. A lo largo del trabajo, se verá como, en la actualidad, el concepto de eficiencia está suplantando al de eficacia. 11 La gestión para resultados de desarrollo es una nueva noción que se incorpora a la CID a partir de su definición en la Mesa Redonda de Resultados de Marrakech (2004). Un mejor alcance de resultados de desarrollo requiere sistemas de gestión y capacidades basados en un ciclo integral de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación que guíe el proceso de desarrollo hacia las metas predefinidas. 12.El Consenso Europeo de Desarrollo (2005), que da las pautas para la coherencia de políticas en materia de desarrollo, define también por primera vez la complementariedad del trabajo para las intervenciones de Ayuda al Desarrollo de los Estados miembros de la Unión Europea. Como consecuencia de este compromiso, en 2007 se aprobó el Código de conducta sobre

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Ayuda al Desarrollo (CAD)13, dando un soporte internacional a nuevos conceptos y a la importancia del sector privado en este proceso. Participación a la que, dando un paso más hacia el establecimiento de las alianzas entre el sector público y el privado, animó al entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, a presentar en 1999 la iniciativa Global Compact en la Cumbre Económica de Davos. Se trata de una iniciativa voluntaria –no vinculante jurídicamente- dirigida, entre otros actores, a las empresas, a la que éstas se pueden adherir para promover el desarrollo sostenible alineando sus estrategias con una serie de principios relacionados con los derechos humanos, estándares laborales, sostenibilidad ambiental y sistemas anticorrupción, teniendo como objetivo contribuir a la consecución de un mercado global más estable, equitativo e incluyente. En base a todo esto, este trabajo plantea cómo un actor ajeno al ámbito de las relaciones gubernamentales y de su política de acción exterior, como es la empresa privada, podría convertirse en un vector importante en la CID. Éste es el momento en el que se generen sinergias, se busquen complementariedades y se delimite qué puede aportar cada uno de los agentes que intervienen en CID y explicitarlo en las posibles alianzas que se establezcan. En este contexto cabe hablar de la importancia de los retos que se plantean para la actuación coordinada de todos los actores, desde buscar objetivos comunes, a la evaluación de los posibles costes de transferencia asociados – en cuanto a oportunidad, negocios y aportación de recursos- que pueden afectar al proceso de establecimiento de alianzas a todas las partes implicadas. Con el objeto de acotar el estudio y ofrecer unos resultados cercanos a la realidad, éste se centrará en el ámbito de la cooperación española.

Justificación y relevancia del tema Coinciden una serie de circunstancias en el contexto actual que hacen especialmente atractivo estudiar la relevancia de la empresa como actor de la CID. Por un lado, los complementariedad y división del trabajo, que apuesta por la concentración, la armonización y el reparto de tareas entre los Estados miembros de la UE, incluida la Comisión Europea como actor de desarrollo. 13 El CAD es el órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destinado a la cooperación al desarrollo. Agrupa a una serie de países donantes, incluidos la Comisión Europea, y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD en calidad de observadores permanentes. Marca las directrices de la AOD coordinando los esfuerzos de sus países miembros.

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escasos resultados de la ayuda al desarrollo tradicional llevan a plantear un mayor énfasis en el establecimiento de nuevas alianzas que incidan en impactos positivos de desarrollo. Por otro, el contexto de crisis económica a nivel global, está redefiniendo las fórmulas de financiación pública, haciendo dolorosos ajustes hasta límites hasta ahora ni siquiera sospechados dentro de los Estados de bienestar. A este respecto, la solidaridad internacional de los Estados no queda al margen. Fruto de esta austeridad económica, tanto los Gobiernos como la ciudadanía, con cuyos impuestos se contribuye a la ayuda al desarrollo, exigen nuevas garantías de la eficacia con la que son ejecutados estos fondos. Es en este contexto donde expresiones como gestión para resultados y optimización de recursos basados en la eficiencia, alcanzan su máximo significado. Expresiones procedentes de la gestión empresarial que la CID está asumiendo como propios. Junto a ello, el reciente cambio de Gobierno en España y en muchas de las Comunidades Autónomas, hace prever un mayor protagonismo de la empresa, en coherencia con su ideología y programa político14. De igual manera, 2012 es el año en el que vence el Plan Director de la Cooperación Española y la mayoría de los planes directores o generales de las diferentes Autonomías. Éste se presenta, por tanto, como un momento óptimo para analizar cómo pueden producirse nuevos cambios y si se consolidan los ya acaecidos a través de nuevos mecanismos para la financiación de la ayuda como el recientemente creado Fondo para la Promoción del Desarrollo. También si lo anunciado por los planes vigentes, en cuanto a oportunidad y potencialidad de las empresas en materia de cooperación, se materializa de forma concreta. Esta investigación analiza las posibles ventajas comparativas que puedan encontrarse en las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD), estudiando cuáles son los pasos que se están dando en el ámbito de la cooperación española y cómo pueden establecerse las diferentes sinergias. A ello se suma mi interés personal en el tema. Mi 14 En su programa electoral para las elecciones generales de 2011, el Partido Popular, en el capítulo de Cooperación al Desarrollo, sigue apostando por el 0,7% del PIB como objetivo. Apunta también, que el dinero dedicado a la cooperación no tiene por qué ser sólo público. Para ello, de las siete medidas propuestas, se establece la promoción de las alianzas público-privadas y la responsabilidad social corporativa de las empresas. Del mismo modo, se apuesta por la implantación de un sistema de análisis coste-efectividad e impacto en cuanto a la gestión y la evaluación de la cooperación, asumiendo un lenguaje empresarial para la cooperación al desarrollo.

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trayectoria profesional, con una experiencia compartida en gestión empresarial y en cooperación al desarrollo, me lleva a plantear este tema a través de un enfoque inclusivo, que tenga en cuenta a todos los protagonistas. Mi experiencia reciente de casi cinco años en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, me ha llevado a conocer la gestión de la Administración Pública y los diferentes canales de financiación, al igual que el trabajo de los actores tradicionales de la ayuda. Del mismo modo, existe una motivación personal de estudio e investigación, fruto de haber cursado el Máster de Desarrollo y Codesarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos y la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid. Junto a estos aspectos, lo expuesto en las páginas precedentes da buena cuenta de la actualidad del tema, que anima a seguir estudiando y analizando un contexto en constante cambio. A través de lo presentado hasta ahora, considero necesaria la optimización de los escasos recursos con el objetivo de contribuir a los objetivos de desarrollo. Y para ello sería fundamental emprender una política de cambio que, entre otros aspectos, apueste por dar un protagonismo mayor a nuevos actores. Actores como las empresas, que tienen un bagaje y una experiencia demostrables. No obstante, esta apuesta no debe ser incondicional. Es necesario un trabajo conjunto en el que se establezcan mecanismos comunes en cuanto a alianzas y responsabilidades, no sólo entre los actores donantes, sino, lo que es más importante, con los destinatarios de la ayuda. De este modo, la validez de estas alianzas está condicionada a una serie de estipulaciones previas como son la información y el conocimiento recíproco para minimizar la desconfianza, la generación de intereses comunes, la puesta en marcha de una metodología común y el reparto de responsabilidades en ejecución y resultados.

II. DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS En base a lo expuesto, se establece como hipótesis a contrastar a lo largo del trabajo la siguiente: “la participación de las empresas en las alianzas público-privadas para el desarrollo es un adecuado instrumento estratégico en la actual política española de CID”.

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Para su verificación, se plantea como objetivo general “la complementariedad de la empresa como actor clave de la actual política española de CID”. Para ello, se establecen como objetivos específicos a los que dar respuesta los que siguen a continuación: “¿Es la empresa actualmente un actor complementario a Administraciones

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Públicas y sociedad civil en la ejecución de la cooperación española?” “¿Cuáles son los factores de oportunidad para la empresa basados en el

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contexto actual de la CID?” - “¿Qué potencial tienen las empresas como agentes de cooperación a través de las APPD?” - “¿Cuáles son las tendencias de participación de la empresa en las APPD en el contexto de la cooperación española?”

III. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS La investigación llevada a cabo se ha realizado a través de una técnica metodológica mixta, centrada en la combinación de las técnicas de investigación social para obtener datos cualitativos y cuantitativos. La unión de ambas técnicas se presenta como la idónea para probar la hipótesis y responder a las preguntas de investigación planteadas. La metodología empleada es la siguiente: Recogida de datos cuantitativos y cualitativos: se ha realizado una selección de entidades como actores de las APPD en función de su trayectoria y relevancia en el contexto que nos ocupa. Han participado en una encuesta cuyo análisis ha permitido identificar datos cuantitativos sobre la materia, así como información sobre motivaciones, objetivos y tendencias de las alianzas para el desarrollo. Para analizar los resultados de los cuestionarios se ha creado una plataforma on-line que permite unificar criterios y cuantificarlos. Para su cumplimentación, se ha ofrecido diferentes posibilidades a los participantes, siendo las modalidades seleccionadas las siguientes15: el 5,5% lo ha hecho a través de entrevista presencial, otro 5,5% a través de entrevista telefónica. El 67% lo ha cumplimentado remitiéndolo por correo electrónico. Un 16,5% ha utilizado la plataforma on-line y un 5,5% ha preferido

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Todas las respuestas han sido transcritas al software de encuestas de la plataforma online con el objeto de poder realizar su análisis.

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utilizar el correo postal. Esta información se ha completado con entrevistas personales, tanto presenciales como telefónicas. Análisis documental: se ha revisado la bibliografía española existente sobre APPD como base documental para el estudio. Del mismo modo, se han considerado diferentes referencias internacionales, que han marcado tendencia en la realización de intervenciones de APPD.

IV. ESTRUCTURA La estructura de la investigación, tras el primer capítulo introductorio, recoge los siguientes puntos: el capítulo segundo se centra en el marco de acuerdos multilaterales en el que se sustentan las APPD. Diferenciado entre el contexto internacional y el nacional, se recogen los principales consensos fruto de reuniones internacionales en el marco de las Naciones Unidas y la OCDE. Del mismo modo, se presenta la definición de la política española de CID, tanto en la visión de la Administración central, como de la regional. El tercer capítulo avanza en el objeto de estudio, presentando una breve evolución de la cooperación española, hasta llegar a los principales instrumentos de AOD en los que tiene cabida la participación de la empresa en cooperación internacional, pasando por una aproximación al surgimiento de este tipo de alianzas en el contexto español. A continuación, el capítulo cuarto desarrolla el trabajo de investigación, basado en los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de una fuente primaria de elaboración propia, completada con entrevistas personales. Su descripción y análisis, permitirá detectar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa en las APPD. En último lugar, se presentan las conclusiones del trabajo, en las que se indica en qué medida se han alcanzado los objetivos establecidos, presentando propuestas y recomendaciones para los diferentes actores que participan en las APPD.

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CAPÍTULO 2: ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO: CONSENSOS INTERNACIONALES Y MARCO LEGAL ESPAÑOL Las APPD se asientan en unas bases normativas y de consensos tanto internacionales como propios de cada país. En este capítulo se recogen los más significativos, por un lado, aquellos que forman parte de los compromisos internacionales. Por otro, los principales referentes de la cooperación española, tanto en su dimensión de la Administración central como de la autonómica.

I. SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO A lo largo de la última década se han establecido una serie de consensos internacionales que sientan las bases para el establecimiento de APPD. Como ya se ha dicho, la concreción de unas metas comunes a través de los ODM, lleva al sistema de CID a buscar nuevos recursos que contribuyan a la consecución de resultados. En este sentido, la primera referencia que hay que tener en cuenta es la Declaración del Milenio que supone el punto de partida para los compromisos que se adquirirán en materia de financiación al desarrollo. En ella se fomenta una alianza mundial, a través del ODM 8, para financiar el desarrollo en los países empobrecidos. Dará pie a que en las sucesivas reuniones de la comunidad internacional se busquen alternativas de financiación. De este modo, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), organizada bajo el liderazgo de Naciones Unidas, reúne por primera vez en un mismo foro a los representantes de los gobiernos, de las instituciones internacionales, de la sociedad civil y el sector empresarial. El documento final recoge la colaboración entre el sector privado y el público, como mecanismo para el desarrollo a través de la movilización de recursos financieros nacionales para el desarrollo –que permitirá ampliar los mercados financieros internos y contribuir al desarrollo del sector financiero en el país–, la movilización de recursos internacionales y el fomento de las inversiones extranjeras directas, por su

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valor añadido en la creación de empleo y la transferencia de conocimiento y tecnología. De este modo, se apoyará la creación de nuevos elementos de financiación con participación de ambos sectores, que beneficien principalmente a la actividad empresarial del país en desarrollo. Sin embargo, estos compromisos no van alcanzándose en el tiempo que sería deseable, por lo que se celebra una nueva reunión intergubernamental sobre financiación en 2008, en Doha. La Declaración de Doha ratifica el consenso de Monterrey y reafirma el compromiso histórico del 0,7% del PIB para la ayuda al desarrollo. En un momento en el que la crisis económica internacional ya había aparecido, el documento final de Doha no realiza grandes aportaciones. Se centra en la necesidad de establecer una serie de garantías para la participación del sector privado –sobre todo a través de la inversión directa– en los países en desarrollo, reconociendo la importancia de garantizar un marco de estabilidad tributaria y fiscal. Para ello, se propone el respaldo a la creación de capacidades en los países en desarrollo, que les permita negociar acuerdos de inversión, así como promover las buenas prácticas tributarias como son la reducción de riesgos fiscales y la transparencia. También, promulgar y consolidar la legislación sobre protección laboral, ambiental y lucha contra la corrupción. El documento se hace eco de la responsabilidad social y la buena gobernanza empresarial, aspectos en los que está trabajando Naciones Unidas a través del ya mencionado Pacto Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Curiosamente, no se retoma la idea lanzada en Monterrey sobre los acuerdos entre sector público y privado referenciados en el párrafo anterior. Por su parte, en el seno del CAD de la OCDE se establece la agenda de la eficacia de la ayuda, fundamentada en los diferentes Foros de Alto Nivel que se vienen desarrollando desde 2003, con el foro sobre armonización celebrado en Roma. La Declaración de París, en 2005, sentará las bases de esta nueva agenda de la ayuda, configurando una serie de principios para alcanzar la eficacia en la ayuda al desarrollo. Los principios de apropiación, alineación, armonización, gestión para resultados y mutua responsabilidad, marcan las pautas de los principales países donantes en sus intervenciones de desarrollo. Aunque ya se habla del compromiso de los países socios para fomentar la participación del sector privado, será en la Agenda de Acción de Accra donde cobre una especial relevancia, instando a los países socios a

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comprometer al sector privado en la agenda de la eficacia de la ayuda. Reconoce a las empresas un papel más allá de los donantes tradicionales bilaterales y multilaterales – y junto a donantes emergentes, fundaciones privadas y fondos temáticos–, que aportan fondos, pero también su propia experiencia y enfoques que aumentan las perspectivas del desarrollo. Este concepto de agenda inclusiva ha tomado forma en el IV Foro Sobre Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busán entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011. Las circunstancias actuales, en las que los países del CAD están sufriendo una fuerte crisis económica, han hecho que estos pierdan protagonismo en el sistema de CID a favor de nuevas potencias económicas. A este respecto, uno de los grandes éxitos de la Declaración de Busán es la adhesión al documento final de países como China y Brasil (Costafreda, 2011), así como la participación de los actores de la sociedad civil y el sector empresarial, que por primera vez adquieren un peso relevante en un foro de estas características. Aparecen en la declaración de intenciones, el primer punto de la Declaración de Busán, junto a los Jefes de Estado, representantes de Gobiernos, de instituciones multilaterales y bilaterales, y las organizaciones regionales y locales, comprometidos en una asociación basada en principios y objetivos comunes. Se explicita el compromiso de trabajar de forma conjunta, estableciendo sinergias a la vez que se reconocen las diferencias entre los nuevos actores de la CID. A este respecto, destaca el punto 32 de la Declaración, dedicado al “sector privado y el desarrollo”. En él se reconoce su contribución en la reducción de la pobreza al crear, con sus actuaciones en los países socios, riqueza, generación de ingresos y empleo, así como favorecer la movilización de recursos internos. Es el motivo por el que se adquiere el compromiso de mejorar el entorno legal, normativo y administrativo para el desarrollo del sector privado. A la vez, se fomentarán las alianzas público-privadas, y se facilitará la participación del sector privado en el diseño e implementación de políticas y estrategias de desarrollo. De este modo, se integra a empresas y organizaciones empresariales en todas las fases del ciclo de elaboración de políticas de CID, dejando claro que su objetivo es fomentar el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza. Igualmente, se les invita a desempeñar un papel más activo en cuanto a búsqueda de resultados de desarrollo conjuntamente con los resultados

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de negocio, solicitando así, ya no solo su aportación económica, sino la innovación que va ligada al desarrollo empresarial. De esta manera, Busán supone la asunción y el consenso de todos los actores de nuevos aspectos que han ido tomando forma en las políticas de CID bilaterales, como se verá en el siguiente capítulo concretado en el caso de España. Por su parte, dentro del sistema de Naciones Unidas, la OIT ha establecido una serie de objetivos estratégicos para fomentar el Programa del Trabajo Decente basado en los derechos de los trabajadores, su protección social y la promoción del diálogo social. Se trata de un concepto elaborado por representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, que configura el carácter tripartito de la OIT y que reconoce el trabajo como fuente de dignidad personal y de estabilidad, tanto familiar como social. La asunción de este programa se considera requisito necesario para el establecimiento de APPD. También el PNUD cuenta con una iniciativa, la de Crecimiento de Mercados Inclusivos que, lanzada en 2006, apuesta por el sector empresarial como un importante recurso para alcanzar los ODM. Entre sus objetivos se incluyen establecer metodologías para crear relaciones entre empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, concienciar sobre el beneficio mutuo de establecer negocios en los países en desarrollo y potenciar la acción del sector privado. Para ello, es clave avanzar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, que permita el respeto de las regulaciones, la reducción de la informalidad y la consolidación de la economía formal, involucrando al sector privado en las políticas públicas. Por su parte, la responsabilidad de los países desarrollados se basa en respetar un régimen de comercio internacional propicio. Se plantean, además, como necesarias una serie de actuaciones basadas en el esfuerzo coordinado de los sectores público y privado, que facilite el acceso a mayores opciones de financiación. Por su parte, para el buen término de esta iniciativa enfocada a combatir la pobreza, el PNUD insta al sector privado a encauzar sus actividades de desarrollo, así como a adoptar un compromiso con el desarrollo sostenible, prestando especial atención a la gobernabilidad y la transparencia de sus actuaciones.

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II. POLÍTICA PÚBLICA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA La política española de CID tiene su fundamento en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo16, aprobada en 1998 con un amplio consenso entre los grupos políticos y la sociedad civil. Define las prioridades de actuación, sectorial y geográfica, así como las modalidades e instrumentos de la ayuda. Entre los actores que fomentarán la cooperación al desarrollo, quedan recogidos empresas y organizaciones empresariales, que encuentran aquí su respaldo legal junto a organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y otros actores sociales. Tras la ley se han publicado tres Planes Directores (PD), que definen para un periodo cuatrienal la política española de CID. En todos ellos, la empresa es tomada en consideración como actor de desarrollo, pero es en el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 cuando adquiere una importancia mayor. A lo largo del texto se aboga por apoyar las APPD como una de las formas de participación de la empresa en cooperación. Plantea la necesidad de establecer un grado mayor de colaboración entre el sector privado y el público, lo que debe ser recogido en acuerdos que incluyan motivaciones comunes, expectativas, intereses y aporte de recursos por ambas partes. De la misma manera, deben tenerse en cuenta los mecanismos de toma de decisión, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, sin olvidar la identificación de riesgos, que deben ser asumidos de forma conjunta. Reconoce el valor añadido de las APPD, no sólo como aporte de recursos económicos, sino de conocimiento y tecnología. Queda establecida también, la definición de un plan de actuación que incluya medidas que mejoren el conocimiento mutuo, el establecimiento de requisitos de elegibilidad de los potenciales socios privados basadas en la normativa internacional17 y las condiciones que deben cumplir las alianzas relacionadas con la coherencia con los objetivos de desarrollo de la cooperación española y el carácter no ligado de las aportaciones, permitiéndose establecer asociaciones con el sector empresarial del país socio. De este modo, AECID 16

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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PD hace referencia a las Directrices CAD anticorrupción para empresas multinacionales, las Directivas de la UE en la materia y las de otras instituciones como la OIT. 18

Dentro de este plan de trabajo, en 2012 la AECID ha participado en la celebración de eventos como la I Jornada Empresa, Responsabilidad y Desarrollo Humano, organizada por ONGAWA el 25 de enero en Santa Cruz de Tenerife, y el seminario Alianzas para el desarrollo: ONGD y empresas. un camino hacia nuevos escenarios de Cooperación, organizado por CIDEAL el 31 de enero en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

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comenzó en 2010 un plan de trabajo para fomentar la colaboración de la empresa en el desarrollo, facilitando su formación y sensibilización a través de foros y seminarios18. Por otro lado, en 2011, la cooperación española ha publicado la Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial, como herramienta metodológica para las intervenciones a realizar en terreno. En ella se considera el trabajo coordinado de empresas y organizaciones sociales junto a gobiernos, para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y lucha contra la pobreza. Esta coordinación supone aprovechar las capacidades de cada actor, ampliándose las posibilidades de crecimiento y de generación de recursos entre las poblaciones desfavorecidas. La estrategia da un paso más en la definición de políticas y afirma que el valor añadido del sector privado constituye una oportunidad para que la cooperación española consiga impactos en objetivos de desarrollo. Por su parte, el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 (PACI), que recoge las directrices generales del PD a ejecutar en el año de su vigencia, es el documento que describe la actuación de la cooperación española ante estas nuevas fórmulas de ejecución, estableciendo una nueva línea de financiación de proyectos de APPD. En cumplimiento de ello, en 2011 la convocatoria abierta y permanente de la AECID, estableció una línea de cooperación empresarial, tal y como se verá en el capítulo tercero, con un presupuesto de tres millones de euros. La cooperación descentralizada19 no es ajena a las tendencias que se marcan desde la Administración central. De este modo, los diferentes PD sientan las bases para posibles nuevas actuaciones de colaboración con el sector privado. Uno de ellos es el III Plan General de la Cooperación Internacional de la Comunidad de Madrid 2009-2012 (PG), que reconoce al sector privado como socio de CID, clave en el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, de la misma manera que las organizaciones empresariales se convierten en elementos de interlocución entre los poderes públicos y las empresas. Se basa en su propia normativa, la Ley 13/1999, de

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La cooperación descentralizada se corresponde con la AOD de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, llevada a cabo con sus propios presupuestos y basadas en su normativa y estrategias de cooperación establecidas en sus propios Planes. En el año 2010 supuso el 11,36% de la AOD total neta, según el Seguimiento PACI 2010.

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29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, en cuyo artículo 18 se alienta a empresas públicas y privadas madrileñas a contribuir a los esfuerzos de la CID de la Comunidad de Madrid –siempre que se asegure su carácter no lucrativo. Para ello, desde el PG se insta a promocionar a las organizaciones empresariales, pequeñas y medianas empresas, así como las APPD. A este respecto, desde la Dirección General del Voluntariado y Cooperación al Desarrollo20, se está trabajando en una nueva convocatoria –aún no definida en el momento de cerrar este trabajo– de apoyo a las empresas. El PG asocia principalmente la labor de las empresas dentro del sector “desarrollo del tejido económico y productivo”. El apoyo por parte de la cooperación madrileña a iniciativas empresariales y de RSC en los países socios, será una labor a la que puedan contribuir entidades privadas y públicas madrileñas en general, y empresas y organizaciones empresariales en particular. Este apoyo puede realizarse a través de diferentes ámbitos, como el asesoramiento, la transferencia de conocimientos empresariales y nuevas prácticas, la puesta en marcha de proyectos empresariales, dotación, mejora y ampliación de infraestructuras y formación de capital humano. Del mismo modo, a través de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC) dependiente también de la Consejería de Asuntos Sociales, se fomenta la formación, capacitación e intercambio de experiencias relacionadas con el papel de la empresa en la cooperación al desarrollo21. Por su parte, la cooperación vasca tiene una posición estratégica distinta hacia la participación de las empresas. La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, recoge como primer principio orientador de la política de CID del gobierno vasco la necesidad de que todas las iniciativas respondan al principio de solidaridad, sin esperar retornos en forma de beneficios financieros o comerciales ni tomas de posición de carácter empresarial. El artículo 25 de dicha ley permite la financiación pública para programas y proyectos de desarrollo con entidades privadas

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El año 2007 se creó la Consejería de Inmigración y Cooperación, que los sucesivos ajustes en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llevado a la definición de la actual estructura orgánica, en la que la Viceconsejería de Inmigración, Voluntariado y Cooperación depende de la Consejería de Asuntos Sociales. 21 En 2012 en la EPIC se han celebrado jornadas como La promoción del sector privado como motor de desarrollo, organizada por Fundación Iberemprende el 25 de enero o el I Foro para el Fomento de las Alianzas Público-Privadas de la Comunidad de Madrid, celebrado los días 22 y 23 de marzo. 22 Navarra aportó 20,5M €, lo que supone un 0,47% de su PIB. Andalucía aportó 80,6M € (0,24% PIB) y Cataluña 56,7M € (0,17% PIB) según el Seguimiento PACI 2010.

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sin ánimo de lucro, sin mencionar expresamente a las empresas. De la misma manera, el II Plan Estratégico y Director de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011, diferencia como agentes de cooperación las entidades públicas y sociales, no nombrando a las empresariales. Sin embargo, en el borrador del anteproyecto del nuevo plan 2012-2015, se estipula la necesidad de “una mayor reflexión sobre el papel de la ayuda y la búsqueda de otras fuentes de financiación complementarias a los presupuestos públicos que contribuyan al desarrollo y el compromiso de la ciudadanía” (p. 15), abogando por “explorar las posibilidades de colaboración, desde criterios éticos y de solidaridad desinteresada, con el sector privado” (p. 16). De entre las entidades contactadas para este estudio, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo es la que mantiene una postura más firme con respecto al papel de las empresas en CID. Indica claramente la total separación entre el lucro empresarial y sus actuaciones de cooperación y la estricta necesidad de que, para establecer una alianza con participación empresarial, se deben asumir los principios, objetivos y enfoques definidos en la Ley. Pero desde una ambigüedad inicial en su consideración de socio de cooperación del segundo PD, el borrador del tercero plantea una nueva postura, más cercana a la colaboración empresarial y en sintonía con la tendencia de la política española de CID. Se ha hecho una especial mención a las tres agencias gubernamentales que han participado en el estudio práctico a través de entrevistas y la cumplimentación del cuestionario. Sin embargo, aunque no hayan formado parte activa de la investigación, conviene fijarse también en la estrategia en materia de CID de comunidades autónomas como Navarra, Andalucía y Cataluña. La primera, por ser la comunidad más solidaria en términos relativos, las otras dos, por ser las dos comunidades que más fondos aportaron en 2010 en términos absolutos22. Coincidiendo con los anteriores, estas autonomías también consideran al sector privado socio de desarrollo. El II Plan Director de la Cooperación Navarra 2001-2014 aboga por una implicación mayor de otros agentes ligados a la promoción del desarrollo. Para ello, con el fin de que las intervenciones avancen en eficacia y eficiencia, apuesta por la participación de la empresa privada, amparada en la posibilidad otorgada por la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo. Para ello, es necesario diferenciar, tal y como se mencionaba también en la ley vasca, su propia actividad

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empresarial y lucrativa con la de cooperación al desarrollo, esta última, sin lucro directo o indirecto. El PD establece que se apoyará la vinculación entre pequeñas y medianas empresas de Navarra y las de los países en desarrollo. Por su parte, tanto el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2011-2014 de la Agencia Catalana de Cooperación como el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011 hablan explícitamente de construir alianzas público-privadas, como una apuesta necesaria para conseguir los objetivos de desarrollo en un mundo global, aunque sin aportar más datos que los vistos hasta ahora.

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CAPÍTULO 3: LA EMPRESA Y LAS APPD EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA I. ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA El año 1981 supone un punto de inflexión en la política española de CID. Es a partir de ese momento cuando España deja de ser considerado país receptor de ayuda, solicitando poco después salir de la lista de países receptores de AOD elaborada por el CAD. Empieza a consolidar su papel de país donante iniciado en la década de los setenta, con su ingreso en los bancos regionales de desarrollo y la creación del Fondo de Ayuda al Desarrollo que, como se verá más adelante, cuenta entre sus objetivos otorgar ayuda financiera a los países en desarrollo. En 1985 se crea la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) que, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, se responsabilizará de la dirección, programación y evaluación de la política española de cooperación al desarrollo. Tres años después, la AECID, bajo la dependencia de esta Secretaría, será la responsable de ejecutar las políticas de cooperación y de asumir las competencias relativas a la cooperación bilateral con los países en desarrollo – mientras que la planificación y evaluación será llevada a cabo por la Oficina de Planificación y Evaluación. De este modo, cuando España ingresa en el CAD en 1991, y tiene que adaptarse y coordinarse con las directrices emanadas de este organismo, ya cuenta con su propia estructura organizativa. El siguiente punto de inflexión será 1998, año en el que se aprueba con el consenso de todos los actores de la cooperación española –tras un largo y discutido proceso de consultas– la Ley Española de Cooperación Internacional. Una década, la de 1990, en la que aumentan los fondos destinados a cooperación económica, coincidiendo con un periodo de bonanza, la proximidad de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América y el empuje de la sociedad civil y los movimientos sociales. También es el momento en el que la cooperación descentralizada adquiere un mayor protagonismo, vinculado a los movimientos sociales a favor de 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo (Calabuig Tormo, et al., 2010).

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A partir de 2005, la cooperación española experimenta un fuerte desarrollo debido al gran incremento de recursos aportados con el objetivo de alcanzar la meta del 0,7% en 2012, tres años antes que la fecha estipulada por la comunidad internacional. De este modo, se pasa de destinar 2.400 millones de euros a la AOD en 2005, a prácticamente duplicar esa cantidad en 2010, año en el que se destinaron cerca de 4.500 millones de euros, lo que supone un 0,43% del PIB. En los gráficos siguientes puede apreciarse dicha evolución, que en los años 2008 y 2009 alcanza su mayor cota, reflejándose a partir de entonces los efectos del ajuste presupuestario en el sector público23:

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Para el año 2011 se han tomado como referencia las cifras previstas publicadas por MAEC. Los datos de lo ejecutado en materia de AOD, que incluye la aportación de todos los Ministerios, las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Universidades, están pendientes de publicación.

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La tendencia alcista en los presupuestos destinados a CID se reflejó en un mayor volumen de intervenciones. Esto hizo que una de las principales inquietudes de las diferentes agencias de cooperación, al menos hasta 2009, fuera consolidar su estructura de recursos humanos, en sede y en terreno, para poder ejecutar las crecientes partidas presupuestarias. Sin embargo, la situación actual es muy diferente. La curva descendiente que empieza a manifestarse desde que se alcanzara el máximo histórico en 2008, se ratifica con la previsión establecida para la AOD neta para el año 2011, que pasa a ser de un total de 4.233,71 millones de euros, un 5,7% menos de lo ejecutado –que no de lo previsto, habitualmente más optimista– en 2010. A la espera de la publicación de las cifras oficiales del importe ejecutado en materia de desarrollo, los datos facilitados en el primer trimestre de 2012 no son nada halagüeños. Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó en los últimos días del año pasado un acuerdo de no disponibilidad de crédito para 201224. En él, se reduce el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) en 1.016 millones de euros, de los cuales, 900 millones se reducirían de subvenciones de cooperación. Recientemente, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 201225 disminuye el presupuesto del MAEC un 54,4%. Implica la reducción en 594 millones de euros las transferencias a la AECID, de 670 millones de euros el Fondo para la Promoción del Desarrollo y 125 millones el Fondo del Agua. En total, 1.389 millones de euros menos para CID por parte del presupuesto del MAEC26. La contribución del Estado a la AOD baja un 47,6% según datos del Gobierno27, y se sitúa a niveles de 2005. Hay que añadir otros datos aportados por el MAEC28, que afirma que el año 2011 se ha cerrado con un 0,29% sobre el PIB de AOD, a lo que hay que sumar la 24

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2011, núm 315, p. 146574. http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A2011-20638.pdf 25 El Anexo 1 amplía información sobre la configuración de la AOD en los Presupuestos Generales del Estado. 26 Se toma como referencia los Presupuestos Generales del Estado de 2011 –que quedaron prorrogados para 2012 hasta la aprobación de la nueva ley. El presupuesto total MAEC es de 3.629,28 millones de euros, de los cuales 1.971,48 millones de euros se destinarían a cooperación al desarrollo.http://www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2011Ley/MaestroDocumentos/PGEROM/doc/1/3/9/2/N_11_E_R_31_112_1_1_7.PDF 27

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc20120330.htm#Presupuestos

28 Comparecencia

de Manuel García-Margallo en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012. ………………………………………………….. http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/CO_051.PDF

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previsión dada por el PACI 201229 como aportación española a AOD para este año, 2.377,53 millones de euros. El debate se centra ahora, más que nunca, en la búsqueda de alternativas al descenso de los fondos públicos y en la potenciación de los instrumentos existentes para generar y consolidar dichas alternativas. La empresa y las APPD en el contexto de la cooperación internacional al desarrollo en España.

Para poder contextualizar las APPD en materia de CID, es necesario hacer una breve referencia a la existencia de colaboraciones previas entre el sector público y el privado en España, del mismo modo que a la internacionalización de la empresa española, dos requisitos que se aúnan en las relaciones de APPD. La existencia de alianzas entre las instituciones públicas y el sector privado, han sido aspectos clave de las etapas de bonanza económica (Casado, 2008). La colaboración público-privada –CPP por sus siglas en español o PPP por sus siglas en inglés– nace como ejemplo consensuado de intereses políticos y económicos, comenzando a despuntar en España en la década de 1960, momento en el que surgen los grandes proyectos de infraestructuras. Desde entonces, esta colaboración ha ido avanzando, abarcando no sólo el sector de las construcciones, sino también la prestación de servicios. Del mismo modo, de forma paulatina se establecieron políticas de promoción de la internacionalización de la empresa española. Prosperan en la década de 1990 gracias al entorno favorecedor que supuso el ingreso de España en la Unión Europea (1986) y la adopción de políticas de carácter librecambista en materia comercial. La entrada en la UE supuso además la aportación de fondos para el desarrollo de infraestructuras y el apoyo a la empresa lo que contribuyó al éxito de estas alianzas a finales del siglo XX. A ello, se suma el momento de estabilidad política y económica, así como el establecimiento de políticas macroeconómicas ortodoxas que redujeron la inflación a niveles aceptables (Bonet, 2010), la existencia de reformas estructurales como la liberalización de mercados y la apertura al exterior.

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Los días 13 y 14 de junio de 2012 se ha presentado ante las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado respectivamente, el borrador del PACI 2012, para su debate y propuestas de mejora, disponible en http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_67_538.PDF 30 La definición de estos nuevos instrumentos se recoge en el epígrafe II de este capítulo.

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Por su parte, la entrada en escena de la empresa en la CID en España tiene su antecedente más directo en el Fondo de Ayuda al Desarrollo, el FAD. Creado en 1976, su objetivo era el fomento de la exportación y del comercio exterior, creando un mecanismo financiero que posibilitaba la exportación de bienes y servicios españoles con carácter concesional. Paulatinamente, este fondo fue acumulando diversos objetivos que fueron naciendo al amparo de la CID, como la dotación a organismos multilaterales de desarrollo, a pesar de no ser el instrumento más adecuado para desembolsos de AOD. Por un lado, por el carácter ligado que adquirían en muchas ocasiones los fondos. Por otro, la lentitud del proceso de desembolsos, que implicaba una serie de pasos complejos en los que participaban la Comisión Interministerial, el Consejo de Ministros y el Instituto de Crédito Oficial como entidad financiadora. Finalmente, en 2010 se llevó a cabo la tan solicitada reforma del FAD, separando la internacionalización de la empresa española y su finalidad comercial, regulada a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), de las acciones de CID llevadas a cabo a través de la cooperación financiera, sujeto al nuevo Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)30. Esta evolución permite separar las necesidades comerciales de las empresas de su vinculación a la cooperación al desarrollo. Una reforma que resulta trascendental en una situación de restricción presupuestaria como la actual, caracterizada por la disminución de fondos públicos destinados a CID, que puede convertirse en una opción de respuesta a la creciente demanda de la sociedad civil que pide a las empresas ser más solidarias. A este respecto, las intervenciones de la empresa privada en los países en vías de desarrollo no han gozado hasta la fecha de popularidad en el ideario colectivo. Términos como desconfianza y escepticismo, sobre todo amparado en el lucro que caracteriza a las intervenciones empresariales, se han relacionado con dichas actuaciones, mostrando una “mezcla de esperanza y recelo” (Hidalgo, F., 2012, p.10). La propuesta que supone el establecimiento de APPD implica que esta visión puede cambiar al entrar en acción el tercer sector. También la existencia de nuevas circunstancias ha preparado el camino para la asunción de ciertos posicionamientos cuya validez era anteriormente cuestionada. La obtención de resultados por el trabajo desarrollado y la necesidad de optimizar recursos para que estos resultados sean mejores es extensible a todos los ámbitos, incluida la CID. Como se ha visto, desde

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hace tiempo ésta se orienta a una gestión de resultados para el desarrollo, midiéndose sus logros en función del grado de consecución de los mismos y exigiendo una responsabilidad mutua31, todos ellos conceptos asumidos como propios por las empresas. A esto hay que añadir el excepcional periodo en el que vivimos, caracterizado por el peso, muchas veces determinante, de la opinión pública en las relaciones intersectoriales, y la solidaridad entra en juego en diferentes ámbitos. El mundo empresarial no es ajeno a este sentir y a esta demanda, reflejándose en una definición de política de responsabilidad social empresarial32. Éste es un gran paso para las empresas y un pequeño paso hacia la CID, que puede convertirse en paso de gigante con la realización de proyectos a través de APPD. El papel de la RSE es muy incipiente en la empresa española, no contando con un lugar definido en muchas empresas ni con un verdadero carácter estratégico (Mataix, et al. 2008). Si bien es verdad que nacieron fundamentalmente orientadas hacia acciones filantrópicas, en los últimos tiempos las empresas apuestan por el valor añadido de la RSE de forma autónoma, desarrollando un concepto de ética empresarial, pero también como herramienta que pone en valor sus ventajas competitivas. El know-how empresarial es sinónimo de generación de riqueza y empleo, pero también lo es de generación de desarrollo. Éste es el punto del que parte este trabajo, considerando el actual como el momento idóneo para el establecimiento de APPD. Los periodos de crisis son catalizadores de cambios, momentos en los que tomar en consideración las experiencias pasadas a través de las lecciones aprendidas. Es tiempo de analizar el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Aprender de buenas y malas prácticas y buscar nuevos enfoques que permitan no retroceder en objetivos globales y avanzar hacia la consecución de resultados. Y todo ello con el reto que supone trabajar en un contexto económico adverso, en el que la duración y severidad de la crisis económica está teniendo su mayor incidencia en los países donantes tradicionales. Justo en el momento en que se debate el papel de los agentes donantes del desarrollo, en el que

31 La mutua responsabilidad entre donantes y países socios implica la transparencia sobre sus políticas, estrategias y desempeño en materia de desarrollo, incluida la utilización de recursos, de cara a sus ciudadanos y parlamentos. Es uno de los cinco principios que recoge la Declaración de París para contribuir a la eficacia de la ayuda para el desarrollo. 32 La responsabilidad social define a la contribución activa y voluntaria para la mejora social, económica y ambiental, repercutiendo a la sociedad parte de sus beneficios. Aunque utilizados como sinónimos, se diferencia responsabilidad social empresarial (RSE) a aquella que forma parte de la actividad de una empresa, mientras que la responsabilidad social corporativa (RSC) hace referencia a una corporación, que puede ser o no empresarial.

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la ayuda pública está disminuyendo, se refuerzan nuevas modalidades de ayuda, nuevas oportunidades para establecer alianzas entre empresas, gobiernos y “tercer sector”33. Unas alianzas que permitan readecuar los recursos y actitudes de los actores tradicionales34 a la par que permitan a las empresas aportar su propia experiencia, a la vez que encontrar una oportunidad en el mercado exterior. Las APPD deben, necesariamente, solventar una serie de retos iniciales. Se plantean unos objetivos comunes, pero las políticas de la CID no tienen por qué coincidir con las de las empresas, tampoco sus prácticas pueden resultarles cercanas. Por ahora, parece que las exigencias de adaptación se dirigen hacia las empresas, motivadas fundamentalmente por la participación de presupuesto público. Antes de analizar las alianzas y la petición de exigencias o no, cabe definir el propio término “alianza”. En el corpus teórico existen diferentes concepciones de alianzas en función de si se emplea el término anglosajón partnership o el de alliance. Así, Public Private Partnership (PPP) es un concepto que representa la tradicional colaboración entre sector público y privado a través del vínculo cliente-proveedor, como se ha visto en párrafos anteriores. Una relación contractual en la que el segundo ejecuta el activo licitado por el primero, existiendo también la posibilidad de gestionarlo. Por su parte, Public Private Alliance (APP) equipara las relaciones, estableciéndose en términos de igualdad. Alianzas sin contraprestaciones –aunque sí con la definición de objetivos, responsabilidades y contribuciones–, que dirigen su campo de acción a la cooperación al desarrollo. Aunque en ocasiones son tomados como sinónimos, el concepto que va a utilizarse en este trabajo es el de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD)35. En el contexto que nos ocupa, el fin de las APPD es el de contribuir a la lucha contra la pobreza extrema y promocionar el desarrollo humano sostenible como objetivo de la CID. Es el papel asumido por gobiernos donantes y por organizaciones no

33 Se define como “tercer sector” al conjunto de entidades que no forman parte del sector público ni del sector privado. Se trata de asociaciones, fundaciones, sindicatos, etcétera, ocupadas de realizar proyectos de acción social o defender intereses colectivos. 34 A este respecto, hay que recordar que las ONGD, tradicionales actores de la CID, son instituciones sin ánimo de lucro cuyas intervenciones son financiadas en su mayoría por subvenciones públicas, viéndose su actividad gravemente perjudicada por los recortes presupuestarios. 35 En la terminología de cooperación al desarrollo el término APP está reemplazando al de PPP, como ocurre en el propio Plan Director de la Cooperación Española, viéndose este cambio en el plan vigente (2009-2012) con respecto al anterior.

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gubernamentales, y al que la empresa “debe” adecuarse. El establecimiento de alianzas supone la incorporación, asimilación e interiorización de los criterios de unos y otros con el fin de lograr el objetivo común. Siempre teniendo en consideración que las alianzas para el desarrollo entre sector público, privado y asociativo orientadas a responder a los desafíos del desarrollo suponen una cooperación voluntaria (Casado, 2008), lo que además, refuerza su valor. Para analizar estas nuevas relaciones, se toma en cuenta el contexto normativo que promueve la entrada de la empresa como actor de la CID. Como se ha visto en el capítulo anterior, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo la reconoce como socio de cooperación. Así se ha reflejado en los sucesivos PD, en los que se trata a la empresa privada y a las asociaciones empresariales como actores de AOD. Su consideración ha ido evolucionando en los diferentes documentos, así, en el primer PD (2001-2004) se le consideraba un agente relevante dentro del fortalecimiento del sector privado, vinculándolo directamente con el crecimiento económico y el desarrollo empresarial. El segundo PD (2005-2008) supone un avance mayor al establecer unos criterios para las asociaciones público-privadas y contemplar la oportunidad de dotar a los proyectos de un horizonte temporal a más largo plazo con la participación de las empresas. Estos criterios se relacionan con la compatibilidad del proyecto con los objetivos de desarrollo, la complementariedad de esfuerzos a favor de la eficiencia en las intervenciones de ambos socios, la necesidad de que la empresa contribuya con recursos financieros y/o humanos al proyecto, el concepto de neutralidad competitiva e información a todas las empresas y por último la noción de subsidiariedad. Se habla de la necesidad de establecer experiencias piloto, en los mismos términos en los que se habla en el tercer PD (2009-2012), lo que supone que el avance en esta premisa está siendo lento. Si bien se insta a que la empresa sea un nuevo actor de peso en la CID, la necesidad de vencer inercias tradicionales y adaptar el uso de instrumentos específicos, ha dilatado el proceso en el tiempo. Finalmente, en el año 2010 se dio forma a una de estas experiencias pilotos, con la firma de la entonces Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de una “declaración de intenciones” con empresas y ONGD españolas36, con la voluntad de constituir una 36

Las empresas participantes son Fundación Microfinanzas BBVA, Grupo Santillana y Telefónica Internacional. Por su parte, las ONGDs son Ayuda en Acción, Entreculturas – Fe y Alegría, Fundación Ecología y Desarrollo y Solidaridad Internacional.

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APPD en Perú. El proyecto, denominado “Alianza público-privada para el desarrollo y fortalecimiento institucional y de capacidades de la provincia de Acobamba, región de Huancavelica, Perú” tiene un carácter multisectorial, con actuaciones previstas en agua y saneamiento, educación y telecomunicaciones, desarrollo rural y forestal, y fortalecimiento institucional. A esta alianza se han sumado también las autoridades locales. El proyecto está todavía en una fase incipiente, no habiéndose establecido los principios y criterios comunes de actuación de los socios hasta febrero de 2012. Otro avance en la consolidación teórico-metodológica lo supone la estrategia de asociación a escala país creada por la cooperación española, denominada Marcos de Asociación37. En ella, junto al resto de actores tradicionales de CID, se incluye al sector privado, que, según la metodología publicada por el MAEC, debe cumplir una serie de condiciones38 para su participación en las intervenciones de CID, diferenciadas a nivel de empresa, de gobierno –tanto el español como el local– y de la sociedad civil del país socio. Por otra parte, en 2011 se lanzó una línea específica de la convocatoria abierta y permanente destinada a la participación empresarial. No parece casual que en momentos de restricción presupuestaria pública se apueste por incentivar a las empresas creando una nueva línea de financiación desde la política de cooperación estatal. A pesar de que cuenta con unas características restrictivas, como se explicará en el siguiente epígrafe, y de basarse en una serie de criterios de elegibilidad, así como la obligación de aportar fondos privados hasta el 50% del total del proyecto, no han sido pocas las voces que se han levantado en contra de esta subvención. El apoyo a organizaciones privadas se ha considerado en detrimento de las organizaciones sociales, reavivando de nuevo la desconfianza de una parte de la sociedad hacia el sector privado en cuestiones de cooperación al desarrollo.

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Los Marcos de Asociación parten de los anteriores Documentos de Estrategia País (DEP), constituyéndose en un proceso de participación amplia en el país socio, basado en los principios de eficacia de la ayuda y enmarcándose en un ciclo de gestión integral basado en la gestión de resultados para el desarrollo. 38 Estas condiciones pueden ser consultadas en el Anexo 2.

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II. INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA “PROMOTORES” DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS La CID se vale de unas herramientas para canalizar la financiación pública de la ayuda al desarrollo. A este respecto, los principales instrumentos a los que puede acogerse la colaboración con empresas privadas, han sido creados desde la política central de cooperación española, ejecutados por tanto a través del MAEC, mediante la AECID, y el Ministerio de Economía y Competitividad.

La nueva convocatoria abierta y permanente Conocida como la CAP, este instrumento de la AECID tiene como objeto, siguiendo la definición publicada en su convocatoria39: la financiación de proyectos o actividades de iniciativa particular en materia de cooperación al desarrollo, como pueden ser la promoción económica y social, cultural, técnica, científica, profesional, asistencial, de sensibilización y difusión de la cooperación internacional para el desarrollo, que podrán realizarse tanto en España como en el extranjero. Su finalidad es la de contribuir al crecimiento y el progreso de los países en vías de desarrollo.

La convocatoria del año 2011, estructurada en líneas prioritarias de actuación, establece para el segundo procedimiento una línea de cooperación empresarial, línea específica para financiar iniciativas orientadas al desarrollo basadas en la cooperación de la AECID con el sector empresarial40. A tal efecto, el objetivo último es la lucha contra la pobreza, por lo que las actuaciones tienen que estar alineadas con los

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Boletín Oficial del Estado núm. 119, de 19 de mayo de 2011.Boletín Oficial del Estado núm. 119, de 19 de mayo de 2011. 40 La AECID cuenta también con una convocatoria anual para subvencionar proyectos de ONGD. En las convocatorias de los años 2008 a 2010 se incluía una línea específica destinada al “Apoyo a la creación de nuevas iniciativas de Alianzas Público-Privadas para el desarrollo con socios empresariales”. Dirigida a las intervenciones lideradas por ONGD, la convocatoria no aportaba mayor información ni incluía especificaciones como sí ocurre en la CAP. En 2011 esta línea no ha sido incluida en la convocatoria de proyectos ONGD. La AECID cuenta también con una convocatoria anual para subvencionar proyectos de ONGD. En las convocatorias de los años 2008 a 2010 se incluía una línea específica destinada al “Apoyo a la creación de nuevas iniciativas de Alianzas Público-Privadas para el desarrollo con socios empresariales”. Dirigida a las intervenciones lideradas por ONGD, la convocatoria no aportaba mayor información ni incluía especificaciones como sí ocurre en la CAP. En 2011 esta línea no ha sido incluida en la convocatoria de proyectos ONGD.La AECID cuenta también con una convocatoria anual para subvencionar proyectos de ONGD. En las convocatorias de los años 2008 a 2010 se incluía una línea específica destinada al “Apoyo a la creación de nuevas iniciativas de Alianzas Público-Privadas para el desarrollo con socios empresariales”. Dirigida a las intervenciones lideradas por ONGD, la convocatoria no aportaba mayor información ni incluía especificaciones como sí ocurre en la CAP. En 2011 esta línea no ha sido incluida en la convocatoria de proyectos ONGD.

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objetivos definidos por los países socios en sus planes de desarrollo, siguiendo los principios de la Declaración de París. Esta línea responde a una demanda solicitada desde hace tiempo desde el sector empresarial (Abad, F., Coordinador General de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, entrevista personal, 31 de enero de 2012), ampliando y matizando la posibilidad que ya existía en la CAP de presentación de propuestas por parte del sector privado. Esta nueva convocatoria ha estipulado como principales áreas de actuación las acciones que favorezcan la creación de empleo y la iniciativa empresarial preferentemente en el colectivo de mujeres, el fortalecimiento del tejido empresarial local, la creación de capacidades productivas y el refuerzo de las cadenas de valor, la incidencia y promoción de buenas prácticas empresariales, entre otras. Podían optar a subvenciones –cuyo límite estaba estipulado en 200.000 euros–, las fundaciones empresariales y/o asociaciones empresariales sin ánimo de lucro y empresas privadas con una antigüedad mínima de dos años que, adicionalmente, declarasen su no actuación en fabricación y venta de armas, utilización directa o indirecta de trabajo infantil, utilización de trabajo forzado o en régimen de esclavitud, prácticas antisindicales, actuaciones tipificadas como soborno y corrupción y actuaciones contra el medio ambiente. Del mismo modo, las actuaciones deben adecuarse a una serie de criterios relacionados con la experiencia del solicitante en el sector y país, relevancia de la actividad en base a su adicionalidad, transferencia de tecnología y criterios de RSE, así como pertinencia y viabilidad de la actividad y su grado de complementariedad con otras acciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo en terreno.41

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La información completa se recoge en la Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Presidencia de la AECID, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011. Puede consultarse en el Anexo 3.

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Tabla 1: Acciones financiables a través de la CAP Desarrollo de capital humano Acciones que favorezcan la creación de empleo y la iniciativa empresarial, preferentemente en el colectivo de mujeres Fortalecimiento del tejido empresarial local, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de economía social y/o asociativas Impacto positivo en el medioambiente Diálogo y concertación social Incidencia y promoción de buenas prácticas empresariales Creación de capacidades productivas y refuerzo de las cadenas de valor Provisión de productos y servicios para poblaciones pobres, desfavorecidas y excluidas Fomento de la integración laboral y de la empleabilidad de las personas con discapacidad Fuente: elaboración propia a partir de la convocatoria publicada por AECID

Los gráficos expuestos a continuación recogen la variedad de empresas, sectores y áreas geográficas de desarrollo de los proyectos42. La mayoría de los proyectos (31%) se contextualizan dentro del sector crecimiento económico43. Para una mejor comprensión, se han especificado aquellos proyectos de emprendimiento empresarial que tienen como población meta a colectivos de especial vulnerabilidad en los países socios, mujeres y personas discapacitadas. En cuanto a la modalidad de empresas, destacan las ingenierías. Por su parte, el área geográfica predominante es América Latina (46%), coincidiendo con la característica de la cooperación española. África Subsahariana es la siguiente región con más proyectos, destacando Etiopía, país donde existen condiciones adecuadas para realizar proyectos empresariales por su estabilidad política y social y la experiencia prolongada en CID, factores que incrementan las posibilidades de impacto.

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La relación de subvenciones concedidas puede consultarse en el Anexo 4. Bajo la denominación de “crecimiento económico” se han agrupado aquellos proyectos relacionados con capacidades emprendedoras, de comercialización de productos y fomento del asociacionismo.

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Gráfico 3. Modalidades de empresas beneficiarias CAP 2011

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4. Sectores de intervención de los proyectos aprobados en la línea de cooperación empresarial CAP 2011

Fuente: elaboración propia

Gráfico 5. Área geográfica de intervención de proyectos aprobados CAP 2011

Fuente: elaboración propia

De la reserva de crédito inicial para esta línea, por importe de 3 millones de euros, se ha subvencionado un total de 3.067.415,90 euros. Al contextualizar los datos, esta primera aproximación a la colaboración directa entre Administración Pública y empresa es muy discreta. El presupuesto total del año 2011 de la AECID ha sido de

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862.487.49244 euros. De esta cantidad, el importe ejecutado a través de convocatorias de concurrencia pública ha sido de 207.786.031 euros45, de los cuales corresponde a la CAP 43.700.000 euros –distribuidos entre nueve líneas de actuación. De este modo, el importe ejecutado a través de este instrumento supone un 21% del presupuesto para subvenciones de concurrencia pública de la AECID, y lo reservado a empresas, por primera vez con línea de financiación específica desde el mes de mayo de 2011, es un 6,8% del presupuesto de la CAP y apenas un 1,4% del total para subvenciones. Recientemente, este instrumento ha sido modificado46, pasando a denominarse “acciones de cooperación para el desarrollo”. Entre los cambios que plantea, dejan de ser candidatos como beneficiarios de subvenciones las personas físicas, por lo que todo parece indicar que no afectará al paso dado con respecto a la financiación de actividades empresariales. Sin embargo, habrá que esperar a la próxima convocatoria47 para comprobar si se sigue avanzando en ello o si se cumplen los pronósticos menos optimistas de recorte de subvenciones ejemplificados con las recientes resoluciones que dejaban sin efecto la convocatoria de convenios ONGD48 y la de lectorados49.

El extinto Fondo de Ayuda al Desarrollo El FAD nació en 1976 con una doble finalidad, como instrumento de apoyo a la internacionalización de la empresa española y también con el objetivo de favorecer el desarrollo de los países beneficiarios de su financiación, ligada a la compra de bienes y servicios españoles. A este respecto, se realizaban créditos bilaterales de Gobierno a Gobierno, de tipo concesional. Surgió siguiendo las directrices en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial de la OCDE y de forma paulatina fue ampliando sus objetivos. En la medida en que la cooperación española iba asumiendo un papel cada vez mayor, también crecían las competencias del FAD. De este modo, llegaron a 44 Previsión

presupuestaria recogida en el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011 (PACI) diferencia se corresponde con las aportaciones realizadas a subvenciones a OOII, subvenciones de Estado, reserva presupuestaria para Acción Humanitaria y gastos de personal y de gestión. 46 Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. 47 Esta convocatoria habitualmente se publica en el primer trimestre del año, salvo en 2011 que se publicó en mayo. Al cierre de esta investigación no se ha realizado una nueva convocatoria. 48 https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/convocatorias/subvenciones-ongdconvenios/subvenciones-conveniosONGD-2012-2015/conveniosONGD-2012-2015-AnulConv.pdf 49 https://www.aecid.gob.es/galerias/descargas/convocatorias/becas-lectorados/becaslectorados-2012-2013/Lectorados-2012-2013_mod_conv.pdf 45 La

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financiarse a través del mismo, acciones de ayuda humanitaria o contribuciones a fondos de organismos multilaterales de desarrollo, tanto financieros como no financieros. Este aspecto hizo que el fondo fuera durante años duramente criticado por diversos actores de la cooperación española, así como por instituciones multilaterales como el CAD de la OCDE, quien en el Informe Interpares50 realizado en 2007 a la cooperación española, instaba a su reforma. Será con la aprobación de las respectivas Leyes del FONPRODE y el FIEM, ambos en 2010, cuando el doble objetivo del FAD, de promoción de la empresa española y de ayuda al desarrollo, sea definitivamente desglosado. De esta manera, se da cumplimiento a las directrices del CAD de desligar la AOD.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo El FONPRODE surge también en un momento de crisis, como ya lo hiciera el FAD, adaptado a los nuevos retos de la política de cooperación española, a la que dota de un canal financiero que se amolda a los requisitos de la “nueva agenda de la ayuda”51. Se detrae cualquier finalidad de tipo comercial de las ayudas gestionadas a través del fondo, de la misma manera que esta ayuda canalizada vía FONPRODE carecerá de carácter ligado. La financiación que permite el fondo es diversa, desde proyectos y programas de desarrollo con carácter de donación de Estado a Estado, contribuciones financieras a programas de desarrollo y organismos multilaterales de desarrollo internacionales no financieros a aportaciones a fondos globales y fondos fiduciarios constituidos o por constituir en organismos multilaterales no financieros, aportaciones a fondos en instituciones

financieras

internacionales

y

aportaciones

a

programas

de

microfinanzas, así como la adquisición temporal de participaciones directas o

50

Los países miembros del CAD realizan un proceso de evaluación interna entre sí, en la que cada tres o cuatro años la política de cooperación internacional de un estado miembro es examinada por otros estados miembros. España ha sido evaluada en tres ocasiones, 2002, 2007 y 2011. 51 Se utiliza el término “nueva agenda de la ayuda” para definir el conjunto de compromisos adquiridos por la comunidad internacional en la gestión de la ayuda al desarrollo y recogidos en la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra, el Consenso Europeo de Desarrollo y el Código Europeo de Conducta basado en la División del Trabajo.

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indirectas de capital o cuasi capital en vehículos de inversión financiera, en los países prioritarios para la cooperación española52. El FONPRODE adopta un código de financiación responsable, que impone el establecimiento de controles rigurosos en materia de impacto –social, ambiental y de género–, con el fin de garantizar la coherencia de las operaciones financiadas con cargo al Fondo con los marcos de planificación de la política de cooperación al desarrollo y los estándares internacionalmente aceptados. A la vez, se ha creado una metodología basada en la gestión para resultados, enfocada desde la identificación al seguimiento y la evaluación. Cuenta con un Comité Ejecutivo al que corresponde la aprobación de las propuestas, formado por diferentes miembros de AECID, MAEC, el ICO y otros ministerios, y las propuestas aprobadas deben ser autorizadas por Consejo de Ministros.

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa Este fondo nace también de la reforma del FAD, dentro del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio53, con el fin de canalizar las políticas de internacionalización de la empresa española. Las ayudas concedidas tienen como objetivo potenciar la competitividad en el exterior, no sólo a través de la exportación de bienes y servicios, sino a las propias estrategias de internacionalización, por lo que no se trata de un instrumento al servicio de la política de cooperación al desarrollo.

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El Anexo 5 recoge las diferentes operaciones financiables con cargo a FONPRODE. En la actualidad, depende de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía y Competitividad.

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Tabla 2: Diferentes modalidades de financiación establecida en la regulación del FIEM

MODALIDADES DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL FIEM Financiación no reembolsable para estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías Financiación reembolsable en términos comerciales o concesionales para operaciones de exportación, suministro y proyectos llave en mano Financiación reembolsable de apoyo a operaciones de inversión en el exterior Fuente: elaboración propia a partir del reglamento del FIEM

Con el objeto de garantizar la coherencia de políticas, especialmente las de cooperación al desarrollo y así contribuir a mantener sus objetivos y resultados, a través del FIEM se tendrá en cuenta el sobreendeudamiento de los países receptores de AOD, no otorgándose financiación reembolsable a los países pobres altamente endeudados54 (HIPC). En cuanto a los países menos adelantados55 (PMA), se tomará como referencia la recomendación de desvinculación de la ayuda del CAD de la OCDE (2001/2008). La propia condición del FIEM como instrumento ligado de apoyo a la empresa española, limita la financiación que pueda dar a proyectos en países HIPC y PMA, centrándose en financiación no reembolsable para estudios de viabilidad, asistencia técnica, ingeniería y consultoría56, abriéndose la posibilidad de colaborar con la AECID a través de sus instrumentos de financiación de carácter desligado. Igualmente, se velará por el cumplimiento de criterios de responsabilidad social corporativa, aplicando normas y principios de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental acordados internacionalmente y las recomendaciones y acuerdos internacionales vinculados con las prácticas anticorrupción.

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Se denomina países pobres altamente endeudados a la lista de 35 países que forman parte de la iniciativa conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que tiene por objeto ayudar a dichos países a alcanzar una situación de deuda sostenible a largo plazo. A esto se contribuye a través de: reducción de la carga de endeudamiento; adopción de programas de ajuste y reforma; reparto equitativo del esfuerzo entre todos los acreedores: bilaterales oficiales, multilaterales y comerciales. Forman parte de los países HIPC Bolivia, Malí, Mauritania y Afganistán, prioritarios para la cooperación española. 55 Los PMA son países que cuentan con los niveles más bajos de esperanza de vida, tasas de alfabetización e ingresos, definidos como tal por Naciones Unidas. 56http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/intrumentosfinancieros-apoyo/financiacion-de-estudios-fiem/PDF/Lineas_orientativas_2012.pdf

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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS APPD EN ESPAÑA I. CONTEXTO DE LAS APPD EN ESPAÑA La actual situación económica se plantea como una oportunidad para avanzar tanto en la responsabilidad como en la sostenibilidad de las intervenciones a llevar a cabo. Desde diferentes foros se asocia la crisis económica con la crisis de la RSE, mientras que otros afirman que ha sido la RSE la que ha fallado a la hora de reducir los riesgos y corregir conductas. Contra estos augurios, la responsabilidad social empresarial cobra una nueva dimensión en los momentos de incertidumbre y cambios como el que estamos viviendo, en los que se hace más necesaria una responsabilidad como política empresarial consolidada, que permita dar respuesta a los escenarios políticos y económicos que exige la regulación de los mercados (Vives, 201057; Informe Forética 201158). Esta etapa, considerada también como de transición de modelo económico, debería corresponderse con la aportación de nuevos modelos en materia de políticas públicas. Con respecto a la RSE, el Gobierno redactó en 2011 la Ley de Economía Sostenible, a la que se define como patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

En este contexto, en el que se regula el desarrollo económico, social y ambiental en igualdad de oportunidades y con carácter inclusivo, el artículo 39 se dedica a la promoción de la responsabilidad social de las empresas. Con el objetivo de incentivar a las empresas, se plantea que las Administraciones Públicas (AAPP) mantengan una política de promoción de la responsabilidad social. Así, deben difundir las buenas

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Introducción realizada por Conde, R. http://www.foretica.org/biblioteca/informes-foretica/doc_details/298-informe-foretica-2011version-extendida-?lang=es

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prácticas existentes y estimular tanto el estudio como el análisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social. Para ello, desde la Administración se avanzará en la publicación de indicadores para la autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como en modelos de referencia basados, entre otros, en la gestión transparente, el buen gobierno corporativo, el respeto medioambiental, el respeto a los derechos humanos y la mejora de las relaciones laborales. También, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la igualdad de oportunidades, así como la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Este primer paso en la articulación de políticas públicas, debería ir acompañado, en el contexto que nos ocupa, de un cambio en el modelo de CID. En los últimos tiempos, la cooperación española al desarrollo está apostando por poner en valor el sector empresarial como una vía de innovación en la política de cooperación (Vives, 2010). Y lo hace en su doble vertiente, tal y como recoge el PD, por su propia actividad empresarial y como actor de la cooperación. Se buscan nuevas herramientas que faciliten la financiación en un momento en el que los recursos públicos están siendo ajustados al máximo. En este contexto, la APPD aparece como vínculo entre la RSE y la CID, como vector que posibilita impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en los países socios de AOD. Las APPD ofrecen diferentes modalidades, en función de las alianzas establecidas y de quién lidere el proceso. La confusión existente con este término, hace que se denominen APPD a diversas formas de colaboración cuyo único nexo es la participación de los sectores público y privado. Este aspecto no se correspondería conceptualmente con una alianza, que supone un compromiso estratégico, una relación dirigida a generar capacidades mayores y a definir objetivos comunes a través de una responsabilidad compartida. De este modo, tiene como fin generar un impacto positivo en el desarrollo y mejorar el acceso a bienes y servicios básicos que afectan a la vida digna de las personas (Casado, 2007). Así, suponen un nuevo modelo de gestión intersectorial cuya génesis parte de la carencia de recursos y financiación para el desarrollo causada por situaciones estructurales –como una inadecuada formulación de políticas públicas -o de situaciones coyunturales– como la ineficacia de los mercados.

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Esta indefinición lleva a autores como Mataix y Sánchez (2011, p. 82), a afirmar que la “APPD se ha ido convirtiendo en una especie de reclamo genérico, que se repite una y otra vez pero que casi cada cual entiende según su propia experiencia o conveniencia”. A este respecto, en el contexto de las APPD queda mucho por definir, sobre todo en cuanto a asunción de competencias. Por un lado, la imprecisión existente hace que en ocasiones se parta de ideas preconcebidas, en las que se establecen roles prefijados a los diferentes actores. De este modo, del sector público se espera que actúe como catalizador y facilitador de iniciativas y alianzas para el desarrollo; de la empresa, que aporte recursos y del tercer sector que establezca las relaciones necesarias con las comunidades. Si se tiene en cuenta su trayectoria, esto debería ser así, pero la base sobre la que se construyan las alianzas no debe ser las conjeturas. Tampoco establecer complementariedades basándose en las propias carencias, sino en aquello que se puede aportar. Conviene recordar que las APPD son un instrumento, no un fin en sí mismo. Por este motivo, es preciso un análisis previo para el establecimiento de las mismas, que conduzca a definir objetivos, metas e indicadores, así como a estipular un sistema de trabajo estructurado en cuanto a funciones, responsabilidades, competencias y relaciones con los beneficiarios para no generar frustración por exceso de expectativas y problemas de sostenibilidad (Domínguez, 2008). En este proceso de identificación está la correcta elección de los socios o partners que formarán parte de la APPD, tarea de cierta complejidad. Recientemente, el Observatorio de RSC ha publicado la metodología de una herramienta –denominada RSC Escáner 1.0– dirigida a la AECID y el establecimiento de APPD. Una herramienta basada en criterios de RSC que le permita evaluar a las empresas seleccionadas comprobando sus esfuerzos e impactos en la contribución de los ODM. El objetivo es minimizar los riesgos generados por una selección inadecuada, algo que todavía no está instaurado como metodología en el contexto de la cooperación española59. La identificación también es clave para solventar otros aspectos basados en concepciones predeterminadas, como la falta de confianza entre los actores. Por un lado, parece no existir un reconocimiento sincero de las partes que participan y a los 59 UNICEF cuenta con un proceso similar en el que se identifican los criterios acordes a sus políticas a la hora de establecer sus alianzas (Junquera, C., responsable de alianzas corporativas, entrevista personal, 21 de enero de 2012)

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tres sectores les cuesta respetar y entender los intereses de los otros agentes (Casado, 2008). Por otro, la propia práctica de la cooperación española, en la que no han existido ejemplos de colaboración estratégica con las empresas, ha determinado una falta de conocimiento mutuo, de establecer un lenguaje común y adecuados canales de comunicación (Mataix, et al., 2008). Estos puntos, extraídos de la bibliografía reciente sobre el tema, han salido a colación en los resultados del cuestionario elaborado para este estudio y que se plantea a continuación.

II. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS APPD EN ESPAÑA La colaboración con el sector privado se ha ido gestando a través de nuevas herramientas identificadas por donantes bilaterales y multilaterales. Como se ha visto en los epígrafes anteriores, primero se ha avanzado en la definición del corpus teórico que lo sostiene para, paulatinamente, sentar las bases metodológicas y operativas a través de instrumentos y convocatorias de financiación. Este trabajo centra su atención en la experiencia de la cooperación española y la participación de la empresa en las APPD en España. Para ello, se ha realizado un formulario60 difundido entre una selección de actores españoles que participan en el sistema de CID. Los participantes representan a la Administración pública, tanto estatal como autonómica, al tercer sector y al sector privado. Las entidades privadas se diferencian entre empresas, confederaciones empresariales y entidades financieras. Éste ha sido el colectivo con un porcentaje de participación mayor al ser la empresa el objeto de estudio.

Gráfico 6. Clasificación de actores participantes en la encuesta

Fuente: elaboración propia 60

El Anexo 6 presenta la relación de actores participantes en la encuesta y el cuestionario distribuido.

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Esta metodología ha permitido obtener datos primarios sobre las tendencias actuales en materia de APPD en España. Por un lado, se ha querido establecer la posible motivación de los diferentes actores a la hora de construir dichas alianzas. Por otro, se ha indagado sobre cuál es su percepción acerca de las ventajas y riesgos de las mismas. Y por último, se ha solicitado su valoración sobre las APPD a través de sus propias experiencias. Para ello, se ha estructurado el cuestionario en tres partes, definidas de la siguiente manera: i) Nivel estratégico: a través del cual contrastar el concepto sobre APPD y posicionamiento de los actores implicados. ii) Nivel operativo: con el objeto de verificar tendencias de actuación y difusión. iii) Experiencias en intervenciones concretas.

La primera de las preguntas planteadas tiene como finalidad conocer la noción que del término APPD tienen los actores participantes del estudio, y a su vez, protagonistas de este instrumento. En el capítulo tercero se ha indicado que se trata de un término sobre el que no existe un consenso claro, algo que se ha constatado en las respuestas dadas. De este modo, el 40% de los encuestados ha presentado una definición clara del concepto, mientras que la definición del 27% es aproximada. Por el contrario, existe un 20% que presenta una definición confusa del término y otro 13% se ha basado en definiciones oficiales61. Así, aunque, como se verá más adelante, la mayoría de los participantes afirma contar con experiencias de APPD, menos del 50% define el término de forma concisa. Tras este punto, y una vez establecido el concepto sobre el que se basa el cuestionario, el paso siguiente pretende verificar la situación de las entidades encuestadas en cuanto a organización interna y política. Los resultados a esta segunda pregunta están muy igualados, contando el 43% con un departamento específico de CID y también un 43% un departamento de RSC. Por su parte, un 7% de los actores participantes en el estudio cuenta con un departamento de APPD y el 7% restante señala como

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Se ha tomado como referencia de definición clara de APPD aquella que contiene en su descripción la mención a la alianza entre diversos actores privados y públicos, dirigida al desarrollo y con alusión a un término de gestión conjunta.

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alternativa “Otros”, sin especificar. En cuanto a la existencia de una política definida en la materia –pregunta 3–, tanto la RSC como la CID destacan con un 40% y un 38% respectivamente. Además, para el 100% de los encuestados ambos puntos ofrecen un valor añadido a su organización –pregunta 4– en términos como la mejora de la estructura organizativa (33%) y la base para garantizar la sostenibilidad de la organización y sus actuaciones (20%). Otros valores que se tienen en cuenta son la consideración de creación de oportunidades, la instauración de espacios de trabajo y colaboración y la generación de conocimiento. Gráfico 7: Grado de especialización de organizaciones participantes en la materia Existencia de departamento en organización de: 7%

Existencia de política de:

7% RSC

6% RSC

16%

43% Cooperación Internacional

40% Cooperación Internacional

APPD 43%

APPD

Otro

Otro 38%

Fuente: elaboración propia

A partir de este punto, las cuestiones planteadas pasan del nivel estratégico al operativo, preguntando sobre la participación en intervenciones de cooperación al desarrollo –el 89% ha dado una respuesta afirmativa– y el grado de satisfacción con las mismas. Para esta pregunta se ha establecido una escala de valores del 1 al 5, en la que el 1 es la puntuación mínima y el 5 la máxima. Como resultado, la proporción es del 13% para un valor 3; del 47% para un valor 4 y del 40% para un valor 5. Esto es indicativo de una apreciación elevada en cuanto al grado de satisfacción con las experiencias de CID por parte de los actores encuestados. Gráfico 8: Grado de satisfacción de los actores participantes en estudio con las intervenciones de CID

Fuente: elaboración propia

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La pregunta 7 solicita a los participantes en la encuesta ordenar en grado de importancia una serie de puntos preestablecidos como los más valiosos para su organización, dando la posibilidad de incluir otros. La tabla 3 recoge las respuestas dadas por los participantes. Así, de las diferentes opciones, la mayoritaria ha sido la de “contribuir al crecimiento económico de un país en vía de desarrollo con un esfuerzo solidario” –el 60% le ha dado la máxima puntuación y el 13% la segunda puntuación más alta–, seguida de intercambio de experiencias y potencial de enriquecimiento –con un 27% de la máxima puntuación y un 20% de la segunda más alta.

Tabla 3: Aspectos considerados más valiosos por las organizaciones como agentes de CID.

Fuente: elaboración propia

La pregunta 8 plantea como cuestión si se establecerían alianzas con otros actores. El 100% de los encuestados ha dado una respuesta afirmativa para aliarse con ONGD, el 94% también lo haría con organismos públicos, y una alianza que cuente con la participación de los tres agentes, sector público, privado y sociedad civil, sería establecida por el 88% de los participantes. El punto subsiguiente –pregunta 9– pretende analizar cuál es el grado de importancia establecido por los participantes para posibles problemas habituales en el contexto de las APPD. En la tabla siguiente –en el que el 1 es el valor mínimo y el 6 el valor máximo– puede comprobarse la escasa uniformidad de las respuestas, siendo la

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confianza el problema mayoritariamente detectado, seguido de la coordinación entre actores.

Tabla 4: Problemas habituales en el contexto de las APPD. Percepción de los actores participantes en el estudio (porcentaje de respuestas dadas) Orden Problemas de liderazgo delegación de competencias

1

2

3

4

5

6

7%

7%

7%

33%

20%

13%

Coordinación entre actores

7%

13%

7%

27%

13%

33%

Cumplimiento de cronogramas (de desembolsos y ejecución)

0%

40%

13%

20%

7%

7%

Confianza

7%

33%

7%

0%

7%

40%

Asunción de responsabilidades

0%

7%

40%

20%

20%

0%

Otros

33%

0%

0%

0%

0%

0%

y

Fuente: elaboración propia

A la pregunta sobre qué puede ofrecer la empresa en el contexto de las alianzas –pregunta 10–, las respuestas son también muy variadas. Destaca la aportación de know-how, con un 34% de las valoraciones, seguida de la contribución de las empresas con recursos económicos (15%), eficacia (15%) e innovación (11%). También se han identificado valores como la capacidad de influencia de las empresas (7%), la profesionalidad (7%), la generación de empleo (7%) y la eficiencia (4%). Gráfico 9: Percepción sobre el valor añadido de la empresa en las APPD.

influenci a

Fuente: elaboración propia

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Contextualizando las alianzas en el momento actual –pregunta 11–, el 88% de los encuestados considera que sí es un momento idóneo para establecer APPD, frente al 12% que no lo estima así. Las razones argüidas a favor parten de la necesidad de establecer sinergias (44%) además de la capacidad de la empresa de aportar recursos (22%), así como la eficiencia y gestión eficaz de dichos recursos (28%). Un 6% de las respuestas se vincula con el interés de las propias empresas de los países en desarrollo. Los motivos en contra se refieren a los diferentes ritmos de los actores implicados y la desconfianza existente, así como considerar la crisis económica un elemento negativo para establecer alianzas. El siguiente nivel de concreción en cuanto a las preguntas planteadas en la encuesta, pretende detectar cuáles son, a juicio de los actores encuestados, las principales ventajas e inconvenientes de establecer APPD. En ambos casos, se ha producido una gran variedad de respuestas, que se sintetizan de la siguiente manera: En relación a las ventajas que ofrecen las APPD, la tabla 5 recoge la diversidad de respuestas recogidas. De entre ellas, destacan aspectos relacionados con la complementariedad entre actores (17%), la experiencia y profesionalidad técnica (15%); la capacidad de establecer sinergias, aumento de la eficacia, mayor eficiencia, aprendizaje mutuo e incremento de la sostenibilidad –10% respectivamente–. Por su parte, de entre los inconvenientes destacan aquellos que se refieren a problemas de confianza (15%); metodologías diferentes de trabajo así como distinta cultura organizacional (13%); dificultad de establecer objetivos comunes (13%) y problemas de coordinación (11%), repitiéndose así algunos de los puntos ya detectados en cuestiones previas.

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Tabla 5: Ventajas e inconvenientes de las APPD según encuesta realizada: VENTAJAS que aportarían a las APPD los actores participantes Complementariedad entre actores Experiencia técnica/profesionalidad Establecimiento de sinergias Aumento de la eficacia Mayor eficiencia Aprendizaje mutuo Incremento de la sostenibilidad de intervenciones Riesgos compartidos Recursos: económicos, técnicos y humanos Transferencia de tecnología Posibilidad de acceder a nuevos mercados Fortalecimiento de instituciones socias Beneficio social directo Contactos Sensibilización social

las

INCONVENIENTES/RIESGOS de las APPD Falta de confianza: hacia las empresas y en los políticos y organizaciones públicas Dificultad de establecer objetivos comunes Metodologías de trabajo diferentes Problemas de coordinación Problemas de liderazgo Indefinición de la alianza (falsas expectativas, conflicto de prioridades) Conflicto de intereses Complejidad del proceso Dicotomía lucro vs. desarrollo Escasez de recursos de las AAPP Límites temporales diferentes Confusión: actuación social vs. servicio público

Fuente: elaboración propia a través del análisis de la encuesta

La última parte del cuestionario, plantea preguntas exclusivas para intervenciones materializadas de CID. Lo primero que se ha determinado es el grado de experiencia de los actores consultados en intervenciones de APPD. El 40% había realizado menos de cinco intervenciones, mientras que el 60% restante, de forma equitativa, ha participado en horquillas entre 5 y 10, entre 10 y 20 y más de 20.

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Gráfico 10. Número de proyectos realizados de APPD

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los sectores en los que se han realizado acciones de CID, son muy variados. Se ha hecho una clasificación siguiendo la estandarización del CAD62, destacando los sectores siguientes: 321.Industria, 150.Gobierno y sociedad civil (incluye género) y 140.Abastecimiento y depuración de agua. Para la materialización de las intervenciones, el instrumento más numeroso del que se han valido los participantes en la encuesta es el convenio (36%), seguido de los proyectos (29%) y asistencias técnicas (21%). Existen también modalidades más específicas a través de la creación de comités de gestión (7%) y la participación en fondos de capital (7%). A la pregunta de qué agente se considera el complemento natural de la propia organización en las intervenciones de APPD, destacan las habituales de este nuevo instrumento, en igual proporción: sector privado (25%), ONGD (25%) y Administración Pública (25%). También aparecen posibilidades como la de aliarse con un organismo independiente, un organismo internacional o una asesoría técnica – con un 8% de respuestas cada una de ellas. Esta misma pregunta, enfocada al sector de actividad, ha generado diversidad y amplitud de respuestas, destacando los sectores productivos (30%), seguida de lejos por agua, medio ambiente, derechos humanos, infraestructuras, salud, crecimiento económico y consultoría –10% respectivamente. En el cuestionario se han realizado preguntas relacionadas con el grado de concreción en cuanto a la gestión de resultados, lo que conlleva la realización de evaluaciones y las percepciones extraídas de las mismas. De este modo, el 80% de los encuestados

62

El CAD de la OCDE cuenta con una clasificación por sectores que permite obtener datos estadísticos de los flujos destinados a AOD. El sistema cuenta con un amplio consenso por parte de la comunidad internacional para su utilización, lo que permite medir de forma comparativa los esfuerzos realizados en materia de CID por los diferentes países.

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afirma haber realizado evaluaciones de los proyectos de APPD, predominando un grado de satisfacción alto (gráfico 11).

Gráfico 11. Grado de satisfacción de los proyectos de APPD tras evaluación Grado de satisfacción: 1 Grado de satisfacción: 2 Grado de satisfacción: 3 Grado de satisfacción: 4 Grado de satisfacción: 5

Fuente: elaboración propia

También se ha preguntado sobre el aumento de la eficacia y la eficiencia de los proyectos a través de las APPD, aspectos que los actores participantes en el estudio valoran a un nivel intermedio, no contando con percepciones negativas –o puntuables a la baja– al respecto, tal y como se refleja en la tabla 6.

Tabla 6: Incremento de eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos a través de APPD

Fuente: elaboración propia

La última pregunta del cuestionario versa sobre la transparencia y sobre si los participantes serían partidarios de dar a conocer su experiencia a través de un estudio de caso. Un porcentaje muy significativo de los mismos, el 61%, ha manifestado su conformidad a la hora de aportar dicha experiencia para un caso práctico. En base a ello, y con el fin de profundizar en la práctica de APPD en la cooperación española, se solicitó información concreta para realizar un estudio de caso. Sin embargo, los actores contactados remitían a lo publicado en sus respectivas páginas webs como información adicional, sin ser partidarios de compartir otros documentos como el resultado de posibles evaluaciones de proyectos realizadas.

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Aspectos relevantes del estudio El estudio, basado en el análisis de los cuestionarios recibidos y las entrevistas personales mantenidas, ha permitido extraer los siguientes puntos clave: 1.- Escasez de información relativa a las APPD Se ha detectado una falta de información generalizada, tanto a la hora de contactar con los posibles participantes para el estudio, como en el momento de evaluar los resultados del mismo, no asociable a un único factor. El mayoritario, es la constatación de que no está consolidada una visión estratégica sobre las APPD, al menos, no está acompasada con el nivel operativo, siendo las experiencias muy recientes y viviendo una fase de asentamiento y consolidación sobre la que se están construyendo las diferentes alianzas. Esta falta de visión estratégica se relaciona con varios aspectos, entre ellos no considerar beneficios específicos para cada miembro, además de los beneficios comunes. Sólo un 18% de los participantes en el estudio hablan de beneficios, algo que es consustancial a toda alianza con el fin de garantizar un compromiso continuado de los miembros, y por tanto de su sostenibilidad63. Mientras las agencias de cooperación, como gestoras de políticas públicas, tienen una base teórica más avanzada, empresas y organizaciones empresariales están en un proceso de cambio con respecto a sus políticas de RSC y su posición ante las APPD. No se trata de políticas empresariales cerradas, sino que están en continua evolución. De este modo, se está pasando de un modelo que se inició sobre todo a través de relaciones filantrópicas –con ONGDs y OOII fundamentalmente– o con prestaciones puntuales de asistencia técnica, a convertirse en actores de facto sobre el terreno. Por su parte, la sociedad civil organizada lleva tiempo buscando un giro a sus políticas de financiación, intentando dejar de ser dependientes de las AAPP, grado al que, a pesar de los riesgos financieros que conllevaba, se había llegado en exceso. 2.- Metodología imprecisa

63

Sobre esta necesidad de relacionar beneficios y alianzas se pronuncia también Tennyson (2003)

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No se han detectado patrones de APPD entre las diferentes agencias de cooperación de España. A pesar de lo que se afirma tanto en sus respectivas legislaciones como planes directores, hasta ahora no se han producido grandes avances con respecto a la colaboración con empresas. La AECID, como organismo de la Administración central, podría convertirse en abanderada. Por ahora, su actuación se focaliza, como se ha dicho en páginas precedentes, en la creación de un nuevo instrumento para empresas –la nueva línea de la CAP–, la posibilidad que aporta el FONPRODE y la creación de un área, en el Departamento de Cooperación Sectorial y de Género64, dedicada a cooperación empresarial y sectores económicos productivos, además de la experiencia piloto de APPD que está conformándose en estos momentos. Del mismo modo, existen avances en la cooperación descentralizada de colaboración con entidades empresariales para promover el desarrollo, como la línea de financiación que está creando la Comunidad de Madrid con entidades como la Caixa, para fomentar el emprendimiento social (Rodríguez-Montoya, P., técnico DG Dirección Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, entrevista personal, 17 de febrero de 2012). La encuesta realizada ha permitido constatar cómo una de las cuestiones clave es la identificación, tanto de objetivos comunes a todos los miembros de la alianza, como de los beneficios que dicha unión reportaría a cada uno de los actores. Este proceso debe aplicarse también para los compromisos, responsabilidades y riesgos a asumir por cada una de las partes. Las alianzas implican unos altos costes de transferencia – humanos, técnicos, económicos y de oportunidad– generados por la dificultad de establecerlas. Por este motivo, una clave para el éxito es que las acciones no sean puntuales, sino que busquen el medio y el largo plazo, para maximizar los impactos de desarrollo, realizar un seguimiento en términos de resultados de desarrollo y, a su vez, rentabilizar dichos costes. 3.- Variedad de alianzas Las alianzas surgen de una amplia variedad de contextos y con objetivos diferentes. Es más, aunque tanto en su definición como en su elección se apuesta por una APPD en la que los actores involucrados deben ser al menos dos, público y privado, la encuesta 64

El Departamento de Cooperación Sectorial surge con la reforma de la AECID, dotando a la Agencia de expertos sectoriales encargados, entre otras funciones, de proponer procedimientos y de contribuir a una cultura de trabajo sectorial sobre la tradicional visión geográfica.

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recoge ejemplos de alianzas con un matiz totalmente privado, al aliarse una ONGD con una empresa. Estos casos suelen contar con participación de los gobiernos locales, basados en el principio de apropiación de la Declaración de París, pero sin establecer alianzas propiamente dichas. Algunos ejemplos cuentan con una mayor definición, como el propuesto por CODESPA que trabaja en un modelo de colaboración con las empresas para canalizar la RSC hacia el Desarrollo. Lo que definen como RSC + D, consiste en generar sinergias entre empresas y ONG a través de un diálogo continuo, con el fin de diseñar y ejecutar proyectos de RSC que generen oportunidades para el desarrollo de capacidades de las personas de los países socios. Más allá de la mera financiación, consiste en aprovechar su know-how y recursos humanos para generar oportunidades que puedan ser canalizadas para impulsar el crecimiento económico y social de dichos países65. El siguiente gráfico recoge la proporción de proyectos liderados por los diferentes actores, en función de la información facilitada66.

Gráfico 12 Relación de ejemplos de APPD de los actores participantes en encuesta

Fuente: elaboración propia

65

CODESPA aplica este modelo a la creación de productos y servicios para la base de la pirámide, a través de la puesta en marcha de negocios inclusivos basados en al agenda del trabajo decente y el desarrollo sostenible. 66 La mayor proporción de proyectos liderados por empresa es aplicable únicamente al estudio realizado, donde se ha producido un alto grado de participación de la misma.

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4.- Características de los actores El análisis de la encuesta ha permitido establecer las principales características que definen a cada uno de los actores participantes en las APPD: Las AAPP resultan un elemento clave por su papel institucional y político que permite consolidar las APPD. Su condición de gestores de servicios sociales es básica para que los proyectos de APPD sean sostenibles, de la misma manera que resulta fundamental su capacidad para provocar cambios estructurales a través de la legislación, que contribuyan a la consolidación de dichos cambios. Por su parte, existe un consenso común en la capacidad de la empresa para innovar, gestionar de forma eficaz, identificar necesidades y proponer soluciones para colectivos específicos. Destaca también el poder de influencia de las empresas en su entorno, lo que aumentaría su responsabilidad, la velocidad en la toma de decisiones – sobre todo en contraposición a las AAPP– y la mayor capacidad de comunicación, inversión, generación de empleo y uso eficiente de recursos. En cuanto a las ONGD, se valora su cercanía a las comunidades, lo que les permite tener un conocimiento contrastado de sus necesidades y que éstas se apropien67 del proyecto. Sin embargo, mientras que la participación en las APPD de empresas y AAPP se ven siempre necesarias, en este estudio no existe un consenso sobre el papel de las ONGD, sino que las diferentes respuestas lo limitan a diversos condicionantes como su experiencia, su alineación con objetivos y grado de profesionalidad, principalmente. A pesar de que se ha detectado la necesidad de problemas de coordinación –que podría ser llevado a cabo por ONGDs–, su presencia se ve más limitada. Esto podría interpretarse como que aquello que aporta en exclusiva tanto AAPP como facilitadoras, y empresas como generadoras de recursos, se consideran, hoy por hoy, los pilares fundamentales en la construcción de alianzas. Por último, con respecto a las propias APPD, se reconoce que las sinergias establecidas reducen la posibilidad de riesgo. Riesgo que es compartido y por lo tanto menor o más asumible. De la misma manera, permite reducir costes, mejorar el uso de 67

La apropiación, principio derivado de la Declaración de París, supone ejercer el liderazgo sobre la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo. Para ello, es fundamental la participación de las personas, representadas a través de comunidades, en dicho proceso de toma de decisión.

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recursos y maximizar impactos. La tabla 7 recoge aquellos puntos que los participantes en el estudio consideran como el valor añadido que ofrece la empresa en el establecimiento de APPD. Tabla 7: Valor añadido de la empresa en el establecimiento de AAPD según encuesta:

Aportación de know-how Capacidad de influencia en gobiernos y sociedades Contribución con recursos económicos Fuente de innovación Proposición de soluciones Generación de empleo Gestión eficaz Motor de mercado Profesionalidad Orientación a resultados Eficiencia en el uso de recursos Rapidez en la toma de decisiones

Fuente: elaboración propia a través del análisis de la encuesta

61

III. ANÁLISIS DAFO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN LAS APPD Una vez analizada la encuesta y extraídas las principales conclusiones, con el objeto de ofrecer una interpretación práctica de las respuestas obtenidas, se ha elaborado un análisis DAFO como herramienta metodológica que analiza los factores internos o propios de las alianzas, diferenciados entre fortalezas y debilidades, así como los factores externos, ajenos a las APPD pero que pueden afectarla, definidos como oportunidades y amenazas.

Gráfico 13: Análisis DAFO de la participación de la empresa en las APPD según encuesta

INTERNO FORTALEZAS

DEBILIDADES

- establecimiento de complementariedades y sinergias entre actores participantes - se posibilita la apertura de nuevos ámbitos de actuación para los diferentes actores - consolidación de experiencias a través del mutuo aprendizaje - mejora de la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo - posibilidad de compartir riesgos - promoción de fuentes de innovación

- indefinición metodológica y conceptual sobre el término - falta de confianza entre los diferentes actores participantes - diferentes intereses y ritmos de trabajo en la metodología de las organizaciones - falta de coordinación en las APPD - indefinición en el liderazgo de las APPD - percepción negativa hacia los objetivos empresariales en el contexto de CID

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- crisis económica como catalizadora de cambio pro APPD - mayor apoyo del nuevo Gobierno a la parti-cipación empresarial en ayuda al desarrollo - existencia de nuevos espacios de diálogo e interacción - creación de instrumentos específicos para la participación de empresas en CID

- fuerte reducción y escasez de recursos públicos para CID - menor apoyo ciudadano hacia la CID en tiempos de crisis - inseguridad jurídica y dificultades administrativas en los países en desarrollo

EXTERNO Fuente: elaboración propia

Partiendo del análisis de los factores internos a las APPD, lo primero que se detecta es la posibilidad que éstas ofrecen para aunar esfuerzos y establecer sinergias y complementariedades como la primera de las fortalezas. La complementariedad

62

permite una visión inclusiva que suponga un refuerzo positivo y una posibilidad de aprendizaje. De la misma manera, las APPD permiten abrir nuevos ámbitos de actuación para los diferentes actores. Por un lado, la posibilidad para las empresas de abrir nuevos mercados, por otro, ampliar el área de acción de AAPP y ONGD. Esto permite consolidar experiencias a los diferentes actores, enriquecido por el aprendizaje mutuo que supone el trabajo conjunto. Como cuarta fortaleza detectada, estaría la contribución de las APPD a la mejora de la sostenibilidad de los proyectos llevados a cabo, al poner en común la aportación de la empresa en cuanto a inversión y productos, la labor reguladora y facilitadora de la Administración pública y la intervención en la comunidad beneficiaria a través de la sociedad civil. Una sostenibilidad que no se alcanzará mientras no se definan correctamente los diferentes roles y complementariedades a aportar por cada actor. La indefinición conceptual y metodológica que se presenta en el siguiente párrafo como una debilidad, manifiesta que existan estas incongruencias en el análisis de la encuesta. Por último, el hecho de compartir riesgos gracias al trabajo conjunto y el ser fuente de innovación a través de compartir conocimientos y experiencias técnicas, son también fortalezas detectadas para las APPD. Entre las debilidades detectadas, la primera de ellas se relaciona con la dificultad de crear alianzas. La vaguedad metodológica y conceptual sobre el término genera imprecisión y desacuerdo. Esto repercute en que el establecimiento de APPD sea un proceso largo y complejo, que está en fase de gestación, sin una metodología definida. Está, además, íntimamente relacionado con la indefinición jurídica existente en España con respecto a la materia, sin una estructura jurídico-administrativa clara que impulse las APPD. Una segunda debilidad se manifiesta en la falta de confianza entre los diferentes actores participantes. La escasa experiencia de trabajo conjunto acentúa las desconfianzas mutuas, que es necesario resolver a través de mecanismos consensuados por todos. En tercer lugar, se detecta una debilidad vinculada con la sistemática de las APPD. La interacción de diferentes actores, con ritmos de trabajo distintos e intereses diferentes, supone un riesgo interno a solventar. Incluiría la dificultad detectada de establecer compromisos a largo plazo que, desde la perspectiva del sector privado, estaría causado por los cambios de gobierno. Se revela también, una falta de coordinación entre los actores, quedando incluso de manifiesto

63

en los resultados de los cuestionarios que este papel coordinador debería ser externo a la propia alianza, asumiendo también un rol de mediador. La quinta debilidad se relaciona con la indefinición en el liderazgo de la propia alianza. El no establecimiento claro de los papeles, roles y responsabilidades va vinculado a la no definición en cuestión de liderazgo y a ralentizar procesos e iniciativas, lo que repercute tanto en la eficiencia como en la eficacia. Por último, existe una percepción negativa de posibles actores participantes en APPD y de la sociedad civil hacia los objetivos empresariales en el contexto de la CID, que se define por ser solidaria y desinteresada. A este respecto, se pone en duda la coexistencia de intereses de negocio con la contribución al desarrollo de los países receptores de ayuda. Por su parte, en cuanto a oportunidades se refiere, el momento de crisis económica es visto por la mayoría de actores como una oportunidad para establecer alianzas. Supone en sí mismo un elemento catalizador para iniciar nuevos modelos de gestión que sirvan de alternativa a la carencia de financiación y al escaso éxito de fórmulas pasadas. Los diferentes gobiernos, tanto los autonómicos como el central, han manifestado su apoyo a la participación del sector privado en CID. La existencia de nuevos espacios de diálogo e interacción pluriactoral y multisectorial, se presenta como una oportunidad para las APPD. Como se ha mencionado con anterioridad, cada vez son más numerosos los foros en los que participan de manera conjunta el sector público y el sector privado, analizando la situación de la AOD y presentando alternativas. También las propias empresas, como se ha detectado en la encuesta, generan estos espacios de diálogo entre los diferentes grupos de interés. Una última oportunidad detectada, fruto del contexto actual, sería la creación de instrumentos específicos que facilitan la participación de las empresas en CID. En último lugar, las amenazas detectadas pueden dividirse entre las nacionales y aquellas relacionadas con los países socios. Entre las primeras, se plantea la escasez de recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo, no existiendo disponibilidad de fondos para poner en marcha nuevas iniciativas. También se muestra como una dificultad el recelo de la ciudadanía a la participación en CID cuando la vigente situación económica está generando necesidades en España. Este menor apoyo ciudadano no se relaciona por tanto con un aumento de la insolidaridad, sino con un cambio de percepción sobre las necesidades detectadas en el contexto

64

actual. Por último, relacionado con las posibles amenazas que pueden surgir en los países en desarrollo, habría que destacar la falta de seguridad jurídica. Por un lado, esta inseguridad se vincula a la dificultad que pueden encontrar tanto ONGD como empresas de adecuarse al marco jurídico de cada país, donde necesitan acreditarse para poner en marcha todos los instrumentos administrativos que son necesarios para llevar a cabo un proyecto. Por otro, la inseguridad jurídica puede repercutir directamente en la falta de mecanismos judiciales que hagan cumplir los contratos u obligaciones adquiridos en los países en desarrollo, dificultando por tanto la buena marcha de los diferentes proyectos.

65

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Este último capítulo recoge las conclusiones de la investigación derivadas de la encuesta realizada, a través de la participación de la empresa en las APPD. Como se ha dicho anteriormente, en los últimos años aparece en el discurso teórico la necesidad de intensificar las alianzas entre el sector público y el privado. Este discurso se intensifica con el avance de la crisis económica –cuya evolución se está tornando en un cambio en el sistema político y financiero de los países occidentales–, momento en el que se empieza a vislumbrar la enorme dificultad de alcanzar las metas preestablecidas de AOD68. En el contexto actual, la apuesta por el Gobierno hacia el sector privado –y su potencial social– es clara. Este apoyo se ha manifestado desde el inicio de la nueva legislatura, produciéndose a primeros del año 2012 una reunión entre el MAEC y representantes de una treintena de empresas españolas69. El objetivo de dicha reunión, en la que también participaron los titulares de los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo, era potenciar la proyección de la empresa española en el exterior y fomentar la internacionalización de las empresas. Junto a este apoyo político, y como también se ha visto en capítulos precedentes, los instrumentos de la CID que dan cabida a la participación de la empresa han sido reforzados, especialmente en los últimos tres años. Sobre este contexto, esta investigación ha permitido extraer una serie de conclusiones que son presentadas desde lo particular a lo general, respondiendo en primer lugar a los objetivos específicos, cuya resolución confirma el objetivo general del trabajo y éste contrasta la hipótesis inicialmente planteada. Los objetivos específicos a valorar en esta investigación son los siguientes: 1. “¿Es la empresa actualmente un actor complementario a AAPP y sociedad civil en la ejecución de la cooperación española?” 68

El III Plan Director de la Cooperación Española establecía que la meta del 0,7% se alcanzaría en 2012, tres años antes de lo estipulado por la UE. Sin embargo, el PACI 2011 ya reconocía esta imposibilidad, aunque siendo todavía optimista en cuanto a su alcance en 2015. Este año, el borrador del PACI 2012 reduce definitivamente la AOD española al 0,23% del PIB, retrocediendo a niveles de 2005. 69http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/NotasdePrensa/Paginas/5NP20120124.aspx

66

La empresa es un agente complementario en el contexto de la cooperación española. Esta complementariedad se ofrece bajo diferentes prismas, tal y como declaran los actores participantes en el estudio, destacando la aportación de recursos. Recursos de carácter económico, pero también –de valoración más positiva–, recursos humanos y técnicos, que aportan experiencia y especialización. La capacidad de gestión y la visión empresarial, complementan a la tradicional gestión de subvenciones, mayoritaria en la CID. Los aspectos propios de esta visión empresarial, relacionados con el trabajo por objetivos, pueden manifestarse en creación de empleo y competitividad –relacionada a su vez con un proceso de mejora continua–, convirtiéndose en potenciales valores de refuerzo para la cooperación. 2. “¿Cuáles son los factores de oportunidad para la empresa basados en el contexto actual de la CID?” El momento de crisis económica y cambio en la financiación de la política española de CID se presenta como una oportunidad para la empresa. En primer lugar para ser un actor de pleno derecho, y por tanto, de responsabilidades. En segundo lugar, para asumir un nuevo y creciente rol, liderando proyectos de CID y estableciendo nuevos modelos de gestión basados en la gestión empresarial. En tercer lugar, para avanzar hacia una mayor eficacia y eficiencia entre los actores de la CID. Por último, una mayor participación de la empresa contribuye a consolidar las APPD como nuevo instrumento de CID. La encuesta revela cómo la creación de nuevos instrumentos –como la CAP– supone una oportunidad para reforzar la participación de la empresa española en CID. Además, la existencia de una estructura en el exterior, a través de la red de 77 Oficinas Económicas

y

Comerciales

–dependientes

del

Ministerio

de

Economía

y

Competitividad– como instrumento de la Administración española de apoyo a la internacionalización de la empresa, y de las 43 Oficinas Técnicas de Cooperación –dependientes del MAEC– suponen una oportunidad para consolidar experiencias de APPD en los países socios. Este punto enlaza con el apoyo manifestado por el Gobierno tanto a la internacionalización de la empresa como a su participación en el contexto de la cooperación al desarrollo.

67

3. “¿Qué potencial tienen las empresas como agentes de cooperación a través de las APPD?” El sector empresarial destaca por su capacidad de aportar recursos, tanto técnicos, como humanos y económicos70. Esto se relaciona con su capacidad de gestión, valorada especialmente por aportar sistemas de resolución de problemas a través de una respuesta rápida y ágil, frente a los, tradicionalmente, largos procesos de tomas de decisiones de las AAPP, tal y como se desprende de la respuesta de la encuesta realizada. El know-how empresarial permite un mejor uso de los recursos, derivado de una metodología de trabajo por objetivos y una política de recursos humanos altamente cualificados. Este sistema de trabajo basado en la rentabilidad, permite incorporar la eficiencia a los proyectos. La inclusión de la perspectiva empresarial contribuiría en las APPD a que la inversión sea lo más eficiente posible, algo que, si bien es siempre deseable, en un contexto de crisis se hace aún más necesario. La metodología de gestión empresarial, tendente a la eficiencia productiva, favorece la capacidad para innovar, identificar necesidades y proponer soluciones para colectivos específicos. La percepción mayoritaria de los agentes encuestados es que esta gestión estratégica, a la vez que favorece el aprendizaje, se presenta como una fortaleza para el establecimiento de APPD. Por otro lado, la propia condición de la empresa como motor del mercado de trabajo permitiría, en los países en los que actúa, la promoción del tejido empresarial como base para el logro de un desarrollo sostenible. Como objetivo de su responsabilidad social, generaría empleo y riqueza en el contexto de la agenda de trabajo decente, fomentando el emprendimiento local y la creación de oportunidades de negocio entre los empresarios de los países socios. 4. “¿Cuáles son las tendencias de participación de la empresa en las APPD en el contexto de la cooperación española?” Las APPD son una modalidad incipiente en la ejecución de la cooperación española, en la que el 83% de los participantes en el estudio han afirmado contar con experiencia, a 70

Se detecta una relación directa entre el primer objetivo específico, sobre la complementariedad y el tercero, sobre el potencial, lo que refuerza tanto el objetivo general como la hipótesis planteada.

68

través de sus organizaciones, en proyectos de APPD. Según estas afirmaciones, existirían diferentes tendencias en cuanto al tipo de alianza establecida en función de quién lidera la ejecución –AAPP, empresas, ONGD y organismos multilaterales de desarrollo. Sin embargo, la encuesta permite extraer algunas conclusiones al respecto. Así, a pesar de que un 40% de los encuestados ofrece una definición clara del concepto de APPD, en la práctica hablan de dichas alianzas a pesar de que no todas se corresponden con el establecimiento de un acuerdo previo con las entidades participantes en cuanto a objetivos a alcanzar o riesgos a asumir. El análisis de las respuestas dadas en la encuesta, permite establecer diferentes modalidades de APPD definidas por la participación de la empresa: la filantrópica –aportación exclusivamente económica– o la de desarrollo participativo, en el que la empresa aporta recursos humanos –capacitación técnica– para el proyecto. Es el caso concreto de las empresas de carácter técnico que han participado en el estudio, Agbar y Ferrovial. Estos últimos, afirman que las acciones de CID no las realizan en las zonas en las que trabajan71. Con esa premisa ratifican una política de empresa que pretende evitar el estigma de favorecer un perfil público de lavado de imagen72. Sin duda, es una de las mayores controversias que existen entre la opinión pública con respecto a la participación de empresas en acciones de CID con financiación gubernamental. La RSC pretende minimizar este descontento social basado en la mala praxis de algunas empresas en materia medioambiental –dumping ecológico– y en el ámbito sociolaboral –dumping social73. También existen otras modalidades de colaboración –más que de asociación– entre ONGD y empresas vinculadas con el voluntariado corporativo74 o actuaciones

71

Bermúdez, J., Responsable de Acción Social, en entrevista personal 20 de febrero de 2012. En sintonía con autores como Vázquez, O. (2012), que recomienda no realizar proyectos de desarrollo para contrarrestar problemas de reputación por actos ilícitos llevados a cabo en el pasado. 73 Repsol YPF es objetivo de una campaña internacional en contra de la subvención recibida de manos de AECID para llevar a cabo un proyecto en Ecuador. La campaña de movilización social asegura que generará deuda ecológica, lo que no es coherente con los principios de la AOD y los ODM. 74 Dentro de la RSC se fomenta el voluntariado corporativo como una de las líneas fundamentales, favoreciendo la solidaridad de los recursos humanos empresariales. Recientemente se ha publicado el Informe del Voluntariado Corporativo en España 2011, en el que se recoge que el 57% de las empresas encuestadas con más de 500 empleados desarrolla alguna actividad de voluntariado corporativo, siendo la tipología mayoritaria la ayuda directa a través de voluntariado social (82%) http://www.observatoriovc.org/InformeVC2011.pdf 72

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relacionadas con el concepto de “nómina solidaria”75. Se trata de una actitud, la del voluntariado, que se está fomentando no sólo a nivel empresarial, sino en AAPP como la Comunidad de Madrid, que ha modificado el nombre y la organización de su Dirección General dando prioridad al Voluntariado, creando un nuevo site específico76 en el que se fomenta la RSC y el voluntariado corporativo, así como itinerarios formativos en voluntariado. La última de las tendencias detectadas es la participación de las empresas en las APPD como agentes activos. Como se ha visto, esta modalidad cuenta con ventajas e inconvenientes a resolver. Por un lado, la práctica empresarial en cuanto a rapidez en la toma de decisiones y su experiencia en identificar impactos negativos y desarrollar estrategias para minimizarlos, suponen un valor añadido a las intervenciones de CID. Por otro, la colaboración entre iguales que supone el establecimiento de alianzas, implica nuevos retos de coordinación entre los actores participantes, que deben consensuar objetivos comunes y la gestión del riesgo y las responsabilidades a asumir. a resolución de estos objetivos específicos permite confirmar el objetivo general de esta investigación, “la complementariedad de la empresa como actor clave de la actual política española de CID”. La empresa es complementaria a los actores tradicionales de la ayuda en recursos, transferencia de know-how y gestión empresarial, lo que posibilita incrementar la eficiencia en CID, disminuir la desconfianza recíproca y aumentar la sensibilidad social en la empresa. Esta complementariedad es necesaria para diluir en el tiempo la desconfianza entre actores, que se detecta como un problema estructural de imperiosa resolución para la buena marcha de estas nuevas relaciones en la ejecución de la cooperación española a través de las APPD.

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Un número cada vez mayor de empresas apela a la solidaridad de sus empleados a través de esta modalidad, en la que el trabajador renuncia a una parte de su nómina –una cifra simbólica, habitualmente inferior a cinco euros– para contribuir económicamente a los proyectos solidarios de la empresa, realizados sobre todo a través de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. 76 Podría hacerse una correlación entre la potenciación del voluntariado por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la voluntad expresada por el Partido Popular en su programa electoral a las elecciones generales de 2011 de poner en valor la contribución de los voluntarios a la cooperación al desarrollo.

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Por todo ello, el trabajo permite contrastar de forma positiva la hipótesis planteada: “la participación de las empresas en las APPD es un adecuado instrumento estratégico en la actual política española de cooperación internacional para el desarrollo”. Esta participación se está conformando como un nuevo vector en la cooperación española para el desarrollo. La creación de instrumentos desde el escenario público, que contemplan la participación activa de la empresa, lo sitúa como un elemento estratégico de cambio en las nuevas políticas públicas. De igual manera, la empresa está posicionándose, adquiriendo un nuevo protagonismo como actor de desarrollo más allá de la mera financiación. Un actor que aporta su conocimiento y sus recursos humanos, sumando y creando valor. Un repaso por las estrategias de RSE de las empresas participantes en el estudio y sus códigos de ética empresarial, reflejan términos como sostenibilidad, creación de valor a largo plazo, promoción del diálogo y la participación social y respeto a los derechos fundamentales, así como el respeto a la legalidad, tanto en España como en sus actuaciones en terceros países. Estos puntos, supondrían una estrategia empresarial aún en ciernes, que permitiría a este sector convertirse en un fuerte aliado dentro de la política española de CID.

Plan de Viabilidad y recomendaciones En base al análisis de la investigación y en coherencia con las conclusiones, se presentan, como cierre de este estudio, las siguientes recomendaciones: 1. Propuesta de hoja de ruta para la creación de APPD El estudio realizado constata como la configuración de APPD se está realizando de forma más intuitiva que metódica en el contexto español. Sin embargo, la consolidación de éstas como nuevo instrumento pasa por contar con una metodología unificada y consensuada. Como se ha visto, existen unas definiciones incipientes para establecer criterios de asociación, en las que se establece sobre todo unas condiciones necesarias para la participación de la empresa en APPD, sin ofrecer unas pautas para el establecimiento de las mismas. Ante la detección de esta laguna, se presenta un modelo de metodología para el establecimiento de alianzas, para el que se tiene en cuenta los datos obtenidos en la encuesta y la incorporación de otras propuestas (Tennyson, 2003; Casado, 2007). La

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tabla 8 recoge las pautas mínimas que se consideran necesarias para la creación de APPD. Estas pautas se basan en la identificación, la gestión –incluido el seguimiento– y la evaluación, como fases ya identificadas como necesarias en el sistema de CID.

Tabla 8: Propuesta de metodología. Posible hoja de ruta a seguir para el establecimiento de APPD

MODELO DE METODOLOGÍA PARA ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS Investigación / Análisis / Recogida de información Políticas de cooperación. Prioridades geográficas y sectoriales. Líneas estratégicas de intervención. Definición del objetivo general y específico de desarrollo. Análisis de experiencias relevantes. Diseño y elaboración Identificación de actores. Definición de objetivos comunes. Diseño y planificación. Distribución de competencias y gerencia: liderazgo. Vías de financiación. Planificación del programa. Gestión / Puesta en funcionamiento Establecimiento de la alianza. Seguimiento: transmisión de información, toma de decisiones eficaz, identificación y solución de posibles desviaciones, retroalimentación. Evaluación Sistema de evaluación. Publicación de lecciones aprendidas: gestión del conocimiento. Fuente: elaboración propia

A través de estos pasos se quiere destacar la importancia de dos puntos. El primero, un análisis previo, indispensable para determinar convergencias e intereses comunes en todos los actores. Sería el punto de partida y por tanto sobre el que asentar toda la alianza, por lo que debe estar bien identificada y estructurada. Otro aspecto fundamental es la transmisión de información. A través del seguimiento continuo se transmite información al equipo de coordinación y gerencia. Permite una toma de decisiones eficaz, así como identificar posibles desviaciones y resolverlas. Su

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retroalimentación, es decir, la difusión entre los miembros del equipo, contribuye al aprendizaje y a extraer lecciones aprendidas –buenas y malas prácticas– aplicables durante la vigencia de la alianza. Por último, la evolución final permitirá incidir aún más en estos aspectos. A este respecto, pueden tomarse los criterios clásicos de la evaluación: pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad e impacto77. La difusión de los resultados resulta básica para contribuir a la gestión del conocimiento y por ende a modificar o consolidar políticas, metodologías y actuaciones. Del mismo modo, se contribuye a la transparencia, lo que refuerza los sistemas de confianza, tanto entre los integrantes de las APPD, como de los beneficiarios y de la opinión pública en general. El liderazgo es otro concepto crucial. Se ha constatado cómo las diferentes entidades que participan en las APPD no están habituadas a colaborar de una forma interactiva entre sí. Esto lleva a que el proceso de construcción de las alianzas sea de una gran complejidad y que requiera un esfuerzo adicional de las partes implicadas. Por este motivo es fundamental establecer una gerencia en la fase de diseño de la APPD y definir claramente el rol del líder de la alianza, con el fin de evitar controversias que pongan en peligro alcanzar los objetivos de desarrollo previstos. Esta complejidad conlleva la necesidad de establecer compromisos a largo plazo, que permitan un enfoque integrador, tanto en las empresas –lo que supondría que los conceptos y políticas de responsabilidad social se apliquen en la directiva, los empleados, clientes y proveedores– como en las propias alianzas y la interacción de los actores que las componen.

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El CAD de la OCDE establece estos cinco como los criterios básicos para llevar a cabo una evaluación en materia de CID.78 Recientemente se han producido procesos de nacionalización de filiares de empresas españolas: el Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner aprobó el 4 de mayo de 2012 la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), porcentaje aplicado a la participación del 57,4% que estaba en manos de Repsol. Por su parte, la filial en Bolivia de Red Eléctrica Española ha sido nacionalizada el 1 de mayo por el ejecutivo de Evo Morales en su política de estructura del sector eléctrico.

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2. Recomendaciones para el sector público El interés de las AAPP debe acompañarse de hechos concretos. Por un lado, para la consolidación de las APPD, es fundamental, el respaldo público, contribuyendo a su sostenibilidad si no a través de financiación, sí a través de apoyos políticos. Este es un requisito esencial para trabajar en terceros países, donde el apoyo institucional resulta primordial ante muestras de inseguridad política.78 La creación de incentivos a los actores participantes en las alianzas es otro elemento necesario para facilitar la estabilidad de las mismas y contribuir a su fortalecimiento. Estos incentivos deben partir de un conocimiento previo de las formas de trabajo y establecimiento de prioridades y objetivos comunes. Para ello, el sector público debe favorecer espacios de diálogo y concertación, que contribuyan al aprendizaje mutuo. Por último, el Gobierno, como gestor de políticas públicas, debería promover el seguimiento continuo y la evaluación, y fundamentalmente la publicación de dichas evaluaciones. Así, con el libre acceso a la información se facilita el aprendizaje de los diferentes actores de la cooperación española a la vez que se incentiva la transparencia como rendición de cuentas a la ciudadanía. Una rendición de cuentas que no ofrece sólo información económica, sino que la publicación de las lecciones aprendidas contribuye a generar conocimiento y a un proceso de sensibilización y educación para el desarrollo, de gran importancia hacia la consideración de la empresa como actor de cooperación. 3. Recomendaciones para las empresas Las empresas deben, en primer lugar, respetar la legalidad vigente en los países socios de la cooperación española, así como las convenciones internacionales que han sido ratificadas tanto por España como por sus socios. Esto es especialmente importante en materia de derechos laborales, medioambientales y derechos humanos. Como valor añadido de las empresas responsables, estas deberían mejorar dicha legalidad, promoviendo leyes y exportando valores que refuerce el enfoque de derechos. Por otro lado, deberían fomentar el emprendimiento y la creación de oportunidades entre las poblaciones y el sector productivo de los países socios, que permita avanzar

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en el desarrollo. Esto se vincula a la agenda del trabajo decente promovida por la OIT y a la transferencia de tecnología adecuada, que no genere dependencias. Y siempre tomando como principio, que el objetivo principal en las intervenciones de CID es la incidencia en el desarrollo. Una última recomendación consistiría en la promoción del asociacionismo empresarial como participación de la empresa en la buena gobernanza, fomentando el diálogo social y empresarial en los países socios.

75

4. Recomendaciones para la sociedad civil La sociedad civil se caracteriza por su carácter dinamizador, crítico y de sensibilización a la opinión pública, así como por su trabajo con las comunidades de base. Sin embargo, en el ámbito del trabajo sectorial deberían fomentar una mayor especialización. Es frecuente que en las diferentes convocatorias, una misma ONGD presente propuestas para multitud de sectores diferentes. Si bien este “querer abarcarlo todo” puede disminuir el éxito de los proyectos –cuyo fin siempre es obtener resultados de desarrollo que beneficien a las personas–, tampoco es la mejor de las opciones para establecer APPD. Es necesaria una definición estratégica de sectores de intervención y ámbitos de actuación en la CID por parte de las ONGD. Así, el establecimiento de sinergias y complementariedades que define a las alianzas –y por el que cuentan con un alto valor añadido– sería lo más concreto y efectivo posible. Esta especialización también contribuiría a una generación de confianza mayor con el sector privado dentro de un contexto de asociación. Para finalizar, quisiera lanzar una idea para la reflexión. A través de esta investigación se constata cómo las APPD se presentan como un elemento novedoso de gestión en el aciago contexto actual de España, como alternativa a la carencia de financiación al desarrollo. La suma de las aportaciones de los diferentes actores, puede solventar la reducción presupuestaria establecida. También la coyuntura actual permite realizar un análisis en profundidad del contexto de la cooperación española para el desarrollo. Es un momento de deliberación en el que intentar comprender qué es lo que no ha funcionado, cuáles serían los errores a enmendar y fomentar iniciativas que contribuyan, no sólo a incrementar la eficacia y eficiencia de la ayuda, sino de la eficacia del desarrollo. En este sentido, la búsqueda de soluciones creativas puede tener en las APPD un buen ejemplo. Asumir la experiencia y herramientas de la empresa para crear una metodología propia de la cooperación no sería algo novedoso. Ya se hizo hace varias décadas con la incorporación del enfoque de marco lógico, una herramienta originaria del sistema de producción empresarial cuya adaptación al sistema de CID sigue vigente en la actualidad. Y la asunción de la empresa de un mayor protagonismo en la política española de cooperación al desarrollo puede ser una alternativa viable y sostenible dentro de la nueva estrategia que se está gestando.

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RELACIÓN DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS

AAPP

Administraciones Públicas

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

APPD

Alianza Público-Privada para el Desarrollo

CAD

Comité de Ayuda al Desarrollo

CAP

Convocatoria abierta y permanente

CID

Cooperación internacional para el desarrollo

CPP

Cooperación Público-privada

FAD

Fondo de Ayuda al Desarrollo

FIEM

Fondo para la Internacionalización de la Empresa

FONPRODE

Fondo para la Promoción del Desarrollo

HIPC

Países pobres altamente endeudados (por sus siglas en inglés)

ICO

Instituto de Crédito Oficial

MAEC

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OOII

Organismos Internacionales

ONGD

Organización No Gubernamental para el Desarrollo

ONU

Organización de Naciones Unidas

PACI

Plan Anual de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PGE

Presupuestos Generales del Estado

PMA

País Menos Adelantado

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PD

Plan Director

SECIPI

Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica

RSC

Responsabilidad Social Corporativa

RSE

Responsabilidad Social Empresarial

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RELACIÓN DE GRÁFICOS Y TABLAS Gráfico 1

Evolución del ratio de AOD/RNB española (2001-2011)

Gráfico 2

Evolución de la AOD total neta española (2004-2011)

Gráfico 3

Modalidades de empresas beneficiarias CAP 2011

Gráfico 4

Sectores de intervención de los proyectos aprobados en la línea de cooperación empresarial CAP 2011

Gráfico 5

Área geográfica de intervención de proyectos aprobados CAP 2011

Gráfico 6

Clasificación de actores participantes en la encuesta

Gráfico 7

Grado de especialización de organizaciones participantes en la materia (existencia de departamento y existencia de política)

Gráfico 8

Gado de satisfacción de los actores participantes en estudio con las intervenciones de CID

Gráfico 9

Percepción sobre el valor añadido de la empresa en las APPD

Gráfico 10

Número de proyectos realizados de APPD

Gráfico 11

Grado de satisfacción de los proyectos de APPD tras evaluación

Gráfico 12

Relación de ejemplos de APPD vista en los actores participantes en encuesta

Gráfico 13

Análisis DAFO de la participación de la empresa en las APPD según encuesta

Tabla 1

Acciones financiables a través de la CAP

Tabla 2

Diferentes modalidades de financiación establecida en la regulación del FIEM

Tabla 3

Aspectos considerados más valiosos por las organizaciones como agentes de CID

Tabla 4

Problemas habituales detectados en el contexto de las APPD. Percepción de los actores participantes en el estudio (% de respuestas dadas)

Tabla 5

Ventajas e inconvenientes de las APPD según encuesta realizada.

Tabla 6

Incremento de eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos a través de APPD. Percepción de los actores participantes.

Tabla 7

Valor añadido de la empresa en establecimiento de APPD reflejado en la encuesta.

Tabla 8

Propuesta de metodología. Posible hoja de ruta a seguir para el establecimiento de APPD.

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79

Se ha referenciado la fecha de acceso a aquellas webs de consulta única, no para aquellas de las que se ha descargado el documento para una consulta continuada. El correcto funcionamiento de las webs reseñadas ha sido comprobado el 5 de junio de 2012.

79

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http://www.growinginclusivemarkets.org/about/approach/ Naciones Unidas. Pacto Mundial. (2000). Disponible en: http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/ Naciones Unidas (1970): Resolución 2626 (XXV periodo de sesiones) sobre la estrategia del segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/25/ares25.htm Navarra. Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo. Disponible en: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=14231 Observatorio del Voluntariado Corporativo (2012): Informe del Voluntariado Corporativo en España 2011. Disponible en: http://www.observatoriovc.org/InformeVC2011.pdf [Acceso el 28 de marzo de 2012] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Declaración de París (2005) II Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda. Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda. División del trabajo y complementariedad – Principios internacionales sobre buenas prácticas impulsadas por el país, Marzo 2009. Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/2/42/43490579.pdf Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Programa de Acción de Accra (2008) III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf País Vasco España. Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. Boletín Oficial del País Vasco, 8 de marzo de 2007, núm. 48, p. 5445. Disponible en: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070308&a=200701441 [Acceso el 19 de febrero de 2012] Plan Anual de Cooperación Internacional 2012. Comunicación del Gobierno para su debate en el Senado. Boletín Oficial de las Cortes Generales, 8 de junio de 2012, núm. 67, pp. 52-73. Disponible en: http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_67_538. PDF [Acceso el 15 de junio de 2012] Programa del Partido Popular para las Elecciones Generales de 2011. Disponible en: http://www.pp.es/actualidad-documentos-descarga.php?nomArchivo=575120111101123811.pdf [Acceso el 15 de diciembre de 2011] Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2011, núm 315, p. 146574. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

84

Referencia del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2012. Aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc2012033 0.htm#Presupuestos Repsol YPF, S.A. (2006) Norma de Ética y Conducta de Repsol YPF Consejo de Administración. Disponible en: http://www.repsol.com/imagenes/es_es/Norma_de_Etica_y_Conducta__27-042006___163211_tcm7-127560.pdf[Acceso el 24 de abril de 2012] Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011. Boletín Oficial del Estado, de 19 de mayo de 2011, núm. 19, p. 50287. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/19/pdfs/BOE-A-2011-8748.pdf Silos, J. (dir.) (2001) Informe Forética: Evolución de la responsabilidad social de las empresas en España. Madrid: Forética Disponible en: http://www.foretica.org/biblioteca/informes-foretica/doc_details/298-informeforetica-2011-version-extendida-?lang=es [Acceso el 22 de abril de 2012] Tennyson, R. (2003): Manual de trabajo en alianza. Foro Internacional de Líderes Empresarios (IBLF) y Alianza Global para la mejora de la nutrición (GAIN) Vázquez Oteo, O. (Dirección) (2012): Desarrollo de metodología y herramienta para la gestión de proyectos con sector privado en base a criterios de RSC Madrid: Observatorio de responsabilidad social corporativa Vives, A. (2010) La responsabilidad social de las empresas: Enfoques ante la crisis. Madrid: Fundación Carolina.

85

ANEXO 1: Configuración de AOD en los Presupuestos Generales del Estado80 Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se estructuran de la siguiente manera: Estructura de programas:

destinada a finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir

Estructura orgánica:

organización de los distintos entes integrantes del sector público estatal

Estructura económica:

naturaleza económica de los gastos

Estructura territorial:

distribución territorial de las inversiones públicas Elaboración propia a través de la Ley 47/2003

Para el caso que nos ocupa, nos interesa la estructura en programas. En dicha estructura se establecen diversas áreas de gasto. Entre ellas, el área de gasto 1 es la relacionada con los servicios públicos básicos. Es en este apartado donde se recoge el presupuesto destinado a cooperación para el desarrollo, dentro del programa 143 A81. En base a esto, los fondos destinados al programa 143 A de los PGE 2012 se plantean para tres Ministerios: el de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad (2,25 M€) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2,5 M€). Sin embargo, existen otros desembolsos como las contribuciones a Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) y a Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) que no quedan reflejadas en esta estructura. De la misma manera, del total de las aportaciones al Fondo Europeo de Desarrollo (FED), existe también una parte que es contabilizada como AOD. Por este motivo, es el Plan Anual de Cooperación el que recoge la previsión final de fondos destinados a AOD, incluyendo la totalidad de los desembolsos de la Administración General del Estado, las aportaciones de comunidades autónomas, entidades locales y universidades.

80

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (artículos 39, 40 y 41) La Letra A indica que se trata de un programa finalista, lo que permite que se le pueda asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables.

81

87

ANEXO 2: Condiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para la realización del potencial del sector privado al desarrollo CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL POTENCIAL DEL SECTOR PRIVADO AL DESARROLLO A nivel de empresa Cumplimiento de la legalidad vigente en el área laboral, social y medioambiental y anticorrupción del país en el que opere. Respeto (voluntariamente decidido) de las convenciones internacionales laborales, sociales, medioambientales, de derechos humanos y de anticorrupción, independientemente del país en el que opere. Generación de empleo decente en el país en desarrollo, y respeto a los derechos laborales según las convenciones internacionales OIT. Uso de insumos / recursos locales en la mayor medida posible. Fomento del emprendimiento y creación de oportunidades de negocio para el empresariado local, que permita desarrollar el tejido productivo local. Transferencia de tecnología y de expertise, que permita mejoras en innovación y eficiencia. Capacitación al personal local. Pago de impuestos / royalties /licencias que legalmente se les exija que contribuyen a la inversión pública en SSB. Promoción de transparencia. Relación comercial e inversión en los países en desarrollo de largo plazo, estable, y responsable (no especulativa, y que cumpla con los estándares españoles e internacionales). Adopción de los Principios de Inversión Responsable internacionalmente acordados. No se presiona a los gobiernos del Sur para operar en condiciones abusivas o privilegiadas (fiscales, laborales, ambientales) Contribución a un modelo de crecimiento inclusivo sostenido por las políticas públicas del país en desarrollo, con el apoyo de los donantes. A nivel de gobierno español Garantizar que las empresas españolas cumplen con la normativa internacional ratificada por España, independientemente del país en el que éstas operen (DDHH, medioambiente, derechos laborales, anticorrupción, etc.). Incentivos a las empresas españolas para estimular la aplicación de la agenda RSE y la publicación de informes de RSE (promoción de la verificación y certificación). Evaluación del impacto en desarrollo de los instrumentos de la cooperación española que integran al sector privado, como las APPD. A nivel de gobierno del país socio Alto nivel de institucionalidad, marco legal, y capacidad, que permita la regulación del mercado, así como el monitoreo y control del cumplimiento de los contratos APP. Mecanismos de control y sanción frente a potenciales incumplimientos de contratos o de normativas nacionales. Se evita otorgar ventajas o condiciones preferenciales a las empresas extranjeras respecto a las locales. Se promueven espacios de diálogo tripartito sector público-sector privado-sociedad civil para la definición, ejecución y seguimiento/evaluación de las políticas públicas e instrumentos que implican al sector privado en el desarrollo. Sociedad civil del Sur Bien organizada, fuerte, con capacidad de influenciar y ejercer control de su gobierno. Fuente: Elaboración propia a partir del Manual para elaboración Marcos de Asociación. 2011. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Anexo 1, p. 30)

88

ANEXO 3: Especificaciones sobre la línea de Cooperación Empresarial de la Convocatoria Abierta y Permanente de la AECID Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011.82 Línea 7. Cooperación empresarial. Esta línea específica tiene por objeto la financiación de iniciativas de desarrollo basadas en la cooperación con el sector empresarial. Todo ello teniendo como horizonte estratégico el incremento del impacto de los recursos y actuaciones del sector privado empresarial mediante la promoción de acciones conjuntas entre actores de desarrollo y la alineación con áreas prioritarias definidas en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. Las iniciativas de cooperación empresarial deben tener como objetivo último la lucha contra la pobreza, con una vinculación clara con este objetivo y en beneficio de los países definidos en el Plan Director. Estas actuaciones tienen que estar orientadas a incidir en los objetivos estratégicos definidos por los países socios en sus propios planes de desarrollo y recogidos en los Marcos de Asociación de la Cooperación Española en cada país (o documentos estrategias país en su caso) y los documentos estratégicos sectoriales de la Cooperación Española y de la AECID. Esta línea tiene como Objetivo General: Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sostenido y respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la generación de tejido económico, empresarial y asociativo en los países socios, en los postulados del trabajo decente y en políticas económicas favorables a la reducción de la pobreza y la cohesión social. Acciones financiables. Las áreas de actuación dentro de esta línea específica serían: Desarrollo de capital humano. Acciones que favorezcan la creación de empleo y la iniciativa empresarial preferentemente en el colectivo de mujeres. Fortalecimiento del tejido empresarial local, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de economía social y/o asociativas. Impacto positivo en el medio ambiente. Diálogo y concertación social. Incidencia y promoción de buenas prácticas empresariales. Creación de capacidades productivas y refuerzo de las cadenas de valor. Provisión de productos y servicios para poblaciones pobres, desfavorecidas y excluidas.

82

Boletín Oficial del Estado, de 19 de mayo de 2011, núm. 19, p- 50287

89

Fomento de la integración laboral y de la empleabilidad de las personas con discapacidad. En el caso de que el beneficiario sea una empresa privada, no podrán recibir una subvención superior a 200.000 euros, y la subvención AECID podrá alcanzar, como máximo, el 70 % del presupuesto total para el caso de PYMES y el 50 % para el resto de empresas, no siendo subvencionables los gastos en adquisición de terrenos e inmuebles, construcción, comerciales y gastos indirectos. Crédito: Del crédito presupuestario total asignado a esta convocatoria se destinará a la financiación de esta línea un total de 3.000.000 euros. Beneficiarios: 1. Fundaciones empresariales y/o asociaciones empresariales sin ánimo de lucro. 2. Empresas privadas, legalmente constituidas en España o en los países de actuación y una antigüedad mínima de dos años. Que, adicionalmente a los requisitos de carácter general establecidos en el apartado III de la convocatoria, acrediten, mediante declaración responsable, la no actuación en la fabricación y venta de armas, utilización directa o indirecta de trabajo infantil, utilización de trabajo forzado o en régimen de esclavitud, practicas antisindicales, actuaciones tipificadas como soborno y corrupción y actuaciones contra el medio ambiente. Esta declaración deberá presentarse junto con la solicitud. Criterios de valoración: Para la valoración de los criterios establecidos con carácter general en la convocatoria, se tendrán en cuenta: Criterio A: Adecuación de las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación española. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la experiencia del solicitante en el sector y país de actuación. Criterio B: Contenido, relevancia y calidad de la actividad. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta la calidad técnica de la propuesta, la adicionalidad de las iniciativas, la transferencia de tecnología y conocimiento, la sostenibilidad ambiental, social y económica y criterios acreditados de Responsabilidad Social Empresarial. Criterio C: Pertinencia y viabilidad de la actividad. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta el impacto esperado en el desarrollo, los resultados específicos de desarrollo en el país de destino, la adecuación entre objetivos y recursos solicitados, la participación de empresas y/o entidades locales, la pertinencia frente a otras alternativas de actuación, y el Impacto en la creación de empleo de colectivos vulnerables. Criterio D: Grado de complementariedad con otras acciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo en terreno. Fuente: Elaboración propia a través de la Resolución referenciada

90

ANEXO 4: Relación de subvenciones concedidas a través de la CAP 2011 ENTIDAD BENEFICIARIA TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS S.L.L.

FUNDACIÓN ENERGÍA SIN FRONTERAS FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE DISCAPACITADOS DE FUNDACIÓN ONCE SEINE TECH SL

FUNDACIÓN ELECNOR

PROYECTO Banca Móvil. Una alternativa para la expansión eficiente de las microfinanzas como instrumento para la generación de ingresos y reducción de la pobreza. Experiencia piloto en Gambia. Electrificación fotovoltaica domiciaria sostenible a comunidades rurales aisladas en la Región V de Alta Verapaz (GUATEMALA) Iniciativas productivas y sociales a través de la migración temporal. Colombia

TOTAL EUROS

128.100,00

200.000,00

200.000,00 Desarrollo de microtareas en modalidad teleservicios para personas con discapacidad en las regiones de Santander y valle del Cauca (COLOMBIA): 100.000,00 Fortalecimiento empresarial a través de la Universidad de Arba Minch, Etiopia, mediante transferencia tecnológica de equipos autónomos de bombeo fotovoltaico. Etiopía Proyecto ILUMINA en Cantarranas, Honduras

66.959,00 100.000,00

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA GAZTANDEGI DORREA SA- ORERO TRADING SL UNIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL LITORAL BEMORE CONSULT SLL

CONSORCIO ECUATORIANO PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL B.B.S. COMERCIO E INDUSTRIA S.A.

CEPES

Fomento del emprendimiento femenino y apoyo en los procesos productivos y medioambientales a los microempresarios del Valle del Cauca. Colombia 200.000,00 Creación unidad productiva mixta: Frutales y Quesería . Fase I. Etiopía 200.000,00 El fortalecimiento del tejido económico empresarial en el Ecuador mediante la capacitación y organización de las mujeres campesinas. Ecuador Fortalecimiento del tejido empresarial local a través de la iniciativa social contando con las personas con discapacidad Alianza para el Desarrollo: Iniciativas de reducción de la pobreza eficientes y sostenibles a través una cooperación innovadora entre ONGD, empresas, sector público y universidades en Ecuador Minimización del impacto ambiental de extracciones incontroladas de piedra e integración de los pedreiros de la Isla de Sal, Cabo Verde. La empresa cooperativa como actor de la Economía Social de desarrollo económico y social en el Mediterráneo.

91

24.446,00

181.275,00

76.450,00

100.000,00

50.000,00

FUNDACIÓN AFI

ETHIOPIAN HORTICULTURE PRODUCER EXPORTERS ASSOCIATION CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO MEKI BATU VEGETABLES AND FRUITS GROWERS COOPERATIVE UNION INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRA S.L.U. LE RANCH OUASSADOU

Diseño de una experiencia piloto para el desarrollo social de comunidades rurales aisladas por medio de la implantación de micropagos a través del teléfono móvil en Cajamarca , PERU Fortalecimiento de la Asociación de productores exportadores de hortalizas de Etiopía

80.000,00

70.000,00 CAME , Centro de apoyo a mujeres emprendedoras (Panamá) 125.000,00 Consolidación del desarrollo cooperativo y comercial en las asociaciones de mujeres productoras en el sur de la República Dominicana Fortalecimiento de 120 cooperativas de agricultores para mejorar el acceso a la información del mercado y aumentar los acuerdos de comercialización. Etiopía Generación de un modelo de estabilización e inclusión socio-económica para mujeres en condición de desplazamiento en las localidades de Suba y Santa Fe en la ciudad de Bogotá DE Centro agrologístico para mujeres DJONG TOUWAY. Senegal

80.000,00

40.000,00

99.853,90 123.500,00

KIFLE BULO APPLE SEEDLING PRODUCER

Producción y Distribución de Plantones de Manzana. Etiopía

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS

Red para la promoción de la innovación en el sector turismo en Uruguay. TURNOVA Fortalecimiento del Grupo de Interés Económico “TEKKI” compuesto por 103 en la región de Saint Louis en la ciudad de Richard Toll en Senegal Capacitación y Diálogo sobre el marco empresas y derechos humanos en Colombia INNBOLÍVAR: Cooperación empresarial para el impulso de la innovación y la transferencia tecnológica como motores de desarrollo en la provincia de Bolívar (Ecuador) Fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de la operación de Repsol YPF Ecuador en la amazonía ecuatoriana

200.000,00

REIKI TECHNOLOGIES SL

SUSTENTIA

CENTRO TECNOLOGICO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO FUNDACIÓN REPSOL YPF DEL ECUADOR

Fuente: elaboración propia a partir de la Resolución de 25 de noviembre de 2011 de la Presidencia AECID

92

80.000,00

147.662,00

125.000,00

119.238,00

149.932,00

ANEXO 5: Operaciones financiables con cargo a FONPRODE GRUPO

DESTINATARIO DE LOS FONDOS

TIPO DE OPERACIÓN Proyectos y programas, estrategias y modalidades de ayuda programática, con carácter de donación

Estado o sector público estatal

Operaciones con IFI

Contribuciones voluntarias y aportacionesOrganismos multilaterales que computen como AOD de desarrollo no financieros Aportaciones a fondos constituidos en instituciones financieras internacionales (IFI) de desarrollo Instituciones financieras Aportaciones a programas y fondos para lainternacionales de evaluación de impacto desarrollo Aportaciones a fondos multidonantes gestionados o administrados por IFI

Operaciones de capital o cuasi capital

Actuaciones en microfinanza s

Concesión de créditos, préstamos y líneas de financiación en términos concesionales y carácter no ligado

Estados o Administraciones públicas regionales, provinciales y locales, y entidades del sector público

Concesión de líneas de financiación paraEntidades o vehículos de microfinanzas inversión financieros Adquisición de participaciones Asistencias técnicas, estudios de viabilidad, evaluaciones ex ante y ex post y de ejecución final del Fondo Adquisición de capital o cuasi capital (por Instituciones o vehículos de ejemplo, fondos de fondos, fondos de capital inversión riesgo, fondos de capital privado o fondos de capital semilla) Apoyo, directo o indirecto, a empresas Empresas pequeñas y pequeñas y medianas de capital de origen de medianas u países menos adelantados, países de renta organismos baja o de renta media contemplados en el Plan intermediarios Director correspondiente

Fuente: Elaboración propia a través de información de la AECID

93

ANEXO 6.1: Ficha técnica y modelo de formulario distribuido entre los participantes de la encuesta FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO Ámbito: Nacional Universo: Responsables de agencias bilaterales de cooperación, empresas, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, entidades financieras. Selección de actores en base a su trayectoria, relevancia en su sector –tanto por su aportación cuantitativa como por su valor cualitativo– y experiencia en CID. Tamaño de la muestra La encuesta ha sido difundida entre 50 actores. De ellos, 32 han manifestado su interés en participar en el estudio (64% del total contactado). Finalmente, la encuesta ha sido realizada por 18 actores (36% del total contactado) Fecha de realización 2 de enero de 2012 a 28 de marzo de 2012 Relación de actores participantes en el estudio INSTITUCIONES PÚBLICAS AECID (SEDE CENTRAL: MADRID) AECID (OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN: BRASIL) AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN COMUNIDAD DE MADRID EMPRESAS AGUAS DE BARCELONA, S.A. ALIANZAS PARA EL DESARROLLO, S.L. CEOE-CEPYME CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES LABORALES DE ESPAÑA GRUPO FERROVIAL, S.A. FUNDACIÓN LA CAIXA GRUPO MELIÁ ING DIRECT REPSOL YPF, S.A. ONGD FUNDACIÓN CODESPA HUMANISMO Y DEMOCRACIA ONGAWA, INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO OOII UNICEF

94

L A E M P R E S A CO M O A C T O R D E L A C O O P E R A CI Ó N I NT E R N A CI O N A L A L D E S A R R O L LO Intervenciones y tendencias de las alianzas público-privadas en el contexto de la cooperación española El presente cuestionario forma parte del trabajo de investigación que concluirá en la tesina de fin del Máster en Integración, Desarrollo y Codesarrollo, título propio de la Universidad Rey Juan Carlos y la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid (EPIC). Las preguntas están planteadas para obtener respuestas de los diferentes actores dentro del contexto de cooperación empresarial. Dichas respuestas, serán tratadas con rigurosidad, dentro de un contexto académico y de confidencialidad, siendo el tratamiento de los datos totalmente anónimo. Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el director de la tesina, D. Daniel Gayo Lafée, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, a través del siguiente correo electrónico: [email protected] NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: NOMBRE DE QUIEN CUMPLIMENTA LA FICHA: CARGO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN: FECHA:

1. ¿Cuál es su concepto de Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD)?

2. Señale si su organización tiene un departamento específico de alguno de los siguientes ítems: RSC/RSE83 Cooperación Internacional APPD Otro No 3. ¿Tiene su organización una política definida en materia de: RSC/RSE Cooperación Internacional APPD Otro No

83

Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Empresarial, según sea el caso.

95

4. ¿Considera que alguno de los puntos anteriores aporta o aportaría algún valor añadido a su organización? Indique cuál y por qué:

5. ¿Ha participado su organización en intervenciones de cooperación internacional al desarrollo? Sí No

6. Si la respuesta es afirmativa, por favor, indique el grado de satisfacción con las experiencias: Conteste teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 1: totalmente en desacuerdo 5: totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5

7. Ordene, en grado de importancia (siendo el 1 el menos importante y 6 el principal), los puntos que considera más valiosos para su organización como agente de cooperación internacional para el desarrollo (tanto si han tenido experiencias previas como si no): Visibilidad de la organización en los países en vía de desarrollo Imagen de empresa solidaria ante clientes/opinión pública en España Apertura de mercados / Estrategia de internacionalización Contribuir al crecimiento económico de un país en vía de desarrollo con un esfuerzo solidario Intercambio de experiencias y potencial de enriquecimiento Otros: 8. En caso de establecer alianzas público-privadas (en adelante APPD) para llevar a cabo proyectos de desarrollo, a. ¿las establecería con un organismo público? Argumente brevemente la respuesta:

Sí

No

b. ¿establecería alianzas con una ONGD? Argumente brevemente la respuesta:

Sí

No

96

c. ¿y una alianza en la que participen los tres agentes: privado, público y sociedad civil? Argumente brevemente la respuesta: Sí

No

9. Ordene, en grado de importancia (siendo 1 el menos importante y 6 el principal), los siguientes puntos en la medida que los considere problemas habituales en un contexto de APPD (tanto si se han tenido experiencias previas como si no): Problemas de liderazgo y delegación de competencias Coordinación entre actores Cumplimiento de cronogramas (de desembolso y ejecución) Confianza Asunción de responsabilidades Otros: 10. Indique, desde su punto de vista, cuál es el valor añadido de la empresa en el contexto de las alianzas destinadas a la cooperación empresarial (tanto en su participación con el sector público como con el tercer sector):

11. ¿Considera el contexto actual adecuado para emprender acciones de APPD? Sí

No

Argumente brevemente la respuesta

12. Señale las TRES principales VENTAJAS que ofrece la APPD, en la que su organización podría colaborar:

13. Señale los TRES principales INCONVENIENTES que, a su juicio, ofrecen las APPD:

97

14. ¿Considera que es importante realizar campañas de difusión relacionadas con la cooperación internacional al desarrollo? Conteste teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 1: totalmente en desacuerdo 1

2

3

4

5: totalmente de acuerdo 5

15. ¿Consideraría participar con la Universidad en foros académicos relacionados con la cooperación al desarrollo u otro tipo de colaboración como oportunidad para su organización? Sí

No

98

Las siguientes preguntas únicamente deben contestarse si su organización cuenta con proyectos de cooperación al desarrollo. 16.

¿Cuántos proyectos de APPD ha realizado su organización hasta la fecha? Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 20 Más de 20

17.

¿Cuál/es es el sector/es mayoritario/s?

18.

¿Y el instrumento más utilizado en este tipo de alianzas?

19. ¿Cuál considera que es la complementariedad natural de su organización en las intervenciones de APPD? Tipo de agente: Sector:

20.

¿Cuál es la duración media de los proyectos de APPD? Entre 6 y 12 meses Entre 1 y 2 años Otros:

21. ¿Se ha realizado una evaluación a la finalización de los proyectos?

Sí

No

22. En caso afirmativo, por favor, indique, de forma genérica el grado de satisfacción en la consecución de los objetivos planteados. Conteste teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 1: totalmente en desacuerdo 1

2

3

4

99

5: totalmente de acuerdo 5

23. Según su opinión, a través de las APPD, ¿en qué medida aumentaría el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos? Conteste teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 1: no aumentaría 1

2

3

4

5: máximo nivel 5

Eficacia: Eficiencia:

24. ¿Estaría interesado en dar a conocer su experiencia a través de un proyecto que pueda ser presentado como estudio de caso en esta investigación? Sí

No MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Si ha cumplimentado el formulario en su ordenador, no olvide guardarlo y reenviarlo a [email protected]

100

Las siguientes preguntas únicamente deben contestarse si su organización cuenta con proyectos de cooperación al desarrollo. 25.

¿Cuántos proyectos de APPD ha realizado su organización hasta la fecha? Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 20 Más de 20

26.

¿Cuál/es es el sector/es mayoritario/s?

27.

¿Y el instrumento más utilizado en este tipo de alianzas?

28. ¿Cuál considera que es la complementariedad natural de su organización en las intervenciones de APPD? Tipo de agente: Sector:

29.

¿Cuál es la duración media de los proyectos de APPD? Entre 6 y 12 meses Entre 1 y 2 años Otros:

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30. ¿Se ha realizado una evaluación a la finalización de los proyectos?

Sí

No

31. En caso afirmativo, por favor, indique, de forma genérica el grado de satisfacción en la consecución de los objetivos planteados. Conteste teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 1: totalmente en desacuerdo

5: totalmente de acuerdo

32. Según su opinión, a través de las APPD, ¿en qué medida aumentaría el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos? Conteste teniendo en cuenta la siguiente escala de valores: 1: no aumentaría

5: máximo nivel

Eficacia: Eficiencia:

33. ¿Estaría interesado en dar a conocer su experiencia a través de un proyecto que pueda ser presentado como estudio de caso en esta investigación? Sí

No MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Si ha cumplimentado el formulario en su ordenador, no olvide guardarlo y reenviarlo a [email protected]

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