Trabajo Práctico Temas: El Radicalismo: Gobierno de Hipólito Yrigoyen y Gobierno de Alfonsín Alumnos: Profesora:

Gobierno de Alfonsín EL JUICIO A LA JUNTA CONADEP El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.

El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida decretadas por el presidente Alfonsín en 1987 libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión. Se pretendía el olvido, el perdón de esos hechos pasados.

Al año siguiente del histórico juicio a los principales jefes militares en 1985 (entre los que se encontraban el Gral. Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera - quienes fueron condenados a cadena perpetua e inhabilitación de por vida por los delitos de asesinato, secuestro, tortura y estafa-), el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de Punto Final que fijaba un plazo de 30 días para receptar las acusaciones contra militares en la Justicia por violación de los derechos humanos. Ley de Punto Final (ley Nº 23492) Esta ley fue sancionada el 23 de diciembre de 1986, y su contenido está resumido en los siguientes puntos:

1-Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.

2 - Cuando en las causas en trámite se ordenare respecto del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, cualquiera sea su rango, la detención o prisión preventiva, tales medidas se harán efectivas a petición del jefe de la unidad en que prestare servicio aquel personal, o de cualquier otro oficial superior de quien dependiese. En este caso, el superior será responsable de la presentación a declarar del imputado todas las veces que el tribunal lo requiera.

3- La presente ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.

4- La extinción dispuesta en el punto 1 no comprende a las acciones civiles. Ya que existía un gran malestar militar debido a que antes que terminaran los plazos fijados por la ley de Punto Final, la Justicia federal dictó el procesamiento de unos 500 militares, esto desencadenó la rebelión "carapintada" en Semana Santa del año 1987. Ante esta presión el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida que absolvía a los militares de rango intermedio y menor, así dio lugar al des-procesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se consideró que obraban bajo subordinación a la autoridad superior (algunos de los beneficiados por esta ley fueron Antonio Bussi y el destituido capitán Alfredo Astiz).

Ley de Obediencia Debida (ley Nº 23521)

Esta ley fue promulgada el 4 de junio de 1987, y su contenido esencial es el siguiente:

1- Se presume que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no merecen castigo por haber obrado en virtud de obediencia debida.

La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente, antes de los treinta días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad.

2- La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles.

3- La presente ley se aplicará de oficio. Dentro de los cinco (5) días de su entrada en vigencia, en todas las causas pendientes. Videla y Massera recuperaron la libertad gracias a un indulto firmado por el presidente Carlos Menem en 1990, tres años después de que se promulgaran las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que exculparon a militares durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Las citadas leyes fueron aprobadas en un clima de presiones sobre el Gobierno y levantamientos de los militares ante la posibilidad de que realizaran centenares de juicios por delitos cometidos durante la dictadura. Menem, por su parte, afirmó que su decisión de aplicar los indultos perseguía "la pacificación nacional". El Plan Austral fue un programa argentino de estabilización monetaria que se ejecutó durante el gobierno de Raúl Alfonsín por su

segundo ministro de economía, Juan Vital Sourrouille, por el cual se cambió la denominación monetaria (de "Peso Argentino" al "Austral"). El programa, iniciado en junio de 1985, fue del tipo "política de shock" y logró contener la inflación rápidamente sin frenar el crecimiento económico. El programa terminó en los hechos cuando hacia 1988 un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo programa, conocido como "Plan Primavera", que no lograría evitar la hiperinflación de 1989, que terminaría en la renuncia de Alfonsín y en una transición adelantada al presidente electo Carlos Menem. El plan logró el objetivo de reducir la inflación de un día para el otro, con lo que el gobierno logró recuperar mucho de su popularidad inicial. También logró el objetivo de no frenar el crecimiento típico en los planes gradualistas que recomendaba el FMI (estanflación), llegándose a crecer al 7% anual durante 1986 pese al deterioro de los precios de las materias primas.

Gobierno de Hipolito Yrigoyen

Semana Trágica: Los obreros de los talleres metalúrgicos Vasena en 1919, demandaban una reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias y repudiaban la reducción salarial y el despido arbitrario. A fin de contrarrestar la huelga los empresarios contrataron personal (Liga Patriótica) para que juntamente con la fuerzas del orden persiguieran a los obreros, ocasionando en muchos la muerte. Hubo saqueos a armerías, incendio de iglesias, toma de talleres. El Gral. Dellepiane fue el encargado de repeler la rebelión que duró una semana.

La Patagonia Rebelde: La caída de las exportaciones y del precio de la lana hizo que se amontonaran totalmente los depósitos de fardos de lanas por falta de compradores. En 1920 y 1921 se generaron huelgas de peones que ya vivían en condiciones inhumanas. En 1922 impulsados por F.O.R.A. (Federación Obrera regional Argentina) exigieron mediante estas huelgas mejoras salariales y condiciones de trabajo. Paralelamente grupos de delincuentes se infiltraron y cometieron desmanes que se lo atribuyeron a los obreros. Los terratenientes reprimieron con violencia estos hechos. Yrigoyen envió al teniente Varela para que resuelva el conflicto y utilizó todo su poder para calmar a los huelguistas, muchos fueron torturados, muertos y fusilados. Algunos escaparon a Chile.

La Reforma Universitaria Se conoce por Reforma Universitaria de 1918, Reforma Universitaria de Córdoba, Reforma Universitaria de Argentina, o simplemente Reforma Universitaria, el movimiento estudiantil que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina en 1918, liderado por Deodoro Roca y otros dirigentes estudiantiles, y que se extendió luego a las demás universidades del país y de América Latina. La Reforma Universitaria dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil, integrada por agrupaciones de diversas vertientes ideológicas, que se definen como reformistas. Entre sus principios se encuentran la autonomía universitaria, el cogobierno, la gratuidad de la enseñanza, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, pertenecientes a familias de una reciente clase media formada a partir de la gran ola de inmigrantes europeos o sus descendientes, venían organizándose en centros de estudiantes por facultad desde principios del siglo XX y comenzaban a exigir reformas que modernizaran y democratizaran la universidad.