Red Muni Foro Salta 2010

Políticas Sociales Inclusivas-Mujeres con discapacidad

Gabriela Fangano (CONADIS)

La mujer hoy en día ha ido ganando terreno en distintos ámbitos, pero la realidad es que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es tal y todavía sigue siendo ficticia.

Si bien no se puede dejar de reconocer que las mujeres lograron insertarse en el mercado de trabajo y han accedido a cargos jerárquicos, las estadísticas demuestran que la brecha existente entre hombres y mujeres es importante y la mujer tiene mayores dificultades y trabas a la hora de su ingreso a un puesto de trabajo, dado que la mayoría de los empleadores argumentan que las mujeres no rinden de la misma forma y que por su condición de madres tienen mayores responsabilidades que los hombres. Por ejemplo, se argumenta que generalmente las mujeres son quienes cuidan de sus hijos en caso de enfermedad.

* Según investigaciones, si se contabiliza el trabajo doméstico, las mujeres constituyen el 66% de la mano de obra mundial, y poseen el 1% de la riqueza producida. * Las mujeres configuran el 70% de los pobres y más del 65% de los analfabetos del planeta. * 1.500 millones de personas en todo el mundo viven con un dólar o menos por día: la mayoría son mujeres. * En todo el mundo, las mujeres ganan –en promedio – sólo un poco más de la mitad de lo que ganan los hombres. (1)

El género determina las características, roles y funciones que se atribuyen a las personas dependiendo de su sexo y de la valoración que hace de él cada sociedad.

“Cuando hablamos de Género, nos referimos al conjunto de características, roles, oportunidades y expectativas que un conjunto social asigna a las personas, basándose en sus características biológicas (sexo) y que son asumidas como propias. Se trata de construcciones histórico-culturales configuradas en las interacciones sociales, que varían de un grupo a otro y de una época a otra. Desde esta perspectiva, el género se vincula con el sexo de forma simbólica y no a partir de un mandato de la naturaleza. Un aspecto importante a considerar es que el género es posicional y relacional: es el lugar desde el cual cada persona se ubica en determinadas circunstancias para vivir y manejarse en el mundo”. (2)

A lo largo de la historia conocemos y reconocemos que existe una efectiva desigualdad entre mujeres y hombres. Vemos la desigualdad de oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las inequidades en sus relaciones y los distintos papeles que socialmente se les son asignados.

“La división entre espacio público y privado y el reparto de roles es una perspectiva de interpretación de las relaciones sociales que se configuró e impuso durante los últimos dos siglos. Este modelo, que aporta a la construcción de subalternidad de las mueres y que ha contribuido al despliegue de diversas formas de cercenamiento en el acceso a derechos para las mujeres, se ha ido transmitiendo de generación en generación, incluso a través de las propias mujeres. Varones y Mujeres, al hacer propio y ejercer estos roles asignados, han educado y educan a las futuras generaciones perpetuando estos mismos valores, aún sin ser concientes de ello”. (2)

A las mujeres con discapacidad se las considera incapaces de ejercer las funciones que, tradicionalmente, se han reservado para las mujeres: novias, compañeras, esposas y madres. Desde pequeñas, se las persuade de que eso no es para ellas, que no pueden llevar una vida independiente fuera de su familia de origen y, mucho menos, ocuparse de sus hijos o hijas.

Algunos autores señalan la obligación de los poderes públicos de fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las labores domésticas y en la atención a la familia. Es aconsejable aumentar la autonomía en el ámbito familiar para así eliminar la sobreprotección.

Además, es necesario fomentar actividades de apoyo a madres y padres con hijos e hijas con y sin discapacidad y, promover que compartan las responsabilidades de crianza y desarrollen tareas domésticas.

La familia se transforma en una de las instituciones que con más fuerza sostiene las inequidades de género. La función de la familia en la transmisión de valores, normas y modelos en torno a las identidades de género es de fundamental importancia.

Eleonor Faur señala: “Es la masculinidad una condición biológica, un modo de ser, un conjunto de atributos, un mandato o una posición? (…) Partimos de pensar las identidades masculinas como construcciones culturales que se reproducen socialmente y que, por ello, no pueden definirse fuera del contexto en el cual se inscriben. Esa construcción se desarrolla a lo largo de toda la vida, con la intervención de distintas instituciones (la familia, la escuela, el Estado, la Iglesia, etc.) que moldean modos de habitar el cuerpo, de sentir, de pensar y de actuar el género. Diversas investigaciones sobre la construcción social de la masculinidad plantean la existencia de un modelo hegemónico que (…) opera al mismo tiempo en dos niveles: en el nivel subjetivo, plasmándose en proyectos identitarios, a manera de actitudes, comportamientos y relaciones interpersonales, y en el nivel social, afectando la manera en que se distribuirán –en función del género- los trabajos y los recursos de los que dispone la sociedad. (…) no todos los varones viven ni valoran del mismo modo los esquemas de masculinidad hegemónica, pero todos los conocen. Las mujeres también los conocen, y muchas veces esperan que los varones realmente se comporten siguiendo este modelo. (…) en pocas palabras: varones y mujeres participan en la construcción de la masculinidad como una posición privilegiada”. (2 bis)

En el caso de mujeres con discapacidad, las mismas sufren una doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad o lo que hoy se está acuñando como discriminación interseccional.

De por sí las mujeres en general y en especial, las mujeres con discapacidad muestran mayor vulnerabilidad en el ámbito laboral y se encuentran en condición de inferioridad con relación a los hombres.

De los niños se espera que sean:

De las niñas se espera que sean:

fuertes

débiles

racionales

sentimentales

activos

pasivas

constantes

caprichosas

agresivos

suaves

Este tipo de construcciones simbólicas tienen también asociada una carga valorativa diferencial y jerarquizada. Nos permite acercamos al hecho de que en cada sociedad se espera que las mujeres y los varones se comporten de manera diferente.

La discriminación simbólica hacia las mujeres se asienta y perpetúa a través de la construcción de las imágenes estereotipadas que presentan diversos contextos sociales: los medios de comunicación, los textos escolares, el lenguaje,

la

currícula,

etc.

La

violencia

simbólica

aparece

en

las

representaciones e imágenes de las mujeres que se presentan en cada uno de estos contextos, invisibilizando la diversidad del conjunto de mujeres.

El ámbito de la educación formal también contribuye a transferir imágenes subordinadas de las mujeres. Sin embargo, es prioritariamente a través de la comunicación social donde se fijan y se reproducen los roles y donde se legitima la discriminación y la violación de los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, aunque las mujeres tienen una activa participación militante en los partidos políticos, históricamente han sido discriminadas a la hora de decidir sobre la asignación de cargos.

Ante esta situación se sancionó en 1991 la Ley de Cupo Femenino (No 24.012) para que la lista a los cargos electivos de cada partido sea integrada por lo menos por un 30% de mujeres. Pero la aplicación de la misma por los partidos políticos ha sido discrecional y no siempre ha dado el espacio a las mujeres con mayor capacidad, desvirtuando, de este modo, el espíritu de la ley. En el mismo sentido, a nivel de los Ministerios y Secretarías de Estado, tanto nacionales como provinciales, existe una clara discriminación de género en perjuicio de las mujeres.

Por una parte, los medios de comunicación constituyen uno de los espacios de mayor impacto en la producción de subjetividad de nuestro tiempo, lo que hace imprescindible promover una reflexión sobre las configuraciones discursivas que en ellos se formulan sobre las mujeres. Por otra parte, resulta indispensable recuperar las implicancias y sentidos que ponen en juego los ámbitos educativos a fin de ver cómo se expresa y se ejerce el derecho a la educación para varones y mujeres.

En términos generales se apunta a analizar qué aprenden las mujeres sobre sí mismas y sobre su lugar en la sociedad, porqué continúan orientándose hacia campos profesionales tradicionalmente femeninos, qué efectos tiene en el desarrollo de su identidad y proyecto de vida lo que se transmite desde los Espacios íntimamente ligados a la construcción identitaria.

Los gobiernos locales deberán realizar un análisis crítico y reflexivo sobre las relaciones que los medios de comunicación y las instituciones educativas han establecido y establecen en materia de equidad de género.

Cuando hablamos de Discriminación nos referimos a un conjunto de situaciones en las que el elemento constante es la desatención al principio de igualdad entre las personas.

Esta noción, adquiere un carácter internacional desde 1948, constituye un horizonte para pensar y comprender los vínculos entre las personas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (artículo 1). Y agrega que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2).

El Plan Nacional contra la Discriminación (2005) dice que: “Entendemos como práctica social discriminatoria a cualesquiera de las siguientes acciones:

a) crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias, sean éstas del tipo que fueren, sean éstas positivas o negativas y se vinculen a características innatas o adquiridas;

b) hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un grupo humano del tipo que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo;

c) establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios y/o educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere, con el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales”.

La discriminación basada en el género se refiere a aquella que se ejerce en función de una construcción simbólica socio-histórica que asigna determinados

roles y atributos socio-culturales a las personas a partir del sexo biológico y que convierte la diferencia sexual en desigualdad social, estableciendo una jerarquía en la cual todo lo masculino es valorado como superior respecto a aquellos atributos considerados femeninos.

Esto implica que varones y mujeres no ocupan el mismo lugar, ni son valorados de la misma manera, ni tienen las mismas oportunidades, ni un trato igualitario en nuestra sociedad, relegando a las mujeres a una situación de subordinación.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, según la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la “discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera” (art. 1).

Nuestro país ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1985 y la incluyó en la reforma constitucional de 1994, dándole jerarquía constitucional (CN, art. 75 inc. 22). También se ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará (1994).

Sobre la base de los compromisos asumidos por el Estado de promover medidas de acción positiva para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones se creó el Consejo Nacional de la Mujer, y se sancionaron una serie de normas y se revisaron otras. Sin embargo, las mujeres aún no gozan de la igualdad plena y son discriminadas en distintas esferas de la vida social, política, económica y cultural.

“Existen diferentes aspectos en los que se expresan las prácticas discriminatorias: a nivel simbólico-discursivo, a nivel físico-corporal y a nivel jurídico.

El resultado histórico de estas construcciones culturales han sido la inequidad y la privación de derechos para hacia las mujeres, instaladas en las distintas sociedades de manera explícita (leyes, normas, etc.) o invisibilizadas en su asiento en usos y costumbres. La contracara de esta situación es lo que llamamos “equidad de género”, perspectiva que se orienta a lograr un tratamiento justo y equitativo para mujeres y varones según sus necesidades respectivas, y libre de sesgos, actitudes y prácticas discriminatorias.

La equidad de género no promueve un trato igual –lo que implicaría una solución simplista para problemas complejos– sino un trato igualitario, es decir, atento a las necesidades diferentes de cada género. La idea central es considerarlos equivalentes en términos de libertades, derechos, garantías, beneficios, obligaciones y oportunidades” (3).

“El concepto de género se refiere básicamente al análisis de las relaciones de poder: se trata de identificar y analizar las desigualdades que se producen sobre la base de la valoración de cada persona por su pertenencia sexual. Asimismo, es importante tener presente que las diferencias de género se entrecruzan y potencian con diferencias establecidas sobre la base de la condición social y económica, la pertenencia étnica o nacional, la edad, entre otras variables”. (2)

“El género se construye mediante procesos sociales de comunicación y de ejercicio de poder durante los procesos de crianza, educación y, sobre esta base, a lo largo de la vida. En este sentido, resulta de especial interés tomar conciencia de que la estructura jerárquica entre los géneros es transmitida de forma sutil sobre la base de generalizaciones, preconceptos, mitos, usos y costumbres referidos a uno y otro sexo, elementos que tienden a naturalizarse en el discurso y las practicas cotidianas. Es por ello que resulta pertinente resaltar el hecho de que, en tanto hablamos de modelos aprendidos, estamos

haciendo referencia a construcciones simbólicas que pueden y deben ser modificadas”. (2)

La Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) realizada en el año 2005 indica que, en Argentina, la población con discapacidad asciende a 2.176.123. De este total, 1.165.551 son mujeres y 1.010.572 son varones: representan el 7,1% del total de la población del país.

Como señala la Dra. Picasso “La doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad por motivo de género es una de las principales reflexiones para poder conocer las barreras internas y externas por las que debemos atravesar para así poder elaborar estrategias y/o acciones tendientes a eliminarlas. Esta situación nos lleva a una falta de igualdad de oportunidades, primero por genero y luego por discapacidad”.

En Argentina la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) nos revela que en uno de cada cinco hogares del país hay al menos una persona con discapacidad. El 7,1% de la población tiene alguna discapacidad. La mayoría son mujeres (53,6 %) y casi la mitad tiene entre 15 y 64 años. El sondeo revela un grave problema social: 4 de cada 10 no goza de ninguna cobertura de salud. Los datos fueron relevados entre 2002 y 2003.

El impacto de la discapacidad en un grupo provoca una alteración en la economía y en los roles del núcleo familiar, la persona con discapacidad, genera trabajo extra.

Tanto el género como la discapacidad son conceptos y concepciones construidos socialmente, que varían de una sociedad a otra, según los tiempos históricos. Cuando se conjugan el género con la discapacidad se hacen visibles los estereotipos y prejuicios comunes a ambos.

Podemos describir hoy en la actualidad, maneras de excluir (discriminar) a las mujeres con discapacidad.

¿Como?

1.-Preservando entornos arquitectónicos inaccesibles; 2.- Incomunicándolas en su hogar o en instituciones; 3.-Postergándolas en la vida real y comunitaria; 4.-Abandonando el estado de las veredas y calles; 5.-No cumpliendo las normas vigentes en cuanto a la igualdad de oportunidades; 6.- No dirigiéndoles las palabras 7.-Invisibilizándolas 8.-Impidiéndoles la capacidad de autonomía, al convertirlas en dependientes de otras personas o de tecnologías, 9.-Imposibilitándoles que sean protagonistas de sus propias vidas y acciones. No dejarles tomar decisiones.

Estos obstáculos se suman a la concepción desvalorizada de las mismas; se las considera incapaces de realizar actividades y se les niega o dificulta la posibilidad de experimentar iguales oportunidades que las personas sin discapacidad.

“Existen factores culturales, como los mitos y estereotipos, que facilitan el seguimiento de la discriminación y que desembocan en la exclusión o restricción del disfrute de oportunidades igualitarias y equitativas”. (8)

“Los roles tradicionales que han primado en nuestra sociedad han relegado a la mujer hasta hace pocos años al papel de madre y esposa, obligándola a construir su subjetividad femenina sobre la base de estos patrones. El hecho de que esta construcción social acerca de la identidad de la mujer descanse sobre bases tan limitadoras y estereotipadas, ha supuesto una restricción aún más patente, si cabe, para las mujeres con discapacidad, ya que han encontrado dificultades añadidas en nuestra sociedad a la hora de identificarse incluso como esposas y madres.

Estos prejuicios las privan de sus derechos: la libertad de crear una familia, de disfrutar de la maternidad, de ser protagonistas de sus propias vidas y por lo tanto, tener acceso a los métodos de planificación familiar, así como a la información sobre el funcionamiento de sus cuerpos”. (8)

“En Argentina se analizaron los datos obtenidos por la aplicación de una ley, mediante la cual se otorga el certificado de discapacidad. Se observó que el número de hombres incluidos en éste análisis (59%) fue mayor que el de las mujeres (41%). Esto aun más las diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad en su actitud con respecto al uso de sus derechos. La cultura latina sin embargo valoriza el papel de la mujer en el manejo de la familia. Como resultado de la combinación de estos dos hechos, es la propia mujer como madre y esposa, que prioriza el papel del hombre y sus necesidades en la vida familiar y social”. (8)

En los últimos años se ha producido una importante incorporación de mujeres al mercado de trabajo.

Cuando hablamos de discriminación en el ámbito laboral analizamos el diverso conjunto de situaciones donde se manifiesta la subordinación de las mujeres: principalmente nos referimos a la inequidad en el acceso al trabajo remunerado, a la brecha salarial (es decir, la diferencia existente entre los salarios percibidos por mujeres y por varones por el desarrollo de iguales tareas) y al llamado “techo de cristal” (que refiere al tipo de trabajo y la categoría de los cargos a los que acceden unos y otras).

En el campo laboral se verifica una fuerte discriminación de las mujeres respecto de los varones, tanto en la brecha salarial, como en el tipo de trabajo y la categoría de los cargos a los que acceden unos y otras. Si bien en los últimos años se ha producido una incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo –convirtiéndose las mujeres, en muchos casos, en el único sostén económico del hogar–, lo que caracteriza el trabajo femenino es su precariedad, informalidad, sub-ocupación (jornada menor a la habitual) y falta de cobertura de los beneficios sociales.

“En mayo de 2003, considerando las contraprestaciones del Plan Jefes/as de Hogar Desocupados, sólo el 45% de las mujeres de entre 15 y 65 años de edad se encontraban ocupadas, mientras que entre los varones, el 65% accedía a un empleo remunerado193. Las mujeres presentan mayores niveles de subocupación, es decir, trabajan una jornada menor a la habitual”.

“Mientras para la población en su conjunto el subempleo horario es de 19,3%, entre las mujeres es de 24,7% (es decir que más de 2 de cada 10 mujeres se encuentran subocupadas). Esta precariedad del trabajo femenino se debe a la alta concentración de mujeres ocupadas en sectores de actividad con escasos o nulos niveles de protección: servicio doméstico, trabajo rural, sector informal urbano”.

“A su vez, las mujeres se concentran en ramas de ocupación “típicamente femeninas”, mal remuneradas y que aparecen como extensión de los roles domésticos de “cuidadoras”: el servicio doméstico, la enseñanza, servicios sociales y de salud, otros servicios personales y la industria textil. En estas ramas, las mujeres representan más del 50% del total de ocupados”.

“En cuanto a la discriminación salarial –es decir diferencia de salarios por el mismo tipo de trabajo e igual capacitación–, los varones ganan, en promedio, 37,6% más que las mujeres. El diferencial de salarios a favor de los varones se confirma en todas las categorías ocupacionales. La brecha salarial aumenta con los mayores niveles de escolaridad y el tipo de empleo”.

“Así se registra que, entre los asalariados con primaria incompleta, las mujeres ganan un 41% menos que los varones y entre los asalariados con terciaria o universidad completa, un 40% menos. Esta situación se agrava para el caso de las no asalariadas: primaria incompleta, 42% menos y con terciario o universidad completa, 58% menos”.

“La discriminación laboral también se verifica en el sector académico. Si bien todos los investigadores tienen el mismo salario, independientemente de su

sexo, son menos las mujeres que acceden a los cargos más altos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e, incluso, en la actualidad sólo una mujer integra el directorio del organismo”. (3)

No es dable soslayar las iniciativas por parte de las Administraciones Públicas que se han ido desarrollando en estos últimos años a nivel local tendientes a garantizar la no discriminación por motivo de género y discapacidad

Es importante señalar que en materia de política social existen necesidades insatisfechas y demandas de este grupo vulnerable.

Es por ello que cada gobierno local debería contar con un plan integral de acción para la temática de la discapacidad. Es sumamente recomendable a tal efecto, garantizar la formación de recursos humanos en materia de género y discapacidad, como así también garantizar la accesibilidad en la información, comunicación, servicios y recursos relacionados con la temática. Por ejemplo, los profesionales sanitarios y sociales deben contar con formación adecuada sobre discapacidad y personas con discapacidad.

A mi entender, es clave elaborar un plan específico y a la vez estratégico como resultado de las demandas del colectivo de la discapacidad que refleje la situación de desventaja y discriminación múltiple que sufren las mujeres con discapacidad con respecto a los hombres con discapacidad y a otras mujeres, proponiendo además las medidas y herramientas necesarias para la mejora de esa situación.

Se debe fomentar en los empleadores el cambio en cuanto a su percepción del riesgo asociado a la contratación de personas con discapacidades, haciendo visible los múltiples beneficios sobre todo a nivel impositivo.

Un campo en el que se expresan estas formas de cercenamiento del acceso a derechos se vincula al espacio jurídico-político.

Durante el siglo XIX los preconceptos que hemos analizado quedaron plasmados en los diversos instrumentos jurídicos que organizan la interacción social en la mayor parte de las sociedades. El horizonte desde el que fueran pensados los derechos consagrados en nuestra Constitución y leyes es el de la preeminencia masculina por sobre el sexo femenino.

Hoy en día nos encontramos con nuevos instrumentos jurídicos internacionales que nos permiten que nuestro país, diseñe un nuevo paradigma en materia de discapacidad y que se luche más firmemente contra la discriminación a fin de obtener una real y efectiva igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad bregando para que se vea plasmado en las disposiciones legislativas y reglamentarias vigentes.

Habrá que analizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de lucha contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, presentando un recorrido por la normativa internacional que recibe la denominación de “Derechos Humanos de las Mujeres”, incluyendo la presentación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, aprobada en 1979) y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará - 1994).

En Junio del 2008 la República Argentina adhiere a la Convención Internacional para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y en el artículos 6 se encuentran reconocidos los derechos de las

mujeres con

discapacidad. Artículo 6º “1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención”. Tanto en el orden interno como internacional se propicia a través de dichos instrumentos que los gobiernos se encaminen a hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra la mujer, contemplando un conjunto de medidas transversales en todos los órdenes de la vida política, jurídica y social y en algunos casos se ha llegado a reclamar el modificar y adecuar la legislación afectada.

El Estado debe velar por el bienestar de la población, en especial con el de aquel grupo vulnerable que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades esenciales. En esto son de relevante importancia las desigualdades que median entre individuos y grupos vulnerables.

El impacto de la discapacidad en la mujer se acrecienta por la desigualdad de oportunidades a que están expuestas todas las mujeres. Universalmente se acepta que la mujer con discapacidad esta en mayor riesgo de:

* Ser pobre y desamparada * Recibir menos alimentación * Ser analfabeta y no recibir capacitación laboral * Estar desempleada. * Tener menos acceso a los servicios sanitarios y de rehabilitación. * No constituir una familia propia. * Carecer de sostén familiar y comunitario * Ser aislada por el estigma, los mitos y los temores relacionados con la discapacidad.´´. (4)

Resumiendo, partimos del planteo de abordar en forma conjunta el género y la discapacidad como factores que comparten y aumentan la discriminación.

Y en esta doble articulación de “lo que es ser mujer y tener discapacidad”, las desigualdades se potencian, casi tanto como la discriminación y la violencia a las que son sometidas las mujeres. Los diferentes roles sociales en función del género ponen a las mujeres con discapacidad en el umbral de la exclusión social, por dos causas: -o bien se las invisibiliza -o se las considera personas incapaces y no eficientes.

Estos prejuicios sociales generan en ellas, además, una autopercepción negativa y victimista y, por lo tanto, una mayor reclusión en el hogar, asumiendo las responsabilidades familiares sin el reconocimiento social correspondiente. (5)

Hay que analizar y evaluar en qué sentido se ha modificado la inserción ocupacional de las mujeres con discapacidad, uno de los elementos definitorios de la estratificación social. Y, como señala la CEPAL, es preciso averiguar en qué forma ha contribuido el Estado al proceso de integración social, lo cual puede medirse por la magnitud de los recursos destinados a las políticas y los programas sociales.

Por otro lado, la CEPAL señala que en la década de los 90´ hubo diversos cambios en las condiciones laborales, muchos de ellos perjudiciales para los trabajadores, como la falta de contrato; la proliferación de los empleos temporales o de tiempo parcial; la carencia de seguridad social; la ampliación de las causales de término de contrato; la reducción de las indemnizaciones por despido, y las limitaciones impuestas al derecho de huelga, la negociación colectiva y la afiliación sindical. La precariedad del empleo se advierte también en la falta de previsión y seguros de salud, lo que afectó más a quienes trabajan en microempresas, aunque hubo a este respecto importantes diferencias nacionales.

Otra característica de dicha década, fue el aumento del desempleo, fenómeno que se hizo sentir principalmente en los países sudamericanos: en efecto, creció en forma persistente en Argentina, Brasil y Colombia, aunque en Brasil

alcanzó niveles equivalentes a la mitad de los registrados en los otros dos países. También mostró una tendencia al alza en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Chile sólo se incrementó a partir de 1998, luego de haber disminuido de manera sistemática desde comienzos de la década. En contraste, la desocupación tendió a disminuir en México y en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe.

Comparto lo manifestado por la CEPAL cuando dice que “la reclamación por la desigualdad, parece haberse convertido en la principal preocupación, por encima incluso de la pobreza, y que existe un malestar con muchas de las instituciones claves de la sociedad, en especial con la política, los partidos políticos y los políticos mismos.

Dichos estados de ánimo tienen que ser tomados en consideración cuando se plantean los desafíos de la agenda de desarrollo social en los próximos años. Una tarea más que se agrega, tal vez la primera, porque sin ello será difícil reorientar estas sociedades hacia el desempeño que deben tener, consistente en lograr un nuevo compromiso ciudadano con la participación política, que es aquello a través de lo cual se tomarán decisiones de políticas públicas que se orienten a alcanzar los objetivos de crecimiento y mayor equidad.

Entre las tareas que también están pendientes, además de la de avanzar en la reducción de la pobreza y la superación de la indigencia, están las de progresar en la construcción de sociedades de consumo y de promover canales aptos para la movilidad social.

Se trata sin duda de un conjunto muy amplio de desafíos que deben perseguirse de consuno, porque se encuentran estrechamente enlazados entre sí”. (6)

La OIT es una organización internacional “sui generis”. Está constituida por organizaciones de trabajadores y de empleadores así como por los gobiernos. Conocido como "tripartismo", esta forma de representación refleja la creencia de que no pueden obtenerse políticas sociales y económicas sostenibles sin el

aporte de aquéllos cuyas vidas se ven más afectadas por ellas. Los grupos de trabajadores y de empleadores - los “actores sociales"- son miembros importantes de la sociedad civil y por ello la OIT es una organización internacional con firmes raíces en las instituciones de la sociedad civil.

Dicha organización señala que “Alrededor de 470 millones de personas en edad laboral sufren alguna forma de discapacidad que difiere en la naturaleza y el grado de severidad. A ello se añade el aspecto del género, la edad o la situación económica, que influyen en el status y acceso al mercado de trabajo.

El hecho de carecer de definiciones y métodos comunes a todos los países es un obstáculo para la comparación de estadísticas nacionales, si existen, y dificulta la mejor comprensión de la discapacidad y el trabajo.

La OIT define personas con discapacidad en el trabajo a "aquellas cuyas perspectivas de seguridad, regreso, mantenimiento y progreso en un empleo adecuado se ven reducidas de forma importante debido a un reconocimiento adecuado de una discapacidad física, sensorial, intelectual o mental".

De manera general, las personas con discapacidad experimentan formas comunes de discriminación, como un alto nivel de desempleo, prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. Se enfrentan asimismo a la discriminación en el momento de la contratación. En una encuesta realizada en Francia se constata que menos de un 2% de aquellos que han hecho mención de una discapacidad en el CV han sido convocados para una entrevista. Las personas con discapacidad son contratadas principalmente a través de agencias de trabajo temporal, para de esa forma minimizar los riesgos de los empleadores.

La discriminación empeora con la edad. Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual.

Cifras claves

• Más de un 60 por ciento de las personas con discapacidad están en edad de trabajar, y sin embargo experimentan un índice de desempleo de entre 80 y 100 por ciento superior al de los trabajadores sin discapacidad.

• En Europa, el 52 por ciento de las personas gravemente discapacitadas no forma parte de la fuerza de trabajo.

• Un estudio realizado en 2003 en Estados Unidos constató que el 73 por ciento de los empleadores encuestados declaró que los trabajadores discapacitados no necesitan servicios especiales.

• En Australia, el coste medio de empleo de un trabajador discapacitado fue un 13 por ciento superior al de un empleado sin discapacidad, incluso contando con las mismas aptitudes.

• En el Reino Unido, los discapacitados de 26 años tienen cuatro veces más probabilidades de estar sin empleo que aquellos que no cuentan con discapacidad alguna”. (7)

“Tanto en el ámbito nacional como internacional se ha observado durante las pasadas décadas la intención de incrementar las oportunidades de empleo, la capacidad de mantenerlo y las posibilidades de volver al trabajo para las personas con discapacidad. Ello es debido principalmente al reconocimiento de su importante contribución potencial a las economías nacionales. Las acciones emprendidas a nivel nacional para luchar contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad reflejan una dualidad entre el modelo de carácter puramente "moral" o "medical" y aquel basado en los derechos del individuo, y que se centra en la integración social de los discapacitados y la eliminación de las estructuras injustas contrarias a la igualdad, al mismo tiempo que promueven el acceso de dichas personas al mercado laboral”. (7)

“La OIT promueve algunos de los tipos de actividades a través de los cuales se puede cambiar la situación:

• Promover el interés de su gobierno para que ratifique y aplique a la letra los convenios de la OIT; • Presionar a sus autoridades locales para que apliquen las leyes relativas a la educación; • Instar a su sindicato a que promueva la causa en su país o se solidarice con sindicatos en el extranjero; • Instar a su confederación de empleadores a que inicie programas pertinentes; • Contribuir a crear o dirigir alternativas educativas; • Hablar con los niños y con sus padres para alentarlos hacia otras alternativas; • Instar a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales a que aumenten la concienciación; • Ser un consumidor y un viajero informado.

Existen muchas posibilidades para participar en esta importante lucha, pero lo más importante es participar. El éxito de este trabajo depende del apoyo por parte de los miembros de la sociedad civil”. (7)

La nueva concepción de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad despliega efectos en múltiples sectores de la legislación y las prácticas administrativas y sociales, obligando a cambiar visiones, actitudes y vías de hecho en relación con la discapacidad, que tradicionalmente venían considerándose como admisibles o tolerables. (8)

Conclusión La perspectiva central de este trabajo se orientó a sentar las bases para una reflexión crítica respecto de la forma en que se articulan las relaciones sociales entre varones y mujeres en la sociedad contemporánea. Se analizaron las representaciones socialmente vigentes respecto de los géneros femenino y masculino, la jerarquización que se establece entre los

sexos, intentando dar lugar a una primera desnaturalización de la estructura simbólica de valoración de lo femenino y lo masculino. Sobre esta base, se analizó la conformación socio-histórica de roles, funciones y tareas en cada uno de los espacios de la vida social y los problemas que este tipo de simbolización trae aparejada para las mujeres. La perspectiva de género analiza los roles sociales, los estereotipos que inciden culturalmente y la relación jerárquica entre varones y mujeres como factores fundamentales en la promoción, protección o impedimento para el pleno desarrollo y acceso a derechos para las mujeres.

Las mujeres, debido a su condición de género, encontraron y aún encuentran innumerables cercenamientos en el acceso al pleno goce de sus derechos políticos, civiles, culturales, sociales y económicos.

En la medida en que la igualdad es la condición esencial de toda sociedad democrática que aspire a la realización de los derechos humanos, resulta central la participación de mujeres y hombres con el propósito de promover la igualdad, la vida en democracia y garantizar la plena vigencia y protección de los derechos humanos.

El Estado debe velar por el bienestar de la población, en especial con el de aquel grupo vulnerable que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades esenciales.

Se deberá analizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de lucha contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres.

Será tarea de cada gobierno local, el proponer nuevas medidas no contempladas en materia de género y discapacidad en dichas disposiciones legislativas y reglamentarias sobre la temática, medidas que serán según su ámbito de intervención.

Deberán

establecerse

planes

específicos

que

contemplen

objetivos,

mecanismos institucionales y financiación a fin de encontrar estrategias para desandar las diversas manifestaciones de la desigualdad social.

Esto facilitará llegar a los objetivos de máxima que son lograr una sociedad más inclusiva, más representativa y más democrática, que pueda velar de manera efectiva y eficaz con relación a las necesidades de las personas con discapacidad que cuentan con menos recursos y que requieren el auxilio de los gobiernos locales para gozar de plena autonomía y de una genuina inclusión social.

En este contexto resulta de interés tomar en consideración tanto los aspectos normativos como las acciones concretas que apuntan a efectivizarlos.

Habrá que reflexionar respecto de las estrategias para la transversalización de la perspectiva de género en el diseño y desarrollo de políticas públicas tendientes a promover la igualdad de trato y de oportunidades para mujeres y varones.

Cabe recordar que la segregación y exclusión, por razones de género y de discapacidad, es un quebrantamiento de los Derechos Humanos.

Es por ello que buscamos un mayor compromiso por parte de los gobiernos locales a la hora del armado de las políticas sociales inclusivas en materia de discapacidad, haciendo foco específicamente en la situación de vulnerabilidad y exclusión de las mujeres con discapacidad.

Bibliografía:

1. Notas Informativas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Junio, 2000. Manual del Consejo Nacional de la Mujer para Facilitadoras/es. “Mujer, Equidad y Trabajo”. Nueva edición, 2007. "Mujer, discapacidad y acceso al empleo decente". Autora: Silvia Mirta Valori. 2. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. Curso Virtual. “Género y Derechos Humanos”. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 2010. 2 bis. Faur, Leonor “Masculinidades” en Gamba, Susana (coord.), Diccionario de estudios de género y feminismos, Buenos Aires, Biblos, pp. 203-205. 2007. 3. VVAA. Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación, Bs. As., INADIPNUD, página 41. 2005. 4. Discapacidad: lo que todos debemos saber.E. Alicia Amate y Armando Vazquez. Editores. Washington, D.C: OPS, 2006. 5. Género y Discapacidad. Una cuestión de derechos Humanos Cuadernillo del Consejo Nacional de la Mujer Consejo nac. Coordinador de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación. 2008. .Bs. As. Argentina. 6. Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile, marzo de 2004. 7. OIT “Discriminación por razones de discapacidad” y “lo que ustedes pueden hacer”. 8. Mujeres con discapacidad y el Acceso a la Salud, Dra. Norma Picasso. 2010. 9. Derechos y Garantías de los Trabajadores. Dr. Carlos Alberto Livellara. Ed. Rubinzal-Culzoni. 2003.