REVISTA. estudios y cultura. Especial Deuda

FUNDACIÓN 1 DE MAYO 68 • FEBRERO 2015 REVISTA estudios y cultura Especial Deuda José Moisés Martín Carretero La gobernanza global de la deuda y las

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CULTURA REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA
CULTURA REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA MIKISTRO: DOCTOR REYKALDO GALIXDO POHL SUB-SECRETARIO : DOCTOR ROBERTO MASFERRER DIRECTOR: SE

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FUNDACIÓN 1 DE MAYO

68 • FEBRERO 2015

REVISTA estudios y cultura Especial Deuda José Moisés Martín Carretero

La gobernanza global de la deuda y las iniciativas de reducción de la deuda. Experiencias, lecciones e insuficiencias Juan Laborda

España: ¡fue la deuda privada, estúpidos!! Jorge Fabra Utray

La flexibilidad dentro de las normas fiscales europeas Pablo Martínez, Iolanda Fresnillo y Sònia Farré

Auditoría ciudadana, mucho más que auditar las cuentas de la deuda SUMARIO • ANÁLISIS | Javier Doz: Grecia y Europa, una vez más. • Enrique Martín | Pensionistas retornados, ¿impuestos justos y transparentes? • Lola Morillo | El retroceso de la sanidad pública en perspectiva histórica. • Félix A. Ovejero | La Plataforma de Desarrollo de las Américas: una nueva herramienta de la CSA.

• Manel Ferri y Ricard Riol | El proyecto Tren 2020: menos frustración y más resultados para el ferrocarril español. • Pepe Gálvez | El año en que Angulema fue Charlie. SECCIONES • Centro de Documentación y Biblioteca. • Los datos tienen la palabra.

REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, Ana Fernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Félix Ovejero, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas. Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838 | www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724

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Javier Doz | Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Grecia y Europa, una vez más

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n el momento de salir este número no se ha resuelto todavía la primera fase de la nueva crisis griega, con el euro y la UE una vez más al borde del abismo. El gobierno alemán y la mayoría de los europeos, con pocos matices y excepciones, siguen exigiendo que la prórroga del rescate, aceptada por el gobierno de Syriza si se cambian algunas condiciones, sea aplicada con todas ellas. En una nueva ceremonia de manipulación, a la que contribuyen la mayoría de los grandes medios de comunicación, se transmite sólo un mensaje: los deudores tienen que cumplir todos sus compromisos si quieren obtener de los acreedores algo de generosidad en el futuro. Algunos van más allá, como el gobierno de España, y, olvidándose de los intereses nacionales, se apuntan al núcleo duro de la posición alemana e intentan azuzar los sentimientos nacionalistas con mentiras xenófobas del calibre de que si no fuera por los 26.000 millones que le prestamos a Grecia no hubieran habido recortes apenas y hasta se hubieran podido expandir algunas de las grandes partidas del gasto social. La realidad es otra muy distinta. España –al igual que los demás Estados de la UE– sólo avaló el préstamo del MEDE y la propuesta del gobierno griego garantizaría que dicho aval no se ejecutase. Pero lo que prima es el sectarismo político y la necesidad de castigar a un gobierno que ha tenido la osadía de decir que la política de austeridad y la gestión alemana de la crisis han sido un desastre para Grecia y para Europa, y que hay que cambiarlas ya. Todos los analistas inteligentes, incluidos los del FMI y la OCDE, lo reconocen así y consideran que la deuda griega es impagable y hay que reestructurarla. Lo que se pretende ocultar es que las condiciones alemanas impedirían al gobierno griego aplicar su programa de emergencia, es decir le impedirían actuar para que cientos de miles de familias griegas no pasasen hambre y frío y para que los

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o que se pretende ocultar es que las condiciones alemanas impedirían al gobierno griego aplicar su programa de emergencia, es decir le impedirían actuar para que cientos de miles de familias griegas no pasasen hambre y frío y para que los tres millones de personas –las más necesitadas- excluidas de la asistencia sanitaria de la seguridad social volvieran a tenerla.

tres millones de personas –las más necesitadas– excluidas de la asistencia sanitaria de la seguridad social volvieran a tenerla. Nuevo y gran ejemplo del modo intolerable e inmoral de gobernar Europa. Esto lo ha reconocido el propio Jean Claude Juncker declarando que la actuación de la troika ha atacado la dignidad de griegos, portugueses e

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irlandeses. Entramos en el campo del surrealismo cuando escuchamos la contestación del Ministro de la Presidencia de Portugal diciendo que no, que la troika ha tratado bien a Portugal. Y en el del psicoanálisis si recordamos que Juncker era el jefe del Eurogrupo que impuso el rescate a Grecia y el primer ministro de Luxemburgo que promovió el fraude fiscal de las empresas multinacionales. Pero lo más interesante de las declaraciones de este cínico político europeo es la afirmación de que sólo ahora la Comisión Europea discute sobre la troika. Sabíamos que la troika era un organismo sin base legal alguna en el entramado jurídico de la UE, lo que no nos podíamos imaginar es que quienes tomaban las decisiones en nombre del “gobierno europeo” eran unos simples funcionarios. Esto es un hito insuperable de conducta antidemocrática. El gobierno español, guiado principalmente por el miedo de que una victoria de Syriza sirva de incentivo de voto a Podemos y otras opciones de izquierda, pretende que olvidemos los daños que el austericidio ha producido en nuestra economía y nuestra sociedad. También pretende que no nos percatemos de que la falta de una solución realista y justa al nuevo episodio agudo de la crisis griega abriría una nueva fase de inestabilidad financiera, con España e Italia en la primera línea de daños. Es posible, y deseable, que las tácticas negociadoras inspiradas en Sansón y los filisteos no lleguen a sus últimas consecuencias. Pero de nuevo nos encontraremos previsiblemente con una solución medio mala que dejaría sin resolver los problemas de fondo y sólo ganaría tiempo. Es decir, no caerían el euro y la UE en el abismo pero la UE continuaría profundizándo su crisis política, el profundo deterioro del proyecto político más importante del Siglo XX. Una breve nota sobre la conducta de la socialdemocracia europea. Con algunos matices por

parte de los gobiernos francés e italiano, los partidos socialistas en el gobierno o en la oposición, o bien se han alineado con la posición ultraconservadora del gobierno alemán, como el SPD, o bien han procurado pasar sobre ascuas sobre el tema, como es el caso del PSOE, renunciando

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l gobierno español, guiado principalmente por el miedo de que una victoria de Syriza sirva de incentivo de voto a Podemos y otras opciones de izquierda, pretende que olvidemos los daños que el austericidio ha producido en nuestra economía y nuestra sociedad.

–una vez más en esta larguísima crisis– a plantear cualquier alternativa de izquierdas al evidente mal gobierno de esta crisis por parte de la derecha europea. El sindicalismo europeo está criticando con firmeza la posición del Consejo Europeo y del Eurogrupo. Hay que incluir al sindicalismo alemán. Los responsables de la DGB y de sus principales federaciones han publicado una carta abierta de denuncia de este nuevo ataque al pueblo griego por parte de las instituciones europeas. Pero las palabras no bastan. Sería necesario, a mi juicio, que los sindicatos europeos y la CES promovieran una gran movilización, junto con otras fuerzas sociales y políticas, en apoyo del pueblo griego y por un nuevo proyecto político para la UE más democrático, solidario y socialmente avanzado que este que se está diluyendo entre las manos de unos políticos de muy cortas miras. 3

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José Moisés Martín Carretero | Economista

La gobernanza global de la deuda y las iniciativas de reducción de la deuda. Experiencias, lecciones e insuficiencias

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asta el inicio de la crisis financiera de 2008, hablar de deuda en el ámbito de la economía internacional era hacerlo de la deuda externa de los países en vías de desarrollo. En efecto, desde que en 1982 el Gobierno de México declarase su incapacidad del pago de la deuda contraída durante los años anteriores, y hasta prácticamente el año 2010, con el estallido de la crisis griega, el marco internacional de gobernanza de la deuda se ceñía casi exclusivamente a los países en desarrollo y emergentes, y las principales iniciativas internacionales y multilaterales de revisión de dicha deuda tenían como objetivo proporcionar una adecuada gestión de la misma. En el presente artículo, examinaremos los la gobernanza global de la deuda generados en el entorno de las instituciones financieras tanto bilaterales como multilaterales, y especialmente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, como principales actores –que no únicosen la gestión de dichos marcos. Como veremos, el sistema de gobernanza previsto tiene todavía demasiadas lagunas y necesita de una profunda revisión para afrontar los retos que ofrecen un mundo complejo y cada vez más interdependiente. El marco multilateral de la gestión de la deuda: El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las iniciativas HIPC y MDRI: de las crisis de liquidez al problema de la solvencia. Tras la crisis de los años 70 y 80, y los magros logros de los planes específicos ad-hoc (tales como el plan Baker y el plan Brady), en la década de los años 90 se comienza a trabajar en la puesta en marcha de nuevas iniciativas de carácter estructural y de largo plazo. En efecto, la arquitectura financiera internacional surgida de la conferencia de Bretton Woods, que dio lugar al Fondo Monetario Internacional

y al Banco Mundial, no contaba con un mecanismo ordenado de tratamiento global del endeudamiento insostenible, realizándose hasta los años ochenta una serie de tratamientos parciales no siempre coherentes entre sí. Por un lado, la tarea esencial del Fondo Monetario Internacional se refería al tratamiento y apoyo en el caso de crisis de balanzas de pagos, situaciones en las que, a corto plazo, un país se

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a arquitectura financiera internacional surgida de la conferencia de Bretton Woods, que dio lugar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no contaba con un mecanismo ordenado de tratamiento global del endeudamiento insostenible, realizándose hasta los años ochenta una serie de tratamientos parciales no siempre coherentes entre sí. encontraba sin liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago internacionales. La asistencia tradicional del FMI se vinculaba a proporcionar dicha liquidez a través de créditos sometidos –especialmente a partir de los años 70 y 80– a una severa condicionalidad en materia de estabilización macroeconómica: los llamados “Programas de Ajuste Estructural”. Estos programas, que acompañaban como condicionalidad a los préstamos ofrecidos por la institución, sometían a los países beneficiarios de su financiación a una serie de reformas destinadas a mitigar los desequilibrios macroeconómicos, especialmente en lo relativo a sus balanzas por cuenta corriente, reprimiendo la demanda interna –esto es, encogiendo el consumo y la inversión interna, así como el gasto público-, fomentando

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el ahorro, y liberalizando sectores protegidos. Se suponía que, de esta manera, los desequilibrios macroeconómicos de reducirían y las economías podrían volver a crecer con mejores perspectivas en materia de inflación, déficit público y déficit exterior. Por otro lado, el marco de renegociación de los términos de la deuda se realizaba a través de negociaciones entre los acreedores y los deudores, en el marco de la institución informal que representa el Club de París, para los acreedores públicos, y en el Club de Londres, para los acreedores privados. Este esquema –negociación acreedor/deudor y ajuste estructural vinculado a la liquidez a corto plazo– saltó por los aires en los años 80 con la crisis de la deuda latinoamericana, ya que supuso la constatación de que, si bien hay países que están sometidos a crisis temporales de liquidez, buena parte de las economías con sobreendeudamiento se encuentran permanentemente sujetas a la amenaza de la insolvencia, y donde la carga del servicio de la deuda supone una seria barrera para el cumplimiento de los más mínimos objetivos de crecimiento económico y desarrollo social. Hecha esta distinción, entre países sometidos a crisis de liquidez y países sometidos a situaciones de insolvencia, en 1996 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lanzan la primera de una serie de iniciativas destinadas a ofrecer un alivio duradero y permanente para países con un alto nivel de sobreendeudamiento. La primera de esas iniciativas se conoce como iniciativa HIPC (High Indebted Poor Countries), o Países Pobres Altamente Endeudados. El objetivo de la iniciativa HPIC, que ha mantenido su vigencia hasta el día de hoy, es liberar a los países más pobres de la carga de una deuda externa que amenazaba sus posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. Se trata, por lo tanto, de una iniciativa limitada a una serie de países muy determinados –36 en total– con unas características muy concretas: En primer lugar, los países beneficiarios son países de bajos ingresos per cápita, por lo que se excluyen los países de Renta Media o emergentes. Para estos países, el mecanismo de gestión de la deuda se mantiene dentro de los cauces tradicionales de provisión de liquidez y negociación acreedor/deudor.

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l objetivo de la iniciativa HPIC, que ha mantenido su vigencia hasta el día de hoy, es liberar a los países más pobres de la carga de una deuda externa que amenazaba sus posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. Se trata, por lo tanto, de una iniciativa limitada a una serie de países muy determinados –36 en total– con unas características muy concretas.

En segundo lugar, son países que por su propia naturaleza no tienen o tienen un acceso a los mercados financieros internacionales extraordinariamente limitado, siendo la gran mayoría de sus acreedores otros países o instituciones financieras multilaterales. En tercer lugar, sus ratios de deuda externa deberían superar determinados umbrales que la harían ser considerada como “insostenible”. Estos ratios de deuda externa se situarían inicialmente en un stock total de deuda superior al 200-250% de las exportaciones anuales, un servicio de la deuda –obligaciones de repago de principal e intereses– por encima del 25% de las exportaciones anuales, y un límite de la ratio deuda total/ingresos ficales superior al 280%.

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A partir de estos criterios, se estableció una lista de países potencialmente beneficiarios (41 en total, la mayoría de ellos en África subsahariana), que se ha ido modificando con el tiempo para finalmente quedar en los 39 actuales. La iniciativa HIPC se estructura a través de dos fases: La primera fase, o punto de decisión, se alcanza en el momento en el que el país beneficiario cumple con las siguientes condiciones: – Ser elegible para la financiación de la Asociación Internacional de Desarrollo, la ventanilla blanda del Banco Mundial, y para las contribuciones del Fondo de Reducción de la Pobreza y Crecimiento del Fondo Monetario Internacional. – Mantener una carga de la deuda superior a los límites anteriormente explicados. – Mantener un registro de reformas y políticas económicas en línea con los programas apoyados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y – Desarrollar un Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza (PRSP, o Poverty Reduction Strategy Paper). Una vez que se han cumplido estas condiciones, el país pasa el punto de decisión y su deuda es provisionalmente reestructurada hasta situarla en niveles de sostenibilidad. Esta reestructuración provisional se convierte en irrevocable en el momento en el que el país supera la segunda fase, o punto de culminación. Para alcanzar esta fase de culminación, los países beneficiarios deben haber cumplido los siguientes condicionantes: – Mantener una buena ejecución de la condicionalidad en materia de políticas de ajuste macroeconómico. – Mostrar una buena ejecución, al menos durante un año, de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Una vez que el país ha alcanzado ese nivel de cumplimiento de los criterios, se considera que ha alcanzado el punto de culminación y la reducción de la deuda prevista se convierte en irrevocable. En la actualidad, de los 39 países que están sometidos a la iniciativa HIPC, 35 han alcanzado el punto de culminación, mientras que uno ha alcanzado el punto de decisión (Chad) y otros tres están pendientes de alcanzarlo (Eritrea, Somalia y Sudán).

El mecanismo HIPC ha permitido reducir sustancialmente la carga de la deuda para los países más pobres con fuertes niveles de endeudamiento, logrando movilizar a la comunidad de acreedores –multilaterales y bilaterales- en la gestión sostenible de la deuda. En total, el nivel de deuda reestructurada se ha situado en 75 mil millones de dólares en valor de 2013, siendo 57 mil millones los destinados a los países en fase de post-culminación. Adicionalmente a este esfuerzo, en 2005 el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Africano de Desarrollo (ventanilla blanda del Banco Africano de Desarrollo) lanzaron la inciativa de alivio de la deuda multilateral, o

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l igual que HIPC, MDRI supone un grado de condicionalidad dirigido a garantizar que el país beneficiario tiene políticas macroeconómicas adecuadas, está ejecutando su estrategia de reducción de la pobreza, y demuestra un desempeño aceptable en materia de gestión del gasto público.

Multilareral Debt Relief Initiative (MDRI), cuyo objetivo sería completar el esfuerzo desarrollado en el marco de la iniciativa HIPC para realizar una reestructuración adicional de los créditos de naturaleza multilateral –aquellos contraídos con las instituciones participantes. La iniciativa MDRI se centra en aquellos países que han alcanzado el punto de culminación de la iniciativa HIPC, así como aquellos que, manteniendo deudas con las instituciones participantes tienen una renta per cápita por debajo de 380 dólares anuales. Al igual que HIPC, MDRI supone un grado de condicionalidad dirigido a garantizar que el país beneficiario tiene políticas macroeconómicas adecuadas, está ejecutando su estrategia de reducción de la pobreza, y demuestra un desempeño aceptable en materia de gestión del gasto público. La iniciativa MDRI ha supuesto la condonación adiciona de 41 mil millones de dólares –en precios de 2013- que, sumados a la reestructuración ge-

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nerada por HIPC, ofrece un total de 116 mil millones de dólares de condonación. En términos de esfuerzo, el mayor esfuerzo de condonación lo han desarrollado los organismos multilaterales, con un 64% sobre el total, mientras que los acreedores bilaterales han ofrecido el 32% de los esfuerzos. El 4% restante se ha logrado a partir de la participación del sector privado en la iniciativa, con la condonación de créditos comerciales.

Los resultados de la iniciativa en términos de reducción de la carga de la deuda han sido notables: entre 1999 y 2013, los principales indicadores de sostenibilidad de la deuda de los países participantes han mejorado en gran medida, tal y como se puede observar en la tabla 1. La gobernanza nacional de la deuda: el Marco de Sostenibilidad de la Deuda. Adicionalmente a las iniciativas de alivio de la

deuda, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han desarrollado una serie de iniciativas vinculadas a mejorar la gestión nacional de la deuda, a través del monitoreo y supervisión de las políticas de endeudamiento, el análisis de sus tendencias y el fortalecimiento de las capacidades públicas para su gestión.

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n términos de esfuerzo, el mayor esfuerzo de condonación lo han desarrollado los organismos multilaterales, con un 64% sobre el total, mientras que los acreedores bilaterales han ofrecido el 32% de los esfuerzos.

De esta manera, en 2005, ambas instituciones lanzan el Marco de Sostenibilidad de la Deuda para los países de bajos ingresos, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades internas en la toma de decisiones de endeudamiento y gestión de la deuda, a través de una previsión de las necesidades de financiación y de las capacidades futuras de repago. El Marco de sostenibilidad de la deuda se basa en la realización periódica de un análisis pormenorizado de la sostenibilidad de la deuda de cada país (o DSA, Debt Sustaniability Analysis), que consiste en lo siguiente: – Análisis de las proyecciones de la carga de la deuda para próximo 20 años, incluyendo su vulnerabilidad ante choques exógenos–recesiones, etc… – Evaluación del riesgo de sobreendeudamiento, basándose en los límites de sostenibilidad

Tabla1 Indicadores de Sostenibilidad de la deuda. 35 países participantes en HIPC post-culminación Total Deuda/Exportaciones ................................................................... Total deuda/PIB .................................................................................... Servicio de la deuda/exportaciones....................................................... Total deuda/Ingresos fiscales ................................................................ Servicio de la deuda/ingresos fiscales ................................................... Fuente: Banco Mundial 2013.

1999

2013

457% 114% 18% 552% 22%

78% 20% 5% 111% 7%

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de la deuda y la calidad de las políticas e instituciones del país. – Recomendaciones para una estrategia de financiación a largo plazo que mitigue el riesgo de sobreendeudamiento. El DSA califica a los países en función de su riesgo de sobreendeudamiento, clasificándolos en países de bajo riesgo –si todos los indicadores se encuentran dentro de los límites de sostenibilidad-, medio riesgo –si los indicadores están dentro de los límites pero existen vulnerabilidades ante choques externos-, alto riego –si los indicadores están fuera de los límites, pero el país no ha mostrado problemas para atender sus pagosy sobreendeudamiento, cuando el país tiene dificultades de repago. Los indicadores utilizados para la determinación de los riesgos son similares a los usados en el caso de la iniciativa HIPC, si bien se calibran en función de las fortalezas institucionales de cada país, según son clasificadas por el Banco Mundial, tal y como aparecen en la tabla 2. El DSF y el DSA cumplen, de esta manera, con la función de ofrecer información sobre el desempeño de la gestión de la deuda, tanto para los países deudores, como para los acreedores, de manera que permite conocer el riesgo de sobreendeudamiento en el que está incurriendo una economía. Adicionalmente, en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades, el Banco Mundial mantiene una serie de herramientas al servicio de los países, dirigidas a mejorar la capacidad institucional de la gestión de la deuda. Estas herramientas son las siguientes: – Evaluación del desempeño de la gestión de la deuda (DeMPA, o Debt Management Performance Assessment), que evalúa las fortalezas y

debilidades del sistema nacional de gestión de la deuda. – Estrategia de Gestión de la deuda de Medio Plazo (MTDS, o Medium-Term Debt Management Strategy), que proporciona una estrategia de una duración entre tres y cinco años para la gestión de la deuda. Permite determinar la composición de la deuda (corto/largo plazo), teniendo en

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l DSF y el DSA cumplen, de esta manera, con la función de ofrecer información sobre el desempeño de la gestión de la deuda, tanto para los países deudores, como para los acreedores, de manera que permite conocer el riesgo de sobreendeudamiento en el que está incurriendo una economía.

cuenta la situación macroeconómica y las condiciones del mercado. – Plan de Reforma de la Gestión de la Deuda, destinado a fortalecer las capacidades institucionales de los sistemas nacionales de gestión de la deuda. Con estas herramientas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional completan el mecanismo de gobernanza de la deuda para los países de bajos ingresos, y, aunque no se refiere directamente a los países HIPC, completa sus tareas de gestión internacional de la deuda. La gobernanza de los acreedores bilaterales: el club de París. Para aquellos países deudores que no están sometidos a las iniciativas HIPC o MDRI, la alter-

Tabla 2 Límites de seguridad en el marco de Sostenibilidad de la Deuda Deuda Total como % Exportaciones

Políticas débiles Política adecuadas Políticas fuertes

100 150 200

Fuente: Fondo Monetario Internacional 2013.

Servicio de la Deuda como %

PIB

Ingresos Fiscales

30 40 50

200 250 300

Exportaciones

15 20 25

Ingresos Fiscales

18 20 22

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nativa que les queda en la renegociación de su deuda soberana sigue siendo el club de París. El Club de París se formó en 1956, y reúne a una serie de países acreedores, bajo un paraguas no formal –no es un organismo internacional– en el que se tratan los temas de renegociación de la deuda soberana con los deudores. Los principios de actuación del Club de París son los siguientes: – Solidaridad: Los acreedores actúan de manera coordinada y tienen en cuenta, en sus reclamaciones, los efectos que las renegociaciones pueden tener sobre otros acreedores miembros del Club. – Consenso: las decisiones en el Club de París se toman por Consenso. – Información compartida: los miembros comparten análisis e información de manera recíproca para evitar situaciones de ventaja en las negociaciones. – Caso a caso: las soluciones se toman siempre caso por caso, atendiendo a las características y condiciones del deudor. – Condicionalidad: los ejercicios de reestructuración se someten a condicionalidad en materia de políticas macroeconómicas del deudor. – Comparabilidad del tratamiento: si un deudor acepta condiciones de los acreedores en el marco del Club de Paris, posteriores renegociaciones con acreedores no participantes en el mismo no pueden otorgar situaciones de ventaja para otros acreedores. El Club de París proporciona cuatro tipos de tratamiento a la deuda en proceso de renegociación: el tratamiento estándar, el tratamiento “Hevian” (para países de renta media-baja), el tratamiento “Nápoles”, para países pobres altamente endeudados, y el tratamiento “Colonia”, para países participantes en la iniciativa HIPC. Cada uno de estos tratamientos tiene una serie de condicionalidades diferenciadas en función de la situación del deudor, tales como plazos, porcentajes de repago, nivel de concesionalidad, etc. El Club de Paris ha realizado a lo largo de su historia un total de 430 acuerdos con 90 países, con un monto total de reestructuraciones de 583 mil millones de dólares1. Se trata, por lo tanto, del principal espacio de gobernanza de la deuda soberana, y a fecha del 31 de diciembre de 2013, mantenía vivas reclamaciones de créditos por valor de 373 mil millones de dólares.

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l Club de París proporciona cuatro tipos de tratamiento a la deuda en proceso de renegociación: el tratamiento estándar, el tratamiento “Hevian” (para países de renta media-baja), el tratamiento “Nápoles”, para países pobres altamente endeudados, y el tratamiento “Colonia”, para países participantes en la iniciativa HIPC.

Conclusión: las insuficiencias del sistema. El sistema multilateral de tratamiento de la deuda soberana se debería completar con el Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana (o SDRM, por sus siglas en Inglés), propuesto por el Fondo Monetario Internacional en 2003. El mecanismo estaba pensado para ofrecer un marco de gobernanza que se aplicara no sólo a los países con acreedores públicos, sino también a los acreedores privados, ofreciendo seguridad jurídica tanto a los prestamistas como a los prestatarios. El SDRM propuesto se basaba en los siguientes principios: – Reestructuración por parte de la mayoría: si una mayoría de acreedores estaban de acuerdo

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con una renegociación, está sería de aplicación a todos los mismos. – Disuasión de litigios: se buscaba evitar entrar en procedimientos judiciales que pudieran perturbar las negociaciones. Es importante señalar en este punto que mucha deuda soberana se emite bajo jurisdicción de otros países, por lo que las complicaciones jurisdiccionales que podrían traer dichos litigios serían fuente de permanentes

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os casos de reestructuración de Ecuador, Argentina o Grecia en los últimos años, han vuelto a elevar a la agenda global la necesidad de establecer un régimen multilateral de tratamiento de las renegociaciones de la deuda soberana

preocupaciones –como ha sido el caso de la reestructuración Argentina y la sentencia del Tribunal de Nueva York en 2014–. – Protección de los intereses del acreedor: se pretendía ofrecer un marco de garantías adecuadas a los acreedores. – Negociación de buena fe: se tomarían decisiones destinadas a proteger las inversiones de los acreedores desde la buena fe. – Transparencia: se ofrecería toda la información relevante. – Financiamiento prioritario: bajo acuerdo con los acreedores, un país podría reservar una parte de su financiación para atender a prioridades económicas o sociales. – Solución de controversias: se establecería un foro para la resolución de las controversias. La realidad es que el desarrollo del SDRM no

se ha llegado a completar adecuadamente y hoy en día la gobernanza de la deuda adolece de la falta de un régimen multilateral adecuado para su tratamiento. Los casos de reestructuración de Ecuador, Argentina o Grecia en los últimos años, han vuelto a elevar a la agenda global la necesidad de establecer un régimen multilateral de tratamiento de las renegociaciones de la deuda soberana, como así se ha expresado en la Asamblea General de Naciones Unidas en su sesión de 20142. Los marcos actuales, pensados para los países más pobres, son claramente insuficientes para hacer frente a una realidad que supera, con mucho, la errónea concepción de que las crisis de deuda son “patrimonio” de los países más pobres del planeta. 3

NOTAS 1

Datos del Club de París: http://www.clubdeparis.org/sections/donneeschiffrees/chiffres-cles

2

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 2014. Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes. A/C.2/69/L.4/Rev.1

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA – Banco Mundial. “HIPC MDRI Presentation”. Documentación del Anual Meeting 2014. – Club of Paris Comprehensive Data on Claims. Junio de 2014. – Macías, A. “La deuda externa en el mundo en desarrollo: sostenibilidad, alivio y reestructuración”. Fundación Carolina, 2008. – Pérez Sánchez. “Deuda externa de América Latina. Balance de una Década 1980-1990”. Cuadernos de Estudios Empresariales 5. Madrid, 1995. – Reinhart, C y Rogoff, K. “Esta Vez en Diferente”. Fondo de Cultura Económica, 2012. – IMF Fact sheets: HIPC, MDRI, SDF.

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Juan Laborda | Economista

España: ¡fue la deuda privada, estúpidos!! 1. IntRoDuCCIón La actual crisis sistémica de la economía española se encuadra dentro de lo que técnicamente se denomina una recesión de balances. Bajo este análisis la dinámica actual de nuestra deuda es insostenible. Tenemos un volumen de deuda -privada, pública y externa- que no se va a poder pagar, salvo que se pretenda un estancamiento prolongado en el tiempo de nuestra economía, más allá de dos décadas. Obviamente quien concedió la mayor parte de esa deuda, nuestro sistema financiero, presentaba claros problemas de solvencia, y la manera en que se ha tratado de restablecer la misma ha afectado ya no solo a la situación real de nuestro sector bancario, sino también a la economía y ciudadanía en su conjunto. Lo que empezó siendo un problema de deuda privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública. Detrás de la brutal expansión de nuestra deuda soberana no se encuentra en absoluto el interés de quienes nos gobiernan de mejorar nuestras condiciones de vida –educación, empleo, pensiones, sanidad, dependencia, vivienda,…–. Como luego veremos, la mitad del incremento de la deuda pública se ha destinado a financiar a terceros, concretamente al sector bancario. Ello ha ido acompañado por un proceso de deflación salarial que ha acabado disminuyendo la renta disponible de las familias. A pesar de ello el crédito sigue sin fluir. Por un lado, la situación de los balances bancarios y el déficit de capital, siguen siendo preocupantes. Los cálculos recientes del Banco Central Europeo presentan tremendas deficiencias, especialmente en la definición del escenario extremo negativo contemplado de cara a analizar su impacto en la cuenta de resultados y balances bancarios, así como en el tratamiento final de las carteras de deuda soberana española, y de los créditos fiscales. Por otro, sigue sin entenderse la naturaleza endógena del dinero, y una máxima que introdujo el profesor Amir Sufi, coautor del

libro House of Debt, en una reciente comparecencia, el 17 de septiembre de este mismo año, ante el Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, donde afirmó que “el crecimiento del crédito sin crecimiento de la renta es una receta para el desastre”. En este sentido, los cálculos realizados y actualizados continuamente por Centre for Risk Management HEC, ubicado en Laussane, muestra que el déficit de capital total de solo cuatro de los cinco grandes bancos españoles (Santander,

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a mitad del incremento de la deuda pública se ha destinado a financiar a terceros, concretamente al sector bancario. Ello ha ido acompañado por un proceso de deflación salarial que ha acabado disminuyendo la renta disponible de las familias. A pesar de ello el crédito sigue sin fluir.

BBVA, Sabadell y Popular), supera los 58.000 millones de euros1. Nuestro análisis demostrará, en primer lugar, que el origen de la actual crisis sistémica, un volumen descomunal de deuda, no solo no se ha corregido sino que ha continuado incrementándose. En segundo lugar, veremos cómo se ha producido una socialización de pérdidas privadas, de manera que las pérdidas y necesidades de capital del sector financiero se han sufragado con dinero de los contribuyentes. A pesar de ello, el sector bancario sigue teniendo necesidades de capital, mientras que sigue sin reactivarse el crédito bancario a empresas y familias. En la sección 2 se realiza un breve análisis de la evolución y dinámica de la deuda total de nuestro país, pública y privada, y de la deuda externa.

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Dentro de la deuda pública veremos algunos cálculos sobre qué volumen de la misma se ha destinado a financiar a terceros, básicamente nuestro sector bancario. Posteriormente, en el apartado 3, se presentan algunas lecciones de política económica. Finalmente, en la sección 4 se recogen las conclusiones principales. 2. La DEuDa totaL DE ESPaña Es fundamental, en nuestro análisis, por lo tanto, actualizar y analizar la evolución de la deuda de nuestro país a partir de los datos publicados por Banco de España y recogidos, dentro del apartado de estadísticas, en el epígrafe cuentas financieras de la economía española, concretamente en el capítulo 2. El 15 de enero de 2015 se dieron a conocer las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2014, último dato disponible, aplicando ya la nueva metodología SEC 2010. En la información que se adjunta en los cuadros 1-5, además de analizar la evolución temporal de la deuda total y su distribución por sectores –administraciones públicas, familias, sociedades no financieras, sociedades financieras-, se recogen y estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último dato disponible, segundo trimestre de 2014. La idea, además de reflejar la deuda total y su distribución, consiste en analizar cómo ha evolucionado lo que debemos al resto del mundo, es decir, nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior. 2.1. La dinámica de la deuda durante la crisis (2008-actualidad) Con los últimos datos se confirman dos tendencias en la dinámica de la deuda total de España. En primer lugar, las sociedades financieras han reducido ligeramente su volumen de deuda respecto al cierre de 2008. En realidad en el período 20082012 continuó incrementándose su deuda a pesar de encontrarnos, por un lado, en pleno proceso de reestructuración bancaria, y, por otro, en una fase de desendeudamiento del resto de sectores privados. En segundo lugar, lo que empezó siendo una brutal crisis de deuda privada, acaba incrementando y transformándose, como ya hemos comentado, en deuda soberana. Cuando se inicia la crisis son los sectores privados los que presentan problemas de solvencia. La

L

as familias son las primeras que empiezan a reducir su deuda, desde 2008, proceso que se acelera a partir de 2010, momento en que nuestra economía es intervenida de facto por Europa. En total, las familias han reducido su volumen de deuda alrededor de los 150.000 millones de euros.

deuda de las familias, empresas, y entidades financieras a cierre de 2008 se sitúa alrededor del 314% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma se desploma. Como consecuencia los sectores privados entran en una profunda recesión económica. Las familias disminuyen el consumo y recuperan ahorro, las empresas no financieras no invierten, destruyen capital ya instalado, y despiden a trabajadores. Las entidades financieras cortan el grifo del crédito, en un contexto de incremento de la mora, y tratan de recapitalizarse a costa de los contribuyentes. Nos encontramos ante lo que se conoce técnicamente como una recesión de balances. El objetivo, por encima de todo es reducir deuda. Analizando los cuadros 1 y 2 se observa como desde 2008 la deuda privada se ha reducido en casi 585.000 millones de euros. Pero, profundi-

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financieras pequeñas y medianas, la deuda de las sociedades financieras residentes en nuestro país continuó aumentando hasta 2012, concretamente en 110.000 millones de euros desde 2008, lo cual era especialmente llamativo en pleno proceso de reestructuración bancaria y limpieza aparente de sus balances. La reducción de los dos últimos años, 265.000 millones de euros, se ha hecho a costa del dinero público, deuda soberana. La combinación de estas dinámicas contrapuestas en el sector privado está detrás del hundimiento del crédito en nuestro país. Las empresas y familias tratan de reducir deuda a toda costa, y por lo tanto no demandan nuevos crédito; la banca, en pleno proceso de reestructuración, apenas ha reducido su deuda, síntoma de que en sus balances bancarios sigue habiendo activos tóxicos, y, por lo tanto, no presta. Como consecuencia se

zando un poco en los datos, existen comportamientos divergentes entre los sectores que la componen –empresas no financieras, sociedades financieras y familias–. Las familias son las primeras que empiezan a reducir su deuda, desde 2008, proceso que se acelera a partir de 2010, momento en que nuestra economía es intervenida de facto por Europa. En total, las familias han reducido su volumen de deuda alrededor de los 150.000 millones de euros. Las empresas no financieras empiezan tarde, a partir de 2010, pero de una manera intensa. Han implementado un proceso de desinversión que ha supuesto una reducción de su montante de deuda en alrededor de los 280.000 millones de euros. Por el contrario, y a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde quebraron entidades

CUADRO 1. DEUDA ESPAÑA EN MILLONES DE EUROS SEGÚN DISTINTOS SECORES MILLONES DE EUROS

PIB a precios de mercado

1996

2002

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 Q3

473.855

729.258

1.087.788

1.046.894

1.045.620

1.046.327

1.029.002

1.022.434

1.024.321

Total Deuda Economía Española 759.553

1.596.583

3.928.032

4.127.138

4.197.401

4.267.305

4.403.297

4.212.573

4.236.413

Administraciones Públicas

351.070

434.876

513.522

658.418

716.916

819.203

1.079.243

1.258.963

1.406.591

Administración Central

286.056

346.402

389.759

512.825

542.094

623.296

833.034

987.108

1.109.816

Comunidades Autónomas

32.211

48.165

74.722

93.647

122.262

142.033

185.097

212.480

238.642

Corporaciones locales

19.023

21.732

31.872

34.777

35.391

36.705

43.924

42.188

40.933

Administraciones Seg.Social

13.780

18.577

17.169

17.169

17.169

17.169

17.188

17.187

17.200

408.482

1.161.707

3.414.510

3.468.720

3.480.485

3.448.102

3.324.054

2.953.610

2.829.822

213.594

637.342

1.432.346

1.416.813

1.441.741

1.415.332

1.307.989

1.173.953

1.155.801

40.821

144.596

1.068.182

1.145.672

1.136.278

1.157.607

1.177.876

990.679

911.467

154.067

379.769

913.982

906.235

902.466

875.163

838.189

788.978

762.554

Otros Sectores Residentes Sociedades No Financieras Sociedades Financieras Hogares y Familias

Fuente: Banco de España y Elaboración Propia CUADRO 2. DEUDA ESPAÑA COMO % PIB SEGÚN DISTINTOS SECORES % sobre PIB

1996

2002

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total Deuda Economía Española 160,3%

218,9%

361,1%

394,2%

401,4%

407,8%

427,9%

412,0%

2014 Q3 414,3%

Administraciones Públicas

74,1%

59,6%

47,2%

62,9%

68,6%

78,3%

104,9%

123,1%

137,6%

Administración Central

60,4%

47,5%

35,8%

49,0%

51,8%

59,6%

81,0%

96,5%

108,5%

Comunidades Autónomas

6,8%

6,6%

6,9%

8,9%

11,7%

13,6%

18,0%

20,8%

23,3%

Corporaciones locales

4,0%

3,0%

2,9%

3,3%

3,4%

3,5%

4,3%

4,1%

4,0%

Administraciones Seguridad Social2,9% Otros Sectores Residentes Sociedades No Financieras Sociedades Financieras Hogares y Familias

2,5%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

1,7%

1,7%

86,2%

159,3%

313,9%

331,3%

332,9%

329,5%

323,0%

288,9%

276,8%

45,1%

87,4%

131,7%

135,3%

137,9%

135,3%

127,1%

114,8%

113,0%

8,6%

19,8%

98,2%

109,4%

108,7%

110,6%

114,5%

96,9%

89,1%

32,5%

52,1%

84,0%

86,6%

86,3%

83,6%

81,5%

77,2%

74,6%

Fuente: Banco de España y Elaboración Propia

NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 14

produce la mayor restricción de crédito de nuestra historia moderna. 2.2. Explosión de deuda pública: financiación a terceros Sin embargo el hecho más destacado de los cuadros 1 y 2 es el fuerte incremento de la deuda pública, en casi 900.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Desde el cierre de 2008 el volumen de deuda pública sobre PIB ha aumentado más de 90 puntos porcentuales, produciéndose la mayor aceleración en los gobiernos Rajoy. Ello se debe básicamente a dos razones. Por un lado, el rescate bancario, que se ha hecho a costa de los contribuyentes; y, por otro, la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos. Sin embargo, la explosión de deuda pública va más allá de los estabilizadores automáticos. El Inspector de Hacienda Agustín Turiel Martínez cuantifica para el período 2008-2013 qué parte del incremento del stock de deuda pública emitida por la Administración Central del Estado corresponde a fondos que se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros. Se considera “prestada a terceros” sean estos pertenecientes al sector público o privando tanto si la operación es de participación en fondos propios de terceros (adquisición de acciones o participaciones de terceros) como si se trata de participación en los fondos ajenos de estos terceros (préstamos, suscripciones de obligaciones, bonos, pagarés…). El autor sostiene que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia,

Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de aquellos que propugnan los recortes al Estado de Bienestar. En el cuadro 3 se presentan los cálculos exactos para el período 2008-2013.

L

a única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines.

De los 597.349 millones de incremento en el montante de deuda emitida por la Administración Central en el período 2008-2013, ¡227.091, casi la mitad es para financiar a terceros! De este análisis podemos sacar dos conclusiones: 1. El proceso de reducción de la deuda privada se está concentrado exclusivamente en familias y empresas no financieras. El sector financiero, la empieza a reducir a partir de 2012, sobre todo con ayudas públicas. 2. La deuda del sector público se dispara no tanto porque empiezan a activarse los estabilizadores automáticos, sino por la financiación a ter-

CUADRO 3. CUANTIFICANDO STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESTINADO A FINANCIAR A TERCEROS DEUDA ILEGÍTIMA

DEUDA ILEGÍMITA ACUMULADA

GASTOS FINANCIEROS ILEGÍTIMOS

2008

22.444

22.444

997

2009

47.352

69.796

2.592

2010

22.995

92.791

3.371

2011

6.747

99.538

3.731

2012

74.772

174.310

6.600

2013

43.723

218.033

9.058

Fuente: Agustín Turiel Martínez. Informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado

NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 15

millones de euros). Las entidades financieras eran las principales deudoras frente al exterior, con un 54% de la deuda externa española (584.102 millones de euros), mientras que las sociedades no

ceros –rescate bancario– que se ha diseñado única y exclusivamente a favor de la gerencia y acreedores, y a costa de los contribuyentes. 2.3. La deuda externa alcanza un nuevo récord histórico En los cuadros 4 y 5 se recogen y estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último dato disponible, segundo trimestre de 2014, para ver cómo ha evolucionado lo que debemos al resto del mundo, nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior. La deuda que desde los sectores residentes españoles se debe a acreedores extranjeros, a cierre de 2008, ascendía a casi 1,08 billones de euros, cifra que representaba cerca del 99% del PIB español. Esta cantidad significaba el 27% de la deuda en su conjunto de la economía española. El resto era deuda entre sectores residentes. De esas cifras, la parte de deuda pública en manos de extranjeros representaba únicamente el 20% del total de la deuda externa patria (212.900 millones de euros), mientras que todo el sector privado debía al exterior el 80% restante (864.484

E

l proceso de reducción de la deuda privada se está concentrado exclusivamente en familias y empresas no financieras. El sector financiero, la empieza a reducir a partir de 2012, sobre todo con ayudas públicas.

financieras adeudaban el 26% restante (278.087 millones), y las familias apenas un marginal 0,21%. Así, según los datos de Banco de España, en 2008 los actores privados debían al extranjero una cantidad cercana al 80% del PIB español. Según el último dato disponible, cierre del tercer trimestre de 2014, la deuda externa asciende supera los 1,1 billones de euros, cifra que representa cerca del 108% del PIB español. Esta cantidad

CUADRO 4. DEUDA EXTERNA ESPAÑA A CIERRE 2008 2008 (MILLONES EUROS)

TOTAL

FAMILIAS

SOC. NO FINANCIERAS

Deuda Total

3.928.032

913.982

1.432.346

Deuda Externa (con Resto Mundo)

ENTI. FINANCIERAS

1.068.182

AA.PP.

513.522

1.077.383

2.295

278.087

584.102

212.900

Valores distintos acciones

768.421

0

1.547

576.320

190.555

Préstamos

308.962

2.295

276.540

7.782

22.345

% Sobre Sector

27%

0%

19%

55%

41%

% Sobre Total Deuda

27%

0%

7%

15%

5%

100%

0%

26%

54%

20%

% Sobre Deuda Externa

Fuente: Banco de España y Elaboración Propia CUADRO 5. DEUDA EXTERNA ESPAÑA A CIERRE DE Q3 2014 2014 Q3 (MILLONES EUROS)

TOTAL

FAMILIAS

SOC. NO FINANCIERAS

ENTI. FINANCIERAS

AA.PP.

Deuda Total

4.236.413

762.554

1.155.801

911.467

1.406.591

Deuda Externa (con Resto Mundo)

1.109.400

2.336

306.577

340.084

460.403

Valores distintos acciones

703.014

0

7.217

332.985

362.812

Préstamos

406.386

2.336

299.360

7.099

97.591

% Sobre Sector

26%

0%

27%

37%

33%

% Sobre Total Deuda

26%

0%

7%

8%

11%

100%

0%

28%

31%

42%

% Sobre Deuda Externa

Fuente: Banco de España y Elaboración Propia

NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 16

significa el 26% de la deuda en su conjunto de la economía española. El resto es deuda entre sectores residentes. La cifra es muy parecida a 2008, pero la composición ha variado drásticamente. El 42% de la deuda externa corresponde ahora al sector público, frente al 20% de 2008. Por el contrario, las deudas que nuestras entidades financieras deben al exterior representan “solamente” el 31% del total de nuestra deuda externa, frente al 54% en 2008. Mientras, la deuda externa de las sociedades no financieras representa el 28% del total de la deuda patria con el exterior, cifra casi idéntica a 2008. Lo que estos datos confirman es por qué desde el exterior, con el apoyo entusiasta de las élites bancarias, se impuso una política de austeridad. Se trataba de disponer recursos públicos para destinarlos a financiar a terceros, a ellos. El rescate al sistema financiero español consistía únicamente en proporcionar recursos al sistema financiero para que pudiera hacer frente a sus deudas, aplicando duros procesos de reestructuración interna con el fin de liberar recursos, por si acaso. En realidad no se trataba de un rescate al sistema financiero español, sino a los sistemas financieros alemán y francés, manteniendo de paso en sus sillas a la gerencia bancaria patria. Un segundo aspecto complementario de este análisis es el fracaso de las denominadas reformas estructurales, destinadas aparentemente a mejorar nuestra competitividad. El «repentino» e intenso empeoramiento de nuestro sector exterior durante los últimos trimestres ha incrementado la deuda externa neta de España hasta alcanzar un nuevo récord histórico. Aún no hemos salido de la crisis y una nueva crisis de balanza de pagos se cierne sobre nuestra economía. ¡Pero es que el objetivo era otro, proteger a acreedores foráneos y a nuestra gerencia bancaria! 3. EL PaPEL DE La DEuDa PRIvaDa En La aCtuaL CRISIS SIStéMICa. La actual crisis económica se debe al papel que juega la deuda privada en la economía, mucho más importante del que están dispuestos a concederle la mayoría de los economistas. Es fundamental analizar el nivel y la tasa de variación del crecimiento de la deuda privada y el efecto desestabilizador de la misma. Después de una fase de acumulación de deuda, siempre retroalimen-

E

l «repentino» e intenso empeoramiento de nuestro sector exterior durante los últimos trimestres ha incrementado la deuda externa neta de España hasta alcanzar un nuevo récord histórico. tada por una burbuja financiera, en el momento en el que esas tendencias al crecimiento de la deuda privada terminan, la economía se desploma, y los precios de los activos financieros y de las casas se hunden, produciéndose una recesión de balances. El dinero ficticio genera dinero basura. Bajo este análisis, en vez producirse necesariamente una equivalencia entre la demanda agregada y la oferta agregada, la demanda agregada excederá a la oferta agregada si crece la deuda, y caerá por debajo de la oferta agregada, si cae la deuda. Por lo tanto, el volumen nominal del dinero importa, y las dinámicas bancaria y de deuda han de incluirse en los modelos macroeconómicos, en vez de ignorarlas como hace la teoría económica neoclásica. Y además deben tenerse en cuenta de cara a implementar políticas fiscales. La aceleración de la deuda en la conducción de burbujas de activos sugiere una serie de conclu-

NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 17

siones que se deberían tener en cuenta en la implementación de la política económica: 1. La crisis no terminará hasta que la deuda privada se haya reducido substancialmente. 2. Los precios de los activos se reducirán con la reducción de la deuda. 3. Los esquemas Ponzi son la causa de las burbujas de activos. 4. Como la deuda no puede crecer permanentemente, todas las burbujas de activos acaban estallando En este proceso de expansión de la deuda privada la banca ha jugado un papel relevante, introduciéndose un problema de riesgo moral, muy típico en economía. Los beneficios bancarios son impulsados por el volumen de deuda. La banca cuanto más se apalanca, más gana; y en el caso de que se produzcan bruscos descensos en el precio del colateral que alimenta su deuda, el Estado acaba rescatándola y contaminado e incrementando la deuda pública. No vale con confiar en que los bancos aprenderán de la crisis y se comportarán de manera más responsable. Tienen un deseo innato de extender deuda y tratarán de convencer a sectores no bancarios para asumirla. Y la aceleración de la deuda es la fuente de las burbujas o inflaciones de activos. Por lo tanto hay que romper el nexo precio de activos-deuda para frenar las burbujas. Para ello hay que reducir el atractivo de la especulación apalancada en los precios de los activos, pero sin ahogar la demanda de deuda para inversión. Soluciones y propuestas para romper el vínculo deuda-inflación de activos Como la aceleración de la deuda es la fuente de inflaciones de activos, hay que romper el nexo de unión entre precio de activos y deuda, con el fin de frenar las burbujas. Destacan en este sentido las soluciones propuestas del economista postkeynesiano Steve Keen, las realizadas por los economistas del FMI Jaromir Benes y Michael Kumhof, y las presentadas recientemente en el último informe de la consultora global Mc Kinsey. Steve Keen ofrece dos propuestas. Por un lado, cómo evitar los esquemas Ponzi en el mercado bursátil a través de lo que él denomina “Jubilee Shares”. Las acciones tienen duración perpetua cuando se adquieren directamente de la empresa. Pero si se adquieren en mercado secundario sólo

pueden venderse siete veces. Después de la séptima venta, duran 50 años y expiran. Cuál es el razonamiento tras esta propuesta. Muy sencillo, si el valor terminal es cero, ningún “loco” tendrá incentivos a comprarlas con deuda. De esta manera se eliminaría una de las dos grandes fuentes de aumento de la deuda improductiva haciendo poco atractiva la especulación apalancada en las acciones existentes. La segunda propuesta de Steve Keen, “The Pill: Property Income Limited Leverage”, pretende reducir las burbujas inmobiliarias. Para ello se establecería el máximo que se puede prestar para comprar una casa no en base al salario, lo que genera burbujas, sino como un múltiplo del poten-

N

o vale con confiar en que los bancos aprenderán de la crisis y se comportarán de manera más responsable. Tienen un deseo innato de extender deuda y tratarán de convencer a sectores no bancarios para asumirla. Y la aceleración de la deuda es la fuente de las burbujas o inflaciones de activos.

cial de rentas que genere la propiedad en sí misma, el alquiler. El exceso del precio sobre el préstamo sería realmente los ahorros del comprador, y un aumento en el precio de una casa significaría una caída en el apalancamiento, en lugar de un aumento en el apalancamiento, como ahora. No sería un bucle de retroalimentación. El argumento es aplastante. Si se dan los préstamos en función del salario, y suben los precios, la gente tenderá a pedir más deuda, a apalancarse más, generalmente alargando plazos. Sin embargo, si hay una restricción al volumen de deuda que te pueden dar para comprar un piso, como un porcentaje máximo del alquiler, una vez alcanzado ese máximo las subidas de precios irán contra el ahorro de los compradores y el nivel de apalancamiento será mucho menor. Con ello se limitarían las subidas de los precios de las casas. Los economistas Jaromir Benes y Michael Kumhof, publicaron finales de 2012 un interesante ar-

NÚM: 68 • FEBRERO 2015 • 18

tículo bajo el título “The Chicago Plan Revisited”. Según el mismo, uno podría a la vez reducir la deuda privada, impulsar el crecimiento, estabilizar los precios, y convertir a los banqueros en meros comparsas de la realidad económica. Se podría hacer limpiamente, sin dolor, por mandato legislativo, mucho más rápido de lo que nadie imagina. Bastaría con reemplazar el actual sistema de dinero creado por la banca privada por dinero creado por el Estado. Para ello habría que acabar con la banca de reserva fraccional. Si los prestamistas se ven obligados a respaldar con reservas el 100% de los depósitos, la banca pierde el privilegio exorbitante de crear dinero de la nada. El país recuperaría el control soberano sobre la oferta monetaria. No habría más quiebras bancarias, y los ciclos de expansión y contracción del crédito serían mucho más suaves. El último informe de la consultora global McKynsey sobre la evolución de la deuda global asume que la elevada deuda, ya sea pública o privada, hace que las economías sean más vulnerables a las crisis económicas, y tiende a alimentar expansiones y contracciones. Los investigadores de McKinsey proponen, como consecuencia, algunos cambios de política económica que podrían, por un lado, reducir cierta tendencia inexorable hacia una mayor deuda, es decir, no incentivarla; y, por otro, reducir su potencial efecto dañino cuando el colateral colapse, lo que irremediablemente lleva a las economías al caos. Para lo primero, desincentivar endeudamientos especulativos, reduciendo o eliminando los incentivos fiscales a la deuda, como la deducción en el impuesto sobre la renta de los intereses hipotecarios, y, sobretodo, eliminando cualquier deducción fiscal de los pagos de intereses corporativos. Para lo segundo, crear procedimientos o maneras que permitan a los países reestructurar su deuda soberana, como las cláusulas de bonos de nueva emisión que obligan a los tenedores de bonos a aceptar la mayoría de votos en las reestructuraciones. 4. ConCLuSIonES FInaLES En este documento se ha pretendido presentar una breve panorámica de la situación de la deuda

de España. En primer lugar, se ofreció un breve análisis de la evolución y dinámica de la deuda total, pública y privada de nuestro país, y de la deuda externa. La idea es entender que una recesión de balances como la actual quien concedió mayoritariamente esa deuda, la banca, presentaba problemas de solvencia, y la solución adoptada en nuestro país ha supuesto una socialización de pérdidas privadas que ha acabado contaminando a la deuda soberana. En realidad, la deuda del sector público se ha disparado no tanto porque empiezan a activarse los estabilizadores automáticos, sino sobre todo por la financiación a terceros –rescate bancario– que se ha diseñado única y exclusivamente a favor de la gerencia y acreedores, y a costa de los contribuyentes. Cuando se analiza la evolución de la deuda externa, las conclusiones son similares. Si en 2008 la inmensa mayoría de nuestra deuda externa

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a principal conclusión que se puede extraer de este análisis es que el rescate bancario español se ha hecho vía contribuyentes, deuda pública, y aunque aparentemente está bastante saneado, sigue siendo vulnerable a un cambio en el ciclo de aversión-propensión en los mercados financieros y a una nueva recesión económica.

era privada -80%-, básicamente bancaria -54% del total de la deuda externa-, en la actualidad casi la mitad es pública. Lo que estos datos confirman por qué desde el exterior, con el apoyo entusiasta de las élites bancarias, se impuso una política de austeridad. Se trataba de disponer recursos públicos para destinarlos a financiar a terceros, a ellos. El rescate al sistema financiero español consistía únicamente en proporcionar recursos de los contribuyentes al sistema financiero para que pudiera hacer frente a sus deudas, aplicando duros procesos de reestructuración interna con el fin de liberar recursos, incluyendo también una devaluación salarial.

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Esta idea se confirma cuando se trata de cuantificar qué parte del incremento del stock de deuda pública emitida por la Administración Central del Estado corresponde a fondos que se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros. Siguiendo la metodología desarrollada y utilizada por el Inspector de Hacienda Agustín Turiel Martínez, se considera “prestada a terceros”, sean estos pertenecientes al sector público o privado, tanto si la operación es de participación en fondos propios de terceros (adquisición de acciones o participaciones de terceros) como si se trata de participación en los fondos ajenos de estos terceros (préstamos, suscripciones de obligaciones, bonos, pagarés…). Para el período 2008-2013, de los 597.349 millones de incremento en el montante de deuda emitida por la Administración Central en el período 2008-2013, ¡227.091, casi la mitad, se destinó a financiar a terceros! La principal conclusión que se puede extraer de este análisis es que el rescate bancario español se ha hecho vía contribuyentes, deuda pública, y aunque aparentemente está bastante saneado, sigue siendo vulnerable a un cambio en el ciclo de aversión-propensión en los mercados financieros y a una nueva recesión económica. Finalmente se detalla cual ha sido el papel jugado por la deuda privada en la actual crisis sistémica, y se ofrecen una serie de propuestas de política económica encaminadas a romper el nexo de retroalimentación deuda-inflaciones de activos. 3

NOTAS 1 Ver http://www.crml.ch/index.php?id=4 BIBLIOGRAFÍA – Benes, J. and Kumhof, M (2012): “The Chicago Plan Revisited”. IMF Working Paper, 202. http://www.imf.org /external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf – Braña, F.J., Estrada, B., Inurrieta, A., y Laborda J. (2013): Qué hacemos con el poder de crear dinero, Editorial Akal – Dobbs, R. et al. (2015): “Debt and (not much) deleveraging”, McKinsey Global Institute.http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not _much_deleveraging – Estrada, B. y Laborda, J. (2011): “Un Análisis Crítico del Orden Económico Actual. Hacia dónde vamos y Propuestas de Futuro”. Estudios de la Fundación 1º

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de mayo, 48. http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio48.pdf. Estrada, B. y otros (2013): “Qué hacemos con el Poder que Tienen los Bancos y Gobiernos de crear Dinero sin ningún control democrático”, Ediciones Akal Keen, S. (2011): “A Monetary Minsky Model of the Great Moderation and the Great Recession”. Journal of Economic Behavior & Organization. Keen, S. et al. (2012): “Radical Economic Theories of the Current Economic Crisis”, Prepared for the URPEOccupy Summer Conference, August 2012 Keen, S. (2012): “The Debtwatch Manifesto”. Mimeo. http://www.debtdeflation.com/blogs/wpcontent/uploads/2012/01/TheDebtwatchManifesto.p df Keen, S. (2012): “Instability in Financial Markets: Sources and Remedies” Prepared for INET Conference, Berlin. http://www.debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/2012/04/KeenINET2012InstabilityFinancialMarkets02.pdf Koo, R. (2003): “Balance Sheet Recession: Japan’s Struggle with Uncharted Economics and its Global Implications” John Wiley & Sons (Asia). Koo, R. (2009): “The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession”, John Wiley & Sons (Asia). Koo, R. (2011): “The entire crisis in Europe started with a big ECB bailout of Germany”, Nomura Research Institute. Koo, R. (2011) «The World in Balance Sheet Recession: Causes, Cure, and Politics», Real-World Economics Review 58, Nomura Research Institute, Tokyo. Koo, R. (2012): “Revitalizing the Eurozone without Fiscal Union”, Prepared for INET Conference, Berlin. Koo, R. (2012): “The World in Balance Sheet Recession: What Post-2008 West Can Learn from Japan 1990-2005”, Nomura Research Institute. Laborda, J., y Laborda, R. (2011): “Desendeudamiento y Reestructuración Bancaria: los casos de Islandia e Irlanda”, en Claves de la Economía Mundial, ICEIICEX. Laborda, J. (2011): “Los Orígenes de la Crisis Financiera. Propuestas para Salir de la Crisis”, en Frente al Capital Impaciente, Fundación 1º de mayo. Medialdea, B., Álvarez, I., Fresnillo, I., Laborda, J., y Ugarteche, O. (2013): “Qué hacemos con la deuda”, Editorial Akal Reinhart, C.M y Rogoff, K.S.(2009): “This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly”, Princeton University Press. Turiel, A. (2012). “Informe Sobre la Legitimidad de la Deuda Pública de la Administración Central del Estado de España”. Mimeo. http://www.frentecivicosomosmayoria.es/wp-content/uploads/2012/12/Agustin-Turiel-informe-sobre-la-deuda-ilegitima.pdf Turiel, A. (2014). “Deuda Pública Ilegítima en la Administración Central del Estado de España”. Mimeo. http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Agustin-Turiel.-Deuda-publica-la-deuda-ilegitima.pdf

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Jorge Fabra Utray | Presidente de Economistas Frente a la Crisis

La flexibilidad dentro de las normas fiscales europeas

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l Informe Anual sobre Crecimiento en la Unión Europea para 2015, un documento político que marca la estrategia de política económica para la UE y que supone el inicio del ciclo de supervisión y coordinación económica europea, dibujó el otoño pasado el mix de medidas económicas destinadas a sacar a Europa, en particular a la zona euro, de la situación de crecimiento débil en el que esta frágil recuperación nos tiene estancados. Este policy mix se construye a partir de una triple estrategia que conjuga un impulso coordinado a la inversión, un esfuerzo renovado para las reformas estructurales y el compromiso para mantener la responsabilidad fiscal. La idea que subyace a esta estrategia es reflejo de la complejidad de intereses y equilibrios de poder que se dan lugar en el diseño de la política económica en el conjunto de la Unión Europea. La estrategia de crecimiento de la unión Europea En primer lugar el conocido como Plan Juncker de Inversión, que espera movilizar 315.000 millones de euros para la inversión pública y privada,

es la respuesta de la Comisión Europea a la fuerte caída de la inversión observada en estos años de crisis económica. Hay que resaltar que la Formación Bruta de Capital Fijo ha caído en el conjunto de la zona euro desde el pico de 2007 el 13%, alcanzando el 30% en España en ese mismo periodo. Con la excepción de 2011, la contribución al crecimiento de la inversión ha sido negativa, ahondando en una situación de estancamiento secular caracterizada por una debilidad crónica de la demanda efectiva y la persistencia de un crecimiento del PIB por debajo del potencial. Si

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l discurso de la recuperación basado en las reformas estructurales ha sido una constante en la respuesta europea a la crisis sin que se hayan visto resultados nítidos, ni en la estructura económica de los países más vulnerables ni en la capacidad de crecimiento de estos.

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bien esta situación de bajo crecimiento y escasa creación de empleo no es nueva en las economías capitalistas avanzadas, la coyuntura actual se muestra más complicada dado que la respuesta convencional desde la política monetaria es menos efectiva al haber agotado ya el recorrido de bajadas de tipos de interés. El segundo pilar de esta estrategia de crecimiento de la zona euro es la implementación de reformas estructurales para ganar competitividad y relanzar el crecimiento potencial de la economía. La Comisión Europea se centra en la aplicación de reformas en los sectores de servicios, productivo y en el mercado laboral con el objetivo de ganar productividad e impulsar la inversión. Se considera asimismo que estas medidas pueden contribuir al reequilibrio de nuestro modelo productivo que haga nuestras economías más resis-

tentes ante la llegada de shocks externos y asimétricos, al tiempo que minimicen el impacto contractivo en la actividad económica del necesario proceso de desapalancamiento tanto público como privado. El discurso de la recuperación basado en las reformas estructurales ha sido una constante en la respuesta europea a la crisis sin que se hayan visto resultados nítidos, ni en la estructura económica de los países más vulnerables ni en la capacidad de crecimiento de estos. No obstante, las reformas estructurales, sin especificar más, se han convertido en la piedra angular sobre la que se construye el discurso de flexibilidad en las normas fiscales. Por último, la apelación a la responsabilidad fiscal se mantiene en el Informe Anual sobre Crecimiento con referencias a la necesidad de utilizar el espacio fiscal en aquellas economías que dispongan de cuentas públicas saneadas, al tiempo que se alerta contra la relajación de los esfuerzos fiscales y se insiste en retomar la senda de reducción de la deuda pública. A pesar de tener una política monetaria muy acomodaticia, la frágil y débil recuperación económica de la zona euro ha llevado a varias economías a un periodo de estancamiento persistente

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con elevados niveles de desempleo. Adicionalmente observamos que esta es una recuperación sin empleo, al no trasladarse las tasas de crecimiento positivo en reducciones significativas del desempleo. Empieza a asentarse el consenso, incluso entre los más ortodoxos economistas de las instituciones europeas, de que el ritmo de crecimiento no será suficiente para cerrar el output gap, la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial de una economía. La Comunicación sobre Flexibilidad fiscal En este contexto, la Comisión Europea ha publicado una comunicación en la que se realiza una reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el objetivo de «hacer el mejor uso de la flexibilidad existente en las normas fiscales europeas». La complejidad inabarcable de estas normas, que de facto dificultan el diseño por parte de los Estados Miembros de una política fiscal razonable y con una perspectiva que abarque el conjunto del ciclo, hacían irreconocibles las posibilidades de flexibilidad fiscal, escondidas entre una maraña de normas, reglamentos, enmiendas, adendas y diversos regímenes jurídicos. Esta complejidad favorece, en definitiva, las decisiones discrecionales en materia de política fiscal por parte de las autoridades europeas. De manera muy resumida y simplificada, el

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pesar de tener una política monetaria muy acomodaticia, la frágil y débil recuperación económica de la zona euro ha llevado a varias economías a un periodo de estancamiento persistente con elevados niveles de desempleo. Pacto de Estabilidad y Crecimiento está compuesto por dos pilares. Por un lado el brazo preventivo, en el cual se encontrarían las economías cuyos saldos fiscales se encuentran por debajo del límite del 3% de déficit presupuestario y por otro el llamado brazo correctivo, para los que exceden dicho límite o tienen una deuda pública por encima del 60% del PIB que no se está reduciendo lo suficientemente. En este último procedimiento de déficit excesivo, los gobiernos están obligados a reducir el déficit independientemente de la posición cíclica en la que se encuentren sus economías, lo que ha supuesto históricamente y también en estos últimos años un fuerte componente procíclico. De este modo, las normas fiscales europeas contienen un sesgo contractivo y, en épocas de desaceleración, un componente procíclico. La decisión de publicar una comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, al Consejo y

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al BCE, sin embargo, no debe entenderse exclusivamente como una aclaración técnica de unas normas fiscales que han guiado la actuación de la política económica durante la crisis. Este paso por parte de la Comisión va más allá de una respuesta a las tibias manifestaciones por parte del Presidente Francés, François Hollande o las más explícitas del Primer Ministro Italiano, Matteo Renzi el pasado verano. Se enmarca en la presentación del Plan de Inversiones del cual el Presidente de la Comisión Europea ha hecho su piedra angular para la reactivación económica. Una de las críticas a las que se ha visto sometido el Plan Juncker es su reducida cuantía. Con el fin de aumentar el volumen de fondos disponibles, la Comisión ha anunciado que las contribuciones de los Estados Miembros al recientemente creado ad-hoc Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, así como las inversiones del Plan que cuenten con co-financiación de los Estados Miembros, tendrían un tratamiento favorable a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No es de extrañar, por tanto, que la Comunicación sobre flexibilización se haya publicado al mismo tiempo que se daban los primeros detalles del Fondo de Inversión anteriormente citado. Faltaba, sin embargo, explicar cómo iba a funcionar esa flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los tres pilares de la flexibilidad El enfoque de la Comisión en relación a la inversión y a las reformas estructurales implica la activación de una clausula en el brazo preventivo que tiene en consideración los costes a corto plazo, en términos de PIB y de cuentas públicas, de la implementación de medidas con supuestos efec-

tos positivos a largo plazo. Estas cláusulas permitirían desviaciones temporales sobre los objetivos presupuestarios intermedios o en la velocidad del ajuste fiscal. 1. Cláusula de inversión Bajo la cláusula de inversión un Estado Miembro que se encuentre en el brazo correctivo se podrá desviar del Objetivo de Medio Plazo siempre que cumpla una serie de condiciones. En primer lugar el país debe encontrarse en recesión, con una ca-

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o es ya sólo que se intercambien reformas estructurales por tiempo para reducir el déficit, sino que el diseño de la política fiscal quedará al albur de lo que estimen los modelos y de lo que decida un Consejo Europeo fuertemente dominado por Alemania.

ída del PIB o en una posición cíclica bajista, con un output gap negativo e inferior a -1,5%. Asimismo, esa desviación en ningún caso debe implicar que se supere el límite de Maastricht del 3%, debiéndose mantener un margen de seguridad del entorno del 0,3%/0,5% del PIB. Esta flexibilidad deberá resultar, para poder ser aplicada, en un aumento de los niveles de inversión, siempre que se trate de proyectos co-financiados por la UE en el marco de la política de Cohesión y de Convergencia o sean aportaciones al Fondo Europeo de Inversiones.

Brazo preventivo

Brazo correctivo

Inversión

Se permite una desviación del Objetivo de Medio Plazo o del esfuerzo estructural.

No se tendrá en cuenta la contribución al EFSI

Reformas Estructurales

Se permite una desviación del Objetivo de Medio Plazo o del esfuerzo estructural.

Se tendrá en cuenta a la hora de abrir un Procedimiento por Déficit Excesivo así como para définir el periódo para reducir el déficit.

Condiciones cíclicas

Se tendrá en cuenta para establecer el esfuerzo fiscal y el análisis de sostenibilidad de la deuda. Clausula de Crisis General

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2. Cláusula de reformas estructurales La Comunicación de flexibilidad establece que la Comisión tendrá en cuenta el impacto positivo de las reformas estructurales en las cuentas públicas siempre que tengan un efecto verificable en la sostenibilidad del saldo presupuestario a largo plazo, incluyendo el efecto sobre el PIB potencial y que se apliquen en su totalidad. Si se cumplen estas condiciones, la Comisión Europea estudiará los planes de reformas antes de recomendar una desviación temporal de los objetivos intermedios. 3. Condiciones cíclicas Con el objetivo de capturar las variaciones cíclicas de la economía, la Comisión utilizará un nueva matriz, que se representa a continuación, en la que se especifica el esfuerzo estructural requerido bajo el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Representa el esfuerzo estructural en términos de PIB exigido a cada país en función de las distintas cláusulas que hemos enumerado anteriormente y teniendo en cuenta la posición cíclica de la economía. Las dificultades para aplicar la discrecionalidad La Comunicación de Flexibilidad anunciada por la Comisión Europea se enfrenta debilidades

en su diseño y a serios problemas en su aplicación. En primer lugar, la flexibilidad interna se centra prácticamente en exclusiva en aquellas economías que se encuentran en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con independencia de que se deban crear los incentivos a través de las normas para alcanzar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, lo cierto es que esta flexibilidad no corrige uno de los principales problemas a los que se enfrenta la política fiscal europea: el sesgo procíclico especialmente marcado en las economías que se encuentran bajo el brazo correctivo y que suele coincidir con economías en la parte baja del ciclo y que requerirían de una mayor capacidad para utilizar la política fiscal como instrumento para contrarrestar el ciclo. En segundo lugar, la interpretación que realiza la Comisión Europea no sólo no corrige los problemas metodológicos que ya tenía, sino que bien al contrario los aumenta. Las normas fiscales europeas, en el análisis del déficit, tienen en cuenta tanto el déficit nominal como el saldo estructural. El déficit público puede ser cíclico o estructural. El déficit cíclico corresponde al deterioro de las cuentas públicas producido por la bajada de actividad económica –menos ingresos– y la puesta

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en marcha de los estabilizadores automáticos– más gasto. El déficit estructural es el componente del déficit público que no se corresponde con la situación de auge o recesión, sino que denota el desequilibrio permanente –estructural– de financiación de las cuentas públicas. En definitiva, el concepto de déficit estructural es el que, una vez librado del efecto del ciclo económico, nos permitiría determinar qué sostenibilidad a largo plazo tienen unas cuentas públicas. Se trata es un concepto estimado, con un significado más teórico que práctico –depende en gran medida del método de estimación del PIB potencial y de la estimación del componente cíclico del déficit público– y sobre el que no hay consenso ni teórico ni político. Pues bien, a esta dificultad metodológica, la Comisión incorpora otra aún mayor: la estimación del impacto de reformas estructurales, no aplicadas todavía en ese momento, sobre las cuentas públicas en largo plazo y sobre el crecimiento potencial de la economía. Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, se aumenta la discrecionalidad a la hora de aplicar la supuesta flexibilidad, tanto en los países bajo el brazo preventivo como en el correctivo. Esto es así porque ante las dificultades metodológicas anteriormente explicadas, los estados miembros verán reducida su certidumbre a la hora de diseñar sus planes presupuestarios. Por el contrario será la Comisión Europea y el Consejo quienes seguirán teniendo la última palabra, reproduciéndose el desequilibrio de poderes presente en el seno del Consejo Europeo. No es ya sólo que se intercambien reformas estructurales por tiempo para reducir el déficit, sino que el diseño de la política fiscal quedará al albur de lo que estimen los modelos y de lo que decida un Consejo Europeo fuertemente dominado por Alemania. Conclusiones La situación económica en Europa se caracteriza por 1) unos niveles de PIB y de inversión por debajo de los niveles anteriores a la crisis; 2) persistencia de la asintonía cíclica que dificulta la toma de decisiones coordinadas de política económica, 3) altas tasas de desempleo, inasumibles en las economías periféricas y un desempleo juvenil que amenaza con lastrar a una generación entera de europeos; 4) inflación baja con serios riesgos de-

flacionarios en algunas de las economías más castigadas por la crisis; 5) elevados niveles de deuda pública que drenan recursos productivos y cuyas consecuencias sobre la economía se sentirán en las próximas décadas; 6) una deuda privada que dificulta la necesaria reactivación de la inversión, que afecta al empleo y dificulta la gestión de los balances bancarios y, finalmente, 7) un entorno institucional con asimetría de poderes, que dificulta las medidas de reactivación económica y que, en el mejor de los casos, es capaz dar respuesta a los problemas acuciantes de manera tibia y con varios trimestres de retraso. Los cambios en la interpretación de las normas fiscales que hemos enumerado anteriormente no

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uevas reglas pueden llegar a exigir esfuerzos fiscales significativamente diferentes a países con características fiscales similares, aumentando el sesgo discrecional y ahondando en las consecuencias del desequilibrio de poderes en el seno de la Unión Europea. eliminan los problemas metodológicos a los que se enfrentaba el Pacto anteriormente, en particular en lo que se refiere a la estimación del PIB potencial, del desempleo NAWRU o estructural, del saldo ajustado al ciclo. Es más, estas nuevas reglas pueden llegar a exigir esfuerzos fiscales significativamente diferentes a países con características fiscales similares, aumentando el sesgo discrecional y ahondando en las consecuencias del desequilibrio de poderes en el seno de la Unión Europea. En el contexto actual no es suficiente apelar a la flexibilidad interna de las normas. Se requiere una revisión en profundidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que elimine el sesgo procíclico y permita que sean las economías con mayores dificultades cíclicas las que puedan apelar a la flexibilidad con el objetivo de relanzar la actividad económico y el empleo. 3

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Pablo Martínez, Iolanda Fresnillo y Sònia Farré | Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda

Auditoría ciudadana, mucho más que auditar las cuentas de la deuda

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esde múltiples frentes en movimientos y organizaciones sociales, llevamos años trabajando para conseguir que haya una sociedad civil más participativa, que luche por sus derechos, tome la iniciativa y reconduzca las políticas actuales. Buscamos que sean los ciudadanos y ciudadanas los que forcemos nuestro propio rescate, y forzar a nuestros gobiernos a que dejen de rescatar a bancos y grandes empresas, que dejen de pagar la deuda por delante de garantizar nuestros derechos. Que Grecia se plantee no pagar la deuda o se niegue a reconocer a la Troika, nos ayuda a romper el mito de que no existe alternativa a las políticas de austeridad o al pago de la deuda. Resulta más que evidente que la deuda ha sido y sigue siendo usada como excusa para imponer una serie de reformas, de corte neoliberal, que acaban beneficiando a las élites económicas. Unas reformas que atacan nuestros derechos básicos y que se imponen sin participación ni debate democrático, como ya quedó claro en la reforma de la constitución exprés, llevada a cabo con agosticidad y alevosía. El camino para frenar estos ataques pasa por el no pago de la deuda ilegítima. Un no pago que ya se ha llevado a cabo numerosas ocasiones a lo largo de la historia, propia y ajena. A Alemania se le condonó gran parte de su deuda tras la segunda guerra mundial, y entre los acreedores estábamos Grecia y España. El impago es posible, y lo que debemos cuestionarnos realmente es si el pago de la deuda lo es. La burbuja de la deuda a nivel internacional ha llegado a tal nivel que no hay economía real en este mundo capaz de cancelar las deudas existentes. Esa deuda y el capital ficticio que la respalda, ha ido aumentando sin un respaldo de la economía real. Ya son muchas las voces, heterodoxas y ortodoxas, que advierten que la deuda, pública y privada, en nuestro país, en Grecia y más allá, es simplemente impagable. No sólo no es posible pagar, tampoco es ético hacerlo. En nuestro país la deuda pública se ha

contraído a espaldas de la ciudadanía, con altos indicios de corrupción y para respaldar rescates como el de la banca. La deuda ha aumentado por años de políticas fiscales regresivas, para que los que más tienen sigan disfrutando de sus privilegios. Deuda que se acumula a costa de privatizaciones de dudoso beneficio para el estado, como

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a burbuja de la deuda a nivel internacional ha llegado a tal nivel que no hay economía real en este mundo capaz de cancelar las deudas existentes. Esa deuda y el capital ficticio que la respalda, ha ido aumentando sin un respaldo de la economía real.

con el reciente rescate de las autopistas. Una deuda de la cual cuestionamos su legitimidad. Y ahí es donde queremos detenernos a reflexionar. La propuesta de auditoría Ciudadana Para ello, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) proponemos la Auditoria como herramienta para valorar colectivamente como hemos llegado a esta situación y quiénes son los responsables. Una auditoría surgida de la voluntad popular, que analice desde abajo las deudas que deben considerarse ilegitimas y ser anuladas –no solo las exclusivamente económicas, sino también las de género, ecológicas y sociales– y que nos permita decidir como deseamos que funcione nuestra economía. Un proceso abierto en el que decidamos todas, en coordinación con los colectivos que trabajan en el mismo sentido, y que permita proponer alternativas desde la base. Una auditoria ciudadana no es sólo un proceso de análisis, sino que se plantea como una estrategia de pedagogía popular, a través de la cual aprendamos de forma colectiva cómo funcionan las finanzas públicas y, tal y cómo

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hemos dicho, comprendamos cómo se ha llegado a esta situación de crisis multidimensional. Estos procesos de auditoría deben darse a diferentes niveles: estatal, autonómico y local; pero también en diferentes sectores: sanidad, educación, infraestructuras, sistema fiscal, etc. Apostamos por una suma de procesos que nos permita una visión global y plural. Dado que la auditoría ciudadana debe funcionar como medio de autoformación de la ciudadanía, es interesante que cada cual pueda participar de auditar las instituciones o sectores de los que se siente más cercano: su ayuntamiento, su sistema sanitario, etc. Nos puede parecer que la auditoria de las cuentas municipales no sea la forma más efectiva para abordar la deuda pública, dado que la mayor parte de esa deuda se acumula en el ámbito estatal y no municipal. Pero sin embargo es la forma más efectiva para comprender cómo funciona el erario público, y es uno de los ámbitos más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas. Por ello la auditoría ciudadana no se debe centrar sólo en el ámbito más relevante desde el punto de vista cuantitativo, sino abordar esos diferentes niveles y sectores. Uno de los principales obstáculos para la realización de auditorías ciudadanas, tal y cómo las planteamos, es la falta de transparencia. El acceso a la información es la primera fase de cualquier auditoria, y es por eso que desde la PACD ya estamos trabajando en conseguir hacer pública toda la información vinculada con las finanzas de las administraciones, empleando un lenguaje social y comprensible para todas las personas. Transparente y accesible no quiere decir solamente publicado, sino que se publique en formatos y lenguajes accesibles a la ciudadanía. Cuando no lo hace la administración, lo hacemos desde la ciudadanía, publicando los datos e informaciones en formato abierto y lenguaje accesible. Más allá de lo técnico, un proceso vivo El proceso de auditoría ciudadana no es un proceso puramente técnico, sino un proceso vivo y en continua construcción. ¿Cómo queremos que sea esa auditoría? Esto es algo que aún estamos definiendo a medida que vamos avanzando en la propia auditoría, y a lo que os invitamos a reflexionar. En el proceso de Auditoria Ciudadana pueden participar diversos actores. Empezando por la po-

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a deuda ha aumentado por años de políticas fiscales regresivas, para que los que más tienen sigan disfrutando de sus privilegios. Deuda que se acumula a costa de privatizaciones de dudoso beneficio para el estado, como con el reciente rescate de las autopistas.

blación en general, la cual querríamos implicar en el proceso. Pero también los movimientos sociales y organizaciones afines a la idea de rescate ciudadano. Obviamente contamos con personas que tienen conocimientos técnicos que pueden apoyar y asesorar durante el proceso. Finalmente nos gustaría contar también con las Administraciones Públicas. La tarea de las diferentes administraciones públicas, es sencilla. Implica comprometerse a proporcionar la información necesaria para hacer posible la Auditoría. Deberán abrirse los datos y garantizarse el acceso a la documentación. Pero la transparencia no debería acabar aquí, es necesario que todo el proceso de auditoría sea transparente; se deben generar las herramientas necesarias de información, control y participación, y se han de difundir continuamente los resultados

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de la auditoría a fin de facilitar el debate público en torno a los mismos. Ese debate, colectivo y participado por diferentes sectores sociales, deberá servir para consensuar la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. Finalmente, la propuesta de pagar o dejar de pagar la deuda debería pasar por un referéndum vinculante, a partir de los resultados del proceso de auditoría. Como PACD, junto con la ciudadanía organizada a través de movimientos sociales o organizaciones afines, asumimos como propia la tarea de difundir información, sensibilizar y formar a la ciudadanía no organizada, sobre la trampa de la deuda y sus implicaciones sociales, políticas, medioambientales y de género. Esta formación es básica para facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de auditoría. Generamos debate sobre qué criterios definen qué deudas son ilegítimas, ya que la definición de lo que es legítimo o ilegítimo debe ser también colectiva. En el proceso, desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, aportamos personas con conocimientos técnicos para asesorar en el análisis del origen, proceso y destino del endeudamiento, y ponemos a disposición diferentes herramientas de información y participación. Una de esas herramientas son los Observatorios Ciudadanos Municipales, que están ayudando a diversos grupos locales a abordar las cuentas de sus ayuntamientos (http://ocmunicipal.net). Nos comprometemos a seguir definiendo y dinamizando mecanismos de participación ciudadana, para conseguir cuanta más ciudadanía implicada en el proceso de auditoría posible. Durante todo el proceso de auditoría, difundimos también los resultados progresivos de la auditoría, y así ampliamos el círculo de personas informadas, el primer paso hacia la participación. En cualquier caso, el de la Auditoría Ciudadana es un proceso en construcción, que debemos seguir definiendo colectivamente. Las expuestas son tan solo algunas ideas sobre cómo podemos enfocar el proceso. La auditoría, o es ciudadana, o no es Una auditoría ciudadana debe ser un mecanismo para apoyar a una población formada y cons-

ciente, que tome las riendas de su economía y de sus vidas. Una población que decida cómo desea organizarse, en lugar de delegar esa decisión. Por ello, es importante insistir en la distinción entre «auditoría ciudadana» y «auditoría pública». Una auditoría pública no requiere necesariamente de la intervención de la población. Una auditoría ciudadana es impensable sin ella. Y entendemos que, sin participación de la ciudadanía, la auditoría de la deuda no tiene sentido. No podemos seguir delegando, y debemos ser los ciudadanos y ciudadanas las que abordemos el problema del endeudamiento. Es importante que el proceso de auditoría nos

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na auditoria ciudadana no es sólo un proceso de análisis, sino que se plantea como una estrategia de pedagogía popular, a través de la cual aprendamos de forma colectiva cómo funcionan las finanzas públicas.

sirva no sólo para analizar el origen de la deuda o cómo se ha dado el proceso de endeudamiento, sino también a valorar colectivamente las propuestas de solución. Es imposible que entendamos las implicaciones que tiene pagar la deuda de forma acrítica, que consecuencias puede tener un proceso de reestructuración o qué medidas pueden acompañar el impago de la deuda para garantizar su viabilidad, sin un proceso colectivo de formación, análisis y debate. La propuesta de auditoría ciudadana pretende pues abordar también la necesidad de la población de entender y decidir cómo queremos salir de esta situación. Decidamos entre todas qué deuda consideramos injusto pagar, a través de un proceso de auditoría abierto, horizontal e inclusivo. Un proceso transparente, constante y descentralizado. Un proceso de democracia participativa que nos servirá, en definitiva, para transformar un sistema injusto y contrario a las personas. Porque no debemos, no pagamos. 3

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SECCIÓN

Centro de Documentación y Biblioteca F1M | Centro de Documentación Confederal1 PrenSa SInDICaL: eLeCCIOneS SInDICaLeS Recogemos una selección de artículos publicados en enero en las revistas editadas por los distintos órganos de Comisiones Obreras, donde el tema más destacado son las elecciones sindicales. Todos los artículos están disponibles a través de Internet. “CCOO se mantiene como segunda fuerza en Ibercaja”. Publicado en Trabajo Sindical Digital, n. 78 (enero 2015), p. 4 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042212SegundaFuerzaIbercaja.pdf “CCOO aumenta su mayoría sindical en la Diputación de Cuenca y obtiene 9 de los 13 miembros de la Junta de Personal”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 175 (enero 2015), p. 9 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042326CCOOAumentaMayoria.pdf “Les llistes de CCOO reben la confiança de milers de treballadors i treballadores”. Publicado en Llu!ta Obrera, n. 220 (octubre-diciembre 2014), p. 18-19 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042228ListasCcooConfianza.pdf “CCOO logra los cinco representantes de los trabajadores de la empresa Tecon Soluciones Informáticas”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 176 (enero 2015), p. 11 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042368CCOOCincoRepresentantes.pdf “Eleccions sindicals”. Publicado en Lo Sindicat, n. 105 (enero 2015), p. 1 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042407EleccionesSindicales.pdf “CCOO CLM llama a los 16.000 empleados de la Administración General de la JCCM a participar en las elecciones sindicales”. Publicado en Gaceta Sindical Digital : Castilla-La Mancha, n. 177 (enero 2015), p. 7 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042412CCOOCLMLlamaEmpleados.pdf “As eleccións sindicais, parte da nosa lexitimación” de Francisco Carrera Pérez, Secretario de Organización de CCOO de Galicia. Publicado en Galicia Sindical Dixital, n. 57 (enero 2015), p. 9 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042519EleccionsSindicais.pdf “Elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria : CCOO empata en el primer puesto en una Junta que refleja la disminución de la plantilla docente” de Juana Martínez Ondoño, Secretaria de Organización y Finanzas de la FRE-CCOO. Publicado en T.E. : R. Murciana, n. 353 (enero 2015), p. 8-10 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/042433EleccionesSindicalesEnseñanza.pdf

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Avance de contenidos de Prensa Sindical número 40, elaborado por el Centro de Documentación Confederal en colaboración con los centros de documentación de CCOO Madrid y el CERES y la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.deral en colaboración con los centros de documentación de CCOO Madrid y el CERES y la Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.

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enrique Martín | Adjunto a la Secretaría confederal de Protección Social de CCOO

Pensionistas retornados ¿impuestos justos y transparentes?

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urante 2013 la Agencia Tributaria puso en marcha un proceso de regulación fiscal para todos los residentes españoles que eran beneficiarios de una pensión de jubilación originada en un país extranjero y cuyos ingresos no constaban como declarados en la correspondiente declaración de la renta en España. Dicho proceso ha supuesto en la práctica la realización de declaraciones fiscales paralelas a las presentadas por los residentes españoles, retrotraidas hasta 4 años atrás (hasta el ejercicio 2008), lo que a su vez ha dado lugar a las correspondientes resoluciones de liquidación de impuestos que no se habían realizado, con los consiguientes recargos. La administración tributaria no ha hecho público el número exacto de afectados aunque algunas fuentes han situado la cifra en cientos de miles. Obviamente nuestra regulación fiscal establece que todos los ciudadanos que residen en nuestro país tienen la obligación de declarar la totalidad de ingresos que perciben, pero la obligación de tributación (el pago de impuestos) depende de varios factores: el país del que se percibe la pensión, concretamente si existe o no convenio de doble imposición fiscal con España; la cuantía de la pensión que se percibe; la existencia de otros ingresos; etc. Lo que se echa de menos en este caso es que el Ministerio de Hacienda haya decidido hacer tabla rasa y abrir expedientes de reclamación de forma indiscriminada, y que tenga que ser el propio afectado quien demuestre estar al corriente de sus obligaciones. Hemos de recordar también la importancia que en estos casos tiene el perfil del propio jubilado retornado. Es posible que entre ellos podamos encontrar ciudadanos con un alto nivel de estudios y acceso a una información fiscal depurada, pero no será lo más habitual. Los estudios que en este campo han hecho, entre otros, la Fundación 1º de Mayo y su Centro de Documentación de las Migraciones, muestran que este colectivo está integrado de forma muy notable por la generación de postguerra, que apenas puso asistir a la escuela

por las circunstancias sociales, económicas y políticas del país en aquel momento. La mayoría comenzó a trabajar siendo niños, lo que dio lugar a trayectorias profesionales muy tempranas, que a menudo les privó del acceso a la educación, por lo que no es extraño que muchos de ellos tengan dificultad en los rudimentos de lectura y escritura y sus niveles formativos sean bajos. A ello hay que añadir que, en muchos casos, cuando retornan, los emigrantes sufren una segunda emigración en la que deben empezar a conocer de nuevo

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a campaña puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta esta realidad. Al contrario, ha situado a la totalidad de jubilados retornados como potenciales defraudadores fiscales y ha procedido a abrirles expedientes sancionatorios

los sistemas de organización administrativa del país, por lo que en estos casos se debe redoblar los esfuerzos para que las normas tributarias sean particularmente accesibles y comprensibles. Sin duda la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta esta realidad. Al contrario, ha situado a la totalidad de jubilados retornados como potenciales defraudadores fiscales y ha procedido a abrirles expedientes sancionatorios, sin reparar en que la cuestión objeto de expediente es tan técnica que ni tan siquiera las oficinas de atención al público de la Agencia Tributaria cuentan en la mayoría de casos con personal suficientemente especializado que informe adecuadamente a los afectados, ni tampoco existe ningún tipo de campaña informativa sobre las obligaciones y derechos que tienen estos ciudadanos. La oleada de protesta social que inmediatamente se puso en marcha por parte de asociacio-

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nes, sindicatos y partidos políticos para denunciar este hecho algo ha debido influir en la posición de partida del Ministerio de Hacienda, ya que el mismo gobierno ha enmendado su propia reforma del IRPF (impuesto de la renta de personas físicas) para corregir parcialmente su actuación. Un gesto, sin embargo, insuficiente para CCOO. La corrección parcial del gobierno se limita a anunciar la condonación de los recargos, intereses y sanciones derivados de la presentación fuera de plazo de declaraciones del IRPF de las pensiones afectadas. Dicha condonación tiene efectos retroactivos para todos los expedientes que ya tienen carácter firme, por lo que la Agencia Tributaria procederá a su devolución en el caso de encontrarse liquidados. Y en el caso de expedientes en tramitación la administración tributaria renunciará a su abono. Del mismo modo, la condonación alcanzará a los expedientes que se regularicen hasta la fecha de 30 de junio de 2015. Por tanto esta fecha es la límite para que los afectados regularicen estos expedientes. En este punto cabe señalar también que la devolución de los recargos, intereses y sanciones ya abonados a la Agencia Tributaria exige la reclamación previa de los mismos por parte de los pensionistas. Desde CCOO hemos reclamado que dicha devolución se produzca de oficio por parte de la administración sin necesidad de que los afectados deban volver a iniciar otro trámite administrativo. De igual modo, hemos reclamado al Ministerio de Hacienda que en los casos en los que se constate la obligación legal del pago de impuestos, se debe tener en cuenta la situación peculiar que se ha dado en esta caso (principalmente el hecho de que el elevado volumen de personas afectadas puede ser indicio de que la información no se ha dado de la mejor forma posible), por lo que debería arbitrarse una fórmula de pago fraccionado que facilite su cumplimiento teniendo en cuenta la difícil situación económica que puedan atravesar cada afectado. En este sentido hemos de señalar que la legislación tributaria permite este tipo de pago fraccionado, aunque sería conveniente que de forma excepcional ésta se viese flexibilizada. Por último, desde CCOO hemos denunciado que el problema de fondo continúa sin resolverse. Todos los ciudadanos deben conocer adecuadamente cuáles son sus derechos y obligaciones, y

la administración tributaria debería dar adecuadamente esta información. Hemos reclamado a la Agencia Tributaria la puesta en marcha de una campaña informativa suficiente y sostenida en el tiempo (folletos, carteles, etc.), coincidiendo especialmente con las campañas de presentación de declaración de impuestos. Dicha campaña debe informar de los derechos y obligaciones legales que todos los ciudadanos tengan en cada caso, y también del nuevo proceso de regularización que se ha abierto hasta el 30 de junio de 2015. En este sentido, desde CCOO reclamamos también que la Agencia Tributaria ponga en marcha un servicio físico de orientación e información

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emos reclamado a la Agencia Tributaria la puesta en marcha de una campaña informativa suficiente y sostenida en el tiempo, coincidiendo especialmente con las campañas de presentación de declaración de impuestos.

fiscal para este colectivo, lo suficientemente amplio como para que permita consultas personalizadas. En el caso de que dicho servicio no pudiese ofertarse en todas los centros de atención de la Agencia Tributaria, al menos debería garantizarse un servicio telefónico y telemático gratuito que reúna las características antes descritas. El caso de los jubilados retornados es una muestra más de la necesidad de transparencia que tiene nuestro sistema tributario. Todos debemos contribuir al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos mediante el pago de unos impuestos justos y progresivos en función del nivel de renta que se tenga; pero en ningún caso es aceptable la postura de un Ministerio de Hacienda que, sin molestarse siquiera en informar de los derechos y obligaciones que en cada caso se tienen, prejuzga a todos los ciudadanos como potenciales defraudadores. ¿Esconde esta actitud campañas exclusivamente recaudatorias o tienen, además, como objetivo implícito difundir una imagen falsa y distorsionada que tacha de “defraudadores” e “insolidarios” a quienes cobran determinadas prestaciones sociales? 3

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Lola Morillo | Sociológa del Gabinete Interfederal de CCOO

El retroceso de la sanidad pública en perspectiva histórica

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n la historia de la sanidad pública española existen varios hitos que es preciso recordar en estas épocas de recortes indiscriminados. En 1942 se aprueba el primer seguro de enfermedad obligatorio. Debe ese calificativo a la obligación que el Estado se impone a sí mismo y que al mismo tiempo impone a asalariados y patronos. Este seguro se concibió como una forma de protección frente a las situaciones de enfermedad que pudieran presentarse a la población trabajadora y a los familiares a su cargo. Su aprobación se acompaña de la creación de 532 ambulatorios repartidos por todo el Estado, entre 1943 y 1976. El segundo desarrollo importante fue la aprobación en 1963 de la ley de bases de la Seguridad Social, que procedió a la unificación de los diferentes seguros sociales existente hasta entonces: vejez, maternidad, accidentes de trabajo, cargas familiares, enfermedad común y accidente no laboral, enfermedad profesional, invalidez y paro. La Seguridad Social crea también una red de hospitales propios que alcanza su culminación en el período comprendido entre 1972 y 1976. Anteriormente el seguro obligatorio de enfermedad contrataba los servicios hospitalarios del sector privado. La construcción de los hospitales de la Seguridad Social coincide con el desplazamiento del centro de gravedad de la asistencia sanitaria pública desde los ambulatorios hacia el hospital. Paralelamente comienza a producirse un abandono en el cuidado de la red ambulatoria, deterioro que aparece reflejado en los dos informes oficiales realizados en la segunda mitad de la década de los setenta, el Informe al Gobierno, publicado en 1975 por la Comisión Interministerial para la Reforma de la Sanidad, y el Libro Blanco de la Seguridad Social, hecho público en 1977 por el Ministerio de Trabajo. Respecto a la atención primaria, el Libro Blanco mencionaba como problemas la masificación de las consultas, la desvinculación con

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l segundo desarrollo importante fue la aprobación en 1963 de la ley de bases de la Seguridad Social, que procedió a la unificación de los diferentes seguros sociales existente hasta entonces: vejez, maternidad, accidentes de trabajo, cargas familiares, enfermedad común y accidente no laboral, enfermedad profesional, invalidez y paro. los servicios hospitalarios o el carácter residual del ejercicio de la medicina general. El tercer gran hito fue el impulso dado a la atención primaria. Por un lado, en 1978 se crea la especialidad de medicina familiar y comunitaria, con el objetivo de mitigar el carácter residual que hasta entonces había tenido la práctica de la medicina general. Desde 1995 esta especialidad constituye un requisito para ejercer como médico de

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atención primaria en el sistema público. Por otro lado, en 1984 comienza la reforma de la atención primaria con la creación de los centros de salud y los equipos de atención de atención primaria, inspirados ambos en la Declaración de Alma Ata de la OMS. Se produce así un tránsito desde la asistencia primaria de los ambulatorios, basada en la enfermedad, la curación y el tratamiento ocasional de problemas específicos, a una atención primaria centrada en la salud y en la prevención como parte de un proceso continuado de atención. La dedicación horaria del personal sanitario de atención primaria se incrementa con respecto al modelo anterior y para ello se establece una jornada semanal de cuarenta horas. Frente a la falta de objetivos comunes que el Libro Blanco de la Seguridad Social había detectado como problema del modelo ambulatorio, se propone una filosofía de trabajo en equipo entre el personal sanitario y no sanitario. Todas estas mejoras convertirán a la atención primaria española en un referente internacional. El cuarto punto de referencia en la historia de la sanidad pública española fue la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 que, sobre la base del sistema nacional británico, reconoce la extensión de la asistencia sanitaria pública a toda la población. Anteriormente el acceso a la red pública tenía lugar a través de dos dispositivos: la red sanitaria de la beneficencia o seguridad pública pensada para atender a las personas sin recursos económicos, y la red sanitaria de la Seguridad Social concebida para prestar asistencia a la población trabajadora y a sus familiares. Por razones de crisis económica, dirá la exposición de motivos de la ley general de sanidad, la universalización de la asistencia sanitaria se realizará paulatinamente. Se inicia así un proceso de extensión de la cobertura en el que cabe destacar dos desarrollos. El primero fue el reconocimiento en 1989 de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes. El segundo desarrollo, la inclusión en la sanidad pública de los ciudadanos extranjeros, recibió un impulso importante con la ley orgánica 4/2000. Una vez expuestos los avances logrados en la sanidad pública española a lo largo de su historia, es el momento de abordar las consecuencias de las reformas implantadas en los últimos años.

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l cuarto punto de referencia en la historia de la sanidad pública española fue la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 que, sobre la base del sistema nacional británico, reconoce la extensión de la asistencia sanitaria pública a toda la población. Se ha reducido la cobertura de la asistencia sanitaria pública. A raíz del real decreto 16/2012, 873.000 residentes extranjeros han sido excluidos de la asistencia sanitaria pública, según le explica el gobierno a la Comisión Europea en el Programa Nacional de Reformas de 2013. Los términos también han cambiado, el real decreto citado vuelve a hablar de asegurado y beneficiarios del asegurado. Las personas pensionistas pagan ahora por sus medicinas según una fórmula regresiva que perjudica a las rentas más bajas. El copago farmacéutico se ha implantado además en un momento de grave crisis económica en el que, según el Barómetro de Mayores, el 70% de los mayores proporciona a sus familiares una ayuda imprescindible para poder vivir dignamente. Tanto la atención primaria como la atención especializada han visto disminuir su capacidad para ofrecer una mejor asistencia. En solo dos años, entre enero de 2012 y enero de 2014, se han eliminado 19.000 puestos de trabajo, sin que el

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Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas permita saber cuántos corresponden a cada nivel sanitario. En atención primaria, 90 de los 300 centros de salud de la Comunidad de Madrid rechazaron en 2013 firmar los objetivos del contrato programa anual, por considerar que el presupuesto para cubrir las ausencias de personal era insuficiente para garantizar la calidad de la asistencia. Así que no es extraño que entre 2011 y 2013 se haya triplicado el porcentaje de personas que considera que los servicios asistenciales de la atención primaria y la atención especializada han empeorado en los últimos años, según los datos ofrecidos por el Barómetro Sanitario que anualmente realiza el CSIC para el Ministerio de Sanidad. Simultáneamente aumenta la participación del sector privado en la provisión de la atención sanitaria pública a través de una infinidad de fórmulas. Un pequeño grupo de grandes constructoras, bancos, aseguradoras sanitarias privadas y fondos de inversión, se han convertido en socios habituales de la sanidad pública. Bajo la fórmula de concesión de obra pública, el PP en la Comunidad de Madrid ha cedido a empresas como Sacyr, FCC o Acciona la financiación y construcción de al menos siete nuevos hospitales. La administración abona a estas empresas un canon anual que, según la experiencia británica, a la larga supondrá pagar seis veces más de lo que hubiera costado su construcción pública. La segunda modalidad de participación del sector privado, la concesión administrativa, conlleva una mayor carga ideológica y privatizadora, puesto que las empresas privadas además de construir y gestionar el edificio proporcionan la asistencia sanitaria pública. El gobierno del PP en la Comunidad Valenciana es el que mayor uso ha hecho de esta fórmula y en la actualidad al menos el 20% de la población valenciana recibe asistencia sanitaria pública a través del sector privado. En la Comunidad Valenciana las empresas privadas no solo han asumido la asistencia sanitaria de los nuevos hospitales que han construido, sino también la atención prestada en los centros de salud que antes gestionaba el sector público. Una tercera forma de participación de las em-

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ntre 2011 y 2013 se ha triplicado el porcentaje de personas que considera que los servicios asistenciales de la atención primaria y la atención especializada han empeorado en los últimos años, según los datos ofrecidos por el Barómetro Sanitario que anualmente realiza el CSIC para el Ministerio de Sanidad.

presas privadas consiste en cederles actividades que previamente realizaba la sanidad pública como las pruebas diagnósticas y de laboratorio, los servicios informáticos, las derivaciones a atención especializada o las intervenciones quirúrgicas. Este aumento de experiencias privatizadoras contrasta con el escaso interés de nuestros gobernantes por desarrollar sistemas de información que permitan confirmar la supuesta superioridad del sector privado. 3

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Manel Ferri Tomàs y ricard riol Jurado | Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP)

El proyecto Tren 2020: menos frustración y más resultados para el ferrocarril español “España apuesta todas sus cartas al PITVI: un plan de autovías gratuitas, aeropuertos y AVE para todos, olvidándose de los desplazamientos cotidianos y del transporte de mercancías sostenible”

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l ferrocarril, por sus características energéticas, de capacidad y de seguridad, es un elemento clave para mejorar la maltrecha situación ambiental y social del transporte, que actualmente depende en exceso de la carretera y de los combustibles fósiles para el transporte de viajeros (en coche y avión) y de mercancías (en camión). España, ¿país de camiones y coches? Para potenciar tren no es válida cualquier estrategia, tanto en el sector ferroviario como en el resto de políticas de transporte terrestre. No se puede obviar que España es la primera potencia europea en kilómetros de autopistas y autovías, y ha sido el país europeo que más kilómetros ha construido en poco tiempo, entre 1990 y 2010 se llegó a duplicar la red, alcanzándose cerca de 14.000 kilómetros. En consecuencia, entre 1990 y 2005 la demanda del coche y camión se han multiplicado por dos y dos y medio respectivamente. El tráfico de mercancías por tren ha caído un 30% en el mismo periodo, situando a España a la cola de los países europeos con ferrocarril, con un 3-4% de cuota.

ave para todos. Conectar todas las provincias con un AVE a Madrid en menos de tres horas y media ha sido y será un pésimo objetivo político que ha generado escasos nuevos tráficos para el ferrocarril, principalmente porque más del 90% de los desplazamientos se producen en ámbitos urbanos y metropolitanos y en segundo lugar porque en España no todos los desplazamientos de largo recorrido siguen una estructura radial centralizada, como se pone de manifiesto en los corredores Mediterráneo y Atlántico, así como en el eje del Ebro y del Guadalquivir. Con la excepción de algunos corredores muy consolidados, las nuevas líneas de alta velocidad

exclusivas para viajeros no son una solución adoptable para todo el territorio debido a sus altos costes de construcción y mantenimiento, que exigen demandas elevadas. Por ello, pese a contar con la mayor red de alta velocidad de Europa, España ocupa un modesto puesto 16 en el ranking de kilómetros anuales recorridos en tren por habitante, muy por detrás de los primeros: Suiza, Francia, Austria, Suecia y Dinamarca, que a excepción del

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ntre 1990 y 2005 la demanda del coche y camión se han multiplicado por dos y dos y medio respectivamente. El tráfico de mercancías por tren ha caído un 30% en el mismo periodo, situando a España a la cola de los países europeos con ferrocarril, con un 3-4% de cuota.

caso francés no se caracterizan por sus líneas exclusivas de alta velocidad. Después de que el ex Ministro Álvarez Cascos accediera a incluir un AVE por capital peninsular en el Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007, todos los territorios han exigido con lamentable soberbia acelerar los plazos del tren súper veloz hacia Madrid, a veces olvidando que estaban ofreciéndose pésimos servicios de Cercanías o Regionales en ejes de movilidad metropolitana principales. Esta vorágine expansiva del AVE, junto al mayor programa de autovías de Europa, ha hecho que el ferrocarril no haya incrementado la demanda en su principal nicho de mercado, la movilidad cotidiana ni el transporte de mercancías. La ex Ministra Magdalena Álvarez y el ex Ministro José Blanco agravaron la situación con el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte 2005-2020, e inicialmente la actual

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Ministra, Ana Pastor, dio una nueva vuelta de tuerca con el Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024. Cambio de paradigma. Ante este panorama Comisiones Obreras, Greenpeace-España y WWF-España encargan a la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) la elaboración de una propuesta ferroviaria alternativa que rompa con los tópicos de la planificación vigente y apueste por el ferrocarril en sus principales mercados potenciales, llamada TREN 2020. El Plan TREN 2020 se configura como un elemento de debate ambiental, social y territorial, abierto a toda la sociedad española, con la mirada puesta en Europa y con total voluntad constructiva, que no plantea una ruptura con la planificación vigente pero sí una reorientación y una priorización que desde la Administración Central debería entenderse como una oportunidad para no volver a repetir los errores del pasado y para evitar que las infraestructuras sigan utilizándose como arma electoral y partidista desde los territorios, sin criterios de servicio público ni de cohesión social. Este documento es la mejor forma de compatibilizar el cambio modal a favor del tren, descarbonizar el transporte terrestre, democratizar la movilidad en un país donde el 50% de la población no tiene acceso diario al coche, y generar empleos verdes en el transporte ferroviario con nuevos servicios. Este plan es la alternativa al fracasado “AVE para todos” y a los planes de recorte de los servicios regionales, que tras la bandera de la austeridad y el ahorro esconden un fracaso de gestión a cargo del Ministerio de Fomento. ¿Cuáles son las principales novedades del plan TREN 2020 respecto los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento? • No se trata del enésimo plan de infraestructuras, sino del primer plan de uso del ferrocarril. Para ello se propone combinar planes de servicio con planes de infraestructura entre 2013 y 2030. De nada sirve construir infraestructuras por las que van a circular pocos trenes (un AVE diario a Huesca) o mantener líneas colapsadas sin desdoblar (Corredor Mediterráneo). Es necesaria una mayor vinculación de la planificación del servicio con la de infraestructuras. • Parte de una diagnosis inédita del ferrocarril

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e plantea una nueva propuesta metodológica para fomentar la demanda del ferrocarril de pasajeros, más sensible a elementos como la frecuencia de paso, la proximidad de las estaciones a los núcleos poblados o la frecuencia de paso, que a la velocidad máxima de los trenes.

español que permite priorizar las actuaciones. Se plantea una nueva propuesta metodológica para fomentar la demanda del ferrocarril de pasajeros, más sensible a elementos como la frecuencia de paso, la proximidad de las estaciones a los núcleos poblados o la frecuencia de paso, que a la velocidad máxima de los trenes. De esta manera se ha realizado un examen exhaustivo de la accesibilidad de las estaciones, prestaciones de velocidad, frecuencias de paso y población residente con objeto de cuantificar dónde es posible captar más demanda. • Apuesta principal por los servicios de Cercanías y Regionales en los principales ejes de movi-

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lidad metropolitana y regional, en coordinación con las autoridades territoriales del transporte y las comunidades autónomas. Actualmente la prioridad del Estado no es la movilidad mayoritaria, sino los desplazamientos de muy largo recorrido, que son los más esporádicos. • Se plantea prioridad en las actuaciones a corto, medio y largo plazo, tanto en servicios como en infraestructuras. Con el claro objeto de anticipar la captación de la demanda hacia el ferrocarril se proponen tres grandes etapas: – Corto plazo: incremento del escaso servicio ferroviario actual en corredores que con ninguna o pocas actuaciones en infraestructura, puedan un servicio ferroviario competitivo en zonas de elevada demanda. Se han detectado líneas con un amplio potencial de demanda y escasas inversiones necesarias para su puesta a punto: Vigo – A Coruña – Ferrol, Palencia – Valladolid, Vitoria – Pamplona, Zaragoza – Huesca, Tarragona – Castelló, Madrid – Talavera, València – Alacant, Alacant – Murcia, Murcia – Cartagena, Murcia – Águilas, Sevilla – Cádiz, Sevilla – Huelva. – Medio plazo: remodelación paulatina o ampliación de infraestructuras ferroviarias poco competitivas en ámbitos de elevada demanda, principalmente localizadas en zonas costeras del Atlántico y Mediterráneo, así como nuevas infraestructuras en los territorios insulares de Gran Canaria y Tenerife. – Largo plazo: extensión de las mejoras de las infraestructuras y servicios al resto de territorios • Creación de sistemas de Cercanías y Regionales cadenciados, siguiendo modelos ferroviarios de éxito como los regionales de Suiza, Austria, Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca, Hungría o Marruecos. Los sistemas cadenciados se basan en la repetición de horarios en los mismos minutos de cada hora, funcionando cada 15, 30 o 60 minutos a lo largo de gran parte del día; generando una frecuencia de paso atractiva, un atributo que en movilidad cotidiana puede ser más importante incluso que los tiempos de viaje. El Plan TREN 2020 propone que toda ciudad de más de 50.000 habitantes y dotada de ferrocarril competitivo quede conectada con un mínimo de un tren cada dos horas hasta su capital más cercana y que las Cercanías operen como mínimo cada hora y cada media hora en hora punta. • Integración de tarifas ferroviarias e integra-

ciones tarifarias regionales. El modelo tarifario actual de Renfe es totalmente disuasivo para fidelizar la demanda, ya que en muchas líneas existen casi tantas tarifas distintas como tipos de tren circulan. Es imprescindible que exista una única tarifa base para generar abonos con los que se pueda utilizar cualquier tipo de tren y aprovechar al máximo la oferta vigente. • Introducción de modelos de bajo coste para las líneas ferroviarias regionales con menos demanda. No se debe plantear la supresión de servicios considerados “deficitarios” en base a la ocupación actual sin haber aplicado modelos de bajo coste ni políticas de estímulo de la demanda como sí han hecho numerosos operadores del resto de Europa. Renfe es el único operador ferroviario

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l Estado debe implicarse en la movilidad cotidiana asegurando una mayor dotación económica para el transporte metropolitano y los servicios regionales.

que no ha apostado por este segmento de demanda, al no comprar ningún tren pequeño que pueda ser operado por un agente único sobre una infraestructura automatizada. • El Estado debe implicarse en la movilidad cotidiana asegurando una mayor dotación económica para el transporte metropolitano y los servicios regionales. En 2015, el volumen de gasto público del Ministerio de Fomento es de 5.200 millones de Euros para el capítulo de inversiones en infraestructuras ferroviarias y trenes; mientras que sólo de destinarán 500 millones de Euros para el mantenimiento de los servicios de Cercanías y Regionales en toda España, una relación de 10 a 1. El Plan Tren 2020 propone destinar una partida anual de 750 millones de Euros para fomentar el transporte público regional en toda España e incrementar notablemente la financiación de las autoridades del transporte en todo el Estado. • Se plantea un mayor realismo económico, con objeto de evitar la frustración ya vivida en cada uno de los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento, caracterizados por ser más am-

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biciosos que sus antecesores y presentar menos grado de cumplimiento al final de su vigencia. Por ello el plan TREN 2020 plantea una inversión anual de 2.519,5 millones de Euros anuales, un 50% inferior a la actualmente prevista por el PITVI. Además se propone un plan de racionalización de infraestructuras con el doble objetivo de conseguir ahorro público y potenciación del sector ferroviario: moratoria en la construcción de autovías y autopistas; racionalización de la oferta de AENA en coordinación con los trenes rápidos; tarificación directa de las autovías gratuitas, que reportaría unos ingresos de 1.800 y 3.500 millones de euros anuales y/o aplicación de la Euroviñeta para camiones en España, que aportaría unos ingresos de 3.000 millones de Euros anuales. En ámbitos metropolitanos se debe tener en cuenta otras posibilidades financieras como el Versement Transport o la destinación de la recaudación de peajes y aparcamientos al transporte público. • Propone objetivos ambientales y no dotación ciega de infraestructuras. El año 2020 es un momento decisivo, al haber planteado la Unión Europea una reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a los niveles alcanzados en 1990, es decir, no superar las 26 millones de toneladas anuales en el sector transporte. El Plan Tren 2020 plantea tres escenarios ambientales, según la política adoptada en todo el conjunto del transporte terrestre, no sólo la ferroviaria. Con una mayor adaptación a la demanda, mejor gestión energética e introduciendo cambios en el diseño de los vehículos, el tren puede acercarse a las cero misiones e CO2. En cualquiera de los escenarios de movilidad previstos se hace imprescindible incrementar la cuota modal del ferrocarril para acercarnos al objetivo europeo de un 20% de reducciones de CO2 respecto a 1990 en 2020. • Aprovechar al máximo las infraestructuras actuales, sean convencionales o de alta velocidad. No siempre es necesaria la construcción de nuevas infraestructuras para generar un transporte ferroviario competitivo. El plan TREN 2020 propone intervenir sobre 7.049 kilómetros de vía férrea, mediante proyectos de electrificación (28%), rectificación de líneas convencionales para alcanzar los 160 km/h o trenes-tranvía (23%), finalización de líneas de alta velocidad en obras muy

avanzadas (23%), rectificación de líneas convencionales para velocidad alta (22%). Ante la actual crisis energética y ambiental se propone una importante electrificación del transporte ferroviario, ya que el último plan de electrificaciones (no AVE) se acometió en la segunda crisis petrolera de 1979. La primera vez que se

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l año 2020 es un momento decisivo, al haber planteado la Unión Europea una reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a los niveles alcanzados en 1990, es decir, no superar las 26 millones de toneladas anuales en el sector transporte. electrifica un tramo de vía férrea convencional no asociado al AVE será el tramo Medina del Campo – Salamanca, en 2015. • Poner fin a la expulsión del ferrocarril de los centros urbanos, que ha traído como consecuencia una pérdida de la demanda de los servicios ferroviarios regionales a favor de la carretera. La integración urbanística del ferrocarril debe realizarse en clave europea, es decir, con proyectos de accesibilidad o trenes tranvía que no pasen necesariamente por soterramientos faraónicos o expulsiones del ferrocarril fuera de la ciudad. De hecho el Ministerio de Fomento ya ha iniciado un tímido cambio en su estrategia, que se acerca a los criterios de racionalidad del plan TREN 2020, en 2015 no todo lo que se inaugurará serán AVE, sino líneas convencionales como la Sevilla–Cádiz o A Coruña–Vigo, adaptadas a todo tipo de tráficos con elevado potencial de transporte regional y metropolitano. Estamos convencidos que el debate que se puede generar a través de esta propuesta contribuirá a mejorar las soluciones del transporte ferroviario en un escenario compartido por una inmensa mayoría social, porque el transporte del año 2020 debe ser más sostenible, eficiente, seguro y equitativo. 3 NOTA: Información del Plan Tren 2020: www.transportpublic.org/tren2020

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Félix a. Ovejero Torres | Director de la Fundación Paz y Solidaridad ‘Serafín Aliaga’

La Plataforma de Desarrollo de las Américas: una nueva herramienta de la CSA

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l pasado 8 de mayo de 2014 la CSA lanzó públicamente en Santiago de Chile, con presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA)1. Una Plataforma que concreta el marco propositivo del movimiento sindical de las Américas para un desarrollo inclusivo, justo y equitativo. La PLADA se suma a la Plataforma Laboral de las Américas y a la Plataforma Sindical Continental sobre Seguridad Social como instrumentos que definen las propuestas del movimiento sindical de las Américas para lograr un nuevo tipo de desarrollo en el continente americano. Más de veinte años después de la aplicación en la mayoría de países de América Latina del llamado Consenso de Washington (que tuvo como consecuencia lo que se denominó como “la década perdida” con una importante disminución del papel del Estado, una oleada de privatizaciones y de desregulaciones) se están consolidando en América Latina de manera simultánea dos tendencias: La democracia como forma mayoritaria de gobierno y un fuerte retroceso de las políticas neoliberales. Estas circunstancias han facilitado que el movimiento sindical de las Américas se resitúe en un nuevo tablero con una firme voluntad de convertirse en un actor destacado a la hora de definir y de proponer nuevos modelos de desarrollo, a pesar de la persistencia en un número significativo de los países de la zona de acoso a la libertad sindical y de importantes limitaciones a la negociación colectiva. Este marco impulsado desde un buen número de centrales sindicales de las Américas es el que ha permitido a su vez a la CSA priorizar iniciativas que caracterizan el presente y perfilan el futuro de las organizaciones sindicales de la región. El fomento de los procesos de auto reforma sindical, y la consolidación del papel de interlocutor bidireccional (instituciones y empresarios) con capacidad de ofrecer propuestas válidas sin desdeñar la parte reivindicativa que a lo largo de la historia caracterizó al movimiento sindical de la

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s significativo y revelador que centrales sindicales de orientaciones, culturas y orígenes diferentes converjan en un marco definitorio de modelo de desarrollo que demuestra una clara voluntad de superar las posibles trabas y diferencias.

zona, son prioridades ratificadas en los distintos congresos celebrados por la CSA que apuntan la madurez del movimiento sindical de las Américas por un lado, y demuestran, por otro, un compromiso irreversible e inteligente con el proceso de unidad sindical regional –aperturista e incluyente hasta el punto de admitir la colaboración y participación de organizaciones sindicales no afiliadas a la CSA–. Es significativo y revelador que centrales sindicales de orientaciones, culturas y orígenes diferentes converjan en un marco definitorio de modelo de desarrollo que demuestra una clara voluntad de superar las posibles trabas y diferencias. La necesidad de la PLADA surgió precisamente en la etapa preparatoria del II congreso de la CSA, y el proceso de su elaboración duró un año y medio (2013-2014). Su objetivo principal es reforzar la capacidad del movimiento sindical en la elaboración de pro-

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puestas políticas de desarrollo de la región con orientaciones y principios consensuados para que luego cada organización lo adapte y adecue a su realidad nacional. La Plataforma se articula en cuatro dimensiones, la política, la social, la económica y la ambiental que conforman un modelo de desarrollo diferente al imperante. La dimensión política incluye entre otros aspectos, la democracia participativa, la reforma y el fortalecimiento de los sistemas políticos y judiciales, la democratización de los medios de comunicación y la democratización de los procesos de integración. La económica aborda una nueva fiscalidad, la distribución justa del ingreso, la renta, las oportunidades la riqueza y el excedente, la creación de mercados e instituciones financieras comunes, la coordinación monetaria, la promoción de infraestructuras nacionales y regionales, el condicionamiento y orientación de la inversión extranjera hacía Proyectos Nacionales de Desarrollo. La dimensión social se focaliza en la promoción del trabajo decente, la libertad sindical y la negociación colectiva efectiva, la seguridad social como derecho fundamental, sistemas de salud públicos y universales, ciudadanía regional y derechos para la población migrante. La dimensión ambiental aborda entre otras cuestiones el agua como derecho humano, la soberanía energética, la defensa y preservación de los bienes comunes, la transición hacia una economía verde con un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo sostenible. La PLaDa es una propuesta que encaja perfectamente con los principios que definen la agenda post2015, y sitúa a las organizaciones sindicales como actores principales en la implementación de esta agenda en los diferentes niveles en los que se articulará, internacional, nacional y local. Es necesario alinear las diferentes políticas de cooperación al desarrollo a las nuevas realidades

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a PLADA es una propuesta que encaja perfectamente con los principios que definen la agenda post2015, y sitúa a las organizaciones sindicales como actores principales en la implementación de esta agenda en los diferentes niveles en los que se articulará, internacional, nacional y local.

que se concretarán en la nueva agenda con un reconocimiento pleno y no solo discursivo a las organizaciones sindicales como actores en las políticas de desarrollo y de cooperación, junto a Gobiernos, movimientos sociales y ecologistas, organizaciones no gubernamentales y empresas,… Uno de los retos que se plantea en la nueva agenda internacional es la inclusión efectiva de estos diferentes actores. Las organizaciones sindicales son un actor global de desarrollo que se articulan en los niveles internacional, regional, nacional, local y sectorial, y a través de la negociación colectiva promueven la cohesión social y la redistribución de la riqueza. Un segundo reto, es el de cómo integrar el mundo del trabajo (no solo el empleo) en la nueva agenda de desarrollo sostenible. De cómo se aborden estos dos retos en esta nueva agenda dependerá en gran medida su éxito. La agenda sindical de desarrollo está en marcha y la PLADA es un ejemplo de ello. 3

El texto íntegro de la PLADA puede descargase en el siguiente enlace: http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=382&Itemid=181&lang=es

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Pepe Gálvez | Director del Area de Cultura de la Fundación 1º de Mayo

El año en que Angulema fue Charlie

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ay muchas maneras de contemplar y practicar la libertad de expresión, pero sin duda el sector de la creación cultural la viven con una intensidad especial. Las personas que viven de escribir, dibujar, interpretar, dirigir películas, cantar… saben que la capacidad de decidir que quieren expresar y como es esencial para su trabajo. Todas ellas saben que ser consecuentes con ese derecho no es fácil, que se pueden enfrentar a prohibiciones políticas, a prejuicios sociales, dobles morales, egocentrismos, presiones de sus empresarios o patrocinadores, así como a sus propias debilidades. Son conscientes también que generalmente puede tener algún costo: presiones, exclusiones, boicots , ausencia de ofertas laborales… Pero una barbaridad como la masacre cometida con la redacción de Charlie Hebdo sobrepasa lo imaginable, es una ruptura salvaje del consenso social de tolerancia y respeto a la discrepancia sobre el que trabaja el artista, sea humorista o no. Quizás por ello la reacción de la profesión, del conjunto del mundo de la historieta en Francia, ha sido primero de dolor, segundo de solidaridad con el entorno de las víctimas y tercero de defensa cerrada de la libertad de expresión. Y ello tenía que expresarse inevitablemente en el Festival de la Bande Dessinée (Historieta) de Angulema de este año celebrado del 26 de Enero al 1 de Febrero pasados. El espíritu Charlie Todos eran Charlie: los premios, las revistas, tebeos, libros… la exposición, dedicada a la revista.

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a reacción de la profesión, del conjunto del mundo de la historieta en Francia, ha sido primero de dolor, segundo de solidaridad con el entorno de las víctimas y tercero de defensa cerrada de la libertad de expresión.

Pero Charlie no es un partido, ni una secta, ni una ONG, con afiliados y líneas definidas de actuación. Charlie Hebdo es un revista que tiene que seguir haciendo humor después de que algunos de sus mejores autores hayan sido asesinados precisamente por ejercer su oficio. La situación económica que amenazaba la continuidad de la publicación ha mejorado sustancialmente: según

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a libertad no nos libra de las contradicciones, pero nos permite algo mucho mejor: expresarlas.

publicaba el diario Liberatión, en su especial dedicado al Festival, en tres semanas el número de los suscriptores había pasado de 10.000 a 80.000 y había recibido cerca de 2 millones de euros de aportaciones solidarias. Ahora bien, el verdadero reto es el de mantener l’esprit Charlie. Un espíritu, o forma de ser que “ nada tiene que ver con transformar en héroes nacionales a humoristas satíricos que se cagaban en el poder, ni con hacer repicar Notre Dame por unos anticlericales “ según el historietista y editor independiente Jean Claude Menu, en quién los supervivientes de Charlie delegaron la recogida del Gran premio especial que el Festival había otorgado al semanario. Unas palabras que riman con el chiste de Catherine del número de la revista posterior a la masacre. En él vemos un grupo de políticos asistentes a la marcha republicana del 11 de Enero en solidaridad con la revista con el siguiente comentario: Una famille de clowns decimèe, dix de retrouvées. Una familia de payasos diezmada, pero hemos encontrado otros diez. Con la debida falta de respeto La trayectoria de este espíritu irreverente, que ha sido parte con intermitencias del panorama de la prensa francesa desde que en 1960 apareciera Hara-Kiri, se puede seguir en la exposición que el Museo de la Bande Dessiné de Angulema le ha dedicado. Es una muestra que a pesar de la premura de tiempo con que se ha realizado consigue vertebrar, a través de las portadas de Hara-

Kiri y Charlie Hebdo, un diálogo entre la sociedad francesa y su caricatura más provocadora. Esas imágenes actúan como espejo que evidencia fealdades éticas, vicios privados, taras políticas… la evolución de la sociedad desde el humor que reivindica la abolición de falsos respetos. Esta visión satírica no excluye que la revista haya tenido y tenga sus propias contradicciones. No hay que olvidar que en el 2008 Philippe Val entonces director de Charlie despidió al dibujante Siné, uno de los referentes de la publicación, entre un cruce mutuo de acusaciones de antisemitismo y de censura. Y es que como escribía Oncle Bernard (Bernard Maris) en un artículo recuperado por la mencionada edición de Charlie del pasado 14 de Enero que: “Charlie en sus editoriales ha apoyado los bombardeos de la OTAN sobre Serbia. Una parte del equipo estaba en contra. Charlie, siempre en sus editoriales, ha dicho ¡Viva Europa! y si al tratado constitucional. Una parte del equipo estaba en contra. Lo mismo en el conflicto israelí-palestino… “ La libertad no nos libra de las contradicciones, pero nos permite algo mucho mejor: expresarlas. 3

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