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Discurso de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, al promulgar la Ley que perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia

Santiago, 19 de agosto de 2016

Amigas y amigos: Quiero decir que hoy nos ponemos al día, una vez más, y lo hacemos en una materia de gran relevancia. Tener una ley para fortalecer la libre competencia es mucho más que un tema técnico: es uno de los fundamentos para reconstruir la confianza en las instituciones públicas y en el mercado. Nuestros compatriotas están cada vez más atentos a la manera en que se hacen negocios y exigen ser tratados como corresponde. No sólo en tanto consumidores, que también es una preocupación, sino también en tanto ciudadanos. Y esto no sólo es signo de vitalidad de nuestra democracia, es una condición también para una economía sana. Por eso, es una interpelación directa a los líderes políticos y empresariales a que actuemos bien y a tiempo, que es la única manera de responder a las exigencias. Todos hemos conocido casos de personas, empresas y organizaciones que han abusado de la confianza de nuestros compatriotas, buscando obtener con malas prácticas los beneficios que jamás lograrían con el juego limpio del mercado. Son prácticas vergonzosas, que provocan un grave daño a Chile. Dañan a cientos de empresas, pequeñas, medianas y grandes, que respetan las normas, pero se ven perjudicadas por el actuar de unos 1

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pocos que prefieren los atajos. Más grave aún, dañan a las familias, a quienes impiden acceder a bienes y servicios de calidad a un precio justo. Entonces, la ley que hoy día estamos promulgando es una respuesta contundente y severa. No sólo porque es una buena ley, también porque es la culminación de un trabajo transversal, en torno a acuerdos sólidos entre todos los sectores. Por eso, yo quiero agradecer a los parlamentarios, a cada presidente de comisión que contribuyó a una mejor tramitación, así como a todos quienes presentaron, en forma transversal, mociones para combatir la colusión y enriquecieron el texto final. A los diputados Joaquín Tuma, Leonardo Soto y Pepe Auth; a los senadores Eugenio Tuma, Andrés Zaldívar, Alfonso De Urresti, Pedro Araya, Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín. Pero además, quiero agradecer a los ciudadanos, quienes han sabido hacerse escuchar para señalarnos nuestros desafíos. Y entre todos, hacemos avanzar a Chile. Y esto no es abstracto, no es pura teoría económica. Con mejores reglas, con mejor institucionalidad, es posible imponer el juego limpio para el correcto funcionamiento de los mercados y, a la vez, respetar los derechos de los consumidores. Y los recientes resultados de la licitación de suministro eléctrico son el mejor ejemplo de los beneficios concretos de la competencia: ingreso de nuevos actores, incentivo a la innovación, fuerte caída en los precios de los oferentes y, como suma final, una importante baja de precio para los consumidores. Entonces, lejos de ser el producto de la casualidad, estos resultados se basan en una buena conducción por parte de la Comisión Nacional de Energía, en la elaboración de buenas bases, en los avances previos: la Ley de Transmisión, la Interconexión del SIC-SING, la 2

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flexibilidad en las normas para facilitar la entrada de actores de menor tamaño y generadoras de energías limpias. Estos resultados, entonces, ratifican el rol fundamental que le corresponde a las instituciones públicas: porque una mayor competencia no se consigue con menos Estado, se consigue con mejor Estado. Con un Estado con las capacidades y las herramientas necesarias para adaptarse a los nuevos escenarios y para velar por principios que nos favorecen a todos. Entonces, demostramos así que la intervención pública para conservar y proteger la libre competencia es un imperativo que fortalece las economías, da seguridad a las empresas y beneficia a las personas. Bueno, ¿qué es lo que cambia desde hoy con esta ley? Es simple, estamos mejorando considerablemente las capacidades de la institucionalidad para prevenir actos de colusión y estamos entregando las certezas jurídicas que requieren los agentes económicos. ¿Cómo? Estableciendo nuevas regulaciones, y aumentando las penas para que los casos de colusión no se vuelvan a repetir, y si se repiten, quienes infrinjan las normas sean sancionados con la severidad que corresponde. ¿Y cuáles son los cambios más trascendentes que establece esta ley? En primer lugar, se redefine el concepto de colusión, como los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores, ya sea fijando precios, limitando la producción, asignando zonas o cuotas de mercado o afectando el resultado de las licitaciones. Se condenará a quienes participen simultáneamente en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras, bajo ciertas condiciones.

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También, podrán aplicarse medidas contra quienes no cumplan los deberes en materia de operaciones de concentración, como por ejemplo quienes adquieran participación en más del 10% de una empresa competidora sin informar a la Fiscalía Nacional Económica. Y fortalecemos el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, estableciendo la dedicación exclusiva de sus ministros titulares, con incompatibilidades para los miembros suplentes. Este tribunal, a partir de ahora, también podrá resolver eventuales indemnizaciones para quienes se hayan visto perjudicados por infracciones a la libre competencia. Además, se crea un nuevo mecanismo para el control de las operaciones de concentración, las que deberán ser aprobadas por el Fiscal Nacional Económico, que puede establecer condiciones. En caso de prohibirlas, el Tribunal de Defensa podrá revisar la decisión y confirmarla o revocarla. Y algo clave: las sanciones se hacen más estrictas y pueden llegar hasta al 30% de las ventas de la empresa que cometió la falta, o al doble del beneficio económico. En casos de colusión, además, se podrá condenar a no poder generar contratos con órganos estatales o con aporte estatal, o a no poder adjudicarse concesiones del Estado por 5 años. Como ven, estamos hablando correspondan con la falta.

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Asimismo, castigaremos como delito ocultar información o proporcionar información falsa a la Fiscalía Nacional Económica, con una pena que podrá llegar a los tres años de presidio, y el de colusión, con una pena que puede llegar a 10 años. Se perfecciona, también, la regulación de la delación compensada, y se exime de responsabilidad a quien aporte en primer lugar antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para probar la colusión 4

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y sus responsables, rebajando también la multa para el segundo delator que aporte nuevos antecedentes. Y finalmente, porque el objetivo final es proteger a los consumidores, se modifica la Ley del Consumidor, para establecer el procedimiento colectivo en casos de infracción a la libre competencia. Así, amigas y amigos, estamos dotando a Chile de una legislación muy avanzada en promoción de la libre competencia, conforme a los estándares de las grandes economías y a las recomendaciones de los organismos internacionales. Chile no acepta ni la corrupción ni los abusos, porque el país necesita buenos mercados para un mejor desarrollo. Y con esta ley, hemos dado un paso contundente en esa dirección. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por hacer posible esta ley que creo nos servirá mucho como país. Y esperamos, también, que ayude en esta búsqueda de mejorar las confianzas entre todos nosotros. Muchas gracias.

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