INFORME COMPARADO SOBRE LA SITUACION DEL VIH/SIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA

Comunidad Andina de Naciones Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Los informes completos de cada uno de los países podrán verse en las siguientes páginas Web: www.laccaso.org www.equidadecuador.org

Autores: IDH-Bolivia Fundación Vivir Mejor-Colombia ASICAL-Ecuador VIALIBRE-Perú ACCSI-Venezuela

Septiembre de 2003

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INDICE _________________________________________________________________________ INTRODUCCIÓN 1. Objetivo del Informe 2. Metodología 3. Criterios Claves del Informe 4. Descripción de los Autores 5. Descripción Socioeconómica de la Región Andina PARTE I. ASPECTOS POLÍTICOS Y JURIDICOS Marco Constitucional/Legal sobre los Derechos Humanos y el VIH/SIDA en la Comunidad Andina de Naciones. Principios orientadores nacionales, políticas de salud a nivel institucional en VIH/SIDA Marco Institucional Coordinaciones Nacionales sobre SIDA/ITS; Programas Nacionales SIDA/ITS Coordinación Intersectorial Trabajo con el Sector No Gubernamental Disponibilidad de Recursos disponibles en VIH/SIDA La Cooperación Internacional / La movilización de recursos Políticas de Integración Regional PARTE II DERECHOS HUMANOS Situación General de los Derechos Humanos Situación General de los Derechos Humanos y el VIH/SIDA Defensoría del Pueblo PARTE III EPIDEMIOLOGIA / INTERVENCIONES Epidemiología del VIH/SIDA. Descripción general y tendencias Servicios de atención en VIH/SIDA Prestación de Servicios en Salud Integral Acceso a Tratamiento Ensayos Clínicos / Ética Concepto

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Panorama Regional

PARTE IV ASPECTOS SOCIALES Situación de sectores específicos o poblaciones en situación de vulnerabilidad Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) Las Trabajadoras Sexuales Comerciales Niños-as, adolescentes y jóvenes Las Mujeres Consumidores de drogas Privados-as de la Libertad PARTE V ASPECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Esfuerzos Comunitarios e Impacto PARTE VI LA SITUACIÓN DE LAS PVVS Derechos humanos más frecuentemente vulnerados PARTE VII DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL VIH/SIDA Y DDHH La situación de los Países Andinos con relación al cumplimiento de las directrices internacionales. -

DIRECTRIZ 1. Buscar un marco nacional que permita una actuación coordinada, con participación política y programas sobre el VIH/SIDA en todas las ramas de gobierno. DIRECTRIZ 2. Participación de la comunidad en la formulación de Políticas, ejecución y evaluación de los programas relativos al VIH/SIDA DIRECTRIZ 3. Analizar y reforzar la legislación sanitaria relacionada a cuestiones de salud pública DIRECTRIZ 4. Adecuar las leyes penales y penitenciarias DIRECTRIZ 5. Promulgar o robustecer las Leyes que combatan la Discriminación DIRECTRIZ 6. Adoptar medidas políticas que regulen los bienes, servicios e información relacionados al VIH. DIRECTRIZ 7. Proporcionar asistencia Jurídica que enseñen sus derechos a las personas con VIH/SIDA

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DIRECTRIZ 8. Entorno habilitante para las mujeres, los niños u otros grupos vulnerables DIRECTRIZ 9. Cambio de actitudes discriminatorias y estigmatizantes contra el VIH/SIDA a actitudes de comprensión y aceptación. DIRECTRIZ 10. Elaboración de Normas en los sectores públicos y privados DIRECTRIZ 11. Vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado DIRECTRIZ 12. Cooperación con Programas y Organismos de las Naciones Unidas

PARTE VIII CONCLUSIONES PARTE IX RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA

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INTRODUCCIÓN _________________________________________________________________________ El Consejo Latinoamericano y del Caribe de ONGs con Servicio en VIH/SIDA /LACCASO da particular relevancia a la documentación de la situación de los derechos humanos, que comprende diagnósticos, denuncias sobre violaciones y amenazas, lecciones aprendidas y recomendaciones como una acción fundamental en el proceso de protección, promoción y acción en derechos humanos. Con la actual publicación “Informe Comparado sobre SIDA y DDHH en la Comunidad Andina de Naciones”, LACCASO enriquece la serie “Informes sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos”, abordando las cuestiones relacionadas a políticas públicas, acceso a tratamientos, migraciones, prisiones, derechos reproductivos y adolescencia, con una perspectiva y experiencia local, que tendrán repercusiones en el ámbito latinoamericano y caribeño. El “Informe Comparado sobre SIDA y DDHH en la Comunidad Andina de Naciones”, con sus respectivos Informes País (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), son instrumentos útiles para orientar políticas públicas, estrategias y actividades del sector comunitario. Igualmente, juegan un papel de observador en el cumplimiento de acuerdos, pactos, tratados, declaraciones suscritas por los Estados, incluida la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el SIDA del período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (25-27 de junio de 2001). Asimismo, son un recurso valioso para recurrir a las instancias internacionales, regionales y nacionales, para poner a funcionar los mecanismos de protección de los derechos humanos. En fin, estos informes muestran la realidad existente, diagnósticos, experiencias, lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones, y permite mantener una memoria sobre la situación actual, retrocesos y avances en derechos humanos. La información adecuadamente sistematizada sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos en la región LAC es muy escasa y se mantiene en el ámbito de la oralidad, corriendo el riesgo de que la misma se extravíe o pierda, contribuyendo a un alto grado de impunidad. Ello dificulta, además, el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los convenios, tratados, y muy especialmente de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA, que acuerda metas de cumplimiento por parte de los Estados y Gobiernos, que comienzan a ser exigibles a partir de este año 2003. La Declaración de Compromiso y las políticas que rigen el Fondo Global para SIDA, TBC y Malaria requieren un abordaje más integrado y coordinado de los asuntos que rodean a la epidemia, para que las respuestas al VIH/SIDA en todos los ámbitos sean mas contundentes y efectivas. Por ello se hace imperioso que entre las ONGs, PVVS, redes comunitarias regionales, agencias bi- y multi-laterales y sistema de las Naciones Unidas y otros se 5

coordinen los mecanismos que permitan la sistematización de la información y su implementación a manera de monitoreo y evaluación. La metodología para la elaboración de los Informes País como insumo para el “Informe Comparado sobre SIDA y DDHH en la Comunidad Andina de Naciones” fue construida colectivamente entre las organizaciones participantes, a saber: Instituto para el Desarrollo Humano (Bolivia), Fundacion Vivir Mejor (Colombia), Equidad (Ecuador), Vía Libre (Perú) y Acción Ciudadana Contra el SIDA /ACCSI (Venezuela); para ello se elaboraron indicadores que apuntan mas a lo cualitativo, utilizando la revisión documental, entrevistas y estudios de casos como herramientas en su preparación. Las organizaciones no gubernamentales involucradas en este proyecto desarrollan en sus países diferentes estrategias para la prevención y asistencia en VIH/SIDA, que comprenden actividades, tales como: servicios de salud, consejería, derechos humanos, incidencia pública, prevención, trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad, movilización de personas que viven con VIH/SIDA, las cuales están a su vez conectadas a las diversas iniciativas regionales en la formación de redes y alianzas estratégicas. LACCASO quiere destacar la cooperación de ONUSIDA-Andes en la consecución de este proyecto, lo que demuestra que las alianzas son instrumentos efectivos a los fines de avanzar en la prevención y asistencia del VIH/SIDA. Edgar Carrasco Secretario Regional

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Situación socio-económica de la Región Andina _________________________________________________________________________ La Comunidad Andina de Naciones está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú Venezuela, 1 Los cinco países viven bajo regimenes democráticos, y mantienen la estructura de gobierno clásica moderna y en cual su sistema administrativo se divide entre tres poderes del estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Se cuenta también con otras instancias básicas de protección a los derechos humanos como son: la Defensoría del Pueblo y Tribunal de Garantías Constitucionales. De acuerdo al resumen presentado por la Secretaría de la Comunidad Andina, los resultados 1.2. Principios orientadores nacionales, políticas de salud a nivel institucional en VIH/SIDA Según las autoridades de salud, a partir de 1990, Bolivia dio un fuerte impulso a las políticas sociales con la ejecución de un conjunto de reformas político-institucionales, que implicaron la Reforma a la Constitución Política del Estado, un profundo proceso de descentralización política administrativa..., el impulso a la educación primaria..., el desarrollo de políticas de equidad de género, de prevención y erradicación de la violencia intra doméstica y de otras políticas encaminadas a la atención de los grupos étnicos y de la niñez. Específicamente en el área de salud destacan las políticas orientadas a la implementación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y del Seguro Básico de Salud como parte de la Reforma de Salud. Bolivia cuenta con la Resolución Secretarial No. 0660 que norma la organización de la prevención y vigilancia del VIH y SIDA y considera temas referidos al diagnóstico, la atención integral de las PVVS3, la toma y el procedimiento de las muestras, el seguimiento a los contactos, la investigación de los derechos y deberes de las personas y la participación comunitaria, además de las sanciones.. La Resolución 0660 incluye también aspectos relacionados con la no discriminación de las PVVS, la aplicación no consentida de las pruebas de detección del VIH, penaliza la discriminación y el rechazo de las PVVS por los servicios de salud públicos como privados. También penaliza la transmisión del VIH de manera deliberada. La aplicación de la Resolución Secretarial es de competencia de la Secretaría Nacional de Salud a través de las Secretarías Regionales y en Coordinación con las Secretarías Nacionales de Educación, los Ministerios de Gobierno, de Informaciones, y de Trabajo. En Bolivia existen también, además de lo pertinente mencionado en el Código Civil, el Título X, Capítulo III del Código Penal en referencia a los delitos contra la inviolabilidad 3

Personas que viven con VIH o SIDA

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del secreto que les asiste a las personas, su Código de Salud, incluye varias normas relacionadas a las enfermedades de importancia epidemiológica como las ITS. Este establece regulaciones sobre donantes de sangre y su sometimiento a pruebas serológicas e inmunológicas. Bolivia cuenta también con la Ley No. 1687 sobre Medicina Transfusional y Bancos de Sangre que regula la obligación que “tienen estos servicios de realizar exámenes inmunológicos, bioquímicos y serológicos con reactivos y medios de diagnóstico debidamente registrados en el Ministerio de Salud”. En Colombia, las políticas en VIH/SIDA están direccionadas por los contenidos de la Ley 100 de 1993 que crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que pretende la cobertura de la atención y prestación de servicios de salud para todos los colombianos4, el Decreto 1543 de 1997, la Resolución 412 del 2000 del Consejo Nacional de Seguridad Social. Las políticas están enfocadas a la atención que a la prevención y se asume desde el Ministerio de Protección Social, anteriormente Ministerio de Salud, que las entidades territoriales desarrollarían acciones de promoción y prevención. En 1991, el Ministerio de Salud había expedido el decreto 559 que reglamentó el VIH/SIDA. El Decreto 1543 expedido en 1997 por el Ministerio de Salud Pública se aplica específicamente para la atención de las personas viviendo con VIH o con SIDA. El Decreto impone una serie de regulaciones para evitar la discriminación a causa de vivir con el VIH o con SIDA, establece la creación protocolos de atención a paciente VIH/SIDA, prohíbe la aplicación de las pruebas de detección del VIH, establece el consentimiento informado sobre las pruebas, y define todos los aspectos relacionados con la garantía de la confidencialidad, y se exime de la obligación de reportar el estatus VIH a los empleadores, entre otros aspectos. En el Ecuador, hasta el primer trimestre del año 2000, no existía un marco jurídico que garantizara la prevención, atención, vigilancia epidemiológica y derechos de las personas viviendo con el VIH o con SIDA de manera específica empero la existencia de legislación de aplicación general como la Constitución de la República, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el Derecho Universal a la salud, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, además de otras regulaciones tipificadas en el Código de la Salud, Código de lo Civil y en el Penal con relación a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas e infecciones de transmisión sexual. En este contexto, el 6 de abril del 2000, entra por el Ministerio de la Ley5 la Ley de Prevención y Asistencia del VIH/SIDA, que entre otros de sus aspectos crea al Instituto 4

Esta ley pretende la afiliación total de los Colombianos en un nuevo régimen sobre seguridad social el mismo que se establece bajo parámetros de regulación del mercado y la competencia, en donde se propende la oferta de mejores servicios a menores costos y mayor cobertura. Está sustentada en la descentralización de los servicios y la privatización de los mismos, este modelo de seguridad social incluye un componente o régimen subsidiado para que en funciones de lograr la universalidad los sectores de la población sin capacidad de cotización puedan acceder a dichos servicios. 5 Entra por el ministerio de la Ley, significa: cuando una Ley es aprobada por el Congreso Nacional y es enviada al Presidente de la República o viceversa para su ratificación. En caso de que este no lo hiciere en el tiempo previsto por la ley, esta automáticamente se convierte en Ley de la República.

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Nacional del SIDA –INSIDA-, dependiente del Ministerio de Salud Pública y que se antepone a la Coordinación Nacional del SIDA –CONASIDA-. La ley estructura cinco aspectos que van desde la prevención, la asistencia, la vigilancia epidemiológica, y la defensa de los derechos humanos. Esta ley incorpora el acceso a servicios de atención y a medicamentos para personas que viven con VIH/SIDA. Con relación a la atención al paciente VIH/SIDA, se establece el Reglamento de Atención al Paciente con VIH o con SIDA en diciembre del 2002, que fundamentado en los principios constitucionales que garantizan a todos los ecuatorianos el derecho a la salud, su promoción y protección conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia, asegurando el acceso a diagnóstico y tratamiento. En 1996, en Perú, con la Resolución 235-96-SA/DM, Manual de Doctrinas, Normas y Procedimientos para el control de las ETS/VIH/SIDA, define la primera política pública para enfrentar la epidemia, por cuanto se creo el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)...Posteriormente, se dictamina la Ley 26626, establece normas dirigidas al reconocimiento de los derechos fundamentales de la personas como autonomía, la confidencialidad, la salud, la no discriminación a PVS. Esta Ley crea también el CONTRASIDA. A la fecha del presente informe el PROCETSS ha sido desactivado como entidad rectora de la respuesta peruana frente al SIDA, siendo trasladado como un componente más, a la dirección de daños y riesgo del Ministerio de Salud. Actualmente Venezuela cuenta con el Plan Estratégico Social, contentivo de la política nacional de salud y desarrollo social el cual se inició en el año 2001, y que tiene como fin la promoción de la calidad de vida y salud para hacer efectivos los derechos sociales consagrados en la Carta Magna. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, cuenta con un instrumento de la política de salud y desarrollo social orientado a la lucha contra el SIDA, cuyo objeto es facilitar el manejo de los recursos humanos y financieros. La política en VIH/SIDA del gobierno venezolano se encuentran marcadas como metas a largo plazo que tienen como fin: eliminar la discriminación y estigma, así como la mortalidad infantil por causa de la transmisión vertical del VIH, que toda persona independientemente de su edad, género, estatus social, raza u orientación sexual, tenga información acerca de los medios de prevención y protección frente al VIH , así como acceder a la atención adecuada del VIH/SIDA a fin de que goce de calidad de vida y de salud, como cualquier otra persona. En Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ha emitido varias resoluciones como la SG-439 que tiene como fin específico la protección de la integridad física de las personas, por cuanto regula la aplicación de las pruebas de anticuerpos contra el VIH, estableciendo el consentimiento informado y regula a su vez los casos de cuando se pueden aplicar dichas pruebas. En 1997, establece otra norma en cuya resolución declara como obligatorio la notificación de casos diagnosticadas como VIH/SIDA con fines de seguimiento médico. En el mismo año, establece una nueva Resolución (SG-695) donde define las Normas de Funcionamiento de los Establecimientos de Atención al Farmacodependiente, del Sector Público y Privado, en los cuales se hace referencia expresa a la normativa dictada con 12

relación con el VIH/SIDA sobre las pruebas de anticuerpos contra el VIH. Esta resolución recoge el principio de igualdad, el de no discriminación, asegurando los servicios de atención no discriminatorios para todas las personas. En el año 2000 emite la Resolución 621, con relación a la aplicación de las pruebas de ELISA a toda embarazada que acuda al control prenatal, estableciendo su aplicación previo conocimiento e información de la persona, además asegura el derecho al tratamiento ARV a las mujeres seropositivas, incluyendo el control virológico de la madre y el recién nacido. 1.3.

Marco Institucional

1.3.1 Coordinaciones Nacionales sobre SIDA/ITS; Programas Nacionales SIDA/ITS Para la aplicación, coordinación y regulación de los principios orientadores, políticas, y regulaciones con relación al VIH/SIDA, desde los inicios de la epidemia en la región la respuesta gubernamental se vio reflejada con la institucionalización los programas nacionales sobre VIH/SIDA, ya sea a modo de direcciones y/u coordinaciones, luego se crean las Comisiones Nacionales sobre el SIDA, y con los vientos de la modernización del sector salud, los Programas tienden gradualmente a desaparecer al ser trasladados como subprogramas bajo direcciones en el contexto de los Ministerios de Salud Pública. El Programa Nacional de ITS-SIDA de Bolivia cuenta con un Plan Estratégico quinquenal, para el período 2000-2004, que es parte del Seguro Básico de Salud, del Escudo Epidemiológico, de la Medicina Familiar y Comunitaria y de los Programas Prioritarios de Salud, como el Programa de Atención Integral a la Mujer y la Salud Sexual y Reproductiva. Sus estrategias y líneas de acción están orientadas a: la concertación social en el desarrollo de un marco legal relacionado con las ITS-SIDA; aplicación del “manejo sindrómico” de ITS-SIDA; gestión de recursos financieros y técnicos; revisión, adecuación y aplicación de normas vigentes, sistematización y difusión de proyectos y fomento de la investigación; fortalecimiento del Comité Nacional y los Comités Regionales interinstitucionales; Coordinación con el Ministerio de Educación en el proceso de elaboración, revisión y aplicación de los contenidos curriculares transversales sobre educación para la sexualidad; participación y fortalecimiento de poblaciones vulnerables y coordinación con ONG que trabajan en la temática; desarrollo de mecanismos de educación alternativa para la prevención y de un sistema solidario de gestión canalización de recursos para medicamentos antirretrovirales. En la actualidad, en Colombia no existe un Programa Nacional sobre el SIDA como tal, ya que sus responsabilidades durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, han sido trasladadas al interior del Instituto Nacional de Salud, y dejó de fungir con su papel rector, al Programa Nacional le sobrevive Consejo Nacional de SIDA. El Programa Nacional SIDA/ITS del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se encuentra bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Epidemiología y tiene entre sus funciones la coordinación de las políticas y la gestión tanto pública como privada con relación a la 13

epidemia del SIDA en el país. El Programa Nacional SIDA/ITS fue creado bajo Acuerdo Ministerial del Ministerio de Salud Pública en 1985 y desde entonces ha enfocado sus esfuerzos principalmente hacia la vigilancia epidemiológica del VIH, al control de calidad de la sangre y productos derivados de la misma, con un fuerte déficit en acciones dirigidas a la prevención. En al año 2001 coordina la formulación del Plan Estratégico Nacional para el 2001-2004, el mismo que se concibe como una herramienta conceptual y para organizar la respuesta nacional coordinada de manera estratégica frente al SIDA. Este plan define cuatro líneas de acción: la atención, que incluye el establecimiento de servicios de atención para las PVIH/SIDA; educación; reforzamiento de laboratorios y bancos de sangre y la Vigilancia epidemiológica. Similar a lo sucedido con el Programa Nacional de SIDA de Colombia, en Perú el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA –PROCETSS-, fue desactivado siendo trasladado a la dirección de daños y riesgo del Ministerio de Salud Pública. PROCETSS durante su existencia como ente coordinador de la respuesta nacional frente al SIDA tuvo como objetivos principales: el reconocimiento de la prevención como propósito prioritario y objetivo básico para el control de las ETS/VIH/SIDA; la priorización de labor en escenarios con mayor riesgo e intervenciones de mayor impacto y mejor rendimiento costo beneficio; control de las ETS como estrategia básica para la prevención del VIH/SIDA. En Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social cuenta actualmente con el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, el cual es la evolución de la Comisión Nacional creada por ese ministerio en 1982, cuando se conoció el premier caso de VIH/SIDA, y posteriormente en 1990 se establece la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra el SIDA. El Ministerio de Salud y Desarrollo cuenta con un instrumento de la política de salud y desarrollo social orientado a la respuesta frente al SIDA, cuyo objetivo es facilitar el manejo de los recursos humanos y financieros, el cual es denominado Plan Estratégico Nacional VIH/SIDA, con el cual el ministerio “asume el compromiso ético de colocar la lucha contra el VIH/SIDA como una prioridad de la Agenda Nacional por la Salud y la Vida, y por tanto como un asunto de interés público”. El Plan Estratégico tiene trazadas varias metas fijadas a largo plazo como: eliminar la discriminación y el estigma; la mortalidad infantil de la transmisión vertical del VIH; acceso universal a la información sin ningún tipo de discrimen; acceso a la adecuada atención para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como de la salud de las misma. 1.3.2.

Coordinación Intersectorial

Cumpliendo con la normativa institucional del país, en Bolivia, la conducción de lineamientos de políticas y acciones de vigilancia, prevención, control de las ITS y de coordinación intersectorial, es de responsabilidad del Ministerio de Salud y Previsión Social a través de los responsables del Programa de Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA y de los servicios departamentales de Salud, de los distritos y de los establecimientos de salud público y de los seguros de salud. El Ministerio de Salud reconoce que la constitución del Comité Nacional Institucional permitió dar legitimidad al 14

accionar de las ONGs, instituciones públicas y privadas y otras de la sociedad civil involucradas en la respuesta nacional frente al VIH/SIDA. Sin embargo, el Mnisterio de Salud, reconoce también que no existe una franca participación del instituciones públicas o privadas, ni de la sociedad civil, en acciones colectivas contra las ITS/VIH/SIDA. En Colombia el CONASIDA fue creado en 1997 por el Decreto 1543, y tiene entre sus funciones “Proponer la política General para el desarrollo del Programa Nacional de Promoción, Prevención y Asistencia de las ETS y el SIDA, en aspectos éticos, jurídicos, laborales, internacionales, financieros y la movilización social, información masiva y educación sexual”. El CONASIDA que como espacio de representación, no había funcionado en los últimos tres años, pese a que su mandato establece tener reuniones ordinarias cada 6 meses, se convocó recientemente en marzo del 2003, por insistencia y presión de los grupos de personas viviendo con el VIH/SIDA. El 1 de diciembre de 1995 en el Ecuador se creó el CONASIDA bajo acuerdo ministerial No. 3151 que sería un organismo encargado de formular políticas, normas y estrategias para la prevención de la transmisión del VIH y prestar atención integral a PVIH/SIDA, pero al igual que el recientemente creado Instituto Nacional del SIDA- INSIDA, se encuentran inactivos y aun no se prevén posibilidades de funcionamiento, manteniéndose el Programa Nacional de SIDA como única instancia de coordinación de la respuesta institucional frente al SIDA en el país. En la actualidad existe el Mecanismo de Coordinación de País entidad que coordina el proyecto país presentado por el Ecuador al Fondo Global para el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis. Perú crea el CONTRASIDA entidad que tenía como objetivo coordinar y facilitar la implementación de las estrategias nacionales de control del VIH/SIDA y de las ITS; promover la cooperación técnica y económica nacional y extranjera destinada al trabajo en VIH/SIDA e ITS, y proponer cambios legislativos que faciliten y garanticen el adecuado desarrollo de la lucha contra el SIDA en el país. Desde su creación el CONTRASIDA nunca llegó a funcionar. En la actualidad existe la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud –COMANUSA-, coordinación creada a instancias de la propuesta país para el Fondo Global para el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis. En la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social no cuenta con convenios formales de cooperación con los demás órganos del Poder Ejecutivo, así como tampoco con los demás poderes del Estado. Sin embargo cuenta con alianzas estratégicas –convenios no escritos- con la Defensoría del Pueblo, así mismo ha logrado la cooperación del Ministerio de Educación a través de un convenio orientado a la educación sexual, prevención de las ITS especialmente el VIH/SIDA y con el Ministerio del Interior sobre acceso a tratamiento a las personas privadas de la libertad. 1.3.2.

Trabajo con el Sector No Gubernamental

El Programa Nacional ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud de Bolivia entre sus estrategias contempla la participación activa de las entidades públicas y privadas que están vinculadas con el sector salud y la educación, como la iglesia, ONG, Cruz Roja, etc. El Ministerio de Salud considera que las ONG no estarían a la altura técnica del ministerio 15

para el manejo e intervención en VIH/SIDA en los distintos temas que esta involucra, lo cual considera es una barrera para el desarrollo de un trabajo conjunto. No obstante, dicha consideración, el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, ve también a las ONGs como competencia por temor a “pérdida de liderazgo del sector, discontinuidad del servicio de prevención y control, suplantación por proyectos y ONG afines”. Por su parte, el trabajo conjunto entre ONG que trabajan en la temática del VIH/SIDA no se encuentra lo suficientemente articulado a nivel nacional, siendo una de las posibles razones, que el trabajo en VIH/SIDA no es la actividad principal de las ONG, sino forma parte de sus programas. Más sin embargo existen alianzas y convenios de cooperación bilateral y multilateral entre ellas. Colombia cuenta con el decreto 1543 de 1997 donde estableció en el artículo 18 “Participación de las ONG. El Ministerio de Salud, o la autoridad delegada, apoyará y coordinará la planeación y ejecución de acciones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tendientes a la formación de lideres en grupos poblaciones específicos para la promoción y la prevención sobre los diferentes aspectos de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana /(VIH), el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)”. Sin embargo, las Organizaciones tienen muy baja participación, ya que no hay recursos del Estado para presentar proyectos, debido al bajo presupuesto asignado para VIH/SIDA, en el Ministerio de Salud. Por otro lado, la desaparición del Programa Nacional SIDA/ITS, ha dejado un vacío para la interlocución de las ONG con el Estado, caso agravado por la inoperancia del CONASIDA. En el Ecuador, “El Ministerio de Salud Pública lidera e implementa las acciones encaminadas a la prevención y control de la epidemia”, que de acuerdo a su competencia se propone coordinar la ejecución de acciones interinstitucionales en ámbito público y privado, para lo que toma en cuenta, el rol que juegan el sector no gubernamental como proveedor de servicios de salud –en servicios de atención primaria, laboratorios-; asistencia y apoyo psicosocial; en actividades de promoción de salud y de prevención. El Programa Nacional SIDA/ITS ha mantenido desde hace varios años la política de coordinar acciones con las ONG y OBC6 con trabajo en VIH/SIDA, concentrado especialmente en la cooperación bilateral y multilateral, especialmente con ONG con trabajo en salud general, Salud Sexual y Reproductiva, la Cruz roja, y en menor escala con las organizaciones con trabajo en VIH/SIDA. También, en parte de su programación convoca al conjunto de ONG para consultas y otras acciones de índole política. El nivel de coordinación con el sector no gubernamental por parte del Ministerio de Salud del Perú se ha disminuido substancialmente, empero en años anteriores existir un buen nivel de coordinación con ONG dedicadas a diversas áreas del quehacer social como educativas, de prevención, promoción de la salud, etc. En la actualidad la coordinación del MINSA con las organizaciones enfrenta varios desafíos en razón del rol de control social de

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Organizaciones de Base Comunitaria

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las ONG frente al quehacer institucional, los mismos que se constituyen en barreras auto impuestas por el MINSA. En Venezuela el Ministerio de Salud y Desarrollo Social -MSDS., no tiene una instancia de coordinación dirigida a las ONG, solamente a la fecha de la elaboración del período que cubre el informe de Venezuela por primera vez el MSDS convocó a las ONG con trabajo en SIDA y otras áreas específicas, como salud sexual y reproductiva a los fines de que presentaran proyectos en áreas de asistencia y prevención para el financiamiento. Esta experiencia que se podría catalogar como de satisfactoria, quedó desarticulada por no contar el PNS con una política de coordinación. 1.3. Asignación de Recursos Financieros en VIH/SIDA. Según el Ministerio de Salud Pública de Bolivia el gasto específico para VIH/SIDA en el año 2002 fue de US $ 988.934,00, el mismo que ascendería según para ejecutar el Plan Estratégico Nacional de Comunicación ITS-SIDA 2003-2008, para el presupuesto del 2003 a un monto de US $ 1.384.800,00 y para el 2004 de US $ 1.977.100,00 En Colombia los recursos designados a nivel nacional para la atención del VIH/SIDA han disminuido dramáticamente en los últimos años: así mientras en 1995 se invertían 3000 millones de pesos colombianos (aproximadamente US $ 2.000.000,00)7 para el año 2002 tuvo un descenso a menos de US $ 155.925,008, es decir, un poco menos de 500 millones de pesos colombianos, por lo que según concuerdan algunos funcionarios de gobierno, ONG y personas viviendo con VIH/SIDA, el recorte de los recursos es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los programas de promoción, prevención y atención en VIH/SIDA. En cuanto a la atención de las personas que viven con el VIH, tampoco existen estimativos financieros de cuánto cuesta la atención per cápita y con relación a los antirretrovirales (ARV) se estima -Minsalud- que entre 1999 y 2002 se invirtieron 30 millones de dólares. El presupuesto para el sector salud del Ecuador, para el 2002 respondió a una asignación por parte del Estado de US $ 330.169.308,71. Hasta ese mismo año, los recursos destinados por el Ministerio de Salud para el funcionamiento del Programa Nacional SIDA/ITS pasaron de US $ 2.000.00 año a US $ 4.000,00 para el 2002, pero para el prepuesto 20022003 las asignaciones tuvieron un ascenso substancial en el presupuesto general de salud de US $ 619.384,23 para el ejercicio fiscal 2002-203 y que se destinaron específicamente para la adquisición de ARV y otros insumos para la atención de PVVS y de US $ 1.337.542,55 del 2003-2004. Estos valores corresponden aproximadamente al 1.69 por ciento del presupuesto general de salud. En el Perú se estima que en “1999 se gastó más de US $ 38.90 millones en la atención del VIH/SIDA, sumado la inversión del sector público, privado y externo. Del total invertido por la entidad gubernamental en la respuesta nacional se calcula que su aporte fue de US $ 3.923.000,00”. 7 8

Calculo estimado de cambio promedio de $1,500 pesos colombianos por un dólar Calculo estimado de cambio promedio de $2,700 pesos colombianos por un dólar

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Para el año 2002, se asignaron US $ 38.461.538,00 al programa de Prevención y Control del SIDA por parte del gobierno de Venezuela, notándose un decremento con relación al año anterior que contó con un presupuesto de US $ 54.305.108,97. El incremento de la inversión para la respuesta nacional frente al SIDA se debió a la adquisición por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de medicamentos antirretrovirales para ser distribuidos dentro de los programas de salud pública a las PVVS por un monto de US $ 32.868.881,74 en el 2001, y de US $ 26.160.889,47 en el 2002 donde se describe una disminución substancial de la inversión, la misma que se ejecutó para atender a una población de aproximadamente 5.200 PVVS que ingresaron al programa de ARV. 1.4. La Cooperación Internacional / La movilización de recursos El documento de “Análisis de la Situación de la Epidemia del VIH/SIDA y de la Respuesta Nacional en Bolivia”, refiere que debido a que el SIDA no es un problema prioritario en el país, el Programa Nacional de Salud se ve obligada a buscar financiamiento externo y participación multisectorial para su subsistencia. Por ello, el 89% de las acciones desarrolladas se efectuaron con fondos de la cooperación internacional, fundamentalmente de la Cooperación Británica, Comunidad Europea, Cooperación Sueca, USAID, UNICEFF, OPS/OMS y ONUSIDA. Colombia está calificada como un país en vías de desarrollo por encima de otros de América Latina, sumergida en un escenario de conflicto armado, con graves violaciones a los derechos humanos y en una lucha permanente contra el narcotráfico, lo que centra la atención de los otros gobiernos y las agencias de cooperación, por encima de otras áreas como el VIH, y al no constituirse para la agenda del Gobierno Nacional como prioritario, esto no se constituye como para de la agenda internacional. Por su parte, las ONG han obtenido recursos por parte de la cooperación internacional para el desarrollo de sus planes y programas. La cooperación internacional en el Ecuador podría establecerse en dos niveles: el primero, que compete a la cooperación con el gobierno, que con relación a la tuberculosis y la malaria, y/u otras epidemias, “es débil, por no estar en la mayoría de las agencias el VIH como entre las prioridades para la cooperación. De ahí, en razón de las necesidades del país, el aporte económico es mínimo, incluyendo los recursos técnicos. Con relación al VIH/SIDA, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto de pequeños recursos, destinados por el ONUSIDA para el país, dirigidos a capacitación del personal de salud, mejoramiento de la vigilancia epidemiológica, la elaboración del Plan Estratégico y para la coordinación interinstitucional. En un segundo nivel las ONG captan recursos tanto de agencias de cooperación como de gobiernos extranjeros para sus planes y programas. Recientemente el Fondo Global aprobó la propuesta de país para el VIH/SIDA. En el Perú, la cooperación internacional se podría ver desde dos perspectivas. Una desde el apoyo directo al gobierno y a las políticas que desarrolla específicamente y por otro lado la ayuda que dichos organismos prestan a la sociedad civil organizada. El Ministerio de Salud, maneja algunas asignaciones de ciertos países cooperantes quienes proveen recursos económicos para proyectos específicos como la capacitación a personal, mejoramiento de la 18

calidad de servicios, etc. También el país capta recursos a través de préstamos y/o créditos, para, en algunos casos, desarrollar proyectos específicos. El Perú recibe cooperación internacional en aspectos tecnológicos. Según el documento “Indicadores financieros de las respuestas nacionales contra el VIH/SIDA”, elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud y SIDALAC, el aporte de la cooperación multilateral en Venezuela representa el 0.20%, representando el porcentaje más bajo de los aportes que concurren a la respuesta nacional para la prevención y asistencia en VIH/SIDA. La cooperación internacional, aparentemente, demuestra poco interés al país, considerado como rico o un país sin información actualizada desde el punto de vista epidemiológico, o por la poca capacidad del gobierno nacional para gestionar exitosamente recursos con las agencias multilaterales de cooperación. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social cuenta con apoyo del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el SIDA-ONUSIDA-, además la OPS/OMS presta al Estado venezolano asistencia de índole técnica en esta materia. 1.5. Políticas de Integración Regional Los cinco países de La Comunidad Andina de Naciones participan conjuntamente en dos convenios que son, el Convenio Andrés Bello, referido a Educación y el del Convenio Hipólito Unanue referido a aspectos de salud. No obstante estos dos instrumentos importantes de la integración andina, de acuerdo al informe de la Secretaría Protempore de la Comunidad Andina (junio 2000-2001) señala que: “a pesar de que los avances en materia económica y comercial han tenido un desempeño continuo e irreversible y que el acento de la integración hasta ahora se ha centrado en aspectos económicos, se han descuidado aspectos sociales fundamentales en la consolidación del proceso de integración”. Al respecto de lo anterior, la Comunidad Andina da varios pasos a través del convenio Hipolito Unanue, convertido actualmente en el Organismo Andino de Salud, trabajando en aspectos relacionados a la vigilancia epidemiológica, y recientemente en la negociación de medicamentos antirretrovirales para PVVS. Así mismo es importante reiterar, un convenio ya mencionado y clave para efectos del presente informe es la Carta Andina de Derechos.

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PARTE II DERECHOS HUMANOS _________________________________________________________________________ 2.1.

Situación General de los Derechos Humanos

El gobierno boliviano en sus políticas preconiza el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos; pero persisten grandes problemas en algunas áreas. Las deficiencias jurídicas e institucionales fueron en desmedro de la protección plena de los derechos humanos de los ciudadanos. Existen numerosas denuncias de tortura por parte de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, como también informes que gozan de credibilidad sobre abusos por parte de la policía, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, robo menor, extorsión y arresto indebido. En Bolivia la lentitud procesal conlleva al encarcelamiento prolongado de los procesados debido a procedimientos anacrónicos, a la ineficiencia y corrupción del sistema judicial. Persisten los problemas relacionados con la violencia doméstica y discriminación de las mujeres, el abuso a la niñez, la discriminación y el abuso de los indígenas, la discriminación de los ciudadanos afrobolivianos, el trabajo infantil, las condiciones inhumanas de trabajo en la industria minera y el tráfico de personas. El defensor del pueblo en su informe abril 2000- marzo 2001 menciona que entre una de sus principales inquietudes son los conflictos sociales que surgen de la recesión. La situación económica está poniendo en peligro, los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la salud y la seguridad. La defensa de los derechos humanos en Bolivia continua siendo una labor sujeta a las amenazas y al hostigamiento. Amnistía Internacional ha registrado una preocupante tendencia de ataques, amenazas e intimidaciones dirigidas a abogados y miembros de organizaciones no gubernamentales –ONG-, que en algunos casos se extienden a las familias de éstos. El respeto a los derechos humanos en Bolivia es incierta, pese a que firmó y ratificó convenios y acuerdos internacionales relacionados a la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos. Colombia durante el último siglo ha atravesado por un profundo estado de violencias que se han desplazado paulatinamente de las zonas rurales hasta las urbanas. Cada una de estas violencias ha tenido sus matices diferenciales si bien sus expresiones han cambiado substancialmente. Así la mezcla entre narcotráfico, guerrilla, paramilitares y profundos niveles de desequilibrio social y la participación del Estado en la violación de derechos, configuran un panorama difícil para la protección y ejercicio de los derechos humanos. De acuerdo a lo que informa el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia para el 58º período de sesiones, en el 2002 “las violaciones de los derechos humanos se producen en un marco reiterado de prácticas graves, masivas y sistemáticas, que inciden en la evolución progresiva del agravamiento de la situación en esta materia”.

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El aumento substancial en los niveles de pobreza ha deteriorado las condiciones de vida de los colombianos, “en los últimos tres años se observa en el país un deterioro estructural del capital humano”. De acuerdo al informe alterno al Cuarto Informe del Estado Colombiano ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, período 1995-2000, plantea que “En Colombia el desempleo afecta con fuerza especial a los jóvenes, a las mujeres, a los más pobres y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad”. La Constitución Ecuatoriana hace un reconocimiento especial a los derechos humanos fundamentales, consagra además el igual acceso a los derechos de primera y segunda generación, el establecimiento de mecanismos de defensa como: el Amparo Constitucional, el habeas data y la figura del defensor del pueblo. El Ecuador cuenta con una legislación clara que sirve de soporte para la adopción de medidas de protección a los derechos humanos y “la normativa constitucional ecuatoriana, abre jurídicamente las posibilidades para quienes se sientan objeto de discriminación por cualquier condición que se encuentre expresamente establecida en la Constitución”. En razón, en el Art. 24 de la misma Constitución, reconoce que en “materia de derechos humanos y garantías constitucionales, prevalece la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. Ninguna autoridad puede exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Más sin embargo, la realidad expresa en el informe de situación de los derechos humanos en el Ecuador de Amnistía Internacional 2002, hace hincapié en “su preocupación por la tortura y malos tratos, y en particular las muertes bajo custodia, se piensa que fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Hubo fuertes amenazas contra abogados y testigos de violaciones a los derechos humanos, así como contra defensores de estos derechos. La impunidad sigue estando institucionalizada. La persecución y los actos de violencia contra lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros constituyeron un motivo importante de preocupación”. Además, existen denuncias que acusan a agentes de la policía de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Los casos de violaciones a los derechos humanos siguen sin resolverse con prontitud, imparcialidad e independencia. El Ecuador ha ratificado prácticamente todos los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, aspecto que se refleja también en la Carta Andina de Derechos Humanos. En 1996 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, informa sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, narrando la cuantificación de la violencia política, los tipos de acusaciones, asesinatos selectivos, detenciones injustas, etc., así como tocando el tema de la pobreza, desigualdad y discriminación. En las conclusiones de su informe, indica sobre la disminución de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Previamente en 1994, la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH emitió un informe donde daba cuenta de graves crímenes y violaciones a los Derechos Humanos sin resolverse, así como sobre la instauración en el Perú de una forma sistemática

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la práctica de la tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes ejercidas por agentes del Estado en la detención tanto de delincuentes comunes como a los acusados por terrorismo y traición a la patria. Amnistía Internacional en su informe del 2002, dio cuenta de que al igual que en los años anteriores siguieron recibiéndose denuncias de torturas y malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad y bajo custodia, y que el uso de la tortura para obtener confesiones sirve a menudo para sustituir del hecho las técnicas de investigación moderna. Daban cuenta de que en Perú se constituyó una comisión de la verdad para aclarar las violaciones de derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000. El 30 de diciembre de 1999 entró en vigencia la nueva Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, la cual derogó la Constitución de 1961, y comportó respecto a ésta un importante adelanto en materia de derechos humanos, pues su avance se caracteriza por el reconocimiento expreso del principio de la progresividad de los derechos, y los caracteres de irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos (art 19). La nueva Constitución reedita la protección de varios derechos e introduce mejora en cuanto no sólo se refiere al reconocimiento de los derechos humanos que no figuren expresamente en la Constitución sino también en los tratados internacionales, y agregando que la falta de ley que los reglamente no puede constituir obstáculo alguno para el efectivo ejercicio de los mismo. Además, se extiende la protección a los derechos de las personas jurídica, ya que no habla de “inherentes a la persona humana” sino de “derechos humanos”. Establece también la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Mientras se erige un esquema de corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia en lo referido a la protección de los niños y adolescentes, discapacitados, etc. Empero contar con un marco normativo muy positivo para la vigencia de los derechos humanos, la realidad imperante es otra, siendo los principales problemas los siguientes: la impunidad, la corrupción de los órganos que administran justicia, el ejercicio excesivo de poder, la pobreza, la inseguridad, entre otros. Actualmente en Venezuela, la situación de los Derechos Humanos es verdaderamente preocupante, más cuando en un análisis retrospectivo, se constata el desmejoramiento que acompaña el complicado panorama caracterizado por el ambiente socio-político radicalizado, altamente agresivo, con una economía cada vez más deprimida. La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado los siguientes tratados o convenios interncionales sobre derechos humanos: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2000), Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (2001), Protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los Niños en Conflictos Armados (2001), Protocolo Adicional

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a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre Ventas de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil (2001), Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales (2002), Carta Democrática Interamericana (2001), entre otros. 2.2.

Situación General de los Derechos Humanos y el VIH/SIDA

La situación general de los derechos humanos y el VIH/SIDA en Bolivia se ve reflejada en la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial No. RD/LPZ/00007/2003/DH después de la investigación de oficio realizada a nivel nacional, que en el trato humano a persona con VIH-SIDA en el ámbito del sistema de salud, establece las actitudes y comportamientos negativos en los servicios de salud dependientes del Programa Nacional de ITS-SIDA, y también hacia grupos de personas de alta vulnerabilidad social como las trabajadoras sexuales comerciales, hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres y travestis, personas sujetas a tratos y atropellos, al prejuicio y homofobia, con claros elementos de discriminación y estigmatización, los mismos que se constituyen en barreras en el proceso de diagnóstico y tratamiento. Los malos tratos a los que se sujetas las PVVS, se refleja en la permanente discriminación, en el retardo en su atención, en el aislamiento en la prestación del servicio rechazando todo contacto físico con la persona. Se aplican pruebas y exámenes de diagnóstico sin previa información y consentimiento de las personas, particularmente a las trabajadoras sexuales comerciales y a hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres. Es una práctica sistemática la toma de muestras sanguíneas sin previo consentimiento, entre otras múltiples violaciones a los derechos humanos y contravenciones a los Artículos 7 y 158 de la Constitución de la República. Aunque en Colombia la prestación de los servicios de Salud se realizan bajo el Sistema Integrado de Atención en Salud, bajo la Ley 100 de 1993 que pretende el aseguramiento del 100% de los colombianos en cualquiera de los 4 tipos básicos de participación en el sistema, con relación a la atención en VIH/SIDA muchas personas siguen enfrentando severas dificultades en cuanto el acceso a la atención, “negación de exámenes, medicamentos o servicios”, esencialmente relacionados con el números de cotizaciones que debe hacer cada persona en el Sistema. Muchas de las Entidades Prestadoras de Salud, no han consolidado acciones de promoción y prevención en la materia, y las instituciones públicas y privadas de salud no cuentan con personal idóneo para la atención de la población que vive con el VIH/SIDA. Para el 2002 el 70% de los pacientes con VIH/SIDA no eran atendidos por especialistas en la materia. “La situación actual de salud del Ecuador ha sido influenciada, especialmente en las dos últimas dos décadas por un conjunto de realidades y vicisitudes que han producido un retroceso de la dinámica del proceso de salud, Podemos afirmar que existe un retroceso porque los indicadores macro de mortalidad, morbilidad y otros, sean peores que hace diez años, sino por la sencilla razón que continúan elevados. La cobertura y calidad de la atención no ha mejorado, la inequidad ha aumentado, la ausencia de solidaridad es más notoria. Todo esto agravado por la falta de una adecuada conducción del sector a diferentes

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niveles y por el estilo de gestión política (partidista y personalizada) con la que se ha manejado”. En la actualidad el Estado ecuatoriano toma coyunturalmente sus decisiones, según los gobiernos de turno, sin que exista realmente una política nacional de salud a largo plazo, que garantice la atención de la población en general y de manera particular en el caso del VIH/SIDA. Por estas razones en el Ecuador se estima que el 0.1% de las PVVS reciben tratamiento antirretroviral y el acceso a exámenes de diagnóstico y de especialidad son extremadamente restringidos. El sistema de seguridad social se haya colapsado, y las PVVS que reciben tratamiento son sujetos de interrupciones sistemáticas del mismo. En todo el país la situación tanto laboral, educativa y social de las PVVS enfrentan complicaciones relacionadas a políticas de restricción, aplicación no consentida de las pruebas de diagnostico que coartan sus derechos tanto a la educación como al trabajo, en términos generales. En un caso similar al resto de los países de la subregión Andina, en el Perú, existe la percepción generalizada que las personas que viven con el VIH/SIDA no son sujetas de protección del sistema de derechos humanos por su estatus VIH positivo, de ahí que justifican, de cierta manera, la actitud estatal de aplicarles sanciones y/o no brindarles servicios de asistencia. Esta situación potencialmente tiene sus raíces en la presunción de que los derechos humanos, su protección y defensa son exclusivamente relacionados con asuntos de índole política y de guerra. Independientemente de las percepciones arriba señaladas, la normatividad en el Perú es abundante en el reconocimiento de los derechos específicos de las personas que viven con el VIH/SIDA, más sin embargo las personas se enfrentan a serias dificultades en cuanto al acceso a los servicios de salud sino en la sostenibilidad de los mismos cuando lograr su acceso a ellos, incluyendo los de la Seguridad Social. Empero la existencia de normas que recogen los principios de autonomía de la voluntad, reserva de la confidencialidad, derecho al trabajo, protegiendo al trabajador en el caso de despido por discriminación, la situación de las personas que viven con el VIH/SIDA continúan plagadas de una serie de situaciones que en la mayoría de los casos atentan contra sus derechos humanos personales protegidos por las normas nacionales. La situación de los derechos humanos y el VIH/SIDA en Venezuela no difiere substancialmente del resto de los países comunitarios andinos, aunque cuenta con mayor riqueza constitucional en cuanto a la interpretación, alcance y ámbito en cuanto a protección de los derechos humanos se refiere, no solamente en el caso de la salud, sino también en cuanto a la participación ciudadana y otros aspectos concernientes al ámbito jurídico venezolano. El cuerpo normativo vigente abre muchos caminos que permitirían de cierta manera la exigibilidad de los derechos tanto de las personas que viven con el VIH/SIDA, como de aquellos que se vean afectados por la misma causa, más sin embargo, surgen problemas de interpretación, como por ejemplo en el caso del consentimiento para la práctica de exámenes médicos, debido a que es una práctica recurrente la exigencia por parte de

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empleadores o patronos la realización de pruebas medicas para el ingreso o para continuar con el empleo, sin que la persona a quien se ha requerido dicha práctica pueda oponerse a la misma, bien por necesidad de empleo o bien por la situación de superioridad en que se encuentra el patrono respecto de sus empleado. Ello supera a que tal práctica constituya una violación a los derechos de igualdad y no discriminación, y en una aparente correcta interpretación de la normativa vigente, esto como para citar uno de los casos. 2.3. Defensoría del Pueblo Todos los países de la Comunidad Andina cuentan con Defensorías del Pueblo, todas a excepción de Ecuador conocen y han dado tratamiento, de cierta manera, a denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas viviendo con el VIH/SIDA o a causa del SIDA, de los cuales, si bien en la gran parte, varios de los casos no cuentan con resoluciones de índole jurídica de las demandas, los antecedentes dan cuenta y permiten certificar las violaciones a los derechos humanos a causa del VIH/SIDA en la región denunciados por la organizaciones y personas preocupadas y con trabajo en la problemática. En Bolivia, la Defensora del Pueblo, adopta como una acción dirigida a los medios de comunicación sobre el “tratamiento informativo acorde al respecto de los Derechos Humanos de las personas que viven con el VIH y Sida”, en la que expresa que estas publicaciones no se adecuan al marco legal y a situaciones preventivas que pueden generar en la opinión pública una corriente de estigma y discriminación en contra de las personas PVVS, e inclusive puede constituirse en un impedimento para que soliciten tratamiento contra el SIDA por temor a represalias sociales. En este mismo sentido, refiere que “con este tipo de notas, al citar nombres y apellidos de las personas que viven con el VIH y Sida, los medios de comunicación, están violando preceptos contenidos en la legislación nacional como internacional, por lo que recuerda el deber legal de cumplir con los preceptos contenidos en las disposiciones legales para la preservación y el respeto de uno de los principios básicos de la vida colectiva y democrática: el respeto a la dignidad de las personas” Este y otros dictámenes posteriores fueron el resultado de las denuncias presentadas por el Instituto para el Desarrollo Humano y la Red Boliviana de PVVS, contra el Director del Instituto Nacional del Tórax de la ciudad de la Paz, la Red de Televisión ATB y del diario Los Tiempos, de Cochabamba. La Defensoría del Pueblo de Colombia, en el período transcurrido entre el 1 de enero a octubre del 2002, dio tratamiento a denuncias relacionadas con el VIH/SIDA en casos relacionados con el derecho a la intimidad, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud, observándose que el 90,90% de las quejas presentadas estaban relacionadas con el derecho a la salud, y particularmente con relación al acceso a tratamiento. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador faculta al Defensor del Pueblo a defender y exhortar de oficio o a petición de parte, la observancia de los derechos fundamentales, individuales o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador. 25

En la revisión exhaustiva del informe presentado por el Defensor del Pueblo al Presidente del Congreso Nacional del Ecuador, correspondiente al año 2002, en la multiplicidad de casos descritos no se reportó ningún caso relacionado con el VIH/SIDA. Pero en cuanto a la Salud, el Defensor del Pueblo señaló su preocupación a través de una campaña de divulgación sobre el respeto a la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, la cual protege y brinda amparo legal al paciente con relación a la atención y servicio en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado. De igual manera sobre la Ley de Maternidad Gratuita. En el mismo informe, sientan preocupación por la situación de las minorías sexuales del país y otras poblaciones vulnerables. En el Perú la Defensoría del Pueblo tiene dos niveles fundamentales de intervención: está encargada de defender los derechos constitucionales de la persona y la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración Estatal y la prestación de servicios públicos. Con relación a temas referidos al VIH/SIDA, en defensa de Derechos Humanos, su participación ha sido activa en la Acción de Amparo con relación de la provisión de medicamentos antirretrovirales. La Defensoría colabora con diversas organizaciones de PVVS en el seguimiento de las medidas cautelares concedidas a favor de 15 PVVS por parte de la Comisión Interamericana de DDHH. La Defensoría del Pueblo en Venezuela forma parte del Poder Ciudadano recién creado por la Constitución de la República Bolivariana, y es un ente constituido para la protección, vigilancia y promoción de los derechos humanos de todas de las personas. Por lo que refiere a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH/SIDA este organismo del Poder Ciudadano, en fecha 27 octubre del 2000 elaboró un memorando que contiene como asunto “Violación de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH/SIDA”, el mismo que es difundido por la Dirección General de Servicios Jurídicos, y que además de hacer un encuadre de los derechos de las PVVS con relación a la visión del reconocimiento y protección de los derechos humanos garantizados constitucionalmente para todo el pueblo venezolano, además, hace recomendaciones al Estado con relación al diseño e implementación de políticas que tengan como objetivo asegurar el derecho a la salud y en consecuencia a la vida de todas las PVVS, entre otras recomendaciones. Aunque la Defensoría del Pueblo ha mediado en varias reclamaciones sobre violación de los derechos humanos y VIH/SIDA, los avances en esta materia siguen enfrentadas serias dificultades, especialmente a lo referido a mediaciones y soluciones de casos concretos, permaneciendo sin solución la mayoría de ellos, e incluso sin el debido tratamiento.

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PARTE III EPIDEMIOLOGIA / INTERVENCIONES _________________________________________________________________________ 3.1.

Epidemiología del VIH/SIDA. Descripción general y tendencias

El primer caso de SIDA diagnosticado en Bolivia fue descrito en 1984 en Santa Cruz. Desde esa fecha hasta junio del 2002, el número de casos registrados por el programa ITS/SIDA del Ministerio de Salud es de 907 personas. La tasa nacional de prevalencia es de 25 por 1.000.000 habitantes en el año 2001. Esta tasa de prevalencia del VIH/SIDA es la más baja de la región, sin embargo es necesario mencionar que existe una importante subnotificación y subregistro de casos. Por estas características, la epidemia se clasifica en Bolivia como incipiente (de bajo nivel), debido a que ningún subgrupo de la población ha superado el 5%. Para fines del 2001 ONUSIDA estimaba que el número de personas que viven con el VIH en el país era de 4.600. A pesar de estas cifras, Bolivia, esta situada como un país con una tasa del 0.1% de prevalencia de SIDA en adultos. La vía de transmisión del VIH más frecuente en Bolivia es la sexual (95%), luego está la vía sanguínea a través de transfusiones de sangre (3%) y la perinatal, de la madre viviendo con el VIH al niño/a (2%). En la transmisión por vía sexual, el 61% corresponde que declararon ser heterosexuales, y el 39% por relaciones homosexuales en hombres que declararon homo y bisexualidad. Del total de la notificación el 32% corresponde a mujeres y el 68% a hombres. Conforme las bases de datos del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) En el periodo 1983 hasta diciembre de 2002 se reportaron en Colombia un total de 36.419 casos de VIH-SIDA de los cuales 22.156 fueron notificados como asintomáticos, 9.042 casos de sida y 5.040 muertes causadas como consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Del total de casos el 63,34% provienen del Distrito Capital de Bogota, y los Departamentos de Antioquia y Valle9. Sin embargo, al relacionar la cantidad de casos con la cantidad de población, se encuentra que la propagación de la epidemia se da con mayor impacto en regiones intermedias como el departamento de Risaralda, o en el Departamento de San Andrés y Providencia, área turística del país. Además, la mayor cantidad de casos se reportan en población joven y adulta (entre los 20 y 49 años) con un 72.99%. Si bien la mayoría de los casos reportados son hombres (82.22%), se observa como la tendencia al aumento de casos de VIH/SIDA en mujeres.

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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia – Centro de Control de Enfermedades. 2003.

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Según datos del Instituto Nacional de Salud a junio del 2002, plantean que entre los años 2001 y 2002, se dio un aumento de la transmisión vertical del 2.1% al 5.1%. La epidemia del VIH/SIDA en el Ecuador, al igual que otros países de la región también presenta subepidemias en sus tres regiones continentales e incluso entre las provincias. La forma de transmisión del VIH en el Ecuador es predominantemente sexual, reportándose esta condición, hasta el 2001, 3.494 casos de un total de 3.727, es decir el 93.7% de los casos. La distribución porcentual de las PVIH/SIDA según categoría de transmisión por sexo entre 1984-2001, corresponden al 76.84% a hombres y el 23,15% a mujeres. Del total de hombres, el 48% se reconocieron como heterosexuales y el 45.7% como homobisexuales. El predominio porcentual de los heterosexuales se evidencia desde 1998, pues desde el inicio de la epidemia hasta 1997 predominaron los homo-bisexuales. De acuerdo a la clasificación hecha por ONUSIDA y la OMS/OPS para entender mejor la dinámica de la epidemia, con relación a las seroprevalencias, la epidemia del VIH/SIDA en Ecuador se puede catalogar como concentrada en función de las prevalencias encontradas entre los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que alcanzan cifras de hasta 23.4% en algunas provincias del país, otras prevalencias alcanzan un 1.5% entre las trabajadoras sexuales, y un 0.3% entre las embarazadas. En el país la epidemia sigue golpeando fundamentalmente a la población económicamente activa, con una característica particularmente joven, ya que el mayor número de los casos se haya concentrado en personas de los 15 a 30 años de edad, además de personas de mediana edad y tercera edad. Las estadísticas sobre el VIH/SIDA en el Ecuador constituyen una fuente poco representativa de información debido al subregistro existente, con relación a la notificación de diagnósticos sobre el VIH. El ONUSIDA estima que existen aproximadamente unas 40.000 personas viviendo con el VIH/SIDA. Desde 1983 año en que aparece el primer caso de SIDA en el Perú hasta la fecha, el panorama de esta enfermedad se ha incrementado de manera sostenida. El número total de casos acumulados desde 1983 hasta septiembre del 2002 ha sido de 13,257 casos, según la Oficina General de Epidemiología. A estas cifras también se suman aproximadamente 60.000 personas que se estiman permanecen como portadoras asintomáticas, ya que se reconoce oficialmente que existe la presencia de un subregistro de casos, el mismo que es casi del 40% del total de casos que se han presentado hasta el año 2002. En el Perú el 96% constituye la transmisión del VIH por vía sexual, destacándose asimismo que se trata de una enfermedad más urbana, siendo la Capital Lima con el mayor número de casos (aproximadamente el 70-75%. Los grupos en edades comprendidas entre los 20 y 49 años concentran el mayor número de casos notificados de SIDA entre los hombres y entre las mujeres entre los 20 y 39 años, es así que cerca del 40% de casos de VIH/SIDA reportados se encuentran distribuidos entre los 14 y 25 años de edad. En la distribución de los casos de SIDA por sexo, se observa al año 2002 una relación 3:1, según datos de la Oficina General de Epidemiología. También, en el país hasta el año 2000 la epidemia seguía concentrada en algunos grupos específicos, así la prevalencia en gestantes señaló el

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0.35%, en hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 11%, en trabajadoras sexuales 2.0% y en personas privadas de su libertad 1.1% En Venezuela los números de casos de SIDA reportados entre los años 1997 y 2002, muestra cifras absolutas de 13.527 personas, y según datos recientes suministrados por el Programa Nacional de SIDA –PNS-, para noviembre del 2002 se habían registrado 17.585 casos de VIH/SIDA en el país, esto representa un acumulado desde el año 82, en que se diagnóstico el primer caso. El 90% de los casos notificados se da por transmisión sexual, dentro de la misma el grupo más afectado es la comunidad homosexual y de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que registra el 80% de los casos notificados. Igualmente se tiene registrado que la edad más frecuente para la infección por VIH está entre 15 a 45 años de edad. Según el informe sobre la Epidemia Mundial de VIH/SIDA, publicado en 2002 por ONUSIDA se establece que el número estimado de personas que vivían con el VIH/SIDA a finales del 2001 en Venezuela ascendía a 62.000. Según las autoridades del PNS existe un subregistro de casos que se eleva hasta un 80%.

Servicios de atención en VIH/SIDA _________________________________________________________________________ 3.2.Prestación de Servicios en Salud Integral El Ministerio de Salud de Bolivia en 1999 publicó el Manual del Manejo Integral de Personas afectadas por las infecciones de transmisión sexual, donde se integra la consejería. Estos manuales, relevan la importancia de la atención personalizada de los pacientes y el respeto de sus derechos. Actualmente, el gobierno, está revisando un protocolo de atención a las personas que están viviendo con el VIH y SIDA, donde integra los aspectos de prevención, la atención integral, la confidencialidad, la consejería, el tratamiento de síntomas y paliativos, el diagnóstico y tratamiento donde incluye esquemas de tratamiento, profilaxis de enfermedades oportunistas, orientación sobre nutrición y calidad de los alimentos, además de los aspectos referidos a la bioseguridad. En Bolivia se constata que muy pocos servicios de salud del país pueden asegurar la atención, los cuidados y el tratamiento adecuado a las personas que viven con el VIH o enfermas de SIDA. Es importante reconocer que algunas instituciones están haciendo esfuerzos para mejorar la atención a PVVS. No obstante, muchas de las personas que viven con el VIHH y SIDA que acudieron a servicios hospitalarios públicos o privados en diferentes ciudades de Bolivia, se les negó la atención bajo pretextos que no había camas disponibles, que no tenían personal especializado, o que los otros pacientes se irían del hospital o clínica por temor al “contagio”. Las normas de bioseguridad, en los hospitales presentan deficiencias, debido tanto a la falta de decisión de los directores para su aplicación rigurosa y también por parte del mismo 29

personal de salud. En el país muchos servicios de salud disponen de escasos recursos de material, para cumplir con las normas básicas de bioseguridad. La situación en Colombia con relación a la prestación de servicios en salud integral podría afirmarse que el Sistema de Salud colombiano se encuentra lo suficientemente preparado para brindarlo, ya que dispone de suficiente infraestructura, y es con relación al personal de salud, en que salvo algunas excepciones, se sienten temerosas ante las personas que viven con el VIH y SIDA, lo que sucede especialmente en las regiones más apartadas del país. No obstante, estas “condiciones ideales”, las condiciones de acceso a los servicios de salud a las personas viviendo con el VIH/SIDA son bastante dificiles, ya que la enfermedad se encuentra clasificada como de alto costo y tiene cobertura con la asistencia médica, entrega de medicamentos incluyendo algunos antirretrovirales y algunas pruebas de laboratorio, a pesar de ello, la negativa de medicamentos y cargas virales son comunes en la medida en que los medicamentos de tercera generación, los esquemas más efectivos y los exámenes no están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS)10, y solo se tiene acceso a estos a través de acciones de tutela, y teniendo acceso al sistema después de 100 semanas de contribución. En el Ecuador, la asistencia y el apoyo en VIH/SIDA se enmarcan en un contexto que extrapola las necesidades de las personas que viven con el VIH/SIDA y va mucho más allá de los requerimientos de medicamentos y de la atención en salud. En este contexto, la asistencia integral en VIH/SIDA, básicamente ha respondido a esfuerzos presionados por las circunstancias, más que a procesos de coordinación institucional de respuesta frente a la epidemia. Los hospitales del sistema público de salud enfrentan una serie de limitaciones con relación a brindar servicios de salud integral en VIH/SIDA, en primer lugar, existe un déficit de personal especializado para la atención del paciente con VIH o SIDA, y en segundo lugar, persiste la sistemática resistencia por parte del personal de enfermería, médico y paramédico, desde las emergencias para la atención de este tipo de casos. En el Ecuador existe una deficiencia de infraestructura adecuada, y un limitado número de equipos y tecnología para la atención de patología aguda del VIH/SIDA, en esto último, en cuanto a bioseguridad se presentan carencias y deficiencias en las instituciones. Desde el año 2002, desde la Coordinación del Programa Nacional SIDA/ITS se hizo el primer inventario de recursos profesionales dentro del Sistema Público y Privado que brindan atención a pacientes con VIH o SIDA, y se implementaron por primera vez desde 10

Cada uno de los regímenes de salud en Colombia tiene un Plan Obligatorio de Salud (POS), sin embargo estos son distintos: mientras el POS contributivo (que administra las afiliaciones laborales) tiene una amplia cobertura de patologías y tratamiento, el POS Subsidiado (que administra fondos de gobierno) no lo tiene, generando inequidades en la prestación de este servicio público. Además el acceso al POS tiene una limitante generada por el mismo modelo, y es que las personas afiliadas al sistema tienen acceso pleno a los servicios después de 100 semanas de cotización. Para administrar el proceso de afiliación al Sistema, se han generado dos tipo de entidades: Las Empresas promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS).

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los comienzos de la epidemia, tres clínicas de atención en VIH/SIDA que se proponen brindar asistencia integral incluyendo entre ella la provisión de antirretovirales. La normatividad en el Perú es abundante en cuanto a Prestación de Servicios en Salud Integral, aspecto que se incluye en la “Doctrina, Normas y Procedimientos para el Control de las ETS y el VIH y el SIDA en el Perú” en el que se plantea la atención integral en ETS/VIH/SIDA, el diagnóstico y Consejería Pre y Post test en VIH, así como la atención de personas portadoras de infección por el VIH con diagnóstico SIDA. Igualmente, la Guía Nacional de Atención Integral del Paciente con Infección VIH/SIDA, que entre otras cosas establece, la evaluación y seguimiento del paciente con VIH/SIDA, desde exámenes físicos hasta exámenes de laboratorio, así como tratamiento antirretroviral, con todo el esquema que representa, sin embargo, pese a la existencia de tales normas que reconocen derechos, el Ministerio de Salud no cumple con tales preceptos, o simplemente cumple en forma parcial e intermitente. En Venezuela, la concepción de salud integral ha sido planteada como política de estado y es igualmente entendida por los trabajadores del sector salud, así como por los funcionarios del PNS, sin embargo en la práctica son muchos los obstáculos que habría que vencer para su aplicación efectiva. En el Sistema de Atención en Salud no ha sido posible la prestación del servicio de salud integral por deficiencias en la infraestructura, aumento de la demanda en los últimos 5 años, además la falta de personal (enfermeras y médicos) y las deficiencias presupuestarias, todo lo cual merma la calidad de atención del servicio salud. Por otra parte, el Programa Nacional SIDA/ITS del Ministerio de Salud y Desarrollo Social gira instructivos para abordar el tema del VIH/SIDA como un servicio público sectorizado, parcializado, sin tomar en cuenta que el tema comporta la atención de una serie de factores que requieren de la intervención de manera multidisciplinaria. Puede asegurarse entonces, que la prestación integral de servicios de salud no cuentan aún con la visión de integralidad de los mismos, sino que las necesidades de los pacientes que viven con VIH o SIDA, son atendidas parcialmente y sin coordinación entre los distintos servicios. 3.3.

Acceso a Tratamientos

En Bolivia desde que se inició la epidemia en 1984 hasta la fecha, las personas que viven con el VIH/SIDA (PVVS) no contaron, ni cuentan con programas de apoyo por parte del Estado para el tratamiento de las enfermedades oportunistas ni tampoco para realizar la profilaxis. En cuanto a medicamentos ARV, no existió ni existe una voluntad política del gobierno para tener un acceso real y sostenible a los ARV. A fines del 2000, el gobierno de Brasil, decidió donar a Bolivia dos medicamentos ARV, con el compromiso de que el gobierno boliviano otorgue el tercero para completar el esquema de triterapia. Actualmente en Bolivia menos del 2% de las personas tienen acceso a la triterapia. De estos, una ínfima parte, es comprada por los mismos pacientes o familiares, algunos reciben donaciones de organizaciones internacionales. La Caja Nacional de Seguro (CNS) ha incluido en su vademécum cinco medicamentos antirretrovirales que están destinados exclusivamente a pacientes asegurados, sin embargo 31

existe frecuentes interrupciones del tratamiento debido a la falta de existencia de los mismos en los inventarios de la CNS. En Colombia se evidencian también severas dificultades en cuanto a acceso a medicamentos y a exámenes relacionados. El 90,90% de las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo están relacionadas con el derecho a la salud, constituyéndose en el principal factor violatorio de las personas que viven con el VIH/SIDA. Adicionalmente para el año 2001 “interpusieron 140 acciones de tutela para solicitar tratamientos antiretrovirales. El 91% de las tutelas han fallado a favor del demandante. En la mayoría de las Entidades Prestadoras de Salud y otras, los médicos tienen la orden de recetar los medicamentos aprobados en el Plan Obligatorio de Salud o aquellos que tengan existencias en las farmacias de las instituciones por lo que el tratamiento es condicionado a otros factores y no por las necesidades de los usuarios. Caso similar al boliviano, en el Ecuador el acceso a medicamentos en general, incluyendo los antirretrovirales no llega para más del 98.5% de las personas que viven con el VIH/SIDA, en el 1.5% que reciben en la actualidad ARV, se incluyen parte de las personas que demandaron al gobierno ecuatoriano y que por las medidas cautelares reciben parte del tratamiento. En la actualidad, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha establecido 5 clínicas de atención a paciente VIH o con SIDA en tres ciudades del país, a través de las cuales hace entrega de ARV a un pequeño grupo no mayor de 100 personas de todo el país y brinda atención médica de especialidad, programa que, según asegura el Ministerio de Salud crecerá gradualmente incorporando a nuevas personas. Los sistemas de seguridad social tanto el de las Fuerzas Armadas como para el régimen laboral (IESS), destinan recursos para sus afiliados, pero las personas que son atendidas bajo el sistema del IESS sufren de interrupciones sistemáticas del tratamiento con ARV a causa de la lentitud en los procesos de licitación y facturación que maneja este sistema de seguridad social. En el Perú, la situación es similar a Bolivia y Ecuador por cuanto, pese a que cuentan con normas específicas en la materia, no existe acceso a los tratamientos en el sistema público para las personas viviendo con el VIH/SIDA en general, sólo para madres gestantes para ayudar a disminuir la transmisión vertical y para los niños recién nacidos con lactancia artificial. Además, cabe señalar que en los Hospitales del Sistema de Seguridad Social (ESSALUD) tienen acceso a provisión de medicamentos alrededor de 1.200 PVVS, que correspondería aproximadamente al 10% del total de PVVS del país y el Ministerio de Salud provee profilaxis gratuita para la prevención de infecciones oportunistas, aunque el programa sufre de interrupciones sistemáticas. Las personas que viven con el VIH/SIDA en el Perú que actualmente quieran acceder a tratamientos ARV deben por si mismas asumir los costos económicos que bordean aproximadamente entre 500 y 800 dólares mensuales. En el Perú el sueldo promedio que gana una empleado y que recibe el salario mínimo es de aproximadamente de 130 dólares mensuales. De los países de la región, Venezuela muestra el mejor escenario en cuanto a acceso a ARV, pues el Programa Nacional de SIDA contempla una cobertura para 5.200 personas ya 32

ingresados en este plan que no incluye gastos referentes a fármacos para enfermedades oportunistas y reactivos. El plan venezolano incluye también el acceso a ARV para casos de accidentes de exposición (laboral y abuso sexual) y prevención vertical. También cuentan con un programa de medicamentos para Enfermedades Oportunistas. Por su parte, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no solamente atiende a personas afiliadas a la seguridad social, esto es a los trabajadores que cumplan con las cotizaciones requeridas, sino que también este servicio atiende a PVVS no afiliadas a la Seguridad Social, por lo que provee ARV a 2.970 personas. Su programa incluye la provisión de kits de emergencia mediante los cuales se otorgan ARV para casos de PVVS en situación de emergencia. Aparentemente por asuntos burocráticos, recientemente en la Seguridad Social se produjo un déficit en ARV, provocando potencialmente la interrupción de medicamentos a las PVVS, por causa de la paralización en sus procesos administrativos. Con relación al acceso a exámenes de diagnóstico y especialidad, como Carga Viral y CD4, si bien están incluidos en la atención, se incurre en desabastecimiento.

Ensayos Clínicos / Ética _________________________________________________________________________ 3.4.

Concepto

El ensayo clínico realizado conforme a las normas técnicas generalmente aceptadas y la ética médica, constituyen una práctica necesaria para la humanidad, por cuanto es preciso determinar previo a la comercialización, si un determinado producto es útil o no para sanar una determinada enfermedad, o bien para elevar la calidad de vida de los seres humanos. Lo cual no es posible sino en base a la base práctica experimental, tomando en cuenta todos los aspectos relacionados a la bioética. 3.5.

Panorama Regional

En los cinco países de la región andina existen Comités de Ética o bioética que tienen la finalidad de monitorear y regular la normatividad en cuanto a investigación se refiere, entre otras de sus funciones. En este contexto, en Bolivia y en Ecuador no existe institución alguna que haya realizado específicamente ensayos clínicos en VIH/SIDA, pero si existen algunos estudios de carácter epidemiológico. En el Perú, existen diversos comités de Ética, en algunos de ellos existe la participación activa de las PVVS. Desde el año 2002 se está desarrollando un estudio en Fase II de Vacuna para el VIH. En torno a esta investigación se ha constituido un Comité Asesor Comunitario representado pro los diversos sectores involucrados frente a la epidemia. El ente rector es actualmente el Instituto Nacional de Salud (INS). En el mismo sentido, en Venezuela, únicamente procede el expendio de productos farmacéuticos (nacionales o extranjeros) de consumo humano (interno o externo) previo registro de los mismos ante el 33

Instituto Nacional de Higiene. Para la obtención de dicho registro, se requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, una de las cuales constituye la presentación de los resultados arrojados por el ensayo clínico efectuado de ese producto específico en el país, el cual debe haber llegado hasta la denominada FASE III.

PARTE IV ASPECTOS SOCIALES _________________________________________________________________________ 4.1.

Situación de sectores específicos o poblaciones en situación de vulnerabilidad

4.1.1. Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) Los hombres gay y otros hombres que tienen sexo en Bolivia y particularmente la comunidad gay, es percibida como “promiscuos, irresponsables, enfermos, viciosos, pecadores que desafían las normas naturales y sociales”. Desde la perspectiva de la salud pública el interés es exclusivamente dentro del control epidemiológico, sin una visión integral que incluya el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. El estigma y la discriminación se han potenciado a causa del VIH/SIDA desde la sociedad, desde las instituciones públicas y desde los medios de comunicación. Con relación a la fuerza pública los homosexuales son sujetos de amenazas y extorsión son pena de ser expuestos públicamente. Las organizaciones gay de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, denuncian constantemente el acoso y la represión policial. Desde 1994 hasta el 2001 el Ministerio de Salud con apoyo de USAID, implementó “El Proyecto Contra el SIDA”, que ubicó en cada uno de los departamentos del país a un grupo de educadores de la comunidad gay, para la prevención de las ITS/VIH/SIDA, con la promoción del uso del condón. En la actualidad las oficinas creadas para el efecto fueron cerradas y los educadores despedidos. A pesar de que la seroprevalencia en hombres gay y otros HSH en el Ecuador fluctúa entre el 13,6% y el 30%, hasta la fecha no existen desde el Ministerio de Salud Pública una política relacionada por promover campañas de prevención y atención a estos subgrupos de hombres. Según los hallazgos reportados en el Análisis de Situación y Respuesta sobre el VIH/SIDA en hombres gay y otros HSH realizado por ASICAL/ONUSIDA/MSP (2000) del Ecuador, en una las investigaciones de comportamiento se reportó que solamente el 25% de este grupo asegura el uso del condón de manera permanente, y que en algunas ocasiones lo dejan de usar cuando tienen pareja estable. En el mismo sentido, el 38% no perciben al SIDA como una amenaza de primer nivel y cerca del 30% señalan que tienen pocas posibilidades de adquirirlo. Persiste el acoso y persecución de la fuerza pública, y algunas de las autoridades locales y de salud de provincia impulsan acciones y razzias so pretexto del VIH/SIDA en estos subgrupos, particularmente en las personas transgéneros.

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Mientras tanto en el Perú, la situación de riesgo y progresión de la transmisión de VIH en este grupo poblacional es alto, que se mantiene en un 12% de acuerdo al informe presentado por el Ministerio de Salud. La situación de los homosexuales y otros HSH peruanos, se manifiesta abiertamente en intolerancia y discriminación. Los homosexuales y bisexuales según las estadísticas del PNS de Venezuela, continúan siendo las personas más afectadas por la epidemia. Hasta el año 1999 el 59% de los casos notificados correspondió a homosexuales y bisexuales. Las cifras acumuladas desde 1997 al 2002 aunque no especifican la orientación sexual (ni comportamientos sexuales), informan que del total de 13.527 casos 12.103 corresponden a hombres. Igualmente, las personas homosexuales y transgéneros continúan siendo uno de los sectores más vulnerables a la violación de sus derechos humanos. Los asesinatos, tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de las autoridades policiales y particulares encierran un cuadro de impunidad que se ha hecho ya un estilo de vida en Venezuela. 4.1.2. Las Trabajadoras Sexuales Comerciales Un caso similar al que viven los hombres gay y otros HSH, en Bolivia las trabajadoras sexuales comerciales constituye otro grupo social estigmatizado en la transmisión del VIH y SIDA. El trabajo sexual comercial, es también abordado más como un tema de interés de salud pública dentro del control epidemiológico, que un marco del ejercicio de los derechos de las personas. Las políticas públicas de control de los y las trabajadores/as comerciales del sexo tienen como objetivos de: reinsertarlas-os en la sociedad, proponiendo el abandono de este trabajo, o realizar exámenes clínicos y de laboratorio periódicamente y la promoción del uso del condón. Las trabajadoras sexuales son permanentemente acosadas y extorsionadas por parte de la policía, y están sujetas a la creciente violencia física y psicológica. Se estima que en Bolivia existen aproximadamente 20.000 trabajadoras sexuales no registradas que no tienen accesibilidad a ningún tipo de servicio de salud, siendo hostigadas por la policía consetudinariamente. Algunos estudios revelan que sólo el 17% de esta población utilizan preservativos en sus relaciones sexuales (ONUSIDA, 2000:48). Gran parte de las trabajadoras sexuales ecuatorianas que asisten a los servicios de profilaxis por ser registradas en el sistema de Centros de Salud de Atención de las ITS del Ecuador, son sometidas a pruebas periódicas de detección del VIH, y reciben de alguna manera información sobre el VIH/SIDA y las ITS. En el país las trabajadoras sexuales desde hace varios años cuentan con un proceso de organización gremial que les ha permitido disminuir “en parte”, los abusos por parte de las autoridades de salud, como de la fuerza pública, y en menor medida por pare de los dueños de locales. Otro grupo importante son las trabajadoras sexuales de la calle, que en su mayoría no se hayan registradas en el sistema de salud para el control de las ITS, las misma que por su condición no tienen acceso a los servicios de salud, y la mayoría es víctima de la pobreza generalizada, niveles bajos de educación a los que se suman problemas de nutrición. Las trabajadoras sexuales de la calle son permanentemente acosadas y perseguidas por la fuerza pública. Conforme a los reportes estadísticos del Ministerio de Salud del Perú, para el año 2000 la prevalencia de VIH en trabajadoras sexuales fue de 0.7%., además este grupo de mujeres es 35

reconocida como uno de los grupos con elevada prevalencia de ITS. En el Perú el trabajo sexual se le reconoce como un grave problema social, se estima que hay más de 10.000 mujeres dedicadas al trabajo sexual, y que la mayoría, o sea, el 70 u 80% lo ejercen de manera clandestina, siendo la mayoría de ellos mujeres de estratos bajos, y enfrentan severas dificultades para acceder a información y en la búsqueda de servicios de salud, ya que como población estigmatizada han sido durante mucho tiempo ignoradas de las acciones de prevención en salud. En el Perú se evidencia también una creciente tendencia a la explotación sexual de menores, la mayoría de ellos-as son inducidos a ejercer el comercio sexual, sometidos en base a sus necesidades económicas y/o afectivas, siendo explotados por proxenetas y/o administradores de establecimientos. 4.1.3. Niños-as, adolescentes y jóvenes En Bolivia se estima que alrededor de 1.500 menores viven en la calle, correspondiente el 27% al sexo femenino y el 73% masculino. Un estudio reciente en la ciudad de Cochabamba identificó que en esta población existe un incremento considerable del número de adolescentes que están viviendo con el VIH/SIDA. A nivel nacional, los registros del Programa Nacional indican que el 26% del total de PVVS corresponden al grupo etareo de 15 a 24 años de edad, lo que indicaría que los adolescentes y jóvenes están contrayendo el VIH en sus primeras relaciones. Según el Estado, tiene una cobertura educacional del 80% de los establecimientos educativos de Bolivia con información sobre el VIH/SIDA, pero al constatar dicha información, actualmente no existe ningún programa operacional de prevención dirigido a estudiantes de colegios o de universidades por parte del Ministerio de Educación o de Salud de manera sistemática, ni tampoco existe una integración efectiva del tema del VIH/SIDA en la reforma educativa, empero estar considerado como un tema transversal. Los conocimientos que poseen los-as adolescentes y jóvenes del Ecuador, sobre el origen y forma de transmisión del VIH/SIDA es confusa y sin argumento, resultados en el que confluyen varios factores, estrechamente vinculados especialmente en las relaciones que tienen estos-as con el ambiente, las relaciones de poder establecidas por los padres, maestros y profesores y el mundo considerado de los adultos. En el país, un número significativo de adolescentes inician sus prácticas sexuales antes de los 14 y 15 años de edad. En el caso de los varones, tres de cada 10 adolescentes tienen su primera experiencia con una trabajadora sexual. En general no tienen un conocimiento adecuado sobre el preservativo, o a su vez, tienen rechazo a utilizarlo. En sentido de pertenencia a grupos y pandillas obligan a los-as adolescentes y jóvenes como requisito de iniciación a la utilización de substancias psicotrópicas o experiencias sexuales que potencian su factores de vulnerabilidad para contraer el VIH. El 8.1% de casos de VIH y SIDA notificados en el año 2002 corresponde a adolescentes y jóvenes. 4.1.4. Las Mujeres La construcción social del género determina diferentes paradigmas de masculinidad o feminidad. Existen en Bolivia familias y comunidades que toleran, estimulan y moldean los 36

patrones de comportamiento sexual masculino y machista, mientras que a la mujer se la valora por su pasividad, sometimiento y automarginación. Las mujeres no tienen acceso a la información para disminuir los riesgo y aún estén informadas no pueden negociar sobre la utilización del preservativo. Las desigualdades están estrechamente relacionadas con las actitudes hacia las mujeres que se traducen con la subordinación, opresión y explotación. Estas actitudes están determinadas por la violencia doméstica, humillación, el abuso físico y sexual. En el Ecuador el 90% de los casos diagnosticados en VIH/SIDA en mujeres corresponden a mujeres esencialmente con relaciones de pareja monogámicas. También, se revela que la mayoría de las transmisiones del VIH en las mujeres se ha debido a un contacto sexual sin protección. En el informe Impacto del VIH/SIDA en la Calidad de Vida de las Personas, se indica que el conocimiento que tienen las mujeres sobre esta enfermedad y otras enfermedades de transmisión sexual, es bajo a todo nivel. La problemática del VIH/SIDA en las mujeres del Perú se refleja esencialmente en el descenso de la razón hombre-mujer que se determinó en 3:2 a septiembre del 2002. Al respecto se estima que los principales factores determinantes sobre la vulnerabilidad de las mujeres peruanas y su susceptibilidad al VIH responden a varios factores que contribuyen apotenciar sus riesgos: el silencio alrededor del sexo. Las mujeres “buenas” deben ser ignorantes y pasivas en las relaciones sexuales; la tradicional norma de virginidad impuesta a las mujeres jóvenes, en muchos casos, les limita su posibilidad de pedir información por para evitar se les considere activas sexualmente, también, esta norma potencialmente promueve prácticas riesgosas como el sexo anal, entre otros factores. 4.1.5. Consumidores de drogas Un estudio realizado en personas que consumen drogas por vía intravenosa en los centros de rehabilitación de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, reveló que ninguna persona estaba viviendo con el VIH/SIDA. Las personas que contrajeron el VIH por esta vía en Bolivia, afirmaron haberlo contraído en otros países. Según el Consejo Nacional sobre Estupefacientes, en el Ecuador el consumo de alcohol y drogas lícitas e ilícitas (informe 1998), comienza entre los 14 y 19 años de edad. El consumo de licor tiene mayores porcentajes que en consumo de drogas inyectables y es un elemento de “socialización” importante en la cultura ecuatoriana; el consumo de drogas ilícitas alcanza al 0.1% . En Venezuela se incrementa la notificación de casos de VIH/SIDA vinculada al consumo de drogas. Los consumidores de drogas VIH+ vienen dados en su mayoría a través de las relaciones sexuales. El perfil de las personas consumidoras drogas viviendo con VIH, corresponde a individuos que se encuentran muy deteriorados, más específicamente, son personas que tienen años consumiendo, probando todo tipo de drogas, en especial grandes dosis de cocaína y crack. La Fundación José Félix Ribas ha registrado para los años 20002001, 21 casos atendidos de consumidores de drogas viviendo con el VIH, siendo la población masculina la más afectada (en una relación de 17 a 1 con respecto a las mujeres). De acuerdo al Programa Nacional SIDA/ITS del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 37

en Venezuela los casos de personas viviendo con el VIH/SIDA consumidores de drogas endovenosas ascienden a 100. El personal terapéutico y asistencial en general que labora en la mayoría de las organizaciones con trabajo en drogas no cuenta con suficiente información acerca de la materia del VIH/SIDA. 4.1.6. Privados-as de la Libertad La población carcelaria en Bolivia, en todo el país, se encuentra en crecimiento continuo sobrepasando la capacidad instalada disponible para tales efectos, sus edificaciones son vetustas e inapropiadas donde los-as privados-as de la libertad no disponen de las mínimas condiciones de higiene sanitaria. Según informes oficiales a junio de 1999 existían en el país 8.057 reclusos, de los cuales al 90% de los detenidos 7445 personas, hay que sumar a cónyuges y niños que conviven en familia en el escaso espacio físico. La capacidad del conjunto de los recintos penitenciarios es para 4.103 personas. Bajo estas condiciones de hacinamiento y de precariedad sanitaria empiezan a detectarse en algunos recintos penitenciarios el VIH/SIDA, bajo condiciones favorables con relación a la violencia, las relaciones sexuales sin protección, falta de información y conocimientos de las formas de prevención, otras condiciones como: presencia de enfermedades crónicas, deficiencias en el suministro de agua potable, desnutrición, y falta de servicios sanitarios permanentes, entre otras condiciones. La situación de los-as privados-as de la libertad en el Ecuador, a nivel nacional, se considera que viven en condiciones de hacinamiento, y no cuentan con una infraestructura adecuada, pues las instalaciones existentes en su gran mayoría fueron viviendas particulares que se habilitaron para centros de rehabilitación social –CRS-. La población carcelaria hasta 1999 excedió la capacidad instalada en el 143 por ciento. En los distintos CRS del país se puede constatar presencia de privados-as de la libertad viviendo con el VIH/SIDA, especialmente identificados-as en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En sus determinantes de vulnerabilidad los-as privados-as de la libertad en el Ecuador se mantienen sexualmente activos-as a través de visitas conyugales y de trabajadoras sexuales, además se reconoce la existencia de hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres, existe un alto índice de consumo de alcohol y drogas, altos niveles de violencia y violaciones y condiciones sanitarias inadecuadas, de ahí que proliferan las enfermedades respiratorias, digestivas, dermatológicas, infecciosas y la tuberculosis es una constante en los diferentes centros. Igualmente que las realidades presentadas en Bolivia y Ecuador, el hacinamiento carcelario en el Perú es extremo, donde la población penitenciaria ha ido en aumento a pesar de encontrarse los penales sobre poblados, en el Penal de Lurigancho, que fue construido para 1.500 internos, en la actualidad alberga más de 7.500 internos. Varios estudios han demostrado que entre los años 1995 y diciembre de 1998, hubo un incremento de la capacidad poblacional de 33%, es decir, 1.610 nuevos internos. Igual que otros centros penitenciarios de la región, las cárceles peruanas presentan carencias de salubridad y deficiencias en la prestación de servicios de salud.

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El conjunto de privados de la libertad tienen la percepción de que las ITS son parte de los problemas de salud cotidiano de un interno por lo que no lo perciben como un riesgo para la salud, sino como algo natural en la vida de un hombre. Los privados de la libertad, además de recibir sus visitas conyugales, algunos reciben visitas de trabajadoras sexuales, y en la vida cotidiana las relaciones homosexuales son consideradas normales, justificados en el argumento del impulso biológico y la falta de visitas. La situación de los-as privados-as en Venezuela no es mucho mejor que del resto de la región, donde la falta de una visión integral del problema carcelario al más alto nivel ministerial, que incorpore el conjunto de variables sociales, de recursos y de salud que interactúan para condicionar la situación del sector. Una gran parte de las prisiones carecen de los servicios de salud mínimos para cumplir con las necesidades de la población penitenciaria; a su vez, las condiciones sanitarias, ambientales y psico-sociales de las prisiones agravan considerablemente los factores de riesgo intrínsecos a la realidad penitenciaria. PARTE V ASPECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

5.1. Esfuerzos Comunitarios e Impacto La respuesta frente al VIH/SIDA, desde los sectores de la sociedad civil organizada, se articula en Bolivia a partir de 1995. Se afirma que el discurso que imperaba hasta ese año en el país estaba fundamentado esencialmente en responsabilizar a la “liberación femenina y a la revolución sexual, a la homosexualidad, a la drogadicción y a la prostitución, como también era considerada como un castigo divino”. Aparentemente estas representaciones y estereotipos, influyeron en la representación social ante el SIDA. No obstante este escenario, algunas organizaciones no gubernamentales, empiezan a incorporar la temática del VIH/SIDA, abriendo programas específicos, en prevención, educación y atención, así como impulsando el proceso de organización de las personas que viven con el VIH/SIDA. En este contexto, coordinan acciones y establecen niveles de cooperación. El rol importante que han jugado las iniciativas organizadas en Bolivia es contribuir a la mejor comprensión de las diversas problemáticas que involucra la epidemia del SIDA y los factores y poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad, así como también la promoción y defensa de los derechos humanos con relación al VIH/SIDA y de las PVVS. En la actualidad existen varias organizaciones de PVVS y la Red Nacional de PVSS, que se encuentran articuladas con iniciativas regionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, en acciones de incidencia política y en movilización por acceso a tratamientos.

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En Colombia, las organizaciones no gubernamentales especialmente de las ciudades grandes han establecido una serie de servicios de educación, prevención, asistencia y apoyo en VIH/SIDA, así como también de veeduría ciudadana. Otras de sus principales líneas de acción es el trabajo de sensibilización, promoción y defensa de los derechos humanos con relación al VIH/SIDA y de las PVVS, así como de incidencia política. En múltiples ocasiones las ONG han trabajado bajo modalidad de contratos acciones y programas que complementan la acción gubernamental, particularmente de las Secretarías de Salud. Por su parte, en Colombia la movilización de las personas que viven con VIH/SIDA enfocada en la defensa y promoción de sus derechos humanos, no solamente han logrado una convocatoria nacional, sino también a nivel internacional, compartiendo sus experiencias y replicando las lecciones aprendidas. A nivel nacional, en el Ecuador, existen un aproximado de 43 organizaciones no gubernamentales que entre sus áreas de acción, incluyen una o varias líneas de intervención en VIH/SIDA, atiendo las necesidades de las diferentes poblaciones de su interés, así como trabajando en la promoción, defensa de los derechos humanos e incidencia en políticas públicas. Desde 1997 se han hecho varios intentos de organización de las PVVS, las que han sorteado severas dificultades con relación al estigma y discriminación, no obstante su proceso organizativo avanza con acciones básicamente de participación e interlocución. Por su parte las ONGs y OBC coordinan acciones y agendas de manera bilateral o multilateral y están alineadas en una red nacional, la Red de Incidencia en Políticas Públicas en VIH/SIDA, una Red local, y dos coordinaciones locales. En el Perú, la articulación organizacional que diversas entidades de la sociedad civil han tenido, reflejo de esto ha sido la creación de Redes, Colectivos, Coordinadoras, entidades conformadas sólo por ONG, a los que se suman los Grupos de Ayuda Mutua y las agrupaciones de personas que viven con el VIH y con SIDA, en conjunto, todas las iniciativas de la sociedad civil organizada apuntan sus esfuerzos, y en diferentes momentos, han coordinado acciones dirigidas al quehacer social como educación, prevención, promoción, servicios alternativos de atención de la salud, así como también en acciones de incidencia política, promoción y defensa de los derechos humanos. Nada diferente al proceso generado en la región, con la excepción de Bolivia, que arranca un poco más tarde, en Venezuela la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA desde el sector no gubernamental está dada por la diversidad de fundaciones y asociaciones creadas con el propósito específico de trabajar en el área de SIDA. A esta se han unido organizaciones de derechos humanos y que trabajan con grupos o problemáticas específicas, así como también la PVVS. Estas organizaciones constituidas tanto en las regiones como en Caracas prestan una diversidad de servicios asistenciales y realizan actividades para incidir en la creación de políticas públicas acordes con los derechos humanos y las necesidades de la gente. Los principales servicios se orientan a: apoyo emocional, asistencia médica y laboratorial, asistencia jurídica y derechos humanos, consejería, centros de información, programas de prevención, grupo de apoyo y banco de medicamentos.

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PARTE VI LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH Y SIDA Derechos Humanos más frecuentemente vulnerados

Como se describe en la Parte II, punto 2.2., sobre la situación general de los derechos humanos y el VIH/SIDA del presente informe, la situación de las personas que viven con el VIH/SIDA y poblaciones en situación de vulnerabilidad, no es nada satisfactoria, empero se dispone en los 5 países comunitarios andinos de una gama de normativas y regulaciones, que en principio se orientan hacia la protección de los derechos humanos y de manera muy especial a los de las PVVS. No obstante, este aparente paraíso jurídico de buenas intenciones, -donde las normas y regulaciones apenas se aplican a medias o se les da cumplimiento esporádicamente-, a lo largo y ancho de la Comunidad Andina se evidencian serias violaciones a los derechos humanos relacionados con la existencia de la epidemia, viéndose afectados de manera sistemática: el derecho a la vida, salud, vida privada, reputación, honor, intimidad y propia imagen, libertad y seguridad personales (tratos crueles, inhumanos y degradantes), trabajo, educación e igualdad Pasando de la descripción anecdótica de los casos de violación a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH/SIDA, ahora en la región, se encuentran descritas muchas denuncias y procesos de mediación a través de las diferentes defensorías del pueblo, ante cortes constitucionales y la utilización de mecanismos como la Tutela para el reconocimiento de los derechos afectados por acción u omisión, en la mayoría de los casos con relación al derecho a la vida y la salud. En términos generales, por ejemplo, en Bolivia, el SIDA ha desatado una serie de prejuicios (ostracismo, estigmatización, discriminación y ataques) hacia personas que viven con el VIH y de grupos sociales denominados como homosexuales, trabajadoras comerciales del sexo, adolescentes que viven en calle y extranjeros. En Colombia, la situación de la mayoría de las personas que viven con el VIH y con SIDA, sistemáticamente recurren a las acciones de Tutela para que alguno de los sistemas de seguridad social, y otros, faciliten no solamente el acceso a los servicios (desde la atención de emergencias) hasta la provisión de medicamentos. En el país la Corte Constitucional ha emitido resoluciones donde recuerda que “El Estado, la sociedad y la familia conjuntamente participan en el cuidado de la salud de las personas a-sintomáticas y enfermos de SIDA...en el mismo sentido recuerda, sobre la obligación por parte de las autoridades “están en la obligación de darle a estas personas protección especial como miras a garantizar sus derechos humanos”. Pese a los avances en legislación vigente en el Ecuador con relación a la defensa y protección de los derechos humanos en su integridad, en el país la persistencia de violación

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de los derechos de las personas que viven con el VIH y con SIDA, se ve expresada principalmente, en los ámbitos de lo laboral (donde se aplican las pruebas de VIH como pre-requisito o permanencia del empleo), la educación, la atención médico-clínica (serias limitaciones en los servicios, diagnóstico y acceso a tratamiento)y en el ámbito de la estructura familiar, a la que se le suman el estigma y la discriminación en la mayoría de los casos. La situación de las persona que viven con el VIH/SIDA en el Perú está plagada de una serie de situaciones que en la mayoría de los casos atenta contra sus derechos individuales, protegidos y garantizados por las normas nacionales, así como por diversos pactos y convenciones de derechos humanos, ante los cuales no se acciona por lo difícil que resulta embarcarse en procesos administrativos y/o judiciales destinados a que se reconozcan los derechos humanos. Al igual que en el Ecuador, la solicitud de pruebas para el VIH en el empleo y/o se le condiciona hacerse la prueba para continuar en el trabajo, para seguir una carrera en las fuerzas armadas o para ingresar a la universidad. Así también las transgresiones se dan al no orientar a las persona con la consejería debida; pre y post test. Igualmente, al no respetarse la autonomía de la voluntad cuando quiere hacerse la prueba. Las constantes violaciones a la confidencialidad de exámenes y sus resultados, las dificultades para acceder a servicios de salud, conforman este cuadro de irrespeto y abuso a los derechos humanos de las PVVS. En el Perú se han presentado varias demandas por ante los tribunales de justicia por violaciones a los derechos, lo que incluye una solicitud de medidas cautelares por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el escenario venezolano la situación de las PVVS, si bien por el lado de acceso a tratamiento perfila mejores condiciones que el resto de sus países hermanos, las personas en general se ven expuestas a violaciones a sus derechos humanos en ámbitos fuera del contexto de la atención de salud. Ante los tribunales venezolanos se han presentado una serie de denuncias y acciones de amparo con la finalidad de lograr el reconocimiento y la reparación de la vulneración de los derechos a la salud, vida privada, intimidad, honor, reputación, trabajo y educación. En este sentido existe en Venezuela importantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de instancia, entre las cuales destacan las acciones de Amparo Constitucional emprendida por la organización no gubernamental ACCSI que hizo se universalizara el acceso a tratamiento a todas las PVVS en el país. Subsecuente a lo que sucede en el resto de países de la región andina, en Venezuela también, un derecho especialmente vulnerado es la divulgación del diagnóstico y otras informaciones confidenciales, así como la practica generalizada por parte de los empleadores de efectuar diversos exámenes médicos a las personas que laboran o aspiran a obtener un puesto de trabajo. Entre esas pruebas se encuentra la de anticuerpos contra el VIH, la cual se efectúa sin previo consentimiento e información. Cómplices de esta práctica son los médicos y laboratorios privados que informan a las empresas, específicamente a la gerencia de Recursos Humanos, los resultados arrojados por exámenes practicados, difundiendo de esta forma antitética, información confidencial acerca de la condición de salud de sus pacientes, lo que esta en franca contravención con la ley y la deontología.

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PARTE VII DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL VIH/SIDA Y DERECHOS HUMANOS

7.

La situación de los Países Andinos con relación al cumplimiento de las directrices internacionales.

7.1.

DIRECTRIZ 1. Buscar un marco nacional que permita una actuación coordinada, con participación política y programas sobre el VIH/SIDA en todas las ramas de gobierno.

. Si bien existe un marco normativo (Ley 199/1991 y Decreto 1547 de 1997), en Colombia los procesos de promoción, prevención y atención no se encuentran dentro del conjunto de prioridades de las agendas políticas y en los casos en que se encuentra, está subsumida bajo políticas de educación sexual y/o salud sexual y reproductiva. En la actualidad no existe voluntad política por parte del gobierno con relación al VIH/SIDA. El CONASIDA, no ha tenido un peso decisivo en el direccionamiento de los programas desde el orden político. Por su parte en el Ecuador hasta la fecha, la respuesta de los gobiernos de turno para el tratamiento de la epidemia del VIH/SIDA ha estado concentrada específicamente en el contexto del Ministerio de Salud Pública. No hay una política de Estado respecto al VIH/SIDA. La presencia programática de gobierno sobre VIH/SIDA está completamente ausente de otras instancias políticas de gobierno, incluyendo las relacionadas con la ciencia y la investigación. El CONASIDA como instancia de coordinación no funciona. La política de salud relacionada con el VIH/SIDA ha sido manejada siempre desde el Ministerio de Salud Pública en el Perú. Falta decisión política por parte del Estado, esto constituye un obstáculo para el Ministerio de la Salud para impulsar acciones en la materia. Las otras instancias gubernamentales no participan ni están interesadas en formar parte de la respuesta nacional del Perú frente al VIH/SIDA En Venezuela, el MSD y PNS han desplegado un gran esfuerzo, con el apoyo de la sociedad civil, las agencias multilaterales y otros actores de la Respuesta Nacional, para desarrollar el Plan Estratégico Nacional, el cual está enmarcado en el Plan Estratégico Social. Aunque no existe coordinación intersectorial entre los distintos organismos del Estado, se notan ligeros avances en materia de coordinación intersectorial, sobre todo con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que está enmarcado en un proyecto llamado de Escuelas Bolivarianas. 7.2. DIRECTRIZ 2. Participación de la comunidad en la formulación de Políticas, ejecución y evaluación de los programas relativos al VIH/SIDA

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No obstante haber representación de las personas viviendo con el VIH/SIDA al interior del CONASIDA y de los Comités Territoriales de Salud Sexual y Reproductiva, tanto las personas viviendo con el VIH/SIDA como las ONG colombianas son tomados como actores políticos con poco poder e influencia dentro de dichas estructuras. En el Ecuador, la apertura de espacios de participación en la formulación de planes, programas y políticas, con relación al VIH/SIDA ha dependido fundamentalmente del interés de cada jefe de Programa Nacional SIDA/ITS, más no como parte de la instancia gubernamental, a excepción del CONASIDA. Desde los Programas Nacionales SIDA/ITS del MSP se han establecido mecanismos de participación de la sociedad civil organizada, incluyendo la participación de PVVS, como por ejemplo, en la formulación del Plan Estratégico Nacional sobre el VIH/SIDA; y otras coordinaciones como el Mecanismo de Coordinación de País para el Fondo Global. Más sin embargo estas experiencias, algunas autoridades gubernamentales presentan resistencias de compartir el espacio político con el sector de la sociedad civil, por temor de ver reducido su rol de poder y control que el ejercicio burocrático les brinda. En el mismo sentido que en el Ecuador, la experiencia del sector de la sociedad civil organizado en el Perú, no es aceptada por el Gobierno, lo que se constituye en una barrera de participación y de capitalización de las experiencias de estas últimas como aporte para el desarrollo de políticas coherentes respecto a temas puntuales referidos al VIH/SIDA. Caso similar sucede en la República Bolivariana de Venezuela, donde la participación de la sociedad civil no es comprendida del todo en el sector público, y se la mira como un elemento perturbador en el proceso. Cuando se convoca a las ONG se las convoca para informar sobre lo que ya se ha puesto en marcha. Las relaciones de las ONG y las PVVS con el PNS no son del todo malas, comprendiendo este último que las actividades de derechos humanos le son inherentes a las comunidades, y que las mismas han funcionado para beneficiar la propia gestión del programa gubernamental. 7.3.

DIRECTRIZ 3. Analizar y reforzar la legislación sanitaria relacionada a cuestiones de salud pública

En Colombia la normatividad existente se enmarca dentro de las recomendaciones de esta directriz, sin embargo en su aplicación se encuentran grietas que ahondan la diferencia entre la intencionalidad de la normativa y su plena aplicación. El Acceso a la salud y la no discriminación, principios fundamentales de la Constitución y la Ley, se ven a diario menoscabados por la negligencia de los funcionarios públicos y el papel que han asumido las instituciones que prestan los servicios de salud a contributivos, subsidiados y vinculados. Si bien desde el año 2000, en encuentra vigente en el Ecuador la Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH/SIDA, que incluye cinco líneas de acción como: prevención, asistencia, control epidemiológico, derechos y deberes y defensa de derechos, esta ley aun se encuentra distante de su completa aplicación. Hasta la fecha solamente se ha expedido el reglamento de atención al paciente VIH/SIDA, que incluye una serie de servicios, entre ellos la implementación de los servicios de consejería en el sistema público de salud. En 44

este mismo camino, no se han hecho las regulaciones correspondientes para la protección integral de los derechos humanos y el VIH/SIDA. En el Perú, el Ministerio de Salud es el encargado de dirigir las políticas de salud pública, y existe normatividad referente a ello, como la Ley General de Salud, la Ley 26626, referida específicamente a la lucha contra el SIDA, donde se precisan los derechos a la voluntariedad de la prueba, la confidencialidad, el derecho al trabajo y el acceso a la salud a través de la Atención Integral de salud, existen vacíos substanciales en cuanto al acceso a tratamiento gratuito, para consignar la obligación que el Estado tiene de proveer los medicamentos a las PVVS. Las normativas referidas al VIH/SIDA en Venezuela han sido emanadas de Resoluciones Ministeriales que regulan situaciones específicas, tales como: limitación a la aplicación de pruebas de anticuerpos; testeo y tratamiento obligatorio para embarazadas y; notificación obligatoria. Sin embargo, la aplicación práctica de estas resoluciones enfrenta serios problemas, no teniendo las autoridades competentes la fuerza administrativa para hacerlas cumplir. La visión de política pública mantiene el concepto de obligatoriedad, que choca con los principios más elementales de los derechos humanos, más sin embargo, la participación de las ONG y PVVS en el proceso de reforma constitucional permitió la inclusión de algunos artículos que son aplicables claramente a circunstancias que envuelven la violación de los derechos humanos de las PVVS, como la exigencia del consentimiento para la participación en experimentos clínicos y exámenes de laboratorio. 7.4

DIRECTRIZ 4. Adecuar las leyes penales y penitenciarias

En Colombia no se conocen acciones de aplicación indebida de la Ley a personas viviendo con el VIH/SIDA o grupos discriminados, si bien es cierto que las personas con mejor situación económica tienen acceso a mejores servicios legales. Tampoco Colombia cuenta con una legislación encaminada al tratamiento del VIH/SIDA en el régimen penitenciario y penal, de ahí que tanto el conjunto de personal administrativo como privado de la libertad desconocen sus aspectos básicos relacionados con el VIH/SIDA en su contexto. El sistema penitenciario no cuenta con la infraestructura y personal necesario para atender las necesidades sanitarias y de salud de las personas privadas de la libertad. La Ley para el Control y Asistencia Integral del VIH/SIDA contempla acciones civiles y penales con relación a las personas que viven con el VIH/SIDA en el Ecuador, en el caso particular de la transmisión del VIH con pleno conocimiento. Igualmente, esta ley incluye acciones en contra de los profesionales de la salud que se niegan a la prestación de los servicios. A esta ley, la precede el Código Penal, que a la transmisión de infecciones de transmisión sexual la tipifica como delito. En el país, sin embargo, el sistema penitenciario carece de una política definida que garantice el bienestar y las condiciones de salud de las personas internas en los Centros de Rehabilitación Social del país, que en su totalidad viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Las Leyes en el Perú no han cambiado con relación al VIH/SIDA, aunque existe una ley que penaliza la transmisión de alguna enfermedad considerada peligrosa o contagiosa, la misma que concede hasta 10 años de pena privativa de la libertad, si se le causa muerte a la 45

persona. Con relación a las leyes penitenciarias, no han tenido modificaciones por causa del VIH/SIDA, aunque el sistema penitenciario ha estado otorgando beneficios penitenciarios como el Indulto Humanitario. En el Perú, los-as privados-as de la libertad viven en condiciones de hacinamiento, con ausencia de servicios médicos, y un sistema educacional y preventivo inexistente. La sanción de un nuevo Código de Procedimiento Penal acorde al sistema internacional de DDHH que reformó el sistema penal, trajo algunas esperanzas para humanizar la justicia penal en el país. Sin embargo, el mismo tuvo que pasar por un proceso de reforma para adaptarlo a las crecientes demandas tanto de la comunidad como los gobiernos locales que alegaban que el mismo protegía en demasía a los delincuentes. Sin embargo, las reformas se han quedado en el papel y en la práctica el sistema de justicia continua perpetuando los vicios que arrastra de tiempos anteriores. El sistema penal venezolano continua favoreciendo la discriminación y muy especialmente opera en contra de los grupos en situación de vulnerabilidad, a los cuales muchas veces se le aplican penas y sanciones basados en prejuicios. La impunidad hace del sistema penal venezolano un facilitador de la violación de los derechos humanos. 7.5.

DIRECTRIZ 5. Promulgar o robustecer las Leyes que combatan la Discriminación

En Colombia existe el Decreto 1543 de 1997 que incluye la no discriminación con relación al VIH/SIDA, empero su aplicación ha sido restringido. No se conoce de ningún caso que haya sancionado una conducta discriminatoria, aunque se han presentado casos de discriminación. A pesar de la normativa existente, se evidencia que el conjunto de prácticas cotidianas y actitudes siguen produciendo mecanismos de rechazo hacia las personas viviendo con el VIH/SIDA, y de los grupos minoritarios GLBT. El segundo país en el mundo que incluyó la no discriminación por la orientación sexual fue el Ecuador. La Constitución Política del Estado reconoce también la no discriminación por estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier índole. Más sin embargo, en términos de protección jurídica en contra de la discriminación, las leyes secundarias no se han adecuado a los principios constitucionales, razón por la cual en Ecuador se encuentra un déficit lo suficientemente significativo con relación a la protección de las personas afectadas y viviendo con el VIH/SIDA, así como del conjunto de poblaciones vulnerables por la epidemia. La ley No. 27270 que penaliza la discriminación publicada el 26 de mayo del 2000 en el Diario Oficial El Peruano, incorpora el delito de discriminación al Código Penal, el mismo que dispone “el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad...” La mencionada ley precisa que “se entiende por discriminación, la anulación o alteración de oportunidades o de trato, en los requerimientos personales, a los requisitos para ingresar a centros de educación, formación técnica y profesional, que impliquen un trato diferenciado...”

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Poco se ha hecho en Venezuela, para no decir nada, por sancionar leyes específicas que castiguen los actos discriminatorios. La discriminación permanece en la Constitución y leyes con criterio de principio. Generalmente el resarcimiento para las victimas de la discriminación arbitraria tanto de parte del gobierno de los particulares no se evidencia. 7.6.

DIRECTRIZ 6. Adoptar medidas políticas que regulen los bienes, servicios e información relacionados al VIH.

Las dificultades propias del modelo de atención de salud de Colombia, y los modos con los cuales se ha venido operando en la última década, dificultan el acceso real y pleno a medicamentos y servicio integral de la salud. El Estado colombiano requiere una mayor inversión y control de las empresas prestadoras de salud, al igual que las instituciones hospitalarias y demás instituciones de salud. Varios de los lineamientos descritos para la presente directriz se encuentran contemplados tanto en la Ley sobre Control y Atención Integral del VIH/SIDA, así como en el Reglamento de Atención Integral al Paciente VIH/SIDA del Ecuador. Sin embargo, como el resto de compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano, se encuentran en papel, ni tampoco existe una campaña mediática de prevención del VIH/SIDA ni para la población en general, ni mucho menos para grupos específicos. El Ministerio de Salud está avanzando en la iniciativa regional sobre acceso acelerado a medicamentos. En el Perú, las políticas destinadas a regular bienes, servicios e información relacionadas con el VIH, están dadas en la Resolución Ministerial No. 235-96-SA/DM, Doctrina, Normas y Procedimientos para el Control de las ETS y el SIDA, que entre otras cosas establece los enfoques estratégicos del funcionamiento del Programa sobre el SIDA, y otros aspectos relacionados con la atención integral. El país cuenta también con la Ley 266626 que enmarca el respeto a los derechos de las PVVS. En Venezuela la atención integral con acceso a ARV ha sido un logro de las PVVS quienes progresivamente demandaron al Estado para que la misma fuese reconocida como parte del derecho a la salud. Actualmente, la Seguridad Social, Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud tienen programas de atención integral con ARV, que se brindan a la colectividad a través de diversos hospitales y clínicas públicas. En la actualidad, aunque estos derechos se encuentran consignados sufren interrupciones por diversas causas. 7.7.

Proporcionar asistencia Jurídica que enseñen sus derechos a las personas con VIH/SIDA

La Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales cumplen un rol importante, pero estas no cuentan con el personal capacitado para entender las implicaciones y humanas de la epidemia del VIH/SIDA, lo que limita su capacidad de acción en Colombia. Así mismo, muchas personas que viven con VIH/SIDA desconocen sus derechos, por causa de las condiciones de anonimato en las cuales viven y por la ausencia de atención integral en el sistema de salud. También, existen personas y organizaciones no gubernamentales que apoyan los procesos de amparo de derechos, pero cobran sus servicios, lo que limita el acceso a estos de las PVVS. 47

Por parte del Estado ecuatoriano no existe ningún programa y/o apoyo dirigido a servios jurídicos, ni ningún plan que incluya desarrollo de materiales informativos y otras herramientas de capacitación dirigido al sistema jurídico del país, tanto en el ámbito público como privado. La Defensoría del Pueblo aún no contempla o ha delineado acciones a seguir para la protección y defensa en casos relacionados con el VIH/SIDA. Igual que en el Ecuador, el Estado peruano no cuenta con ningún programa específico dirigido a brindar apoyo jurídico con relación al VIH/SIDA y a las PVVS, si bien a través del Ministerio de Justicia se maneja a los defensores de oficio, abogados que el Estado proporciona a personas de escasos recursos económicos, estos mayormente trabajan en procesos penales y en trámites civiles asesoran fundamentalmente en trámites referidos a cuestiones de familia, como procesos de alimentos, tenencias, etc. En condiciones similares que en el resto de la Comunidad Andina, la Defensoría del Pueblo de Venezuela desde su creación ha sido la institución del Estado que ha mostrado interés en resolver la compleja problemática que envuelven las violaciones a los DDHH de las PVVS y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los programas de promoción, acción y protección de los DDHH, así como los de asistencia jurídica continúan en manos de organizaciones no gubernamentales, las cuales han hecho de los tribunales de justicia una excelente herramienta para el reconocimiento de los derechos humanos. Así mismo la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, ha participado con sus fiscales asignados, en diversos amparos intentados por las organizaciones de la sociedad civil representando a particulares, sin embargo, las investigaciones solicitadas corren la misma suerte de las que van a la Defensoría del Pueblo. 7.8.

DIRECTRIZ 8. Entorno favorable para las mujeres, los niños u otros grupos vulnerables.

En Colombia la cooperación entre Estado, ONG y Comunidad apunta al desarrollo de la octava directriz, pero la falta de recursos necesarios para facilitarlas son el principal obstáculo para su cumplimiento. De este modo la mayoría de las acciones son incipientes, puntuales y sin sustentabilidad, En Ecuador, podría decirse que las preocupaciones por parte del Estado, y un sector importante de la sociedad civil organizada, con relación a la generación de ambientes favorables para mujeres, niños-as y jóvenes, está sustentada en una preocupación que incluyen muchos de los factores sociales y ambientales que les afectan, pero estos se encuentran desvinculados de la problemática que les plantea el VIH/SIDA como epidemia, lo que amplía en déficit estatal en esta materia. Con relación a grupos vulnerables como los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, los-as privados-as de la libertad y usuarios-as de drogas, no existe preocupación por parte del Estado, ni mucho menos de generar políticas públicas y servicios que permitan el abordaje público de sus problemáticas, ni mucho menos intervenciones focalizadas, ni acciones para disminuir en ellos el estigma, la discriminación y la exclusión, en estos grupos se incluyen también las trabajadoras sexuales. 48

En los últimos 4 años los-as niños-as han sido los más afectados, la situación que se está presentando en el Perú últimamente con relación a estos-as se da en la orfandad, la separación de los padres y los pleitos por la guarda, notándose un incremento en las demandas en el ámbito judicial, bajo justificaciones sobre la seropositividad de alguno de los cónyuges o de la pareja para obtener la custodia de los menores. La situación en Venezuela refiere a los limitados programas especiales para mujeres y niños y sobre todo en el ámbito asistencial. Sin embargo serias deficiencias se encuentran en los mismos, lo cual hace parte de la grave crisis asistencial en salud que vive el país. No existen tampoco programas especiales o servicios sociales para combatir desigualdades o prejuicios que afecten a mujeres, niños y grupos en situación de vulnerabilidad. 7.9

DIRECTRIZ 9. Cambio de actitudes discriminatorias y estigmatizantes contra el VIH/SIDA a actitudes de comprensión y aceptación.

Esta es la más rezagada dentro de la aplicación de las directrices en Colombia. La Campaña Mundial de Lucha Contra el SIDA 2002 “Estigma y Discriminación, vive y deja vivir”, no tuvo mayor relevancia ni en el sector público, privado o gubernamental. En el país, las personas que viven con el VIH/SIDDA organizadas, para paliar la discriminación existente han incorporado a los procesos de empoderamiento a los grupos de referencia: parejas, familia, amigos, lo que ha contribuido a la lucha en contra del estigma y la discriminación en el país. En el Ecuador, por parte del Estado no existe ningún programa y/o apoyo para capacitación y educación dirigidos a combatir las actitudes de estigmatización, discriminación y exclusión social asociados al VIH/SIDA. Tampoco sobre sensibilización y entendimiento de la epidemia, pese a la existencia de un marco jurídico que incluye dichas acciones y compromisos. Se supone que a través del Programa Escuelas Bolivarianas se está abordando en Venezuela los asuntos relacionados a promover una actitud respetuosa de la condición de salud con relación al VIH/SIDA. No obstante en dichas escuelas existen problemas no resueltos de acuerdo a los derechos humanos, pues de las mismas instituciones existen evidencias de expulsión de niños a causa de su estatus de VIH. 7.10

DIRECTRIZ 10. Elaboración de Normas en los sectores públicos y privados

El Decreto 1543 de 1997, la Ley 100 de 1993 y la Constitución de 1993 incorporan elementos importantes delineados en la directriz 10 apuntando a la construcción de una ética profesional en la atención a las personas viviendo con el VIH. Por lo anterior se apunta a un entrenamiento en consejería a las personas encargadas de la realización de las pruebas y se ubica el consentimiento informado y la protección de la identidad de las personas como premisas fundamentales. Del mismo modo se disponen de espacios para denunciar las faltas a la ética por parte de los profesionales de la salud, como son los Tribunales de Ética Médica.

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Con relación al VIH/SIDA en el Ecuador hay un vacío importante con relación a la implementación de programas que comprometan tanto a los sectores públicos como privados para que revisen e incorporen los aspectos éticos, reglamentos y/o políticas con una visión y perspectiva de derechos humanos. Esta ausencia se refleja, por ejemplo, en la falta de normativas que impidan la aplicación de las pruebas de anticuerpos contra el VIH y que impidan la violación a los derechos humanos por parte de los laboratorios privados e incluso la Cruz Roja que procesan pruebas por peticiones para: pre requisitos de empleo, ingreso a centros escolares y/o universitarios, etc. En el Perú no se cuenta con información suficiente para determinar si todas las instituciones cuentan con códigos disciplinarios sobre el VIH/SIDA, lo que constituye un vacío en los diversos sectores. Salvo los códigos de deontología y ética de los colegios médicos, psicólogos, Colegio de Abogados, no existe en ellos nada específico relacionado con el VIH/SIDA, por lo tanto no cuentan con normas que impidan y/o mitiguen los abusos y violaciones a los derechos que se puedan presentar por parte de estos profesionales. Caso similar sucede en Venezuela donde hay ausencia total en cuanto a generar códigos de disciplina del sector público, y lograr mejores comportamientos en funcionarios públicos hacia la problemática del VIH/SIDA. 7.11 DIRECTRIZ 11. Vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado En Colombia no existen instituciones de vigilancia de los derechos fundamentales con relación al VIH/SIDA, de las personas que viven con el VIH/SIDA o de sus grupos de referencia. Si bien la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales tienen a cargo la función de velar por la protección de los derechos humanos, su ejercicio en cuanto al tema del VIH/SIDA se da más por el acercamiento de los denunciantes que por un seguimiento sistemático a la atención de las PVVS. En este mismo sentido, si bien el Ecuador cuenta con suficiente legislación en materia de derechos humanos, y dispone de varios mecanismos para protegerlos, incluyendo al VIH/SIDA, dista mucho todavía para que estos se conviertan en una realidad práctica para la promoción y defensa de los derechos humanos específicamente en VIH/SIDA, así como de las poblaciones particularmente vulnerables como las minorías sexuales, entre otras. Es lejano pensar en el Perú en una institución formada específicamente para vigilar la protección de DDHH de PVVS, existen otros mecanismos de defensa, protección y vigilancia que actualmente están trabajando en el tema, tal es el caso de la Defensoría del Pueblo, que viene efectuando una labor encomiable en la búsqueda de garantizar el irrestricto cumplimiento y respeto a los derechos de las personas en general y particularmente de las PVVS. En Venezuela las instancias encargadas de vigilar y proteger los derechos humanos son la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, ambas han encaminado denuncias sobre violaciones a los derechos humanos relacionados con el VIH/SIDA, pero los trámites y procesos no han superado los intricados procesos burocráticos de las mismas. 50

7.12 DIRECTRIZ 12. Cooperación con Programas y Organismos de las Naciones Unidas Los representantes de ONUSIDA en Colombia han cooperado activamente con las acciones desarrolladas por el Estado Colombiano en los procesos de planeación, promoción y prevención del VIH/SIDA, el ONUSIDA es miembro del CONASIDA. No obstante, el tema de los derechos humanos y el VIH/SIDA no forma parte de la agenda del gobierno, al respecto no se han desarrollado políticas públicas en la materia. ONUSIDA por su parte ha apoyado los procesos de formación de las personas viviendo con el VIH/SIDA y ONG en la promoción y defensa de los derechos humanos. En el Ecuador, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado en conjunto e individualmente con el Ministerio de Salud Pública sobre algunas líneas de acción sobre el VIH/SIDA, sin embargo, en materia de los derechos humanos y el VIH/SIDA no existe iniciativa alguna de coordinación entre el Gobierno y dichos organismos. En el país las directrices no han sido difundidas a nivel nacional y pocas organizaciones con trabajo en VIH/SIDA las conocen, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. El sector comunitario es el que ponen mayor énfasis en el tema de los derechos humanos y el VIH/SIDA, que desde sus propios espacios lo ha colocado en la agenda nacional. La cooperación por parte de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas ha permitido el avance de iniciativas y de propuestas nacionales como la presentada al Fondo Mundial para el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Similar al resto de los países comunitarios las directrices no se han difundido. Aunque existe legislación pertinente en el tema de los derechos humanos, existen vacíos substanciales y por tanto se siguen vulnerando los derechos de las personas, por la discriminación debida a la condición de VIH/SIDA en el país. El Gobierno Venezolano durante el período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidad sobre el VIH/SIDA, ratificó su compromiso con los DDHH de las PVVS y las poblaciones vulneradas, el mismo afirma que el tema del VIH/SIDA en el país se aborda desde la perspectiva de los DDHH, en esta afirmación se asegura el acceso a tratamiento a las PVVS sobre la base de los principios de gratuidad, universalidad, integridad, equidad, integración social y solidaridad.

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PARTE VIII CONCLUSIONES

La mirada sobre la situación de los derechos humanos del VIH/SIDA en el marco de las directrices internacionales sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA y de los compromisos adquiridos por los gobiernos en el UNGASS, arroja de primera vez un saldo negativo por cuanto, empero existir en los cinco países comunitarios andinos una gama de legislaciones, normativas y regulaciones en la materia, y que en primera instancia, podría verse como lo suficientemente avanzada en la materia con relación a otras regiones, como por ejemplo Centro América, existe un enorme vacío que superar para equiparar la intención con la aplicación y observancias prácticas de la normativa en general. La visión de los distintos gobiernos con relación a los derechos humanos en general puede afirmarse que está sujeta a los marcos constitucionales vigentes cuyas declaraciones parten del reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, en los cinco países, con legislaciones secundarias que implican no solamente el reconocimiento de losas ciudadanos-as en aspectos relacionados con la salud, sino que también con otros como la no discriminación por la orientación sexual, la interculturalidad, la diversidad étnica, entre otras más. En el mismo sentido, existe una riqueza coincidente en cuanto a las políticas de protección de mujeres y niños-as, así como también sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, inclusive aspectos relacionados con la migración y libre tránsito entre los países, con relación a esto ultimo, aun varios de ellos cuentan con regulaciones que involucran las pruebas obligatorias para VIH para inmigrantes en casos de permanencia legal y residencia. Esta visión, –de derechos humanos-, sigue sin constituirse en políticas prácticas de Estado, ya que los gobiernos responden a sus propios intereses partidistas, que en la mayoría de los casos no coincide con la promoción de una cultura de respeto y fomento de los derechos humanos, aspectos que como factores críticos se suman a la situación de pobreza en la región por causa de la corrupción en primer lugar, administraciones deficientes, y la ingobernabilidad, todos ellos afectan ineludiblemente la situación de los derechos humanos de los grupos particularmente con alta vulnerabilidad social. No se puede asegurar que en los cinco países con relación a las directrices sobre los derechos humanos o en el cumplimiento de los acuerdos de UNGASS, los países hayan hecho modificaciones o esfuerzos para cumplir con dichos compromisos internacionales, en este caso, cada uno de ellos tienen aspectos políticos coincidentes en materia de derechos humanos y VIH/SIDA que potencialmente podrían responder a dichos compromisos, pero en ninguno de los casos se evidencian los esfuerzos institucionales, más allá de los comunitarios, para responder en esta materia, aspecto que permite asegurar que al respecto aún queda todo por hacer para empatar eficazmente lo comprometido con los fundamentos políticos ya existentes “en papel” en la Comunidad Andina de Naciones. En ninguno de los

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cinco países existen comités especiales o grupos de trabajo específicos para impulsar, promover y/o el monitoreo a los compromisos de índole internacional adquiridos por los gobiernos en el caso particular sobre los derechos humanos y el VIH/SIDA. En este sentido, es importante reconocer que en la región en cuanto a políticas públicas saludables, tenemos avances substanciales, pero que desafortunadamente los aparatos estatales, básicamente lentos, convierten a las políticas en herramientas disfuncionales para su operatividad, sumada a la inestabilidad de los funcionarios del sector público de salud, que en muchos casos, su eficiencia se ve truncada por causa, además de los cambios de gobierno, por razones de la implementación de nuevas políticas relacionadas con la agenda en materia o temas de salud que consideran prioritarios para la nueva gestión. Esto por lo general, salvo la excepción venezolana, en el resto de países andinos, ha salido mal librada la problemática del VIH/SIDA, cuyas políticas existentes cada vez pierden coherencia y progresivamente van dejando de ser sistemáticas. Existe la tendencia en la región hacia la reestructuración de los servicios, planes y programas nacionales fundamentados en las políticas de modernización y disminución del gasto público por razones de las políticas fiscales que basadas en bajar la inversión social, debilitan a los Programas Nacionales sobre el SIDA/ITS restándoles capacidad para articular a nivel nacional para el desarrollo de acciones de cooperación y complementación entre el Estado, ONG y personas viviendo con el VIH/SIDA, así como también disponen de presupuestos limitados para la implementación de sus respectivos planes estratégicos nacionales sobre el VIH/SIDA. Es coincidente también, que en la Región Andina, el acceso a la salud y la atención integral se constituyen en el principal factor de vulneración de derechos de las personas en general y particularmente de las personas viviendo con el VIH/SIDA, en unos países, se evidencia un retraso substancial en la implantación de planes y programas, clínicas de atención, acceso universal a medicamentos y a servicios de atención, así como también sobre planes y programas de promoción, prevención y defensa de los derechos humanos fundamentales, como de protección contra el estigma y la discriminación por causa del VIH/SIDA. En otros países como Colombia y Venezuela, el acceso a servicios de atención, de diagnóstico y medicamentos de última generación para el tratamiento del VIH/SIDA se enfrentan a, en el caso de Colombia a un sistema de seguridad social obligatoria y otros planes, que dejan por fuera de control del Estado al conjunto de las entidades prestadoras de salud privadas y algunas públicas con relación a la obligatoriedad de proveer los servicios de sus asegurados que viven con el VIH/SIDA sin restricciones, recurriendo a acciones de tutela, así como en Venezuela que se dan interrupciones sistemáticas de tratamiento antrirretroviral por cuestiones de su desarticulada burocracia. Con relación al acceso a servicios y tratamiento, la situación de Bolivia, Ecuador y Perú se constituye en la principal debilidad de los gobiernos, pues existen enormes barreras, no cuentan con planes y programas de cobertura que permitan a las PVVS acceder a tratamiento del VIH/SIDA con antirretrovirales, en la mayoría de los casos no alcanzan ni para el tratamiento de las infecciones oportunistas. En la actualidad con algunas de las propuestas país presentadas para financiamiento al Fondo Global, los gobiernos, alimentan 53

las expectativas en función del Fondo, más sin embargo, como en el caso del Ecuador, no mencionan y/o aseguran cuanto será su contraparte a invertir en la propuesta país, para asegurar a mediano plazo la sostenibilidad sobre el acceso a ARV una vez finalizados los proyectos. Las políticas nacionales sobre el VIH/SIDA siguen siendo competencia exclusiva de los Ministerios de Salud Pública, aunque existen iniciativas de coordinación como los CONASIDA en Colombia y Ecuador, CONAMUSA en el Perú y CONTRASIDA, como entidades formalizadas, no cumplen con el rol para lo que fueron creadas, aunque se constituyeron en su momento en espacios de participación de varios sectores nacionales que forman parte de la respuesta frente al VIH/SIDA, incluyendo la participación de las Agencias de Naciones Unidas –ONUSIDA, y otros sectores de gobierno, desafortunadamente, ya sea por eventos políticos, por la reestructuración y baja en la inversión en los programas, estas instancias de coordinación se han quedado sin piso y por lo tanto sin capacidad de convocatoria. Otros de los factores que demuestran la afectación de la coordinación intersectorial se sustenta en que pese a que en todos los países se habla por parte de los gobiernos de “participación social”, se observa que predomina una ausencia de mecanismos de participación social en la identificación, formulación, desarrollo y control de programas y planes de salud colectiva, incluyendo también sobre aspectos relacionados al tratamiento del VIH/SIDA. En el mismo tenor, las ministerios gubernamentales e instancias del Estado no participan de la respuesta frente al VIH/SIDA, y lo hacen es de manera nominativa por lo que constituye un obstáculo para que los gobiernos tengan una dimensión real de la problemática del VIH/SIDA en todas sus aristas que la componen. Los Programas Nacionales en VIH/SIDA de los respectivos gobiernos han contado con el apoyo de las distintas Agencias del Sistema de Naciones Unidas, ya sea de manera independiente con programas de cooperación técnica y financiera como la OPS/OMS, PNUD, etc., sobre todo para mejorar la vigilancia epidemiológica en la región, o a través de ONUSIDA, así mismo algunos gobiernos han recibido apoyo de la cooperación bilateral que con relación a los recursos asignados por parte de los gobiernos, los aportes resultan lo suficientemente significativos ya que incluyen asistencia técnica y en menor medida financiera, la misma que ha significado el impulso al posicionamiento de temas como: derechos humanos, incentivar la coordinación intersectorial, la formulación de los planes estratégicos nacionales sobre el VIH/SIDA, en apoyo en la formulación del las propuestas de país para el Fondo Mundial sobre el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, la articulación comunitaria en la respuesta nacional y de las personas que viven con el VIH/SIDA. Por su parte el sector comunitario organizado, se ha articulado en redes, coaliciones y coordinaciones, incluyendo las personas que viven con el VIH/SIDA, en primera instancia para el fortalecimiento de la respuesta comunitaria ante el VIH/SIDA a través del intercambio de información y experiencias aprendidas, así como para el desarrollo de acciones de incidencia en las políticas públicas, promoción y defensa de los derechos

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humanos, difusión de la información y campañas de sensibilización con relación a la situación de las personas que viven con el VIH/SIDA. La poca movilización por los derechos humanos en los cinco países andinos es consecuencia de la falta de compromiso por parte de los gobiernos para hacer cumplir la normatividad existente sobre el VIH/SIDA, donde se reconocen los derechos de las personas, pero que en la práctica estos preceptos no son respetados, por las autoridades como tampoco por la población que en su mayoría desconoce la existencia de la normatividad, salvo en Colombia, que en algunas ocasiones el Consejo Nacional de Televisión transmite spots publicitarios sobre los derechos generales de los ciudadanos pero muy pocos sobre VIH/SIDA. Las Defensorías del Pueblo, vienen jugando un rol importante en la mediación sobre violación a los derechos de las personas viviendo con el VIH/SIDA y se dispone de un número significativo de casos presentado ante los tribunales de justicia que dan testimonio en los ámbitos de lo laboral, social, educación, justicia y salud principalmente, de dichas violaciones. Todas las Defensorías del Pueblo han hecho declaraciones y recomendaciones importantes en la materia. A nivel individual, un más de 300 personas viviendo con el VIH/SIDA presentaron denuncias contra sus gobiernos por acceso a medicamentos antirretrovirales –ARV- ante la Comisión Interamericana de DDHH de la Organización de Estados Americanos, la misma que dictaminó en primera instancia medidas cautelares contra los países demandados sobre la obligatoriedad de provisión de ARV de los demandantes, los gobiernos han hecho caso omiso de dichas medidas, o sino, han dado una ligera respuesta a lo demandado por el CIDH. Si bien el rol que juegan las Defensorías del Pueblo en la región es relevante, las causas seguidas e incluso aquellas acciones ante los Tribunales de Justicia o Ministerio Público, la mayoría de los casos se quedan sin las resoluciones de investigación respectiva a causa de los intrincados procedimientos burocráticos en que se sumergen tanto del sistema judicial como en las mismas Defensoría del Pueblo, como es el caso de Venezuela. Los niveles de pobreza cada vez mayores, y con un significativo número de personas que pasan de ser pobres a la indigencia, así como también el creciente índice de desempleo en todos los países de la región, así como el aumento del fenómeno de la migración, producto coincidente de la endémica crisis política y altos niveles de corrupción ya mencionados, que afectan a la población en general, asociado también a los índices de vulnerabilidad social que viven sectores de la población como los hombres gay, hombres que tiene sexo con hombres, hombres y mujeres dedicados al comercio sexual, usuarios de drogas ilícitas o no, privados-as de libertad, entre otros, con relación al derecho a la vida, la falta de protección de estas poblaciones, persisten los tratos crueles y degradantes, así como el estigma y la discriminación por causa del VIH/SIDA. Es por eso que las condiciones anteriores describen la situación del VIH/SIDA en los países de la Comunidad Andina de Naciones, aspectos que “definitivamente afectan la calidad de vida de la gente, sobre todo por lo que se refiere a la salud, educación, seguridad social, 55

vivienda, derechos estos que están íntimamente ligados a la posibilidad de superar las crisis personales y colectiva que está generando la epidemia del VIH/SIDA” en la región.

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PARTE IX RECOMENDACIONES _________________________________________________________________________ Las recomendaciones emanadas de los cinco informes apuntan a: La necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y muy especialmente los relacionados con los de auditoria social a las acciones de las entidades públicas y privadas de prestación en servicios de salud. Es importante la creación de un observatorio de derechos humanos y VIH/SIDA que permita medir de manera permanente y sistemática los casos que se presentan con el fin de apuntar a la construcción de una política pública en la materia, la cual en la actualidad es altamente deficiente. El Estado debe fortalecer una serie de mecanismos prácticos enfocados cumplimiento y aplicación de la visión de los derechos humanos descritos en Constitución, planes y programas, además de reiterar, no solamente en obligatoriedad de la observancia de los mismos, sino también de sanciones por incumplimiento tanto en los ámbitos de gobierno como privado.

al su la su

En el orden normativo, difundir todas las Resoluciones, leyes, acuerdos y compromisos internacionales a todos los servicios públicos y privados para su conocimiento, a través de actividades de capacitación, formación y en los currículos de formación de los funcionarios públicos tanto del sector salud, migración, sistema jurídico, Trabajo, Educación, Universidades, federaciones, sindicatos y otras instituciones, de tal manera que esto se refleje en programas institucionales en VIH/SIDA, y de protección de los derechos humanos de las PVVS y de los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad social, principalmente minorías sexuales, trabajadores-as sexuales y usuarios-as de drogas. En función del cumplimiento de sus obligaciones internacionales, es necesario la creación de instancias de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las mismas, incluyendo una amplia participación ciudadana, además de la activación del respectivo mecanismo de coordinación intersectorial sobre el VIH/SIDA. En este mismo sentido es clave la creación de veedurías ciudadanas en los países donde existirá financiación del Fondo Global (FG), que los gobiernos no reemplacen su inversión por los montos del presupuesto asignado para la propuesta país del FG. Convocar la participación ciudadana en general, instituciones públicas y privadas, ONG, PVVS, para que en forma conjunta se pueda fortalecer la respuesta frente al VIH/SIDA, incluyendo en la respuesta nacional, otras instancias como el ONUSIDA y las agencias de cooperación técnico-financiera.

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Reconocer que en cumplimiento de sus obligaciones con relación a los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales ostentan un saldo negativo, ya que persiste la discriminación, las dificultades para el acceso a la justicia, la impunidad, la corrupción gubernamental, la impunidad como elementos que impiden la promoción y justiciabilidad de los derechos fundamentales. Es necesario la despolitización y desburocratización de las instituciones del Estado llamadas a la protección y promoción de los derechos humanos, tales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, pues impiden que la ciudadanía encuentre respuestas adecuadas a las violaciones de sus derechos humanos. Asegurar el acceso a servicios de atención a las personas que viven con el VIH/SIDA, incluyendo los de diagnóstico y tratamiento con ARV en los países con mayor deficiencia como Bolivia, Perú, Ecuador, y observar la calidad de la atención, aseguramiento y sostenibilidad de los mismos en Venezuela y Colombia, tanto por parte de las instituciones de la seguridad social como las entidades prestadoras de servicios en salud privadas. Aumentar la inversión en recursos técnico-financieros para ampliar la respuesta nacional frente al VIH/SIDA y la ejecución de los respectivos planes estratégicos y el fortalecimiento político-financiero de los correspondientes Programas Nacionales sobre el SIDA/ITS. Compromisos como UNGASS deben redituar en la exigencia a los países con relación a sus cuentas nacionales sobre el VIH/SIDA, de tal manera que esto permita asegurar a las políticas existentes su eficaz aplicación y cumplimiento. Fortalecer los mecanismos que en el ámbito país ha desarrollado el sistema de Naciones Unidas, tales como: Equipo País, Grupo Temático y Grupo Técnico, asegurando la participación de la sociedad y en especial de las PVVS.

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Freddy Pérez Consultor Jurídico del Instituto de Higiene “Rafael Rangel”en fecha 14 de mayo de 2003. Doctoras Morela Maristany Médico Jefe 2 de Salud Pública,Jefe del Departamento de Farmacología y Dra. Mirella Piñate de Acero del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”en fecha 14 de mayo de 2003. Dr, Jesús Medina de Lambda de Venezuela en fecha 17 de marzo de 2003. Asia Villegas de la Defensoría del Pueblo en fecha 8 de mayo de 2003. Daysi Matos coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA y Gladis Castillo de dicho programa en fecha 9 de mayo de 2003. María Elena Marín Médico Adjunto del Departamento de Medicina Servicio Infectología del Hospital Vargas en fecha 22 de abril de 2003.

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