Sobre la lucha contra las nuevas desigualdades Lluís Flaquer / Profesor titular de Sociología de la Universidad de Barcelona

A pesar de que el igualitarismo es uno de los signos de nuestro tiempo, la sociedad es pródiga en la creación y perpetuación de desigualdades. De todas formas, expresa también una sensibilidad especial por aquellas que tienen un origen social, que intenta identificar y combatir por todos los medios posibles. Asimismo, es frecuente que la supresión de un tipo de desigualdad conlleve la aparición de otras nuevas. Así, podemos tratar de entender la historia de las sociedades industriales avanzadas como una crónica de la lucha constante contra las desigualdades sociales. La desigualdad moderna se caracteriza por el hecho de que su carácter es adquirido y no adscrito. Dicho de otra forma, no es inmutable sino producto de determinados procesos sociales y, en este sentido, su alcance puede ser modificado y reducido. Del mismo modo, en nuestra sociedad quedan todavía vestigios de las tradicionales desigualdades de género y de etnia, hoy inextricablemente relacionadas con las nuevas realidades del mercado y del Estado. A menudo existe la creencia de que la dinámica de los mercados es la responsable de la aparición y consolidación de nuevas desigualdades, mientras que la acción de los estados del bienestar a través de la política social comportaría la reducción o la desaparición de su impacto. Con todo, esta visión sería muy simplista. En primer lugar, no podemos hablar de los mercados como si éstos operasen en un vacío social y político. Su indispensable regulación legal determina en gran medida su propio funcionamiento y en ella intervienen factores tan diversos como pueden ser la correlación de fuerzas, los valores implícitos de los contendientes y elementos de oportunidad política. Por otro lado, el Estado del bienestar no solamente trata de paliar las desigualdades sociales provocadas por el mercado; sus intervenciones también las originan y las mantienen. Por esta razón, dentro de la discusión sobre las nuevas desigualdades, conviene conceder un papel de primera magnitud a la estructuración de los estados del bienestar. El debate sobre los regímenes del bienestar ha puesto justamente de relieve la existencia de determinadas configuraciones jurídicas, económicas e institucionales que reflejan un conjunto de relaciones complejas entre el Estado, el mercado y la familia, considerados como las tres piedras angulares del edificio del bienestar (Esping-Andersen, 1990; 1999). Así, en cada país, la estructura del mercado de trabajo, las políticas sociales y el sistema de estratificación social se espejarían mutuamente, por lo que sus relaciones recíprocas tienden a obedecer a una cierta lógica interna. En este sentido, puede resultar útil estudiar como los diferentes sistemas de bienestar se han enfrentado a los cambios producidos a raíz de la transición a la sociedad postindustrial, que ha tenido lugar en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, las notas que siguen se refieren solamente al régimen de bienestar mediterráneo, que hallamos en los países del sur de Europa, en particular en España e Italia (Flaquer, 2000b).

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Lo que podríamos llamar las viejas desigualdades sociales estaban asociadas a los riesgos que intentaron cubrir los estados del bienestar clásicos, sobretodo aquellos derivados de la no participación en el mercado de trabajo. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la época dorada de los estados del bienestar europeos, se consideró que las prestaciones por enfermedad, invalidez, paro, vejez y supervivencia podían proporcionar una protección social adecuada a los miembros de las clases trabajadoras. Cabe decir, asimismo, que los sistemas de bienestar de posguerra se basaban en un conjunto de supuestos que después se han revelado problemáticos. Particularmente, se daba por asentada una estabilidad, tanto en el plano laboral como en el personal, para la gran mayoría de personas integradas en el mercado de trabajo, que sólo podía verse truncada por la muerte o algún otro tipo de fatalidad. Hoy, en cambio, el dinamismo de los mercados hace que la precariedad laboral afecte a capas muy importantes de la población activa y, por otro lado, la ruptura matrimonial ya no afecta a una minoría muy reducida de las unidades conyugales como antes. Además, la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado hace que la provisión del bienestar a través de las redes tradicionales de solidaridad sea mucho más limitada que cincuenta años atrás. Por último, la tendencia hacia la globalización económica y financiera pone límites a la soberanía de los estados e impone unas condiciones de austeridad presupuestaria, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra a la hora de tratar de reestructurar los estados del bienestar. Esta situación configura un nuevo panorama en el que la naturaleza de la desigualdad está experimentando cambios muy importantes. Uno de los signos de los nuevos tiempos es la individualización, que erosiona las viejas estructuras patriarcales y nos hace avanzar hacia un tipo de sociedad en el cual la familia ya no es, como antes, la unidad central en el proceso de reproducción social (Flaquer, 1999a). El familiarismo fue durante los años ochenta y noventa un amortiguador muy importante contra la pobreza. Sin embargo, en una época marcada por la individualización, el familiarismo deja de ser una virtud para convertirse en una nueva fuente de exclusión al no admitirse ya las dependencias económicas familiares que antes se aceptaban como válidas. Así pues, la individualización agrava formas de desigualdad social ya existentes o, al menos, las pone al descubierto ya que se vuelven ilegítimas. Nuestro conocimiento de las nuevas formas de desigualdad social ha recibido aportaciones decisivas a partir de las investigaciones sobre la pobreza y la exclusión social. Se trata de dos enfoques diferentes que pueden sernos útiles para obtener una comprensión más profunda de las dinámicas de la desigualdad social en los pases capitalistas avanzados. Mientras que el estudio de la pobreza constituye una línea de investigación acreditada desde hace tiempo en el Reino Unido, donde cuenta con una tradición considerable, el análisis de la exclusión social surgió en fechas más recientes en el continente europeo, especialmente en Francia. La noción de pobreza se centra en cuestiones de distribución, en la falta de recursos a disposición del individuo o del hogar; en cambio, el concepto de exclusión social gira alrededor de cuestiones relacionales, esto es, en una participación social inadecuada, en la falta de protección social, de integración social y de poder (Room, 1995). Si la pobreza se refiere sobretodo a la desigualdad de tipo económico, la exclusión social alude a deficiencias en el acceso a los derechos de ciudadanía, tanto políticos como sociales (Cousins 1999). De hecho, se trata de dos enfoques diferentes pero complementarios en la medida que pueden contribuir a abastecer distintas facetas de la desigualdad social. A pesar de que la idea de exclusión social parece más apropiada para el análisis de las formas de desigualdad en tiempos de individualización, esto no significa que las manifestaciones de la pobreza hayan desaparecido durante los últimos decenios, sino que han alterado su fisonomía.

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Los estudios sobre la pobreza adoptan dos principales metodologías. Por un lado, a partir de la encuesta de presupuestos familiares puede calcularse la proporción destinada al hogar en un 40%, 50% o 60%, ya sea de los ingresos o de los gastos medios equivalentes para cada país. Una estrategia alternativa para investigar la incidencia y la evolución de la pobreza es el análisis del número de beneficiarios de prestaciones con condición de recursos o de asistencia social (Cousins, 1999). Existen distintos tipos de factores que aparecen asociados a la pobreza. En primer lugar, los que podríamos llamar incidentes vitales como son defunciones de algún familiar, enfermedades crónicas o psíquicas, invalidez o disminuciones, drogodependencias, alcoholismo, etc... En segundo lugar, determinadas condiciones personales de desventaja social como son estar aislado socialmente, estar poco integrado en la comunidad local o disponer de bajas cualificaciones educativas. En tercer lugar, la ruptura de las solidaridades primarias y familiares, sobretodo si va acompañada de alguno de los factores precedentes, puede precipitar las situaciones de pobreza (Mingione, 1996). Los datos disponibles de Eurostat sobre la incidencia de la pobreza en la Unión Europea nos indican que ésta es más elevada en los países del sur de Europa. De todas formas, España no presenta valores extremos, sino que se sitúa un poquito por encima de la media. Portugal es el país con la tasa más alta de pobreza. Gran Bretaña también aparece con un porcentaje bastante elevado de personas pobres. Sin duda el sistema mediterráneo de familia constituye un atenuante a los efectos de la pobreza gracias a los intercambios generacionales y a las economías de escala de unos hogares de unas dimensiones mucho mayores que en el resto de Europa. Si no fuera así, probablemente los niveles de pobreza serían más altos. Sin embargo, la lucha contra la exclusión económica a través de la solidaridad familiar puede suponer un freno al desarrollo de nuevos derechos sociales. Hoy todo parece indicar que ha disminuido la pobreza asociada a la vejez (Guillemard, 1993; Mingione, 1996; Esping-Andersen, 2000), pero en cambio ha aumentado la infantil, la juvenil y la femenina. La abolición de la pobreza infantil es un requisito indispensable si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Se trata de una cuestión de bienestar y eficiencia. La pobreza en la infancia está asociada con el fracaso escolar y hace aumentar la probabilidad de tener que depender de las agencias de bienestar en el futuro. Los niños que han sido pobres de pequeños tienen unos hijos que también corren el riesgo de ser pobres. El hecho de ser pobre en la infancia supone una losa para la movilidad ascendente y hunde a quienes la padecen en la trampa permanente de la pobreza. Por otro lado, la pobreza infantil generalizada implica un handicap muy importante en una sociedad del conocimiento en la que los ciudadanos deberán poseer aptitudes cognitivas cada vez más importantes. Así pues, la lucha contra la pobreza infantil representa una inversión en las capacidades de los futuros ciudadanos. Teniendo en cuenta que, a raíz del incremento en los costes de oportunidad de las madres, las familias cada vez están menos dispuestas a absorber los costes totales de los hijos o están en peores condiciones para hacerlo, la pobreza infantil se convertirá en un reto de primera magnitud (Esping-Andersen, 2000). A nivel comparativo europeo, España presenta unas tasas de pobreza para las familias numerosas bastante superiores a la media, pero sin llegar a los extremos del Reino Unido. A lo largo de la década de los ochenta, no se produjeron cambios significativos respecto al alcance de la pobreza infantil, a pesar del empeoramiento de la posición relativa de los niños respecto de las personas mayores. No disponemos de datos referentes a la década de los noventa. Ahora bien, la evolución de la pobreza

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infantil presenta un cariz negativo en determinados tipos de hogares. Tal es el caso de aquellos encabezados por una persona en paro o jubilada, de las familias numerosas y especialmente de las familias monoparentales, en las que la tasa de pobreza casi se dobló a lo largo de la década de los ochenta. De todos modos, la evolución fue mucho menos desfavorable en los núcleos monoparentales con otras personas (CantóSánchez and Mercader-Prats, 1998). En cambio, el riesgo de pobreza juvenil en España es bastante bajo. Esto se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, el 80% de los jóvenes viven con sus padres. De hecho, en los últimos tiempos se ha incrementado la dependencia familiar de los jóvenes, sobretodo de los de 25 a 29 años. En segundo lugar, más del 60% de los jóvenes que conviven con sus padres tienen trabajo y, por tanto, aportan su contribución al conjunto de los ingresos familiares. Este grupo de jóvenes representa más bien un alivio que una carga, al reducir notablemente el riesgo de pobreza para los demás miembros del hogar, incluyendo a los niños. De todos modos, este análisis favorable presenta un lado oscuro. Los niveles de pobreza son substancialmente más altos en el caso de los jóvenes que ya se han ido de casa (Cantó-Sánchez and Mercader-Prats, 1999). Un análisis comparativo reciente de las transiciones a la vida adulta de los jóvenes franceses y españoles muestra que el retraso en la emancipación de estos últimos es el resultado de un difícil y tardío acceso al mercado de trabajo, pero sobretodo del retraso en el ejercicio efectivo de los derechos sociales. Con una práctica inexistencia de políticas de vivienda social, el Estado del bienestar español tiene totalmente abandonados a los jóvenes (Jurado Guerrero, 1999). En efecto, para los jóvenes españoles la independencia de los padres representa una alternativa con unos elevados costes de oportunidad. Este sistema de transición a la vida adulta supone unas presiones muy fuertes para que la mayoría de jóvenes vivan con sus padres, ya que de lo contrario reciben una dura penalización. Uno de los debates que más ha captado la atención de los estudiosos de la política social es el de la feminización de la pobreza. Teniendo en cuenta que la convivencia familiar atenúa los efectos de las posibles diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, las investigaciones empíricas se han centrado más bien en los hogares encabezados mayoritariamente por mujeres, como es el caso de los monoparentales o de las personas solas de más de 65 años. A pesar de lo anteriormente dicho acerca del crecimiento de la pobreza de las familias monoparentales, en España los niveles de pobreza de este tipo de hogares femeninos se sitúan por debajo de la media europea. Del mismo modo, tampoco parece confirmarse en Italia la hipótesis de la feminización de la pobreza (Mingione, 1996). Pueden proponerse dos explicaciones para la baja incidencia de la pobreza en las familias monoparentales en los países mediterráneos. En primer lugar, la ruptura matrimonial, que conduce a la formación de la mayoría de este tipo de hogares, es en estos países selectiva de tal forma que su propensión es muy superior en las capas medias y altas que en las bajas. En segundo lugar, las mujeres que encabezan familias monoparentales poseen en su gran mayoría ingresos procedentes del mercado de trabajo, ya que de lo contrario no habrían podido separarse, en ausencia de un sistema de asistencia social con una intensa cobertura. En contraste, en países como los anglosajones, con elevadas tasas de pobreza femenina, muchas madres solteras o separadas viven de la asistencia social, no trabajan y pertenecen a las capas económicamente más bajas (Flaquer, 2000a). Con todo, este panorama presenta un conjunto de matices inquietantes. La primera constatación es que en nuestro país la democratización del divorcio es

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todavía una asignatura pendiente. El avance en esta dirección podría comportar un crecimiento de las tasas de ruptura matrimonial y también unos niveles más altos de pobreza y exclusión femeninas, si no fuera acompañado por programas generosos de rentas mínimas y servicios sociales. Aunque es necesaria una mayor investigación sobre la cuestión, parece que la ruptura matrimonial perjudica más a las mujeres que a los hombres, ya sea por poner al descubierto diferencias de género que se mantienen ocultas en el transcurso de la convivencia matrimonial (los ingresos de los hombres son superiores a los de las mujeres, que suelen depender económicamente de los de sus cónyuges), ya sea porque a menudo los padres dejan de pagar la pensión alimenticia para la manutención de los hijos, que viven mayoritariamente con las madres y que suponen para éstas una carga bastante onerosa, no sólo en términos monetarios. Finalmente, hay que tener en cuenta que en los países del sur de Europa las tasas de segundas nupcias de los hombres son más elevadas que las de las mujeres, mientras que para el resto de países de la Unión Europea estas diferencies prácticamente no existen (Meil, 1999)1. Igualmente, son más elevadas las tasas de reaparejamiento consensual entre los hombres que entre las mujeres. Si tenemos en cuenta que la vida en común conlleva economías de escala, los separados o divorciados que pueden rehacer más pronto su vida se hallan en una situación económica relativamente mejor. La familia mediterránea, que ha podido definirse como una “cámara de compensación bancaria” (Castles and Ferrera, 1996) o bien como una “síntesis de migajas” (Trifiletti, 1999), esconde unas diferencias de género considerables. La tendencia a la familiarización de la pobreza, a su absorción a base de poner en común los recursos de todos los miembros del hogar o incluso de la familia extensa, crea a menudo unas dependencias forzadas, no siempre estrictamente económicas, que generalmente perjudican a las mujeres. Estas consideraciones sobre las discriminaciones de género nos llevan a plantear la necesidad de superar la estrecha concepción de la pobreza con tal de avanzar hacia la más amplia de exclusión social. Lo que nos interesa saber no es tanto si determinados valores o prejuicios vigentes en nuestra sociedad estimulan disparidades de género como si ciertos mecanismos institucionales impiden el pleno ejercicio de los derechos sociales por parte de algunas categorías de la población. A mi entender, las discriminaciones de género en nuestra sociedad derivan de dos fuentes principales, que a pesar de ser independientes actúan de forma coordinada y en el mismo sentido. Por otro lado, ciertos desequilibrios del mercado de trabajo español, fuertemente segmentado por sexo y edad, crean situaciones de exclusión que afectan mucho más negativamente a las mujeres y a los jóvenes que a los hombres adultos. Por otro lado, teniendo en cuenta que la integración al mercado de trabajo a través de una ocupación estable constituye un requisito indispensable para acceder al goce de muchos derechos sociales, la precariedad laboral se encuentra asociada a la privación de una participación social plena. Así, como hemos anunciado más arriba, el Estado del bienestar en nuestro país no tan sólo tiende a paliar algunas desigualdades sociales, sino que también las crea y las mantiene. El descubrimiento de la dimensión de género de los estados del bienestar y la investigación sobre esta cuestión, bastante reciente en nuestro caso (Carrasco et alia, 1997; Griñán Martínez, 1999; Consejo Económico y Social, 2000; Flaquer, 2000a), ha revelado la existencia de un conjunto de inequidades que conciernen especialmente a las mujeres y a los jóvenes. De hecho, pueden detectarse amplias continuidades entre la Seguridad Social franquista y la actual. En sus elementos básicos, el edificio actual de la Seguridad Social se asienta en gran medida sobre las bases anteriores a Ley de 1996. Por el hecho de que la cobertura de carácter contributivo se dispensa sobre la base del

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ejercicio, actual o anterior, de una actividad laboral, tanto por cuenta propia como ajena, aquellos que no realicen o hayan realizado una actividad laboral tan sólo pueden estar comprendidos dentro del ámbito protector del sistema de forma indirecta, por su vinculación familiar al titular del derecho individual, dando lugar a los llamados derechos derivados (Consejo Económico y Social, 2000). Si bien la posición jurídica de las mujeres ha cambiado profundamente en los dos últimos decenios, el modelo de familia basado en el proveedor masculino en un sentido fuerte no se ha modificado sustancialmente. Dado que dos tercios de la población femenina adulta es económicamente “inactiva”, muchas de las mujeres españolas tienen que depender ya sea de los salarios o bien de las prestaciones de la seguridad social de sus familiares masculinos (Cousins, 1999). Hay que tener en cuenta que la imposición de este modelo, extraño en la cultura española en el momento de la guerra civil, todavía mayoritariamente rural, es uno de los logros más consumados del franquismo. En gran parte, la reacción en contra de la política familiar posterior a la transición democrática deriva de esta imposición forzada. La paradoja es que se atacaron sus manifestaciones dejando intacta la raíz del problema. Hasta que no se acometa un proceso de reforma profunda de la Seguridad Social la transición política española seguirà inacabada. Sin embargo, el alto nivel de inactividad económica femenina no es una cuestión puramente cultural. Es consecuencia de un conjunto de mecanismos discriminatorios, que podrían cambiar radicalmente en caso que existiera voluntad política. Claro que los sindicatos, con unos intereses marcadamente androcéntricos, a causa de la baja tasa de afiliación femenina, tampoco han estado a la altura de las circunstancias a la hora de defender la posición de las mujeres. No tan sólo el paro se ha vuelto cada vez más feminizado, sino que las mujeres constituyen el grueso de las peores formas de desocupación, incluyendo a los que buscan su primer trabajo y a los que se hallan fuera del mercado por periodos más largos. En cambio, los cabeza de familia son, respecto de los demás miembros del hogar, aquellos que tienen menos probabilidades de estar en paro, incluyendo la desocupación de larga duración, y los que tienen más probabilidades de percibir prestaciones de paro contributivas (Flaquer, 2000b). Los datos sobre cotización a la Seguridad Social muestran que en 1999 tan sólo un 36,4% del total de afiliados eran mujeres. Aunque en los últimos años la evolución está siendo muy positiva, los desequilibrios del mercado de trabajo se están modificando muy lentamente en ausencia de una decidida voluntad política. Así, en general, dos tercios de los beneficiarios de las prestaciones contributivas son hombres y casi la mitad de los beneficiarios de las prestaciones asistenciales son mujeres (Cousins, 1999). El cálculo de las prestaciones o pensiones medias por sexo también revela grandes disparidades entre hombres y mujeres (Carrasco et alia, 1997). En el caso de las mujeres jóvenes, las discriminaciones de género se acumulan a las de edad. Su situación es más grave porque el paro les afecta mucho más que a los jóvenes. El mercado de trabajo español favorece la formación de familias con mujeres económicamente dependientes del marido, reforzando de este modo la institución del matrimonio y el modelo de familia de proveedor masculino (Jurado Guerrero, 1999). No dispongo de espacio para analizar otras formas de exclusión como son las condiciones diferenciales de salud o el acceso restringido a determinados bienes culturales. Así, a modo de ejemplo, el 92,3% de los españoles no ha asistido nunca a un concierto de música clásica2. Tampoco puedo detenerme en los procesos de

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exclusión de los inmigrantes, cosa que exigiría un artículo entero. En todo caso, una sociedad moderna no puede permitirse el lujo de que inmigrantes con elevados niveles educativos estén lavando platos, trabajando la tierra o cuidando enfermos. No se trata tan sólo de una cuestión de justicia social; es una cuestión de eficiencia. En conclusión, el familiarismo propio de nuestra sociedad impide que las fuertes disparidades existentes entre categorías de la población se traduzcan en elevadas tasas de pobreza femenina y juvenil. De todos modos, el precio a pagar por esta estabilidad aparente es la renuncia por parte de un gran número de mujeres y jóvenes al ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Estas categorías gozan de un grado muy bajo de desmercantilización, ya que su integración en el mercado de trabajo es escasa, y deben fiarse de sus dependencias familiares para poder llevar una vida digna. A la hora de rediseñar su sistema de protección social, la sociedad española tendría que congratularse de disponer de unas ataduras familiares muy fuertes, pero al mismo tiempo convendría que mantuviese vivo este espíritu en lugar de asfixiarlo (Cantó-Sánchez and Mercader-Prats, 1999). El hecho de que en España el porcentaje de gasto en protección social sea muy inferior a la media de la Unión Europea3 ofrece un margen para crecer en gasto social, a pesar de posibles presiones de la globalización. De todas formas, lo que importa no es el simple crecimiento del gasto social, sino su reestructuración. Si queremos combatir la exclusión social, conviene avanzar hacia una universalización de los derechos sociales ligados a la integración en el mercado de trabajo, tal como se hizo en su día con la educación y la sanidad. NOTAS 1

En 1993, la diferencia entre las dos tasas era de 10 puntos de porcentaje.

2

El País, de 28.12.2000, p. 38

3

Según datos de Eurostat (1998), la proporción de gasto en protección social en porcentaje

del PIB es del 21,6%, mientras que la media europea es del 27,7%.

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Working

Paper

99.07.

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