VALORACIÓN POLÍTICA DE LOS RECORTES EN DEPENDENCIA

El Gobierno de Rajoy argumenta que la Ley de Dependencia se ha demostrado ineficaz, ineficiente y además inviable. Concretamente, en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2012 se menciona el informe de evaluación realizado por el Gobierno del PP, y aprobado por el Consejo Territorial el pasado 10 de julio, para señalar que la situación actual pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema y que, además, ha supuesto consecuencias perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los sectores productivos de servicios relacionados con la dependencia. Precisamente, el Gobierno justifica la urgencia de la reforma indicando que la intensidad de los problemas detectados y el alcance estructural que precisan las medidas correctoras exigen su inmediata aplicación para una correcta evolución del Sistema. Por otro lado, el Gobierno precisa que la sostenibilidad del Sistema, la situación de la economía española y la exigencia de cumplimiento de los objetivos de déficit público requieren la adopción de medidas que supongan ahorros inmediatos en el gasto de las administraciones públicas. En este sentido, se incorporan medidas que generan un ahorro, por una parte, en el gasto de las CCAA, a través de la reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, y, por otra, en el gasto de la AGE, por la vía de la reducción de las cuantías del nivel mínimo de financiación del Sistema. A este respecto, es preciso señalar lo siguiente: 1. Los nuevos recortes afectarán, principalmente, a las personas mayores y, especialmente, a las mujeres mayores que, por otra parte, suelen tener una pensión más baja. El Sistema de Dependencia, desde su puesta en marcha en enero de 2007, ha logrado incorporar a más de 768.600 personas (julio 2012) que hoy reciben un servicio o prestación. La mayoría de las personas beneficiarias, un 74%, son mayores de 65 años y el 54% mayores de 80 años, de las cuales, tres cuartas partes son mujeres. Es verdad que la posición económica de los mayores ha mejorado en los últimos años. Con el Gobierno Socialista, la pensión media subió más del 50%. En 2003 era de 546 euros mensuales. Este año de 2012 es de 827 euros. Pero también es verdad que la tasa de riesgo de pobreza es superior en cuatro puntos a la media de los españoles. Hoy, el 21,7% de los mayores presentan ese riesgo y, con la crisis, 1

este porcentaje está creciendo. Cerca de un cuarto de ellos no alcanza los 9.000 euros anuales. Por otro lado, cada vez más personas mayores están adquiriendo un protagonismo inesperado por su decisiva aportación social: no solo por su frecuente papel de abuelos cuidadores, sino porque sus pensiones se convierten en fuente principal de ingresos de muchos hogares, en los que conviven con sus hijos y/o nietos desempleados. En el primer trimestre de 2012 había 422.600 hogares (un 21,7% más que en el mismo periodo del año anterior) en los que la persona de referencia era jubilada o pensionista y convivía al menos con una persona en paro. El recorte en Dependencia es un nuevo ataque a las personas mayores, que se suma a la decisión del Gobierno del PP de subir el IRPF (lo que supone, en la práctica, la reducción de la pensión), la imposición del copago a los pensionistas (por primera vez, tendrán que pagar por sus medicamentos, adelantando en muchas ocasiones el dinero que después la administración supuestamente les devolverá) y el medicamentazo. 2. La Ley de Dependencia genera empleo. En este tiempo, se han creado más de 185.000 nuevos empleos directos y 63.000 nuevos empleos indirectos, en un contexto de grave crisis económica caracterizado por la destrucción de empleo. No obstante, en el año 2011 se ha destruido empleo de manera global coincidiendo con la llegada del PP a los Gobiernos autonómicos responsables de la aplicación de la Ley. Esto se evidencia en Castilla la Mancha, Aragón o Baleares, que han pasado de crear empleo, en el primer semestre de 2011, a destruirlo en el segundo semestre. Sin embargo, esta destrucción de empleo no se ha producido en Andalucía. Al revés, en 2011, hay 450 personas más trabajando en el sector de la dependencia, un incremento que se produce después de haber creado casi 26.000 empleos en los 5 años de aplicación de la Ley. Por tanto, mientras en Andalucía ha crecido el empleo en un 85.47%, en Murcia hoy trabajan sólo el 82% de las personas que lo hacían en enero de 2007. Es importante, por tanto, señalar el impacto laboral de la Ley de Dependencia como generador de empleo estable.

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3. La exclusión de los dependientes moderados es injusto e ineficiente. La decisión de paralizar la Ley de Dependencia para los dependientes moderados se tomó en el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy, el 30 de diciembre de 2011. Posteriormente, utilizando los PGE para 2012, el Gobierno retrasó aún más su acceso al Sistema y, finalmente, en el RD-ley 20/2012, se establece que podrán recibir prestaciones y servicios a partir de julio de 2015. En la actualidad hay más de 400.000 dependientes moderados (julio 2012) que ya han sido valoradas y que tendrán que esperar 3 años más. Por tanto, ni se agiliza el proceso ni se reduce la lista de espera, sino todo lo contrario. El acceso al Sistema de los dependientes moderados, aparte de ser justo, hubiese sido profundamente sostenible económicamente al impulsar la puesta en marcha de servicios de promoción de la autonomía personal (terapia ocupacional, atención temprana, estimulación cognitiva, viviendas tuteladas) que generan empleo cualificado y no deslocalizables. Por otro lado, hubiese supuesto invertir en prevención evitando que la situación de dependencia se agrave o incluso llegando a revertir esta situación. 4. El Sistema de Dependencia es sostenible y necesita más financiación. El gasto público para la Dependencia se ha duplicado, pasando del 0,32% del PIB en 2003 al 0,64% en 2010. De manera global, el gasto total derivado de la atención a la Dependencia se situó, en 2010, en 6.767 millones de euros (un 39% aportado por la AGE, un 52% aportado por las CCAA y un 9% aportado por los usuarios (la Ley prevé el copago). Ha sido el Gobierno del PP el que ha puesto en riesgo la sostenibilidad del Sistema, eliminando el nivel acordado en los PGE para 2012 (283 millones de euros). Si sumamos las aportaciones que las CCAA debían realizar por su parte, el recorte total asciende a 566 millones de euros. Los nuevos recortes de 200 millones en el nivel mínimo agravan la situación, ya que el Gobierno vuelve a reducir el dinero que transfiere a las CCAA. Por otro lado, mientras el Gobierno reduce su aportación en la financiación del Sistema de Dependencia, incrementa la aportación de los usuarios. Concretamente, en el pasado Consejo Territorial de 10 de julio se debatió un borrador de Real Decreto sobre copago (pendiente de publicación en el BOE) que supondrá, por una parte, que se eleve el copago para los usuarios, ya que la 3

capacidad económica se calcula ahora de manera que se incluye el 5% del valor catastral de la vivienda del dependiente (siempre que en ella no viva nadie a su cargo). En este sentido, dependiendo de su capacidad económica, los usuarios podrán pagar hasta el 90% del servicio que reciben. Por otro lado, el borrador de RD sobre copago introduce un mecanismo de reconocimiento de deuda de manera que cuando el copago que tenga que hacer la persona dependiente sea superior a su pensión, se generará una deuda con la Administración que heredarán los familiares, con cargo a la vivienda habitual del dependiente. 5. La suspensión del Convenio especial de Seguridad Social para los cuidadores no profesionales es un ataque contra los derechos de muchas mujeres. La Ley de Dependencia también ha permitido que más de 178.000 personas (julio 2012), casi todas mujeres que siempre se habían ocupado de atender y cuidar a sus familiares dependientes, hoy coticen en la Seguridad Social y tengan derecho a una pensión y, ahora, a una tarjeta sanitaria. Con la suspensión del Convenio, a partir de 2013, la cuota a la Seguridad Social será a cargo exclusivamente del cuidador o cuidadora no profesional, de manera que el Gobierno de Rajoy hace recaer en estas mujeres, a las que ya les ha reducido en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, el coste de la cotización si quieren seguir manteniendo el derecho a una pensión y a la atención sanitaria. 6. Recortes adicionales en los servicios sociales básicos. A los recortes en Dependencia, se suma un recorte previo en los PGE para 2012 que afecta gravemente a los servicios sociales básicos, muchas veces gestionados por los ayuntamientos. Concretamente, en los PGE se reduce de 86 millones de euros a 46, los fondos destinados a prestaciones básicas de servicios sociales, a través del Plan Concertado, cuando el número de usuarios ha crecido un 37%. Según las cifras facilitadas por el propio Gobierno en la memoria de los PGE, esto significa que 400.000 personas dejarán de recibir ayuda a domicilio, significa el cierre de 582 centros de servicios sociales y significa la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo.

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En los PGE para 2012 también se produce un recorte brutal en la dotación de las políticas de atención a la discapacidad. El Plan de Acción para personas con Discapacidad se queda sin financiación: cero euros para este año 7. Evaluación exhaustiva de la Ley de Dependencia. Por último, el Gobierno del PP obvia el Informe de Evaluación de la Ley de Dependencia que sí hizo el Gobierno Socialista en noviembre de 2011 y que aún puede consultarse en la página web del Ministerio: http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/bi nario/ie_2011_informeevaluacion.pdf Un informe completo, riguroso, exhaustivo, en el que participaron las CCAA, el Consejo Consultivo y la FEMP. Un informe en el que se detalla la metodología seguida, en el que se incorpora un análisis de costes y financiación, el impacto económico de la Ley y hasta un análisis comparado europeo. Nada que ver con la nueva evaluación que ha hecho el Ministerio, cuyo único propósito es dar cobertura al proceso iniciado de desmantelamiento del Sistema de Dependencia y para avalar los recortes que impulsado. Por otra parte, desde su puesta en marcha en 2007, el Sistema de Dependencia ha sido objeto de un minucioso seguimiento por parte, tanto de las administraciones públicas, como de organizaciones de diversa índole, que se ha venido materializando en la elaboración de numerosos informes y evaluaciones. Entre ellos destacan los siguientes, enunciados por orden cronológico: El Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2008 encargó a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios un estudio sobre el papel desarrollado durante los años 2007 y 2008 por la Administración General del Estado (AGE). El estudio se presentó en 2009 y puede consultarse en la web: http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E13.pdf. El 16 de octubre de 2008, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Moción en la que se instaba al Gobierno a crear un Grupo de Expertos para realizar una evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley. La presentación de dicho Informe tuvo lugar en septiembre de 2009 y puede consultarse en la web: http://www.imserso.es/groups/imserso/documents/binario/informesaadgexperto s.pdf.

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8. La reforma de la Ley de Dependencia se ha hecho por la puerta de atrás. Todas las decisiones tomadas por el Gobierno del PP, y que han supuesto la modificación de la Ley, se han hecho por la puerta de atrás, sin escuchar ni dialogar con nadie. Las primeras decisiones de paralizar la Ley para los dependientes moderados y de eliminar el nivel acordado en los PGE se hicieron sin consultar a CCAA (reunieron por primera vez el Consejo Territorial de Dependencia el pasado 12 de abril), sin informar a los órganos consultivos de la Dependencia, ni al Comité Consultivo (sindicatos y organizaciones empresariales) ni a los Consejos Estatales (personas con discapacidad, personas mayores, ONG de acción social) y sin dialogar con partidos políticos. La reforma de la Dependencia del RD-ley 20/2012 también se ha hecho por la puerta de atrás, camuflando las medidas en un Decreto-ley mucho más amplio con otros recortes de calado, evitando en todo momento informar sobre su contenido, y oponiéndose a su tramitación como proyecto de ley. Además, se han introducido medidas de las que, de nuevo, no se había informado a las CCAA, como la decisión de reducir el nivel mínimo de la financiación, a pesar de que les afecta de manera directa. No es de recibo proponer un Pacto de Estado y, a la vez, haber modificado la Ley de Dependencia (aprobada con el consenso del PP) unilateralmente. El objetivo debería ser lograr el mismo nivel de consenso que se logró cuando se aprobó la Ley, aunque es evidente que el Sistema de Dependencia está siendo sistemáticamente atacado por el PP desde que llegó al Gobierno.

20 de julio de 2012

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