2015

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016

S SE EC CR RE ETTA AR RÍÍA AD DE EA AC CC CIIÓ ÓN NS SIIN ND DIIC CA ALL-C CO OO OR RD DIIN NA AC CIIÓ ÓN NÁ ÁR RE EA AE EX XTTE ER RN NA A G GA AB BIIN NE ETTE E TTÉ ÉC CN NIIC CO OC CO ON NFFE ED DE ER RA ALL 2211 D DE ES SE EP PTTIIE EM MB BR RE E

Presupuestos Generales del Estado 2016

Contenido 1.

Diagnóstico de la economía y el empleo........................................................................... 3

2.

El presupuesto de ingresos ............................................................................................... 5

3.

4.

2.1.

El presupuesto de ingresos ....................................................................................... 5

2.2.

El presupuesto de ingresos de la Seguridad Social ................................................... 6

2.3.

Otro (innecesario) retoque fiscal .............................................................................. 8

2.4.

El presupuesto de beneficios fiscales........................................................................ 9

Principales actuaciones de gasto público.......................................................................... 9 3.1.

Desempleo................................................................................................................. 9

3.2.

Políticas activas de empleo ..................................................................................... 10

3.3.

Sanidad .................................................................................................................... 11

3.4.

Educación ................................................................................................................ 13

3.5.

Seguridad Social ...................................................................................................... 14

3.6.

Dependencia ........................................................................................................... 15

3.7.

Política industrial ..................................................................................................... 16

3.8.

I+D+i ........................................................................................................................ 17

3.9.

Salud laboral ............................................................................................................ 17

3.10.

Igualdad ............................................................................................................... 20

3.11.

Empleo Público .................................................................................................... 21

3.12.

Migraciones ......................................................................................................... 21

3.13.

Vivienda ............................................................................................................... 23

3.14.

Justicia ................................................................................................................. 25

3.15.

Consumo.............................................................................................................. 26

3.16.

Medio Ambiente ................................................................................................. 26

3.17.

Juventud .............................................................................................................. 28

3.18.

Política Territorial ................................................................................................ 29

Valoración general de los PGE 2015................................................................................ 30

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Presupuestos Generales del Estado 2016

1.

Diagnóstico de la economía y el empleo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de julio el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 con un gasto de 123.394 millones de €, un 4,4 % menos que en 2015 (datos techo de gasto). Según sus cálculos, este límite es el resultado del objetivo de déficit establecido para el Estado (2,8% del PIB en 2016) y de los ingresos no financieros previstos, cuya previsión asciende a 134.773 millones de €. Un escenario macroeconómico cortoplacista El escenario macroeconómico que presentaba el Gobierno el pasado 10 de julio, en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2016, muestra una estrategia política con un marcado carácter electoral, y que se sustenta en una recuperación económica ficticia que, según diferentes previsiones, irá desinflándose en el futuro. Para este año 2015 queda fijado un aumento del PIB del 3,3%, cuatro décimas más de lo fijado en el último Programa de Estabilidad, y del 3% en 2016, una décima más. Comparte el optimismo de las nuevas previsiones el FMI, que en su actualización de las cifras publicadas este mes de julio prevé, muy cerca del Gobierno, un crecimiento del 3,1% en 2015. No obstante, según este organismo, para 2016 el crecimiento del PIB será del 2,5 %, inferior al 3% del Gobierno y por debajo también del 2,6% de la Comisión Europea, anunciado en mayo. Tampoco convencen las cifras de empleo del Gobierno, que pronostica que cerrará 2015 con 602.000 personas ocupadas más (alcanzando casi 18,2 millones), lo que supone un crecimiento anual del 3,4%, y una tasa de paro del 21,1% a finales de este año (y del 22% en media anual); en 2016 se situará en un 19,7%. Pero los datos difundidos por la propia Comisión Europea en términos de empleo distan de los del Gobierno: en 2015 la tasa de desempleo quedará aún en un 22,4% y en 2016 en un 20,5%. Un escenario en el que la creación de empleo no llega a consolidarse ni en 2016 ni en los siguientes ejercicios. Es difícil aceptar que se logren crecimientos mayores del empleo y caídas de la tasa de paro más pronunciadas con tasas de crecimiento del PIB previsiblemente más bajas. Por tanto, la “milagrosa” recuperación de la economía española no pasará de este año electoral, lo que nos lleva a confirmar que el Ejecutivo sustenta sus cuentas públicas en un escenario irreal, que trata de camuflar con fines electoralistas. Debe convencerse el Gobierno de que las mejores cifras este año están basadas en la mejora coyuntural de la situación económica (así lo confirman los sectores estacionales que crecen en actividad y empleo temporal) y que tienen su origen en los bajos precios del petróleo, la depreciación del euro, las políticas monetarias más expansivas y el crecimiento mundial sostenido. Es decir, la causa son factores externos a nuestra economía que, según cómo finalice el episodio de la crisis griega, podrían desviar las buenas perspectivas. Desde España ninguna inversión pública se ha hecho por consolidar una senda de crecimiento a largo plazo. Las reformas aplicadas hasta ahora no han corregido los principales desequilibrios de nuestra economía, ni han sentado las bases de un crecimiento económico equilibrado, sostenido y generador de empleo de calidad. De lo que si hay pruebas es de las peores condiciones de vida que sufre la población en España y del alejamiento de España en términos de renta por habitante, del conjunto de la Unión Europea. Se puede afirmar que tras años de crisis, la extensión del paro, el empeoramiento de la calidad del empleo y el ajuste en los salarios, se ha dejado sentir en la capacidad adquisitiva de las familias españolas. Desde 2009, los hogares han perdido casi un 13% de su renta, con 3

Presupuestos Generales del Estado 2016

consecuencias negativas sobre la demanda interna. Asimismo se ha producido un aumento de la población en riesgo de pobreza: el 29,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, casi 5 puntos por encima que en 2009. Y es que España se encuentra por debajo de la media de renta per cápita de todo el conjunto europeo (93 puntos sobre 100 de la UE28). Ha ido perdiendo posiciones a lo largo de la crisis y en 2014 se distanciaba 9 puntos del valor logrado en 2008 y 14 puntos de la renta de la Zona Euro. Sin embargo, la convergencia real con Europa no es prioritaria para este Gobierno, ni para los mismos dirigentes europeos. Sus objetivos siguen siendo la reducción del déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal, pero no lo es ni el empleo, ni el bienestar de los ciudadanos ni el desarrollo socioeconómico. (% PIB) Administración Central Seguridad Social CCAA CCLL Total AAPP GASTOS AAPP INGRESOS AAPP

OBJETIVO DE DÉFICIT 2014 2015 -3.50 -2.9 -1.06 -0.6 -1.66 -0.7 0.53 0.0 -5.69 -4.2 43.5 42.0 37.8 37.8

2016 -2.2 -0.3 -0.3 0.0 -2.8 40.6 37.8

2017 -1.1 -0.2 -0.1 0.0 -1.4 39.5 38.0

2018 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.3 38.4 38.1

Fuente: Gabinete Técnico Confederal CEC-UGT a partir de MINECO. Los objetivos globales de déficit para los ejercicios 2015 y 2016 se mantienen en -4,2% y -2,8%, respectivamente, y se fijan en el -1,4% y -0,3% para los años 2017 y 2018. Además, según las previsiones de Gobierno, el ratio de deuda/PIB en 2015 será del 98,9%, iniciando a partir de 2016 una reducción hasta situarse en el 93,2% del PIB en el año 2018.

2014 2015p 2016p 2017p 2018p

SALDOS FISCALES Y DEUDA PÚBLICA 2011-2018 (% PIB) SALDO INTERESES SALDO SALDO PIB DEUDA PÚBLICO PRIMARIO PRIMARIO NOMINAL PÚBLICA ESTRUCTURAL (% var) -5.7 3.3 -2.4 2.4 0.9 97.7 -4.2 3.1 -1.1 2.3 3.6 98.9 -2.8 2.8 0.1 2.3 3.8 98.5 -1.4 2.6 1.2 2.3 4.2 96.5 -0.3 2.5 2.2 2.3 4.6 93.2

Fuente: Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de MINECO (P: previsión).

Todo ello supondrá seguir con la senda del ajuste presupuestario vía gasto, pues al no esperarse un aumento por recaudación, es de presumir que el gasto público sobre el PIB siga en descenso, adelgazando aún más el ya debilitado sector público español. Desde UGT advertimos de la preocupación que nos genera el hecho de que el Ejecutivo trate de vender un escenario futuro increíble, muy lejos de la realidad que viven los ciudadanos y los trabajadores en nuestro país, y porque sobre este escenario se diseña toda la política económica de un Gobierno para un año en el que otro Gobierno será el Ejecutivo. Pero lejos de rectificar, se mantiene en su posición, ignorando la actual situación de España, amenazada por la nube de la crisis griega, las fuertes incertidumbres sobre la unidad europea y la aún débil demanda de consumo en España por la caída de las rentas. 4

Presupuestos Generales del Estado 2016

2. El presupuesto de ingresos 2.1.El presupuesto de ingresos Para 2016, el Presupuesto de Ingresos del Estado se puede calificar de voluntarista. El Presupuesto consolidado de ingresos asciende a 299.035,14 millones de euros, lo que supone un incremento de 0,2% respecto al Presupuesto inicial de 2015. El Presupuesto de ingresos no financieros alcanza 287.632,45 millones de euros, es decir, un 2,8% más que el Presupuesto inicial de 2015, de los que el 88,1% corresponden a impuestos y cotizaciones sociales. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (millones de euros)

Capítulos Impuestos Cotizaciones sociales SS. y cuotas derechos pasivos Resto de ingresos PRESUPUESTO NO FINANCIERO

Presupuesto inicial 2015

Peso (%) 111.600,00 39,9

Presupuesto inicial 2016

Peso (%) 111.957,00 38,9

Incremento (%) 0,3

132.826,92

47,5

141.399,90

49,2

6,5

35.315,22

12,6

34.275,55

11,9

-2,9

287.632,45 100,0

2,8

279.742,14 100,0

Fuente: Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

De nuevo vuelve a asentarse en un cuadro macroeconómico muy optimista, que en esta ocasión se combina además con el adelantamiento de la bajada de impuestos directos a 2015. Efectivamente, en cuanto al Presupuesto de ingresos del Estado, electoralismo de adelantar la bajada de impuestos da lugar a un desajuste adicional en los ingresos de 2015, lo que incrementa la dificultad de que se puedan cumplir los ingresos 2016, calculados en función de un 2015 que se va a desviar de lo presupuestado más de lo que venía ocurriendo. Si en el ejercicio 2015 se esperaba un impacto en la recaudación por la bajada del IRPF de 3.366 millones para 2015 y de 2.615 millones para 2016, este adelanto supondrá acumular el impacto de 5.981 millones a 2015. Si a ello sumamos que el avance de liquidación 2015 prevé una desviación negativa de los ingresos tributarios de 3.856 millones, disminuyen las probabilidades de que la recaudación por ingresos tributarios crezca en 2016 un 4,2% sobre el presupuesto inicial, es decir un 6,2% sobre el avance de liquidación. Si bien se justifica la desviación negativa en el adelanto de la bajada de impuestos, también se basa en considerar que el avance de liquidación total es inferior en 3.856 millones, mientras el del Estado solo es 4.709 millones. Es decir, descontando la parte del Estado, la participación de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales habría arrojado un avance de liquidación positivo sobre el Presupuesto inicial de 853 millones. Lo que equivale a considerar que la bajada de impuestos, calculada previendo que las Comunidades Autónomas aplicasen la misma bajada tarifaria que el Estado, solo tiene impacto en los ingresos del Estado y, sin embargo, no solo no disminuye los ingresos de las Administraciones Territoriales, sino que los incrementa.

5

Presupuestos Generales del Estado 2016

Con esta caída de la previsión de recaudación de ingresos tributarios del Estado, la previsión de incremento para 2016 resulta muy poco realista, máxime cuando está prevista una recaudación en 2015 de 182.256 millones, lo que supone un 4,2% respecto a la recaudación 2014, que queda de este modo un punto por debajo del avance de liquidación que se ofreció para la presentación de Presupuestos 2015. Y eso que aquellos presupuestos se realizaron en su momento y, por tanto, con mayor conocimiento de cómo estaba teniendo lugar la recaudación del ejercicio. Capítulos

Presupuesto inicial 2015

Avance de liquidación 2015

(1)

(2)

(millones de euros)

Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

Estado 67.444 44.156 2.236 113.836

Total 100.186 83.690 2.236 186.112

Estado 64.093 42.809 2.225 109.127

Total 97.697 82.334 2.225 182.256

19.876

19.876

30.421

30.421

133.712

205.988

139.548

212.677

Diferencia (1) (2) Estado -3.351 -1.347 -11 -4.709

Total -2.489 -1.356 -11 -3.856

10.545 10.545 5.836

6.689

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y 2016 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Como además todo esto se justifica en la mejora del entorno económico y el impulso de la masa salarial por el “crecimiento acelerado del empleo asalariado”, la ficción es todavía mayor. La previsión de ingresos no tributarios supone una reducción sobre la ejecución de 2014. El Presupuesto ya contemplaba una caída, pero la caída de tipos de interés y especialmente la privatización de AENA han dado lugar a un notable incremento sobre la previsión inicial. Con estas previsiones y el avance de liquidación, los ingresos no financieros del Estado se cifran en 214.055 millones de euros, un 0,6% más que el avance de liquidación de 2015; exclusivamente fundamentado en ingresos tributarios, que deberán crecer a un ritmo del 6,2% (el 6,8% los impuestos directos, el 5,6% los indirectos y el 2,5% las tasas y otros ingresos tributarios); ya que la previsión de ingresos no tributarios se reduce en un 32,5%. Y habrá que ver hasta qué punto se cumple el avance de liquidación, ya que la recaudación tributaria hasta el momento no crece al 5,4% sino a un ritmo del 3,6%.

2.2.El presupuesto de ingresos de la Seguridad Social Vale la pena hacer una valoración del Presupuesto de ingresos por operaciones no financieras de la Seguridad Social, que presenta un incremento de 5,4% respecto al presupuesto de 2015, situándose en 133.081,95 millones de euros. La previsión de ingresos por operaciones no financieras de los presupuestos de Seguridad Social para el año 2016 asciende a 133.081,95 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4 % con respecto a los del Presupuesto inicial del ejercicio 2015. La partida más importante para la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social la constituyen los ingresos derivados de las cotizaciones sociales, respecto de la cual, para el año 6

Presupuestos Generales del Estado 2016

2016, el Gobierno prevé ingresar un total de 117.242,58 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,7 % respecto de lo presupuestado inicialmente en 2015 y con lo que se pretende hacer frente al 83,2 % del gasto total en Seguridad Social, frente al 80,7% que representaban en el presupuesto de 2015. Capítulos (millones de euros) I.- Cotizaciones sociales III.- Tasas y otros ingresos IV.- Transferencias corrientes V.- Ingresos patrimoniales Operaciones corrientes VI.- Enajenación de inversiones reales VII.- Transferencias de capital Operaciones de capital TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII.- Activos financieros IX.- Pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

Presupuesto inicial 2015 109.833,30 1.090,91 13.185,50 2.150,92 126.260,63

Peso (%)

Presupuest Incremento o inicial Peso (%) (%) 2016 83,2 0,7 9,4 1,2 94,4

6,7 -9,3 0,1 -24,0 5,4

0,31 17,39 17,70

0,0 0,0 0,0

0,0 -6,2 -6,1

126.279,48 9.835,38 1,64

92,8 133.081,95 7,2 7.863,45 0,0 1,00

94,4 5,6 0,0

5,4 -20,0 -39,0

9.837,02 136.116,50

7,2 7.864,45 100,0 140.946,40

5,6 100,0

-20,1 3,5

0,31 18,54 18,85

80,7 117.242,58 0,8 989,16 9,7 13.199,00 1,6 1.635,51 92,8 133.064,25 0,0 0,0 0,0

Fuente: Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta previsión de cotizaciones está basada en unas previsiones de crecimiento económico del 4% del PIB nominal, aumento del empleo en un 3% y un incremento de bases máximas del 1%, así como un incremento de 1,4% de la remuneración media por asalariado. Estas previsiones de ingresos resultan excesivamente optimistas, especialmente si atendemos al débil comportamiento que durante el ejercicio 2015 está sufriendo la recaudación de la seguridad social y en especial la referente a los ingresos por cotizaciones sociales, al comportamiento de la evolución del empleo, de las bases máximas de cotización y los salarios que se prevé para el año 2016 y a los efectos negativos sobre la recaudación como consecuencia de las ayudas a la contratación (reducciones en la cotización), asumidas en exclusiva por el propio sistema. Así las cosas, el problema principal es que se plantea con el incremento de cotizaciones para 2016 es que está calculado en función del presupuesto de 2015. Sin embargo, las cotizaciones sociales en julio estaban creciendo a un ritmo de 1,3% sobre las de 2014, cuando el presupuesto de 2015 estaba calculado en un 6,8% sobre el de 2014, lo que convierte el presupuesto de ingresos por cotizaciones sociales de 2016 en imposible. Y es el único capítulo del presupuesto de ingresos de la Seguridad Social que presenta crecimiento significativo, ya que las transferencias crecen un 0,1% y el resto de los capítulos disminuye. Para el año 2016, las aportaciones del Estado para el pago de los complementos por mínimos ascienden a 7.409,94 millones de euros (153 millones de euros menos que en el ejercicio 2015), para pensiones no contributivas y prestaciones familiares no contributivas 3.988,06 millones de euros. 7

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Es importante destacar también, que el Gobierno estima disponer en el ejercicio 2016 en torno a 6.283.3 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (Activos Financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a otros fondos del Sistema). Cifra que, como ha ocurrido en el año 2014 y 2015, en ningún caso será un límite para que el Gobierno pueda superar dicha cifra, máxime, cuando hasta el año 2017 el límite dispuesto en la Ley 28/2003, reguladora del Fondo de Reserva, que determina que sólo puede disponerse de hasta un 3% de sus activos, puede ser superado.

2.3.Otro (innecesario) retoque fiscal La previsión de ingresos tributarios es de 193.520 millones de euros, un 4% más que en 2015. Tras la cesión a las administraciones territoriales de parte de estos ingresos, la cifra se queda en 134.773 millones, un 0,8% más. Asimismo, el Ejecutivo ha adelantado la rebaja de IRPF prevista para 2016 al 1 de julio de este año, que, según sus cálculos, inyectará unos 1.500 millones en la economía. Además de ser una medida claramente electoralista, esta caída de ingresos públicos se contradice con un Gobierno que acaba de meter mano en la hucha de las pensiones para pagar las nóminas de millones de pensionistas, que ha recortado en un 40% las políticas activas en un país con el 25% de su población activa en paro, o que ha congelado el salario mínimo interprofesional. En este sentido, la OCDE, en su último informe alerta sobre el desplome de la recaudación, de manera que cuando se relacionan ingresos públicos y población, ninguno de los 34 países industrializados de la OCDE encajó un descenso tan acusado como España entre 2007 y 2013, cuando ante una variación casi nula dela población, el volumen de recursos públicos per cápita cayó a un ritmo anual del 3%. Retroceso más intenso que en Grecia, país en el que el PIB cayó un 26%, frente al 6% en el caso de la economía española. UGT considera una irresponsabilidad sacar adelante otra reforma fiscal que supone una bajada impositiva a las rentas más altas y a las grandes empresas. No estamos en situación de poder renunciar a ingresos. De nuevo, se trata de una reforma fiscal ficticia, improvisada y electoralista, con “más pan para hoy, pero hambre para mañana”, al no estar integrada en una política fiscal coherente que a lo largo del tiempo vaya configurándose para poder financiar el Estado de Bienestar y el impulso a la actividad que España necesita para desarrollar un modelo productivo competitivo a largo plazo. Para UGT, el camino debería distinto. Es necesaria una reforma integral de la fiscalidad, que acometa con decisión y realismo la lucha contra el fraude, que logre una mayor suficiencia financiera a través de mayores ingresos (haciendo que paguen más los que más tienen) y eliminando la desigualdad en la carga tributaria que existe en la actualidad, como ya le propuso al Gobierno hace un año, propuesta que pasa por un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, que incrementa su recaudación en torno a 10.000 millones de €. Esto se podría conseguir entre otras cosas, estableciendo un tratamiento similar en la renta del trabajo y del capital, eliminando el trato beneficioso a las rentas irregulares, eliminado las actuales deducciones de manera progresiva y no retroactiva, o estableciendo al estimación directa y no objetiva de los ingresos reales de las rentas de actividades económicas, para que declaren por la renta real, entre otras medidas. También el Gobierno señala que el menor déficit será consecuencia de las menores cantidades a aportar en términos de intereses de la deuda. Supuestamente se prevé un ahorro procedente de los menores intereses de la deuda pública a pagar que, por supuesto, dependerá de dos factores: que se puedan cumplir las previsiones de deuda y de la estabilidad de los mercados financieros. 8

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2.4.El presupuesto de beneficios fiscales El Presupuesto de beneficios fiscales para 2016 asciende a 34.498,48 millones de euros, un 15,3% menos que el de 2015. Las estimaciones por tributos reflejan la reforma impositiva con claridad, de hecho la reducción de beneficios fiscales del IRPF es de un 45,4% y supone 6.907,28 millones de euros, superando por sí sola la reducción total de beneficios fiscales, que es de 6.220,64 millones de euros. En el Impuesto sobre la Renta las partidas que presentan una reducción superior son las referidas a alquiler o inversión de vivienda habitual, así como la reducción por arrendamiento de vivienda. Estas reducciones solo ven superadas por la de exención de las indemnizaciones por despido. Si bien la mayor partida que arroja una reducción es la de reducción por rendimientos de trabajo, que disminuye un 89,5%, hay que tener en cuenta que el impuesto en la actualidad contempla en lugar de una reducción la aplicación de un gasto deducible de 2.000 euros, que con carácter general es inferior a la anterior reducción, de 2.652 euros, pero que al modificarse de reducción a gasto deducible, deja de figurar íntegramente en el presupuesto de beneficios fiscales. En el apartado de “Otros incentivos” la reducción también es significativa especialmente de la desaparición de la deducción por rendimientos del trabajo o de actividades económicas, para bases imponibles inferiores a 12.000 euros, que en 2015 supuso 561,40 millones de euros. En el caso del Impuesto de Sociedades, que en conjunto presenta una bajada de incentivos fiscales del 2,8% (108,80 millones de euros), las reducciones quedan prácticamente compensadas por los dos beneficios fiscales de nueva creación: reducción por reserva de capitalización, con un presupuesto de 518,86 millones de euros, y reducción por reserva de nivelación, con un presupuesto de 477,60 millones de euros. Ambos impuestos reflejan un importante ascenso de la deducción por donativos, como consecuencia del nuevo tratamiento de los donativos tras la reforma de la imposición directa. Con respecto a los impuestos indirectos, aumentan los beneficios fiscales un 4,4%. El IVA presenta un aumento de 4,7%, por la bajada del tipo medio, explicada porque el incremento esperado del consumo se centrará en los bienes que tributan a tipos inferiores al general.

3. Principales actuaciones de gasto público 3.1.Desempleo Un año más los PGE se apoyan en la menor cuantía de gasto en prestaciones por desempleo. UGT advierte de que no es sólo la creación de empleo (precario) lo que reduce el gasto en prestaciones por desempleo, sino una tasa de cobertura cada vez menor. No es aceptable que el presupuesto total del Servicio Público de Empleo Estatal se reduzca un 16,76% (en volumen es un descenso de 5.000 millones de €) y menos cuando esta caída se debe a un descenso continuado de los beneficiarios de prestaciones y de las cuantías medias, que en última instancia, rebajan la tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 54,46% en mayo de 2015, mínimo histórico). Un presupuesto insuficiente para atender a 4,1 millones de parados registrados, teniendo en cuenta que por cada desempleado SEPE se destinan 6.110 €, 3.400 € menos que en 2010 (con el mismo número de parados).

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Presupuestos Generales del Estado 2016

La caída se debe al menor presupuesto en prestaciones por desempleo: con una reducción de 5.480 millones de €, un 21,92%. Y es de destacar que se produce este fuerte descenso, a pesar de la incorporación de 350 millones de € para el Programa de Activación para el Empleo. Una partida que incluso en el presupuesto ejecutado de 2015 permite ver que el programa se “ha quedado corto”, con 53.667 beneficiarios a 30 de junio y sólo un 6% del gasto ejecutado (sobre 850 millones). Muy lejos del esperado volumen de protección (entre 350.000 y 400.000 desempleados) y que consideramos que nos obliga a los firmantes del Acuerdo a revisar los contenidos y criterios. En este sentido, UGT manifiesta que hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, que deben ser atendidas con esta partida presupuestaria. Porque no es aceptable bajar el gasto en prestaciones con una tasa de paro por encima del 22%; con el 62% de los desempleados que lleva buscando empleo más de un año y el 44% más de 2 años.

3.2.Políticas activas de empleo A cambio del descenso de la partida en prestaciones por desempleo se incrementa el gasto en políticas activas: con un presupuesto que crece un 10%, hasta los 5.241,6 millones de €, insuficiente y muy lejos de lo presupuestado en esta partida antes del inicio de proceso de consolidación fiscal. Además, se trata de un presupuesto desigualmente repartido. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino las Agencias Privadas de Colocación y las empresas a través de las bonificaciones, es decir, no está orientado a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, sino a subvencionar al sector privado. Para UGT la partida dirigida a Agencias de Colocación es desproporcionada, puesto que pasa a absorber casi en su totalidad la partida de orientación, de 140 millones de € a 175. En este sentido, creemos que la decisión es desproporcionada y precipitada, teniendo en cuenta que no hay una evaluación del trabajo realizado por las Agencias, ya que su funcionamiento es incipiente. Habría que esperar y valorar, antes de dejar la orientación en manos privadas, si se están cumpliendo los objetivos en términos de inserción de personas desempleadas, y no de otros criterios. Tampoco parece acertado que la partida para incentivos a la contratación a través de bonificaciones en las cotizaciones crezca un 9%, con un peso en el conjunto de las políticas activas cada vez mayor (2.252 millones se destinan a subvencionar a las empresas). La apuesta del Gobierno por este tipo de medidas es clara. UGT recuerda que hay que evaluar estas medidas por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados, pues podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo con o sin la ayuda. Además, hay que considerar que en 2014 el 80% de los incentivos fueron destinados a contratación temporal (y sólo un 20% a indefinida). Desde nuestro punto de vista, no es aceptable subvencionar la precariedad. La partida de formación de desempleados incluye la dotación procedente del Plan de Garantía Juvenil (que pasa de 80 millones de euros en 2015 a 120 millones de euros en 2015). Ponemos en duda la utilidad real de esta partida, en la medida que en 2015 aún no se ha ejecutado nada del gasto y el escaso alcance del Plan, que a 31 de mayo contaba en su registro con sólo 60.094 inscripciones de menores de 25 años (un 17,4% de los desempleados SEPE y un 7,8% sobre EPA). Y seguimos sin información sobre las actuaciones y contrataciones llevadas a cabo. El Plan Prepara sufre una nueva reducción de 66 millones (-23,15%) que sigue siendo consecuencia del endurecimiento de las condiciones de acceso. UGT indica que sucede algo 10

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similar que con el caso de las prestaciones por desempleo: las situaciones de necesidad no se atienden plenamente y cada vez la cobertura de este plan es menor. La partida de modernización de los Servicios Públicos de Empleo se segmenta en dos. La principal, de 60 millones de euros, para la mejora del marco institucional del SNE; un concepto abstracto en el que suponemos que se dará cabida a más transferencias para Agencias de Colocación y otra de 40 millones para la renovación de determinadas instalaciones (renovación de oficinas). Con este cambio se aleja cada vez más la esperanza de poder modernizar y mejorar los servicios públicos de empleo. Para UGT es incomprensible que la partida de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal permanezca congelada, mientras debería ampliarse para atender de forma eficaz las actuaciones de protección por desempleo y políticas activas.

3.3.Sanidad El proyecto de PGE–2016 contempla para el conjunto de las prestaciones sanitarias y la política de Sanidad 4.001,6 millones €, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior y un decremento del 6% en la presente legislatura. El total del gasto sanitario en el proyecto de PGE-2016 representa el 1,1% del total de gastos del Estado. La variación interanual en los PGE de sanidad en valores absolutos es pequeña y se produce en un presupuesto muy pequeño, si se compara con el destinado a la sanidad por las CCAA (54.016.366 miles de euros), que son las que gestionan la mayoría de la prestación sanitaria. En relación con el gasto en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, en 2015, supuso un 7,1%. La política de Sanidad recoge los créditos de los programas sanitarios del MSSSI, así como de sus organismos autónomos de carácter sanitario (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Trasplantes) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. También incluye los créditos destinados a la asistencia sanitaria prestada por el Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) y a la Asistencia Hospitalaria del Ministerio de Defensa, así como los créditos correspondientes a la asistencia sanitaria dispensada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y por INGESA e ISM, organismos de la Seguridad Social. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), sus organismos autónomos de carácter sanitario (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Trasplantes) y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para 2016 es de 168 millones, un 1% menos que en 2015. El presupuesto de este departamento ha ido disminuyendo año tras año durante toda la legislatura, acumulando un recorte del 52%. El presupuesto del MSSSI supone tan sólo un 4,2% del presupuesto de gasto sanitario del Estado. Las actuaciones del MSSSI en el ámbito sanitario y de salud pública comprenden aspectos competenciales como la cartera de servicios, la ordenación profesional, la equidad, calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), la potenciación de la salud pública, la promoción de la seguridad alimentaria y de la nutrición, el desarrollo de una estrategia en materia de medicamentos y productos sanitarios y el impulso de acciones en la donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Este Departamento presupuestó para 2016, 1,75 millones de euros para poner en marcha el Programa de reasentamiento y reubicación de personas susceptibles de protección

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internacional a fin de atender la asistencia sanitaria de este colectivo, lo que dada la actual demanda de refugiados, harán necesaria la aprobación de un crédito extraordinario. Las comparaciones en la legislatura por programas no son posibles, ya que se ha variado lo que incluye cada uno de ellos, por este motivo nos encontramos que, aunque el presupuesto de algunos aumenta discretamente, en la mayoría de ellos disminuye. Especial interés tiene el programa de investigación sanitaria 465A que desde 2012 se ha ubicado en el Departamento de Economía y Competitividad, adscrito a Organismos Autónomos. Su presupuesto ha pasado de 286,7 millones, para 2014; a 273,8 millones, para 2015, y 272,1 millones, para 2016. Este programa disminuye progresivamente desde 2011. El gasto en asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) es muy estable en el tiempo y supone el 54,08% del gasto total, la partida más importante. El presupuesto sanitario del mutualismo administrativo asciende a 2.164 millones de euros, con un incremento interanual del 3,5% y un incremento durante la legislatura del 3,6%. La conclusión que se puede sacar de estos datos es que es un gasto muy consolidado que se mantiene estable durante el tiempo, lo que no deja de ser curioso si tenemos en cuenta que el número de empleados públicos está disminuyendo por las políticas de recortes y la externalización de servicios. El MSSSI mantiene la gestión de la asistencia sanitaria únicamente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA). El presupuesto del INGESA supone sólo el 5,4% del total del gasto en sanidad. Con respecto al año anterior, hay que destacar un incremento del 3,4%, en el que Atención Especializada experimenta un incremento del 0,8%, mientras que Atención Primaria del 10%. En conjunto, ambos superan la pérdida presupuestaria acumulada durante la legislatura. En primer lugar, llama la atención la improcedencia de los epígrafes. La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, modificó la denominación de estas entidades por la de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Por lo tanto, es necesaria una actualización de la denominación de los epígrafes 312F y 312G. El presupuesto destinado a las MATEPSS e ISM para 2016 es de 1.380,7 millones de euros, el 31,9% del presupuesto total en sanidad, es decir, la segunda partida más importante. Interanualmente se produce un incremento del 4,76%, debido a las expectativas del Gobierno sobre crecimiento del empleo. En la legislatura, sin embargo, el gasto sanitario destinado a las MATEPSS e ISM ha experimentado un recorte del 7,5%. El Programa 312F Atención Primaria de salud de MATEPSS e ISM se ha incrementado en 34 millones de euros, un 4,1%, al pasar de los 823,2 millones de 2015 a los 857,2 millones para 2016. Siete de estos millones de deben a gastos de personal y especialmente al incremento de los conciertos en un 12% (casi 18 millones euros) A destacar también el incremento en Inversiones Reales del 17,9% (casi 7 millones de euros). El Programa 312G. Atención Especializada de salud de MATEPSS e ISM se ha incrementado en casi 24 millones de euros, lo que supone un incremento porcentual del 6% respecto al ejercicio de 2015. A pesar de este incremento los gastos de personal (-1,1%) y las inversiones reales disminuyen (-16,3%). Al igual que en la Atención Primaria, el incremento más destacable se debe al aumento de los conciertos de asistencia sanitaria en 20,6 millones de euros (15,3%).

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El incremento de los conciertos de asistencia sanitaria, tanto en Atención Primaria como Atención Especializada, a pesar del posible crecimiento de la afiliación, no están justificados, ya que la propia Ministra de Empleo y Seguridad Social reconoció que existen una multitud de recursos ociosos en las mutuas, motivo este que provocó que en la última modificación de la Disposición Adicional Undécima de la LGSS, introducida por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, se permitiera a las mutuas utilizar recursos propios para el diagnóstico y tratamiento de las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes de sus asegurados, así como para establecer convenios, acuerdos o conciertos con otros organismos públicos y privados para esos mismos fines. Por tanto, no parece justificado que estas mutuas utilicen recursos ajenos para la asistencia primaria y especializada, cuando tienen recursos propios ociosos. Este programa es el único que se ha incrementado durante esta legislatura, concretamente ha sido un 11,8%. Esto se debe a que los recortes fueron menores que en los anteriores programas y a un continuado incremento desde el ejercicio del año 2014. En relación con otras partidas presupuestarias, tanto la asistencia hospitalaria en las fuerzas armadas, como la medicina marítima, se incrementan, pero por debajo de la media del resto de gasto sanitario. La asistencia hospitalaria en las FFAA se incrementa un 1,2% y la medicina marítima un 1%, ambos gastos tienen muy poco peso en la totalidad del presupuesto en sanidad (3,3% y 0,8% respectivamente). En la legislatura acumulan unos recortes del 25,7% en la asistencia hospitalaria de la FF.AA y 22 % en medicina marítima.

3.4.Educación El presupuesto para Educación en 2016 sube un 9,3% respecto a 2015 para llegar hasta los 2.483,96 millones de euros, de los que 363,03 millones serán destinados a financiar la implantación de la LOMCE el próximo curso. Concretamente, se dotan 363,03 millones destinados a financiar los nuevos ciclos de formación profesional básica y la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la educación secundaria obligatoria. Y se transfieren a las comunidades autónomas 24 millones de euros con el objetivo de ayudar a las familias a sufragar los gastos de adaptación del material didáctico a los nuevos currículos establecidos por la LOMCE. Sin embargo muchas CCAA no tienen capacidad para dar becas a todas las familias que lo necesitan. Por partidas de gastos cabe destacar que el presupuesto para becas continúa estancado respecto a 2015, siendo totalmente insuficiente para un alumnado y familias golpeadas por la crisis. El efecto nocivo de acentúa por la reducción notable de la cuantía individual de la beca, que se ha desplomado desde 3.170€ en el curso 2011-12 a 2.497€ en el curso 2013-14, y que seguirá bajando al aumentar el número de solicitantes. Por su parte, el presupuesto destinado a Educación Infantil y Primaria también sigue estancado respecto a 2015, con una práctica desaparición de la partida destinada al Primer Ciclo de Educación Infantil. En Enseñanza Secundaria y Formación Profesional se ha producido un aumento aparente de 237 a 454 millones de euros (M€), debido a la inclusión de una partida de préstamo (capítulo VIII), que habrá de ser devuelto por las CCAA, a efecto de que no compute como déficit. El aumento real es de 141 a 183 M€, totalmente insuficiente y por debajo del gasto en 2011 (247 M€). Por último, el presupuesto destinado a Enseñanzas Universitarias se mantiene fijo respecto a 2015, lo que resentirse aún más la función docente e investigadora de la Universidad Pública en España.

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3.5.Seguridad Social El presupuesto de la Seguridad Social para el 2016 está condicionado por la cifra de déficit del 0,3% del PIB, establecida en el Programa de estabilidad. Esta circunstancia condiciona por ejemplo: que las bases de cotización mínimas y máximas sólo se incrementen en un 1%; que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos las bases medias de cotización no se vean incrementadas en mayor porcentaje que las de los trabajadores del Régimen General; que los tipos de cotización vigentes en el 2015 se mantengan para el 2016, a excepción de la correspondiente actualización de los tipos de cotización del Sistema especial de los trabajadores agrarios por cuenta ajena y del Sistema especial de empleados del hogar; que también se mantengan, con carácter general, las bonificaciones y reducciones a la cotización existentes o que la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas sea la del 0,25%. Así las cosas, el Anteproyecto de presupuesto no financiero de la Seguridad Social para el ejercicio 2016, establece un gasto total de 136.826,51 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1 % sobre el ejercicio anterior. El gasto en prestaciones económicas asciende para el 2016 a 132.751,15 millones de euros, un 3,2 % más que lo presupuestado inicialmente en 2015. La partida más importante de este capítulo es la destinada al pago de pensiones contributivas que crece en el ejercicio 2016 hasta los 118.941,72 millones de euros, un 2,89% más que en los presupuestos de 2015. Dentro de las prestaciones contributivas, el gasto presupuestado para la pensión de jubilación es de 83.561,3 millones de euros, para las de viudedad (21.040,8 millones), las pensiones de incapacidad (12.235,4 millones), las de orfandad (1.810,7 millones) y para las prestaciones en favor de familiares (293,1 millones de euros). En lo que respecta al gasto en incapacidad temporal y otras prestaciones, incluyendo las prestaciones por maternidad, paternidad, el riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural: Así, para el pago de la prestación por incapacidad temporal se destinarán un total de 5.397,96 millones de euros, lo que supone un importante aumento con respecto al ejercicio 2015 del 9,2%, consecuencia del previsible aumento de la afiliación. La dotación asignada para proteger situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgos durante la lactancia natural, asciende a la cantidad de 2.203,92 millones de euros, lo que supone un 5 % más que en el 2015. En lo que respecta al gasto en prestaciones no contributivas, asumidas mediante Aportaciones del Estado, su partida para el ejercicio 2016 alcanza la cuantía de 2.290,85 millones de euros (2,15 % más que en el ejercicio anterior) y para prestaciones familiares de pago periódico y pago único, alcanza los 1.520 millones (un 10,7% más que en 2015). En definitiva, se trata de unos presupuestos de la Seguridad Social aferrados al ajuste del gasto y el control del déficit, que siguen sin apostar por mejorar las protección que dispensa el Sistema, que mantienen el riesgo de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y que continúan sin una apuesta decidida por medidas destinadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, que proporcionen a la misma estabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo.

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3.6.Dependencia Los Presupuestos Generales del Estado para 2016, al igual que los últimos años no presentan modificaciones sustanciales, en lo que respecta a los servicios sociales el proyecto por programas, es el siguiente: Con respecto al presupuesto total del IMSERSO, continúa en la misma línea que los años anteriores, el proyecto para el año 2016 asciende a 3.909 millones de euros, lo que supone un incremento de tan sólo el 3,26% respecto al año 2015. Desde UGT consideramos que tal y como viene ocurriendo, este leve incremento global tan sólo se produce en términos absolutos, al tener que incrementarse la cuantía en partidas tales como las PNC,s en un 2,15%, o el nivel mínimo de atención a la dependencia, respondiendo únicamente al posible aumento de beneficiarios. Aun así, vemos como programas de gestión de prestaciones económicas y accesibilidad universal se reducen más de un 5,27%, y estos programas sí que suponen el desarrollo de servicios directos dirigidos a las personas con discapacidad. El resto de capítulos tienen consignada exactamente la misma partida presupuestaria, por lo que comprobamos que en realidad no existe ningún tipo de incremento en las partidas y vemos claramente como el presupuesto del IMSERSO un año más permanece paralizado. El Programa de Autonomía personal y Atención a la Dependencia tiene una dotación de 1.252.289 miles de euros para el total del programa, en términos absolutos supone un incremento del 6,3%, al tenerse que incorporar todos los nuevos beneficiarios correspondiente al grado I, dependencia moderada y que entraron a formar parte del sistema en julio de 2015. En cualquier caso, no está previsto ningún tipo de incremento en las cuantías, ni actualización por parte del Estado ni tan siquiera por la posible desviación del IPC al alza; lo que en la práctica vuelve a traer como resultado una paralización en el desarrollo del sistema. Llama la atención la comparativa que establecen respecto a los presupuestos del 2011, para argumentar el incipiente crecimiento del país y la vuelta a esos niveles presupuestarios. No queremos dejar pasar por alto los datos que a nuestro juicio son contundentes. Si en el año 2011 los presupuestos consignados para este sistema ascendían a 1.498.422 miles de euros, y la cifra de beneficiarios estimados fue de 1.092.872, en el año 2012 se dotó presupuestariamente de 1.287.179 con una estimación de beneficiarios de 790.000. Para el año 2016, con la incorporación del grado I, la cifra dedicada al nivel mínimo asciende a 1.162 179 miles de euros. Lo que resulta más sorprendente es la inexistencia de beneficiarios globales estimados para el año 2016, situación que ya se produjo el año anterior, pero ni tan siquiera se ha estimado la cuantificación de los beneficiarios correspondiente al nivel moderado cuya implantación se realizaría en el presente año. Para el año 2016 y siguiendo la trayectoria constante de personas beneficiarias del sistema, estimamos que se situará en torno a los 745.000 beneficiarios con 1.162 millones de euros; lo que nos conduce claramente a la reflexión que no se han tenido en cuenta los más de 300.000 dependientes moderados que a priori se deben incorporar al sistema, que aunque ya se deben incorporar, parece ser que la AGE, ya cuenta con el retraso en la valoración de estos beneficiarios por parte de las CCAA, lo que se traduce en que pese a que legalmente ya deben formar parte del sistema, dudamos que esto se produzca en la práctica. A estas cifras, debemos sumar los casi 131.000 beneficiarios según los datos del mes de junio que se encuentran en la lista de espera; esto es, que han sido valorados y aun no reciben ningún tipo de prestación. Estos presupuestos suponen una consolidación de recortes sociales que ha sufrido la ley; en lugar de incrementar cada año la intensidad, a la vez que finalizar la implantación y la consolidación de la misma, asistimos a un afianzamiento de modificaciones que quebrantan la 15

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ley y a la ruptura del sistema. 4 años más tarde se ha producido; la rebaja del 15% en las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, la suspensión del convenio especial realizado con la Seguridad Social, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado entre un 10-15%, la modificación del baremo endureciendo los criterios de acceso, la supresión de los grados en cada uno de los niveles, el retraso en la incorporación de los beneficiarios de grado 1 al sistema, la eliminación definitiva del nivel convenido entre el Estado y las Comunidades Autónomas, mediante la suspensión en el articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de la aplicación de este nivel de financiación. Pese a que la disposición transitoria primera de la ley de dependencia fija este nivel hasta el 31 de diciembre de 2015, lo hace hasta que esté implantado totalmente el sistema, implantación que vemos que no se ha producido aún, entre otros motivos por la eliminación drástica que se ha realizado de este nivel durante más de tres años seguidos en los Presupuestos Generales del Estado, existiendo la obligación legal de financiarlo. Las cuantías presupuestadas durante estos cuatro últimos años son claramente insuficientes, tal y como ya hemos comprobado en los ejercicios anteriores, para atender a las personas que se encuentran en el sistema para la dependencia, máxime este ejercicio que van a formar parte del sistema los dependientes moderados, y que lo único que busca es consolidar los recortes sucesivos a la protección a la dependencia y que supuso una reducción en las cuantías a percibir por los beneficiarios, las intensidades de la protección y un incremento en el copago del beneficiario. Resto de programas Destaca el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de atención primaria mediante convenios con las Comunidades Autónomas tiene una dotación al igual que el año anterior de casi 27.414 miles de euros, lo que ya en 2015 supuso una bajada respecto a 2014 de un 0,65% y que se acumula a la producida en anteriores años, ya que este plan llegó a presupuestarse en 86.633.150 miles de euros en 2011. En un escenario en el que los efectos de la actual crisis ha supuesto un aumento de la pobreza, afectando la pobreza severa a más de 3 millones de ciudadanos, donde la población en riesgo de pobreza ya supone el 22,2%, de fuerte Incremento de los hogares (1.657.500) con todos sus miembros en paro, de continuo ascenso del número de hogares sin ingresos laborales, más de 730.000. Lejos de incrementarse tanto el presupuesto como la estimación del número de usuarios de servicios, asistimos a un constante descenso de un plan que pretende ser el baluarte de un supuesto sistema público de servicios sociales, que en los 4 años más duros de crisis económica, reducen vertiginosamente la partida presupuestaria suponiendo económicamente un escaso tercio del plan en 2011.

3.7.Política industrial Según el Ejecutivo, el programa de reconversión y reindustrialización se orienta por una parte a sectores en crisis sometidos a procesos de ajuste y adaptación al nuevo entorno competitivo internacional y a la realización de actuaciones específicas de apoyo a los planes de inversión para la mejora de la competitividad, de manera que se potencie la evolución de las empresas beneficiarias hacia nuevos modelos de producción más avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Este programa tiene como objetivo garantizar la competitividad de la industria española en sus procesos de internacionalización. Pero en los presupuestos para el año 2016, para reconversión y reindustrialización se destinarán apenas 842,57 millones de euros, eso sí, un 60,4 por ciento más que en 2015.

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Asimismo, el programa de desarrollo industrial tiene como objetivo fundamental, según establecen los propios PGE 2016, conseguir que el sector industrial aumente su contribución al Producto Interior Bruto, como motor de crecimiento y de generación de empleo. A través de este programa se realizarán actuaciones dirigidas a apoyar a las empresas para que encaucen la optimización de su gestión global, de forma que se mantengan en nuestro país las fases que aporten mayor valor añadido al proceso de producción y comercialización, y se desarrollen entornos tecnológicos favorables para atraer a España las fases de mayor valor añadido de otras empresas multinacionales. Para lograr todo esto hay presupuestado 63,83 millones de euros, un 83% menos que el año anterior, lo que supone el 1,2% del total del presupuesto de Industria y Energía.

3.8.I+D+i El presupuesto en I+D+i en 2016 se incrementa en 23,1 millones de euros, es decir, apenas un 0,36% respeto a los PGE anteriores, de manera que supone el 66% de lo presupuestado en el año 2009, cuando se alcanzó el máximo histórico. El total del presupuesto destinado a investigación civil aumenta un 2,08% mientras que el destinado a investigación militar cae un 13,06%. Los fondos no financieros aumentan en 269,64 millones de euros (11,21%) y los financieros caen 246,54 millones de euros (6,16%). Destaca en positivo el incremento de Fondo Nacional de Investigación en 150 millones de euros pero en negativo destaca la caída de los recursos para formación de doctorando en 218.000 euros. Del análisis por programas destacan dos hechos: la reducción de los presupuestos del programa de Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa (-17%) y del programa Investigación y desarrollo tecnológico industrial (-4%); y el aumento de los presupuestos del programa de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica (11,7%) y del programa Investigación científica del CSIC (4,2%), si bien conviene señalar la preocupante situación de la financiación del resto de los OPI a los que se reduce la asignación presupuestaria.

3.9.Salud laboral A pesar del incesante crecimiento de la siniestralidad laboral, estos presupuestos que se presentan para el año 2016, son continuistas con respecto a los de 2015 y ahondan en la minoración de presupuesto para el desarrollo de políticas preventivas que posibilitarían el necesario impulso de la mejora de las condiciones de trabajo que traería consigo la deseada disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de origen laboral. Se produce un decremento de los presupuestos destinados al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (programa 494M), de 25,38 millones en 2015 a 24,90 millones en 2016 (-1,9%), por lo que tan sólo se podrán sufragar gastos de personal y mantenimiento de instalaciones, siendo una cantidad residual la dedicada al desarrollo de la actividad preventiva, como máximo el 3,38% del presupuesto. Igualmente se produce una disminución respecto de los presupuestos destinados a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (Fundaciones del sector público estatal) que tienen una reducción del 40%, al pasar de los 25 millones en el año 2015 a los 15 en el año 2016, son indicativos de que evitar riesgos en los centros de trabajo no es una prioridad real para este Gobierno. También debemos incidir en la lucha contra la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, en las que la labor de la 17

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Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha tenido un destacado papel. En esta ocasión no podemos compartir que, en un momento de “reactivación económica”, según nos indica el Gobierno, se mantenga (programa 291A) el mismo número de visitas a los centros de trabajo dentro de la labor preventiva de la Inspección que en dicho año (80.000), cuando en el mismo se habían reducido este tipo de actuaciones un 11,1% respecto del año 2014 (90.000). En esta misma línea de decrementos, desde Seguridad Social se prevé una disminución (programa 291M) del seguimiento y control de los partes anuales de enfermedades profesionales tramitados a través de CEPROSS de un 2,2%; pero más preocupante es la disminución que se prevé del seguimiento y control de los partes anuales de patologías agravadas o causadas por el trabajo PANOTRATSS de 7.500 en 2015 a 6.000 en 2016, es decir, un 20% menos. El único incremento que se produce en estos presupuestos se destina a la reducción de las cotizaciones de los empresarios a través del conocido como “bonus” (programa 291M). Mientras que se reducirán los requisitos para acceder a las bonificaciones, aumentan en un 125% la cuantía de las mismas pasando de 30 millones en 2015 a más de 67 millones en 2016. Observamos, que no se incluye en los presupuestos las cantidades comprometidas en el año 2016 para el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 20152020, dirigidas de manera más directa a los trabajadores a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos, entre otras, que disminuyen considerablemente. Por otro lado, el crédito destinado al pago de los subsidios de incapacidad temporal (Programa 221M. Subsidios) se eleva a 5.397,96 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,2%. La justificación que aporta el documento de PGE es que se prevé un incremento del gasto debido al crecimiento de la afiliación. Los ingresos por cotizaciones se estima que crecerán un 6,7%. Si tenemos en cuenta que el último dato de afiliación del mes de julio de 2015 era de 17.127.907, el crecimiento estimado (9,2%) supondría un incremento de 1.575.767 afiliaciones. En el último año de julio 2014 a julio 2015 ese incremento ha sido del 3,1% (522.810 afiliaciones), por lo que resulta una estimación muy optimista. A pesar del incremento presupuestario para el ejercicio 2016, este programa se ha reducido en un 23% durante la presente legislatura. Programa 312F. Atención primaria de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y EP e ISM. En primer lugar llamar la atención sobre la improcedencia del epígrafe La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, modificó la denominación de estas entidades por la de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Por lo tanto, es necesaria una actualización de la denominación del epígrafe 312F. Este programa se ha incrementado en 34 millones de euros un 4,1% al pasar de los 823,2 millones de 2015 a los 857,2 millones para 2016. 7 de estos millones de deben a gastos de personal y especialmente al incremento de los conciertos en un 12% (casi 18 millones euros) A destacar también el incremento en Inversiones Reales del 17,9% (casi 7 millones de euros). A pesar del incremento presupuestario para el ejercicio 2016, este programa se ha reducido en un 14,7% durante la presente legislatura. Programa 312G. Atención especializada de salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y EP e ISM. Este programa se ha incrementado en casi 24 millones de euros, lo que supone un incremento porcentual del 6% respecto al ejercicio de 2015. A pesar de este incremento los gastos de personal (-1,1%) y las inversiones reales disminuyen (-16,3%). Al igual que en la 18

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atención primaria el incremento más destacables se debe al aumento de los conciertos de asistencia sanitaria en 20,6 millones de euros (15,3%). Este programa es el único que se ha incrementado durante esta legislatura, concretamente ha sido un 11,8%. Esto se debe a que los recortes fueron menores que en los anteriores programas y a un continuado incremento desde el ejercicio del año 2014. Por último, las estimaciones de crecimiento de la afiliación que se utilizan para el incremento de los subsidios se consideran irreales. El incremento es más necesario para compensar los recortes de ejercicios anteriores que debido a las contingencias en el empleo. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los incrementos que se han producido en la afiliación son en contratos a tiempo parcial y en contratos temporales, precisamente estos trabajadores, debido sus condiciones contractuales son los que menos bajas laborales producen. En cuanto al incremento de los conciertos de asistencia sanitaria, tanto en atención primaria como especializada, a pesar del posible crecimiento de la afiliación, no están justificados, ya que la propia Ministra de Fomento reconoció que existen una multitud de recursos ociosos en las mutuas, motivo este que provocó que en la última modificación de la Disposición Adicional Undécima de la LGSS, introducida por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, se permitiera a las mutuas utilizar recursos propios para el diagnóstico y tratamiento de las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes de sus asegurados, así como para establecer convenios, acuerdos o conciertos con otros organismos públicos y privados para esos mismos fines. Por tanto, no parecería justificado que estas mutuas utilizarán recursos ajenos para la asistencia primaria y especializada cuando tienen recursos propios ociosos, habría que sospechar entonces de una intencionalidad en derivar recursos públicos a empresas privadas sanitarias con ánimo de lucro para evitar generar excedentes con destino a los Fondos de Reserva de la Seguridad Social. Por último, el presupuesto del Plan Nacional sobre Drogas para el año 2016 correspondiente a la partida 231A del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asciende a 14.692,44 millones de euros lo que supone un incremento de 11,12 millones de euros con respecto al año 2015. Valoramos este leve incremento como insuficiente después de la reducción que tuvo lugar en los presupuestos del 2015 de 205,26 millones de euros con respecto al año 2014. El presupuesto se destina fundamentalmente a la implantación de la Estrategia Nacional sobre drogas 2009-2016, que finalizará el próximo año. En la actualidad estamos inmersos en el Plan de Acción 2013-2016, que desarrolla la Estrategia, en el que se han venido realizando programas de carácter preventivo y de sensibilización ante la problemática de las drogodependencias y adicciones. Además a este Presupuesto, se le añade un recurso financiero adicional a los créditos iniciales de los Presupuestos Generales del Estado, que son los correspondientes al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que se nutre del decomiso de inmuebles, automóviles, cantidades en efectivo, embarcaciones, joyas y otros objetos adjudicados al Estado en procesos relativos a los delitos mencionados, así como de las rentas e intereses de dichos bienes y del producto que se obtiene cuando se venden y liquidan. Este presupuesto que se suma, realmente es el que financia anualmente la mayor parte de las acciones que emanan del Plan de Acción. Esta cuantía no tiene carácter fijo y dependen de las incautaciones y de las sentencias firmes al respecto. Dicha cuantía están destinadas a la prevención y tratamiento del consumo de drogas y a la lucha contra la delincuencia vinculada a las drogas.

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3.10.

Igualdad

La previsión de los presupuestos generales del Estado en materia de igualdad de género para el 2016, sigue siendo un reflejo del postrero lugar que ocupa entre los intereses de este Gobierno el mantenimiento y logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En el periodo 2012-2016 la cifra global del recorte presupuestario en materia de igualdad de género ha sido de casi un 21%, alcanzando un porcentaje cercano al 48% respecto de los presupuestos de 2009. El presupuesto asignado al programa 232B sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres vuelve a experimentar un nuevo recorte. Esta partida, que asciende para 2016 a 19.741.840 €, es un 5,22% inferior a la prevista en el 2015, que fue de 20.829.240€. Desde 2011 el Gobierno ha ido reduciendo esta asignación, alcanzando ya un recorte de un 36,7% respecto del presupuesto de ese año, cuya cuantía era de 31.160.020€. Del total del presupuesto para este programa, un 42,83% está destinado a gastos de personal y gastos corrientes (suministros, arrendamientos, atenciones protocolarias y representativas, etc.), un 22% a transferencias corrientes, en su mayoría subvenciones a entidades privadas y el resto a inversiones, transferencias de capital y activos financieros. Tan sólo el 1,14% del total del presupuesto se dedica a transferencias a CC.AA. y entidades locales para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción socio-laboral de mujeres en Ceuta y Melilla y programas de formación y fomento del empleo femenino, y la partida destinada al programa de mejora de las condiciones laborales y reducción de las desigualdades retributivas de género, sólo alcanza el 1,77% del total presupuestado. El importe de estas dos partidas sorprende por la nimiedad y limitación de las mismas frente al resto de la distribución del presupuesto, en un momento como el actual en el que durante la actual legislatura 2012-2015, la brecha en el desempleo de las mujeres se ha triplicado, la brecha salarial se ha disparado situándose en el 24%, casi el 47% de las trabajadoras perciben salarios por debajo de los 15.000 €, la precariedad en el empleo femenino ha aumentado estrepitosamente, la contratación de mujeres a tiempo parcial ha crecido notablemente superando ya el 73% del total de este tipo de contratación, y han aumentado las dificultades conciliación de la vida familiar y laboral como resultado de las medidas de recorte del gasto público y la ausencia de políticas de fomento de la corresponsabilidad entre la que se encuentra la paralización de la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad, que estos presupuestos vuelven a posponer tras seis años de aplazamientos. Como novedad, estos Presupuestos incluyen una modificación legal del EBEP que contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas establezcan un permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación a partir de día 1º de la semana 37 de embarazo, hasta el parto, posibilidad que será directamente aplicable en el ámbito de la AGE desde la aprobación de los presupuestos. Con dicha medida, aparentemente novedosa, realmente no se crea un permiso nuevo sino que supone una ampliación del permiso de maternidad, puesto que las mujeres en estado de gestación ya tienen la posibilidad de tomar el permiso de maternidad existente hasta 10 semanas antes del parto. En la adopción de dicha medida no se está teniendo en cuenta que un alargamiento del permiso de maternidad para la madre en exclusiva lo que hace es fomentar su retirada del puesto de trabajo y la atribución de roles que adjudican el cuidado de los hijos y la familia como un trabajo propio, exclusivo y gratuito de las mujeres si no se acompaña de otras medidas que estén dirigidas a fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las responsabilidades familiares y de la administración pública, como la ampliación del permiso de paternidad para empleados públicos, o la insuficiencia de escuelas infantiles de 0 a 3 años tras 20

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los recortes del gasto público que sigue sin remediarse en los presupuestos para el 2016, pese a que la partida presupuestaria correspondiente a educación infantil y primaria ha experimentado el ligerísimo incremento del 1,7% respecto de los presupuestos de 2015, pero muy alejada de los niveles existentes en 2010. Además, esta medida, puramente electoralista y de escaso calado por otra parte, puesto que no se ha previsto para el ámbito privado, creando así una importante diferencia entre las trabajadoras del sector público y del sector privado, no precisa si dicho permiso será retribuido al 100% o simplemente tendrá una retribución equivalente a la que se percibe en una baja por IT, que es en la práctica la que se suele utilizar en la Administración Pública para retirarse del puesto de trabajo en las semanas previas al parto. En cuanto a la asignación presupuestaria destinada a actuaciones para la prevención integral de la violencia de género en 2016, que se recoge en el programa 232C, la reducción presupuestaria experimentada desde 2011 es de un 16,9%, pese al importante número de mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género (se calcula que aproximadamente el 10% de la población femenina sufre violencia de género en España, en 2014 se incrementaron las denuncias por este delito un 1,5% respecto del año anterior, y no se puede olvidar el resultado más atroz, inconcebible e inadmisible de la violencia de género que tiene reflejo en los asesinatos de las mujeres y que en este mismo año, a mediados de agosto ya ascendía a 26). La asignación de 25.228.180€ prevista para combatir esta lacra resulta claramente insuficiente. Asombra además que estos presupuestos hayan desoído por completo las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas del pasado julio de este año, que aconsejaban al Gobierno español hacer esfuerzos especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social y más específicamente, el restablecimiento del suprimido Ministerio de Igualdad en 2010 y el aumento de los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque reforzado de los derechos de las mujeres, con el fin de paliar los efectos negativos que las medidas de austeridad tienen para las mujeres, evitando medidas regresivas en la igualdad de género.

3.11.

Empleo Público

Para los empleados públicos los PGE de 2016 contemplan una subida del 1%, tasa de reposición al 100% solo en servicios esenciales y otro 25% de devolución de la extra suprimida en 2012 en septiembre de este año (la devolución del 50% restante está condicionada a la “disponibilidad financiera” de 2016). Devuelve también el tercer día de libre disposición y los canosos. Para UGT se trata de un aumento mínimo, insuficiente para recuperar la capacidad perdida durante los años de recesión. El aumento salarial del 1% para el próximo año no cubre las expectativas de UGT ni subsana de ninguna manera una pérdida de poder adquisitivo. La Oferta Pública de Empleo, aunque cubrirá las vacantes, está muy lejos de remedar la sangría de los últimos cuatro años. El Gobierno del PP ha destruido 400.000 empleos públicos, contribuyendo a hacer aún más acuciante el problema del paro en nuestro país y el deterioro tanto de la calidad del empleo como de los servicios prestados a la ciudadanía.

3.12.

Migraciones

El presupuesto dedicado a inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se incrementa en 46 millones de euros, dotándose para el año 2016 con 112.696.330 millones de euros. El aumento se produce en la partida de ayudas y subvenciones en favor de inmigrantes 21

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y refugiados. Por su parte el Ministerio del Interior, incrementa en 3 millones de euros el programa de asilo y apátridas, con la aparición de un nuevo concepto dotado con esta cantidad “Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE (JAI)” prevista para el caso de que se tomara una decisión con la propuesta de la Comisión Europea de Julio de 2015. Nuevamente se prevé para el año 2016 la suspensión de los programas de acción bienales financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes. Este fondo fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado en 2005, el año 2008 fue el año en el que contó con una mayor dotación (200 millones de euros); el Fondo se repartía entre las Comunidades Autónomas para financiar actuaciones de integración de inmigrantes. Está suspendido desde el año 2012. La Disposición Adicional sexagésima cuarta, determina el IPREM para el año 2016, en la misma cuantía que años anteriores: 17,75 euros diarios, 53,51 mensual y 6.390,13 anual. El IPREM mensual tiene incidencia en la regulación de flujos migratorios, ya que es el indicador por el que se determina si un solicitante de reagrupación familiar cuenta o no con medios económicos para mantener a los familiares que quiere reagrupar (artículo 54 del RD 577/2011 de desarrollo de la LOEX). Para reagrupar a un familiar (en el caso de que computando a la persona que se quiere reagrupar, la unidad familiar cuente, al llegar la persona reagrupada a España con dos miembros), se exige demostrar que cuenta con una cantidad que representa mensualmente el 150% del IPREM. Por cada miembro más, se exigirá el 50% del IPREM por cada miembro adicional. El brutal descenso de la dotación presupuestaria del programa de educación compensatoria en más de un 97%, entre los años 2012 y 2016, pasando de 169.790.970 a 5.113.220 euros, es un reflejo de la actuación ideológica de este Gobierno, y de su concepto de igualdad (no solo en el ámbito educativo), o mejor dicho, de su concepto de que la igualdad no es un derecho, y de que las actuaciones que tratan de compensar las desventajas, son para ellos un privilegio que tiene que eliminarse. En el caso del ámbito educativo, su peculiar y peligrosa teoría del talento y del esfuerzo, se refleja claramente en la evolución de la educación compensatoria, que debería, precisamente favorecer la igualdad, entre otros del alumnado extranjero y de los niños y niñas cuyos padres tienen origen inmigrante. Por otro lado, el presupuesto dedicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sigue en descenso, de 70.710.950 euros en el año 2015, a 69.458.230. La pérdida se produce principalmente en las prestaciones por razón de necesidad (para emigrantes españoles de origen mayores de 65 años o con discapacidad en situación de necesidad en países que no pertenezcan a la Unión Europea) y en la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados (destinada exclusivamente a quienes en el exterior percibían la prestación por razón de necesidad y retornan a España). En este caso no deja de ser llamativo, que se reduzca la partida en cerca de 1.300 millones cuando el número de personas mayores de 65 nacidas en España que han retornado han aumentado en los dos últimos años, de 3.176 a 3.726. En el mismo sentido de que los presupuestos se elaboran al margen de la realidad, sorprende que si desde el año 2009 se ha incrementado un 118,9% (de 35.990 españoles que emigraron en 2009 a 78.785 en 2014), el programa de emigración no aumente igualmente, al contrario, disminuya y no se incorpore ningún programa nuevo a los ya existentes. Seguramente tiene que ver con el hecho de que para el Gobierno, ahora no hay emigración, sino movilidad exterior que al parecer, y tengan la edad que tengan los emigrantes, no necesita ningún apoyo por parte de la Administración General del Estado.

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Se introduce en el proyecto de PGE 2016 una modificación en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que añade el requisito de residencia en España en el supuesto de personas que han agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, y que tienen derecho a ser asegurados. Esta obligación y la forma en que la Ley de Seguridad Social entiende la residencia (ausencias no mayores a tres meses) tienen una repercusión negativa en los extranjeros residentes en España y en los españoles que se desplazan a otros países, bien por motivos de trabajo, bien en búsqueda de empleo y que, perderán su condición de asegurados en España, tras tres meses de ausencia. Las consecuencias en el caso de desplazamientos a la Unión Europea, si pierden su condición de asegurados en España y aun no lo están en el país de emigración, es que se encontraran problemas a la hora de acceder a la asistencia sanitaria, o bien esta, no será igual en extensión, que la que proporciona el estado miembro a sus propios nacionales. Eso sí, al no estar asegurados en España, en el caso de los desempleados, no tendremos que pagar al país de emigración por su atención sanitaria. Una medida puramente económica y que deja en una situación precaria a los miles de emigrantes españoles que han salido de España en busca de empleo. Por último, destacar que el Real Decreto Ley 29/2012 de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar prevé la actualización de las retribuciones mensuales y las bases de cotización en idéntica proporción al incremento del salario mínimo interprofesional. El proyecto de Ley de PGE 2016 prevé el incremento del tipo de cotización por contingencias comunes que pasa a ser del 25,60%, (casi un punto con respecto al vigente en 2015) del que corresponde al empleador el 21,35%% y al trabajador el 4,25%; el tipo de cotización por AT y EP queda fijado, en 1,10 cantidad que corre a cargo exclusivamente de la parte empleadora. Por lo tanto, tanto parte empleadora como trabajadora van a cotizar más, sea cual sea el tramo en que se encuentren según el salario pagado. Sigue, por tanto, y a raíz de la reforma del RD Ley 20/2012, perjudicando a quienes se encuentran en los tramos más bajos y por lo tanto perciben un menor salario. Se mantiene la reducción de cuota por contingencias comunes para el empleador en el supuesto de trabajadores dados de alta a partir de 1 de enero de 2012, ampliada con una bonificación en el caso de las familias numerosas que llegaría al 45% de la cotización por contingencias comunes. E igualmente se mantiene la no aplicación de esta reducción de cuota en el caso de que se haya acordado por ambas partes que sea la trabajadora quien se haga cargo del alta y el ingreso de la cotización, aspecto que en su momento ya criticamos, así como el resto de la reforma que supuso el Real Decreto Ley 29/2012 y que a diferencia de la reforma previa de seguridad social y la del régimen laboral que habían sido producto del Diálogo Social, este RDL fue decisión unilateral del Gobierno.

3.13.

Vivienda

Este programa 261N. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda está destinado a ejecutar los Planes Estatales de Vivienda. El último Plan Estatal de Vivienda, Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, dejó de lado políticas clásicas en estos planes como la promoción y construcción de vivienda, para centrarse en el alquiler y la rehabilitación, pero desde una perspectiva más de mercado que de intervención pública, danto preferencia a la inversión privada frente a la pública. Esta partida presupuestaria ascienda para el año 2016 a 553,08 millones de euros, un 0.59% menos que en el ejercicio anterior (3,26 millones de euros), debido casi exclusivamente a la disminución de las ayuda y subsidiación de préstamos de planes anteriores, así por ejemplo las 23

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ayudas para el alquiler de vivienda para jóvenes (RBE) que fueron derogadas con el llegada del actual equipo de gobierno sólo se mantiene el derecho a unos poco jóvenes que consiguieron su reconocimiento antes de 2012 con una duración máxima de cuatro años que finalizará, por tanto durante el próximo ejercicio presupuestario ( se destinan 6 millones de euros), o la subsidiación de préstamos (al que corresponde el mayor número de créditos) o la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) suprimida por el Gobierno Socialista en el año 2010, aunque existan todavía adquirientes con derecho a ella. Este programa representa el 94,2% de los créditos destinados a vivienda. Disminuyen los gastos de personal, a pesar de la subida salarial del 1%, lo que quiere decir que se destinarán menos efectivos. Disminuye también la partida destinada a SEPES en un 21,3% (3 millones de euros) siguiendo la política de adelgazamiento de los organismos públicos relacionados con vivienda, apostando continuamente por un mercado libre sin intervenciones públicas. Aumenta sin embargo las transferencias de capital a las CC.AA. en un 15,7% (43,7 millones de euros). Se incluye una partida nueva para la localidad de Lorca de 2 millones de euros, relacionada seguramente con ayudas a los damnificados con el terremoto producido en el año 2011. Por último, se reducen ostensiblemente, como hemos dicho anteriormente, las ayudas para la renta básica de emancipación, subsidiación de préstamos y otras apoyos a la vivienda, 18,7% menos (48,6 millones de euros), consecuencia RD 20/2011 que derogó estas ayudas. En lo que va de legislatura se ha reducido el presupuesto de este programa en un 50,7%. La partida presupuestaria del programa 261O. Ordenación y fomento de la edificación asciende para el ejercicio de 2016 a 32,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,01% (3,2 millones) sobre el presupuesto del año anterior, este incremento se debe exclusivamente al aumento de las inversiones reales en un 14,5% (3,7 millones de euros). Se disminuye el presupuesto destinado a gastos de personal, supresión de más recursos. Disminuyen también las transferencias de capital, debido a la reducción de créditos destinados a Green Building Council, a la Fundación de los Ríos y a la Archidiócesis de Madrid para la restauración de la Iglesia de la Paloma. El resto de partidas se mantienen. Se introducen dos nuevas una para la Bienal de Venecia de 300.000 euros y otra de 50.000 euros para el Instituto Nacional de Investigaciones agronómicas. En lo que va de legislatura se ha reducido el presupuesto de este programa en un 50,4%. La partida presupuestaria del programa 261P. Urbanismo y política del suelo es la menos importante representa tan solo el 0,2% de los créditos destinados a vivienda. Se destinan a este programa 1,46 millones de euros manteniéndose todos gastos iguales, excepto los de personal que se reducen en 37.000 euros y las transferencias de capital en las que se incluyen una nueva partida de 45.000 euros para la Fundación Metrópoli. En lo que va de legislatura se ha reducido el presupuesto de este programa en un 38,64%. En definitiva, a pesar de las cifras que aporta el proyecto de presupuesto, 20.800 beneficiados del Código de Buenas Prácticas (16.300 reestructuraciones de la deuda y 4.500 daciones en pago), se han paralizado 16.000 lanzamientos, pero siguen produciéndose 77.000 ejecuciones hipotecarias anuales y 30.000 desahucios. Por lo que el alquiler de cerca de 3.000 viviendas de las 5.891 que se constituyó en el Fondo Social de Vivienda, son claramente insuficientes, como las medidas implementadas por el gobierno para resolver el problema generado por el sobreendeudamiento de las familias. Respecto al presupuesto, se continúa en la senda de reducir las políticas públicas de vivienda. Orgánicamente se pasó de un Ministerio a una Secretaria de Estado y de esta a una Dirección General que como podemos comprobar en estos presupuestos va perdiendo personal, lo que 24

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da cuenta de la importancia que se le da. Lo mismo ocurre con los recursos financieros que se han reducido durante la legislatura más de un 50%. El Plan Estatal es claramente insuficiente y los objetivos planteados inadecuados. Como podemos observar desde las últimas elecciones municipales, son los ayuntamientos los que están realizando y preocupándose más por facilitar y mantener el derecho al acceso a una vivienda digna. Los presupuestos del Estado han suprimidos a las Entidades Locales de las ayudas y subsidiaciones, prácticamente no existen transferencias de capital hacia estas, y las dirigidas a las CC.AA. son tan exiguas que son insuficientes, no ya para diseñar planes de vivienda, sino simplemente para hacer frente a las emergencias sociales. Los presupuestos anteriores y este proyecto debería haber contenido partidas para constituir parques de vivienda en cada una de las CC.AA., ayudas para las familias con mayores necesidades e inversiones adecuadas en rehabilitación para generar empleo. Sin embargo, se han reducido las ayudas, se ha suprimido las deducciones fiscales y se ha aumentado los impuestos, es decir, al igual que en el resto de derechos sociales se ha reducido el gasto y se ha procurado incrementar los ingresos mediante la presión fiscal.

3.14.

Justicia

El Presupuesto en Justicia sube un 6.63%, insuficiente a todas luces, máxime si tenemos en cuenta que desde que lleva gobernando el Partido Popular se han acumulado unos recortes en el Capítulo de Justicia de un 13%. Hay que destacar que por fin el Gobierno pone en valor el Servicio Público de la Justicia, equiparándolo con otros servicios tan esenciales como la sanidad, educación, etc., con lo que la tasa de reposición de efectivos para el próximo año, puede llegar a alcanzar hasta un 100%. Entendemos que se trata de una medida positiva pero que llega tarde puesto que ya han sido muchas las plazas que se han amortizado en la Administración de Justicia (unas 2.500), y que para este ejercicio presupuestario se prevé solamente la convocatoria de 100 plazas de Jueces/Fiscales y de 2.000 nuevas plazas para el resto de categorías de la Administración. Recordar, en este sentido “el ERE” que se produjo en el colectivo de Jueces y Fiscales interinos, con la eliminación de 1200 plazas, Jueces que dictaban el 28% del total de las sentencias y que con su trabajo contribuían a la labor de impartir justicia, desatascando los muy colapsados Juzgados y Tribunales. Este trabajo, ha tenido que ser asumido por Jueces titulares, lo cual contribuye a que la ratio jueces/habitante nos aleje en casi 10 puntos de la media europea. Si bien los presentes Presupuestos suben un 6.63% con respecto a los del pasado ejercicio 2015, no es menos cierto y en aras de una mayor objetividad, el realizar una comparativa con los ejercicios de toda la legislatura del Partido Popular. Y así comprobamos que esos 106 millones de este año con respecto a los del pasado, quedan muy lejos de los primeros presupuestos que presentó el Partido Popular, allá por 2012, y que ascendían a 1.708 millones de euros, 3 millones por encima de los que hoy se debaten. Y si los comparamos con los últimos Presupuestos del anterior Gobierno observamos que están por debajo en 109 millones de euros. Y es que en estos últimos años este Gobierno del Partido Popular, ha estado recortando en formación del personal (sobre todo de la Carrera Fiscal, que este año se ve reducido su Programa un 16% más); en dirección y servicios generales; en tribunales de justicia y ministerio fiscal o bien en protección de datos de carácter personal. Y todo ello nos hace concluir que esos poco más de 100 millones, ni mucho menos van a poder reparar los drásticos recortes que ha venido sufriendo este servicio público.

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En relación a las remuneraciones de los empleados de Justicia, al igual que el resto de los empleados públicos, se prevé una subida salarial de un 1%, insuficiente a todas luces puesto que con ello no sólo no se recupera el poder adquisitivo perdido en años anteriores sino que, tal y como estima la Comisión Europea, la inflación en España subirá un 1.1% en 2016, con lo que no solo no se recupera sino que aún se pierde más. Respecto al órgano de gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, garante de la independencia judicial y de la división de poderes en un Estado de Derecho, su partida se mantiene con respecto a la del año anterior, tras sufrir un recorte de un 5.3%, lo cual viene a demostrar la asfixia económica a la que el gobierno le está sometiendo, a lo que habría que añadir el control político que se intenta realizar a través de las últimas reformas llevadas a cabo. Pero un Presupuesto no es solamente unas grandes cifras económicas sino toda una serie de políticas que se han implementado desde el Ministerio y, analizando la legislatura comprobamos que todas las reformas han ido encaminadas hacia un recorte de derechos, libertades y hacia una marcada privatización del servicio público: Ley de Tasas, reforma del Código Penal, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entrega a Registradores, Notarios y previsiblemente a Procuradores de funciones que en la actualidad realizan o realizaban funcionarios públicos, etc. Un año más, comprobamos cómo dentro de los Presupuestos de Justicia, al ser este el responsable de todo lo relacionado con la Ley de Memoria Histórica, no aparece partida alguna para la persecución, clarificación de los crímenes del franquismo y restitución del honor de las víctimas es un deber moral a conseguir por el Estado democrático.

3.15.

Consumo

Las políticas de Consumos se recogen en el PROGRAMA 492 O, Protección y Promoción de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, dependiendo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El programa sufre un incremento del 1,79% que cambia la tendencia que se venía produciendo desde el año 2.011. Teniendo en consideración que desde el año 2.011 el descenso en el presupuesto de consumo es de un 51,08%, queda mucho por recuperar. El incremento se concreta solo del 0,84% en los programas destinados a impulsar, orientar y desarrollar la mejora de los hábitos de consumo a través de la colaboración con las asociaciones de consumidores, cooperativas de consumo, instituciones públicas y privadas. Es un incremento meramente cosmético y no que no se corresponde con los objetivos que se marca el ministerio con la previsible aprobación durante el año 2016 de la nueva Ley de Atención al Consumidor y el impulso que debe de tener el fomento del arbitraje como método más eficaz de resolución de reclamaciones al consumo. El incremento importante se da en Inversiones Reales con un 163,09%, que como es costumbre no se detalla en la memoria de los objetivos del programa y que una vez analizado la liquidación del presupuesto no se suelen reflejar en un gasto real. En cuanto a los activos financieros se incrementan en un 18,82%.

3.16.

Medio Ambiente

El presupuesto consolidado del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2016 asciende a 9.756,9 millones de euros, con una reducción de 1.282,2 millones respecto a 2015, debido principalmente a la reducción de la aportación comunitaria y nacional del 26

Presupuestos Generales del Estado 2016

FEADER, una vez concluido el período de programación 2007-2013 para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural. La dedicación presupuestaria a los Programas de Medio Ambiente del MAGRAMA para 2016 se ha reducido en más de 110 millones de euros, lo que supone una disminución aproximadamente del 3% respecto a 2015. Aunque la variación global en las partidas de actuaciones medioambientales traslade la impresión de presupuestos continuistas, sin cambios relevantes respecto al anterior ejercicio, sin embargo, los importantes recortes presupuestarios acumulados desde 2011, unido al fuerte retroceso que se ha producido en materia de legislación ambiental en ese mismo periodo, ratifica que las políticas medioambientales no son una prioridad para la agenda del actual Gobierno. Gestión e infraestructuras del agua. Esta partida disminuye un 7,5 %, pasando de 1378,5 millones de euros en 2015 a 1275,1 millones en 2016. Destacamos que la reducción más significativa de este programa presupuestario, como en los presupuestos de 2015, afecta a las actuaciones para prevención y gestión de riesgos de sequías e inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos que afectan a distintas cuencas hidrográficas españolas. Cobra especial importancia la disminución de esta partida de presupuesto, si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población española vive en zonas de alto riesgo de inundación y que todavía no se han completado los mapas de riesgo y peligrosidad del Dominio Público Hidráulico, que afectan a unos 9000 Km de cauces y 1000 Km de costa con alto riesgo de inundación. Calidad del agua. Esta partida disminuye en un 12,7 %, pasando de 250,3 millones de euros en 2015 a 218,4 millones en 2016. Hay que recordar que este programa acumulaba entre 2011 y 2014 una reducción del 47%. La partida dedicada a mejora del estado de calidad de las aguas y ecosistemas asociados disminuye un 21%. Llama especialmente la atención la reducción de esta partida presupuestaria, teniendo en cuenta que España ha sido demandada por la UE ante el Tribunal Europeo de Justicia por incumplimiento de la Directiva 91/271 de depuración de aguas residuales y, actualmente, hay 4 expedientes abiertos que afectan a nuestro país por no cumplir con objetivos de estándares de depuración en numerosos núcleos de población del conjunto del territorio nacional. Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. Esta partida se reduce de los 55,4 millones de euros de 2015 hasta los 50,8 millones previstos para 2016, con un disminución del 8,3%, pero hay que reseñar que este programa acumula una de las reducciones más significativas, cerca del 60% entre 2011y 2014. Se observa una reducción en la partida de inversiones reales en 3,3 millones de euros, y los 17,1 millones que se dedican a actuaciones de adaptación al cambio climático son insuficientes para abordar el alto grado de vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrenta España. Además, la partida de 18 millones de euros que se destina para Planes de Impulso al Medio Ambiente, es insuficiente para lograr el decisivo impulso que requiere la transformación real de la actividad productiva en el marco de una economía baja en carbono. Protección y mejora del medio ambiente. Esta partida disminuye un 24,6%, pasando de 24,53 millones de euros en 2015 a 18,5 millones para 2016. Entre las medidas que afectan a lucha contra el cambio climático, destaca la eliminación de la partida correspondiente a la línea PIMA Aire 4, destinada a las empresas para la renovación del parque de vehículos comerciales y bicicletas con motor eléctrico. No hay mención a la continuidad de esta partida presupuestaria orientada a la reducción de emisiones del parque de vehículos empresarial. Por otro lado, aumenta en 1,5 millones de euros la dedicación a la actuaciones relacionadas con la implementación del Plan Estatal de Prevención de Residuos y al Plan Estatal Marco de Residuos, así como con la gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos, aunque esta dotación

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Presupuestos Generales del Estado 2016

presupuestaria es insuficiente para poner en marchas el conjunto de medidas que requiere la implementación de una política ambiciosa en materia de residuos. Actuación en la costa. La dotación presupuestaria de este programa se ha aumentado un escaso 3,9%, pasando de 86,7 millones de euros a en 2015 a 90,2 millones en 2016. Este presupuesto es claramente insuficiente para abordar íntegramente los objetivos del programa, máxime, teniendo en cuenta la importante reducción presupuestaria que arrastra, un 60% entre 2011 y 2014. La insuficiente dotación económica de este programa junto con el nuevo marco jurídico sobre costas, conformado por la Ley de protección y uso sostenible del litoral y el reglamento que la desarrolla, debilitan la protección de los ecosistemas marinos y no garantizan la integridad del dominio público marítimo terrestre.

3.17.

Juventud

Haciendo un análisis del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 hay que señalar, que estos reflejan el optimismo idealizado del Gobierno, ya que si bien se mantienen en algunos de los desgloses en la línea de años anteriores, aumentan ligeramente en su conjunto (en un 3%). Sin embargo, pese a ese aumento en el Programa “Promoción y Servicios a la Juventud", los presupuestos dan un impulso a empresas privadas para llevar a cabo el Programa Europeo de Juventud 2014-2020, mientras que el Presupuesto destinado al Consejo de la Juventud (CJE) reduce su cuantías, a favor de los Programas del INJUVE, en cuyo caso ha aumentado la partida en 1.305,28 miles de euros respecto al año anterior; en detrimento de la partida destinada al CJE que disminuye en 300,00 miles de euros. Las partidas destinadas a las Comunidades Autónomas para el Programa Erasmus+/Juventud recibirán 235 mil euros con el presupuesto de 2016, cuadriplicándose así la cuantía respecto al año anterior. Por el contrario desciende sustancialmente (hasta los 50 mil euros) lo presupuestado para las entidades de la Administración local en proyectos del Programa “Juventud en Acción”, dado que este programa de política de juventud europea, finalizó en 2013. Eso quiere decir que se ha perdido la mitad de la dotación recibida en el año anterior, para destinarse al Programa llamado “Erasmus +”, que se inició el año pasado. Sin embargo, mientras a nivel local no se ha destinado ni un euro a este Programa, las entidades locales si recibirán 1.734 mil euros para el Programa Local Europeo de Juventud 2014-2020 También, en el Programa “Erasmus +” se han presupuestado 294 mil euros para las empresas privadas que pierde cuantía respecto al año anterior. Mientras que 8.500 mil euros del Programa se destinarán a entidades, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro (aumentando en 1.485 mil euros respecto al año anterior). Con la desaparición del Programa Juventud en Acción, también disminuye la cuantía cifrada en 250 mil euros para las instituciones sin ánimo de lucro. En el desglose de las partidas presupuestarias del INJUVE, entre las destinadas al exterior, destacan la participación en la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), cuya dotación presupuestaria asciende a 278,95 miles de euros para gastos de funcionamiento previstos en el convenio entre España y esta organización, por lo que se mantiene invariable como en años anteriores. En el ámbito de la vivienda joven, para la renta básica de emancipación de los jóvenes, derogada desde el 1 de enero de 2012, se asignan 6 millones de euros, pues a pesar de haber sido derogada, tienen acceso a la misma aquellos que tuvieran derecho reconocido o que lo

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Presupuestos Generales del Estado 2016

hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años interrumpidos o no. En el apartado de formación de desempleados se destinan 841 millones de euros, de los cuáles 120 millones de euros financian el programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para 2016 se presupuesta sólo lo que se ha realizado en 2015, porque en caso contrario habría que devolverlo. De ahí el descenso de la cuantía. Sin embargo, esa cuantía es muy escasa y está por verse si realmente será útil, dado que en 2015 aún no se ha ejecutado ningún gasto y el escaso alcance del Plan, que a 31 de mayo contaba en su registro con sólo 60.094 inscripciones de menores de 25 años (un 17,4% de los desempleados SEPE y un 7,8% sobre EPA). En el ámbito de la Participación y el asociacionismo juvenil señalar que la promoción de la participación y el apoyo a las asociaciones juveniles para propiciar la implicación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la sociedad, se mantiene con un cuantía de 1.362,76 miles de euros de presupuesto para aquellas asociaciones juveniles y entidades de ámbito nacional prestadoras de servicios a la juventud, entre las que se encontraría UGT, cuantía exactamente igual desde los últimos 4 años.

3.18.

Política Territorial

El presupuesto fija unos objetivos de déficit público, y de endeudamiento inalcanzables y desequilibrados, inalcanzables como ya se ha apreciado durante 2014 y 2015 y desequilibrados en cuanto a las distintas Administraciones. El déficit para la AGE (2,2%), 0,3% las CCAA y 0% para las EELL. Igualmente con el endeudamiento, el 22% para las CCCAA y 73% para el Estado. En cuanto al CAPITULO VII sobre “Financiación de los entes territoriales”, apreciamos que mientras a financiación de las ciudades y CCAA experimenta un incremento del 8,75% respecto al año anterior, la financiación de las EELL experimenta un incremento solamente del 3,1%. El Fondo de Compensación Interterritorial, que es una fórmula de financiación para equilibrar los territorios, durante toda la legislatura del Partido Popular se ha congelado, y se vuelve a repetir en 2016, lo cual agrava la situación de las CCAA que más lo necesitan. Como en años anteriores, los PGE 2016 incumplen los compromisos de inversión, al incumplir las disposiciones establecidas en seis estatutos de autonomías, entre ellas, Cataluña, Aragón, Andalucía, Extremadura (Comunidades Autónomas con estatuto de nueva generación). Este presupuesto de nuevo niega la petición de algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Canarias y Extremadura, que son las que más sufren el paro y el desempleo de transferencias extraordinarias para planes de empleo específicos, fondos específicos y finalistas para el fomento del empleo. Se detecta que en 2016 no se van a asentar las bases del necesario nuevo modelo de financiación, porque en los presupuesto de este año no se contempla en las transferencias previstas ningún cambio al respecto. El Gobierno ha eliminado los planes provinciales e insulares de cooperación, dejándolos al libre arbitrio de las Diputaciones. En cuanto al Capítulo VIII “Relaciones financieras entre España y la unión europea en el año 2016”, el saldo financiero de España UE se calcula en 740,18 millones de euros, cifra superior al ejercicio 2015, si bien dicha valoración ha de tener en cuenta que en esta anualidad se suma el ingreso de las liquidaciones pendientes de los programas del periodo 2007-2013 y 20002006. 29

Presupuestos Generales del Estado 2016

La propuesta de PGE 2016 consolidado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el ejercicio 2016 asciende a 9.765,9 millones de euros, que supone una rebaja adicional a la de los años anteriores del 11,3% respecto al 2015. El 70% del presupuesto para la política de agricultura pesca y alimentación corresponde a transferencias de la Unión Europea a través del FEADER y FEAGA, lo que convierte a este presupuesto en mero gestor de fondos europeos. Todo ello demuestra que se está quitando peso a la agricultura, la pesca y el medio ambiente en las políticas presupuestarias del Gobierno. Un presupuesto duro, con más recortes a unos sectores que han sido maltratados por este Gobierno en el conjunto de la legislatura y que no resuelve los problemas reales del sector agrario y del medio rural. Con respecto a la función pública, apreciamos desde 2012, que cada año hay menos empleados públicos, con peores condiciones laborales, menos retribuciones y menos derechos, y todo ello afecta claramente a la prestación de servicios al ciudadano. Con respecto a las medidas adoptadas en 2016: 

Si hablamos sobre la tasa de reposición, tenemos que recordar que desde el año 2012 se han perdido en España más de 200.000 empleos, siete cada hora, y muchos de ellos en servicios esenciales para los ciudadanos, detrás de estas frías cifras hay centros de salud que han cerrado, médicos despedidos, menos quirófanos, aulas masificadas, investigadores en paro, menos efectivos en la lucha contra el fraude fiscal y laboral y muchos retrasos judiciales.



Respecto a la devolución de la paga extra de 2012, en primer lugar, esta medida se dirige exclusivamente a los funcionarios de la Administración General del Estado, que suponen un 8% del total de empleados públicos del país, cuando se le había suprimido en su momento a todos los funcionarios, dejando al albur de las CCAA, la devolución parcial, teniendo estas, en muchos casos, altos niveles de endeudamiento y limitaciones presupuestarias.



En cuanto al reintegro del porcentaje restante de la extraordinaria, existen rumores interesados, que siembran la confusión, ya que la Ley de Presupuestos en trámite no especifica fecha ni fórmula de pago.



Respecto a la descongelación salarial, no es sinónimo de recuperación salarial, ya que no resuelve ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo. ya que según las estimaciones de la Comisión Europea, la inflación subirá en España un 1,1% en 2016 y los empleados públicos seguirán perdiendo poder adquisitivo el año que viene. Además, se trata de una ridícula subida, para ser la primera en seis años. Por último, no han utilizado el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que firmaron con los agentes sociales en junio que incrementaba al menos un 1,5%.



Restituye un día adicional de permiso por asuntos particulares, cuando anteriormente existían seis.



MUFACE, supone uno de los mayores ejemplos de la despreocupación política, insuficiencia financiera y gestión chapucera del Gobierno. Para 2016 se prevé un aumento de 24 millones en la partida de cobertura sanitaria de los funcionarios, pero que seguramente se dedicará a compensar la liquidación de o 2015.

4. Valoración general de los PGE 2015 UGT considera que el Proyecto de PGE 2016 presentado por el Gobierno tiene un carácter claramente electoralista y exige unos presupuestos centrados en las personas. Para UGT, los PGE 2016 tienen que apostar por el crecimiento y para ello hay que favorecer el consumo, lo 30

Presupuestos Generales del Estado 2016

que requiere empleo y rentas para los hogares y las personas. Porque además de la ser la clave para el crecimiento, es de justicia social una política salarial y de rentas que frene la pobreza y la desigualdad. Porque la evolución de los datos macroeconómicos, además de ser el espejo de las debilidades de nuestra recuperación económica, son el reflejo de una economía que no consigue recuperar su demanda, como consecuencia de la persistente devaluación de las rentas de las familias en nuestro país. En este sentido, conviene destacar que todas las rentas de trabajadores y familias que dependen de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (PGE 2016) van a sufrir una rebaja de poder adquisitivo, claro reflejo de la irresponsabilidad del Gobierno con la recuperación real de las familias y los trabajadores. En los PGE 2016 se plantea un 1% de incremento salarial para el colectivo de empleados públicos, que no solo no recupera la pérdida de poder adquisitivo fruto de los recortes anteriores, sino que abundará con la pérdida, puesto que el cuadro macroeconómico contempla un deflactor del PIB del 1,1% para 2016. Lo mismo ocurre con las rentas de los pensionistas, que sufrirán una nueva caída de poder adquisitivo dado el incremento contemplado, de nuevo del 0,25%, muy por debajo del deflactor previsto. Además las prestaciones sociales a las familias se congelan, ya que el Gobierno pretende, por sexto año consecutivo, no actualizar el IPREM, incumpliendo la legislación que obliga a consultar a los interlocutores sociales antes de fijarlo. Los PGE 2016 contemplan una nueva reducción de 5.480 millones de euros en prestaciones por desempleo, que lejos de deberse a una menor tasa de desempleo, se debe a la menor tasa de cobertura y a los menores niveles de prestación media. Y todo esto en un contexto en el que las políticas aplicadas han provocado un empeoramiento de las condiciones de vida de la población y el alejamiento de España en términos de renta por habitante del conjunto de la Unión Europea. El enquistamiento del paro de larga duración, la caída de la calidad del empleo y la devaluación salarial han provocado una fuerte pérdida de renta de las familias españolas, aumentando notablemente la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que alcanza ya al 29,2%, casi 5 puntos por encima de 2009. Los PGE 2016 lejos de corregir esta situación, vuelven a poner de relieve la nula correspondencia que hay entre las actuaciones del Gobierno y las necesidades reales de nuestra economía y nuestra sociedad. Con un marcado carácter electoralista, el Ejecutivo ha planteado un escenario irreal en sus previsiones para cumplir sobre el papel con los objetivos macroeconómicos europeos, y cuyo contenido sustenta unas políticas continuistas, que suponen una apuesta por un modelo de crecimiento caduco y frágil y un nuevo recorte de nuestro estado de bienestar. El escenario real que se dibuja hoy en España exige la reactivación del consumo de las familias, indispensable para recuperar el crecimiento sostenido en nuestro país, que permita crear empleo y recobrar los niveles de renta perdidos. Y para ello, urge la creación de empleo de calidad y la mejora de los salarios de los trabajadores, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, firmado por los Agentes Sociales el 8 de junio de 2015. Ello exige que se acompañe el esfuerzo con planes de choque específicos. A través de un impulso de las políticas activas y los servicios públicos de empleo, con recursos excepcionales para la formación y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones, es decir, parados de larga duración, jóvenes y mayores de 45 años. Asimismo se debe extender la protección por desempleo de forma que ningún trabajador se quede sin cobertura.

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Presupuestos Generales del Estado 2016

Además, el sindicato apuesta por una reforma integral de la fiscalidad, con un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del trabajo y del capital tengan el mismo tratamiento, con una acción decidida contra el fraude fiscal, y que sirva para poner las bases de un nuevo sistema productivo, ya que nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales en el que prima el empleo precario, temporal y a tiempo parcial. Asimismo, aboga por cambiar los actuales parámetros de la actual política económica nacional revitalizando la demanda y el empleo de calidad, priorizando el gasto público y fijando una política salarial pública acorde con la necesaria reactivación económica. En definitiva, UGT apuesta por unos presupuestos centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de Bienestar.

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