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PEKIN.- Las protestas en Hong Kong reflejan una grave crisis de confianza. Junto a la exigencia de más democracia hay otros tres motivos por los cuales la región china, bajo un régimen de administración especial, vive manifestaciones tan masivas: el creciente distanciamiento entre chinos y hongkoneses; una generación más joven y con mayor conciencia democrática, y el duro curso que emprendió el jefe de Estado y de partido, Xi Jinping. "El modelo de «un país, dos sistemas» fracasó en la práctica", dijo el comentarista Zhang Lifan. "El gobierno de China apenas cuenta ya con credibilidad para mantener sus promesas", añadió Zhang, que considera que la única reacción posible de Pekín ahora son negociaciones y concesiones. "Pero al gobierno le faltan astucia y capacidad de compromiso", opinó. Durante más de 150 años, Hong Kong fue una colonia de Gran Bretaña. Con la política liberal de los británicos y una fuerza de trabajo barata, la metrópolis portuaria creció hasta convertirse en un centro económico asiático. Dado que una convención firmada en 1898 entre Pekín y Londres expiró tras 99 años y el gigante asiático demandó la entrega de Hong Kong, las dos partes acordaron en 1984, en una declaración conjunta, la devolución el 1° de julio de 1997. La dirigencia comunista se comprometió a mantener el sistema capitalista con libertades. A Hong Kong le fue asegurado "un alto grado de autonomía", mantuvo sus fronteras aduaneras y goza de libertad de prensa y opinión. China ganó en todo el mundo gran reconocimiento por el sabio acuerdo de 1984. También prometió a los hongkoneses elecciones directas a largo plazo. Diecisiete años después del cambio de soberanía, China ganó terreno más rápido de lo esperado. Una importante afluencia de chinos ricos llena en la actualidad hospitales, escuelas y centros comerciales, impulsa los precios inmobiliarios hacia arriba y arrincona a los hongkoneses. Las diferencias sociales crecen. Los ricos hombres de negocios de Hong Kong negocian con los poderosos de Pekín. Los hongkoneses de a pie pierden la sensación de que el gobierno los protege y representa sus intereses. Las reformas democráticas fueron aplazadas dos veces. En agosto, Pekín autorizó por primera vez elecciones directas para 2017, aunque quiere escoger los candidatos. La desilusión fue grande. Los estudiantes comenzaron una protesta que desembocó en una manifestación aún mayor. Por otra parte, la mano dura del presidente Xi Jinping ante los defensores de los derechos civiles o las minorías, como los tibetanos, moviliza a la oposición. Tampoco intimidan a los hongkoneses las amenazas de una intervención del Ejército Popular de Liberación chino; al contrario..

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El aumento en las chances de una victoria de la presidenta Dilma Rousseff en el primer turno de las elecciones del próximo domingo hizo que ayer el índice bursátil Ibovespa caiga un 4,52%, la mayor caída en tres años, con lo que llegó a los 54.625 puntos y retornó al nivel de mediados de junio. Una encuesta del instituto MDA, divulgada ayer estiró la ventaja de Dilma hasta un 47,7% en un eventual segundo turno contra Marina que llega al 38,7%. En el primer turno, Dilma aparece con un 40,4%, Marina llega a 25,2% y Aécio Neves al 19,8%. "El mercado está adelantándose a una victoria de Dilma Rousseff en el primer turno", comentó el analista de CM Capital Markets, Marco Aurélio Barbosa. En la encuesta de Datafolha, por su parte, la presidenta de Brasil y candidata a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) duplicó la diferencia en relación a su principal adversaria, de siete puntos a trece puntos porcentuales en una semana. Las intención de voto a Dilma subió de 37% a 40% y las de Marina cayeron de 30% a 27% con respecto al sondeo divulgado el 19 de septiembre. Aécio pasó de 17% a 18%. Los votos en blanco y nulos sumaron 5% y los electores que no respondieron la consulta totalizaron 6%. Cuando se cuentan sólo los votos válidos, Dilma obtiene el 45%, Marina el 31% y Neves, 21%. 30 de Septiembre de 2014 [68]

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En la simulación de un eventual segundo turno entre Dilma y Marina, la candidata del PT tendría 47% y la ex senadora ecologista 43%. En este sondeo ambas están técnicamente empatadas. La candidata a diputada federal por el PSB y coordinadora de la campaña de Silva, Luiza Erundina, minimizó su caída en las intenciones de voto. "No vale la pena decir que no es verdad. La encuesta es verdadera para el momento en que se hace. Pero el proceso es muy dinámico. Hay una masa de indecisos, que no definieron (su voto). El margen de expectativa de cambio (de candidato) es muy alto", dijo. Erundina recordó la elección en la que ganó la intendencia de la ciudad de San Pablo. Señaló que aparecía en el tercer lugar en las encuestas de intención de voto en 1988 pero finalmente se impuso en la disputa y gobernó la metrópoli entre 1989 y 1992. "Marina hoy está mucho mejor", afirmó. La candidata a diputada estimó que la movilización callejera será la gran arma de Marina en la última semana de campaña. Grandes centros urbanos, con más electores, serán los principales objetivos de esa estrategia. "Nos vamos a dividir. Marina sola, en pocos días, no podrá suplir la necesidad de su presencia". Según Erundina, la presencia maciza de la militancia es una forma de sortear la baja exposición de la candidata, que tiene poco espacio en la propaganda de televisión y escasos recursos para financiar la campaña. "Yo recorrí la zona este de San Pablo ayer y no se ve material de Marina. Es una candidata casi invisible. Eso es una realidad", agregó. Erundina defendió la necesidad de una reforma en los medios de comunicación masivos de Brasil, para democratizar el acceso a la información en el país. "Hay que disminuir el oligopolio, la propiedad cruzada (cuando un mismo grupo es dueño de radios, canales de TV y publicaciones impresas), esparciendo un poco los medios de comunicación de masas por las varias regiones del país", dijo, durante una recorrida para presentar las propuestas de Marina a la población de San Pablo. Con respecto a esa reforma, señaló que la propuesta que defiende es diferente a la del PT, que prevé el llamado control social de los medios de comunicación. "No se trata de control social de los medios. Sino dar al actual consejo de comunicación social, que fue creado en la Constitución de 1988 y reglamentado a inicios de los 90, las condiciones para discutir y negociar las políticas de concesiones", dijo.

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A menos de una semana de la elección, los tres principales candidatos a la presidencia de Brasil se enfrentaron en embates directos en el debate del domingo por la noche en la TV Record. En la primera oportunidad, la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), cuestionó los cambios de postura de su rival Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB), en una estrategia que viene utilizando la propaganda electoral de la dirigente petista. "Usted cambió de partido cuatro veces. Cambió de posición de un momento a otro en temas de extrema importancia, como la CLT (Consolidación de las Leyes de Trabajo), el Banco Central y el pre-sal", afirmó Dilma. "En el debate de la TV Bandeirantes, usted dijo que había votado a favor de la CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros), pero los registros del Senado muestran que no", acusó. Marina contestó que cambió de partido para no cambiar de "ideales y principios". Dijo que cuando era senadora votó a favor de la CPMF contra la voluntad del PT, su partido en la época, como una de las fuentes del fondo de combate a la pobreza, propuesto por el ex senador fallecido Antonio Carlos Magalhães, que pertenecía al Partido del Frente Liberal (PFL). "Fue con la oposición seria del PT, que en esa época decía que yo favorecía a un senador de derecha. Por eso digo que no hago oposición por oposición, no solo en el caso de la CPMF", afirmó, y citó otros proyectos, como el protocolo de Kyoto. Sin embargo, Marina no explicó los votos contrarios a la creación de la CPMF en otras ocasiones. La ex senadora también apuntó contra Dilma cuando tuvo la oportunidad de preguntar. Dijo que el cambio en la política para el etanol generó el cierre de 70 plantas y la pérdida de 60.000 empleos. "¿Qué sucedió para que usted cambiara el rumbo de la política del presidente Lula y causara ese fracaso?", cuestionó Silva a Rousseff. La presidenta rebatió ese punto diciendo que desgravó impuestos de ese sector y aprobó leyes que permiten aumentar de 25% a 27,5% el porcentaje de etanol en la nafta. "La política de mi gobierno para el etanol se basó en algo a lo que usted se opone: subsidio", afirmó Dilma. La mandataria fue el objetivo de la mayoría de los demás candidatos y pidió dos derechos de respuesta, que le fueron negados porque la organización entendió que no se trataba de acusaciones que la injuriasen. Aécio Neves, el candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que ocupa el tercer lugar en las encuestas, se concentró en el tema de Petrobras y dijo que un grupo político está utilizando a la empresa estatal para mantenerse en el poder. Citó las denuncias de corrupción que rondan a la petrolera, por el supuesto desvío de dinero que denunció el ex director de la compañía Paulo Roberto Costa, indicado por el PT para el cargo, y que habría participado del esquema de corrupción. Dilma respondió que fue ella quien sacó de su puesto a Costa y que fue la Policía Federal de su gobierno quien hizo la investigación. 30 de Septiembre de 2014 [70]

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El tiempo de las amenazas acaba de dar paso al de los hechos. Con un Consejo Extraordinario de Ministros, el presidente Mariano Rajoy dio orden expresa al Tribunal Constitucional (TC) de adoptar los recursos legales necesarios para anular el decreto firmado el sábado por el gobierno de Cataluña para convocar su consulta independentista del 9 de noviembre. A las dos horas –un tiempo record para este tipo de procedimientos– el TC admitía a trámite el recurso de Rajoy y suspendía así por el lapso de cinco meses el sueño soberanista. El pleno resolvió por unanimidad invalidar tanto el decreto de la convocatoria del referéndum y la ley de consultas que el Parlamento catalán aprobó la semana pasada para darle protección legal a la votación como “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas con ella”, según figura en su providencia. Esta paralización impide al gobierno de Cataluña avanzar en los preparativos del referéndum por un tiempo máximo de cinco meses, aunque la Generalitat lleva semanas manteniendo en incógnita los pasos que seguiría tras la suspensión (que todos daban por segura). En tono inflexible, Rajoy declaró tras el Consejo de Ministros que el referéndum no va a llevarse a cabo porque “va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica a su bienestar”. El jefe del Ejecutivo recordó ante la prensa que lleva desde diciembre advirtiendo que la consulta soberanista “no se va a celebrar”, ya que “ni por su objeto ni por su procedimiento es compatible con la Constitución” y en ese mismo sentido ratificó que el decreto que se firmó el sábado en el Palau de la Generalitat choca contra el artículo primero de la Carta Magna, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y no en una parte. “Es falso que el derecho a votar y decidir se lo pueda atribuir unilateralmente una comunidad y negárselo al resto de la nación. Es demagógico y suena bien, pero quien esgrime ese derecho en realidad le está privando de él a quien realmente le corresponde, que es la nación española. El derecho que quiere darles a unos Artur Mas, se lo está sustrayendo al resto”, declaró Rajoy. No obstante, el presidente de Gobierno quiso dejar entreabierta una puerta al diálogo con su homólogo catalán, consciente de que su habitual cerrazón es el blanco de buena parte de las críticas que recibe. “Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación, buscar un diálogo fructífero, siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Todo el diálogo dentro de la 30 de Septiembre de 2014 [71]

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ley y ninguno fuera de la ley. Estoy abierto a todas las iniciativas pero siempre dentro de la legalidad”, recalcó Rajoy como mensaje final de su discurso. Si Artur Mas acata la resolución del Constitucional y no saca las urnas a la calle, el jefe del Ejecutivo español asegura que se podrá –de forma conjunta– buscar soluciones a la larga lista de demandas que Cataluña tiene hacia el poder central. Sin embargo, cuando se le preguntó –aceptó tres preguntas de la prensa– si eso incluía la posibilidad de una reforma constitucional, tal como lo exige, por ejemplo, el Partido Socialista (PSOE), el presidente respondió: “Lo prioritario ahora es defender la Constitución. A partir de ahí, se puede reformar”. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que la vía socialista para “renovar el marco de convivencia común” pasa por la reforma de la Constitución de 1978 “desde una perspectiva federal, que nos permita una convivencia fructífera para todos. Hay que defender la Constitución, pero su mejor defensa es su renovación” advirtió en una rueda de prensa brindada tras el Consejo de Ministros de ayer. El principal partido de la oposición dejó bien claro desde el principio de la campaña independentista que apoya completamente al gobierno de Mariano Rajoy en sus acciones legales para bloquear el referéndum en Cataluña. “Como secretario general del PSOE, condeno la conducta del presidente de la Generalitat, que quiebra la legalidad y daña la democracia”, expresó Sánchez. Pero mientras desde Madrid se activan todos los mecanismos legales al alcance para frenar la consulta del 9 de noviembre, en Barcelona se articula una considerable batería de acciones en el Parlamento, en los juzgados y en las calles para asegurar que haya urnas. El sábado por la mañana, un acto solemne entre los arcos góticos del Palau de la Generalitat sirvió como marco para la escritura de lo que en Cataluña muchos sienten como una nueva página de su historia. El presidente de la comunidad, Artur Mas, firmó el decreto que convoca el referéndum por la independencia bajo la garantía legal de la ley de consultas catalana aprobada la semana pasada. En el texto, el gobierno de Cataluña explicita como argumento a su favor que “entre los asuntos y materias que pueden ser consultados mediante una convocatoria se encuentran los de especial importancia colectiva para el país, sobre los que la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado, tal y como reconocen los artículos 87 y 166 de la Constitución”. Al terminar el acto, Mas también aprovechó la oportunidad para dar un discurso a la altura de las circunstancias. De forma excepcional, la mayor parte de sus palabras fueron en castellano –no en catalán– y luego, incluso, repitió lo fundamental en inglés, para que el mensaje pudiera llegar sin intermediarios a la comunidad internacional. “Hemos necesitado muchas movilizaciones pero hoy, por fin, estamos ante la hora grande de Cataluña”, arrancó el president, recordando que para que la firma de la convocatoria de la consulta se haya hecho realidad “se han necesitado cuatro ingredientes: consenso político, diálogo, respeto a los marcos legales y amplias mayorías sociales”. Artur Mas tampoco dejó pasar la comparación con el reciente caso de sus vecinos escoceses y remarcó que el “inmovilismo del gobierno español vestido de presunta legalidad” contrasta con “aquellos estados democráticos que pactan para dejar votar y no silencian a quienes quieren opinar libremente”. Pero no todo se resuelve entre las paredes de los palacios gubernamentales. En las calles, miles de ciudadanos organizados en torno de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) –asociación que lidera el Movimiento Popular Independentista y que fue la principal impulsora de la “V” que atravesó Barcelona en la fiesta del 11 de septiembre– están dispuestos a demostrar que la consulta se va a hacer con o sin la autorización del Tribunal Constitucional. “Entendemos que la mejor respuesta es democracia, democracia y democracia”, dijo Carme Forcadell, presidenta de la ANC, y convocó concentraciones en las plazas de las municipalidades de toda Cataluña, tras la suspensión del Tribunal. 30 de Septiembre de 2014 [72]

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El colectivo, junto a los partidos políticos que apoyan el referéndum (todos excepto el PP, el PSOE y los conservadores Ciutadans), lanzó el mismo día de la firma de la convocatoria a las urnas la campaña en favor del 9-N y de la secesión, denominada Ara es l’hora (Ahora es la hora). El enorme movimiento ciudadano que en estos momentos apoya la consulta es imprescindible para que la misión independentista no muera con el veto del Constitucional. Artur Mas lo sabe mejor que nadie y por eso en los últimos días su imagen se reproduce en diversas entrevistas otorgadas a las principales cadenas televisivas, alentando al pueblo catalán: “Pido capacidad de resistencia. No puedo esconder que no será fácil, pero esto no funciona saliendo a la calle una vez al año; el futuro es una conquista no un regalo y nos lo tenemos que ganar”, aclamó el dirigente.

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