análisis político No. 9 ENE/ABR 1990 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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TABLA DE CONTENIDO ESTUDIOS La paz en la administración Barco: de la rehabilitación social a la negociación política ANA MARÍA BEJARANO SANDOVAL Elementos para una fundamentación del delito político en Colombia: una reflexión a partir de la historia IVÁN OROZCO ABAD DEMOCRACIA Relación entre la sociedad civil y el Estado LUIS ALBERTO RESTREPO MORENO COYUNTURA Por una asamblea constituyente democrática HERNANDO VALENCIA VILLA La conferencia de presidentes de Cartagena para la lucha antinarcóticos ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA ¿Hacia dónde va la Perestroika? DIEGO CARDONA CARDONA DEBATE Panamá y Nicaragua: dos interrogantes sobre Centroamérica PIERRE GILHODES RESEÑAS Actores en conflictos por la paz: el proceso de paz durante el gobierno ANA MARÍA BEJARANO Un sistema de seguridad y defensa sudamericano, ALFREDO VÁZQUEZ CARRIZOSA Tribunal permanente de los pueblos: proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad Liga internacional por los derechos y la liberación de los pueblos HERNANDO VALENCIA VILLA BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA La investigación - acción - participativa en América Latina ORLANDO FALS BORDA

Estudios LA PAZ EN LA ADMINISTRACIÓN BARCO: DE LA REHABILITACIÓN SOCIAL A LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA * Ana María Bejarano ** "

La paz política es un objetivo irrenunciable para la Colombia de hoy. Pero no la paz sin entorno, sino inseparablemente unida a profundas transforma ciones econó micas, sociales y políticas. Su alternativa es la autodestrucción. Es decir, la ausencia de alternativa". 1 El jueves 27 de febrero de 1980 el Comando Jorge Marcos Zambrano del Movimiento 19 de Abril se tomó la embajada de la República Dominicana. Desde allí, el movimiento guerrillero lanzó por primera vez su propuesta de paz, la cual contenía tres puntos principales: amnistía para los alzados en armas, cese del fuego y diálogo nacional. Exactamente diez años después, el domingo 11 de marzo de 1990, Rosemberg Pabón Pabón, el "Comandante Uno", participó en las elecciones para la alcaldía del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. Pocos días antes, el M-19 había hecho entrega de sus armas y firmado un acuerdo definitivo con el gobierno de Virgilio Barco. Este acuerdo, el primero que en la historia na cional permite la *

La elaboración de este artículo fue financiada por FESCOL. "Politóloga, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. ** Politóloga, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 1 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, Actores en conflic to por la paz, Bogotá, CINEP Siglo XXI, 1989, p. 19.

La paz en la administración Barco… reincorporación de un grupo armado con garantías para su plena participación en el régimen político vigente, es el resultado de una larga década de encuentros y desencuentros, de negociaciones y rupturas, de treguas y reiniciaciones del enfrentamiento. Es resultado de las propuestas que ha lanzado la guerrilla desde el campo de combate, como también de los esfuerzos de las dos últimas administraciones por recoger las banderas lanzadas desde la oposición armada y convertirlas en políticas de paz respaldadas por el gobier no. Las negociaciones desatadas para dar fin a la toma de la embajada de la República Dominicana pueden catalogarse como el preludio de esta década de negociación entre el gobierno nacional y el movimiento armado. Sin embargo, una vez culminado el episodio, se retornó al esquema autoritario y represivo que desde 1978 marcó la administración Turbay Ayala. Las ofertas de amnistía condicional, la confor mación de la primera Comisión de Paz y el levantamiento del estado de sitio pocos días antes de la culminación de su período, poco hicieron para modificar la image n de un gobierno intransigente que hacía imposible cualquier negociación seria con la guerrilla. Luego vino el período de Belisario Betancur durante el cual el país presenció un drástico viraje en la concepción gubernamental del conflicto interno, cuya consecuencia lógica fue el diseño de un modelo de tratamiento radicalmente distinto al anterior. Reconocimiento oficial de las causas internas "objetivas y subjetivas" de la violencia, negociaciones y acuerdos con la guerrilla, apertura política del ré gimen, Plan Nacional de Rehabilitación para las zonas afectadas por el enfrentamiento armado: tales

Estudios fueron los signos positivos con que comenzó la administración Betancur (1982-1986). Incumplimientos de parte y parte, rupturas sucesivas de la tregua, ausencia de reformas, bloqueo parlamentario, oposición militar, crisis econó mica: los obstáculos y las frustraciones no se hicieron esperar. El cuatrienio culminó con un, balance pobre en términos de sus logros para la paz. Pero dejó sentado un precedente imposible de desconocer hacia el futuro: la solución negociada del conflicto interno no sólo es posible, sino también imprescindible. Esta es una lección que la administración siguiente (1986-1990) tardó en reconocer. Esforzándose por resaltar sus diferencias frente al mandatario anterior, Virgilio Barco diseñó una estrategia integral para la paz en la cual, sin embargo, estaba ausente el componente principal para lograrla: la negociación con el adversario. Pasados dos años de su puesta en marcha y sin resultados positivos, el gobierno de Barco tuvo que abrir de nuevo las puertas al diálogo con los insurgentes. Así se inició el itinerario de conversaciones que acaba de culminar con la reincorporación definitiva del M-19 a la vida política legal. El presente trabajo se propone un análisis del modelo puesto en vigencia a lo largo de la administración Barco para poner fin a la confrontación armada y superar la crisis del régimen político en Colombia. No se presenta en estas páginas un estudio detallado del proceso de paz realizado durante la administración Betancur. Sin embargo, el peso de tal experiencia así como la evaluación de la autora sobre la misma, aparecen implícitos a todo lo largo de este documento. Por último, y pese a no tener pretensiones teóricas, considero necesario

La paz en la administración Barco… hacer algunas breves precisiones sobre las nociones de crisis, solución negociada del conflicto y apertura política que están presentes como sustento de todo el análisis. En cuanto a la naturaleza de la crisis que ha dado origen al conflicto armado en Colombia es preciso aclarar que se trata de una crisis caracterizada por la debilidad del Estado, que sumada a la pérdida de legitimidad del régimen político resulta en un desbordamiento creciente de los conflictos sociales y políticos por fuera de los canales institucionales de mediación y regulación. Ante el debilitamiento crítico de algunos aparatos estatales como el de justicia, la sociedad civil asume progresivamente la defensa directa de sus intereses sin esperar ni acatar la mediación legítima del Estado. Este, a su vez, incapaz de mantener el monopolio del uso de la fuerza, asiste impotente a la fragmentación del poder en manos privadas que impulsan por sus propios medios el crecimiento de una violencia cada vez más descentralizada2 . El conflicto armado, característico de las tres últimas décadas en Colombia, no ha podido ser definido como una guerra civil, sino como una lucha prolongada entre un Estado débil y una insurgencia 2

Para un análisis más amplio de la crisis política colombiana véanse los trabajos de Francisco Leal Buitrago, "La crisis del régimen bipartidista", en Estado y política en Colombia, Bogotá, CERECSiglo XXI, 1989, y "Crisis estructural y problemas de coyuntura en la Colombia actual" (borrador); de Eduardo Pizarro, -Democracia restringida y desinstitucionalización política", en Pedro Medellín Torres (compilador), La reforma del Estado en América Latina, Bogotá, FESCOL, 1989; de Mark W. Chernick, "Insurgency and Negotiations. Defining the boundaries of the political regime in Colombia", Columbia University, draft version, June 1989.

Estudios en armas, no derrotada, pero aún minoritaria 3 . En este caso, en el que ninguno de los dos polos enfrentados tiene la capacidad para alcanzar la victoria definitiva sobre el otro, la solución negociada no sólo es factible sino absolutamente necesaria para evitar la prolongación indefinida y la degradación del conflicto. Esta solución no contempla, por supuesto, fórmulas tendientes a una nueva distribución del poder estatal entre los actores armados. Ella supone, más bien, a la par con la renuncia al uso de la violencia como mecanis mo de acción política, una redefinición de las normas que rigen la controversia política, es decir, un reacomodo del régimen político. En suma, una conexión estrecha entre las negociaciones tendientes a la finalización del conflicto armado y la apertura del régimen político vigente, constituye condición sine qua non para la solución negociada de conflictos como el colombiano. El escenario ideal en relación con el proceso mismo de negociación sería aquel en el que los actores armados enfrentados estuvieran unificados, de tal manera que sus voceros en las mesas de negociación contaran con la representación completa del conjunto. Más fundamental aún, sería que los mismos actores armados contaran con un alto nivel de representatividad de las fuerzas sociales, es decir, que su acción armada llevara a su vez la vocería de una amplia gama del conjunto de fuerzas que se traban en conflicto a lo largo y ancho de la nación. En el caso 3

Mark W. Chernick, "Insurgency and Negotiations...", y del mismo autor, "Negotiated settlement to armed conflict: Lessons from the colombian peace process", en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Volume 30, Number 4, Winter 1988-1989.

La paz en la administración Barco… colombiano, los actores armados protagonistas de la violencia política organizada carecen de este nivel de representatividad. Ni el Estado en su conjunto, ni los partidos que lo sustentan, ni las guerrillas en su totalidad, cuentan hoy con la capacidad de representar la inmensa gama de intereses y conflictos que se mueven en la sociedad colombiana. Más grave aún: ninguno de los polos enfrentados es homogéneo. Tanto dentro del Estado como dentro del movimiento guerrillero se mueven diversas corrientes a veces coincidentes, muchas veces contradictorias. De allí que las partes negociadoras -el gobierno por un lado y algunos grupos guerrilleros por el otro-, no alcancen siquiera el respaldo total de los actores a los cua les pretenden representar. Esta grave limitación ha afectado en gran medida los procesos de negociación desarrollados durante la presente década en Colombia. Pero ella, por sí sola, no desmiente la necesidad de emprender el camino de las salidas políticas para el conflicto armado. Por otra parte, el proceso de apertura política se entiende aquí como un proceso gradual de supresión de las restricciones a la participación política impuestas históricamente por el régimen de "democracia restringida". Se trata tanto de restricciones normativas, como de aquellos obstáculos que, de hecho, han constituido las barreras excluyentes de las mayorías colombianas: el monopolio bipartidista sobre el poder estatal y sobre los mecanismos de acceso al mismo, la militarización de la sociedad civil, la criminalización de la protesta ciudadana, la guerra sucia y la utilización permanente del estado de sitio, entre otros. Ahora bien, el hecho de que se logren negociaciones exitosas en torno a la

Estudios finalización de la lucha armada y la iniciación de una reforma política democrática, no conduce automáticamente a la paz. La paz no se agota en la negociación, ni en la cesación del fuego, ni en la promesa de un "tránsito" hacia la democracia ampliada. En otras palabras, la paz "real", que implica la construcción de una sociedad alternativa más justa y más democrática, no se agota en la paz "formal", entendida como el acuerdo para tramitar el conflicto en forma civilizada. Aunque esta paz forma l constituye un paso previo e indispensable para el logro de la paz real, es preciso no confundir como se ha hecho en otras ocasiones-, "los mecanismos para poner fin a la confrontación armada, con la solución a las causas que han originado la guerra"4 . Después de alcanzar el armisticio, si algún día se logra, Colombia deberá recorrer un largo camino hacia la transforma ción real de sus estructuras políticas, económicas y sociales. LA CANDIDATURA DE VIRGILIO BARCO FRENTE A LA HERENCIA DE BETANCUR El tema de la paz ocupó, como era de esperarse, un lugar especial en el debate electoral entre 1985 y 1986. Mientras que el discurso del candidato conservador, Álvaro Gómez Hurtado, presentaba un corte radical frente a la concepción belisarista del conflicto armado y la forma de enfrentarlo, la ló gica de Betancur parecía encontrar su prolongación en los dis cursos liberales. El candidato liberal, Virgilio Barco, parecía compartir ampliamente la tesis sostenida por la administración en curso según la 4

Gonzalo Sánchez, —Raíces históricas de la amnistía o etapas de la guerra en Colombia", en Ensayos de historia social y política del siglo XX, Bogotá, El Ancora Editores, 1985, p.223.

La paz en la administración Barco… cual existen condiciones objetivas de injusticia social que explican la presencia de grupos armados en Colombia. Por lo tanto, según esta interpretación, el Estado debe emprender una serie de reformas de tipo económico, social y político, si aspira a erradicar la violencia 5 . No obstante esta afinidad en cuanto al diagnóstico de la violencia, el candidato liberal planteó fuertes críticas frente al proceso de paz que estaba por culminar. Unas tenían el claro propósito de diferenciar el programa liberal de las ejecuciones de un gobierno conservador, para mantener así la posibilidad de presentarse como su alternativa. Otras iban más allá, en el sentido de evidenciar los errores cometidos por la administración Betancur en el desarrollo de su estrategia y proponer los correctivos necesarios. En primer lugar, según el candidato liberal, al proceso de paz le hizo falta la acción directa del Estado, al no incluir en las comisiones de paz, verificación y diálogo a miembros del gobierno 6. La falta de planeación y de delimitación de responsabilidades constituirían otra de las causas primordiales de los deficientes resultados que arrojaba el proceso de paz. Por otro lado, Barco le criticaba a Betancur el hecho de haber adoptado una concepción "mesiánica" del proceso político y, en consecuencia, haber pretendido afianzar la paz sin el concurso de los partidos y de las fuerzas representativas de los

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María Emma Wills, " Las posiciones de los candidatos frente al proceso de paz", en Qué pasó?, Coyuntura Trimestral, CINEP, Año 4, No. 12, mayo de 1986; "Mi compromiso es con el futuro de Colombia: Barco". en El Tiempo. 11 de agosto de 1985, p. 5B; La lógica de la paz , Documento No. 10, Partido Liberal Colombiano. 6 "El proceso de paz ha fracasado: Barco", en El Tiempo, 8 de abril de 1986, pp. lA y 7A.

Estudios diferentes sectores que cons tituyen la nación7 . Pese a tales críticas, la propuesta liberal parecía tender, a grandes rasgos, hacia la concepción de "mano tendida" planteada desde el discurso inaugural por Belisario Betancur. A esto se añadiría la concepción del "pulso firme", sobre todo a partir de los acontecimientos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Frente a este tipo de acciones y a los grupos que como "fanáticos" insisten en la vía armada, el Estado debería, según Barco, adoptar una política de mano dura privilegiando la solución militar del conflicto 8 . De esta manera, bajo la consigna de "la mano tendida y el pulso firme", el candidato liberal integraba la solución política y la militar, es decir, la estrategia Betancur combinada con la estrategia Turbay. Virgilio Barco obtuvo una significativa mayoría de votos en las elecciones de mayo de 1986 9 . Sus propuestas de campaña debían entonces adaptarse a las condiciones que heredaba forzosamente del cuatrienio anterior. El presidente electo para el período 1986-1990 recibió un país cuyo régimen político seguía operando dentro de grados de legitimidad bastante endebles; un grupo de guerrillas cohesionado en la Coordinadora Nacional Guerrillera, CNG, y otro tratando de mantener una frágil tregua cuya 7

"Crítico análisis del proceso de paz hace Barco", en El Tiempo, 30 de junio de 1985,p. 11A. 8 Declaración de Virgilio Barco con ocasión de los eventos del Palacio de Justicia el 9 de noviembre de 1985, recopilada en El Partido Liberal y la defensa de las instituciones democráticas, Documento No. 21, Partido liberal Colombiano. 9 Virgilio Barco obtuvo 4'211.826 votos (58.2% del total); Alvaro Gómez obtuvo 2'586.825 (35.8% ); Jaime Pardo Leal obtuvo 328.641 (4.5%). Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

La paz en la administración Barco… prolongación a término indefinido había sido recientemente firmada; un nuevo movimiento político -la Unión Patriótica-, cuya plataforma de lanzamiento, las FARC, aún no hacían claridad sobre el problema de las armas. La apertura del espacio político prome tida durante el cuatrienio anterior apenas había comenzado. Las reformas sustanciales en los campos económico y social seguían siendo objeto de especulaciones sin que se hubiera avanzado en su realización. Los obstáculos que se habían interpues to en el desarrollo del pro yecto de paz oposición del Congreso y de las Fuerzas Militares-, relativos a las caracterís ticas del régimen, seguían pesando en la realidad nacional. Frente a este panorama, sin embargo, el nuevo gobierno contaba con algunas condiciones significativamente mejores que las de su antecesor. Además de contar con un amplio respaldo electoral, Barco asumió la Presidencia con el apoyo de su partido, el Liberal, que además tiene la mayoría en el Congreso. Esta ventaja, sin embargo, ha demostrado ser muy frágil dado el profundo fraccionamiento interno del partido de gobierno y, por ende, los grandes esfuerzos que ha tenido que realizar el Ejecutivo para lograr cohesionar al partido en torno a sus iniciativas. El tan anunciado gobierno de partido del presidente Barco terminó por ser un gobierno sin partido. Barco también encontró a su llegada a la Presidencia una economía en franco proceso de recuperación10 . Esta 10

La variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, no sólo fue inferior al 1.5% durante todo el período de Betancur, sino que en dos de esos años fue negativa (1982: -0.9% y 1984: -0.5%). Por el contrario, en 1986 esta situación había cambiado radicalmente. En ese año la variación porcentual del PIB por habitante fue

Estudios circunstancia no sólo le permitiría al gobierno desarrollar los programas contenidos en su plan de economía social, sino también evitar la puesta en vigencia de medidas de ajuste de tipo recesivo como las aplicadas durante el cuatrienio anterior. De hecho, las condiciones económicas favorecían las posibilidades para intentar una política económica más acorde con las estrategias de paz, así como un programa de reformismo socio económico más agresivo. No obstante la existencia de estas condiciones favorables, la administración Barco encontró desde sus comienzos un grave obstáculo en la búsqueda de la paz: la agudización de la vio lencia política por el crecimiento vertiginoso de la guerra sucia. Para 1986 ya era claro que la violencia no se centraba exclusivamente en el enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas del Estado. A este eje inicial del conflicto armado se habían sumado ya dos nuevos acto res profundamente ligados entre sí, los narco traficantes y los grupos paramilitares, demos trando con sus acciones una gran capacidad de acelerar el escalamiento de la guerra. Dos factores heredados de la administración anterior contribuían a oscurecer el panorama: el primero tiene que ver con la polarización de los acto res armados resultante de la ruptura de los acuerdos de paz y, ante todo, de la batalla del Palacio de Justicia. El segundo, y quizás el más grave, fue la proliferación de los grupos de autodefensa, paramilitares y escuadrones de la muerte que iniciaron en forma privada labores de contrainsurgencia como contrapeso a la apertura de negociaciones con la guerrilla, promovida por Betancur. Estos del 3.3%. En 1987 fue del 3.5%. Revista del Banco de la República, Volumen LXI, No. 730, agosto de 1988, p. 106.

La paz en la administración Barco… crecieron al amparo de la indiferencia gubernamental y de la impunidad propiciada por la crisis del aparato de justicia, cuando no gracias a la aprobación y colaboración explícita de algunos sectores militares dentro del Estado mismo. Sin duda alguna la polarización exacerbada por la reanudación del enfrentamiento, y la guerra sucia crecientemente descentralizada y privatizada, constituían para 1986, un contexto a todas luces negativo para la continuidad de la tregua con las FARC o la reanudación de nego ciaciones con la CNG. 1. LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN, NORMALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN BARCO. PRIMERA ETAPA: 1986 - 1988 La estrategia diseñada por Barco para enfrentar la violencia partía, en lo fundamental, del mismo diagnóstico de la administración Betancur. Pese a ello, y aunque los objetivos de erradicar el conflicto armado y relegitimar el régimen permanecían básicamente inalterados, la estrategia puesta en marcha el 7 de agosto de 1986 significó en varios sentidos un fuerte viraje con respecto a su antecedente inmediato. Con ella se buscó aislar a la guerrilla de toda discusión sobre las reformas, quitarle protago nismo, rebajar su perfil político. Al adelantar unilateralmente su programa de cambio, el gobierno pretendía simultáneamente recuperar legitimidad para el régimen y reducir la influencia de la guerrilla al ganarse el apoyo de sus antiguas bases sociales. La cuestión de la negociación quedó desde un principio reducida únicamente a los temas relacionados con el desarme, la desmovilización y la reincorporación del movimiento armado.

Estudios Los tres componentes de la estrategia diseñada por Barco, la rehabilitación, la normalización y la reconciliación, evidenciaron a lo largo de su desarrollo el énfasis otorgado por la actual administración a la acción unilateral del gobierno, buscando con ello reducir la presencia de la guerrilla y trasladar el componente de la negociación a un segundo plano. El Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, constituyó, durante los dos primeros años de esta administración, la pieza clave de su estrategia de paz. Este plan había sido diseñado desde el gobierno anterior pero su ejecución había tenido poco éxito. El gobierno de Virgilio Barco lo retomó y lo convirtió en instrumento esencial no sólo de la estrategia de paz sino de su Programa de Economía Social. Con él se ha buscado reorientar el gasto público no sólo hacia las áreas afectadas por la violencia sino también hacia aquellas zonas marginadas en lo econó mico, pretendiendo simultáneamente quitarle piso político a la guerrilla y corregir los desequilibrios regionales ocasionados por el modelo de desarrollo 11 . De allí que su cober tura se ampliara grandemente, pasando de 177 municipios en 1986 a 297 municipios, con una población cercana a los cinco millones, en 198812 . Paralelamente los recursos apropiados y ejecutados por el plan también han tenido que aumentar, hasta llegar casi a duplicar los del cuatrienio anterior13 . La otra

La paz en la administración Barco… novedad intro ducida al PNR en la presente administración ha sido el intento por involucrar a la comunidad en la discusión de sus problemas y el diseño de las soluciones a través de los Consejos municipales y regionales de Rehabilitación. Aunque tal propósito no se ha logrado a cabalidad, por lo menos muestra la intención de reconocer la importancia de la participación comunitaria a la vez que int roduce una cierta descentralización y flexibilidad en las decisiones, conveniente dada la diversidad regional del país. Acertado en su concepción, el PNR sufre, sin embargo, de serias limitaciones que habría que señalar. En primer lugar, en lo que tiene que ver con los recursos destinados al Plan, no ha habido una decisión clara por parte del gobierno para obtenerlos gracias a una mayor exigencia tributaria dirigida a los sectores más pudientes. La reforma tributaria aprobada a principios de la actua l administración así lo demuestra. Ellos se han obtenido, más bien, gracias a una redistribución interna de los gastos del gobierno, mediante la cual hoy se destina aproximadamente el cuatro por ciento anual del PIB al llamado sector social: el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de Lucha contra la Pobreza Absoluta. Este cuatro por ciento significa, sin duda, una cantidad apreciable. Pero se trata de aliviar con él las necesidades, represadas por años de abandono oficial, del 40 por ciento de la población colombiana 14.

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Consuelo Corredor, "Discurso y realidad del Plan Nacional de Rehabilitación", en Análisis, conflicto social y violencia en Colombia, Documentos ocasionales, No. 53, CINEP, mayo de 1989, p. 39. 12 Contraloría General de la República, Informe financiero, junio de 1988, p. 11. 13 Entre 1983 y 1986 el PNR hizo apropiaciones de recursos del presupuesto nacional por un monto de 67.917.9 millones de pesos; entre 1987

y 1988 esta apropiación ascendió a 106.813.6 millones de pesos. Por otro lado el PNR ejecutó, entre 1983 y 1986, un total de 53.176.2 millones de pesos; entre 1987 y 1988 la ejecución fue de 91.970.3 millones de pesos. Consuelo Corredor, "Discurso y realidad...", p. 42. 14 Salomón Kalmanovitz, "Economía de la violencia", en Revista Foro, No. 6, junio de 1988, p. 21.

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Ahora bien, la extensión de ese gasto hacia municipios diferentes a aquellos azotados por la violencia hace que el PNR pierda su carácter preferencia] y por lo tanto disminuya en su impacto como herramienta para la superación del conflicto armado. Pero además, el Programa de Economía Social tomado en su conjunto constituye solamente un plan marginal aplicado a corregir desequilibrios, mas no pretende rectificar en forma radical los rumbos del modelo de desarrollo colombiano. También es preciso reconocer que el Plan se ha estrellado en sucesivas ocasiones con la rigidez, lentitud e ineficacia de unas entidades estatales poco acostumbradas a renunciar a sus prácticas tradicionales en favor de un programa que exige ciertamente una gran dosis de flexibilidad y agilidad, así como una eficaz coordinación interinstitucional. De esta rigidez institucional se deriva en parte el hecho de que el ga sto se siga orientando fundamentalmente hacia obras de infraestructura física (vial y productiva) mientras que se siguen relegando a un segundo plano las necesidades en materia social: salud, educación, servicios, vivienda y justicia. Este hecho no sólo desdice del verdadero contenido social del PNR, sino que además abre interrogantes serios sobre quiénes habrán de ser sus verdaderos y finales beneficiarios. Aparte de estas cuestiones, la pregunta fundamental que debe hacerse sobre el Plan Nacio nal de Rehabilitación tiene que ver con su eficacia como instrumento clave para lograr la paz en Colombia. De entrada, es cuestionable la concepción según la cual las condiciones materiales (hambre, miseria, desempleo, abandono estatal) constituyen la causa principal de

La paz en la administración Barco… la vio lencia. La importancia central asignada al PNR durante la actual administración lleva implícito un sesgo en ese sentido. Pero aun si esto fuera cierto, es innegable que un Plan para atacar esas "causas objetivas" no puede aspirar al éxito sino en el largo plazo. En el intervalo, el gobierno debería haber acometido otras accio nes complementarias que redujeran, si no conseguían erradicar del todo, los niveles de vio lencia. La administración Barco, por el contrario, depositó una extrema confianza en lo que algunos han llamado el "mito tecnocrático" del PNR15 y dejó abandonados o relegados a un segundo y tercer plano los demás factores generadores de violencia. La reforma política, por ejemplo, a pesar de haber demostrado su crucial importancia como componente de la política de paz del gobierno anterior, fue desplazada a un plano secundario por la actual administración. El gobierno de Barco redujo el debate acerca de las transformaciones del régimen político a la implementación del esquema gobierno oposición. Este esquema, saludablemente concebido como un primer paso hacia el desmonte definitivo del Frente Nacional, se convirtió en el pilar de la llamada normalización de la democracia dentro de la estrategia gubernamental. Las ventajas de institucionalizar la oposición en el país son innegables. Ello contribuiría sin duda a civilizar la contienda política enmarcando y canalizando el conflicto dentro de los parámetros de una democracia amplia y pluralista. No 15

La expresión "mito tecnocrático" ha sido retomada de una conferencia dictada por Eduardo Pizarro en el Seminario internacional sobre "Mediación y negociación de conflictos", Bogotá, 11 de agosto de 1989.

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La paz en la administración Barco…

obstante, el esquema propuesto por la actual administración redujo toda la controversia a los dos partidos tradicionales buscando con ello absorber de nuevo, a través suyo, todas las contradicciones de la sociedad colombiana. Tan es trecho modelo continuaba excluyendo no sólo a los movimientos nuevos como la Unión Patriótica, A Luc har y el Frente Popular, sino a la mayoría de las fuerzas sociales que, sin sentir se representadas ni por el bipartidismo ni por la izquierda tradicional, constituyen la principal fuente de oposición al sistema. Además de esta severa limitación, el mismo esquema ha puesto en evidencia la inexistencia de dos partidos realmente cohesionados, con programas o ideologías alternativos, que pudieran darle vida al dúo gobierno oposición. Sobra decir que ni el Partido Social Conservador, ni mucho menos el Liberal, están en condiciones de hacer realidad tal propósito.

Nación y el visible empeoramiento del orden público a comienzos de 1988, llevó a que el Presidente propusiera un plebiscito como recurso heterodoxo para llevar a cabo una reforma constitucional. La oposición de los partidos tradiciona les, incluido el suyo propio, dio al traste con esta iniciativa. Luego surgió como medida última de rescate, el Acuerdo de la Casa de Nariño que consistía básica mente en un nuevo pacto bipartidista para hacer más viable jurídica y políticamente la iniciativa presidencial de reformar la Carta Constitucional mediante refrendación popular 16 . Pero a este nuevo intento se opuso el Consejo de Estado decla rando inconstitucional el acto administrativo que sustentaba el proceso de reajuste institucional. En consecuencia, cinco meses después, Barco debió retornar a los cauces legislativos normales presentando su propuesta de reforma constitucional ante las cá maras.

En lo que respecta a las demás iniciativas que suponen una apertura democrática, entre 1986 y 1988 el gobierno de Barco se limitó a regla mentar y poner en marcha las reformas relativas a la elecció n popular de alcaldes y la descentralización administrativa y fiscal, aproba das durante el cuatrienio anterior. La consulta popular en los municipios, contemplada en el mismo Acto Legislativo que aprobó la elección popular de los alcaldes, sólo llegó a ser regla mentada durante la legislatura ordinaria de 1989, cuatro años después de recibir sanción presidencial. En suma, los dos primeros años de la presente administración estuvieron marcados por un notorio desinterés por crear y profundizar los canales de participación ciuda dana.

El nuevo proyecto de Acto Legislativo recogió finalmente una serie de propuestas de reforma política, algunas de las cuales presentaban avances, y otras, serias contradicciones. Entre ellas se contaban la consagración de amplias garantías y libertades ciudadanas, la reforma del Congreso, la supresión del parágrafo del ordinal primero del artículo 120, una nueva formulación para la norma sobre estado de sitio, el fortalecimiento de la justicia, la elección popular de gobernadores, la creación de la circunscripción nacional para la representación de las minorías y la posibilidad de utilizar tres procedimientos

Una difícil coyuntura, desatada a raíz del asesinato del Procurador General de la

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Hernando Valencia Villa, "De las guerras constitucionales en Colombia, Capítulo LXVIII. Un informe sobre la reforma Barco", en Análisis Político, No. 6, enero a abril de 1989, P.83.

Estudios alternativos para reformar la Constitución. Muchas de estas iniciativas fueron recortadas en su totalidad y otras fueron disminuidas en su alcance a lo largo de la primera vuelta en el Congreso17 . Su suerte definitiva quedó pendiente de la aprobación final que debía darse al finalizar la legislatura ordinaria de 1989. Luego de haber sufrido grandes recortes y cambios a su paso por el Senado y la Cámara, la iniciativa gubernamental para reformar la Carta se hundió definitiva mente, con la colaboración explícita del partido de gobierno. Quizá la reforma más atractiva del paquete dis cutido a lo largo de los dos últimos años era aquella que abría las posibilidades de utilizar varios procedimientos alternativos, entre ellos la convocatoria a un referéndum, con el objeto de abrir espacios de discusión y legitimar con el voto popular algunos cambios sustanciales al régimen político. De haber logrado su aprobación, quizá se hubieran iniciado en Colombia las posibilidades de una verdadera apertura democrática. Aparte de esta novedosa propuesta, el resto de la reforma impulsada por el gobierno no llegaba ni siquiera tangencialmente a constituir el nuevo pacto político que requiere la sociedad colombiana. Adicionalmente, es necesario anotar que la conexión entre el debate constitucional y el propósito de pacificación nacional solamente fue establecida a partir de la iniciación de negociaciones con el M-19. Aparte de este tortuoso recorrido de la reforma en la normatividad institucional, quizá el factor de mayor gravedad que afecta una real ampliación de la democracia en Colombia es la guerra 17

Ibid., pp. 85-96.

La paz en la administración Barco… sucia que se ha desatado en el país. Más aún .fue las normas, es el desarrollo real del proceso político, en el cual juega un papel creciente la violencia, lo que restringe en gran parte el juego político amplio y pluralista. La adminis tración Turbay dio culminación a la tendencia represiva que se había desarrollado a lo largo del Frente Nacional, no sólo contra los grupos alzados en armas sino también contra toda manifestación de protesta legítima. Las detenciones masivas y la tortura tuvieron en ese cuatrienio su momento de auge. Luego vino la administración Betancur, bajo cuyo discurso de diálogo y apertura se dio paso a una progresiva clandestinización de la lucha contrainsurgente. Se desarrollaron los primeros grupos paramilitares y las desapariciones forzadas llegaron a niveles nunca antes vistos en el país. Finalmente, durante la administración Barco se generalizó la formación de grupos de justicia privada en todo el territorio nacional, ampliando no sólo su cubrimiento geográfico sino también el rango de sus víctimas: ya no se trata únicamente de los guerrilleros amnistiados o reincorporados. A ellos se han sumado progre sivamente dirigentes políticos de todos los partidos, militantes de los nuevos movimientos políticos de izquierda, dirigentes sindicales y populares, periodistas, artistas, sacerdotes e intelectuales, hasta cubrir una amplísima gama de gentes a quienes se vincula directa o indirectamente con la oposición al statu quo. El asesinato selectivo que ha ido sustituyendo progresivamente las desapariciones, la detención arbitraria y la tortura, ha alcanzado niveles demenciales durante la presente administración. Como si ello fuera poco, durante 1988 el país vio

Estudios aparecer una nueva modalidad de esta violencia: la masacre colectiva 18 . Alertado por algunas fuerzas como la UP acerca del alarmante crecimiento de los grupos paramilitares, el gobierno de Barco permane ció, no obstante, impasible frente a ellos durante más de dos años. A la sombra de la indiferencia del Estado o cubierto por la ineficacia de un aparato de justicia totalmente desborda do por la magnitud del conflicto, otras veces amparado por la colaboración directa de sectores militares dentro del Estado, se fue configurando un aparato paramilitar organizado y poderoso, el cual constituye hoy por hoy el mayor obstáculo para una real democratización de la vida política en Colombia. Sólo cuando ese aparato armado se enfrentó al Estado mismo, cuando con toda su fuerza comenzó a golpear a sus propios funcionarios, sólo entonces decidió el gobierno de Barco aceptar su existencia y emprender una acción decidida contra ellos19 . Quizá era ya demasiado tarde.

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Entre enero de 1988 y agosto de 1989 se cometieron en Colombia un total de 106 masacres. Véase Cien días, números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, publicados entre marzo de 1988 y septiembre de 1989, CINEP. Véase también: Americas Watch, Informe sobre derechos humanos en Colombia, Bogotá, CEI-IEPRI, 1989. 19 Me refiero específicamente a la masacre de La Rochela (Santander) en la cual fueron asesinados doce funcionarios de la rama judicial en enero de 1989. Luego de otros atentados contra funcionarios estatales el gobierno expidió, el 20 de abril del mismo año, tres decretos de estado de sitio mediante los cuales se integró una comisión encargada de presentar al gobierno un plan integral contra los grupos paramilitares, se creó un cuerpo armado especial para combatirlos y se suspendió la vigencia de algunas normas que podían ser utilizadas para darle fundamento legal a los "grupos de autodefensa". El Espectador, 21 de abril de 1989, p. 1A.

La paz en la administración Barco… La existencia y proliferación de los grupos paramilitares se opone, por supuesto, no sólo a la normalización de la controversia democrática sino también a los propósitos de reconciliación contemplados como tercer componente de la estrategia Barco. Sin duda este hecho tiene mucho que ver con las dificultades de la Unión Patriótica para consolidar su espacio como alternativa política y, por ende, con la imposibilidad de que a través de ella se reincorpore la totalidad del movimiento armado que le sirvió de plataforma de lanzamiento: las FARC. Este, que debería haber sido el objetivo principal de la estrategia de reconciliación se vio obstaculizado además por otros factores. La administración Barco había heredado una tregua con las FARC, prorrogada en marzo de 1986 sin térmi no fijo ni compromisos definidos. Subsistían, por lo tanto, numerosas ambigüedades en torno a la desmovilización y reincorporación definitiva de ese movimiento. Frente a ellas, sin embargo, el gobierno de Barco no intentó avanzar clarificando el proceso para salvar el débil éxito obtenido por la administración Betancur. Por el contrario, dejó la tregua con las FARC a la deriva, sujeta a los continuos y cada vez más frecuentes enfrentamientos con el ejército. Nunca se pensó en reconstituir la desaparecida Comisión de Verificación. El gobierno se limitó a constatar el deterioro y la ruptura gradual de la tregua hasta llegar a afirmar, en la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso en 1988, que de los acuerdos de La Uribe "no nos queda hoy sino su espíritu"20 .

20

"Informe del presidente de la República, Virgilio Barco, en la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 16 de diciembre de 1988". Reproducido en Conseje ría para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, El Camino de la Paz. Historia de

Estudios

Para el gobierno de Barco las FARC nunca fueron el interlocutor privilegiado que habían sido al finalizar el cuatrienio anterior. Desde el comienzo, su administración buscó restarle protagonismo a la guerrilla al disminuir la rele vancia del diálogo y la negociación directa como componentes de la estrategia de paz. Sin desconocer el acuerdo de La Uribe, que había heredado forzosamente, Barco minimizó su importancia. La negociación quedó reducida al tema del desarme, la desmovilización y la reincorporación de las guerrillas mientras que la cuestión de las reformas (agraria, urbana, política, etc.) se decidía e implementaba por canales paralelos en los cuales el movimiento armado no tenía ninguna participación. En tales condiciones, la concertación con el go bierno perdió todo interés para la guerrilla en general, pero sobre todo para las FARC que habían logrado un protagonismo sin precedentes durante el proceso de paz de Betancur. Esto significó un distanciamiento creciente entre las FARC y el gobierno y, por consiguiente, un acercamiento paulatino entre esta agrupación y los demás miembros de la CNG, que culminó con la incorporación de las FARC en la recién creada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, CGSB, en octubre de 1987. El enfrentamiento entre el movimiento insur gente y el Estado volvía, a finales de 1987, a retomar las características del período que antecedió a 1982. Los caminos de la negociación se deterioraban cada vez más con las FARC y estaban definitivamente cerrados para las demás guerrillas agrupadas en la CGSB. Frente a un proceso, Vol. II, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 1989, p. 80.

La paz en la administración Barco… éstas se dio desde 1986 rienda suelta a la acción represiva, a través de al cual los militares ratificaron su tradicional autonomía en el manejo del orden público, totalmente recuperada a raíz del episodio del Palacio de Justicia. El tratamiento dado a la guerrilla por la administración Barco entre 1986 y 1988 fue sin duda re gresivo frente al intentado por Betancur. Cierto es que en 1986 probablemente no esta ban dadas las condiciones para reanudar nego ciaciones con la CNG, como también lo es que el acuerdo vigente con las FARC carecía de aclaraciones en torno a temas vitales, como el de las armas. En lugar de afrontar y superar estas dificultades, el gobierno decidió abandonar todo intento de negociación de un solo tajo. Con ello contribuyó al escalamiento progresivo de la guerra: el mismo que dos años después le haría retornar por los caminos del diálogo y concertación. Mientras tanto, el gobierno encaminó toda su voluntad a la reconciliación entre el Estado y la comunidad, en los paros cívicos y las marchas campesinas. Esta actitud, si bien novedosa y positiva, no tocaba la médula del conflicto vio lento que continuaba azotando la sociedad colombiana. Muy pronto, además, presionado por los militares y por algunos sectores políticos dominantes que veían con alarma la presencia de la guerrilla en las movilizaciones populares, el gobierno recayó en un error una y mil veces cometido en la historia colombiana: confundir la movilización legítima con la subversión y darle, en consecuencia, un tratamiento represivo 21 . Así, la 21

La represión contra este tipo de movilizaciones apareció desde el paro regional del nororiente realizado en junio de 1987, pero se hizo mucho más evidente con ocasión de las marchas campesinas de mayo de 1988 en la misma región. Al respecto véanse entrevistas realizadas en

Estudios reconciliación, como componente de la estrategia de paz de Barco, no sólo cambió de sentido sino que había desaparecido casi totalmente del panorama al mediar el año de 1988. Dos años después de iniciada la administración Barco, su modelo de paz auguraba un fracaso aún peor que el anterior. El Plan Nacional de Rehabilitación avanzaba lentamente superando los obstáculos propios de la burocracia, el clientelismo y la escasez de recursos. La reforma constitucional, sin el apoyo decidido del bipartidismo, debía todavía superar una vuelta más por el filtro antirreformista del Congreso. La reconciliación con la comunidad entraba en franco deterioro mientras que los canales de concertación con la guerrilla se encontraban prácticamente rotos. Paralelamente, la guerra sucia prosperaba dando muestras de una creciente pérdida del siempre frágil monopolio de la violencia por parte del Estado colombiano, frente a lo cual lo único previsible era la anarquización acelerada del conflicto interno. Fue de nuevo un acto de fuerza proveniente del movimiento guerrillero el que puso sobre el tapete la necesidad de buscar salidas políticas para el conflicto armado. El secuestro de Álvaro Gómez realizado por el M-19 en mayo de 1988 desencadenó una serie de reacciones que, por sobre todo, demostraron que el anhelo de paz seguía estando presente y resurgía con fuerza en diversos sectores de la sociedad civil dispuestos a idear mecanismos para la búsque da de la paz, alternativos a la estrategia gubernamental.

La paz en la administración Barco… El M-19 produjo entonces un comunicado a través del cual lanzó la propuesta de un alto al fuego y una cumbre de "Salvación Nacional". Pese a la desconfianza que producía este tipo de consignas, ya bien conocidas desde la toma de la embajada de la República Dominicana, la propuesta del M-19 desató un rápido proceso de acercamiento entre el grupo guerrillero y dirigentes políticos, gremiales, sindicales y eclesiásticos que condujo no sólo a la liberación de Álvaro Gómez sino a la reapertura del diálogo entre la guerrilla y algunos sectores de la sociedad civil. Primero se llevó a cabo la reunión de Panamá, el 14 de julio de 1988. Durante ella se convino la necesidad de llevar a cabo una reunión cumbre entre distintas fuerzas sociales que debía celebrarse en Bogotá dos semanas más tarde. En efecto, la cumbre se llevó a cabo el 29 de julio en Usaquén, con representantes de la Iglesia, los partidos tradicionales, la UP, la guerrilla, los gremios, los sindicatos y los indígenas. La reunión terminó con la convocatoria de una Comisión de Convivencia Democrática que debía instalarse el 22 de agosto con un término de 30 días 22 . Este imprevisible proceso se llevó a cabo bajo la mirada intransigente del gobierno. Su renuencia a participar en él, aunque justificada oficialmente con el argumento de que no había negociación posible a partir de presiones por la fuerza, sólo dejó la impresión de que se encontraba totalmente desconcertado y rebasado por las circunstancias. Finalmente, obligado por el debate nacional desatado alrededor del tema de la paz y canalizado a través de la Comisión de 22

Barrancabermeja (Santander), entre el 22 y el 29 de agosto de 1988, Archivo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.

Semana, No. 318, 7-13 de junio de 1988; No. 320, 21-27 de junio de 1988; No. 322, 5-11 de julio de 1988; No. 323, 12-18 de julio de 1988; y No. 326, 2-8 de agosto de 1988.

Estudios Convivencia Democrática, el gobierno se vio forzado a responder con el lanzamiento de la Iniciativa de Paz del lo. de septiembre de 1988. Esta planteó, indudablemente, un viraje fundamental en la estrategia que se venía adelantando desde 1986. 2. SEGUNDA ETAPA DE LA ESTRATEGIA DE PAZ DE LA ADMINISTRACIÓN BARCO: LA NEGOCIACIÓN COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL 1988-1990 Las críticas a la Iniciativa de Paz de Barco no se hicieron esperar. En primer lugar, se le criticaba el enorme retraso con que había sido diseñado un verdadero plan de paz que el país reclamaba de tiempo atrás. En segundo lugar, se le calificaba como una reacción defensiva frente al acorralamiento que había sufrido el gobierno con motivo del secuestro de Álvaro Gómez y las negociaciones desatadas con ocasión del mismo. Reacción que, de paso, paralizaba el proceso de participación de la sociedad civil que venía gestándose meses antes. En tercer término, se le criticaba por su extrema rigidez, en la medida en que planteaba condicio nes inamovibles y plazos fijos como prerrequisito para un objetivo único y preciso: la desmo vilización y reincorporación de la guerrilla. Pese a estas críticas, la Iniciativa de Paz dejó planteado a partir de septiembre de 1988 un viraje importante con respecto a la estrategia que venía impulsando el gobierno desde 1986: se volvía a reconocer en la guerrilla un inter locutor válido y se abrían con ello las posibilidades de una negociación directa aunque su alcance estuviera todavía reducido al tema único de la desmovilización y la

La paz en la administración Barco… reincorporación. Con el tiempo y el hábil manejo que de la coyuntura hizo el M-19, el gobierno tuvo que aceptar, finalmente, una mayor flexibilidad en los procedimientos y, sobre todo, aceptar la inclusión del tema de la apertura política en la agenda de las negociaciones. En los días posteriores al lanzamiento de la Iniciativa nadie creía posible que tal "itinerario de rendición" -como fue llamada- pudiera dar otro resultado que la negativa rotunda por parte de la guerrilla a aceptarla y, por consiguiente, la agudización de la guerra. Sin embargo, el M-19 comenzó a dar pasos tendientes a un acercamiento con el gobierno, hasta que finalmente, en diciembre de 1988, el Presidente reconoció ante el Congreso que estimaba conveniente la iniciación de diálogos formales y directos con el M-19, "organización que en un plazo prudencial ha demostrado voluntad de explorar caminos hacia la reconciliación"23. El M-19 tuvo que vencer el escepticismo gubernamental y nacional frente a su verdadera voluntad de paz a fuerza de sus demostracio nes de hecho -el mantenimiento de una tregua unilateral desde el secuestro de Gómez Hurtado- y de la coherencia y sensatez de su discurso. La nueva cara del M-19 no era, como suponían algunos, una nueva máscara para disfrazar su voluntad de guerra. Más bien pue de afirmarse que el movimiento sufrió una transformación interna desde la ruptura de la tregua en 1985 que lo llevó, finalmente, a replantearse con seriedad y realismo la viabilidad de la lucha armada dentro de las actuales circunstancias por las que atraviesa el país.

23

"Informe del presidente de la República, Virgilio Barco, en la clausura de las sesiones...", p.82.

Estudios Varias razones propias de la dinámica interna del Movimiento pueden explicar en parte esta transformación. En primer lugar, es innegable que su debilidad militar los condujo a repensar su posición dentro del conjunto de fuerzas enfrentadas y a sopesar con mucha mayor modestia y realismo su capacidad de incidir en el desenlace final del conflicto armado. Sin embargo, según el Comandante General del M-19, "ese (el de la debilidad militar), no es el problema central, porque es una circunstancia que se puede modificar" 24 . En efecto, no basta con afirmar que el M-19 está diezmado militarmente para explicar su disposición al diálogo. Tal como lo afirma Iván Orozco, "un grupo diezmado, pero fanatizado en su derrota, siempre podrá apelar al recurso último del terrorismo para mantener en zozobra el régimen que no consigue destruir"25 . Otra opción distinta al camino terrorista hubiera podido ser la de permanecer dentro de la Coordinadora y reforzar su proyecto militar pese a la debilidad propia. Sin embargo, la opción fue utilizar una coyuntura favorable para la negociación política y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Motivos de diversa índole explican esta escogencia por parte del M19. Aparte de las consideraciones de tipo militar, el golpe recibido en el Palacio de Justicia también debió contribuir a la toma de conciencia en el M-19 sobre los límites de su acción arma da que, aunque todavía espectacular, había perdido ya sus posibilidades de proyección política. Más allá del reconocimiento de errores en la 24

Entrevista con Carlos Pizarro, comandante general del M-19, Santo Domingo (Cauca), 3 y 4 de junio de 1989. 25 Iván Orozco, "Por qué negocia el M-19", artículo inédito.

La paz en la administración Barco… táctica militar o en los objetivos políticos del asalto, la gran lección que debió dejarle al M-19 la derrota en el Palacio de Justicia tie ne que ver con la imposibilidad de contar con una legitimidad ganada a priori que se mantie ne sin modificaciones en el tiempo. Aprendida esta lección, el nuevo M-19 se expresa así: "La guerrilla opta ahora por el proceso de paz porque hoy no se puede avanzar si no se recupera una inmensa legitimidad. No se trata de reclamar legitimidad..., todos la reclaman; sino de conseguirla, construirla, 26 mantenerla y actuali zarla" . Existe otro factor que puede ayudar a explicar la posición del M-19 frente al actual proceso de negociación: la flexibilidad de su proyecto político. Carente de definiciones concretas, su discurso, sin embargo, puede enmarcarse dentro de los parámetros de una corriente nacionalista de izquierda democrática y reformista, susceptible de ser integrada dentro de un régimen demoliberal. La democracia y no la revolución ha sido el leitmotiv permanente en el discurso político del M-19. En palabras del Comandante General, "el 'eme' nunca se ha planteado el objetivo total de la revolución absoluta. No hay modelo. Por eso hemos podido variar, buscar nuestro propio camino"27 . Esta ambigüe dad, que a la vez explica buena parte de los virajes táctico-estratégicos del pasado, bien puede haberse convertido en un punto a favor a la hora de modificar el rumbo de acción hacia la paz. Por último, habría que considerar la continuidad en la Comandancia General desde la muerte de Álvaro Fayad en 1986 como un factor que contribuye a la coherencia en el discur so y el accionar del Movimiento. Luego de un lento proceso de reconstrucción de la 26 27

Entrevista con Carlos Pizarro... 27. Ibid. Ibid

Estudios dirigencia, duramente fracturada y debilitada por la muerte, en escasos tres años, de tres comandantes generales, la comandancia del M-19, unificada bajo el mando de Carlos Pizarro, tenía en 1988 mejores posibilidades de proyectar una línea de acción y un discurso mucho más consistentes que en el pasado. Finalmente, la construcción de una nueva actitud en el M-19 responde en gran parte a la actual situación nacional, para no mencionar las drásticas transformaciones que ha vivido el mundo socialista en el último año. En cuanto al panorama nacional, la proliferación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares, respaldados en buena parte por un socio excesiva mente poderoso como el narcotráfico, es uno de los retos que debe enfrentar la guerrilla, sobre todo en lo que hace a las condiciones de viabilidad de una victoria revolucionaria en el corto o mediano plazo. Entendido no sólo como enemigo militar con suficiente capacidad para enfrentarla, sino también como enemigo político que le disputa la lealtad de sus antiguas bases sociales, el dúo paramilitares-narcotráfico constituye uno de los principales factores del enturbiamiento de la violencia política en Colombia. La complejidad y dispersió n del conflicto en la década de los ochenta, aumentada por la intervención del tercer agente mencionado, constituye un elemento de peso para dudar de la viabilidad estratégica de la lucha guerrillera en Colombia. Esta falta de viabilidad en el largo plazo no sig nifica, por supuesto, que la guerrilla no conser ve aún una gran capacidad de perturbación militar y política en vastas regiones del país. Se refiere más bien a las condiciones que, en el momento actual, hacen impensable una victoria revolucionaria de corte radical. Lo

La paz en la administración Barco… paradójico de esta situación es que esa incapacidad de triunfo en términos estratégicos por parte del movimiento armado no va acompañada de un fortalecimiento en el polo estatal que podría, en tal caso, capitalizar a su favor las condicio nes desfavorables para el polo guerrillero. Ante el deterioro de los dos polos enfrentados y su incapacidad mutua para derrotarse -el empate negativo-, el único futuro previsible para la situación colombiana no es la guerra civil con posibilidades revolucionarias, sino la prolongación indefinida del conflicto, cada vez más fragmentado y anarquizado. Ante los eventuales costos de esa prolongación, vastos sectores de la sociedad civil se aíslan cada vez más de los actores armados y, presas de pánico en tanto víctimas de la guerra, prestan cada vez menos apoyo a aquellos que insisten en la vía armada como única salida al conflicto. De tal suerte, tampoco puede esperarse en el corto plazo un acercamiento entre la guerrilla y el movimiento popular que pudiera llevar hacia la insurrección general28 . Fueron, entonces, tanto las circunstancias internas del Movimiento como este complejo panorama nacional las razones que llevaron al M-19 a ingresar en el proceso de concertación planteado por el gobierno a través de su Inicia tiva para la Paz. Gracias a esta decisión del Movimiento guerrillero y no a la generosidad gubernamental, se reabrieron en Colombia las posibilidades de pensar el problema de la vio lencia y la paz en términos políticos, y no sólo en términos militares o de rehabilitación, como se venía haciendo desde 1986. 28

Véase, Eduardo Pizarro Leongómez, "La guerrilla y el proceso de paz", en Gustavo Gallón (compilador), Entre movimientos y caudillos, Bogota, CINEP-CEREC, 1989, pp. 247-260.

Estudios

El proceso de negociación Gobierno-M 19. Enero de 1989 - Marzo de 1990 La negociación entre el gobierno y el M19 se inició formalmente con la Primera Declaración Conjunta suscrita en el Tolima el 10 de enero de 1989. Esta implicó un primer logro significativo en el proceso en la medida en que clarificó el objetivo final del mismo. El documento afirma que el Gobierno Nacional y el M19 convocan a un diálogo directo "para que en él, se acuerde un camino hacia la solución política del conflicto de la Nación Colombiana, que tiene que expresarse en un itinerario claro hacia la democracia plena y en un camino cierto hacia la desmovilización guerrillera con las garantías necesarias"29 . La inclusión de la expresión "itinerario claro hacia la democracia plena" significó un avance sustancial con respecto a la Iniciativa guberna mental en cuya formulación inicial se reconocía como único objetivo del diálogo directo el de "acordar los procedimientos para su incorporación (de los grupos alzados en armas) a la nor malidad"30 . Gracias a esta fórmula de la Primera Declaración se vincularon de nuevo los dos temas cruciales del proceso de negociación: el abandono de la vía armada como recur so de acción política y la apertura democrática, entendida no como un vuelco total del régimen político (la "revolución por decreto"), sino como el 29

Numeral 2 de la "Primera Declaración Conjunta suscrita en el Tolima por el Gobierno Nacional y el Movimiento 19 de Abril, M-19, el 10 de enero de 1989", recopilada en Consejeria la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, El Camino de la Paz..., p. 87. (El subrayado es mío). 30 "Desarrollo de la Iniciativa de Paz", en Ibid., p. 37.

La paz en la administración Barco… establecimiento de nuevas reglas del juego político que permitan que los actores, antes enfrentados, puedan entrar a debatir sus proyectos y a competir por el consenso nacional dentro del marco de una democracia ampliada. El consenso de las dos partes negociadoras sobre el objetivo último del proceso es requisito indispens able para su avance. Para ello es además absolutamente necesario que exista claridad sobre el mismo. Durante el proceso de paz de Betancur no hubo nunca claridad sobre el objetivo final. Hubo acuerdos sobre metas parciales: la necesidad de un cese al fuego, de una tregua, de un diálogo nacional, de una serie de reformas de amplio espectro. El diálogo, utilizado como medio para alcanzar el ambiguo fin de "afianzar la paz nacional" 31 , terminó convertido en un fin en sí mismo. La falta de claridad en torno al objetivo estratégico condujo a un círculo vicioso en el que cada actor, interpretando la meta final a su propio acomo do, condicionaba su logro al difícil cumplimiento de las ambiciosas metas pactadas como compromisos parciales. En este caso el objetivo final se planteó en forma clara e inmodificable. Como también se precisaron las condiciones para ingresar al pro ceso de diálogo: "se exige como prerrequisito la pública aceptación de participar en él. Por parte de los alzados en armas, un cese unilateral de las hostilidades por un tiempo prudencial que geste el clima de distensión y de confianza"32 . Por el contrario, durante el proce so de paz 31

Texto del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en Enrique Santos Calderón, La guerra por la paz, Bogotá, CEREC, 1985, p. 292. 32 "Primera Declaración Conjunta...", p. SS

Estudios anterior fue el propio gobierno el que dio claras muestras de su voluntad (amnistía, cumbre política, Comisión de Paz) mientras que a la guerrilla no se le exigió ninguna condición previa para iniciar negociaciones. Esta diferencia obedece sobre todo a las condiciones prevalecientes en cada coyuntura. En 1982 la guerrilla venía en un proceso de ascenso y tenía ganado un alto grado de legitimidad como consecuencia de lo ocurrido durante la administración Turbay. Era el régimen el que necesitaba con urgencia buscar una salida y recuperar para sí la bandera de la paz. Para 1989, por el contrario, el fracaso del anterior proceso había generado un innegable escepticismo frente a la real voluntad de paz de la guerrilla, lo cual exigía de ella, en este nuevo contexto, demostraciones concretas de su disponibilidad al diá logo. También se clarificó, a través de la Primera Declaración Conjunta, quiénes habrían de ser los interlocutores en el proceso de diálogo. La Declaración dice en su numeral 2: "El Gobierno Nacional y el M-19 convocan a un diálogo directo a las Direccio nes de los Partidos Políticos con representación parlamentaria y a los comandantes de los grupos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar"33 . En representación del gobierno ha actuado el Consejero Presidencial para la Reconciliación, Normaliza ción y Rehabilitación, cargo creado desde comienzos de la administración Barco con el objeto de centralizar e institucionalizar las múltiples y dispersas comisiones ad hoc del cuatrienio anterior. Este cambio en el manejo del proceso redujo el ámbito de participación de diversas fuerzas sociales 33

Ibid., p. 87.

La paz en la administración Barco… que las comisiones de Betancur habían logrado crear. Pero condujo, por otro lado, a corregir numerosas fallas atribuidas a la "comisionitis" del pasado. Al centralizar las funciones de las comisiones en una sola persona se superó la falta de coordinación que las había aquejado. Por otro lado, la dele gación directa del poder presidencial en manos del Consejero corrigió el vacío más grave de las comisiones: su falta de capacidad para tomar decisiones en asuntos de paz. La situación ideal en aras de la claridad de los acuerdos y el cumplimiento de los compromi sos es que la negociación bilateral que se desarrolla, en este caso, entre el Estado y el Movimiento guerrillero, sea asumida por dos interlocutores representativos de los polos en conflicto. Sin embargo, en una situación tan compleja como la colombiana es preciso advertir que ni el Estado, ni la guerrilla, constituyen actores homogéneos. De allí que las partes que intervienen en la negociación no representen del todo a los actores en conflicto. El gobierno, por ejemplo, no representa a la totalidad de un Estado inmensamente fragmentado y dividido por diversas y aun contrapuestas interpretacio nes del conflicto nacional. Este fue uno de los principales obstáculos que se opusieron al éxito del proyecto belisarista. En lo que respecta a la actual administración, es claro que el Ejecutivo no tiene capacidad de control sobre los agentes que, desde el Estado, promueven la guerra sucia. Tampoco logró imponer una disciplina sobre el partido de gobierno y, en consecuencia, el Congreso volvió a convertirse en uno de los más grandes obstáculos para el proyecto de reconciliación nacional. Ahora bien, si no puede hablarse de coherencia en el interior del Estado, tampoco puede pensarse en la unidad de

Estudios la contraparte: el movimiento armado colombiano. A pesar de los intentos recientes de cohesión alrededor de la CNG y posteriormente de la CGSB, la guerrilla en Colombia es aún un conjunto heterogéneo de movimientos sin posibilidades de unificación en el corto plazo. La Coordinadora sólo cumple un papel formal como canal para el intercambio de ideas y el logro de algunos acuerdos parciales, pero no tiene ninguna capacidad de "meter en cintura" a la totalidad de las organizaciones que la conforman. Ante esta inmodificable dispersión del movimiento guerrillero, sería preciso diseñar estrategias lo suficientemente coherentes pero a la vez flexibles, que pudieran dar cuenta de tal realidad. La Comisión de Paz del período Betancur inició negociaciones simultáneas con casi todos los grupos guerrilleros en forma espontánea y sin condiciones previas. Estas condujeron luego a la firma, por separado, de acuerdos muy diferentes entre sí. A su vez estos acuerdos contemplaban diversos compromisos que generaron, además de las numerosas comisiones, cursos divergentes en el proceso de negociación. La complejidad del entramado tejido a lo largo del período 1982-1986 produjo finalmente la anarquización del proceso mismo y la rup tura de algunos acuerdos hasta quedar reducido a uno solo de ellos: el de las FARC. Barco ha intentado el proceso inverso: una sola estrategia contemplada en la Iniciativa de Paz se ofrece a todos los grupos guerrilleros, exigiendo de ellos, indistintamente, el cumpli miento de condiciones previamente establecidas. La propuesta, tal como fue concebida inicialmente, sólo fue aceptada por un movimiento armado: el M-19. El resto de la Coordinadora se abstuvo de ingresar en el proceso de negociación argumentando

La paz en la administración Barco… que las condiciones exigidas para ello eran inaceptables. El gobierno inició la negociación con un solo interlocutor esperando seguramente que, ante el cambio de condiciones que ello produciría, los demás grupos insur gentes se verían forzados a ingresar en el proceso. Sin embargo, esto no sucedió. Por el contrario, de la Coordinadora Guerrillera surgieron por lo menos tres propuestas alternativas a la iniciativa gubernamental: el ELN ha manifestado que está dispuesto a conversar con el gobierno acerca de la humanización de la guerra y de la política energética, pero nunca estará dispuesto a entrar en negociaciones conducentes a la finalización del enfrentamiento armado; el EPL, por su parte, ha reiterado su disposición a entrar en el proceso de negociación pero sobre la base de condiciones aceptables para la gue rrilla y luego de que el gobierno se haya comprometido a promover acciones contra la guerra sucia y a favor de la solución de conflictos regionales como el de Urabá; finalmente, por iniciativa de las FARC34 fue creada la Comisión de Notables conformada por los expresidentes Misael Pastrana y Alfonso López Michelsen, el cardenal Mario Revollo Bravo y el presidente de la ANDI, Fabio Echeverri Correa, con el fin de constatar la buena voluntad de ese grupo para iniciar conversaciones con el gobierno alrededor de los temas de inte rés que fueran identificados a través de los contactos con la misma Comisión. El gobierno tuvo que aceptar, finalmente, la multiplicación y 34

"Carta de las FARC a la opinión pública, que propone la conformación de una Comisión de Alto Nivel, 23 de febrero de 1989", recopilada en Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, El Camino de la Paz..., pp. 147149.

Estudios desce ntralización de los escenarios de diálo go con el movimiento guerrillero. No obstante, los acercamientos con el EPL y las FARC no lograron concretarse en un esfuerzo serio de negociación debido, en buena parte, a la persistencia de la guerrilla en presionar el camino del diálogo por las vías violentas. Así, pues, el proceso con el M-19 constituyó el pilar estratégico sobre el cual se apoyó el renovado proceso de paz bajo la administración Barco. Una vez señalada la incompleta representatividad de los interlocutores básicos (gobierno y M-19), es preciso referirse al tercer interlocutor incluido en este proceso: los partidos políticos con representación parlamentaria. La inclusión de este nuevo actor implicaba no sólo una novedad sino, sobre todo, un avance con respecto al proceso de paz de Betancur, si se tiene en cuenta que la ausencia de compromiso de los partidos políticos, para no señalar su franca oposición, constituyó uno de los factores del fracaso del mismo. En esta nueva versión del proceso se los incorporó como participantes activos del diálogo y la negociación buscando con ello comprometerlos directamente, para garantizar así el cumplimiento de algunos de los acuerdos pactados. La Segunda Declaración Conjunta del Gobierno Nacional y el M-19 estableció la creación de una Mesa de Trabajo con el fin de facilitar el desarrollo del diálogo tripartito convenido en la Primera Declaración. Su función principal sería la "búsqueda de acuerdos políticos concertados con el objetivo de transitar hacia la democracia plena"35 .

35

Numeral 6 de la "Cuarta Declaración Conjunta, suscrita por el Gobierno y el M-19 en Santo

La paz en la administración Barco…

La asignación de esta tarea a la Mesa de Traba jo tenía la virtud de corregir tres errores que mantenía vigentes la Iniciativa para la Paz: en primer lugar, en ella aparecían totalmente divorciados el diálogo directo y la discusión sobre la reforma política. A partir de la creación de la Mesa de Trabajo se reiteró la necesaria vinculación entre la cuestión de la reforma del régimen y el proceso de negociación. En segundo lugar, en la Iniciativa gubernamental el tema de las reformas institucionales quedaba circunscrito únicamente al debate sobre el paquete de reforma constitucional que cursaba entonces por el Congreso. Al hablar de la búsqueda de "acuerdos políticos" como labor fundamental de la Mesa de Trabajo, se amplió el espectro de temas y opciones más allá del Acto Legislativo en mención. Finalmente, quizá lo más importante es que la decisión de crear esta Mesa de Trabajo evitó que el Congreso pudiera torpedear la eventual realización de un debate acerca del tema. Los antecedentes experimentados durante el cuatrienio anterior eran un mal augurio para el cumplimiento del numeral 3 de la Fase de Distensión contemplado en la Iniciativa gubernamental, que proponía la realización de audiencias y la designación de voceros para dialogar en torno al reajuste institucional, "dentro de un marco de diálogo institucio nal promovido por el Congreso de la República, si este cuerpo lo considera conveniente" 36 . Con la creación de la Mesa de Trabajo se sustrajo el debate sobre la reforma política de la aceptación por parte del Domingo, Cauca, el 17 de marzo de 1989", recopilada en Ibid., p. 190. 36 "Desarrollo de la Iniciativa para la Paz", en Ibid., p. 37. (El subrayado es mío).

Estudios Congreso pero se intentó mantener, a la vez, el compromiso de los partidos políticos tradicionales y de la UP, buscando asegurar de alguna forma la concreción de los acuerdos a que allí se llegara bien fuera mediante su traducción en proyectos de ley y acto legislativo o bien, a través de medidas ejecutivas respaldadas por el consenso de los partidos37 . Estos correctivos pretendían subsanar el permanente divorcio que, durante el proceso de paz de Betancur, se mantuvo entre la labor del Congreso y la dinámica de la negociación y el diálogo nacional. Pese a la novedad del mecanismo y a su pretendida eficacia, la Mesa de Trabajo se fue quedando sin piso a medida que se hizo evidente la falta de compromiso de los partidos políticos con la búsqueda de una solución negociada al conflicto interno. Las conclusiones de la Mesa de Trabajo que debían ser presentadas antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, es decir, antes del 20 de julio del año en curso, tardaron casi cuatro meses en aparecer. En el intervalo, el Congreso dio inicio a la discusión de la reforma constitucional aprobada en primera vuelta durante 1988 y se enfrascó en la preparación de la actividad electoral para 1990. La demora de la Mesa de Trabajo en configurar el tan anhelado "acuerdo político" redujo el espacio para el debate acerca de las medidas de apertura democrática que constituían parte esencial del proceso de negociación. Pero, además, las circunstancias en que fue firmado finalmente el Pacto Político por la Paz y la Democracia, el 2 de noviembre, con la ausencia de la Unión 37

"Reglamento de la Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional", en [bid., pp. 257258.

La paz en la administración Barco… Patriótica y del Partido Social Conservador, dice mucho sobre la voluntad de los partidos frente al problema de la paz. La UP había decidido marginarse totalmente del proceso a raíz del asesinato de José Antequera el 3 de marzo de 1989. El Partido Social Conservador por su parte, participó en todas las deliberaciones de la Mesa de Trabajo pero decidió abstenerse de firmar el Pacto Político como un arma de "regateo político" para presionar al gobierno y al Partido Liberal en algunos puntos de la reforma constitucional. Así, pues, la aprobación de las normas que habrían de darle vida efectiva al Pacto quedaron sujetas a las negociaciones que el gobierno lograra hacer con un disperso y fragmentado Partido Liberal que, pese a estar formalmente a favor de lo pactado, torpedeó insistentemente las probabilidades de aprobación de las reformas en la pasada legislatura. De nuevo, los partidos políticos mostraron en toda su dimensión la mezquindad política que los acompaña y el Congreso, de espaldas al país como siempre, se ratificó como un gran obstáculo para la superación de la crisis nacional. Por el contrario, algunas fuerzas de la sociedad civil, entre ellas algunos partidos y movimientos políticos sin representación parlamentaria, dieron muestras de una gran voluntad de participación en las instancias que para el efecto se abrieron durante el proceso. Al respecto hay que aclarar que el hecho de que las negociacio nes directas se lleven a cabo entre interlocuto res claramente definidos - los adversarios en conflicto -, no quiere decir que la sociedad civil deba ser excluida del proceso general de reconciliación. Por el contrario, su participación es fundamental en aras de gestar un consenso nacional a favor de la solución negociada del conflicto. Tal

Estudios participación puede darse contribuyendo al acercamiento entre las partes en conflicto (como lo hizo la Comisión de Notables), participando en el debate sobre las medidas necesarias para erradicar la violencia y consolidar la paz (diálogos regionales, mesas de análisis y concertación) y, eventualmente, puede llegar a cumplir un papel en la verificación de los acuerdos cuando ello sea necesario y conveniente (tal era el papel asignado a los Consejos Regionales de Normalización contemplados originalmente en la Iniciativa para la Paz). La administración Barco aceptó a regañadientes la creación de algunos escenarios propicios para la participación de la sociedad civil en el actual proceso. Después de oponerse enérgicamente al diálogo regional que se llevaba a cabo en el Caquetá, terminó incluyendo este meca nismo dentro de la Iniciativa de Paz como complemento de la negociación directa entre el gobierno y la guerrilla. El desarrollo de estos diálogos ha sido desigual dependiendo de las condiciones propias de cada contexto regional. Algunos, como el del Cauca, ha n tenido un avance significativo. Otros, la mayoría, no han superado el carácter reivindicativo convirtiéndose en asambleas comunitarias donde, lejos de proponer soluciones a la violencia, se reiteran una vez más ante el Estado las necesidades más urgentes de la población local. En su conjunto, los diálogos regionales se han desarrollado en forma paralela al proceso de paz sin que se haya logrado establecer una conexión precisa entre los dos procesos. Quizá en ello haya influido la escasa presencia regional del único movimiento guerrillero involucrado en la negociación: el M-19.

La paz en la administración Barco… La otra instancia propuesta por la Iniciativa de Paz que contemplaba la participación de la sociedad civil en asocio con los protagonistas del diálogo, cabe decir los grupos guerrilleros, los partidos políticos y funcionarios del Estado, infortunadamente no fue puesta en marcha. Se trataba de los Consejos Regionales de Normalización que debían actuar durante la Fase de Transición establecida por la Iniciativa. Aparte de incluir algunos representantes de la sociedad civil, los Consejos tenían la virtud de vincular a los militares, a la policía y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en labores de coordinación, supervisión y verificación de los acuerdos pactados38 . La tercera instancia de participación de la sociedad civil, creada por iniciativa de las FARC y no del gobierno, es la Comisión de Notables. Su composición, a la cual ya se ha hecho referencia, tuvo el acierto de incluir no sólo a dos expresidentes, de alguna forma voceros del bipartidismo, sino también a la Iglesia y a la ANDI, el gremio más influyente en el país después de los cafeteros. Se trataba de una comisión mediadora, de acerca miento. Ella fue quizá lo más parecido dentro del actual proceso a la extinguida Comisión de Paz de Betancur. Pero frente a ella tenía dos ventajas importantes: la primera, el reducido número de sus miembros lo cual agiliza su funcionamiento; la segunda, la clara delimitación de sus funcio nes. Los propios miembros de la Comisión de Notables se encargaron de aclarar, desde un principio, que ella no reemplazaba ni sustituía el papel necesario y protagónico 38

Entre los integrantes de los Consejos Regionales de Normalización se encontraban, entre otros, el comandante de la Unidad Operativa Militar con jurisdicción en la región, el comandante de Policía y el director sectional del DAS. Véase, "Desarrollo de la Iniciativa para la Paz", en Ibid., pp. 40 y 41.

Estudios que debe cumplir el gobierno en la negociación directa. Se trataba más bien de una comisión de "promo tores" encargados de generar un ambiente de confianza previa y estimular la negociación directa39 . Por último, la experiencia más rica en lo que hace a la participación de la sociedad civil a lo largo de este proceso fueron las Mesas de Análisis y Concertación. Estas fueron creadas por iniciativa de la Mesa de Trabajo con el objeto de "establecer otros mecanismos de participación a fin de canalizar e integrar los aportes de todas las fuerzas de la Nación"40 . Ellas pueden considerarse como la nueva versión del fracasado Diálogo Nacional, pero esta nueva experiencia resultó mucho más fructífera. El Diálogo Nacional surgió como una exigencia del M-19 para la firma del acuerdo de agosto de 1984; nunca fue visto con buenos ojos ni por el gobierno, ni por los partidos políticos. Peor aún: el mismo M-19 no logró darle forma a su propia iniciativa, llegó al Diálogo sin propuestas concretas y terminó abandonándolo a su propia suerte. En esta ocasión la iniciativa surgió en el seno de la Mesa de Trabajo en la que por supuesto se encontraba el M-19 como promotor de la idea, pero acompañado por el go bierno y los partidos tradicionales. El movimiento guerrillero presentó esta vez un total de 12 propuestas cuyo común denominador fue el realismo y la sensatez política 41 . 39

"Primer comunicado de prensa de la 'Comisión de Notables' creada a instancias de las FARC, 28 de febrero de 1989", en [bid., pp. 167 y 168. 40 "Segunda Declaración Conjunta del Gobierno Nacional y el M-19 en las montañas del Tolima, 4 de febrero de 1989", en Ibid., p. 110. 41 Las 12 propuestas del M-19 pueden consultarse en "Plan de Emergencia: orden público", Documento No. 7. "Plan de Emergencia: económico-social", Documento No. 8; "Plan de

La paz en la administración Barco…

Buena parte del éxito de las Mesas de Análisis y Concertación debe ser atribuido a la claridad con que se definieron de antemano su composición, sus funciones, los temas a discutir y los plazos. En total se reunieron tres mesas, en las cuales se discutió un número igual de temas: 1) Convivencia, justicia y orden público; 2) Aspectos socioeconómicos, y 3) Asuntos constitucionales y en materia electoral, que fueron a su vez subdivididos en subtemas específicos42 . Su función principal consistía en discutir estos temas y formular propuestas que contaran con el respaldo unánime de los participantes, para ser llevadas a la Mesa de Trabajo. Esta se encargaría, como se dijo antes, de elaborar con base en ellas una serie de acuerdos políticos que serían

Emergencia: constitucional-electoral", Documento No. 9, en "10 Documentos sobre el proceso de paz", secretaría de Información Alvaro Fayad, Movimiento 19 de Abril, M-19 (mimeo).

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Mesa No. 1- Convivencia, justicia y orden público: a) Me canismo de juzgamiento de los delitos cometidos por los agentes de la guerra sucia; b) Autodefensas, grupos para militares y grupos armados extremistas; c) Estatuto antiterrorista; d) Narcotráfico; e) Derecho Internacional Huma nitario. Mesa No. 2 Asuntos socioeconómicos: a) Planea ción participativa; b) Ingresos, salarios y aspectos labora les; c) Recursos naturales; d) Alimentos y seguridad alimentaria; e) Vivienda y asentamientos humanos; f) Salud; g) Fondo Nacional para la Paz. Mesa No. 3- Asuntos constitucionales y en materia electoral: a) Nuevo pacto político; b) Reforma constitucional, referéndum y Asamblea Constituyente; c) Régimen electoral y de partidos: voto secreto y obligatorio; circunscripción nacional; financiación estatal de los partidos y las campañas electorales; acceso a los medios de comunicación; d) Continuidad de la política de paz; e) Creación de una cuarta rama del poder público que organice los servicios públicos de radio y televisión.

Estudios traducidos en proyectos de ley o medidas de carácter ejecutivo. Había entonces un mecanismo diseñado para articular los resultados del debate en las mesas con las instancias públicas representativas. Las Mesas de Análisis y Concertación cumplieron con el plazo que les había sido fijado de antemano: sus conclusiones, presentadas a la Mesa de Traba jo el 13 de julio de 1989, fueron la base del Pacto Político por la Paz y la Democracia firmado el 2 de noviembre por el Gobierno, el Partido Liberal y el M-19. En cuanto a la participación de los diversos sectores de la opinión nacio nal en este tipo de foros, se diría que el Diálogo Nacional contó con una participación amplia pero poco representativa. Sus integrantes estaban allí a título personal y no en representación de ningún sec tor de opinión. En las Mesas de Análisis y Concertación, en cambio, debían participar "ade más de representantes autorizados de los miembros de la Mesa de Trabajo, representantes autorizados de sectores y fuerzas representativas de la sociedad"43 . En virtud de esta disposición, un gran número de organizaciones de la sociedad civil fue invitado a participar. Entre las que acogieron la invitación cabría resaltar la presencia activa y el trabajo realizado por las universidades pública y privada, algunos movimientos y partidos políticos como el Movimiento Democrático Alternativo y la ANAPO, los militares retirados, algunos movimientos cívicos y comunales, así como varias asociaciones de profesionales 44 .

La paz en la administración Barco…

La gran ausente en esta ocasión fue la izquierda. A pesar de haber sido invitada a participar en su calidad de partido con representación parlamentaria, la Unión Patriótica decidió marginarse totalmente del proceso (tanto de la Mesa de Trabajo como de las Mesas de Análisis y Concertación) por los motivos arriba anotados. La coordinadora de ese Movimiento, en carta enviada al Presidente Barco, oficializó su retiro del proceso como protesta ante la ausencia de garantías para la vida de los militantes de izquierda45 . A Luchar y el Dente Popular, excluidos de la Mesa de Trabajo por no tener representación en el Congreso, tampoco se hicieron presentes en las Mesas de Análisis y Concertación. La actitud de las fuerzas de izquierda puede ser entendida como un reclamo legítimo ante la escalada de la guerra sucia contra sus militantes. Sin embargo, también debe explicarse como consecuencia de las ambiguas relaciones que ellas mantienen con algunas organizaciones armadas opuestas al proceso de negociación con el M-19, sin descartar tampoco las luchas por el protagonismo político que han caracterizado a la izquierda colombiana. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que la izquierda perdió, al no asistir a las Mesas de Análisis y Concertación, una nueva oportunidad para debatir sus ideas con un buen sector del país nacional y participar en la construcción de una salida negociada al conflicto. En lo que hace a la participación de los diferentes sectores del Estado, cabe anotar que esta vez, de nuevo, los

43

"Reglamento de la Mesa de Trabajo...", pp. 256 y 257. 44 Participaron con ponencias: 4 universidades, 4 centros de investigación, 8 asociaciones de profesionales, 7 partidos y movimientos políticos, la Coordinadora Nacional de Movimientos

Cívicos, la ANUC, la Comisión Nacional Comunal, algunos sindicatos, 4 generales en retiro, y 14 asociaciones y comités populares. 45 La Prensa, 15 de marzo de 1989.

Estudios militares estuvieron ausentes. Cuatro generales retirados tuvieron una participación activa pero a título personal. No hubo representantes de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Por lo tanto, aún está pendiente un urgente y necesario debate sobre la conveniencia de vincular al estamento militar en las diferentes etapas de un proceso de paz. La Iglesia Católica, por el contrario, ha estado presente a lo largo de todo el proceso en calidad de "tutora espiritual", es decir, como "testigo y garante ético de lo que allí se hable, se convenga y finalmente se pacte"46 . Su participación en las actuales negociaciones ha sido mucho más notoria que en el pasado. En suma, pese a la ausencia de algunos actores claves (la izquierda, la mayoría de los gremios y los militares), las Mesas de Análisis y Concertación cumplieron con éxito la función que les había sido asignada. El resultado de esta experiencia de participación de la sociedad en el proceso de concertación fue resaltado como uno de los logros alcanzados por el mismo, en la Declaración Conjunta suscrita por el Gobierno y el M-19, el 17 de julio del año pasado. Allí también se resaltaba, como uno de los resultados más positivos, "el cumplimiento de los compromisos, etapas y tiempos establecidos en los sucesivos acuerdos"47 . A este logro contribuyó la modalidad adoptada de producir declaraciones conjuntas cada cierto tiempo, en las que se reiteraba el objetivo final acordado inicialmente y se fijaban metas parciales a alcanzar en el corto plazo. Ello permitió una cierta flexibilidad, gracias a la cual fue posible corregir el rumbo e introducir 46

"Reglamento de la Mesa de Trabajo...", p.254. "Pacto para la desmovilización gradual del M19", en El Espectador, 18 de julio de 1989, lA y 12A.

La paz en la administración Barco… algunas rectifi caciones sin perjuicio del compromiso original. Además, obligó a una sana confrontación permanente entre las partes en cuanto a la percepción de cada una sobre los desarrollos del proceso. Esta vez, la evaluación de los pasos adelantados y de los obstáculos encontrados no se dejó a la libre interpretación de cada uno, como ocurrió durante el proceso de paz anterior en el que las partes calificaban, cada una a su mane ra, el cumplimiento o incumplimiento de lo pactado, hasta llegar a la ruptura unilateral de los acuerdos. Otro factor que favoreció enormemente el normal desarrollo de las negociaciones fue la designación de una zona geográfica para la ubicación territorial del grupo guerrillero durante el lapso de las conversaciones previo a su reincorporación definitiva. La ubicación del M19 en la vereda de Santo Domingo, municipio de Toribío, Cauca, contribuyó sobre todo, como lo afirma la Cuarta Declaración, a darle "transparencia al proceso, en el sentido de impedir que sectores enemigos del diálogo y la concertación puedan incurrir en acciones de las cuales pudiera inculparse al M-19 o al Gobierno"48 . Buena parte de las hostilidades entre el ejército y la guerrilla que torpedearon el proceso de paz de Betancur, entre ellas el ataque de Yarumales contra el campamento del M-19 en diciembre de 1984, tuvieron su origen en la ausencia de definición de territorios donde el movimiento armado pudiera permanecer durante el período de transición. Así las cosas, el proceso debía culminar en diciembre de 1989 con la entrega de

47

48

"Cuarta Declaración Conjunta...", P.188. 49.

Estudios las armas del M-19 en Santo Domingo y la reincorporación definitiva del movimiento a la vida civil. Antes de ese acontecimiento, sin embargo, debían cumplirse todavía varios pasos indispensables. En primer lugar, debía ser aprobado el proyecto de ley de indulto presentado por el gobierno, cuyo trámite se inició en la Cáma ra de Representantes el 15 de noviembre del año en mención. Este proyecto encontró numerosas dificultades a su paso por el Congreso a raíz de las modificaciones introducidas por el ponente, quien amplió los beneficios de la medida a miembros de otros grupos guerrilleros e incluso a culpables de delitos comunes, como el narcotráfico 49. La inclusión de la figura de indulto para los narcotraficantes estuvo a punto de dar al traste con el proyecto. Una vez solucionado el impasse, el Congreso dio su aprobación a la ley de indulto, cuya reglamentación se hizo mediante decreto en enero de 1990. Paralelamente, debía darse cumplimiento a las medidas contempladas en el "Pacto Político por la Paz y la Democracia", como requisito indispensable para el desarme, la desmovilizació n y la reincorporación del M-19. El Pacto, firmado el 2 de noviembre de 1989 por el Gobierno Nacional, el Partido Liberal, los presidentes del Senado y la Cámara, un representante de la Iglesia Católica y el M-19, contenía un total de 27 puntos que recogían, en su .gran mayoría, las recomendaciones de las Mesas de Análisis y Concertación sobre convivencia, justicia y orden público, asuntos socioeconómicos y aspectos constitucionales y electorales.

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El Tiempo, 15 de noviembre de 1989, p. 7A.

La paz en la administración Barco… Algunos de los compromisos pactados son competencia directa del gobierno, los ministerios, los departamentos administrativos o los institutos descentralizados. Es el caso de la mayoría de las modificaciones propuestas en materia social y económica. También compete directamente al gobierno llevar a cabo las acciones dirigidas a restablecer la convivencia, fortalecer la justicia y normalizar el orden público, como condición inaplazable para garantizar el regreso del movimiento insurgente a la lucha política legal. El asesinato de una docena de miembros del M-19 a lo largo del proceso de negociación plantea serias dudas acerca de sus posibilidades de constituir un nuevo movimiento político que no corra la misma suerte de la Unión Patriótica. No basta con las rectificacio nes formales en la normatividad del régimen político. Es imprescindible, además, transformar las condiciones reales en medio de las cua les se desarrolla el proceso político en Colombia. En este sentido el gobierno podría seguramente avanzar si recogiera y pusiera en práctica los seis puntos contemplados en el Pacto. Finalmente, estaba en manos del Congreso la aprobación de las reformas pactadas en torno a la ampliación del régimen político, relacionadas con la Constitución y el proceso electoral. Estas constituían parte del núcleo central del acuerdo y además revestían carácter urgente dada la cercanía de las elecciones de 1990. La polémica se centró alrededor de la posibilidad de convocar a un referéndum en enero de 1990 e introducir dentro de la consulta la creación de una circunscripción electoral especial que daría acceso al Congreso a los miembros del grupo guerrillero reincorporado. La discusión acerca de estos dos puntos, cruciales para el proceso, se enredó en el debate sobre el paquete completo de la

Estudios reforma constitucional en trámite, amenazada por serias incoherencias en su formulación general. Pero además sufrió el ataque frontal de varios miembros de la "clase política", incluidos algunos liberales que, desconociendo por completo el lento proceso de configuración de los acuerdos alcanzados con el M-19, resolvieron torpedearlo a última hora. Por un lado, protestaban contra el exceso de generosidad al ofrecerle al M-19 cierto número de curules a cambio de su desarme y desmovilización. Por el otro, resolvieron incluir en el temario del referéndum un punto acerca de la extradición de narcotraficantes. De nuevo aquí, como en el debate sobre el indulto, se incluyó el tema del narcotráfico como una forma de lavarse las manos frente a un enemigo asumido por el Ejecutivo mas no por el Congreso. Si se quiere ir más lejos, el tema del narcotráfico se vinculó a las discusiones sobre la reforma institucional como la forma más fácil, por las contradicciones que suscita, de paralizar las posibilidades de transformación del régimen y con ellas, el proceso de reconciliación. De hecho, el paquete completo de reforma constitucional, incluida la eventual convocato ria al constituyente primario, se hundió el 15 de diciembre de 1989 con la aprobación del gobierno mismo que, ante la imposibilidad de imponer disciplina sobre su propio partido, pidió que el proyecto fuera archivado 50 . El desastroso resultado arrojado por la legislatura ordinaria de 1989 pareció, por un momento, llevar al fracaso todo el proceso de negociación con el M-19. De nuevo, los partidos políticos y sus

La paz en la administración Barco… representantes en el Congreso, apa recían como el más grande obstáculo para lo grar la paz en Colombia. Sin embargo, el M19, convencido de que el camino hacia la paz era ya irreversible, mantuvo la tregua unilateral y promovió contactos con el gobierno para bus car salidas ante el incumplimiento de los partidos. La reglamentación de la ley de indulto hizo posible que algunos miembros de la comandancia del Movimiento se hicieran presentes en Bogotá para adelantar gestiones conducentes a la finalización exitosa del proceso. Sin contar aún con la certeza de que ello sería posible, el M-19 inscribió listas, en coalición con otros sectores ajenos al bipartidismo (el Frente Democrático, la Democracia Cristiana y el Movimiento Colombia Unida), para participar en las elecciones de alcaldes y corporacio nes públicas el 11 de marzo de 1990. Paralelamente se avanzó con el gobierno en la definición de mecanismos y procedimientos concre tos para la desmovilización, dejación de armas y reincorporación de los militantes del Movimiento. A este respecto, no deben olvidarse los problemas surgidos con ocasión de la aplicación de la ley de amnistía de 1982: falta de preparación de las entidades estatales, resistencia de la burocracia, escasez de recursos, persecuciones, amenazas y asesinatos51 . Ellos indican que la reincorporación no es asunto fácil y que, por el contrario, la ausencia de un mecanismo eficaz para llevarla a cabo o su eventual fracaso pueden convertirse en un fuerte argumento para retornar a la lucha armada.

51 50

Semana, No. 398, 19 -25 de diciembre de 1989, pp. 32 y 33.

Véase, Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, Actores en conflicto..., pp. 127-133.

Estudios Finalmente, una vez superados la mayoría de los escollos y ante la mirada indiferente de los partidos, excesivamente atareados con la cuestión electoral, el viernes 9 de marzo de 1990 el M-19 hizo entrega de sus armas, municiones y demás elementos bélicos para luego firmar, en la Casa de Nariño, el acuerdo de paz definitivo con el presidente Barco. La entrega efectiva de las armas terminó por despejar todas las dudas y ratificó su real voluntad de reincorporación. A partir de este hecho no podrá atacarse al M-19 sobre la base de que este Movimiento ejerce el "proselitismo armado". Por otra parte, el hecho de que el armamento haya sido entregado a una comisión de la Internacional Socialista tiene a la vez un valor simbólico y un valor real. En tanto símbolo, se trataba de dar a las armas un "destino digno", es decir, evitar que quedaran en manos del gobierno y sus Fuerzas Armadas, el enemigo de antaño. Después de ser inventariadas por los miembros militares de la comisión técnica de la Interna cional Socialista, las armas fueron fundidas con el objeto de impedir su futura utilización. Su valor real consiste en promover una especie de supervisión internacional del proceso en la medida en que, una vez puesta la atención mundial sobre la reincorporación del M-19 a la vida política legal, deberá darse un mayor nivel de presión sobre el gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos y, ante todo, para evitar el aniquilamiento de los militantes del nuevo Movimiento. Dos días después de decir "adiós a las armas", el nuevo movimiento político, conservando su antiguo nombre, participó en elecciones y obtuvo una significativa votación dada su reciente reincorporación y los inmensos obstáculos que impidieron la realización de la campaña electoral. Pasadas escasas veintic uatro horas del

La paz en la administración Barco… cierre de la votación, el M-19 contaba ya con un alcalde elegido popularmente, otro candidato con grandes posibilidades de llegar a la alcaldía de Yumbo, varios concejales y una importante votación en Bogotá 52. No obstante, les espera un largo y difícil camino hacia la consolidación de este primer paso en la constitución de un movimiento político alternativo al bipartidismo. Ahora bien, es preciso aclarar que la reincorporación del M-19, por exitosa que sea, no tiene la capacidad para poner fin a la violencia, puesto que ella no se agota en el enfrentamiento con uno solo, quizá el más pequeño, de los grupos guerrilleros. A su lado permanecen activas las demás organizaciones armadas que, pese a algunos intentos de acercamiento con el gobierno, persisten en el enfrentamiento. Además, a la clásica confrontación entre las guerrillas y el Estado, se ha agregado la violencia rural generada por los grupos paramilitares y el terrorismo urbano de los narcotraficantes. Este último factor emergió con fuerza en el segundo semestre de 1989 debido a la "gue rra" declarada por el gobierno contra el narcotráfico a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán el pasado 18 de agosto. Este hecho obligó al gobierno a enfrentar, forzosamente, un enemigo que había pretendido desconocer por más de tres años. La confrontación con el narcotráfico en las ciudades ha disminuido gracias a algunos triunfos del gobierno (el asesinato de Gonzalo Rodríguez Gacha el 15 de diciembre de 1989) , al agotamiento de la modalidad de terrorismo utilizada por los narcotraficantes, al debilitamiento 52

Este artículo se terminó de escribir el lunes 12 de marzo de 1990. Por lo tanto no incluye datos finales sobre las eleccio nes.

Estudios y desarticulación de la organiza ción del narcotráfico por la captura y extradición de algunos de sus altos mandos, y a la mediación de los Notables en el caso del secuestro de Diego Montoya que dejó planteada la posibilidad de una negociación tácita. Esta consistiría en renunciar al narcoterrorismo a cambio de ser juzgados en el país y de la derogatoria de la extradición por vía administra tiva.

La paz en la administración Barco… izquierda, al llenar el vacío existente entre el bipartidismo tradicional y la guerrilla, contribuiría enormemente a la despolarización del conflicto, a la "desmilitarización de la política" . CONCLUSIONES

La lucha contra los narcotraficantes, sin embargo, ha dejado intacta la estructura paramilitar, con lo cual se demuestra que ella no depende exclusivamente del narcotráfico, sino que hunde sus raíces en otros grupos de la sociedad civil empeñados en una lucha contrainsurgente clandestina con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas. Prueba de ello es que han continuado las masacres de campesinos, el asesinato selectivo de miembros de la Unión Patriótica (que se agudizó en el período preelectoral) y el asesinato de periodistas y líderes cívicos empeñados en buscar vías alternativas a la violencia para la transformación del país.

La evaluación del proceso de paz durante la administración Barco no puede hacerse sin evaluar de alguna forma, paralela e implícitamente, los resultados del modelo de solución política negociada de la administración Betancur. Por tal razón, las conclusiones de este trabajo se refieren en forma global a las estrategias de paz y apertura democrática impulsadas por los dos últimos gobiernos. Estas dos estrategias se enmarcan en el contexto de la crisis de la sociedad colombiana en los años ochenta. Esta crisis, definida a grandes rasgos como una crisis de legitimidad, de hegemonía o de credibilidad, afecta en primer lugar al Estado y al régimen político, pero también a los demás actores políticos, incluida la guerrilla en tanto proyecto estratégico alternativo.

Pese a tan oscuro panorama, la reincorporación definitiva del M-19 no debe ser de ninguna manera subestimada. Suponiendo que esta organización logre continuar hacia la conformación de un movimiento político legal con un proyecto alternativo de izquierda democrática, ello pondrá definitivamente a prueba la capacidad del sistema político para asimilar esta opción y hacerla viable. De lograrse la consolidación de tal movimiento de oposición, amplio, democrático y desarmado, quedaría demostrada la viabilidad de alternativas políticas dife rentes a la lucha armada en Colombia. Esa posibilidad no sólo le sirve al M-19 o al gobierno. La constitución de un polo democrático de

Los modelos de reconciliación que se ensayan a lo largo de la presente década como alternativas de solución a la crisis, constituyen un paréntesis importante dentro de la histórica tradición de tratamiento represivo y militar otorgado a la protesta política y social en Colombia. Sin embargo, ambos adolecen de una limitación fundamental: la falta de representa tividad de los actores armados protagonistas de la violencia. Ni el Estado, en su totalidad, ni mucho menos la guerrilla en su conjunto, pue den aspirar a representar la inmensa gama de intereses y conflictos que se mueven hoy en la sociedad colombiana. Peor aún: los interlocuto res directos en ambos procesos de diálogo -el gobierno como

Estudios representante del Estado, y un sector de la guerrilla en representación del movimiento armado- tampoco llevan la vocería de cada uno de los actores en conflicto. Los actores son heterogéneos, están dispersos, fragmentados. No obstante esta inmodificable realidad, ella no desmiente por sí sola la necesidad de buscar una salida negociada a la crisis. La negocia ción, aun limitada por la escasa representatividad de las partes, reviste de todas formas un carácter estratégico. Ella tiene como objetivo fundamental disminuir los niveles de violencia, evitar la prolongación y la descomposición del enfrentamiento armado que desde hace tres décadas desangra a Colombia. Son los costos indeseables de una prolongación indefinida del conflicto y la necesidad de recuperar legitimidad, las razones que llevan a los actores armados a buscar una salida por las vías de la concertación política. Para el régimen, en cierto momento dado (es el caso de las administraciones Betancur y Barco), resulta menos costoso permitir una apertura, que asumir la persistencia de la guerra. Para la guerrilla, aun reconociendo que a partir de su acción armada logró un lugar como interlocutor válido, resulta en extremo costoso mantener la lucha armada en un contexto en el que ya no tiene perspectivas estratégicas, en el que ya no convoca el apoyo del movimiento popular y en el que, por el contrario, está condenada al ais lamiento y la descomposición. No basta, sin embargo, con la voluntad de los actores para que el proceso de negociación resulte exitoso. En primer lugar, es preciso anotar que en el caso colombiano él se da en un contexto altamente conflictivo no sólo por la

La paz en la administración Barco… violencia de origen político sino por las demás modalidades de violencia que, combinadas todas, contribuyen a un deterioro creciente de la dinámica política y social. Pero además, existen limitaciones propias de los actores en conflicto que obstaculizan el avance de la solución negociada. Pese a que el presidencialismo constituye uno de los rasgos más característicos del régimen político colombiano, un presidente sin el apoyo de los partidos constituye, a todas luces, un factor muy débil de poder cuando se trata de transformar el régimen, como condición para la reincorporación del opositor armado. Tanto Betancur como Barco sufrieron de esta falta de respaldo del bipartidismo que ha llevado al fracaso la mayor parte de las iniciativas reformistas. Pero no sólo el Congreso obstruye las posibilidades de salida a la crisis escapando al control del Ejecutivo. También lo hacen las Fuerzas Armadas cuya autonomía tradicional en el manejo del orden público logra oponerle, a las políticas de paz de los gobiernos civiles, una política contrainsurgente de largo plazo apoya da en la Doctrina de la Seguridad Nacional y las concepciones de guerra de baja intensidad. Así, el Estado, fragmentado internamente, no logra configurar una política de paz coherente y de largo plazo para contrarrestar los efectos de treinta años de violencia. La guerrilla, por su parte, no ha asumido en su totalidad la necesidad de desmontar el modelo de revolución radical a favor de una transformación gradual de las estructuras apoyada en la movilización de masas. De allí que, como resultado de casi una década de negociación, sólo se haya logrado, finalmente, el acuerdo con uno solo de los grupos que conforman el

Estudios abanico de guerrillas en Colombia: el M19. Aunque parcial, este acuerdo no puede ser subvalorado, por el impacto que puede producir, tanto en el corto como en el largo plazo, sobre la dinámica política en Colombia. Además de muchos otros significados, el resultado logrado con el M-19 implica, ante todo, una revalorización de las soluciones negociadas como salida viable de la crisis. Este es sólo el primer paso. La solución definitiva de la crisis implica, en el corto plazo, la obtención de condiciones que eviten la escalada y degradación del conflicto. Pero a largo plazo, exige la realización de transformaciones estructurales en lo económico, lo político y lo social, que logren recomponer las tan deterio radas relaciones entre el Estado y la sociedad civil colombiana. Exige, en suma, la constitución de un nuevo pacto político y social. De lo contrario, las estrategias de paz y apertura democrática no pasarán de ser simples programas instrumentales de corto plazo que, ante la carencia de redefiniciones en lo estructural, sólo pueden conducir a la recurrencia permanente de lo que los "violentólogos" han definido como el ciclo violenc ia-amnistía-rehabilitaciónviolencia.

La paz en la administración Barco…

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ELEMENTOS PARA UNA FUNDAMENTACIÓN DEL DELITO POLÍTICO EN COLOMBIA: UNA REFLEXIÓN A PARTIR DE LA HISTORIA

guerrillas colombianas, arraigadas sobre todo en zonas de colo nización, son indicadores fehacientes de que el EstadoNación no ha conseguido cubrir su territorio.

Iván Orozco Abad*

La historia de las guerrillas liberales de los Llanos y, más recientemente, la historia de las FARC y de otros grupos guerrilleros, ilustran de manera sobreabundante cómo la ausencia del Estado en zonas periféricas facilitó procesos como la llamada "colonización armada", mediante los cuales grupos insurgentes constituyeron, promovieron o simplemente coadyuvaron a la articulación de comunidades surgidas en el seno del proceso de ampliación de la frontera agrícola y pecuaria desde los años cincuenta. Las guerrillas, sobre sus bases campesinas de apoyo, se erigieron entonces en verdaderos Contra-Estados locales subordinados a proyectos estratégicos de conservación y afianzamiento y aun de expansión territorial orientada hacia la sustitución del Estado y/o del régimen. Allí donde la presencia del Estado era muy precaria o traumática los comandantes guerrilleros ejercieron durante décadas funciones judiciales, notariales y de policía. Son conocidos, entre otros muchos ejemplos de la contra-estatalidad guerrillera, los

1. PRESENTACION Tema central de estas reflexiones es una aproximación entre histórica y sistemática a la figura del delincuente político por excelencia, es decir, el rebelde. Se trata de determinar su especificidad a través de indagar la historia jurídico-política colombiana de la segunda mitad del siglo XIX. De la realidad sociopolítica de entonces salta a la vista, con sorprendente transparencia, la tesis de que el rebelde ha sido y debe seguir siendo entendido a la sombra del combatiente. Sólo de esa manera resulta viable que se lo pueda distinguir claramente del delincuente común y del simple terrorista, y sobre todo, que se le pueda dar un tratamiento legal adecuado a su realidad. La posibilidad jurídica de que se recurra, por parte del Estado, a los mecanismos del indulto y de la amnistía para efectos de buscar, eventualmente, una paz negociada con los insurgentes depende de ello. Según la terminología de Gabriel Almond y Lucian Pye, podemos decir que la Colombia de hoy, de la misma manera que la Colombia del siglo XIX pero en un grado menor, debe enfrentar, entre otras muchas, una crisis de penetración53 . Las *

Abogado, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 53 Almond y Pye definen la crisis de penetración, el lado de la llamada crisis de integración, como una de las dos grandes dimensiones de la crisis de Estado -por contraposición a la crisis de la Nación y a la de la consolidación del Estado-Nación. El sistema político responde a la crisis de penetración

en la medida en que desarrolla la capacidad para construir una burocracia racional, para movilizar recursos fiscales y de trabajó, para controlar de manera eficaz el orden público y para coordinar tareas colectivas. El grado de cubrimiento territorial del aparato de Estado es una expresión inmediata del grado de desarrollo de tal capacidad. Véanse, Gabriel Almond y Powell Bingham, Comparative Politics. A Development Approach, Boston, 1966; Stein Rokkam, Die vergleichende Analyse der Staaten - und Nationenbildung: Modelle und Methoden, en Wolfgang Zapt (compilador), Theorien des Sozialen Wandels, Konigsstein, ed. Athenälum, 1979.

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matrimonios campesinos efectuados siguiendo los dictados de la "ley del monte". Pues bien, en el espacio rural colombiano, es decir, en un espacio donde los conflictos armados han podido derivar todavía hacia proyectos estratégicos de sustitución del Estado, como culminación de largos procesos de acumulación de territorios, las confrontaciones entre el ejército y las guerrillas suelen conservar el carácter de verdaderas "guerras" en el sentido que le atribuye a la expresión él derecho internacional de los conflictos armados. Es cierto que el "ensuciamiento" progresivo del conflicto armado colombiano, sobre todo a partir de la inserción del narcotráfico y muy especialmente del narco-paramilitarismo rural y del narco-sicariato urbano, ha determinado que se pase, en forma creciente, de una dialéctica de insurgencia y contra-insurgencia a la dialéctica aún más macabra del terror y del contraterror, así que las guerrillas caen, con frecuencia, en la práctica de acciones contrarias al derecho de la guerra como son el secuestro y el asesinato de civiles. Y sin embargo, la guerra rural -a diferencia de la llamada "guerra" contra el narcotráficosigue teniendo características que hacen pensable jurídicamente su humanización y aun su negociabilidad. El guerrillero rural suele tener más en común con el soldado que con el simple terrorista. La guerra en general, tanto en su dimensión de guerra regular como de guerra de guerrilleras es conflicto armado por la dominación del espacio. El terrorismo que le es propio suele ser de naturaleza táctica y no estratégica, y con

ello, bajo circunstancias favorables, residual y controlable. El terrorismo político urbano europeo de hoy designa, por el contrario, en lo fundamental, un tipo de conflicto armado orientado hacia la dominación del pensamiento. Se trata, con ello, de un terrorismo estratégico, sistemático y no humanizable. Precisamente en esa diferencia entre el terrorismo urbano y la guerrilla rural y semi-rural radica la posibilidad y la necesidad jurídicas de distinguir, por lo menos en principio, en un medio como el nuestro, entre rebeldes y terroristas. La tradición jurídica colombiana sabe de la cercanía entre el guerrillero y el combatiente. La figura del rebelde ha estado concebida siempre a la sombra de la figura del beligerante. Los artículos 125, 127 y 129 del Código Penal colombiano vigente no pueden ser entendidos sino como expresiones de una simbiosis del derecho penal interno y del derecho internacional de los conflictos armados. El rebelde como actor colectivo portador de un proyecto político y el combate como interacción en la cual se confrontan enemigos relativos son los puntales sobre los cuales está edificado el tratamiento legal del delincuente político en el sistema penal colombiano 54 . 54

El artículo 125 del Código Penal de 1980, el cual define la rebelión como un delito de sujeto plural, y en tal sentido como una acción que sólo puede ser realizada por un actor colectivo hostes y no inimicus- dice: Rebelión. Los que mediante empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de tres a seis años. El art ículo 127 del mismo estatuto, mediante el cual se des criminalizan los actos realizados en combate, reza: Exclusión de pena. Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Y el artículo 127, mediante el cual se

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En tal sentido, constituye un desacierto histórico seguir, en la actual coyuntura, el ejemplo de países altamente industrializados y urbanizados como la República Federal de Alemania, en el sentido de sustituir, de manera definitiva, la figura paradigmática del rebelde por la del terrorista. El Estatuto Antiterrorista y la legislación de estado de sitio en general amenazan, ciertamente, con una sustitución radical del rebelde por el terrorista. Tratar a los guerrilleros, por definición, como a terroristas sólo puede tener el efecto perverso de cerrarles espacios comportamentales adecuados a la dialéctica inhumana pero humanizable de la guerra y transformarlos, de hecho, en simples terroris tas. Por el contrario, conservar y afinar la distinción jurídica entre rebeldes y terroristas aumenta la libertad de acción tanto para el Estado como para las guerrillas, así que se posibilita a ambos, más fácilmente, la adecuación de sus prácticas a la lógica del derecho de los conflictos armados. La existencia del tipo jurídico "rebelión" no obsta, por supuesto, para que .a que las guerrillas puedan ser juzgadas como terroristas, en el evento en que caigan en la práctica dominante y sistemática de actos calificables como de terror. Es cierto que la Colombia de hoy es bien distinta de la Colombia del siglo XIX. La crisis de penetración de que hablábamos reconoce de manera implícita el carácter de actor colectivo que deben tener los rebeldes en cuanto organizados según una estructura jerárquica y subordinación de mando, dice: Circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible se aumentará hasta en la mitad para quien promueva, organice o dirija la rebe lión, sedición o asonada.

al comienzo tiene hoy otras proporciones. En aquel entonces la precariedad del aparato de Estado iba tan lejos que llegó a parecer funcional sustituir la figura del rebelde por la del combatiente. Hoy no tendría sentido llegar tan lejos. Lo que hoy se requiere es, simplemente, que se salve el sistema del Código Penal en el sentido de que se reivindique teórica y prácticamente la noción del delito político y se la interprete, como corresponde, a la sombra del derecho internacional de los conflictos armados. Y sin embargo, ahora más que nunca, cuando la figura del rebelde amenaza ser devorada por la figura del terrorista, resulta necesario adentrarse en los orígenes de esa tradición que nos ha permitido conservar la especificidad del delito de rebelión como cercano a la lógica del derecho de la guerra. Pues bien, a esa tarea, eminentemente histórica pero igualmente útil para pensar el presente, están dedicadas las páginas de este ensayo. 2. LAS VIEJAS GUERRAS CIVILES COMO LUCHAS REGULARIZADAS POR LA DOMINACIÓN TERRITORIAL Cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera, luego de múltiples escaramuzas sostenidas entre los días 12 y 13 con las tropas de la Confederación, consiguió por fin el 18 de julio de 1861 entrar, por el camino de Usaquén, en la capital, había pasado más de un año contado a partir de los días en que en su calidad de presidente del Estado Soberano del Cauca decretó la separación de su enorme "feudo" y declaró la guerra al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez.

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Tras salir de Popayán, se dirigió hacia Cartago para combatir con el ejército caucano del norte a las fuerzas antioqueñas, que amenazaban llegar hasta la misma Popayán. Chocó con ellas en el Alto de las Guacas, descendió hasta Santa Rosa de Cabal y se dirigió hacia Manizales. Luego de haber regresado, tras largas y difíciles marchas hasta la capital de la gran provincia del sur y de haber combatido en sus inmediaciones, junto al general Obando a los ejércitos gobiernistas del general París, emprendió el largo y tortuoso camino hacia Bogotá. Resulta exótico y hasta sobrecogedor para la mirada retrospectiva de un intelectual urbano de nuestros días seguir en detalle, haciendo composiciones imaginarias de lugar y poniéndose en la situación de los protagonistas de entonces, el relato de don Ángel Cuervo sobre el largo y difícil ascenso hacia la capital: el cruce de los ríos, los esfuerzos de las mulas cargadas de culebrinas, el paso por los pueblos y las haciendas, el temor de las celadas, las huidas en la noche, los choques de tropas y los armisticios, hasta llegar, por el camino de Guaduas y de Villeta hasta las frías alturas de Subachoque y de la Sabana, donde los contingentes de ne gros reclutados en los calores ardientes del lejano valle del Patía morían "emparamados". Resulta de veras difícil para nuestra sensibilidad burguesa de cemento y antejardines ima ginar que mientras Mosquera adelantaba su campaña en algún pequeño teatro de operacio nes, otros frentes, en otras regiones libraban otras batallas, y eran necesarios largos días de camino para superar la inmensa y fracturada geografía nacional, así que se pudiera poner al

general en conocimiento de los resultados de otras campañas 55 . Igualmente exótico resulta a quien ha vivido bajo el imperio de la guerra de guerrillas moderna con su omnipresencia irregular en la geografía y en el tiempo colombianos de las últimas décadas, constatar el espíritu y los modales de guerra clásica y regularizada, que a pesar de la pobreza, acompañaron a los bandos enemigos en la serie de los enfrentamientos que se sucedieron entonces en las goteras de Bogotá y que preludiaron la caída el gobierno de Ospina. Disueltas las imágenes de un pasado que por lo menos aparentemente- apenas si nos pertenece, le queda, en todo caso, a nuestro modo abstracto de pensar una idea clara y distinta: la guerra civil de 1860-1861 y con ella la generalidad de las grandes guerras civiles del siglo XIX colombiano estuvieron dominadas por la idea de la guerra clásica -como guerra interestatal- y por la realidad del espacio rural como escenario dominante. La estrategia del general Mosquera durante la guerra del 60, orientada hacia el derrocamiento del gobierno conservador, debió proceder, a la manera de un Contra-Estado, a través de una ocupación y acumulación progresiva de territorios. La sucesión de decretos dictados por el general en campaña y a través de los cuales se hicieron pactos interregionales, se crearon Estados y se anexaron regiones a los ya exis tentes, puede ser entendida, desde un punto de vista militar como la expresión jurídica de esta necesidad de concebir la guerra como un proceso de apropiaciones territoriales sucesivas que deben culminar con la 55

Angel Cuervo, Cómo se evapora un ejército, Bogotá, ed. incunables, 1984.

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sustitución de la vieja dominación territorial- estatal. Las afirma ciones de soberanía regional, tan frecuentes en la época, eran, de manera inmediata, afirma ciones de dominio territorial. Nótese, en tal sentido, que la concepción clásica de la guerra, como fue elaborada por el Ius publicum europeaum desde el siglo XVI hasta las Convenciones de La Haya de 1907 y aun hasta el presente (artículo 1 del Protocolo II de Ginebra de 1977), está profundamente marcada por la noción de espacio rural y con ella por los conceptos de soberanía de dominio territo rial56 . El concepto clásico de soberanía, fundamento del Estado moderno como Estado territorial -y del derecho clásico de la guerra- designa una modalidad de la dominación política esencialmente territorializada . El Estado moderno europeo de los siglos XVI y XVII se consolidó como tal a través de la fijación más o menos definitiva de sus límites espaciales, es decir, a partir de la determinación de un adentro y de un afuera como expresió n de la consolidación del monopolio de la violencia en un ámbito espacial preciso y cerrado sobre sí mismo. En un sentido análogo, los dominios territoriales de que habla el moderno derecho internacional humanitario constituyen un equivalente radicalmente secularizadode la soberanía. Nótese, en tal sentido, de 56

Carl Schmitt, El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del Jus Publicum Europaeum, Madrid, ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1989; del mismo autor, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Colonia Lövenich, 1982; Reihardt Kosellek, Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogene der bürgerlichen Welt, Friburgo-Munich, ed. Suhrkamp, 1959; Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlín, 1963.

conformidad con lo expresado en la presentación, que las guerrillas modernas, por lo menos en cuanto guerrillas rurales tienden a articularse a manera de pequeños y precarios Contra-Estados locales, sobre el horizonte de una crisis de penetración del Estado central57 . Ya hacia 1830, como prefigurando lo que habría de ser la historia colombiana - y latinoamericana - de la segunda mitad del siglo XIX, escribía don Andrés Bello: Cuando en el Estado se forma una facción que toma las armas contra el soberano, para arrancarle el poder supremo o para imponerle condiciones, o cuando una república se divide en dos bandos que se tratan mutua mente como enemigos, esta guerra se llama civil, que quiere decir guerra entre ciudadanos. Las guerras civiles empiezan a menudo por tumultos populares y asonadas que en nada conciernen a las naciones extranjeras; pero desde que una facción o 57

La noción de Contra -Estado tiene por lo menos una dimensión socio-económica y otra políticomilitar. En un sentido socioeconómico debe asociarse al proceso de ampliación de la frontera agrícola y con ello al de la colonización. Desde esta perspectiva no está necesariamente referido a la guerra y se confunde, por lo menos en parte, con nociones como la del Estado-Región. Esta última categoría ea, sin embargo, insuficiente para agotar el sentido de la contra-estatalidad, sobre todo en los términos de la contraestatalidad guerrille ra de las últimas décadas del presente siglo. En un sentido político-militar la noción de Contra-Estado está asociada de manera inmediata al fenómeno de la Guerra en la medida en que ésta, entendida en los términos del derecho de los conflictos armados, se orienta hacia la acumulación progresiva de territorios y en última instancia, por este camino, hacia la sustitución del Estado. Sobre el Estado-Región véase, Orlando Pala Borda, La insurgencia de las Provincias: hada un nuevo ordenamiento territorial para Colombia, Bogotá, Ed. Siglo XXI-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1988.

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parcialidad domina un territorio algo extenso, le da leyes, establece en él un gobierno, administra justicia y, en una palabra, ejerce actos de soberanía, es una persona en el derecho de gentes; y por más que uno de los dos partidos dé al otro el título de rebelde o tiránico, las potencias extranjeras que quieren mantenerse neutrales, deben considerar a entrambos como dos estados independientes entre sí y de los demás, a ninguno de los cuales reconocen por juez de sus diferencias 58 . (El subraya do es nuestro). Supuesta la extrema debilidad del Estado colombiano en el siglo XIX, era viable pensar la guerra civil como una simple duplicación de la soberanía y la estatalidad. De hecho los Contra-Estados insurgentes eran entonces susceptibles de defenderse a través de una guerra entre regular y cuasi-regular de posicio nes. Hoy, cuando la dominación estatal ha conseguido entre nosotros estabilizarse, así que se puede pensar sobre todo en una crisis de legitimidad pero no en una crisis de dominación, cobra sentido hablar, ya no de un ejercicio de la soberanía por parte de los rebeldes, sino sólo - y eventualmente- de que ejercen un dominio territorial. En la Colombia de hoy los preca rios Contra-Estados guerrilleros no pueden ser defendidos en guerra de posiciones sino apenas mediante una guerra irregular de movimiento. Para que pueda hablarse de paz hacia adentro y de guerra potencial hacia afuera, para que pueda hablarse de policía hacia adentro y de ejército hacia afuera, y sobre todo, para que tenga sentido funcional decir que en el adentro normativo del derecho público interno no 58

Andrés Bello, Principios de Derecho de Gentes, París, imprenta de Bruneau, 1840, pp. 898 y ss.

existen sino delincuentes, así que la categoría del enemigo, y muy en especial la del enemigo relativo (beligerante), pertenece exclusivamente al ámbito de la política exterior y del derecho de gentes, es necesario que la guerra civil haya dejado de existir como posibilidad empírica inmediata y aun como categoría jurídico-normativa. El derecho público interno, edificado sobre el presupuesto fáctico y normativo de la paz - llamada orden y seguridad- no tiene, a diferencia del derecho de gentes, ninguna posibilidad de tematizar la guerra civil como lo que es o por lo menos como lo que debe ser, como una dialéctica de enemistades relativas59. Dados el carácter endémico -normal- de la guerra civil y la impotencia del discurso jurídico-político moderno en general y del discurso liberal en particular, para tematizarla como algo distinto a un "estado de excepción", en la Colombia del siglo XIX el genio de la desesperación hizo posible que, con base y a través de una marcada 59

El concepto de lo político como expresión de la polaridad amigo-enemigo y los conceptos de enemigo absoluto y enemigo relativo fueron desarrollados, en el período de entre guerras, por el jurista alemán Carl Schmitt. Al respecto véanse, Carl Schmitt, Dar Begrifl des Politischen Berlín, 1963; del mismo autor y concebido como un corolario del concepto de lo político, edificado asimismo sobre la distinción entre enemigos absolutos y relativos, Teoría del Partisano Madrid, Ed. Instituto de Estudios Políticos, 1966; Reihardt Kosellek, Vergangene Zukunft: Zur Semantik Geschichtlicher Zeiten, Frankfurt, Ed. Suhrkamp, 1979; Heinrich Meier, Carl Schmitt Leo Strauss und "Der Begriff des Politischen". Zu einem Dialog untar Abwesenden Stuttgart, Ed. J. B. Metzlerche; Franz Hinkelammert, "El concepto de lo político según Carl Schmitt", en Norbert Lechner (compilador), Cultura política y democratización, Santiago de Chile, Ed. Clacso, 1987.

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internacionalización del espacio político interior, se internalizara la idea de la guerra como conflicto jurídico. De la misma manera que en la Europa medieval también la Colombia del siglo XIX conoció, pues, el ius in bello interno. Ya el viejo discurso teológico-político de la antigua república cristiana había dejado de existir, y las instituciones demo-liberales adop tadas por las élites criollas no podían tematizar los conflictos armados internos, en principio, sino sólo como delitos. La noción asimétrica del delincuente presentaba sin embargo el inconveniente de transformar la guerra civil, desde el punto de vista del gobierno de turno, en un bellum iustum y lo que es aún peor, en un bellum punitivum60. Basta pensar, para evidenciar el drama impli cado en ello, en la obstinación del presidente Ospina en dar al general Mosquera, de confor midad con la Constitución, un tratamiento rigurosamente delincuencial. Enredado en la trama legal de una Constitución de paz, no pudo - y acaso tampoco quiso- el presidente Ospina encontrar mecanismos para humanizar la guerra ni para negociar la paz. La esponsión de Manizales (29 de agosto de 1860) y el armisticio de Chaguaní (3 de marzo de 1861) pasaron por sus manos como simples imposibles jurídicos. Sólo la derrota pudo curarlo de su insta causa y de su empeño criminalizante respecto de los insurgentes 61 .

60

Reiner Steinweg, Der gerechte Krieg: Christentum. Islam, Marxismus, Flankfurt, Ed. Suhrkamp, 1980. 61 Alejandro Valencia, "La humanización de la guerra y el Derecho de Gentes en Colombia: una aproximación histórica", en CEI, Documentas Ocasionales , marzo-abril 1909, Bogotá.

La verdad es que no se requiere de complejos argumentos para explicar por qué las guerras civiles colombianas del siglo XIX tanto a nivel nacional como regional eran, en los términos del derecho de los conflictos armados, verdaderas guerras y no prácticas de terrorismo por cuanto se trataba de luchas armadas por el dominio del espacio y no simplemente del pensamiento -como las que son propias de las grandes urbes industriales-. En cambio, resulta necesario explicar todavía con mayor hondura: ¿por qué tales guerras civiles pudie ron ser concebidas y vividas por las élites colombianas decimonónicas como guerras regulares? ¿Por qué fueron sometidas a la racionalidad del derecho de gentes?

3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL ESPACIO POLÍTICO INTERIOR Y LA SUSTITUCIÓN DEL REBELDE POR EL COMBATIENTE EN EL SISTEMA DE LA CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO 3.1 Algunos antecedentes del sistema de Rionegro La guerra de independencia, mediante la cual el Virreinato de la Nueva Granada entre los años de 1810 y 1826 se separó del imperio colo nial español, evolucionó paradójicamente, por lo menos durante su primera fase, es decir, hasta los días de la llamada "Pacificación" (1816), no hacia una verdadera guerra internacional sino apenas hacia una guerra civil vivida como una guerra internacional. Luego de más de tres siglos de dominación colonial, la identidad nacional española estaba tan profundamente arraigada en el alma criolla, que la guerra de independencia constituyó en realidad una negación de la propia identidad y en último término, una

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auto-mutilación. No debe, por ello, extrañar que las guerras de la independencia hispanoamericana, a diferencia de las guerras de liberación nacional de las últimas décadas, hayan sido entendidas, en gene ral, por los grandes internacionalistas del siglo XIX no como guerras internacionales sino como guerras civiles y aun como guerras de secesión. Y sin embargo, dada la terrible fragmentación en que se encontraban entonces las unidades político-territoriales dominantes, la guerra civil de independencia derivó hacia un conflicto armado que entonces fue tematizado, por lo menos en parte, como inter-estatal. El primer gran enfrentamiento entre centralistas y federalistas, expresado sobre todo a través de la confrontación entre el Estado de Cundinamarca y la llamada Confederación Granadina tuvo, indudablemente, un hálito de interestatalidad. Los primeros intentos del partido dirigido por Nariño en el sentido de imponer el centralismo, fueron interpretados como expresiones de la vocación "hegemónica" del Estado de Cundinamarca. La estrategia del "Hombre de las leyes" orientada hacia la anexión de las regiones aledañas a Santa Fe, fueron asimismo percibidas por el partido contrario como "expansionismo". Fue necesario que Pablo Morillo, luego de aprovechar el desgaste de las tropas independentistas, restaurara con sus ejércitos la dominación española para que se evidenciara de nuevo que se trataba de una simple subleva ción inter-estatalcolonial. El "Pacificador", en nombre del derecho público interno colonial y a través de tribunales militares especiales constituidos para el efecto, juzgó y condenó a muerte a buena parte de la inteligencia criolla. A los ojos del general español, los caudillos de al insurrección eran delincuentes políticos.

Y sin embargo, la concepción estatalcolonial del adentro y el afuera llevaba en su seno un germen de contradicción. Morillo castigó a los criollos por ser granadinos y no por ser traidores a la Corona. Apenas si distinguió entre justos y pecadores. En tal sentido, los juicios criminales del "Pacificador" fueron un inverso simétrico de la llamada "guerra a muerte" que había desarrollado el Libertador Simón Bolívar entre los años de 1813 y 1816. Como ella, también la Pacificación contribuyó a la definición de una nueva línea de demarcación entre las nacionalidades. España empezó a ser distinta de su América. La guerra de independencia, que durante los primeros años se había desarrollado como una guerra civil, empezó, luego de la transición pacificadora, a evolucionar hacia la condición de una verdadera guerra internacional. En el curso de la contienda el enemigo interior se transformó en un enemigo exterior. Ya el tratado "dé armisticio y suspensión de armas" firmado por Bolívar y Morillo el 25 de noviembre de 1820 en Trujillo (Venezuela), constituye indudablemente un tratado internacional. De la misma condición internacional gozó el tratado subsiguiente de "regularización de la guerra" firmado por ambos generales en representación de los gobiernos de España y Colombia. En 1821, como expresión de la voluntad de Bolívar -y de su ejército y partido-, pero acaso sobre todo como resultado de la presión integradora ejercida por la presencia de un enemigo exterior (España), nació la llamada Gran Colombia. Tanto su construcción como su rápido derrumbamiento fueron indudablemente el resultado de la ausencia casi total de una identidad estatal- nacional. Entonces la territo-

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rialidad era maleable, y el adentro y el afuera eran confusos. En el año de 1832, luego del colapso del sueño estatalterritorial bolivariano; de las primeras amenazas secesionistas de las provincias granadinas del sur y aun, de la primera guerra de fronteras con el Perú, nació la república de la Nueva Granada. La respuesta a la amenaza de disolución fue entonces un proyecto de Estado central y unitario, que se fortaleció en 1843 y sobrevivió hasta el advenimiento de la República Federal en 1858. Durante la segunda administración del general Sa ntander (1832-1837) se expidió por el Congreso -en ausencia de poderes de excepción- la llamada ley del 3 de junio de 1833 contra conspiraciones, mediante la cual se crearon nuevas y hasta casi absurdas figuras delictivas y se aumentaron las penas a algunas de las ya existentes. Con base en ella se pudo entonces condenar a muerte a los 17 sindicados por la tristemente célebre conspiración del general Sardá contra la vida del presidente. Luego, durante la administración Márquez, en el año de 1837 se expid ió el Código Penal de la Nueva Granada, hijo espiritual del Código Penal napoleónico y como él marcado por un espíritu si no restaurativo por lo menos marcadamente represivo, mediante el cual se instituyó la pena de muerte para el delito de rebelión. El artículo 232 del Código Penal de 1837, expresión de una Constitución unitaria lejana a la realidad del desmembramiento territorial que caracterizaba la realidad política de la época, acaso con rabia autoritaria compensatoria, definía la rebelión en los siguientes términos:

Es rebelión el levantamiento o insurrección de una porción más o menos numerosa de súbditos de la República, que se alzan contra el Gobierno supremo constitucional de la Nación, negándole la obediencia debida, o procurando sustraerse a ella, o haciéndole la guerra con las armas. Y el artículo 233 agregaba: Los que en la rebelión hayan procedido como autores principales, son traidores, serán declarados infames, y sufrirán la pena de muerte. Algunos años después, el general Mosquera, bajo el entusiasmo de la victoria y en su calidad de constituyente de Rionegro llegó, por el contrario, a afirmar que "los Estados Unidos de Colombia no reconocen delitos políticos sino errores en cuanto no haya hechos criminosos por violación de las garantías individuales". ¿Por qué pudo llegar a producirse, en el lapso de poco más de dos décadas un cambio tan radical en la concepción jurídica del "enemigo interior"? Pero sobre todo, ¿qué tipo de experiencias y de argumentos pudieron llegar, en el seno del pensamiento liberal, a servir como fundamento a un cambio tan radical en los criterios jurídicos de juzgamiento del rebelde? 3.2 El marco estructural para la internacionalización y la regularización de la guerra Acaso sea cierto como lo afirma Alejandro Valencia Villa en su reciente monografía sobre "la humanización de la guerra y el derecho de gentes en Colombia" que la introducción del artículo 91 de la Constitución de

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Rionegro (1863) mediante el cual se adoptó, a la manera de un ius in bello interno, el derecho de gentes como el estatuto fundamental para la regulación y tramitación de las guerras civiles en la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX, tuvo su origen inmediato en la voluntad del general Mosquera y de otros convencionistas -sobre todo de Camacho Roldán- de poner coto a intransigencias como la del derrocado presidente Ospina para hacer viables la humanización de las acciones y las soluciones nego ciadas62 . También es cierto, sin embargo, que además de esta razón coyuntural, importantes razones de índole estructural se conjugaron para hacer posible y aun necesaria esta sorprendente solución. La voluntad de Mosquera acaso no habría sido suficiente para imponer la fórmula correspondiente. Basta adentrarse, siguiendo el relato apasionante de don Salvador Camacho Roldán, en los vericue tos de la Convención de Rionegro para darse cuenta de que el general Mosquera fue el gran derrotado político en aquella ocasión. La Cons titución de Rionegro no fue tanto la institucio nalización de su victoria militar sobre el conservatismo, como la institucionalización de su derrota política en el seno de la Convención. El liberalismo radical le tejió entonces al Caudillo recién encumbrado una camisa de fuerza cons titucional. El desgaste y desmoronamiento de su fracción política terminó en un gran drama de soledad. Cuando se votó de manera definitiva la fórmula del artículo 91, ya Mosquera era -por lo menos como constituyente- una sombra de sí mismo63 . 62

Alejandro Valencia, op. cit., pp. 16y ss. Salvador Camacho Roldán, "La Convención de Rionegro", en, del mismo autor, Escritos de Economía y Política, Bogotá, Ed. Instituto Colombiano de Cultura, 1976. 63

Este énfasis en los factores estructurales que determinaron la adopción de la fórmula en cuestión proviene menos de la pasión por el detalle que del deseo de poner en evidencia que la internalización de la racionalidad de la guerra no fue entonces el resultado de un ca pricho sino de una decisión profundamente funcional a la realidad política de entonces. En síntesis, cabe decir que, dada la cuasiinterna cionalización fáctica del espacio político interior, el constituyente de Rionegro, siguiendo en alguna medida las pautas de la Constitución de 1858, resolvió dar un marco normativo -institucional adecuado a dicha cuasiinterna cionalización y sobre todo internalizar el dere cho de gentes para efectos de regularizar y humanizar la guerra. Entre las condiciones de índole estructural que deben contribuir a explicar el fenómeno en cuestión cabe mencionar las siguientes: 1. El derrumbamiento del Estado colonial había liberado una serie de fuerzas sociales y políticas de carácter centrífugo. La debilidad del nuevo aparato central de administració n hizo entonces posible que se afirmara con nuevo brío, alrededor de las viejas oligarquías provinciales, una pluralidad de centros regionales de poder. Sobre el marco físico y cultural de las diversidades regiona les y sobre el marco económico de múltiples economías locales incomunicadas se hicieron fuertes formas locales y regionales de la dominación política-territorial, delimitadas por múltiples fronteras interiores. La existencia de estructuras de dominación político-territorial delimitadas por múltiples "afueras" al interior del territorio nacional era en sí misma funcional a la internacionalización

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del derecho público interno y con ello a la internalización del derecho internacional. La afirmación de soberanías regio nales, expresión jurídico- institucional de las autonomías descritas, favoreció indudablemente la concepción de las guerras como guerras interestatales. El no desmembramiento definitivo de la Nueva Granada como resultado de las presiones centrífugas arriba descritas fue, por lo menos en parte, función de la falta de interés de los poderes imperiales de la época y de la debilidad de los países vecinos. 2. La debilidad del Estado como aparato central determinó asimismo el que cualquier pequeño conflicto socio político, no importa su motivación, abandonara muy fácilmente los cauces de la legalidad, y lo que es tanto o más importante, derivara rápidamente hacia la condición de una guerra civil. Se trataba, por supuesto, de confrontaciones armadas entre ejércitos relativamente pequeños, mal organizados y peor armados, pero ello no obsta para atribuirles el carácter de verdaderas guerras civiles. La magnitud de un conflicto interno es siempre relativa y debe medirse en función de la fortaleza del orden estatal que se niega o se relativiza con su sola existencia. 3. El primado de la identidad de clase y hasta de familia de las viejas oligarquías agrarias y comerciales sobre sus pertenencias regio nales determinó el que sus miembros, los aristoi criollos -como la nobleza medieval europea-, en cuyas manos recaía entonces tanto la conducción política como la conduc ción militar de la guerra, pudieran recono cerse recíprocamente como iguales en el evento de una confrontación armada y mostraran con ello una alta disposición a asumir la guerra como dialéctica de enemistades

relativas. Nótese, en tal sentido, cómo las identidades de clase y de familia ofrecían un marco socio -cultural común que hacía viables las negociaciones de los conflictos. 4. El relativo empate político -militar de los gr andes partidos -del liberalismo radical y del conservatismo-, manifiesto en su incapacidad recíproca para aniquilarse militarmente, hizo posible que las guerras civiles fueran asumidas, por lo menos por sus capitanes, como confrontaciones entre ejércitos regulares. Dicho con otras palabras, la inferioridad estructural de uno de los partidos en términos de su capacidad político- militar habría determinado que la guerra irregular de guerrillas, en el evento en que un "caba llero" criollo contrariando los códigos de honor de la época se hubiese decidido a ello, no hubiera sido una forma subordinada -como de hecho lo fue- sino la forma fun damental de la lucha armada. El empate entre los partidos de que hablaba Núñez estuvo, en todo caso, durante los decenios de la república federal, favorecido por la extrema fragmentación del poder. Triunfos y derrotas de carácter local y regional debían compensarse, de manera que se pudo conservar un equilibrio global de fuerzas a nivel na cional. Las guerrillas de entonces estaban concebidas dominantemente, por lo menos desde el punto de vista de las élites político-militares -nótese esta restricción-, como una suerte de tropas ligeras que debían preceder o acompañar a los ejércitos regulares hostigando al enemigo, pero a las cuales no se les concedía ninguna capacidad para definir las contiendas. El saber estratégico de la época subordinaba las

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guerrillas a la racionalidad de la guerra regular. Los guerrilleros, en cuanto no inmediatamente subordinados a un ejército regular, eran tenidos por simples criminales. Los artículos 1099 y 1351 del Código Militar de la Unión de 1881 reiteran, en tal sentido, la regla clásica del viejo -no del moderno- derecho de gentes, según la cual la irregularidad es idéntica a la ilegalidad. Así las cosas y como la aplicación del derecho internacional público como derecho de la guerra era evidentemente funcional a todas estas realidades, se procedió a adecuar el marco constitucional, para que las grandes guerras civiles -a diferencia de las puramente regio nales y locales- pudieran ser manejadas, por lo menos en parte, como duelos ampliados entre beligerantes, con reglas de comportamiento, con teatrum belli, con testigos (el gobierno central y/o los Estados regionales no involucrados en el conflicto) y hasta con espectadores (la población civil). Resulta importante hacer una última aclaración en torno al carácter regular o irregular de los conflictos armados que como una plaga inundaron la Colombia del siglo XIX. La verdad es que una era la guerra de los señores y otra bien distinta la de los hombres de tropa. Indígenas montunos, negros libertos y campesinos arrancados de haciendas o parcelas no configuran fácilmente ejércitos regulares. La indisciplina de las tropas debía ser aterradora y debía refle jarse, por supuesto, en los medios y métodos de lucha. La guerra no era, pues, siempre una guerra limpia. Y sin embargo, en la medida en que según el saber y entende r de las viejas oligarquías "debía serlo", resultaba, por lo me nos en el evento de que fuera extensa y comprometiera de

veras a las élites criollas, regula rizable y humanizable. No se trata de mistificar las guerras del siglo pasado como guerras caballe rescas. El derecho de gentes como derecho interno no era un simple reflejo de lo que "era", sino, ante todo, norma de lo que "debía ser". Pero era un deber ser adecuado y funcional a las realidades socio-políticas de la época64 . 3.3 El marco institucional para la sustitución del rebelde por el combatiente El marco jurídico-institucional dispuesto por la Constitució n de Rionegro para la tramitación de los conflictos armados internos en general estaba caracterizado, entre otros, por los siguientes elementos: l. El Estado fue concebido como una mezcla entre Estado Federal y Confederación de Estados. Basta para confirmar este aserto tener presente cómo según el artículo 16 de la Carta en cuestión la cláusula general de competencia -al contrario de lo que sucede, siguiendo el paradigma constitucional europeo, en una verdadera federación- fue puesta en cabeza no del Estado central sino de los Estados regionales. Más importante aún, desde un punto de vista práctico era el hecho de que los Estados regionales debían constituir sus propias milicias, así que los ejércitos de la Unión dependían de los aportes de las regiones. 2. El Estado central y con él el gobierno de la Unión fueron concebidos a) como árbitros, con derecho de intervención, para el evento de que tuviera lugar una disputa entre Estados regionales (artículo 64

Alvaro Tirado Mejía, Aspe ctos sociales de las guerras civi les en Colombia, Bogotá, Ed. Instituto Colombiano de Cultura, 1976.

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8 numeral 8, artículo 17 numeral 11 y artículo 19), y b) como simple "tercero neutral", sin derecho de intervención, en el caso de las disputas puramente internas. Al respecto resulta interesante recordar cómo ya la Constitución de 1858 en su artículo 15 numeral 4 había consagrado la no- intervención del Estado central en los asuntos internos de los Estados asociados. La no-intervención, seudo definida en la Constitución de Rio negro en el marco del artículo 66 y precisada años más tarde, en franca confrontación con el presidente Mosquera por ley del día 16 de abril de 1866, tenía antecedentes constitucionales. 3. Dentro de un marco tal de internacionaliza ción del espacio político interior no debe causar extrañeza que se haya procedido, a través del artículo 91, a adoptar el derecho de gentes como estatuto fundamental para la tramitación y la solución de las guerras civiles, es decir, de los conflictos armados de carácter interestatal. 3.4 El artículo 91 La norma adoptada por el constituyente río negrero reza así: El Derecho de Gentes hace parte de la legislación nacional, y sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término a ésta por medio de tratados entre los beligerantes, siendo obligatorio para éstos respetar las prácticas humanitarias de las naciones civilizadas. (El subrayado es nuestro). El derecho de gentes como se lo conoció en el siglo XIX colombiano era todavía, de manera indiferenciada, derecho de la guerra y derecho humanitario. Y sin embargo, ya desde entonces, cuando el

apremio de las circunstancias lo requirió, se lo interpretó, desde el gobierno, como el ámbito para la vigencia de una voluntad política no limitada por el derecho. En circunstancias de guerra civil -y la invocación al derecho de gentes constituía simultáneamente una afirmación de que se estaba en guerra civil- el Estado -vale decir: el gobierno debía tener el poder de suspender la Constitución. El gran general Tomás Cipriano de Mosquera, rebelde transformado en presidente por triunfo militar, fue, con su vida, la encarnación de esta ambigüedad que ha acompañado, entre nosotros, a la invocación del derecho de gentes. Todavía desde la perspectiva del rebelde, es decir, teniendo como marco de referencia la guerra civil de 1860 y para efectos de asimilar su condición de rebelde a la de beligerante apeló al derecho de gentes, para que pudiera interpretar la guerra en un sentido diverso al de la visión punitiva propia del derecho público interno agenciada por el gobierno conservador de Ospina Rodríguez. Tras la victoria y en ese acto de su institucionalización que fue la Constitución de Rionegro, contribuyó a que el derecho de gentes fuera elevado a la condición de sustituto del estado de sitio punitivo -propio del derecho público interno- en condiciones de guerra civil (articulo 91). Pero ya desde la perspectiva del poder y teniendo que enfrentar a los nuevos rebeldes, el general Mosquera empezó a invocar el derecho de gentes para efectos de desembarazarse de la multitud de las trabas que le imponía la camisa de fuerza constitucional. Son, en tal sentido, de ingrata recordación los fusilamientos caprichosos de prisioneros de guerra que en más de una ocasión ordenó el soberbio general. Sólo la caída de Mosquera en el año de 1867 puso fin, provisionalmente, a la interpretación

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arbitraria del viejo caudillo y señor patrimonial.

la guerra, y el empleo de Ida medios pacíficos para su terminación.

El sentido restrictivo y humanitario del derecho de gentes estaba en general fuera de duda. Sólo los demonios del poder pudieron en su momento determinar que se lo interpretara como un recurso legal de la arbitrariedad gubernamental. El derecho de gentes no se introdujo para legitimar la suspensión de las garantías constitucionales, sino para restablecer un standard mínimo de respeto a los derechos humanos en circunstancias en que la dinámica de las confrontaciones hubiera dado al traste, de hecho, con la Constitución.

4. LA LEY 20 DEL 16 DE ABRIL. DE 1867: EL PRINCIPIO DE LA NOINTERVENCIÓN Y LA SUSTITUCIÓN DEL REBELDE POR EL COMBATIENTE

Los constituyentes de Cundinamarca de 1867, mediante el artículo 51 de la Carta regional, explicaron con claridad evidente el sentido de la vigencia del derecho de gentes: Artículo 51. El artículo 91 de la Constitución Federal, por el que se incorpora el Derecho de Gentes en la legislación federal, no faculta a ninguna autoridad del Estado para ejercer durante la guerra contra las personas, sus derechos o sus bienes, ningún acto o función que pueda pretermitir en algún sentido el cumplimiento fiel de la garantía de los derechos individuales, consignados como condiciones de asociación de los Estados, en el artículo 15 de la Constitución Nacional. La inteligencia que por la presente Constitución y para el Estado de Cundinamarca se fija al artículo 91 de la Constitución Nacional no hace más que imponer el deber de admitir entre los beligerantes el Derecho de Gentes, y las prácticas de los pueblos cristianos y civilizados para la calificación del carácter de

No es la intención de este ensayo hacer un aná lisis detallado del sentido y vigencia de las nor mas del derecho de gentes en la legislación colombiana del siglo XIX. Nuestro interés inmediato se limita a la idea de: 1) describir, en una perspectiva histórica, el marco cuasiinternacionalizado de la "no intervención" y 2) mostrar y demostrar por qué y en qué sentido la figura del rebelde fue pensada y desarrollada, en la Constitución de Rio negro y de conformidad con las necesidades de la época, por lo menos de manera dominante, a la sombra de la figura del combatiente (beligerante). Expedida el 16 de abril de 1867 por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia en circunstancias que costaron su caída al general Mos quera, la ley 20 sobre no-intervención decía lo siguiente: Artículo 1. Cuando en algún Estado se levante una porción cualquiera de ciudadanos con el objeto de derrocar el gobierno existente y organizar otro, el Gobierno de la Unión deberá observar la más estricta neutralidad entre los bandos beligerantes. Artículo 2. Mientras dure la guerra civil en un Estado, el Gobierno de la Unión mantendrá sus relaciones con el Gobierno constitucional, hasta que de hecho haya sido desconocida su autoridad en todo el

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territorio; y reconocerá al nuevo gobierno, y entrará en relaciones oficiales con él, luego que se haya organizado conforme al inciso lo., articulo 8o., de la Constitución. Artículo 3. Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias a la presente (... (El subrayado es nuestro). La verdad es que la expedición de la ley 20 representa la culminación de un largo y conflictivo proceso que acaso comenzó cuando en el año de 1857-1858 el gobierno central asumió como un asunto local en el cual no debía intervenir la revolución de Vieco en Magdalena. Desde entonces y hasta cuando la recentralización del manejo del orden público en el año de 1880, todavía dentro del régimen federal y en los albores de la Regeneración, otorgó de nuevo al Ejecutivo de la Unión plenos poderes para intervenir en las disputas internas de los Estados regionales, la decisión de intervenir o no intervenir se convirtió en uno de los temas fundamentales de la vida política colombiana. En torno a la pregunta por la legitimidad o ilegitimidad de las intervencio nes del gobierno central y de los gobiernos regionales en los asuntos internos de los Estados se cruzaron mil veces los argumentos y las espadas. Muchas razones hablan en el sentido de que el principio de la no-intervención tenía rango constitucional y no simplemente legal. Supuestos sus antecedentes en la Constitución de 1858 y su equívoca pero de todas maneras constatable presencia en la Carta de Rionegro cabe, ciertamente, presumir que se trataba de una norma constitucional. El principio de las sobe ranías regionales sólo podía tener sentido pleno en el seno de una organización política que proscribía, por lo menos en parte, la intervención.

Así, se puede decir que la ley 20 constituyó, en su momento, apenas una precisión legislativa del sentido de la nointervención. La condición de tercero neutral derivada de la no-intervención para el Estado y el gobierno de la Unión fue, en todo caso, a pesar de sus fre cuentes impugnaciones, el centro de articula ción del sistema internacionalizado de la Federación. De la misma manera -por supuesto que en condiciones tan distintas que apenas si resisten la analogía - en que el llamado sistema de equilibrio continental europeo de los siglos XVI a XIX estuvo articulado sobre la idea del equilibrio entre las potencias, así también el sistema de equilibrios regionales de la República Federal, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX colombiano, estuvo edificado sobre el rechazo a las hegemonías. El mayor peligro para las autonomías locales y regio nales lo representaban, en tal sentido, a niveles diversos, la consolidación del Estado y del gobierno central, la hegemonía de Cundinamarca y de Bogotá, y el triunfo del caudillismo nacional de figuras como Mosquera sobre los caudillos y las oligarquías regionales y locales. Así, no debe resultar extraño que la federación haya derivado hacia un sistema análogo al del derecho clásico interestatal europeo. El llamado Pacto Berrío-Murillo Toro, mediante el cual el gobierno de la Unión reconoció en el año de 1864 al nuevo gobierno revolucionario luego del triunfo militar del conservatismo en Antioquia, estuvo indudablemente edificado sobre una tal filosofía del equilibrio. El partido conservador tuvo en Antioquia su válvula de escape, y el radicalismo tuvo un enemigo definido que le permitió

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aglutinarse. Aún más: suponiendo, como frecuentemente se afirma, que el Pacto Berrio-Murillo Toro trajo consigo una cierta estabilidad en la medida en que favoreció la consolidación de los partidos en las regiones en que eran dominantes, entonces cabe decir que él constituye un análogo criollo y por supuesto que más humilde de la paz de Westfalia, cuya fórmula de distribución y estabilización de los dominios político-territoriales, el famoso cujus regio eius religio (la religión del príncipe determina la religión del Estado), sirvió de fundamento, durante siglos, al equilibrio de las potencias en el sistema central-europeo.

los Estados regionales mediante el expediente de exigirle, en el evento de que una parte de la ciudadanía se levantara contra el go bierno regional, que esperara, en actitud de tercero neutral, al resultado de la guerra civil entre los beligerantes.

Basta, de otro lado, echar una mirada rápida al artículo 91 para entender que el esfuerzo por pensar al rebelde como combatiente llegó, dentro del marco de la no- intervención, tan lejos que en realidad se sustituyó, por lo menos parcialmente, al primero por el segundo.

Es de presumir que el concepto de rebelión no tuvo nunca, dentro del marco de la república radical, un sentido unívoco. A veces designaba el delito y a veces también el derecho de rebelión. En su uso empírico se lo distinguió del concepto de guerra civil para efectos de separar dos magnitudes diversas de conflicto y aun conflictos armados co n objetivos estratégicos diferentes. Y lo que es acaso más importante, en su uso jurídico se hizo mil veces la distinción entre guerra civil y rebelión con la intención manifiesta de legitimar -acaso sobre la base de que designaba un conflicto menor- el tratamiento punitivo de esta última. La semántica de la guerra civil y de la rebelión fue, pues, una cuestión de oportunidad. En tal sentido, resulta del mayor interés estudiar con un poco de detalle la precisión que recibieron los conceptos de guerra civil y de rebelión dentro del marco semánticamente hierático del Código Militar de 1881, mediante el cual se dio su desarrollo más definitivo al artículo 91 de la Constitución de Rionegro.

Don Salvador Camacho Roldán, convencionista por el Estado de Santander y autor del proyecto que modificado se transformó en el arriba transcrito artículo 91, hablaba en el primero de los casos de guerra civil y de rebelión, aplicando a ambos la noción de beligerancia. Hoy resulta difícil saber cuál fue la verdadera intención de convencionistas como los doctores Ferro y Gómez al oponerse a la propuesta de Camacho Roldán. La palabra rebelión fue, en todo caso, excluida del proyecto definitivo. El sueño inicial de Camacho Roldán sólo pudo cumplirse años más tarde, cuando el Congreso de la Unión, mediante ley 20 del 16 de abril de 1866, le impuso al general Mosquera el principio de no intervención en los asuntos internos de

El concepto de guerra civil se amplió entonces al ámbito ínter-estatal-regional, así que la figu ra del beligerante se hizo presente en el derecho público interno de la totalidad de los Estados regionales. 5. EL DERECHO DE GENTES Y LA DESCRIMINALIZACIÓN DE LA FIGURA DEL REBELDE

Desde el punto de vista del derecho de gentes, el concepto de rebelió n pasó a

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designar, en el sistema de Rionegro, sobre todo, un tipo intermedio de conflicto armado, situado, por su magnitud y orientación, entre la simple insurrección y la guerra civil. Dentro del marco del Derecho de Gentes se procedió, pues, a descriminalizar parcialmente el concepto de rebelión. Se redefinió la rebelión como categoría ética y jurídicamente neutra, y los rebeldes fueron asimilados, por lo menos durante las acciones de guerra, a los beligerantes. El libro IV del Código Militar de 1881, heredero de las ordenanzas que en 1862 expidiera el general Mosquera para la Guardia Colombiana -enriquecidas con la Convención de Viena de 1864 y con la Declaración de San Petersburgo de 1868es el instrumento mediante el cual, en las postrimerías de la república federal y después de la derogatoria de la ley 20 de 1867 en 1880, se desarrolló el artículo 91 y se dio asimismo cuerpo definitivo al derecho de gentes. Luego de definir la insurrección y antes de ocuparse de la noción de guerra civil, decía el libro IV, en tal sentido, en su artículo 1334: El nombre de rebelión se da, en Derecho de Gentes y para los efectos expresados en el artículo anterior, a la insurrección que estalla en una gran parte del país, y que se convierte comúnmente en una guerra declarada contra el Gobierno legitimo por varios (Estados o Provincias) con el objeto de sustraerse a su autoridad y darse un gobierno propio. La distinción entre la rebelión y la guerra civil, como estaban concebidas por el Código Militar de 1881, dependía menos de una diferencia en la magnitud del conflicto que en su cualidad. A diferencia de la rebelión, la guerra civil no estaba orientada hacia la sustracción al poder de la autoridad central y hacia la

conformación de un gobierno propio, sino hacia la consecución de un dominio político global exclusivo. El artículo 1335 del estatuto en cuestión dice en tal sentido: Guerra civil es, en Derecho de Gentes, y para los mismos efectos arriba indicados, la que sostienen, en el seno de la nación dos o más partidos que luchan para enseñorearse del poder supremo, y de los cuales cada uno se atribuye a sí solo el derecho de gobernar el país. La asimilación de la insurrección y de la rebelión a la guerra civil, para efectos de otorgar a los rebeldes el status y los beneficios de los beligerantes, resulta sobre todo evidente en el artículo 1339 del Código Militar: Las reglas del Derecho de Gentes, que se han dado en los diferentes títulos de este Libro, a las cuales deben sujetarse los jefes de operaciones militares, son también aplicables por éstos y por el gobierno federal en los casos de insurrección, rebelión y de guerra civil, como que así lo exige especialmente el artículo 91 de la Constitución Nacional, en cuyo desarrollo es que se han prescrito dichas reglas. El problema empírico de determinar la naturaleza de los conflictos armados para efectos de atribuirles una u otra calificación condujo a la necesidad de establecer -acaso a manera de ejemplo y no en forma taxativa- indicadores de que se estaba, en realidad, frente a beligerantes en guerra civil. Dada la actualidad que reviste para el debate de hoy sobre el carácter de los grupos insurgentes y sobre la naturaleza del conflicto armado colombiano transcribimos a continuación el artículo 1338 del Código Militar de 1881:

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Cuando los movimientos populares se prolonguen por mucho tiempo, o cuando los intereses que se pongan en juego, la idea general que se proclame por causa del levantamiento sean de significación; cuando las facciones o los partidos contrarios al gobierno lleguen a dominar en un territorio extenso, dándose leyes, estableciendo en él gobierno propio, administrando justicia, i, en suma, ejerciendo actos de soberanía, deberá darse a los beligerantes el carácter de tales en guerra civil, y reconocérseles personería mientras se hace la paz. (El subrayado es nuestro). Desde entonces, es decir, casi con un siglo de antelación a los Protocolos de Ginebra (artículo 1 del Protocolo II) la insurgencia prolongada (indicador temporal) y el dominio territorial (indicador espacial), junto a la existencia de un proyecto político "significativo", estaban en el corazón normativo -y ya no solo doctrinal- de la discusión sobre la naturaleza del conflicto armado interno y del tratamiento jurídico correspondiente. La aparente claridad aportada por las definiciones transcritas y comentadas de la rebelión y la guerra civil no debe conducir al error de creer que el Código Militar de 1881 consiguió, de manera unívoca y definitiva, poner fin a la multitud de equívocos, imprecisiones y sentidos encontrados que acompañaron la discusión decimonónica sobre tales nociones. En honor a la verdad, hay que recordar que los artículos 1336 y 1337 del estatuto en cuestión representan poco menos que una claudicación de la inteligencia frente al perspectivismo de quien califica la naturaleza del conflicto y frente a la inaprehensibilidad de su dinámica. El artículo 1336 reconocía que los gobiernos de los Estados regionales solían llamar guerras civiles a las

rebeliones que tenían lugar en los Estados vecinos, en tanto que el artículo 1337 observa ba la necesidad de cambiar las denominaciones y los tratamientos jurídicos correspondientes en la medida en que las confrontaciones fueran evolucionando en el espacio, en el tiempo, en la intensidad y en la orientación. 6. ALGUNAS FORMAS SUPÉRSTITES DE LA REBELIÓN COMO DELITO La verdad es, pues, que, a pesar del artículo 91 y de la ley 20, siguió teniendo vigencia la vieja pregunta: ¿quis judicat? Aun desde la perspectiva del Derecho de Gentes, la rebelión siguió siendo, en alguna medida, por lo menos respecto de sus capitanes, el delito de los derrotados. El artículo 1343 del Código Militar de 1881 decía en tal sentido: Artículo 1343. Aun cuando en el campo de batalla se apliquen a los rebeldes las leyes y usos de la guerra, el gobierno legítimo debe, sin embargo, juzgar a los jefes y cabecillas de la rebelión como reos de traición y tratarlos como tales, a no ser que estén comprendidos en alguna amnistía general. (El subrayado es nuestro). Aun suponiendo que el concepto de rebelión, siguiendo los términos del Código Militar de 1881, hubiera perdido toda connotación discriminatoria de naturaleza jurídico-penal, lo cierto es que los capitanes de la rebelión derrotada debían ser juzgados por el vencedor como reos de traición y en tal sentido como delincuentes políticos.

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Por fortuna, las amnistías fueron durante el siglo XIX la regla general comportamental del vencedor. Hay, por supuesto, casos dramáticos como el de la guerra civil de 1854. Entonces, y acaso porque el conflicto entre los artesanos y militares, de un lado, y la coalición "legitimista" de las oligarquías liberalconservadoras, del otro, tuvo, excepcionalmente, connotacio nes de lucha de clases, la rabia criminalizante de los vencedores no conoció el perdón y el olvido. No es, pues, que la figura jurídica del rebelde haya desaparecido de nuestra legislación. Aún más, al no haber un Código Penal de la Unión, sino únicamente códigos penales provinciales, era apenas natural que el delito de rebelión sobreviviera, como de hecho sobrevivió, como parte de las legislaciones provinciales. A manera de ejemplo cabe aquí recordar el artículo 218 de l Código Penal del Estado Soberano de Antioquia del año de 1867, que dice:

propiamente dichas y aun las prácticas de construcción de Contra-Estado, el artículo 240 puso límites absolutos a la exoneración de pena por delitos conexos conforme a los dictados del derecho de gentes. Ahora bien, si los capitanes de los ejércitos regulares eran tenidos por delincuentes políticos, las guerrillas en general, por lo menos en cuanto supérstites de una derrota convencio nal, no merecían sino la calificación de simples delincuentes comunes. En tal sentido resulta interesante recordar ejemplos como el del decreto 321 del 30 de mayo de 1877, mediante el cual el presidente de los Estados Unidos de Colombia criminalizó a los grupos armados supérstites, luego de la derrota infringida al conservatismo en la guerra de 1876. Las gue rrillas y los bandoleros de entonces fueron excluidos de los beneficios del derecho de gentes y sometidos a la jurisdicción penal ordinaria -no política- de los Estados regionales. La norma en cuestión decía:

Es rebelión el levantamiento o insurrección de una porción más o menos numerosa de individuos en el Estado, que se alzan contra el gobierno constitucional del mismo Estado negándole la obediencia debida o haciéndole la guerra con las armas.

Artículo 1. Les partidas que aún existen en algunos puntos de la Unión no tienen carácter político ninguno para los efectos del articulo 91 de la Constitución, y en consecuencia quedan, por los atentados que cometan, bajo la jurisdicción ordinaria, civil y penal de los respectivos Estados.

Y sin embargo, la figura del beligerante gravitaba de tal forma sobre la noción penal provincial del rebelde que ya desde entonces y hasta el presente el delito de rebelión fue, en múltiples sentidos, subordinado a la racionalidad del derecho de los conflictos armados. En tanto que el artículo 239 de la legislación penal antioqueña de la época se preocupó por descriminalizar las acciones de guerra

Acaso sea cierto que de hecho las guerrillas que sobreviven a una derrota convencional presentan una marcada tendencia hacia la bandolerización, de manera que justifican con frecuencia el tratamiento de delincuentes comunes. Sin embargo, resulta importante insistir en el hecho de que la concepción militar caballeresca dominante entre las élites en el siglo XIX tendía, por definición, a tratar a

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los irregulares como a simples delincuentes comunes, prescindiendo de que estuvieran, en realidad, bandolerizados. A ello contribuían muy seguramente prejuicios de clase. La guerra de guerrillas si bien no era de uso exclusivo de grupos sociales subalternos tenía, en todo caso, mayor aceptación entre éstos que entre los grupos dominantes. Recuérdese, en tal sentido, lo enormemente difundida que se encontraba la práctica guerrillera entre los indígenas del sur de Colombia.

la noción jurídico-criminal - y en tal sentido discriminativa- pero éticamente privilegiada del rebelde.

7. EL LIBERALISMO DEL SIGLO XIX Y EL DELITO DE REBELIÓN

En el primer caso apeló abiertamente a la figura del beligerante para efectos de descriminalizar al oponente armado, en el segundo, salvando la soberanía regionalestatal respecto de la insurgencia, conservó la noción jurídico-penal del rebelde, pero le quitó, en alguna medida, el carácter discriminativo.

La idea de la rebelión como "delito de los derrotados" nos remite, en realidad, a una discusión más general, cual es la de funcionalidad o disfuncionalidad de dar un tratamiento delincuencia] o punitivo al enemigo, dependiendo de la correlación de fuerzas entre los partidos que se enfrentan y de la fragilidad del régimen en su conjunto. El discurso liberal decimonónico sobre el delito de rebelión también estuvo marcado por esta problemática. Veamos en qué sentido. La sustitución del derecho penal por el derecho de gentes operó, sobre todo, como límite al derecho de intervención del Estado central, tanto al nivel de los conflictos interestatales como al nivel de los conflictos intraestatal-regionales. La figura del rebelde como tipo delictivo sobrevivió en la perspectiva de los gobiernos regionales, en los códigos penales provinciales. Y sin embargo, a pesar de la heterogeneidad de los criterios éticos que in forman el discurso del derecho de gentes y el del derecho penal interno, gracias a la idea liberal se redujo al mínimo posible la distancia valorativa entre la noción puramente política y con ello éticamente neutral del beligerante y

El liberalismo radical, el cual veía tanto en la "soberanía" de los individuos respecto del Estado en general y del gobierno en particular, como en la soberanía de los Estados regionales respecto del Estado central una garantía contra el despotismo, quiso hacer, tanto de los Estados regionales como de los individuos Iusti hostes.

De la misma manera que la aporía de las confesiones colectivas condujo históricamente en la Europa de los siglos XVI y XVII -dentro del marco cultural de la secularización- hacia la sustitución de la fusta causa por el iustus hos tis, así que pudo surgir la figura del combatiente como una figura simétrica y como tal no criminalizada, es decir, éticamente neutra, asimismo la aporía de las convicciones políticas individuales -soberanascondujo en la Colombia del siglo XIX a una neutralización ética adicional del juicio crimina l sobre el delincuente político, el cual pudo ser concebido como un justo enemigo respecto del Estado. Así como el liberalismo europeo del siglo XIX evolucionó, gracias a su lectura de la Revolución Francesa, hacia una visión profundamente restrictiva de la defensa del Estado, así también el radicalismo colombiano, con base en experiencias análogas, evolucionó, durante la misma

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época, hacia un tratamiento privilegiado del delincuente político. Los cambios bruscos en el proceso revolucionario francés exacerbaron la conciencia de la puntualidad y arbitrariedad de los intereses que determinan el contenido de la justicia política. El liberalismo europeo tomó, con ello, conciencia de la arbitrariedad del poder estatal que sirve de fuente y fundamento de los delitos políticos. Se pensó que tales delitos no constituyen en realidad ataques contra la existencia del Estado sino sólo contra lo que es mutable en él. Si bien es cierto que los giros repentinos y sangrientos en la vida política colombiana del siglo XIX fueron más superficiales, en el sentido de constituir únicamente cambios de régimen -si no de gobierno- y no verdaderas y profundas revoluciones sociales y políticas, eran de todas maneras, en sus implicaciones para la vida de las gentes, suficientemente sangrientos como para ilustrar también, a su manera, el drama de la volubilidad de los criterios que fundan la noción de delito político. Acaso nadie como José María Samper -él mismo tan voluble- fue en la Colombia de entonces tan sensible al absurdo de la criminalización despiadada del opositor político por parte de los gobiernos de turno. Samper cuenta en tal sentido cómo la famosa ley de conspiraciones de 1833 fue aplicada con igual rigor contra los antiguos ministeriales cuando perdidas las elecciones el viejo gobierno pasó a la oposición. Tanto la noción de soberanía como el concepto de rebelión participan de un status evanescendi entre lo fáctico y lo normativo, así que su vigencia normativa

depende, por lo menos en parte, de que una determinada correlación de fuerzas político- militares les siga siendo favo rable. Cuando el desarrollo de la guerra es favorable a los insurgentes éstos dejan de ser rebeldes y se transforman en beligerantes. Escribía al respecto don José María: La legalidad es la norma común, y tanto, que igualmente es garantía y salvaguardia de la libertad y de la autoridad, del pueblo y del gobierno. Pero una vez que la guerra civil estalla, es evidente que el rebelde o insurrecto quebranta la legalidad, se sale de ella, se declara enemigo del orden existente, se erige en potencia beligerante de hecho y rompe el freno legal a que estaba sujeto. ¿Qué ha de regir desde ese momento? No la legalidad normal, la del tiempo de paz, sino la extraordinaria, la del tiempo de guerra; en otros tér minos: el derecho de gentes 65 . Con mucho sentido práctico y sin la angustia kantiana por la separación tajante entre el ser y el deber-ser, asumen muchos pensadores y políticos liberales de la época, acaso sin saber lo, pero en todo caso siguiendo de cerca la tradición hobbesiana y spinozista, la referencia recíproca necesaria entre los conceptos de potentia y potestas en cuanto constitutivos de la vigencia de la ley en general y de la ley penal-política en particular. Quienes vivieron de cerca la experiencia de la rebelión triunfante del general Mosquera, quienes presenciaron cómo la victoria militar transformó al rebelde en presidente, conocían muy bien el carácter límite de las nociones alrededor de las cuales se articula el concepto de delito político. 65

José María Samper, Derecho Público Interno de Colombia, Vol. 1, Bogotá, Imprenta de la Luz, 1896, pp. 287 y ss.

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La misma ley 20, arriba transcrita, constituye un testimonio privilegiado de la vigencia de aquello que Georg Jellinek llamó en su mo mento "la fuerza normativa de lo fáctico"66 . Aún más, y como para redundar en ejemplos legales sobre esta sabiduría liberal de los Estados en formación, cabe citar aquí el último inciso del articulo 1,342 del varias veces comentado Código Militar de 1881, el cual dice con sorprendente pragmatismo: "La victoria es la que termina la lucha y establece las relaciones futuras entre los combatientes". 8. EL IUS IN BELLO INTERNO EN ACCIÓN: LA GRAN GUERRA DE 1876 Los acontecimientos que, de manera apretada, evocamos a continuación no pretenden llevar al lector la complejidad y la riqueza del drama vivido por las gentes de Colombia entre 1876 y 1877, sino sólo servir como ejemplo, de manera que se tenga algún comienzo de constatación empírica y se comprenda mejor el sentido de lo que aquí hemos llamado la internacionalización del espacio político interior, en lo que toca a la internalización del derecho de gentes. La razón por la cual escogemos la guerra de 1876 es bien sencilla: se trata de la confrontación armada más importante, tanto por su extensión como por las magnitudes de los ejércitos involucrados en las contiendas, entre la multitud de los conflictos armados que sirvieron de motor a la dinámica político- militar de la República Federal.

Basta echar una hojeada a esa obra magistral sobre ''la revolución" de 18761877 que son los Recuerdos para la historia del general Manuel Briceño, para constatar hasta la sobreabundancia el carácter cuasiinternacionalizado del sistema del orden público federal dentro del marco de la Constitución de Rionegro67 . Es bien conocida la importancia que tuvo la cuestión de la violación a los principios de la no-intervención y de la soberanía regional -junto a las cuestiones religiosoeducativa y electoral- por parte del gobierno de la Unión, en la determi nación que tomaron los gobiernos de los Estados Soberanos de Antioquia y Tolima de terciar en el conflicto a favor de la insurgencia conservadora caucana, cuando el gobierno de Aquileo Parra decidió apoyar al gobierno radical de dicho Estado y ocupó con sus tropas el Estado del Tolima. Es suficiente recordar este hecho para evidenciar el modo internacionalizado como se concibió y se tramitó el conflicto. Los decretos mediante los cuales los presidentes de los Estados Soberanos de Antioquia y del Tolima, a comienzos del mes de agosto de 1876 y después de haber agotado el recurso de las negociaciones, se declararon en situación de guerra, constituyen una muestra fehaciente del carácter de "persona pública de derecho internacional" que acompañaba entonces a las regiones y que orientaba su comportamiento respecto del Estado central y de los demás Estados regionales. Siguiendo los recuerdos del general Briceño sobre la guerra de 1876, complementados por las memorias de 67

66

Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlín, 1900.

Manuel Briceño, La Revolución (1876-1877): recuerdos para la historia, Bogotá. Imprenta Nacional, 1947, pp. 296 y ss.

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Aquileo Parra y demás testimonios de lo que fue aquella conflagración, encontraría el lector un sinnúmero de documentos, declaraciones de guerra, cartas ofíciales, capitulaciones, armisticios, etc., con base en los cuales resultaría fácil mostrar y demostrar cómo el espíritu del Derecho de Gentes campeaba entonces sobre los espíritus.

Trujillo ante quien, conscientemente, se rindieron las tropas conservadoras en Manizales.

8.1 La Batalla de Garrapatas: Regularidad y humanidad

Tropas de la Unión: los ejércitos liberales contaban con 4.820 hombres, dos ametralladoras, dos piezas de montaña y 3.500 rifles de precisión.

Dejemos de lado las declaraciones de guerra, los avatares y el accionar de las tropas en Cundinamarca y en el Cauca, en Antioquia y en Santander, y situémonos en el pequeño valle de Garrapatas, donde se decidió el destino de la campaña del Tolima -y acaso el de la guerra en general-. En la batalla de Garrapa tas se combatió con fuerzas equilibradas y con bastante respeto de las normas de la guerra regular. Ejércitos de línea se situaron frente a frente y con más coraje y sentido del honor que con genio militar ejecutaron hazañas y sembraron de cadáveres el lecho del antiguo lago que forma el escenario elíptico de la confrontación. Para efectos de que el lector de hoy se pueda hacer una idea aproximada de la magnitud del drama vivido entonces por los partidos en conflicto, queremos hacer a continuación, siguiendo los recuerdos del general Briceño, un breve inventario del número de los combatientes y de las pérdidas que sufrieron ambos ejércitos en aquella batalla, en la cual se decidió el futuro del conservatismo y aun se pretendió escoger sin éxito, luego de improvisarlo otra vez como gran "caud illo" a pesar de sus escasas dotes como militar, al general Santos Acosta como próximo presidente. El honor correspondió, en realidad, a Julián

Tropas rebeldes: las fuerzas disponibles por los rebeldes ascendían en la Batalla de Garrapatas a 5.141 hombres, con una ametralladora, una pieza de montaña y 2.384 armas de precisión.

Las bajas : las tropas rebeldes perdieron en total 321 hombres, es decir, tuvieron 108 muertos, 158 heridos y 65 prisioneros. Las pérdidas del ejército liberal fueron mucho mayores: muertos, 587; heridos, 672; prisioneros, 300; dispersos, 1.200. Para un gran total de 2.759 bajas. Nada mejor para ejemplificar el espíritu caballeresco que animaba el corazón de los jefes militares encontrados que transcribir las cartas que se cruzaron los generales Marceliano Vélez y Santos Acosta, jefes supremos de los ejércitos rebeldes el primero y de los ejércitos de la Unión el segundo, antes de dar comienzo a las acciones. Dichas cartas son un claro testimonio de que nuestros viejos generales cono cían bien el sentido del Derecho de Gentes. La carta del general Vélez decía: Estados Unidos de Colombia- Estado Soberano del Tolima- Comandancia en Jefe del Ejército Constitucional -Número 122- Cuartel General de Garrapatas, a 18 de noviembre de 1876.

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Señor General Santos Acosta, Deseo saber si para usted y el ejército que comanda son sagradas las ambulancias, los heridos y los rendidos, para acomodar mi conducta, el día de una batalla, a la que usted y su ejército observen. Me sería satisfactorio saber que los dictados de la humanidad predominan en el espíritu de usted y de su fuerza, para no verme en la necesidad de tomar medidas contrarias a mi carácter y a mi corazón. Al convenir usted en el filantrópico principio de hacer inviolables las ambulancias, debemos, en un tratado, estipular las cínicas personas que por el servicio que prestan a los heridos y enfermos deben abrigarse en ellas, y convenir en una señal que las dé a conocer claramente para que no se haga fuego sobre ellas. Estando en la imperiosa necesidad de combatir cada uno por las convicciones sinceras de su alma, debemos por lo menos evitarle a nuestra querida Patria escenas salvajes, Soy de usted atento servidor, Marceliano Vélez Entonces el hoy llamado derecho humanitario no se había desglosado, ni en Europa ni en América, del derecho de la guerra y estaba subordinado, en su aplicación, al principio de la reciprocidad y con ello a un espíritu un tanto retaliatorio. La respuesta caballerosa de Santos Acosta no se hizo esperar: Estados Unidos de Colombia- El General en Jefe del Ejército de Occidente-Número 78-Cuartel General de la Esperanza, a 18 de noviembre de 1876. Al señor doctor Marceliano Vélez Garrapatas.

He tenido el honor de recibir la atenta comunicación de esta fecha, firmada por usted y marcada con el número 122, y en su respuesta y como agente del Gobierno Nacional, me permito manifestar a usted: Desde que el Gobierno de que soy agente declaró civil la guerra que infaustamente han provocado los hijos despiadados de una Nación digna de mejor suerte, se estableció por ministerio de la Constitución y de las leyes del régimen del derecho de gentes, que usted, en su carácter de jefe de una rebelión, y yo, en mi carácter de agente constitucional, estamos en el deber de observar y de hacer cumplir. Siendo una de las prescripciones de este derecho la de respetar los cuerpos sanitarios en todas las formas de su organización, nada tiene que encarecerme usted a este respecto; y en cuanto a la piedad con los prisione ros y rendidos, espero que usted abrigue los mismos sentimientos que a mí y al ejército de mi mando animan, distintos por cierto, de los caracteres de la vio lencia, salvajismo y crueldad que las leyes de las na ciones cristianas tienen proscritos. Observadores, por lo tanto, de las leyes humanitarias que hemos tomado por norma, creo innecesaria la celebración del tratado que usted me indica. Conocedor, como usted me anuncia serlo, de los sentimientos de humanidad de que usted me supone, en verdad, inspirado, y de los cuales le reconozco a usted poseedor, únicamente me es permitido ofrecer a usted: En cuanto a los depósitos de heridos, inválidos o enfermos, prometo a usted que, durante el combate, ese depósito, sea cual fuere su localidad, será señalado por nues tra parte con una bandera blanca, que espero se respete, como ofrecemos será respetada la que

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divisemos de parte de usted con el mismo objeto. En la necesidad que usted reconoce de combatir por los fueros de que cada cual es defensor, ahorremos a nuestra Patria común escenas de salvajismo, guardando los preceptos de las leyes a que usted ha apelado patrióticamente, y a los cuales ni yo ni los miembros del ejército de mi mando faltaríamos en ninguna ocasión. Soy de usted atento seguro servidor, Santos Acosta Dentro del marco del Derecho de Gentes se convinieron entre los beligerantes varios armisticios. El día 21 de noviembre propuso el general Acosta, a través del coronel Manuel J. Uribe, una suspensión de hostilidades para enterrar a los muertos y recoger a los heridos. El general Vélez se negó inicialmente a atender a tal solicitud. Al día siguiente, sin embargo, accedió a ella, así que el día 22 se celebró un armisticio de tres días. Los distritos de Gua yabal y Mariquita fueron escogidos como lugares neutrales para el establecimiento de las ambulancias. El clima de negociaciones generado por este primer armisticio determinó la celebración de un segundo armisticio de 16 días, orientado a bus car una paz negociada. A este último atribuye Briceño el desastre de las tropas conservadoras, las cuales gracias a él vieron transformada en simples conversaciones una victoria militar que a su juicio habría sido segura y que habría decidido favorablemente para los insur gentes el destino de la contienda. Durante el armisticio se acordó además un canje de prisio neros, así que fueron intercambiados los que habían sido

hechos durante la batalla del 20. Se convino inclusive canjear algunos de los prisio neros que tenía el gobierno en Bogotá por algunos oficiales retenidos en el campamento. El liberalismo triunfó, pues, sobre los rebeldes conservadores. Todavía a la sombra de la victoria el Congreso de la Unión, en el año de 1877 derogó la ley 20 de 1867. El sistema cuasiinternacionalizado del orden público federal adoptado en el seno de la Constitución de Rionegro quedó entonces desvertebrado. El principio de nointervención dejó de regir, pero no tuvo un reemplazo inmediato. Fue necesario esperar hasta el año de 1880, es decir, hasta los días de la primera Presidencia de Rafael Núñez para que el vacío institucional dejado por la derogatoria pudiera -ser llenado. Dentro del espíritu de la Regeneración y luego de conseguir con dificultad las mayorías requeridas en el Congreso, se expidió por fin la ley 17 de 1880, mediante la cual se acogió el principio norteamericano de la "solidaridad", con miras a recentralizar el orden público. La medida le dio enorme capacidad de acción al Ejecutivo pero generó una flagrante asimetría en el sistema constitucional. El marco funda mental siguió siendo el de Rionegro, con sus Estados cuasi-soberanos, en tanto que la concepción del orden público pasó a ser la correspondiente a un sistema unitario y centralizado. Sobre este horizonte de sentidos encontrados cada cual quiso interpretar la ley a su manera y según sus intereses. Lo cierto es, en todo caso, que durante la guerra de 1885, cuando los comisionados de los Estados gobernados por el radicalismo se hicieron presentes para

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negociar la paz, el presidente Núñez se negó a recibirlos luego de declararlos "bandidos". Pero Núñez llegó aún más lejos y destituyó al gobernador de Boyacá por cuanto éste, habiendo firmado un armisticio con los rebeldes había, implícitamente, reconocido su beligerancia. Mientras el Gobierno de la Unión, sobre la base de la ley 17 insistía en dar un tratamiento punitivo a los rebeldes, como corresponde a un Estado y a un Gobierno centrales y soberanos en lo interior, los rebeldes persistían en su empeño por tratar al Gobierno de la Unión como a un "enemigo exterior". Fue apenas mediante la Constitución de 1886, la cual institucionalizó la victoria sobre el radicalismo, que se pudo poner fin, por lo menos desde un punto de vista jurídico- institucional, a los contrasentidos derivados de la convivencia imposible de tratamientos punitivos y polí ticos de los enemigos interiores. 9. EL SISTEMA DE RIONEGRO: BALANCE Y PERSPECTIVAS Dentro de una perspectiva de formación de Estado-Nación afirma el historiador Álvaro Tirado, palabras más palabras menos, que el federalismo fue la expresión de los intereses de las oligarquías regionales colombianas en un momento en el cual no se había formado todavía una burguesía capaz de articular una dominación política a nivel nacional. Y agrega Tirado que el federalismo constituyó el mejor cami no para disponer del patrimonio público sin necesidad de llegar a una confrontación de carácter general68. Del juicio traído a cola ción 68

"Alvaro Tirado Mejía. Colombia: Siglo y medio de bipartidismo", en Mario Arrubla y otros, Colombia hoy, Bogotá, Ed. Siglo XXI, 1979, p. 112; del mismo autor, "El Estado y la

interesa, en este contexto, sobre todo, la última afirmación. Con otras palabras, acaso más adecuadas al tipo de lectura que subyace a este ensayo, cabe decir que el federalismo radical cumplió, a través de su cuasi- internalización del espacio político interior, la tarea histórica que se había propuesto. El sistema de Rionegro consiguió, con éxito evidente, regio nalizar, es decir, fragmentar las guerras civiles, de manera tal que las grandes confrontaciones pudieron ser, por lo menos en parte, diferidas. Don José María Samper contabilizó entre 1863 y 1885 cincuenta conflictos armados de carácter regional y sólo dos de alcance nacional. Las grandes guerras civiles a las cuales aludía Samper fueron, sin lugar a dudas, la de 1876 y la de 1885, con la cual se puso fin al sistema de Rionegro. Acaso quepa pensar que de la misma manera que el sistema de equilibrios de la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, también el sistema de equilibrios de Rionegro, guardadas las debidas proporciones, produjo el efecto ambivalente de aumentar la cantidad a cambio de disminuir la intensidad de las confrontaciones. Don Carlos Martínez Silva trajinaba, pues, una verdad de puño cuando dijo: "La nación ha permanecido en paz mientras las regiones se encontraban en guerra". La Constitución de Núñez y Caro representó la culminación del proceso de sustitución del sistema dé orden público de Rionegro, edificado sobre los principios del derecho internacional de Política en el siglo XIX", en Jaime Jaramillo Uribe (compilador), Manual de historia de Colombia, Vol. II, Bogotá, 1979.

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los conflictos armados, por un sistema de orden público centralizado, levantado sobre el concepto de una soberanía interior única e indivisible y sobre los principios del derecho público interno. La figura del beligerante cedió su lugar a la figura del rebelde. Y sin embargo, la sustitución no fue radical. El derecho de gentes y con él la figura del beligerante fueron acogidos en el nuevo sistema, hasta 1910 de manera subsidiaria, y a partir de entonces, de manera principal. El artículo 121, de la Constitución de 1886, vigente todavía -por lo menos en su esenciafue, en tal sentido, simultáneamente, una respuesta compleja y profunda a las demandas del pasado 'y a los retos del futuro. En el Código Penal de 1890 (ley 19 de 1890), a pesar de ser profundamente conservador estaba, de la misma ma nera que su gran matriz constitucional, el "estado de sitio", muy marcado por la realidad de la guerra civil y por la del derecho de los conflictos armados. Las normas que en el estatuto consagraban la "conexidad" de la rebelión (artículo 177), constituían en realidad un reconocimiento a la necesidad de la exclusión de la pena para todas las accio nes delincuenciales asociadas a la práctica de la contraestatalidad. No sólo los delitos comunes cometidos en combate, sino sobre todo prácticas como el establecimiento de un apara to administrativo y de justicia alternos por parte de los rebeldes, etc., eran tenidos por excusables. Los códigos penales de 1936 y de 1980 siguieron, en buena medida, fieles a dicha tradición (artículos 139, 140 y 141 del Código de 1936 y artículo 127 del estatuto de 1980). La Carta de 1886 había hecho posible, pues, la armonización del sistema centralizado del orden público - vigente desde 1880- con el conjunto de la vida

constitucional. Dicho conjunto jurídicoinstitucional siguió, sin embar go, todavía durante la década de los noventas, profundamente desfasado respecto de la realidad sociopolítica colombiana. Fueron necesarias dos guerras civiles, la de 1895 y la gran guerra de los "mil días" (18991902), para que la inercia de la dialéctica conflictual decimonónica, entre radicales y conservadores, detuviera su marcha. Si el Estado, siguiendo la filosofía hobbesiana es, ante todo, la negación de la guerra civil, cabe decir que el primer Leviatán criollo, prefigurado institucionalmente en el 86, se realizó sobre la huella dolorosa de una difícil victoria político- militar, con la guerra de los "mil días". Aún más: cabe decir que la batalla de Palonegro, reducción al absurdo del enfrentamiento entre las regularidades conservadoras y radicales y con ello punto de tránsito de la guerra regular a la guerra de guerrillas como forma dominante de lucha, constituye un indicador privilegiado del comienzo de la estatalidad colombiana moderna. Sólo el primer año de la confrontación constituyó un enfrentamiento entre ejércitos regulares. Los dos años y medio restantes estuvieron bajo el imperio de la guerra de guerrillas. Por múltiples razones que entonces se hicieron evidentes se había vuelto imposible para el partido de oposición enfrentar militarmente y en forma regular al Estado y al gobierno central. El siglo XIX toca ba, por lo menos en tal sentido, a su fin. El Estado-Nación en su dimensión más profunda, como expresión de un amplio consenso socio político sigue, por el contrario, esperando. Resulta fascinante recordar aquí el drama del general Uribe Uribe, jefe de los ejércitos rebeldes, sumido en el espíritu ético y en la concepción estratégica de las guerras caballerescas e incapaz, a

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diferencia de hombres como Avelino Rosas, aun a costa de condenarse a la derrota, de entender el sentido de la lucha guerrillera como forma autónoma de lucha. Hijo como era del siglo XIX, el general Uribe Uribe, mediante decreto del 10 de octubre de 1900 condenaba, en nombre del derecho de gentes y de las prácticas regulares a él debidas, a los grupos de guerrilla pertenecientes a su propio partido, calificándolos de simples delincuentes. En un sentido análogo pero de signo histórico contrario, el vicepresidente de la República, mediante decreto del 18 de febrero de 1901, declaraba también a los guerrilleros radicales, esta vez en nombre del derecho público interno y siguiendo los dictados del derecho penal, simples delincuentes. A pesar de que el tratamiento punitivo era común a ambos, el parámetro de sus juicios era bien distinto. El jefe rebelde miraba hacia el pasado. El gobierno conservador miraba, en cambio, hacia el futuro. Es cierto que el proceder de Uribe Uribe estuvo entonces determinado no sólo por razones de índole cultural sino práctica. El debía luchar contra la indisciplina y la bandolerización de sus tropas. Su desprecio por la guerra de guerrillas en general resulta, de todas mane ras, en el texto en que las condena, evidente. Que en el caso Uribe Uribe hablaban una concepción militar y una ética caballerescas y no simplemente razones de orden práctico se demuestra fácilmente trayendo a colación su magnífica proclama "a los liberales de Colombia" escrita, meses después de la derrota de Palonegro, en Nueva York, en abril de 1901, la cual dice en uno de sus más hermosos apartes:

El objetivo de la apelación a las armas no es la guerra por sí misma sino el triunfo. No se trata de ejecutar hazañas sino de vencer. Reconocido está por el mundo entero nuestro arrojo; maravillados estén todos de nuestra entereza heroica y gallardía caballeresca; nuestros generales han dado pruebas de pericia militar y de valor personal. Pero hemos llegado a un punto en que se impone la cesación de la lucha. El Gobierno es impotente para debelar la Revolución, pero la Revolución es impotente para derribar al Gobierno. Hace muchos meses que la campaña esté limitada a un infructuoso tejer y destejer de operaciones, y a un tomar y dejar territorios, que a nada conduce. El sistema de guerrillas, de que siempre he sido enemigo, sirve para extender el área de destrucción, más no para resolver el problema militar, lo cual está reservado a las batallas libradas entre Ejércitos. No pudiendo ahora formarlos, envainemos los aceros para que el pueblo no diga que los contendores son cuadrillas de locos, igualmente ominosas ambas banderas, funestos sus caudillos, infernales sus armas. Arrastraremos las simpatías y el aplauso universal si nos mostramos más sensibles que nuestros adversarios a la ley de la compasión por la masa neutral y pasiva, menos tercos ante los sacrificios de amor propio, más cuidadosos de la opinión extranjera 69 . En síntesis, podemos distinguir por lo menos tres grandes períodos en la historia de la tensión entre el tratamiento político y el tratamiento punitivo de la insurgencia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 1) El del sistema cuasi69

Belisario Cuervo, Documentos militares y políticos relativos a las campañas del general Rafael Uribe Uribe , Bogotá, imprenta de vapor, 1904, p. 180.

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internacionalizado de Rionegro, dominado por las figuras del ejército regular y del beligerante; entonces la noción punitiva del delito de rebelión conoció una existencia subalterna asociada, sobre todo, a la legislación penal regional y al tratamiento de los conflictos intrarregionales. Los guerrilleros, en general, fueron tratados durante este periodo, de conformidad con el viejo derecho de gentes, como simples delincuentes comunes. 2) El del régimen conservador del cambio de siglo. Entonces, dentro del marco de la Constitución central y unitaria de 1886, pero hundido todavía en la inercia decimonónica, el país conoció un sistema de transición. En tanto que los ejércitos regulares y ya no sólo sus capitanes, rompiendo con el pasado, dejaron de ser percibidos como beligerantes para recibir el tratamiento de rebeldes, los guerrilleros, siguiendo la tradición del viejo derecho de gentes, continuaron soportando el mote de simples delincuentes comunes. La figura del rebelde fue entendida, sin embargo, desde Rio negro (artículos 239 y 240 del Código Penal del Estado Soberano de Antioquia de 1867), como asociada a la figura del beligerante. Siguiendo esa tradición, el derecho de gentes y la figura del beligerante fueron, en todo caso, recogidos -y no simplemente negados- en el sistema constitucional de 1886 y en el Código Penal de 1890. 3) Fue todavía necesario que la guerra de guerrillas como guerra rural y semi-rural- se enseñoreara definitivamente del espacio conflictual colombiano de este siglo para que se hiciera evidente que también la guerra de guerrillas es racionalizable, así que los guerrilleros resultaran, por lo menos en principio, susceptibles de que también a ellos, en cuanto tipo empírico dominante, se les diera un tratamiento de rebeldes.

El sistema decimonónico dominante de sustitución del rebelde por el beligerante pudo entonces continuarse, de conformidad con el nuevo derecho de los conflictos armados, en un sistema más adecuado a la nueva realidad de la dominació n estatal, cual fue el de la concepción del rebelde- guerrillero a la sombra del beligerante.

Democracia RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO Luis Alberto Restrepo * Los partidos políticos de todo el mundo, tradicionales o revolucionarios, así como los Estados de todas las ideologías, atraviesan por una profunda crisis de representatividad y legitimación. Mientras tanto cobran nueva vigencia los movimientos sociales. Es como si la sociedad, no suficientemente representada por los partidos o demasiado absorbida por los Estados, se levantara y quisiera representarse directamente a sí misma. La experiencia histórica de los dos últimos siglos ha creado en el ciudadano común una desconfianza instintiva ante las ideologías políticas. Existe la persuasión difusa de que el problema de la democracia no radica tanto en las distintas ideologías que se inspiran en ella, cuanto en la forma concreta como se asume su construcción. El jacobinismo de las elites y vanguardias, sin distinción de ideologías, termina en nuevas formas de suplantación y subordinación antidemocrática de las mayorías. En América Latina, la pretensión de las elites de construir, desde el Estado mismo, una sociedad moderna y un Estado democrático, parece haber tocado a su fin. Después de siglo y medio de violentas luchas de poder y de es fuerzos de modernización y desarrollo desde arriba, el intento se ha mostrado vano y los resultados son precarios cuando no francamente catastróficos. Los Estados y los partidos han sido incapaces de adelantar una verdadera modernización social y política, y el continente afronta hoy una involución histórica. *

Filósofo, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Relación entre la sociedad civil y el Estado

La crisis de las ideologías políticas se ha hecho plenamente manifiesta desde comienzos de los años ochenta. Desde entonces, el movimiento histórico de construcción social comienza a invertirse paulatinamente. La sociedad civil y, en ella, sobré todo los sectores y clases subalternas se han puesto en movimiento al margen de los partidos y del Estado. Se constituyen a sí mismos como actores sociales independientes, recrean el tejido democrático de la misma sociedad civil, se autorrepresentan en el espacio público y comienzan a imponerle desde allí a los partidos y al Estado la necesidad de su representación. La dinámica no apunta ya a construir la sociedad desde el Estado sino más bien a reconstruir el Estado desde la sociedad. Este proceso es hoy particularmente dramático en las sociedades del Este socialista. Pero se desarrolla, de una u otra forma, en todo el mundo. América Latina enfrenta un proceso de largo aliento de reconstrucción societal y política cuyo punto de apoyo fundamental son los molimientos sociales. Una sociedad civil popular plenamente constituida por actores sociales fuertes e independientes es la única garantía de existencia de un Estado democrático. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los partidos políticos carezcan de importancia o que el Estado nacional se encuentre en vías de desaparición. Los movimientos sociales requieren, tarde o temprano, de una adecuada expresión política a través de los partidos y del Estado. De lo contrario, su impacto histórico es reducido o desembocan incluso en formas de descomposición social. Si afirmamos el papel fundamental de los movimientos sociales, es porque el impulso para la transformación democrática de los sistemas políticos no

Democracia viene ya de las élites y sus ideologías, hoy agotadas, sino de los movimientos sociales de las clases y sectores sociales subalternos. A las direcciones políticas les corresponde la tarea de buscarle soluciones concretas y eficaces a las demandas sociales. Para ello, las doctrinas globales son hoy insuficientes. Cumplen más bien una función de horizonte utópico. Ya en un artículo anterior70, intenté dar una visión general de los movimientos sociales en América Latina y de sus posibilidades de convertirse en actores de procesos de emancipación. En este ensayo, busco una primera aproximación teórica al tema más general de la relación entre sociedad civil y Estado, que sub yace al papel que allí le otorgaba a los movimientos sociales. En una primera parte, hago un rápido recuento crítico de la concepción de esta relación en los principales autores europeos y, en la segunda, intento una formulación propia acerca del tema, más adecuada a la América Latina. Más allá de la actualidad coyuntural que puedan tener los movimientos sociales, el ensayo intenta mostrar su lugar específico en la sociedad civil y en su relación con el Estado. Debo hacer dos advertencias previas. En primer lugar, el artículo parte aún de la perspectiva moderna de una emancipación posible. Este horizonte no es hoy evidente. En los países industrializados se encuentra en franca crisis 71 . Con todo, en los países de la 70

Luis Alberto Restrepo, "Theory and Practice of Liberation in Latin America. The New Social Movements and the State", en Theory and Practice of Liberation at the End of the XXth Century, Emile Bruylant, Bruxelles, 1988, pp. 413-436. 71 Asi lo testimonia toda la reflexión sobre la postmodernidad

Relación entre la sociedad civil y el Estado periferia aparece todavía como una esperanza y un imperativo inmediato. Es como si la modernidad, ya realizada en los países industrializados de Occidente, se les hubiera reducido a ilusión, mientras sigue siendo todavía una utopía y un futuro de emancipación posible para las nacio nes de la periferia. También en esto los países menos industrializados se ven obligados a luchar por una esperanza prestada y de segunda mano, pero conservan la ilusión de poderle dar un nuevo contenido más auténtico. Desde el punto de vista emancipatorio, este ensayo presupone y asume, en parte, las críticas a la sociedad capitalista y al Estado liberal formuladas por el pensamiento, marxista pero se coloca también críticamente ante las supuestas alternativas propuestas por el marxismo que habían estado vigentes hasta ayer. En segundo lugar, el artículo se refiere sobre todo a las sociedades latinoamericanas. No podría tal vez aplicarse, sin más, a las sociedades industrializadas de Occidente, a sociedades asiáticas o africanas, con otras culturas y tradiciones. Sin embargo, no está ausente de él una cierta pretensión de universalidad sujeta a la crítica. LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO EN LOS CLÁSICOS EUROPEOS Para comprender la sociedad latinoamericana de hoy y su relación con el Estado, ninguno de los clásicos europeos ofrece una noción satisfactoria, aunque todos aporten un marco referencia importante y elementos de análisis que deben ser conservados, corregidos o comple mentados. Aquí sólo pretendo exponer, de manera más sistemática y en discus ión con algunos teóricos clásicos europeos, el enfoque analítico que subyace a mi artículo sobre "Los

Democracia Movimientos sociales en América Latina"72. Se trata, desde luego; de líneas de reflexión abiertas a la discusión. 1. La noción de sociedad y su relación con la política desde la antigüedad clásica hasta la modernidad Como es sabido, la noción de sociedad civil es propia de la modernidad europea. Ni los filósofos antiguos ni los teólogos medievales establecen distinción entre sociedad y Estado. La polis griega es a la vez, indiferentemente, societas o societas política (koinonia politike). La actividad económica de la época, reducida al ámbito doméstico (oikos), se orienta a la satisfacción cotidiana de las necesidades familiares. No se dirige hacia el mercado. No crea una red de nexos sociales que unifique la nación bajo las "leyes" del intercambio entre equivalentes. La ausencia del mercado hace que la sociedad no tenga una dinámica propia y una consistencia independiente frente a la voluntad del gobernante. A decir verdad, la sociedad no existe. Tampoco existe el individuo moderno, libre productor y consumidor, movido por intereses contrapuestos a los de la sociedad. La individualidad permanece aún absorbida en la totalidad de la familia, del clan o del pueblo. La vida en común de los pueblos tiene su fundamento en la unidad mítica de su origen y se manifiesta a través de la sumisión a la voluntad del gobernante: jefe de familia, del clan, príncipe, rey o emperador. En la polis antigua, la convivencia y la acción conjunta de una colectividad en pro del beneficio común tienen su fundamento en la ética: dependen tanto de las costumbres del pueblo como sobre todo de la virtud del príncipe. Para los 72

Op. cit.

Relación entre la sociedad civil y el Estado antiguos, los hombres tienen el deber de imitar y reproducir, en el microcosmos generado por su acción, el gran ordenamiento de la naturaleza. Y en ello se realiza su dimensión humana más esencial. Según Aristóteles, el hombre es, por naturaleza, "animal político". A los dictados de la naturaleza, los teólogos medievales anteponen, a su vez, la voluntad divina. Los hombres deben ponerla en prác tica. Con el surgimiento de la sociedad moderna, Adam Smith reconoce la aparición de un nuevo nivel de acción social, independiente de la voluntad de los gobernantes: la actividad económica, ya no limitada a la mera satisfacción inmediata de las necesidades familiares, sino destinada al mercado nacional. La producción para el mercado es entonces el nuevo objetivo inmediato de la actividad social. Y su destino final es la "felicidad", la satisfacción de las necesidades individuales. Según Smith, el mercado se autorregula. La mano invisible que lo rige se encarga de conciliar el interés individual y el interés general. No requiere de la intervención de terceros. La moralidad y la justicia no son resultado de la virtud, sino produc to del interés individual y de la libre actividad económica. La economía deja de ser simple modo de subsistencia para convertirse en actividad política que garantiza la convivencia armónica entre los hombres: economía-política. Como para los filósofos antiguos y medievales, tampoco para Smith hay diferencia entre socie dad y Estado. Pero en este caso, la identifica ción se hace en beneficio de una noción de sociedad reducida a su dimensión económica de producción, distribución, intercambio y consumo de mercancías. El Estado aparece como innecesario. Si acaso, se le

Democracia concede el papel de simple árbitro externo de aquellas relaciones sociales que el mercado establece por sí mismo. Es un medio establecido por la misma sociedad civil para ratificar y confirmar las reglas de su dinámica económica, y para garantizar la satisfacción de las necesidades del individuo. En Smith, el individualismo político de Locke encuentra su expresión económica. 2. Sociedad civil y Estado en Hegel Es Hegel quien, por primera vez, establece la diferencia entre la sociedad civil o, más literalmente, burguesa (bürgerliche Gesellschaft) y el Estado y le atribuye a cada una de las dos instancias su propia esfera de acción. Recoge de Adam Smith y de los economistas clásicos la existencia de la sociedad, la enriquece con la filosofía política de la Ilustración, pero la enmarca en el cuadro del Estado, propio de la filosofía griega y de la concepción rousseaunia na de la "voluntad general". Liberalismo de Locke y de Smith, y colectivismo de Rousseau, conviven así en una síntesis en la que el prime ro se subordina al segundo sin desaparecer en él, sobre el fundamento común del derecho natural moderno y secular. Conviene detenernos en el análisis de la sociedad civil y del Estado en Hegel, y en su mutua relación, ya que de su concepto se derivan las elaboraciones de Marx, Lenin y Gramsci, que marcan la aproximación contemporánea al tema. De la concepció n hegeliana de sociedad civil toman uno u otro elemento, lo transforman, y abandonan el resto. El concepto hegeliano es el más amplio y complejo, lo que no significa que sea por ello el más adecuado. Por eso me extenderé más en él y añadiré luego, más brevemente, las modificaciones y complementos aportados por los demás autores.

Relación entre la sociedad civil y el Estado

La filosofía política de Hegel -"filosofía del espíritu objetivo" o "filosofía del derecho "nos presenta una organización sistemática de la acción humana y de sus obras en la historia: las "objetivaciones" del espíritu. La acción del hombre se articula, según Hegel, en tres niveles: familia, sociedad civil y Estado. Para nuestro propósito nos interesan los dos últimos: Sociedad y Estado. Toda acción humana está movida por intereses dirigidos al logro de bienes específicos. Sin interés, no hay acción. Lo que caracteriza y diferencia a la sociedad civil y al Estado es, para Hegel, la naturaleza, particular o general, del interés que mueve a los hombres a la acción o del bien que pers iguen mediante ella. Las acciones que se derivan de un interés particular dan origen a la sociedad civil y se inscriben en ella. En cambio, el Estado es producto de una acción que obedece al interés general de toda la colectividad. Se dirige hacia el bien universal. Este principio de distinción entre sociedad civil y Estado es, desde un punto de vista puramente metodológico, de utilidad para establecer la diferencia entre lo social y lo político. A la sociedad civil, Hegel la denomina también "sistema de las necesidades" (Bedürfnisse). Surge de la dinámica impuesta por la satisfacción de las necesidades particulares. La acción que conduce desde las necesidades hasta su satisfacción genera un flujo de nexos recíprocos entre los hombres, y crea un nivel específico de interacción y comunicación: la sociedad civil. Sigamos brevemente la lógica del interés privado y de la acción a la que da lugar. Su punto de partida es el hombre considerado como sujeto de necesidades. El individuo. La sociedad se construye a

Democracia partir de la necesidad individual, de la propiedad y del trabajo. Gracias a la propiedad, el individuo existe social y jurídicamente. Para satisfacer sus necesidades, se ve obligado a trabajar e incrementar su propiedad. Pero nadie puede satisfacer solo, mediante su propio trabajo, todas sus necesidades. Lo que el uno necesita lo produce y posee el otro y viceversa. Así, todos necesitan de los produc tos del trabajo ajeno. De este modo, a través del mercado, se desarrollan vínculos de interdependencia generalizada entre todos los miembros de una colectividad. Es lo que Hegel llama "la cadena de la necesariedad" (Notwendigkeit) de la que cada individuo es apenas un eslabón mecánico. Este sistema de interdependencia es dinámico. El trabajo transforma permanentemente los medios de satisfacción de las necesidades (tanto los "medios de producción" como los bienes de consumo), y éstos a su vez van modificando las necesidades. Se engendra entonces una dialéctica permanente entre trabajo, medios de satisfacción y necesidades humanas (entre oferta y demanda, según los economistas), que le confiere su peculiar dinamismo a la sociedad civil. En términos de Marx, tanto las necesidades como los medios para su satisfacción son un producto del trabajo colectivo, producto "social" y no meramente natural. La produc ción, la distribución, el intercambio y el consumo de mercancías, objeto de la economía política clásica, configuran este sistema que pone en conexión las necesidades de los unos con los medios para su satisfacción poseídos por los otros. De acuerdo al tipo de actividad económica que desempeña, la población se divide, según Hegel, en tres grandes "masas" o "clases". Obviamente, su

Relación entre la sociedad civil y el Estado concepto de clase poco tiene que ver con el de Marx y se aproxima más al de estamento de la sociedad medieval. Las tres clases o estamentos son: el sustancial, formado por los agricultores, el general, constituido por la burocracia del Estado, y el intermedio o de los industriales. Para Hegel, cada uno de estos estamentos ofrece un aporte específico a la satisfacción de las necesidades sociales. Tiene su identidad, sus costumbres y su propia ética. La identidad de cada estamento y su carácter complementario con los demás es un elemento fundamental de la cohesión y coherencia de la sociedad civil hegeliana. Aunque la noción de clase social esbozada por Marx es muy diferente, puede transponerse sin dificultad a este lugar sistemático de la sociedad civil hegeliana. El reparo fundamental proviene de que, para Hegel, los estamentos son complementarios, mientras que, para Marx, las clases sociales son antagónicas. De esta dificultad nos ocuparemos más adelante, a propósito de Marx. Como puede verse, en esta primera instancia de la sociedad civil, Hegel integra los hallazgos de Smith y de la economía política de la época. Pero extiende luego la dinámica del interés individual y la noción de sociedad civil a otros campos. Conviene observar que, más tarde, Marx reducirá nuevamente el campo de la so ciedad civil a esta primera instancia económica de las relaciones sociales. La reconciliación entre el interés particular y el general no es inmediata, ni se logra mediante la mano invisible de las leyes del mercado, como en Adam Smith. Por el contrario, Hegel piensa que la actividad económica moderna, abandonada a sí misma, genera extremos de riqueza y de miseria, disolución ética y política y decadencia de las instituciones. Desde este punto de vista, se puede decir

Democracia que Hegel pone las bases para la noción de lucha de clases de Marx. Pero si la regulación de la actividad eco nómica no surge directamente del mercado, sí nace por exigencia interna del mismo. Una larga cadena de mediaciones necesarias elevan a los hombres desde su interés individual hasta la realización del bien común. Bajo la conducción del Estado, y al ritmo del desarrollo de la actividad económica, cada pueblo avanza progresivamente en la universalización de su acción histórica. Es lo que Hegel denomina cultura o civilización (Bildung significa literalmente formación pero equivale, en cierta manera, a cultura o civilización, según se quiera entender estos términos). La cultura es, pues, un proceso histórico de formación de un pueblo que lo capacita para actuar de acuerdo a principios cada vez más amplios y generales. Mediante ella, lo general se imprime progresivamente en el espíritu como forma o principio de acción. Configura la sujetividad colectiva. La cultura habilita a un pueblo, al menos formalmente, para subordinar el interés particular al bien general. El proceso cultural transforma tanto la actividad teórica de los hombres como su actividad práctica, y abarca diversas instancias en cada una de estas dos direcciones. En el terreno teórico, lo primero que se modifica y universaliza en torno a la actividad económica es el lenguaje común. En la misma medida en que la produc ción, el mercado y el consumo se amplían y diversifican, los hombres se ven obligados a crear un lenguaje cada vez más complejo, ca paz de captar relaciones más amplias y generales. La economía es, pues, según Hegel, la matriz más importante de la evolución del lenguaje común en la sociedad civil, y

Relación entre la sociedad civil y el Estado hace parte de ésta. A la par con el lenguaje, evolucionan también las ciencias modernas. Surgen y se desarrollan a partir de las neces idades huma nas, del trabajo y de los nuevos medios para su satisfacción. Estas modalidades más generales de la actividad teórica van imprimiendo la forma de lo universal como principio de acción en la sujetividad teórica de una sociedad, en su actividad cognoscitiva y comunicativa. Desde el punto de vista práctico, el desarrollo cultural trae consigo un mayor desarrollo de las habilidades técnicas, de lo que podríamos llamar el "saber hacer" de una nación. También se desarrolla la moral por la que el ind ividuo moderno, afincado por su propiedad y su trabajo cotidiano en la instancia antiética del interés individual, concibe principios generales, intenciones y propósitos sujetivos en la bús queda de un bien general puramente ideal, de un "deber ser" siempre inasequible. Digamos de paso que, para Hegel, la intención moral cobra tanto más fuerza cuanto la vida ética de un pueblo, sus costumbres e instituciones políticas, se hallen más descompuestas. La rebelión moral se convierte entonces en principio sujetivo de revolución. Pero ésta, por estar basada en abstracciones ideales, se traduce, según el filósofo de la revolución francesa, en terror contra todo lo concreto y real. Como podemos ver, la noción hegeliana de sociedad civil desborda ya notablemente la dimensión puramente económica que le asignara Smith y se extiende también al vasto terreno de la cultura. Marx y Lenin recortarán de nuevo su alcance a la economía y a las rela ciones sociales que de ella se derivan, mientras Gramsci intentará recuperar la cultura para su concepto de sociedad civil. Hasta ahora, sin embargo, apenas

Democracia comienza la construcción conceptual de la sociedad civil en Hegel. La fuerza de lo universal debe imponerse aun por sobre el interés particular hasta llegar a transformarlo, a "civilizarlo", hasta convertir al individuo, miembro de la sociedad civil, en ciu dadano de un Estado. Inicialmente, el interés general, lo que hoy llamaríamos la "dimensión social del hombre" aparece como un producto extraño a la actividad individua l aunque nace como exigencia de sus mismas relaciones económicas y de los conflictos a los que ésta da lugar. Parece imponer se desde fuera a los individuos mismos cuyo libre arbitrio coacciona. Hegel denomina a esta fase del desarrollo de la sociedad civil, el "Estado exterior". Tal designación corresponde al punto de vista liberal, según el cual el individuo es el fin del Estado y éste es apenas un instrumento para la satisfacción de las necesidades de aquél. El individuo liberal, sin embargo, incapaz de instrumentalizar por sí solo el Estado a su servicio, experimenta la función normativa de éste como una coacción a su libertad. Lo admite, finalmente, como arbitraje necesario entre la multitud de intereses opues tos para no caer en la guerra autodestructiva de todos contra todos formulada por Hobbes. Desde este punto de vista, el Estado aparece como un aparato coactivo, cuya peculiaridad fundamental consiste en el monopolio de la fuerza. Esta visión instrumental del Estado coincide también con la de Marx, que lo considera como un aparato puramente exterior a la sociedad civil. Más aún, como la expresión política de la "enajenación" de ésta (Marx joven) o como "fetiche" político que suplanta las relaciones de colaboración entre los hombres (Marx maduro). El Estado, para Marx, ya no es árbitro entre individuos

Relación entre la sociedad civil y el Estado atomizados sino instrumento de dominación de clase. Para Hegel tal concepción mecánica tiene un fundamento en la realidad, pero no agota la naturaleza última del Estado, a la que nos referiremos más adelante, así sea muy brevemente. Esta diferencia con Marx es esencial. Gramsci volverá a la visión hegeliana. Lo general se manifiesta de múltiples formas. Aparece, en primer término, como interdependencia económica de los hombres en la satisfacción de sus necesidades. Ya antes habíamos visto surgir esta "cadena mecánica de la necesariedad" entre todos los productores y consumidores de mercancías. Tal interdependencia generalizada es, según Hegel, la primera manifestación del interés general, de la "dimensión social del hombre", aunque en figura de fuerza extraña a su voluntad ("enajenada", según Marx). El nexo recíproco se establece a través del mercado. Cada uno queda reducido a la condición de un eslabón en la cadena de la interdependencia general, tanto en lo que toca a la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades, como incluso en la definición del contenido de éstas. La mercancía es su expresión concreta. Lo general, el carácter social de las necesidades y de su satisfacción, se imponen aquí sobre el individuo con una ciega fatalidad. Más allá de esta interdependencia de hecho, aparece la ley. Bajo su forma de prescripción o prohibición general, la ley coarta el libre arbitrio individual. Pero lo que no percibe el individuo encerrado en su propio interés es que lo hace para protegerlo de sí mismo. La anarquía generalizada del libre arbitrio conduciría a su autodestrucción. La actividad económica de la sociedad civil, abandonada a sí misma, sólo puede

Democracia conducir al "estado natural de guerra". Pero la ley sola no basta para que lo general imponga su dominio sobre el libre arbitrio individual. Debe ser aplicada a cada caso particular y adquirir fuerza coactiva. Esta es la función propia de los tribunales de justicia y de la policía. Ley, justicia y policía configuran el cuadro del "Estado exterior" hegeliano que, se gún él, hacen parte aun de la dinámica propia del interés privado y de la sociedad civil. Mediante la fuerza coactiva de la norma, del juicio y la sanción, se hace posible la satisfacción de las necesidades individuales pero, a la vez, se imprime el interés general en el espíritu de un pueblo. Marx ubicará estas instancias simplemente en el Estado, o entre los "aparatos del Estado", como dice Althusser, con una expresión que pone aún más de relieve la visión instrumental de lo político, propia también del pensamiento liberal. Para Marx, el Estado se identifica con lo que Hegel designa como Esta do exterior. El último elemento de la sociedad civil hegeliana es la corporación, es decir, la organización de un estamento social o de un sector de él en orden a la promoción y defensa de su propio interés particular. Como la noción hegeliana de "clase", también la de "corporación" es más próxima a la organización medieval del trabajo. Pero una y otra pueden ser transpuestas, sin agravio teórico, al lenguaje postmarxiano. La corporación, en cuanto asociación de intereses privados en función de su representación pública, equivale al gremio o al sindicato de hoy. Partiendo del interés individual que caracteriza la actividad de la sociedad civil, la corporación o la asociación gremial es el grado más alto de transformación del interés individual en interés general. Los individuos se asocian en una corporación buscando la defensa

Relación entre la sociedad civil y el Estado de su interés privado pero, defendiendo el suyo, promueven el interés de todos los miembros de la corporación. Aquí el interés general no se impone por cocción, como acontecía con la ley, los tribunales y la policía, sino que brota desde dentro de las aspiraciones de los miembros de la corporación. En este sentido prefigura, para Hegel, la verdadera naturaleza del Estado, su idea ética de verdadera comunidad humana. La asociación gremial es la principal escuela del ciudadano. Como trataremos de mostrarlo más adelante, también la asociación gremial o sindical es hoy la instancia prepolítica de organización social más importante. Le da una coherencia decisiva a la sociedad civil. La agremiación es la forma de organización propia de las clases sociales, en cuanto están movidas por intereses propios y particulares de su clase. Y es también la forma de asociación de toda suerte de intereses comunes, como los que dan origen a numerosos movimientos sociales de hoy, agremiacio nes no institucionalizadas y no orientadas simplemente como instancias reivindicativas. Hegel no conoció los partidos políticos. ¿Los habría adscrito a la sociedad civil, como forma suprema de interpretación de los intereses particulares? Gramsci parece inclinarse a esta lectura. ¿O los habría ligado más bien al Estado en cuanto portadores de un proyecto global de sociedad? De esta doble naturaleza se deriva la condición ambivalente de los partidos modernos, que pertenecen a la sociedad civil cuando no están en el poder, pero se identifican con el Estado cuando acceden a él. Olvidar esta ambivalencia, como lo hace Gramsci, puede conducir a costosos equívocos.

Democracia Otras instancias de la actividad colectiva que han llegado a ocupar un lugar importante en la sociedad actual, están ausentes de la construc ción hegeliana por razones obvias, pero el cuadro teórico trazado por él permitiría definir su ubicación y articulación. Me refiero, por ejemplo, al sistema educativo, ligado a la familia, a la sociedad civil o al Estado, según el caso; o los medios de comunicación y, más allá, el ámbito global de la comunicación73 , vincula dos a una de las dos últimas instancias. Pero no es ésta nuestra pretensión aquí. Con la corporación se cierra la arquitectura hegeliana de la sociedad civil. La corporación prefigura la noción definitiva ("absoluta") de Estado como finalidad ética de toda la actividad social. Forma al ciudadano. No vamos a entrar aquí en un análisis de la controvertida versión final del Estado en Hegel. Digamos que no es solamente un aparato exterior a los individuos, a las clases (estamentos) y a toda la sociedad civil. Es también, y sobre todo, el principio interno de acción que dirige y le da forma ética, humana, "social", a toda la acción de los hombres, incluso sin que éstos lo pretendan. Es su finalidad histórica intrínseca. Desde este punto de vista la forma del Estado está invisiblemente ligada a la obra desde la dinámica de los intereses 73

Hablo del ámbito de la comunicación ya que la expresión "medios de comunicación", referido a la prensa escrita, la radio, el cine y la televisión, no alcanza a expresar ya el actual fenómeno de la comunicación que tiende a abarcar cada vez más todos los ámbitos de la actividad social. El computador, las redes de información, el telefax y todas sus aplicaciones van generando un sistema comunicativo que escapa al control del Estado y que se convierte en expresión de la sociedad civil. Al mismo tiempo, es cierto, le da al Estado un poder de control hasta ahora inimaginable sobre la sociedad civil.

Relación entre la sociedad civil y el Estado privados que constituyen la sociedad civil y no se puede establecer entre ambas instancias -sociedad y Estado- una separación radical. Gramsci reafirmará, a su manera, la identidad relativa entre la sociedad c ivil y la sociedad política. La acción ética es aquella que hace posible la convivencia y la cooperación entre los hombres. El Estado es la más alta realización histó rica de esta comunidad humana. Aquella que se expresa ya en las costumbres mismas de un pueblo formado, cultivado. Podríamos decir, anticipando a Gramsci, que el Estado es el intérprete y gestor del consenso de las clases sociales. Un Estado que se ajuste a su naturaleza es punto de encuentro dialéctico del interés particular con el general, en donde el segundo prevalece sobre el primero sin negarlo. Es lugar de mediación de los conflictos de la sociedad civil. Hegel retorna así a la concepción rousseauniana del Estado como concreción histórica de la "voluntad general" (cuya concepción Hegel critica, por demás), y más atrás, a Platón y Aristóteles, para quienes el hombre es, ante todo, "animal político", miembro de la polis. Antes de continuar y para comprender mejor los desarrollos ulteriores de Marx y sus discípulos, conviene hacer una breve incursión en la última parte del sistema hegeliano: en la filoso fía del espíritu absoluto. Esta parte del sistema difiere, no sólo de la noción de sociedad civil, sino también del Estado y de toda la filosofía política del espíritu objetivo hegeliano. Sin embargo, nos permitirá comprender mejor la sociedad civil en Marx y en Gramsci. En efec to, su contenido será objeto de la crítica de Marx como alienación o ideología,

Democracia justificación o encubrimiento ideal de la explotación capitalista, mientras que Gramsci tratará de recuperarla como elemento esencial de la sociedad civil. La filosofía hegeliana del espíritu absoluto presenta el concepto del arte, la religión y la filosofía. La sociedad civil y el Estado son produc tos objetivos de la acción histó rica de los pueblos. Como realizaciones objetivas que son, hay en ellas un resto de exterioridad, de hecho bruto, irreconciliado e irreconciliable con la interioridad sujetiva. En ellas el espíritu huma no se siente en alguna medida extrañado, ena jenado, fuera de casa. El arte, la religión y la filosofía le permiten al hombre, según Hegel, reconciliarse con la objetividad histórica del Estado. Hegel se sitúa así en la antípoda de la Ilustración. Para el pensamiento ilustrado de Marx, la religión y la filosofía serán la representación enajenada o ideológica de una sociedad igualmente enajenada. Para Gramsci, sin embargo, el arte, pero sobre todo la filosofía y en alguna medida también la religión, pasan a formar parte esencial de la sociedad civil, ya no simplemente como enajenación e ideología sino como poder de dirección social, vehículos de consenso y hegemonía. 3. Sociedad civil y Estado en Marx Como él mismo lo confiesa en el Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política (los Grundrisse) de 1859, la noción hegeliana de sociedad civil fue para Marx el "hilo conductor" de su propio desarrollo teórico. Es conocida la rápida evolución de su pensamiento y sus numerosas "rupturas" internas. No es posible, pues, establecer en Marx un concepto único y terminado de sociedad civil o de su equivalente. Además, proliferan las relecturas de Marx, y son

Relación entre la sociedad civil y el Estado efectivamente posibles. Para los propósitos de esta presentación, me atengo a los rasgos esenciales de la sociedad civil en Marx, obtenidos de una lectura "ortodoxa", acorde a la letra de sus obras. Lo primero que salta a la vista es que Marx recorta de nuevo el denso concepto hegeliano de sociedad civil y lo reduce, con Smith y los economistas clásicos, a la instancia económica de la actividad social. Desciende a saltos desde la crítica a la filosofía a la crítica del Estado, pasa luego a la crítica social en El Problema Judío, para llegar, en los Manuscritos de 1844, a la crítica de la sociedad civil. Pero ésta es comprendida solamente como el ámbito de la economía política. En adelante, esta sociedad será el "hilo conductor" del discurso de Marx hasta su última versión en El Capital. Casi to das las demás instancias de la sociedad civil hegeliana, así como el Estado y el espíritu absoluto, quedan explícitamente por fuera y "por encima" de la sociedad, agrupadas bajo el concepto de "superestructura" o de reproducción de las relaciones sociales de produc ción. Sobre este punto volveremos enseguida. Ante todo, Marx establece en la sociedad civil una distinción y una relación dialéctica entre dos niveles: los medios de producción y las relaciones sociales de producción. Los medios de producción serían la garantía del progreso histórico, lo único rescatable para el futuro de una sociedad. Su desarrollo jugaría un papel de ilustración crítica y emancipadora frente a las relaciones sociales de explotación. Estas, en cambio, llevan el sello de la explotación, del fetichismo, de la ideología y de la opresión. La humanización de la sociedad es así obra de la máquina. Es conocida la crítica de la escuela de Frankfurt a esta visión

Democracia positivizada del progreso histórico. Para Marcuse y para Jürgen Habermas, discípulo de la escuela, el desarrollo de los medios de producción no sólo no ha traído consigo la prometida ilustración crítica y emancipadora, sino que se ha convertido en el núcleo tecnocrático de la ideología dominante en las sociedades avanzadas. La noción de sociedad civil en Marx es, a la vez, el concepto de su existencia ilusoria, de su no existencia real. Las relaciones sociales capitalistas son, para Marx, contradictorias. Mientras que para Hegel las "clases" o estamentos guardan entre sí una relación de complementariedad orgánica, en Marx se definen por su relac ión antagónica. Esta es la diferencia esencial entre los dos autores. Capitalistas y trabajadores parecen no tener nada en común, ni siquiera la unidad de especie, puesto que su antagonismo toca a las raíces mismas de la vida: Para el Marx joven, en efecto, la esencia del hombre es su actividad productiva. El capital es trabajo muerto y acumulado en manos ajenas. El trabajo es capital vivo en constante proceso de enajenación. Capital y trabajo, explotadores y explotados sólo existen como clases debido a su mutua relación contradicto ria. Los unos viven de la vida enajenada de los otros. Todas las relaciones sociales capitalistas están contaminadas por esta oposición antagó nica. Hasta el punto de que el concepto mismo de "relaciones sociales" en Marx equivale a explotación y lucha entre las clases. La red de relaciones sociales - la sociedad civil- sólo existe como unidad engañosa, en la medida en que su división y enfrentamiento permanezca oculto, velado por la ideología o reprimido por la fuerza del Estado. De lo contrario, ya no hay sociedad, sino lucha abierta de clases. Revolución, en última instancia.

Relación entre la sociedad civil y el Estado

Lo general, que para Hegel forma, cultiva, civiliza progresivamente el interés particular, es, para Marx, fetichismo, ideología, opresión. Reproduce la división y la dominación entre las clases. En torno al concepto de relaciones sociales, Marx anuda casi todas aquellas instancias en las que Hegel ve la presencia unificadora, o "civilizadora" del interés general, así éste se presente aun bajo la forma de una fuerza externa, enajenada. Así, por ejemplo, la cadena de interdependencia general creada por el mercado equivale para Marx a la fetichización de la mercancía, convertida en sustituto de la unidad real de la especie: el Estado exterior (ley, tribunales y policía) se convierte en la estructura jurídico-política que oculta la explo tación o la impone mediante la coacción; moral, religión y filosofía son ideologías que la encubren o justifican. Todas estas formas de la actividad social no hacen directamente parte de la actividad productiva de la sociedad civil, pero se entrelazan en torno a las relaciones sociales de producción para protegerlas y reproducir la explotación. Vistos de este modo, el derecho, la moral, la religión o la filosofía hacen parte del enfrentamiento. No son eventuales instancias de comunicación auténticas, sino solamente formas veladas de dominación. La cultura no es un terreno común, ni un espacio abierto donde las clases se puedan disputar la dirección y el consenso social. Frente a ella sólo es posible desarrollar una "contra-cultura" que cohesione la fuerza de choque de los trabajadores. El enfrentamiento de clases se desplaza entonces, fundamentalmente, hacia la lucha por el control del único instrumento de poder tangible, material, expropiable: el aparato coercitivo del Estado. La noción misma del poder queda

Democracia tácitamente identificada con la coerción y la fuerza. El carácter esencial del Estado se define, al modo liberal, por el monopolio de la fuerza. Esta dimensión, apenas esbozada por Marx, será desarrollada plenamente por Lenin. Marx adopta como arquetipo de toma del poder el episodio de la Bastilla y la Comuna de París. Parece echar al olvido que el derrocamiento y destrucción del Antiguo Régimen y la posterior implantación del Estado moderno francés fueron apenas el resultado final de un consenso cultural conquistado progresivamente por las nuevas clases a lo largo de varios siglos. Estuvo precedida, en efecto, por el Renacimiento humanístico del siglo XV, por la Reforma religiosa del XVI, por el resurgimiento de las ciencias en el XVII y por la filosofía de la Ilustración en el XVIII, para citar solamente algunas de las principales evoluciones culturales que la prece dieron. Estos amplios y vastos procesos culturales, con todas las nuevas formas de organización y de producción que los acompañaron, constituyeron la identidad de las nuevas clases sociales europeas, les permitieron dirigir intelectual y moralmente a la sociedad y crear un amplio consenso alternativo en torno a una visión moderna del mundo. Les permitieron, finalmente, implantar su hegemonía. Mediante ese vasto desarrollo cultural habían construido ya las bases sociales del poder. La Bastilla sólo fue la consecuencia. El culto ritual a los símbolos históricos ha llevado, sin embargo, a identificar, falsamente, revolución, cambio de poder de clases y toma de la Bastilla. Tal acontecimiento no fue, en el conjunto del ascenso de las nuevas clases sociales europeas, más que un efímero episodio simbólico.

Relación entre la sociedad civil y el Estado Antes de seguir adelante, vale la pena obser var que, dentro de su esquema de interpretación, Marx deja sin definir la condición de clase de ciertos niveles importantes de la sociedad civil y del espíritu absoluto hegelianos: no ubica la función del lenguaje común, de las ciencias y del arte, por ejemplo. ¿Son parte del freno ideológico de las relaciones sociales o juegan, como los medios de producción, una fun ción de progreso? El marxismo se ha debatido sin cesar sobre estos puntos. El análisis del carácter conflictivo de las rela ciones sociales es el aporte decisivo de Marx a la comprensión de la sociedad civil y de todas las demás instancias de la actividad social. Pero es posible preguntarse, sin embargo, si la confrontación de clases debe ser concebida como antagonismo. En este caso, no permitiría ningún nivel de convivencia entre las clases, ningún terreno común en disputa, ni siquiera el del respeto recíproco a la vida, al pensamiento y a la libertad ajenos. La noción de "especie" (i.e. de género) y la "unidad específica" que Marx pretende restablecer, quedaría así reducida de antemano a uno de los dos polos del conflicto y excluiría por completo al otro como "no humano". Este antagonismo radical ha inspirado con mucha frecuencia el discurso y la práctica "revolucionaria". Marx da pie para ello. Para Gramsci, por el contrario, el antagonismo de clases se despliega sobre un terreno compartido. De este modo, la lucha a muerte entre enemigos se transforma en conflicto entre adversarios. Marx no tuvo la oportunidad de analizar más profundamente la relación de la sociedad civil con el Estado y, más en general, con toda la "superestructura" jurídico-política e ideológica. Los trazos fortuitos que ofrece sobre el Estado,

Democracia corresponden más bien, como ya lo he dicho, a lo que Hegel denomina "Estado exterior" y los neo- marxistas "aparato estatal". El Estado es sólo un "producto" externo de las relaciones sociales, no intrínseca finalidad ética de las mismas. Es "dictadura de clase", máquina de dominación. Por ninguna parte aparece el concepto griego, rousseauniano y hegeliano del Estado como finalidad de la acción social, como forma ética de la acción humana en la historia, como lugar de mediación de los intereses particulares en conflicto, como expresión institucional del consenso lo grado en una sociedad. Como alternativa al capitalismo, Marx propone el imperio transitorio de lo general sobre lo particular, del aparato de Estado sobre la so ciedad civil. En un artículo de prensa, propone la "dictadura del proletariado", entendida mediante el modelo de la Comuna de París: el pueblo en armas. El proletariado, como representante universal de las clases oprimidas, o incluso, del género humano, es el portador material del interés general expresado de manera enajenada por la ley, la moral, la religión, la filosofía y, finalmente, por el Estado capitalista. Su dictadura significaría entonces, en términos de Rousseau, la imposición armada de la "voluntad general". Marx no avanza en la elaboración de una concepción más compleja acerca de la organización propia de las clases trabajadoras para la "toma del poder", y menos aún, acerca del Estado socialista. La "dictadura del proletariado", esa expresión periodística de Marx, será tomada por Lenin como categoría científica. Stalin la convertirá en Estado socialista. La dictadura del proletariado y el socialismo deben ser, según Marx, una forma de poder político transitorio y

Relación entre la sociedad civil y el Estado destinado a desaparecer en beneficio del comunismo. Este ya no sería sociedad civil ni tampoco Estado. No es el reino del interés privado por oposición al interés general, sino la reconciliación de ambos en la actividad creadora de todos, particular y general a la vez. 4. Sociedad civil y Estado en Lenin Lenin se atiene a la lectura ortodoxa de Marx, pero sistematiza y divulga la visión instrumental de éste acerca de la "superestructura" y la traduce a la práctica revolucionaria. Como Marx, Lenin parte del antagonismo entre burguesía y clase obrera. El antagonismo radical de las clases no deja espacio común que permita una auténtica interacción y comunicación entre ellas o entre sus organizaciones. Todas las formas de la comunicación e interacción quedan inscritas en el dominio de las tácticas, y subordinadas a la estrategia final de la toma violenta y la conservación del poder. Una vez obtenido el fin, los medios se pueden desechar. Para Lenin, como también para Marx, el poder se concentra en el Estado como aparato que monopoliza la fuerza. Es concebido, en última instancia, como dictadura de clase, poder de coacción, violencia. Ciertamente para ambos la "ideología" es poder, pero está al servicio unívoco de las clases dominantes y no puede ser arrebatada por la fuerza o por un decreto de la voluntad revolucionaria. Como ya lo señalaba a propósito de Marx, la lucha se desplaza entonces al combate por el control del aparato del Estado como fuerza de coacción. Se enfrentan así violencia revolucionaria y violencia estatal. En principio, el sujeto primario y la finalidad última de la práctica

Democracia revolucionaria es la clase obrera y, por su medio, todas las demás clases oprimidas. El partido debe ser solamente el instrumento de la clase para la toma del poder del Estado, y el mismo Estado instrumento del partido para el ejercicio de la dictadura del proletariado. Pero en la práctica, los términos se trastocan. Nada hay en el pensamiento de Lenin que garantice la representación de las clases explotadas por el partido y el Estado. Estos, que deberían ser instrumentos de aquéllas, se convierten más bien en principio y fin de la acción revolucionaria, mientras las clases explotadas quedan reducidas a la condición de meros instrumentos al servicio del partido. La sociedad civil se convierte en un medio de acción del Estado. Esta inversión radical de la revolución comienza desde el proceso mismo de construcción del partido. Según Lenin, la tarea del partido es la de "elevar" la conciencia de las clases explotadas. Para garantizarla, el partido leninista penetra las orga nizaciones independientes de las clases subalternas, y si es posible, las subordina a su dirección. Si no lo logra, trata de destruirlas o de controlarlas mediante alianzas. La elevación de la conciencia revolucionaria consiste, de hecho, en la sustitución de los intereses particulares de éstas por los proyectos globales de Estado diseñados por la vanguardia. De esta manera, ya desde antes de la toma del poder, se va efectuando la anulación de lo particular por lo general, de la multiplicidad y complejidad social por la generalidad del proyecto de Estado. De este modo, no sólo no garantizan el crecimiento, la consolidación y la participación de las clases subalternas en el poder, sino que interfiere su constitución como actor social.

Relación entre la sociedad civil y el Estado Una vez conquistado el aparato estatal, el partido leninista impone a todas las clases su propio proyecto en nombre de los trabajadores, sin que ni siquiera estos mismos puedan ejercer libremente el control y la crítica sobre él. Se impide la organización independiente de la sociedad civil. A decir verdad, se la suprime. Queda convertida en una prolongación del Es tado, gracias al poder policial y coactivo del mismo. Toda crítica y oposición es eliminada como burguesa y contrarrevolucionaria. En nombre del proletariado, se ins tala simple y llanamente la dictadura del partido. El imperio del interés general, cuyo portador histórico sería el proletariado, se transforma en la dictadura del interés particular del partido y de la burocracia. A propósito de la crítica a la filoso fía del Estado de Hegel, Marx señalaba que la burocracia del Estado (la "clase general" de Hegel) convierte "el interés general del Estado en su negocio particular". No se ve por qué razón este-principio no se cumpla también en la burocracia del Estado revolucionario, desliga da de todo control social. Esta posibilidad, inscrita en la concepción instrumental de Marx y en su idea de subordinar todo interés particular al interés general, desarrollada en la teoría e iniciada en la práctica por Lenin, alcanzó su expresión plena bajo Stalin. La verdadera Perestroika deberá tocar estos nervios teóricos, prácticos e históricos de la revolución socialista. Conviene señalar que, en la dialéctica de confrontación generalizada que se ha extendido por el mundo después de la segunda guerra mundial, un instrumentalismo ajeno a toda ética ha impregnado el ámbito de la política contemporánea, particularmente en el campo de la seguridad interna de los Estados y en el de las relaciones internacionales.

Democracia 5. Sociedad civil y Estado en Gramsci Con la intención de recuperar la democracia política para el socialismo, Gramsci cambia sustancialmente la concepción marxista del poder y, en consecuencia, la noción del conflic to entre las clases, de sociedad civil, de Estado y de su mutua relación. Sin abandonar la rique za crítica de Marx, retorna de alguna manera a Hegel y a los clásicos. Heredero, sin embargo, del voluntarismo de Lenin, Gramsci piensa que el vínculo entre la sociedad y el Estado para la transformación revolucionaria debe ser el partido clasista. Como es sabido, Gramsci propone dos instancias de la práctica social: la sociedad civil y la sociedad política. Fiel a la intuición esencial de Marx, pone a la base de su noción de sociedad civil la actividad económica, la extorsión de plusvalía y la existencia de las clases en conflicto. Pero incluye en el concepto de sociedad civil una dimensión nueva: la "dirección inte lectual y moral" que una clase ejerce con rela ción al conjunto social. El autor italiano modifica ante todo, sustancialmente, la noción de poder. Como ya lo he dicho, para Marx y Lenin el poder es fundamentalmente fuerza de coacción. Finalmente, control del aparato del Estado, monopolio de la violencia, dictadura de clase. Para Gramsci, en cambio, el poder de una clase se define, ante todo, en el campo de la cultura, terreno esbozado por Hegel y criticado desde fuera por Marx y Lenin como simple ideología. Gramsci, en efecto, muestra cómo el poder de una clase no depende tanto del control del aparato estatal, sino, ante todo, de su capacidad para dirigir, intelectual y moralmente, al conjunto de la sociedad y para generar

Relación entre la sociedad civil y el Estado "consenso" en torno a su propio proyecto histórico. En esa medida puede llegar a ejercer una "hegemonía" sobre las demás clases sociales. Pero la hegemonía aquí no significa control y coacción, como en el pensamiento leninista, sino capacidad de persuasión y de gestación de consenso. El control del Estado es apenas la consecuencia. Según Gramsci, una clase ejerce su dirección intelectual y moral gracias a sus intelectuales: filósofos, políticos, maestros, funcionarios, etc. Estos son "orgánicos" a la clase en la medida en que interpretan su proyecto histórico y no por el hecho de compartir sus condiciones de vida o de lucha. La capacidad de dirección no se limita a la reivindicación y a la crítica de la dominación burguesa. Reside, fundamentalmente, en la fuerza creadora de los "grandes intelectuales", en la medida en que abren horizontes positivos a la acción colectiva. Los intelectuales menores no pueden suplir la ausencia de los creadores. Menos aún la puede suplir el mero control burocrático de las instituciones culturales. La cultura no es, pues, un terreno al servicio unívoco de la dominación, ideología. Es un campo común en disputa entre las clases. Su modo de dominación es la propuesta creadora, la seducción, la persuasión. La "lucha" por el consenso no tolera el ejercicio de la coacción. No es posible el asalto ni la toma de la conciencia pública. Por el contrario, la coacción impide el consenso. Si es asentimiento forzoso, no es consenso. La existencia de éste requiere de algún grado de espontaneidad. El presupuesto común de las clases en conflicto es entonces, cuando menos, el respeto a la vida y a la libertad ajenas y a la palabra como medio de comunicación auténtico. No puede ser el producto del simple engaño táctico, ni

Democracia el asentimiento forzoso de los esclavos, ni el mutismo irreme diable de los muertos. Vale la pena observar que un Estado cuyo poder se funda ante todo en el consenso, es asumido por la sociedad civil como finalidad intrínseca de su acción. En esta medida es un Estado "ético", como el postulado por Hegel, Rous seau y la filosofía clásica, y no un mero instrumento de poder en manos de una clase. Esto no quiere decir que Gramsci se forje una visión idílica de armonía social. Reconoce con realismo que, en la conducción del Estado, siempre está presente una determinada conjunción de consenso y coerción, de dirección intelectual y dominación violenta. Pero en la medida en que la orientación intelectual y moral de la clase dirigente sea más amplia y profunda, y en que el consenso en torno suyo sea mayor, tanto menos necesaria es la fuerza. Y al contrario: el recurso a la violencia por parte de una clase pone de manifiesto la fragilidad de su poder. Lejos de fortalecerla, la debilita aún más. Lo que caracteriza a un Estado democrático no es tanto el monopolio de la fuerza, cuanto el consenso, la real hegemonía sobre la que se asienta. Si se quiere, lo distingue el "monopolio" de la dirección intelectual y moral. Estas nociones modifican sustancialmente la concepción instrumentalista del poder y recuperan la comprensión clásica del Estado, sin perder nada de la riqueza crítica aportada por Marx. El antagonismo sin cuartel de las clases sociales se transforma en conflicto civilizado y civilizador. De la noción de sociedad civil como mera apariencia engañosa, Gramsci nos devuelve a un concepto de real sociedad, aunque atravesada por conflictos profundos.

Relación entre la sociedad civil y el Estado Para su noción de sociedad civil, Gramsci recupera elementos que estaban presentes en el concepto hegeliano. El filósofo alemán mostraba cómo la dinámica de los intereses particula res impone la evolución teórica y práctica de la cultura: transforma el lenguaje común, las ciencias, la moral e incluso las habilidades técnicas de un pueblo. A otro nivel, modifica la ley y el derecho positivo. Todas éstas son instancias importantes de lo que Gramsci deno mina "dirección intelectual y moral" de una clase. El autor italiano incluye también en la sociedad civil el contenido del espíritu absoluto hegeliano: el arte, la religión y la filosofía, desechados antes por Marx y Lenin como ideología. Todas estas instancias, y en particular la filosofía, son para Gramsci elementos esenciales de la sociedad civil, a través de los cuales toda clase dirigente orienta al conjunto de la sociedad. Es el terreno en disputa. De este modo, Gramsci devuelve a la noción de sociedad civil, la riqueza que Marx y Lenin le habían recortado. El teórico italiano deja de lado, sin embargo, elementos prácticos (técnicos y organizativos) de la sociedad civil, ya anotados por Hegel, que son de suma importancia en la constitución misma de las clases como actores sociales: desde las formas de propiedad y de gestión del trabajo, hasta las múltiples formas de asociación gremial o "corporativa". Para una clase no sólo es necesario ejercer una "dirección intelectual y moral" de la sociedad, sino sobre todo encarnarla en formas concretas de acción y de organización. Es en ellas donde materializa su dirección, socializa sus valores éticos, su visión del mundo, su identidad de clase. En la construcción de la sociedad civil, reviste particular importancia la creación de una densa y sólida red de organizaciones gremiales.

Democracia Esta es, a mi juicio, la esencia de su dinámica. Sin organizaciones gremiales con una clara identidad consolidada en torno a los intereses que representan, independientes frente al Estado y los partidos, no existe verdadera sociedad civil. No existe un "pueblo", sujeto de soberanía, sino "masa" atomizada y utilizada a su arbitrio por las élites como legitimación y defensa de su poder. Gramsci toma distancia radical del concepto de poder de Lenin, estrechamente ligado a la idea de dictadura y coerción. Pero, influido aún por el voluntarismo leninista, le asigna de nuevo la función de dirección a una élite: a los intelectuales constituidos en partido. En primer lugar, hay que señalar que, como condición indispensable para que una clase pueda dirigir a las demás, es necesario garantizar su constitución como clase, el desarrollo de su identidad y de sus oposiciones esenciales. El partido político no es la instancia propia para ello. La diná mica social, libre de la tutela del Estado, gene ra por sí misma instancias anteriores, como las agremiaciones (corporación hegeliana) o, incluso, más originarias, como los movimientos sociales. A ellos me referiré más adelante. Por otra parte, Gramsci reproduce así la presunción directiva de las minorías ilustradas que terminan sustituyendo a las clases subalternas en su propio nombre. En adelante, serán los intelectuales autodenominados orgánicos, quienes se disputen el control cultur al sobre las clases subalternas, proyecten sobre ellas sus propios debates y divisiones y se presenten en la escena pública como sus únicos representantes. Con Lenin, Gramsci reitera la necesidad de construir un partido de clase como

Relación entre la sociedad civil y el Estado instrumento de creac ión de consenso y de poder de las cla ses subalternas. Esta idea, sin embargo, se opone al propósito de generar consenso. Los partidos modernos son órganos gestadores de consenso justamente por su condición pluricla sista. Por su medio las clases dirigentes convocan a otras clases y sectores y extienden hacia ellas su propia visión de la sociedad y del Estado. Un partido de clase se cierra, desde su mismo concepto, la posibilidad de dirigir al conjunto de la sociedad, de construir consenso y de ejercer he gemonía. De antemano, se encie rra en su propia isla. Gracias a las asociaciones gremiales y a los movimientos sociales, los partidos modernos, siendo originariamente policlasistas, reciben de los poderes constituidos en la sociedad civil un contenido y una dirección de clase. Al rezago leninista de la visión gramsciana se suma el que, con frecuencia, sus intérpretes dan de ella, nuevamente, una versión empobrecedora. No faltan quienes confunden la creación intelectual y cultural con el control, burocrático de las instituciones culturales. El resultado de esta práctica no es otro que la rapiña burocrática, la decadencia cultural, el imperio de la consigna y del manual, y la nega ción de toda real dirección intelectual y moral. Gramsci conserva, pues, la rica visión crítica y conflictiva de la sociedad concebida por Marx. Pero desmonta su carácter de lucha antagónica entre fuerzas materiales que no comparten nin gún terreno común de valores. Sobre la base implícita del respeto a la vida y la libertad ajenas, desplaza el eje del conflicto hacia la disputa civilizada por el consenso social. Reincide, sin embargo, en la noción de vanguardia y partido de clase

Democracia cuyas consecuencias históricas y políticas son conocidas. II. HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO Apoyado en estas premisas de importantes teóricos europeos, trazo a continuación algunas líneas conceptuales acerca de la sociedad civil y de su relación con el Estado, teniendo en cuenta, además, características específicas de las sociedades latinoamericanas. En ese cua dro ubico el lugar y la posible función de los movimientos sociales. Con estos apuntes provisorios sólo pretendo abrir debates y caminos para elaboraciones ulteriores. 1. La visión global de la sociedad y del Estado Debo decir ante todo que, en términos generales, me atengo a la visión gramsciana de la sociedad civil, de la sociedad política y de su mutua relación. Parto de la existencia del conflicto de clases, de la concepción esencial del poder como consenso que se gesta en el seno de la sociedad civil y que articula a ésta con la sociedad política, presupongo y asumo sus demás nociones de hegemonía, bloque histórico, etcétera. Presuponiendo el conocimiento de estos conceptos, me limito a presentar mis propios aportes, correcciones y complementos, que considero esenciales. Amplío la concepción conflictiva de la sociedad a otras oposiciones que no son de clase y señalo otras formas de dirección sobre toda la sociedad, previas a la mera "dirección intelectual y moral". Antepongo a esta noción gramsciana, el concepto de identidad de clase o de sector

Relación entre la sociedad civil y el Estado social, de la que depende la dirección que éstos puedan ejercer sobre el conjunto de la sociedad. Señalo de qué manera se desarrolla la identidad social en otras instancias organizativas distintas del partido político, como en los gremios y en los movimientos sociales. Este desplazamiento, que no es pro ducto de la arbitrariedad sino expresión más ajustada de la dinámica social, modifica desde luego la concepción del partido político leninista, del cambio o de la revolución social, del socialismo incluso. Espero que estas nociones, apenas enunciadas aquí, queden suficientemente aclaradas en el escrito. 2. Principio metodológico Como Hegel, Marx, Lenin y Gramsci considero necesario conservar la distinción entre sociedad civil y Estado, o en términos del último de los autores, entre sociedad civil y sociedad política, como principio analítico de las socie dades contemporáneas. A diferencia de Marx y de Lenin, esta diferencia no debe ser suprimida en aras de una supuesta emancipación social que conlleva el establecimiento de una dictadura política. Para que la emancipación sea real y mientras el Estado siga siendo necesario (¿podrá dejar de serlo alguna vez?), debe existir una instancia de la actividad y de las relacio nes sociales que goce de una cierta autonomía frente al Estado: la sociedad civil. Ante todo, me parece útil y esclarecedor conservar el principio metodológico de la distinción entre ambas instancias, establecido por Hegel y desdibujado después progresivamente. Pertenece a la sociedad civil toda actividad que se ordena a satisfacer el interés explícitamente particular y los nexos que ésta genera, así como el desar rollo inicial

Democracia del interés general como algo extraño y ajeno al interés particular. A la esfera estatal, en cambio, pertenece la actividad que busca la promoción del interés de toda la sociedad, sin negar por ello el interés particular y procurando darle satisfacción. La distinción no siempre es fácil en la realidad, pero el principio es válido. Que la actividad pública se ponga al servicio del interés privado o de clase, acontece a diario en todo tipo de Estado. Pero son desviaciones de la función del Estado, sometidos a la vigilancia y crítica de la sociedad civil. Son el punto de partida de la gestación de nuevos consensos alternativos. El servicio al interés general, con el respeto debido al interés particular, es el principio de legitimidad del Estado y de los proyectos políticos que aspiran a conducirlo. 3. Elementos para un concepto de sociedad civil Con Gramsci, me parece clarificador establecer la distinción entre dos niveles básicos de la sociedad civil: el nivel de la producción económica y de las relaciones sociales a las que da lugar, y el de su orientación intelectual y moral. Sin embargo, creo necesario ampliar el contenido de las dos instancias propuestas por el autor italiano. Establezco, en un sentido más general, la distinción entre el nivel de produc ción de conflictos y el de la dirección social de los mismos. Me refiero, pues, en primer lugar, a un nivel de "producción de conflictos", en general, y no sólo al conflicto generado por la producción en su sentido económico, o conflicto de clases. Este, aunque sea muy importante para la comprensión de la sociedad capitalista, no es el único conflicto social existente y significativo. Hay muchas otras formas de opresión, comparables a las que se

Relación entre la sociedad civil y el Estado derivan de la relación entre las clases, que generan hoy tensiones, movimientos, agremiaciones, debates y enfrentamientos, y que deben ser igualmente tenidas en cuenta en su especificidad. Me refiero, por ejemplo, al conflicto entre la sociedad moderna en general y la naturaleza que está generand o desequilibrios ecológicos cada vez mayores que amenazan incluso a la especie humana y a la vida misma; a las formas seculares de opresión derivadas de la polaridad de los sexos y que afectan -a toda la humanidad, en un sentido o en otro; a los conflictos étnicos, religiosos, generacionales, etc., relaciones conflictivas que no pueden ser reducidas al forcejeo entre las clases, por más que se crucen con él. Todas ellas constituyen el nivel de producción de conflictos que se inscribe en el entramado de las relaciones privadas, en la sociedad civil. En segundo lugar, en vez de la "dirección intelectual y moral" de la que habla Gramsci, me refiero a una instancia también más general de "dirección social" de los conflictos. En efecto, la dirección "intelectual y moral" gramsciana es una forma específica y muy importante de elaboración y de eventual definición de los conflictos sociales. Pero esta instancia, unilateralmente teórica, no da cuenta de toda la realidad. Tanto más que la dimensión práctica implicada en la dirección "moral", postulada por Gramsci, desaparece luego en su concepto de los "intelectuales" orgánicos, intérpretes de la dirección de clase. Allí, la dirección se restringe a una actividad intelectual. Más aún, la intelectualidad puede ser aglutinada en un partido. Pero un nuevo consenso y una nueva hegemonía social no surgen solamente de una tal dirección intelectual. Implica también una cultura práctica, en el sentido hegeliano, que se materializa

Democracia primeramente en las formas de propiedad y de trabajo, pasa por el desarrollo de una "moral" o ética de clase o de sector social, y se expresa, sobre todo, en formas de organización como los movimientos sociales y las asociaciones gremiales ("corporaciones" de Hegel ) . El consenso y la hegemonía no son sólo el producto de la dirección intelectual y moral confiada a los intelectuales, por importante que esta labor pueda ser, sino también y sobre todo el resultado de las formas de organización y de la nueva ética que las clases como tales o los se ctores sociales subalternos en general, sean capaces de generar. A la dirección intelectual y moral de Gramsci, le hace falta una base práctica, material y social de sus tentación. Los intelectuales, si quieren ser orgánicos, necesitan la presencia de los sectores que pretenden representar y de sus propias formas de organización. Estas consideraciones se refieren en primer lugar a las clases pero son aplicables; desde luego, a la dirección de todos los sectores sociales envueltos en conflictos de cualquier naturaleza y no sólo de clase: no basta la presencia de intelectuales orgánicos que orienten el movimiento o la organización. Es indispensable, ante todo, la dirección moral o ética que se deriva de la nueva práctica colectiva del movimiento mismo. 3.1 La producción de conflictos Acogiendo los rasgos esenciales de la visión gramsciana de la sociedad, adopto también, desde luego, al menos en un sentido muy gene ral, la visión conflictiva de la sociedad propuesta por Marx, más acorde a la realidad social que la concepción orgánica de Hegel.

Relación entre la sociedad civil y el Estado 3.1.1 Conflicto de clases La actividad productiva material genera, en la sociedad capitalista moderna, la oposición entre capital y trabajo, y esta tensión conflictiva condiciona significativamente la totalidad de la práctica social, política y cultural. En este sentido asumimos aquí, aunque sólo en términos muy generales, los análisis de Marx sobre el capital como relación social de explotación. Pero la visión clasista de la sociedad requiere de una revisión y modificación profundas. Ante todo, en la concepción misma de la naturaleza del conflicto de clases y del campo en el que éste se desarrolla, Marx y Lenin deben ser corregidos por la visión gramsciana. Y ésta introduce ya una ruptura sustancial con los padres del marxismo. El terreno primero y fundamental de la confrontación de clases no es la lucha por el control de la coerción estatal, sino la disputa por el consenso social. Este, y no el aparato del Estado, es el eje del poder político. La gestación de consenso se opone a la coerción y la fuerza. La disputa por el consenso social presupone, como base fundamental de valores compartidos, el respeto recíproco a la vida y libertad ajenas y la auténtica comunicación humana, no concebida como mera táctica. Sobre esta mínima base ética de convivencia, el concepto de antagonismo y contradicción debe ser sustituido por el de oposición y conflicto, y la noción de enemigo de clase por la de adversario. Así entendido, y teniendo en cuenta las profundas modificaciones en curso, el conflicto de clases que surge de las relaciones de producción es una característica importante de la sociedad civil capitalista.

Democracia Pero la relación entre capital y trabajo está sometida hoy a un profundo y acelerado proceso de transformación. Enunciemos acá, por vía de ilustración, algunos de estos problemas. Debido a la progresiva informatización de toda la actividad social en los países industrializados, el trabajo manual, al que Marx le asignaba la producción de plusvalía y que caracterizaba a la clase obrera, tiende a ser desplazado por el ordenador y el robot. Toda la esfera del trabajo se hace así más intelectual y la división entre trabajo manual e intelectual cede su lugar a la separación entre quienes deciden y quienes ejecutan. Los ejecutores no desempeñan tareas uniformes, que den lugar a una cier ta unidad laboral, como podía acontecer con los obreros de otro tiempo. Desempeñan tareas altamente especializadas, diferenciadas y ais ladas. En los países atrasados, esta moderniza ción informática crea una nueva polaridad so cial mucho más fundamental que la oposición entre capital y trabajo: la tensión entre los sectores minoritarios que encuentran aún empleo en los espacios laborales "reconvertidos" alas nuevas tecnologías, y el número creciente de los desempleados, desplazados por la máquina, que se ven obligados a sobrevivir gracias a una economía paralela, denominada informal, por no hablar de la economía ilegal, como la de la droga. Entre estas divers as "masas" sociales se generan conflictos ligados a la producción que no pudieron ser tenidos en cuenta por Marx en su época y que no dan lugar tampoco al surgimiento de clases en el sentido tradicio nal del marxismo.

Relación entre la sociedad civil y el Estado clases e irreductibles a él. Ciertamente, la oposición clasista es una tensión profunda de la sociedad capitalista actual. Pero otras muchas cont radicciones, algunas derivadas de la producción y otras independientes de ella, atraviesan a la sociedad contemporánea, capitalista o no, y reproducen muy diversas formas de opresión. Así por ejemplo, la concepción productivista y consumista de la sociedad contemporánea, surgida de los ideales de la modernidad europea, ejerce su dominación destructora sobre la naturaleza y amenaza la vida, incluida la del mismo ser humano. Diferencias de sexo, de raza, de cultura, de credo, etc., dan origen a otros tantos tipos de relaciones sociales opresivas, a veces tan opresivas y duraderas o más que la explotación capitalista. Ninguna de ellas puede ser reducida, inmediatamente, al conflicto de clases. Una reducción similar sólo puede conducir al desconocimiento de los mecanismos específicos de opresión, a su ocultamiento y reproducción continuada, a título de la emancipación de clase. Pero, a la vez, no se puede desconocer tampoco que, en la sociedad capitalista, y sobre todo en el capitalismo periférico, el conflicto de clases es uno de los más significativos. Atraviesa y les impone su sello a todos los demás conflictos, así como es también cruzado y modificado por éstos. Desde luego, para una comprensión más amplia de la instancia de producción de conflictos, sería necesario establecer una tipología de las tensiones más sig nificativas de las sociedades de hoy y señalar en qué nivel de la actividad social se sitúa cada una de ellas, pero un trabajo similar desborda los límites genéricos del presente ensayo 74.

3.1.2 Otros conflictos sociales Además, en la sociedad contemporánea se han hecho manifiestas otras muchas oposiciones paralelas al conflicto de

74

Ver a este propósito, las rápidas observaciones avanzadas en el artículo ya citado.

Democracia 3.2 Dirección social de los conflictos Los distintos conflictos sociales dan origen, tarde o temprano, a respuestas colectivas y públi cas a través de las cuales se constituyen los actores sociales. Cada uno de los actores impli cados busca una solución al conflicto desde su propia perspectiva. En la medida en que estos actores sociales -movimientos o agremiacio nes- tengan una identidad más definida, a la vez práctica e intelectual, es decir, alguna forma de organización más o menos estable, una experiencia más clara de su comunidad de intereses, costumbres y valores, una mayor independencia con respecto a otras instancias de poder, un mejor reconocimiento de los conflictos y sectores sociales a los que se enfrentan, se consolida el sistema de interacción social o sociedad civil. En esa misma medida los actores sociales se encuentran en condiciones de presentar demandas y/o propuestas definidas al Estado a través de partidos políticos pluriclasistas. Particularmente por medio de éstos, cada clase y sector social puede ofrecer su dirección intelectual y moral al conjunto de la sociedad. En las sociedades latinoamericanas, en las que los organismos gremiales de las clases y sectores subalternos son, por lo general, débiles y fragmentarios, en donde no han podido constituirse como actores sociales independientes de los proyectos políticos que los cruzan, el solo desarrollo de movimientos sociales fuertes e independie ntes tendría un efecto transforma dor sobre el conjunto de las relaciones sociales y sobre el sistema político, más profundo que cualquier proyecto revolucionario de las élites ilustradas. Más aún, sin pretenderlo, éstas contribuyen tanto como las clases dirigentes a la debilidad endémica de los

Relación entre la sociedad civil y el Estado sectores subalternos. Un eventual triunfo de las vanguardias no garantiza, tampoco, la constitución democrática de los sectores subalternos como actores sociales. Más bien ratifica y prolonga indefinidamente su subordinación bajo nuevas modalidades. 3.2.1 Actores sociales, conflictos y democracia Es necesario insistir aquí en la necesidad de la sólida constitución de los actores sociales y de sus formas de organización con miras a la construcción de sociedades y de Estados realmente democráticos. Esto es particularmente importante con relación a los sectores sociales subalternos. En este punto, me apoyo parcialmente en Hegel y Gramsci, pero me distancio sustancialmente de Marx y de Lenin. Si hablo a este propósito de un cierto "deber ser" del desarrollo de la sociedad civil es porque las teorías y decisiones políticas, los intelectuales y los activistas tienen aquí una incidencia innegable, que con frecuencia desvía, interfiere o debilita los actores sociales subalternos, incluso con la mejor intención de fortalecerlos. El "deber ser" se refiere, pues, tanto al tipo de intervención social que es necesario abandonar como a aquella que es necesario emprender. La existencia de actores sociales en conflicto y su clara confrontación pública son elemento indispensable de una sociedad civil fuerte y bien constituida. Podemos decir que, en buena medida, son la sociedad civil. Generan la dinámica indispensable a toda verdadera democracia. Sin actores colectivos coherentes, bien organizados, provistos de una identidad y una ética propias, capaces de representar y defender sus propios intereses en el ámbito público; sin

Democracia conflictos definidos que puedan ser canalizados y resueltos, repito lo que ya decía antes: no hay un "pueblo" sino simple "masa", multitud atomizada de intereses individuales, utilizada por minorías poderosas para su propia legitimación y fortalecimiento. Es una ilusión frecuente en las minorías dominantes la de imaginar que los conflictos sociales puedan desaparecer por el simple hecho de negarles el derecho a su expresión social y política. Reprimidos, derivan hacia la anarquía y descomposición social, hacia la "guerra de todos contra todos" enunciada por Hobbes. Sin actores sociales organizados, el Estado, exento de toda fiscalización orgánica por parte de la sociedad civil, se convierte, a su vez, entonces sí, en botín patrimonial de algunas familias, en instrumento de dominación de clase o en propiedad privada de la burocracia. Si se trata de una democracia representativa, los partidos que controlan el Estado se ven obligados a recurrir a todas las formas del reclutamiento clientelista para buscar su legitimación electo ral. Puesto que no hay actores sociales constituidos ni demandas colectivas a las que los partidos puedan responder, éstos buscan el voto a cambio de prebendas particulares. Con estas prácticas, los partidos no sólo responden a una fragmentación y atomización ya existentes, sino que las reproducen indefinidamente. Aus picia n, sin saberlo, la anarquía social y la carencia de legitimidad política. Finalmente, los conflictos sociales acumulados pueden dar lugar, en determinadas circunstancias, a la descomposición política: a la canalización armada de la inconformidad por minorías en nombre de un supuesto portador del interés general, llámese proletariado, pueblo o nación. Pero esta alternativa radical, manifestación de la rebeldía

Relación entre la sociedad civil y el Estado moral ante lo intolerable, no suele conducir a un fortalecimiento de la sociedad civil y de los actores sociales, sino a su eliminación radical en nombre del sujeto universal. Y así se reproduce el ciclo de la antidemocracia. 3.2.2 Constitución de los sectores subalternos como actores sociales La indispensable constitución de los sectores subalternos como actores sociales, es producto de procesos históricos profundos, económicos, sociales y culturales. No basta, por ejemplo, la mera existencia de la relación social de explo tación para afirmar que existen realmente las clases sociales. Tal concepto economicista, que podría derivarse de una lectura literal y orto doxa de Marx, es insuficiente. Una "clase en sí", es sólo la posibilidad objetiva de su existencia como real actor histórico. Solamente su experiencia de sí y su propia organización la constit uyen como actor real y "clase para sí". Con acentos muy diferentes, Lenin y Gramsci tratan, justamente, de subsanar este vacío. Pero, urgidos por el voluntarismo revolucionario, se proponen infundir conciencia y, organización a las clases subalternas mediante un partido que se autodesigna como su representante. En realidad, como lo hemos señalado, el partido tina sustituyendo a las clases subalternas como actor social. Quien experimenta la rebeldía contra la opresión, busca la abreviación de los procesos históricos, la pronta constitución de las clases y sectores subalternos como actores sociales dotados de poder real. Esta ha sido la eterna tentación de todos los jacobinismos. Las teorías revolucionarias han contribuido a fortalecerlos. La reacción moral de las clases medias es comprensible y justa.

Democracia Por ello es explicable el afán teórico de muchos intelectuales por hallar sujetos sociales portadores del sentido de la historia que de algún modo puedan acelerarla, e instrumentos eficaces de poder, como el partido o el aparato del Estado. Pero, en el justo propósito de propiciar un cambio social, es necesario evitar todo elitismo voluntarista que termine por reproducir, de otra forma, la dominación que se pretende abolir. Hay que fortalecer, en cambio , teórica y prácticamente, las formas propias de organización de todas las clases y sectores sociales subalternos, aquellas que se derivan espontáneamente de sus conflictos reales. En esta función, el activista y el intelectual deben abandonar toda pres unción directiva, para ser simplemente acompañantes, interlocutores y, en este sentido limitado, si se, quiere intelectuales orgánicos. Por ello, me propongo ahondar un poco más en las condiciones que les pueden permitir a las clases subalternas mismas, y más en general, a los sectores subordinados, llegar a ejercer una real dirección sobre el conjunto de la sociedad. 3.2.3 Identidad de clase y dirección social En adelante tendré que referirme en ocasio nes, exclusivamente, a las clases sociales ya que las categorías analíticas con las que es necesario dialogar provienen de Marx, Lenin y Gramsci y giran en torno a las clases. Con todo, lo que decimos de ellas es aplicable en alguna medida a todos los sectores subalternos y a los movimientos y organizaciones que de ellos se derivan.

Relación entre la sociedad civil y el Estado Gramsci se refiere a la "dirección" intelectual y moral que una clase o actor social puede ejercer. Pero descuida quizás, o da por supuesta, una condición previa y fundamental que no es siempre evidente, al menos en América Latina: la constitución de su identidad. La dirección social no es producto de un decreto voluntario. Es la consecuencia no pretendida de la identidad de los actores sociales. Un sector social desarticulado, inorgánico, sin experiencia de sí mismo y de los conflictos que lo constituyen, sin una ética propia, simplemente no existe. Mal puede dirigir a otros. No se puede comparar la profunda identidad histórica, social, cultural y política de las clases sociales europeas, en las que piensan Marx y Gramsci al redactar sus obras, con la desarticulación, fragmentación y desdibujamiento social, político y cultural de las clases y sectores subalternos en América Latina, interferidos además por los proyectos de sus múltiples y pretendidos representantes. La construcción de la identidad de una clase o sector social es un proceso a la vez práctico y teórico. El proceso práctico, que Gramsci olvida, arraiga en las formas de propiedad y de trabajo de cada clase y sector, se expresa en el desarrollo de costumbres compartidas y de una ética propia, se manifiesta a través de movimientos sociales y culmina en formas de asociación gremial. El proceso teórico, que arraiga y cobra su sentido en el anterior, se identifica con la "dirección intelectual y moral" de cada acto r, a cargo de sus intelectuales orgánicos. Supongo aquí conocidos los ricos análisis de Gramsci en este sentido, y me remito simplemente a ellos. Cambio sólo el lugar social de los intelectuales, ya que no propongo -de modo voluntarista- su constitución en partido, sino su vinculación normal a las clases, a sus

Democracia organizaciones gremiales o a los partidos políticos pluriclasistas, como sucedería sin necesidad de ninguna teoría política. Me limito, pues, a la exposición sintética de mi hipótesis sobre el proceso práctico de constitución de la identidad de los actores sociales subalternos. 3.2.4 Identidad de clase y gremios En principio, es sobre todo a través de la organización gremial como un sector social desarrolla su identidad y se convierte en actor social. Con todo, hay una diferencia esencial entre los gremios de las clases dirigentes y las agremiaciones de las clases subalternas. El desarrollo de aquéllos muestra lo que les falta a éstas. Suplir esa carencia es la dosis de teoría y voluntad política que se le puede conferir a la dinámica social, sin caer en el elitismo antidemocrático. El punto de apoyo para el fortale cimiento de la identidad de las clases y sectores subalternos es el que ofrecen (he ahí mi cuota de voluntarismo político, fundado en la dinámica social espontánea) los movimientos sociales. Las distintas asociaciones gremiales de las cla ses dirigentes son los órganos fundamentales de su propia identidad. Gracias a ellas reconocen sus intereses comunes y actúan como grupo, consolidan los patrones éticos y culturales que les dan cohesión interna, hacen presencia pública, ejercen presión sobre los medios de comunicación, los partidos y el Estado, dirigen la sociedad. El reconocimiento social y jurídico de las agremiaciones empresariales no tropieza con obstáculos jurídicos o políticos, ni con condicionamientos legales. Son instancias esenciales del orden social. La capacidad de dirección de las clases dirigentes es fruto espontáneo de su identidad y cohesión gremial, y apenas si

Relación entre la sociedad civil y el Estado difiere de ella. No podría ser de otra manera. Sin identidad y cohesión gremial, las clases dirigentes no podrían ejercer, por simple decreto de la voluntad, ninguna dirección. Requerirían, en ese caso, de otras instancias que asumieran su representación como portavoz indirecto (la Iglesia en ciertos casos, por ejemplo) o como simple instrumento de dominación (las Fuerzas Armadas). Buena parte de la dirección intelectual y moral de las clases dirigentes, a la que se refiere Gramsci, se gesta en los gremios o en torno a ellos. Sin el poder de las agremiaciones, difícilmente los intelectuales tendrían articulación orgánica y repercusión real. El soporte práctico y organizativo de una clase y de sus intelectua les es, ante todo, la organización gremial. Los gremios de las clases subalternas corren una suerte muy diferente. Son mirados con temor y desconfianza por las clases dirigentes, por los partidos y por el Estado, por lo menos en América Latina. Se los ve como un peligro. En tiempos de crisis y lucha social, se los califica de amenaza a la democracia y se los somete a la represión estatal. En realidad son sólo una amenaza a las limitaciones de la democracia impuestas por las clases dominantes. Su reconocimiento social y legal es difícil, y está sujeto a restricciones y condicionamientos. Requieren haber alcanzado, previamente, una sólida coherencia interna y una fuerte incidencia en alguna esfera de la vida social para que logren imponerse como una realidad inevitable al Estado. Pero, en ese caso, el Estado y los partidos demoliberales hacen todos los esfuerzos posibles por mantenerlos bajo su control. En América Latina, particularmente, las clases dirigentes, los partidos y el Estado utilizan todos los medios a su alcance

Democracia para lograr la subordinación política de los gremios de los trabajadores o, si esto no fuera posible, para dividirlos y destruirlos. Las organizaciones revolucionarias de inspiración leninista tratan, a su vez, de penetrarlos, de arrebatarlos a la influencia del Estado y de los partidos tradicionales y de someterlos, en cambio, a su propia dirección. La rapiña política a la que se ven sometidos los gremios laborales les acarrea múltiples daños. Enunciemos tres: en primer lugar, desvirtúa su naturaleza social, tratando de darles una orientación política, bien sea tradicional o revolucio naria. Impide que las clases subalternas se hagan conscientes de sus propios intereses sociales, de sus conflictos específicos y de su identidad y, sin mediación, se intenta transferir sus preocupaciones y su dinámica a otra esfera, la esfera estatal, que requiere proyectos globales en donde los intereses específicos de clase se desdibujan. La subordinación de los gremios a los partidos prefigura o reproduce la absorción de la sociedad civil (de las clases trabajadoras en este caso), por el Estado. En segundo lugar, al modificar su naturaleza social de los organismos gremiales, se proyecta la división partidaria en el seno de las clases subordinadas. Nada de esto acontece, obvia mente, con los gremios empresariales. En tercer lugar, cooptados por organizaciones políticas a través de sus dirigentes, las agremiacio nes de los trabajadores desarrollan esquemas de acción profundamente autoritarios y clientelistas, muy distantes de la práctica democrática de gestión colectiva. El Estado y los partidos tradicionales parecen ignorar que, debilitando las instancias institucionales de expresión de los conflictos, atomizan y anarquizan la

Relación entre la sociedad civil y el Estado sociedad civil de las clases subalternas, y estimulan las expresiones no institucionalizadas de lucha social. Los partidos revolucionarios contribuyen a la división y debilitamiento de la clase que quieren fortalecer y comienzan, sin saberlo, el proceso de su suplantación como actor social. El resultado de la cooptación de los gremios laborales son organizaciones dependientes de proyectos políticos y partidarios, con escasa identidad de clase, sobornados en las cúpulas o reclutados y divididos en la base. El efecto final, es la crisis endémica de su representatividad, la fragmentación, atomización y debilitamiento de las clases subalternas o, por el contrario, su reacción no institucionalizada, a través de movimientos sociales que buscan la independencia y la participación directa en la vida pública. Por las limitaciones que les impone la ley, por el entrabamiento permanente de su autono mía, por la corrupción y cooptación de sus dirigentes, los gremios de las clases subalternas se ven sometidos a una crisis endémica de su representatividad y son desbordados, siempre de nuevo, por los movimientos que surgen de las clases a las que pretenden representar. Se genera entonces una constante dialéctica, una permanente oscilación, con momentos de acercamiento y convergencia y fases de agudo distanciamiento entre agremiaciones instituciona lizadas de las clases subalternas y movimientos sociales. Las clases dirigentes, en cambio, rara vez crean movimientos sociales porque sus necesidades e intereses están suficientemente representados y canalizados por las institucio nes vigentes. Si así sucediera, es signo inequívoco de

Democracia que el Estado y los partidos atraviesan una profunda crisis de dirección. 3.2.5 Identidad de clase y movimientos sociales Aquí podemos situar, entonces, el papel de los movimientos sociales. El gremio es el órgano institucionalizado de expresión de una clase o sector social. Para llegar a constituir una organización gremial se requiere haber alcanzado una gran coherencia interna, haber obtenido reconocimiento social e incluso jurídico. El movimiento social, en cambio, expresa una necesidad común no reconocida socialmente, una identidad colectiva en formación, un conflicto hasta ahora ignorado por el conjunto de la sociedad y por el Estado. El movimiento social es un gremio en camino de constitución. El gremio es un movimiento social cristalizado, institucionalizado. Los movimientos sociales son la instancia organizativa más próxima a la "clase en sí", su primer nivel de formación y de organización para la actividad pública como actor social, como "clase para sí". Son la primera instancia que permite el desarrollo de su identidad. Por su carácter no institucional, aún no tan sometido a las presiones de arriba y de abajo, es en ellos donde se puede (¿se debe?) impulsar y fortalecer la capacidad de autocontrol democrático y de autonomía política de las clases y sectores subalternos. Habitualmente, los movimientos sociales se han caracterizado por su transitoriedad. Carentes de institucionalización, aparecen y desaparecen al azar. Por esta misma razón, han sido descuidados por el pensamiento político. Pero hoy, en América Latina, cuando los partidos de todas las tendencias están sometidos a un profundo desgaste, se ha producido una cierta institucionalización de la para-

Relación entre la sociedad civil y el Estado institucionalidad propia de los movimientos sociales. Los movimientos buscan un protagonismo directo en la escena pública. Y, ante la profunda crisis actual de proyectos políticos en el continente (y en el mundo), este fenómeno no puede sino incrementarse en los años por venir. 3.2.6 Importancia de los movimientos sociales en América Latina La constitución de la identidad de las clases y sectores subalternos a través de los movimientos sociales reviste, además, en América Latina, una importancia adicional porque éstos son espacios de creación de una sociedad civil participativa y democrática, inexistente en las cla ses populares del continente latinoamericano. Sobre las bases de una sociedad civil autoritaria no es posible construir un Estado democrático. La construcción de la democracia en América Latina no es solamente una tarea política, de transformación de los partidos y del Estado, sino también social, de cambio de las relacio nes de poder existentes en la sociedad civil. Cierto romanticismo populista revolucionario, de ascendencia religiosa, se hace la ilusión de que, si bien las clases dominantes latinoamericanas son autoritarias y explotadoras, el "pueblo" (no el de Rousseau, sino el del populismo revolucionario) es democrático y participativo. Nada más lejano a la realidad. En las clases subalternas de América Latina podríamos dis tinguir tres sectores: uno rural, menos integrado al mercado capitalista, en el que predomina aún la tradición; un segundo sector, ligado al sector moderno a través de la relación salarial, más secularizado; y un tercero, continuamente expulsado "hacia fuera" por el modelo de desarrollo, que lo

Democracia desaloja del campo y no lo integra en la ciudad: los excluidos que buscan sobrevivir a campo traviesa, en la economía del "rebusque" o sector "informal", como dicen los economistas formales 75 . En cada sector, el autoritarismo adquiere formas diferentes por razones específicas. El "pueblo" latinoamericano en su conjunto es heredero de una ancestral cultura autoritaria que penetra todos sus nexos sociales, hasta los más cotidianos y domésticos. En este sentido hay que decir que el poder político del Estado demoliberal y de sus partidos se ha asentado hasta ahora sobre otra estructura de poder social preexistente, de carácter profundamente machista y autoritario e, incluso, en muchos casos, violento. Es como si, en la débil "sociedad civil popular", se hubieran sedimentado los rasgos de las estructuras de poder político históricamente superadas, pero convertidas ahora en costumbre, en tradición cultural: el predominio del cacique de las comunidades indígenas, el señorío del encomendero español, la prepotencia del hacendado, todas est as formas de dominación se condensan hoy, transformadas, en la omnipotencia del jefe político local. Los jefes locales no son criaturas del Estado ni de los partidos. Son una estructura de poder social que 75

No se debe confundir este tercer sector con el primero, de tipo rural, acomodándolo en la categoría engañosa de sector tradicional, atrasado, no integrado en el sector moderno y formal de la economía. No. En América Latina una población cada vez más numerosa es expulsada de las formas tradicionales de la economía rural por el sector moderno, sin que la incorpore después a sí mismo. Simplemente, el desarrollo la expulsa por fuera del modelo. Es un desecho. La economía informal es una economía de sobrevivencia y resistencia.

Relación entre la sociedad civil y el Estado subyace a la estructura de poder formal del Estado, y sobre el que éste se asienta, cualquiera sea su estructura o ideología. Obviamente, desde la implantación del Estado demoliberal y el nacimiento de los partidos, éstos han entrado en una relación dialéctica con las estructuras heredadas de poder soc ial, en la que ambos se han ido transformado, sin que ninguno de los dos haya desaparecido en el otro. Los partidos se han desarrollado como una confederación de gamonales locales que manejan clientelas electorales. Por otra parte, el liderazgo local se ha fortalecido al convertirse en intermediario privado de los servicios y de la autoridad del Estado. De este modo, se refuerzan recíprocamente las estructuras antidemocráticas del poder social y del Estado central. Entre Estado y comunidad local se erige una capa de intermediarios individuales todopoderosos. Este empalme de las dos estructuras de poder, político y social, no depende de las ideologías de los partidos y del Estado, ni se modifica con ellas. Facilita y sirve de correa de transmisión de la dominación de clases o de una eventual burocracia revolucionaria. Tales mecanismos de poder, más presentes en el campo y en regiones apartadas, se conservan también, debilitados, en todos los sectores populares. El creciente sector del "rebusque" está simplemente atomizado y carente de expresión, lanzado a la selva de la supervivencia económica, social y política. Es la mejor encarnación del individuo imaginado por el liberalismo, impotente ante la sociedad y el Estado. Sus necesidades individuales lo venden al mejor postor. Los movimientos sociales le dan una identidad colectiva y una representación social. Finalmente, las clases asalaria das del sector moderno,

Democracia más independientes en principio, están sujetas a todos los mecanismos de control antide mocrático de los que ya hemos hablado a propósito de los gremios. Esto es particularmente claro en los sindicatos. Los movimientos sociales contribuyen a transformar esta cultura popular autoritaria. Constituyen actores sociales colectivos, dotados de poder propio, capaces de actuar en la escena pública sin necesidad de intermediarios. Sus organizaciones adoptan formas más democráticas puesto que nacen de abajo, de las necesidades sentidas de la comunidad o de la clase, y no de la dependencia clientelista. Desarrollan así las bases sociales de un posible Estado demo crático. Los movimientos sociales son la revolución emancipadora frente a los poderes dominantes en la sociedad civil. Sin esta democratización social, las eventuales modificaciones democráticas del Estado carecen de sujeto capaz de apropiárselas. 3.2.7 Gremios, movimientos, propiedad y trabajo Como ya lo señalé antes, la sociedad civil es, esencialmente, el entramado dinámico y conflictivo de la acción de todos los actores colectivos. Los gremios y movimientos constituyen la sociedad civil de las clases subalternas y son la clave de su poder. Sólo en la medida en que estas clases logren desarrollar organizaciones sociales autónomas, identificar sus intereses comunes y consolidar una ética compartida, pueden convertirse en actores sociales dotados de poder y presentar con claridad sus demandas al Estado y los partidos. Antes de continuar, conviene hacer una obser vación con relación a una dimensión importante en la constitución práctica de

Relación entre la sociedad civil y el Estado la sociedad civil: las formas de propiedad y de trabajo. No podemos olvidar que tanto para Hegel como para Marx, éstas constituyen el embrión práctico de la sociedad civil. Es imposible entrar aquí en este tema complejo de manera más amplia, pero haga mos al menos tres observa ciones. La primera es que las formas de propiedad y de trabajo también están sujetas a la voluntad colectiva de los actores sociales y políticos. No hay un determinismo económico que no pueda ser intervenido o revertido, en el mediano y largo plazo, por la dinámica de los grandes actores sociales. Estos también modelan la propiedad y no sólo al contrario. Justamente las formas de propiedad y de trabajo, y no sólo la distribución del ingreso, hacen parte esencial del debate político en los Estados pluralistas. Y puesto que, en este campo, no hay fórmulas únicas, universales ni eternas, la democracia política es el escenario para este debate permanente. En segundo término, es importante que los movimientos sociales bus quen, como lo están haciendo en muchas par tes de América Latina, modalidades alternativas de propiedad y de gestión del trabajo colec tivo. Finalmente, y ésta es la observación más importante y que deseo destacar, quizás sean los gremios y los movimientos sociales de las clases y sectores subalternos, el único sujeto posible de los procesos de socialización real de propiedad y del trabajo en la sociedad moder na. La nacionalización, ya lo sabemos, equivale a estatización. Y la estatización, bien sea en manos del Estado socialista o del Estado demo liberal, no es sinónimo de socialización, es de cir, de control de los trabajadores sobre la propiedad. Aunque pueda ser necesaria para la preservación y aprovechamiento social de ciertos recursos estratégicos de la nación, debe estar sometida a un claro control

Democracia institucional por parte de todos los actores sociales. Si la nación no existe sino como entelequia, si el Estado no puede ser el sujeto de la propiedad socializada, si el individuo es el extremo opuesto a la colectividad, no quedan sino los actores sociales: gremios, movimientos, comunidades locales o étnicas (en el caso de poblaciones más tradicionales), como sujetos reales de los procesos de socialización. De acuerdo a sus necesidades, cada actor social puede y debe desarrollar muy diversas formas de control colectivo, no sólo de los recursos y de los medios de producción, sino de la gestión del trabajo. No hay un socialismo, sino muchos procesos de socialización, cuyo sujeto privilegiado no pue de ser el Estado, sino la sociedad civil y sus actores colectivos. Incluso, la regulación general de estos procesos sectoriales o locales de socialización, debe ser sobria y respetuosa de la iniciativa de los actores colectivos. Son ellos el sujeto real de la socialización, y no la abs tracción general del Estado central. De esta manera, la nueva ética de los movimientos sociales se podrá ir materializando también en las formas de apropiación del medio natural y del destino colectivo. 3.2.8 Gremios y partidos políticos Para comprender la manera como una clase puede ser dirigente, hay que analizar la relación entre gremio y partido. En los gremios se constituye la identidad de las clases pero es sobre todo a través de los partidos pluriclasistas como éstas pueden ejercer su dirección y gestar amplios consensos en torno a su proyecto societal. Pero la capacidad de dirección es apenas una consecuencia necesaria de la identidad de clase. De modo general, digamos que la vinculación entre gremios y partidos

Relación entre la sociedad civil y el Estado define la relación entre sociedad civil y sociedad política (partidos y Estado). Sólo una relación adecuada entre estas dos formas de organización puede garantizar, a largo plazo, una verdadera democracia. La relación inadecuada entre ellas conduce a las diversas formas de Estado antidemocrático, independientemente de la voluntad de sus gestores. Un Estado sin partidos, entregado a la dirección de los gremios, es un Estado fascista: la sociedad civil de los empresarios se convierte en Estado. Un Estado con un solo partido que impide la formación independiente de los gremios es un Estado totalitario: el interés particular del partido anula a la sociedad civil. Un Estado con pluralidad de partidos, asentado sobre gremios empresariales fuertes y política mente autóno mos, y agremiaciones débiles o inexistentes de las clases subalternas, es una democracia formal de contenido autoritario o dictatorial, según la debilidad o fuerza de los movimientos sociales: descansa sobre una so ciedad civil de empresarios y garantiza una democracia para ellos. Sólo una real sociedad civil, conformada por todas las clases y sectores, libremente constituidas como actores sociales independientes de los partidos, y partidos que se vean obligados a representar las demandas de tales actores sociales, puede ofrecer, en lo político, la mayor democracia posible. En esta relación entre gremios y partidos, las clases dirigentes dan de nuevo la pauta de lo que puede y debe ser la relación entre movimientos sociales, gremios de los trabajadores y partidos políticos. Finalmente, el tipo de articulación que las clases dirigentes han desarrollado es el que les permite construir consensos, así sean limitados, en torno a sus proyectos históricos. Esta estructura le permitiría a las clases subalternas constituirse en

Democracia actores sociales fuertes e independientes, sujetos reales del Estado, lo que no podría suceder, en América Latina, sin poner en cuestión el orden económico, social y político mantenido hasta ahora por las clases dominantes. Las agremiaciones empresariales son políticamente autónomas. Ni los partidos tradicionales ni el Estado intentan penetrarlos o controlarlos. En ellos reina el más absoluto pluralismo político. Las diferencias de afiliación partidaria nunca ponen en peligro la unidad corporativa de la clase. En el gremio se extinguen o se acallan hasta las más agrias divergencias políticas. Las discrepancias internas, casi siempre ocultas, giran en torno a sus intereses específicos de clase. Sus propuestas públicas aparecen, de ordinario, bajo apariencias exclusivamente económicas. Las clases dirigentes no se reprochan a sí mismas su economicismo porque saben muy bien, con Adam Smith, que en la sociedad moderna la economía es política. Lejos de dividirse por conceptos partidarios, la existencia de sólidas organizaciones gremiales les permite a las clases dirigentes auspiciar la existencia de partidos de composición social pluriclasista. La fuerte identidad, la presencia pública, la influencia de los gremios en los medios y en la opinión, les concede sobre tales partidos y sobre el Estado una influencia o incluso, en caso necesario, una fuerza de presión decisiva. De este modo, le dan a los partidos y al Estado una fuerte dirección y contenido de clase. Justamente, la composició n pluriclasista de los partidos les permite a las clases dirigentes crear consenso y ejercer la dirección política sobre las demás clases sociales. Si de antemano el partido fuera definido como organización de una clase, se cerraría a sí mismo la

Relación entre la sociedad civil y el Estado puerta para atraer y dirigir a otras clases. El partido se convertiría en una reproducción de los gremios. Las agremiaciones empresariales, no solamente no se dividen por razones políticas, sino que prestan el apoyo de su fuerte unidad interna y de su dirección a los partidos y al Estado, cuando éstos se ven amenazados de división y fragmentación. Entonces sé refuerza claramente la naturaleza corporativa del Estado. En esta tensión dinámica entre gremio, partido y Estado radica la capacidad directiva de las clases dirigentes: el gremio les garantiza la fuerte identidad de clase, los partidos y el Estado de composición pluriclasista les abren el espacio institucional para la dirección de otras clases y para la gestación de amplios consensos. En cambio, ya he señalado las dificultades con las que tropiezan los gremios de las clases subalternas para lograr la misma articulación con los partidos y el Estado (3.2.4). Por razones distintas y con métodos generalmente diferentes, tanto los partidos tradicionales como las vanguardias revolucionarias se disputan su control. El resultado final es la fragmentación y debilitamiento de los gremios del trabajo, y por su medio, de las clases a las que pretenden representar. Los movimientos sociales, que podrían ser definidos como la insurrección recurrente contra el estado de subordinación y dé impotencia de las clases y sectores subalternos, pueden constituir el espacio privilegiado de resistencia frente a la instrumentalización partidaria, los territorios realmente liberados desde donde una sociedad civil popular puede formular sus demandas al Estado y los partidos. En América Latina, tales movimientos tienen en principio la

Democracia credibilidad y representatividad de la que no goza ningún partido, y teniendo en cuenta el inmenso cúmulo de necesidades sociales insatisfechas, son una poderosa forma de presión sobre aquéllos y sobre el Estado mismo. 4. Elementos para un concepto de sociedad política . Bajo la denominación de sociedad política comprendo no só lo al Estado sino también a los partidos políticos que arraigan en los intereses particulares de la sociedad civil pero están obligados a trascenderlos, formulando proyectos globales de Estado. Aunque el centro de grave dad de esta reflexión es la sociedad civil, quiero anotar también algunos rasgos esenciales de la sociedad política y de la relación entre ambas, que contribuyen quizás a aclarar la noción de democracia y su relación con la socialización. Desde luego, la distinción entre sociedad civil y sociedad política es sólo relativa y parcial. Los proyectos globales de sociedad que caracterizan la esfera política son la materialización del consenso que se forja en la sociedad civil y que, en parte, la constituye. En términos de Hegel, la ética que se objetiva en el Estado se desarrolla en el seno de la sociedad civil y en razón de su propia dinámica interna. Con todo hay también diferencia entre ambas dimensiones. El Estado recibe de la sociedad civil la potestad delegada para poner por obra los consensos que se forjan en ella e incluso, en ciertas circunstancias, para suplir su ausencia. Para esa tarea cuenta incluso con un limitado poder de coacción sobre la sociedad. La diferencia entre Estado y sociedad civil se hace particularmente visible y se convierte en contraposición cuando, abusando del poder coactivo

Relación entre la sociedad civil y el Estado recibido de la sociedad, el Estado vuelve su fuerza contra ella. 4.1 Los partidos Los partidos son el nexo entre la sociedad civil y el Estado. Su función es la de escuchar las demandas de la sociedad civil, interpretarlas y transformarlas en proyectos generales de Estado que puedan contar con un amplio consenso y, eventualmente, tratar de llevarlas a la práctica desde el Estado mismo. Pero los partidos sólo escuchan la voz de los actores sociales existentes. No interpretan, ni pueden interpre tar al individuo aislado. Si acaso, lo utilizan como legitimación electoral. Solamente las organizaciones gremiales o los movimientos sociales están en capacidad de formular sus demandas al sistema político y ejercer presión sobre él. Desde el punto de vista político, el verdadero ciudadano moderno es un ciudadano colectivo: el gremio o el movimiento social. Al partido le corresponde la tarea de incorporar las múltiples expectativas contradictorias en proyectos generales que puedan lograr el consenso de las mayorías. Como en la esfinge, su cuerpo de león adquiere rostro humano. El partido único es una contradicción en sus términos. La noción misma de "partido" presupone la existencia de una división, de una contraposición. No hay partidos si no existe verdadera oposición. La idea de partido surgió como alternativa al monopolio hereditario del Estado absolutista y como condición de la expresión democrática de la soberanía popular. El partido único es la restitución de la monarquía, pero en cabeza de un monarca colectivo. En el mismo sentido marcha la tendencia reciente de los partidos occidentales a la conver gencia ideológica y política, a la constitución de

Democracia un monopartidismo velado con varios rostros aparentes. El uso falseado del término "consenso" para este acuerdo de cúpulas partidarias al margen de la opinión pública, nada tiene que ver con la intención democrática del consenso gramsciano. Los partidos son por su naturaleza el ámbito de formación de consensos alternativos, indispensable a la dinámica democrática. El partido de clase, como ya lo señalé, se enclaustra a sí mismo en la clase que dice representar y se impide así la tarea de gestar consensos de mayorías. Los partidos de composición pluriclasista son cajas de resonancia de las demandas formuladas por la sociedad civil. Son el eco de sus acto res. Sólo una sociedad civil constituida por fuertes actores sociales de todas las clases, puede dar lugar a partidos de oposición. Si las clases subalternas están organizadas de mane ra coherente y sólida, el contenido último de las oposiciones partidarias es de clase. 4.2 El Estado Antes de entrar en la breve discusión teórica acerca del Estado, conviene anteponer algunas observaciones históricas que eviten malos entendidos. El Estado nacional es una creación reciente de Europa y se ha extendido, por muy diversas vías, a sus antiguas colonias. Con la creciente transnacionalización de la producción, el comercio, la banca y la comunicación, su carácter nacional está en crisis y experimenta hondas transformaciones. Hasta hoy la dinámica transnacional ha traído consigo una acelerada enajenación y desnacionalización de los Estados 76. En vez de representar la 76

Véase L. A. Restrepo, "Elección popular de alcaldes: des nacionalización antidemocrática del Estado central y reapro piación democrática

Relación entre la sociedad civil y el Estado voluntad popular e integrar a la nación, los Estados latinoamericanos se han convertido en intermediarios entre los derechos y aspiraciones de la población nacional y los intereses del capital transnacional. Juegan el odioso papel de doble agente. Probablemente los Estados nacionales de hoy no puedan recuperar su capacidad de negociación internacional y de representación interna sino en el seno de nuevas formas eficaces de integración regional y continental. Pero este proceso inducirá hondas transformaciones en el carácter nacional del Estado. Es imposible discernir ahora cuál haya de ser su destino final. De todas formas, mientras subsista la sociedad civil como sistema de acción fundado en intereses particulares (no necesariamente individuales), y no se ve cómo pueda desapare cer, es necesario un Estado que medie en los conflictos, que sea capaz de administrar consensos y de aplicar la fuerza bajo el control de la ley para hacerlos vigentes. Que sea el mismo Estado nacional de hoy, o que la nación conserve sus mismas dimensiones, está abierto a la discusión. Procesos como la integración europea de 1993 señalan nuevos caminos. Es claro que, en crisis históricas profundas, los pueblos no siempre tienen el Estado que desearían, sino el que les es efectivamente posible y necesario. En este sentido, el establecimiento transitorio de un Estado autoritario puede ser una emergencia histórica. Pero tal situación debe ser considerada como excepcio nal y no como un modelo deseable. Finalmente, son las concepciones globales del Estado, asumidas como ideales, las que se del Estado local", en Elección popular de alcaldes: Colombia y la experiencia internacional, Bogotá, FIDEC-FESCOLPROCOMUN, 1988, pp. 94-114.

Democracia constituyen en fuente de legitimación política y tienen duración en el mediano y largo plazo. Hoy no tenemos sino dos modelos fundamentales, con innumerables variaciones en su aplicación histórica: el Estado socialista y el Estado demo liberal. Como es sabido, los Estados socialistas surgieron a comienzos de siglo como supuesta alternativa emancipadora al Estado demoliberal. Sin embargo, su evolución actual pone de manifiesto su crisis radical, ya planteada por muchos desde antes. Surge pues hoy, con fuerza renovada, la pregunta por la naturaleza y estructura de un Estado democrático moderno. 4.2.1 El fundamento de la democracia moderna Como es sabido, en la antigüedad, la soberanía del monarca era, de una u otra forma, emanación de la soberanía suprema de Dios. Sustentado en esta legitimación teocrática, el poder convertido en propiedad se transmitía por herencia familiar. La revolución política de la modernidad consiste justamente en haber dado la vuelta al sujeto de la soberanía: el soberano es el pueblo, y los magistrados son únicamente sus representantes. El Estado debe ser, pues, representativo de la voluntad popular. En términos de Gramsci, el fundamento de su legitimidad está en el consenso sobre el que se apoya. Esta es la esencia de la democracia moderna, no sólo política, sino también económica y social. La democracia social es una radicalización consecuente de la idea de soberanía política del pueblo. Sin esta idea fundamental, basa da en la noción moderna del derecho natural, se retorna necesariamente a una variante del absolutismo.

Relación entre la sociedad civil y el Estado 4.2.2 Democracia directa y democracia representativa Rousseau y Marx critican la idea de representación política. La propia voluntad no puede ser representada por otros, sin resultar por ello simplemente enajenada. El representante termina por apropiarse de la soberanía de los representados y por sustituirlos en ella. Y es cierto, en la representación de la voluntad popular hay una dosis de enajenación. La única solución sería entonces el ejercicio permanente de la democracia directa: la autodeterminación permanente del pueblo. Realista, Rousseau reconoce, sin embargo, los límites de la demo cracia directa. Es propia de pueblos pequeños, en asuntos limitados, imposible de ejercitar en las decisiones cotidianas que afectan el destino colectivo. Es un ideal y debe aplicarse en lo posible. Pero no se puede implantar de modo general en las modernas sociedades de masas. Para Rousseau, es necesario aceptar entonces la existencia de magistrados que decidan por el pueblo: la existencia de un Estado, ya no representativo, sino mero delegado y comisario del pueblo. La idea de delegación y mandato no es, en la práctica, nada distinto de la representación: se decide en nombre y por encargo popular. Destaca solamente el sujeto de la soberanía, la dependencia del magistrado con relación a ella y, por lo tanto, busca aumentar el control popular sobre los magistrados, hasta el punto de consagrar la revocabilidad del mandato. Sin embargo, la necesaria estabilidad de un Estado no puede estar sujeta a cambios continuos y caprichosos. La revocabilidad está sujeta a límites. El mandato debe ceder algún espacio a la representación estable.

Democracia Marx es más ambicioso que Rousseau. Paradójicamente, más idealista. Critica radicalmente la idea de representación política y aspira a la pronta extinción del Estado en la sociedad comunista, en la que cada uno, mediante su mismo trabajo orientado al beneficio común, sea representante de todos77 . Sugiere, sin embargo, la idea de que para llegar a esa forma última de radical democracia es necesario el paso transitorio por una etapa intermedia: la dictadura del proletariado. El proletariado, como clase universal, sería entonces el representante de todas las clases. Su inevitable función representativa sería, sin embargo, fugaz, hasta la pronta desaparición de todas las cla ses, incluido el mismo proletariado. El Estado socialista de Lenin y de Stalin se concibe entonces como dictadura del proletariado. Para Lenin, el partido, más que representante del proletariado, pretende ser su "vanguardia": prolongación de la clase en su expresión más esclarecida. Pero, como ya lo he dicho, el proletariado, y con, él todas las clases terminan siendo sustituidas por su vanguardia. Sin mecanismos de control institucional sobre su función representativa, el partido restablece, de hecho, el absolutismo, en este caso, el de un monarca colectivo, el Partido, cuyo poder se transmite por cooptación, al margen de la voluntad popular. Ejerce su soberanía ya no en nombre de Dios, sino en el del proletariado, convertido en idea, en sujeto metahistórico del acontecer social, en nueva divinidad. El Estado socialista se sitúa de nuevo antes de la modernidad política. Esta suplantación de la soberanía popular ha entrado en irreversible crisis histórica. Los países socialistas están abocados a 77

Véase la Crítica a la filosofía del Estado, de Hegel.

Relación entre la sociedad civil y el Estado volver a la idea de soberanía y representación popular, al de sarrollo de las instituciones que la hagan posible y que permitan a la sociedad civil ejercer control sobre ella. Visto desde la perspectiva de la sociedad civil y del interés particular, el Estado representativo es un mal, una forma de ena jenación de la soberanía popular, pero es, de todas maneras, el menor de los males. Es también la realidad histórica siempre limitada del mayor de los bienes: la convivencia social hecha posible gracias a consensos en permanente formación y evolución. La pregunta no es, pues, si el Estado debe ser representativo o no, sino cuáles son las mejo res garantías institucionales de la representa ción. El reto consiste en pensar y definir los mecanismos que garanticen la representación menos inadecuada del pueblo por el Estado, las garantías democráticas. Para esta tarea, el modelo no son, desde luego, los Estados occidentales de hoy. Gestores iniciales y cada vez más víctimas de un capitalismo que desborda sus fronteras- nacionales, son cada día más liberales y menos democráticos. El capital y el Estado se han encargado de fragmentar y disolver cada vez más los actores sociales, han atomizado la sociedad civil y refuerzan en el individuo consumidor la ilusión liberal de su participación en las grandes decisiones colectivas. 4.2.3 Arquitectura del democrático representativo

Estado

Los arquitectos intelectuales del Estado demo liberal trazaron sus líneas básicas: división y equilibrio de poderes, partidos en oposición, elecciones, libertades fundamentales o "derechos humanos". La experiencia de los conflictos que llevaron a la guerra, la influencia de las ideas

Democracia socialistas, condujeron al desarrollo de mecanismos de intervención social del Estado. Es necesario profundizar esa vía, con una participación creciente y organizada de los actores sociales en el diseño y la fiscalización de esa intervención. El Estado demoliberal de hoy, arrastrado por la dinámica del capital ha entrado, sin embargo, en una tensión irreconciliable entre liberalismo y democracia. Por ello, el desarrollo de los controles democráticos del Estado interesa hoy únicamente a las mayorías subalternas. Pero, a su vez, éstas los pueden ejercer solamente si están constituidas como actores colectivos, como actores sociales. Sobre estas líneas fundamentales, cada país, según sus peculiares condiciones históricas, debe crear los mecanismos institucionales que garanticen la representatividad del Estado. En este terreno carece de sentido la copia y el transplante mecánico. El reto consis te en desarrollar controles democráticos adecuados que le permitan a la sociedad civil llegar a ser el sujeto real del Estado y que éste se funde sobre un consenso real, y no sobre la fuerza o la simple propaganda. 4.3 El cambio social La mediación fundamental de los cambios sociales de contenido democrático es política y no de fuerza. Se basa en la organización independiente de los actores sociales subalternos, que obliga a los partidos y al Estado a buscar nue vos consensos más amplios. La sociedad política es el espacio institucional para la canalización de las demandas formuladas por los acto res sociales. En América Latina y en otras regiones del mundo donde las clases subalternas,

Relación entre la sociedad civil y el Estado desorga nizadas, han acumulado demandas seculares, su mera organización en gremios o movimientos sociales políticamente independientes, su constitución como actores sociales, la creación de una sociedad civil de la que ellas entren a formar parte, producirá rupturas instituciona les capaces de quebrantar y suplantar viejas hegemonías basadas fundamentalmente en la coerción. La actual crisis de los Estados socialistas pone de manifiesto que las así llamadas revoluciones socialistas que atravesaron el siglo XX fueron más bien, cuando menos en su dimensión política, golpes de Estado. Indujeron, además, la falsa identificación entre el prestigioso concepto moderno de revolución y el ejercicio de la violencia para la conquista del Estado o su control. Hoy presenciamos el fenómeno contrario. En los mismos Estados socialistas los movimientos sociales llevan a cabo verdaderas revo luciones sin golpe de Estado y sin la violencia que éste conlleva. Porque el contenido transformador y democratizador de una verdadera "revolución" no es el sacudimiento social, ni la dosis eventua l de violencia que puede conllevar, ni siquiera necesariamente el cambio de elites dirigentes, sino el reconocimiento político y social conquistado por el ciudadano colec tivo de las clases subalternas.

Coyuntura POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICA Hernando Valencia Villa * CONTEXTO Cuando menos desde 1987, Colombia vive lo que el jurista norteamericano Bruce Ackerman denomina un momento constitucional. A lo largo de estos últimos tres años, en efecto, uno de los temas centrales de la agenda política nacio nal ha sido no sólo la conveniencia sino también la necesidad e incluso la urgencia de hacer una gran reforma constitucional que traduzca un gran acuerdo político y contribuya de este modo a la democratización del Estado y a la reconciliación de la sociedad civil. Una tal centralidad del constitucionalismo obedece a varios factores que conviene recordar: la propia tradición reformista que distingue al régimen colombiano y que ha convertido los reajustes periódicos del aparato institucional en sucedáneos rituales del cambio social y de la participación popular; la progresiva deslegitimación de la lucha armada y de las vías de hecho en general, que ha producido el paradójico resultado de revalorizar los procedimientos jurídicos a pesar de sí mismos; y el descubrimiento del derecho público como posible terreno de negociación y convergencia entre actores sociales enfrentados o entre Estado y sociedad civil. Por éstas y otras razones el revisionismo cons titucional juega hoy un papel protagónico en el proceso político, en el sentido de que la enmienda del estatuto estatal podría contener la clave para desbloquear el desarrollo democrático de Colombia. Pero *

Abogado, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Por una asamblea constituyente… no se trata de cualquier reajuste. A través de sus múltiples peripecias, desde las tempranas propuestas de El Espectador y las contradictorias iniciativas del expresidente Lleras Restrepo, pasando por el abortado Acuerdo de la Casa de Nariño y los 523 proyec tos societales presentados ante las audiencias públicas de la Comisión Preparatoria del Proceso de Reajuste Institucional, hasta el naufragio del proyecto de Acto Legislativo No. 11 de 1988 a finales del año pasado, todo el debate constitucional contemporáneo gira en torno a una idea central: la legitimación por el pueblo mediante un procedimiento reformador nuevo y distinto. Dicho procedimiento consistiría en una consulta nacional o en una asamblea cons tituyente o en una combinación de ambas fór mulas. Inicialmente se privilegió la apelación al pueblo en una especie de reedición de la experiencia plebiscitaria de 1957, que ha sido prohijada incluso por la mayoría de los grupos guerrilleros. En la actualidad, y gracias a la convocatoria de opinión de un desarticulado pero energético movimiento estudiantil, se ha abierto paso la iniciativa de una asamblea constituyente amplia, que represente todas las tendencias de la opinión nacional y dé una gran reforma al país. Con el millón y medio o los dos millones de votos registrados en las elecciones del 11 de marzo en favor de la llamada séptima papeleta (al lado de las de Senado, Cámara, Asamblea, Concejo y alcalde), se ha producido un golpe de opinión que debe conducir en los próximos meses a la convocatoria presidencial de un cuerpo deliberante ad hoc para modificar la actual o adoptar una nueva Carta Fundamental para la nación. En lugar de controvertir los tecnicismos jurídicos de la séptima papeleta y sus implicaciones en el proceso electoral en curso, se proponen aquí una fórmula

Coyuntura concreta para integrar la constituyente y una agenda tentativa para orientar sus trabajos. FORMULA Aun cuando cualquier enmienda constitucional tramitada por fuera del Congreso o en contravía del procedimiento canónico previsto en el artículo 218 de la ley de leyes quebrante el derecho vigente, estamos en presencia de un actor extraordinario : el pueblo como soberano o constituyente primario, cuyo poder crea nue vo derecho. Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de junio 9 de 1987, que es el último pronunciamiento importante sobre esta materia y que resulta tanto más significativo cuanto que proviene de un tribunal constitucional que no se ha distinguido propiamente por su talante democrático o por su actitud progresista. A propósito de una nueva demanda contra el plebiscito de 1957, dijo entonces la Corte: Cuando la Nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, decide pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habrá de regir sus destinos, no está ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión. El acto constituyente primario es, en tal sentido, la expresión de la máxima voluntad política, cuyo ámbito de acción por su misma naturaleza escapa a cualquier delimitación establecida por el orden jurídico anterior y, por ende, se sustrae también a todo tipo de juicio que pretenda compararlo con los preceptos de ese orden [...1 Cuando se apela a la Nación y ésta, en efecto, hace sentir su voz para constituir o reconstituir dicha estructura (política fundamental 1, adopta una decisión de carácter político que, por serlo, es inapelable y no susceptible de

Por una asamblea constituyente… revisión jurídica. Aun en el caso de posibles violacio nes del orden precedente por parte de quienes hubie ren convocado al constituyente originario, la manifestación de éste hace inútil e improcedente todo poste rior pronunc iamiento jurisdiccional en torno a la validez de la convocatoria. Tanto el referéndum cuanto la constituyente son actos constituyentes o del constituyente primario y gozan, en consecuencia, del carácter intangible que les atribuye la citada doctrina de nuestro juez constitucional. Hay que añadir, sin embargo, que consulta mucho mejor los intereses societales el escenario de la asamblea que el de la consulta. Mientras que un cuerpo reformador ad hoc recogería la más amplia y diversa representación política de la sociedad civil, dando así cabida a la expresión de todas las tendencias y a la construcción de un genuino consenso nacional, la simple apela ción al pueblo, para que apruebe o rechace un texto en cuya elaboración no ha intervenido de manera decisoria, puede tener mucho de republicano pero no tiene nada de democrático. Tal es la justificación de la constituyente como procedimiento óptimo de reforma o sustitución de la Constitución. Una vez resuelto el problema de la convocatoria de la asamblea, que es el primero que debe abocarse y para el cual se plantean varias alter nativas (petición ciudadana, proclamación presidencial, acuerdo multipartidista o decreto de estado de sitio), la cuestión central de la constituyente radica en su composición política. Porque si el órgano reformador o creador del pacto político entre los colombianos no es fiel trasunto de la heterogeneidad constitutiva de la na ción, el ejercicio mismo resulta estéril al ser cooptado por el bipartidismo tradicional y

Coyuntura desembocar en una enmienda minoritaria, inconsulta e impositiva, como las sesenta y siete que se han introducido a la codificación de 1886. Para garantizar una integración pluralista y democrática del cuerpo constituyente, bien podría pensarse en un esquema como el siguiente, que fue planteado por el autor, en compañía de Gustavo Gallón Giraldo, durante las Mesas de Análisis y Concertación con el M-19, en julio de 1989: la asamblea estaría formada por doscientos cuatro delegados y recogería una representación partidista del país político y una representación sectorial del país nacional, aritméticamente iguales. La primera población sería elegida por el electorado de base en comicios generales, a razón de tres constituyentes por cada una de las treinta y cuatro entidades territoriales de la nación, a saber: los veinticinco departamentos, las cuatro intendencias, las cuatro comisarías y el Distrito Especial de Bogotá. Podría pensarse además en que un tercio de todos los representantes partidistas pertenezca po r fuerza a partidos o movimientos no tradicionales, es decir, distintos al liberalismo y al conservatismo, para asegurar el pluralismo dentro de la diputación del país político. Obviamente, entre los ciento dos constituyentes partidistas no estarían los senadores, representantes, diputados, consejeros, concejales y alcaldes electos para los períodos 1990-1994 ó 19901992, a fin de precaver conflictos de interés o lealtad, otorgar opor tunidades a nuevos sectores y asegurar que los miembros de la asamblea lo sean de tiempo completo y dedicación exclusiva, como lo demanda la estratégica tarea que han de cumplir. En cuanto al carácter igualitario de la representación conferida a los diferentes tipos de circunscripciones, se trataría de eliminar la sobrerrepresentación de los

Por una asamblea constituyente… departamentos en desmedro de los llamados territorios naciona les, para inducir así una mayor participación de las poblaciones y regiones periféricas del país. La segunda mitad o población de la asamblea estaría formada también por ciento dos diputados, en este caso en representación de diecisiete sectores de actividad o interés en que se dividiría la sociedad civil para estos efectos. Cada sector elegiría o designaría, a través de sus propios foros y mecanismos pero siempre mediante procedimientos democráticos, seis constituyentes que en conjunto integrarían la delegación del país nacional. Los diecisiete sectores o estamentos de la sociedad civil que harían de la asamblea una auténtica muestra de la diversa materia de Colombia serían los siguientes: 1. Gremios o sindicatos patronales; 2. Centrales obreras; 3. Organizaciones cívicas y comunales; 4. Organizaciones indígenas y de las minorías étnicas; 5. Organizaciones estudiantiles y juveniles; 6. Organizaciones campesinas; 7. Organizaciones feministas y de mujeres; 8. Organizaciones de jubilados y pensiona dos; 9. Organizaciones de militares y policías retirados; 10. Organizaciones ambientalistas y ecologis tas; 11. Organizaciones de derechos humanos; 12. Asociaciones de profesionales; 13. Universidades públicas; 14. Universidades privadas; 15. Iglesia Católica;

Coyuntura 16. Otras iglesias y denominaciones religiosas, y 17. Organizaciones guerrilleras. Salvo mejor opinión, la lista precedente incluye a la inmensa mayoría de las llamadas organiza ciones no gubernamentales (ONGs) u organizaciones de la sociedad civil, a través de las cuales se aglutinan y movilizan los múltiples intereses populares. Tales organizaciones aportarían la representación sectorial o neocorporativa del país nacional a la asamblea, de suerte que cada sector tendría iniciativa suficiente para convocar a sus miembros individuales y colectivos, y poner en marcha el proceso participativo y decisorio que eventualmente conduciría a la elección o designación de sus seis constituyentes. Es obvio que representantes partidistas y sectoriales por igual combinan la personería de su partido o sector y la persone ría de la nación por manera que la dinámica de la asamblea y la legitimidad inicial del documento que ella acuerde, dependen por entero de la tensión creadora entre el interés regional o estamental de los delegados y el interés patriótico de la constituyente como tal. Para supervigilar todo el proceso de convocatoria, integración e instalación de la asamblea; asistir a la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones de los representantes partidistas; orientar a las organizaciones de la sociedad civil en las elecciones o designaciones de los representantes sectoriales; atender los reclamos; resolver los conflictos; y acreditar a los doscientos cuatro constituyentes, habría una Comisión de Garantías y Credenciales. Integrada por tres miembros: el primero delegado por los partidos tradicionales, el segundo por las fuerzas políticas no

Por una asamblea constituyente… tradicionales y el tercero por las ONGs, esta Comisión actuaría como tribunal electoral especial para la constituyente desde su convocatoria por el presidente entrante hasta su instalación formal en algún momento durante los próximos meses. A partir de la iniciación de sus labores, una cons tituyente es soberana y el éxito o fracaso de su gestión depende mucho más de su poder político que de sus atribuciones jurídicas. Porque el del constituyente primario no es un derecho sino un poder. De ahí que la agenda, el reglamento interno y el término del mandato del organismo estarían determinados por el consenso político inicial, de carácter necesariamente multipartidista y multisectorial, que se logre crear en torno a la iniciativa y en ningún caso por normas o costumbres jurídicas preexistentes. Ello significa, en otras palabras, que el desafío inmediato del movimiento universitario por la constituyente y de los grupos que apoyan la propuesta es la construcción de una vasta coalición de fuerzas y organizacio nes, que bien podría llamarse la coalición "arco iris" y que sustentaría la convocatoria ciudadana primero y presidencial después de una asamblea amplia con el mandato de pactar la paz constitucional en Colombia. AGENDA En este orden de ideas, puede ser útil ofrecer por fin algunas ideas sobre mandato, reglamento y agenda de la asamblea planteada. Respecto de lo primero, si se acepta que la constituyente es la forma jurídica de un hecho político y que en tal virtud su cometido no es otro que codificar el clamor colectivo en favor de un nuevo arreglo institucional y normativo que facilite la práctica de la democracia plena, debe aceptarse también que el mandato de la asamblea consiste en

Coyuntura la reforma radical o la sustitución integral del estatuto estatal, con la refrendación popular del documento resultante al final del proceso. En cuanto a lo segundo, parece aconsejable que la asamblea aplique en principio el reglamento del Congreso, incluyendo su régimen de dietas, y que se dé las directivas y la organización interna que considere convenientes. El quórum o mayoría decisoria debería ser de los dos tercios o ciento treinta y seis delegados a favor, a fin de que las decisiones que eventualmente se traduzcan en normas constitucionales provengan de acuerdos con la suficiente representatividad como para que resulten legítimos a los ojos de tirios y troyanos. Un término de seis meses sería suficiente para compilar las propuestas, confiar a una comisión redactora la preparación de un proyecto de consenso o en su defecto de mayo ría, y forjar las alianzas y coaliciones que permitan la aprobación del texto en el seno de la plenaria. Ello no obsta, por supuesto, para prorrogar las deliberaciones por tres o seis meses más si así lo exigiese el desarrollo del ejercicio constituyente. Con todo, el interrogante principal que plantea la constituyente concierne a su agenda. Como material de trabajo ya disponible, vale la pena editar las 523 propuestas de la sociedad civil que se conocieron en marzo de 1988, cuando aún regía el Proceso de Reajuste Institucional previsto por lo que en su momento se denominó el Tratado Barco-Pastrana. Tales iniciativas expresan mejor que cualquier sondeo las reivindicaciones dominantes de las fuerzas democráticas en materia económica, política, social y cultural, con la ventaja de que están formuladas en términos jurídicos. Sería una insensatez ignorar éste el más rico ejercicio de inventiva constitucional de la

Por una asamblea constituyente… historia nacional. A su lado hay que poner otras contribuciones: académicas, sindicales, partidistas, a través de las cua les se viene codificando entre nosotros un nuevo constitucionalismo alternativo o insurgente y opuesto por definición al viejo constitucionalismo bipartidista. La característica principal de este discurso político de cambio y participación es la idea según la cual la Constitución debe ser el verdadero tratado de paz, y de paz democrática, entre todos los colombianos. En lugar del constitucionalismo de guerra, que es la herencia de la república liberal-conservadora, hay que optar por un constitucionalismo de paz, que sea la regla de juego de una democracia pluralista y participativa. Del mismo modo que la celebrada revolución democrática que tiene lugar hoy en los regímenes socialistas de Europa del Este, la anhelada reforma democrá tica que se propone en Colombia debe iniciarse con la abolición de la norma constitucional consagratoria del monopolio político del bipartidismo excluyente que es la versión criolla del sistema de partido único en las democracias po pulares, para instaurar a cambio un sistema abierto y competitivo en el cual la heterogeneidad de la sociedad civil se refleje de veras en el pluralismo y la descentralización del Estado. A este objetivo estratégico apuntan las siguientes bases mínimas de reforma constitucional o de nueva Constitución, que provienen de muchas de las iniciativas populares de los últimos años y que se sugieren aquí con el único propósito de servir como punto de partida de carácter metodológico para el debate nacional acerca del temario de la constituyente: 1.

Colombia se constituye en una república democrática, representativa y participativa, fundada en la soberanía

Coyuntura popular y organizada como un Estado social de derecho; 2. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente por medio de la consulta nacional o referéndum y de la iniciativa popular, y a través de sus representantes libremente elegidos y revocables; 3. La república de Colombia es un Estado de regiones y provincias, cuya unidad nacio nal se apoya en la autonomía de los entes territoriales para administrar sus recursos y tomar sus decisiones; 4. La república de Colombia es un Estado multiétnico, que reconoce y garantiza la diversidad cultural de todos los individuos, grupos y sectores que forman la nación; 5. La república de Colombia es un Estado laico, que respeta y garantiza las libertades de pensamiento, de expresión y de culto a todas las personas y comunidades que habitan el territorio; 6. La república de Colombia es un Estado democrático que reconoce y garantiza a todos sus habitantes las más amplias libertades políticas, económicas, sociales, culturales, laborales y educativas, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos; 7. La república de Colombia ejerce soberanía y dominio sobre el territorio nacional y todos los bienes, ecosistemas y recursos que forman la naturaleza patrimonial, los cuales se administran y preservan para la satisfacción de las necesidades y el enriquecimiento de la calidad de la vida de las presentes y futuras generaciones; 8. La república de Colombia cumple sus fines democráticos por medio de la Rama Electoral, la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y la Rama Fiscal, integradas y

Por una asamblea constituyente… controladas con la participación del pueblo; 9. La república de Colombia reconoce y garantiza la propiedad privada y la libertad de empresa en el marco de una economía concertada y solidaria, para lo cual se establece la participación de los trabajadores y empleados en la propiedad, la gestión o los beneficios de las empresas; 10. La república de Colombia dispone de unas Fuerzas Armadas profesionales y volunta rias para la defensa de su soberanía, independencia e integridad territorial. La Policía Nacional es una institución civil encarga da de la preservación de las libertades ciudadanas y del orden público inter no mediante la aplicación de la Constitución, las leyes y el derecho internacional de los derechos humanos y los conflictos armados, y 11. La república de Colombia no pertenece a ningún partido, grupo, sector, ideología, región o clase en particular. Todos los ciudadanos de cualquier origen, afiliación u ocupación tienen derecho a acceder a los cargos públicos y a las responsabilidades oficiales según sus méritos y capacidades. Estos y otros postulados programáticos deben informar el texto fundamental que surja del cuerpo constituyente, en tanto sean expresión de un consenso democrático entre fuerzas y organizaciones representativas de las mayorías nacionales. Tal es en últimas la condición co mún de las normas constitucionales, si es que ellas traducen legítimamente la voluntad política de una sociedad civilizada. Como si hubiesen sido escritas para la actual realidad colombiana, hay unas palabras de Norberto Bobbio, el mayor

Coyuntura jurista de fin de siglo, que subrayan la naturaleza transaccional de la función constituyente y su potencial de reconciliación democrática, el cual permanece en lo esencial inédito entre nosotros: "La vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos, cuya resolu ción se consigue mediante acuerdos momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las constituciones". Sólo en esta perspectiva, la del constitucionalismo como tregua democrática y la democracia como escenario de procedimientos legítimos, que no de resultados legítimos, podemos abrigar espe ranzas en las virtudes curativas y creativas de una asamblea nacional constituyente en la Colombia de hoy.

Por una asamblea constituyente…

Coyuntura LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE CARTAGENA PARA LA LUCHA ANTINARCÓTICOS Alfredo Vázquez Carrizosa* La Conferencia de Presidentes de Estados Unidos y los tres países andinos, Colombia, Bolivia y Perú, para coordinar una política de lucha antinarcóticos, especialmente de la cocaína, se efectuó el 15 de febrero de este año en la ciudad de Cartagena. Asistieron a ella los primeros mandatarios de las cuatro naciones, Virgilio Barco de Colombia; Jaime Paz Zamora de Bolivia; George Bush de Estados Unidos y Alan García del Perú. Se había especulado en los medios de comunicación de Estados Unidos acerca del peligro que significaba para el presidente Bush su viaje al convulsionado país suramericano que es el nuestro, con los más altos índices de vio lencia y terrorismo de parte de los lla mados "Carteles de la Droga", especialmente de Medellín y Cali. Sin embargo, el presidente Bush demostró una inquebrantable decisión de asistir a la Cumbre de Cartagena, con un frío cálculo de las ventajas que aportaría esa reunión de alto nivel internacional con tres países de América Latina. El presidente Bush quiso en primer lugar darle al presidente Barco de Colombia un respaldo personal y público por su política de guerra interior contra el narcotráfico. Buscaba, además, mantener ante la opinión norteamericana la "imagen" de un gobernante valeroso en el peligro y capaz de afrontar el desafío del crimen organizado. Además de lo *

Abogado, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

La conferencia de presidentes de Cartagena… anterior, estaba de por medio el resentimiento latinoamericano por la invasión a Panamá el 20 de diciembre anterior. Era, entonces, la oportunidad para demostrar ante las cámaras de televisión que estaba restablecida la cordialidad entre la potencia imperial y América Latina. El presidente del Perú, Alan García, había ostentado su renuencia a asistir a la Cumbre de Cartagena, en ademán de protesta por la inva sión de Panamá. Durante las semanas transcurridas desde el 20 de diciembre hasta fines de enero del corriente año, las noticias de Lima daban por sentado el hecho de la ausencia protesta del mandatario que tiene el liderazgo del Aprismo, con su vieja tradición antiimperialista heredada de Víctor Raúl Haya de la Torre, como de los programas del mismo partido. Era significativa, de esa manera, la presencia del presidente García en Cartagena por su investidura de jefe de Estado de uno de los países comprometidos en la lucha antinarcóticos y por aparecer estrechándole la mano al presidente Bush. Estrictas medidas de seguridad fueron tomadas por las autoridades colombianas, en coordinación con Estados Unidos, tanto en la ciudad de Cartagena como en el área circunvecina. El espacio aéreo colombiano quedó despejado y prohibidos los vuelos comerciales o de aeronaves particulares el día de la conferencia. Un patrullaje naval reforzaba el dispositivo de seguridad en la Bahía de Cartagena. El interés internacional por los resultados de la Conferencia Cumbre de Presidentes quedó demostrado por la asistencia de numerosos corresponsales de la prensa, la radio y la televisión provenientes de Estados Unidos y

Coyuntura Canadá, Europa, América Latina y de organismos internacionales. El resultado de la Conferencia de Cartagena fue consignado en un documento final suscrito por los cuatro presidentes, de Estados Unidos, Colombia, Bolivia y Perú. Un análisis objetivo del texto publicado al clausurarse la reunión en la fecha indicada, 15 de febrero, permite adelantar las siguientes conclusiones: El tratamiento multilateral del narcotráfico: Ficción o realidad? La Conferencia de Cartagena era, de suyo, un paso importante hacia el tratamiento multilateral del problema del narcotráfico, lo que satisface en primera instancia el punto de vista latinoamericano, que encuentra en los altos consumos de cocaína en el mercado interno de Estados Unidos una de las causas principales y evidentes de las exportaciones de la droga. Lo importante no era la reunión de los cuatro presidentes, sino la manera como se hacía el enfoque de los medios para tratar ese problema. La falta de compromisos específicos para la lucha antinarcóticos En términos reales el documento final de Cartagena no contiene compromisos específicos respecto de Colombia en la acción bélica que está desarrollando desde el último año. En cambio se enuncia una estrategia conjunta de las cuatro naciones, considerando "que toda estrategia que las comprometa a poner en práctica o a consolidar un programa general intensificado contra las drogas ilícitas, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda, el consumo y la oferta, y comprender entendimientos

La conferencia de presidentes de Cartagena… acerca de la cooperación económica, el desarrollo alternativo, el estímulo del comercio y la inversión, así como acerca de la lucha contra el tráfico de las drogas ilícitas y de las iniciativas diplomáticas y de opinión pública". Figuran en el párrafo anterior varias intenciones: en primer lugar, la de elaborar "un programa general intensificado contra las drogas ilícitas" y, en segundo lugar, "entendimientos acerca de la cooperación económica, el desarrollo alternativo, el estímulo del comercio y la inversión". Existen, por lo tanto, señales de apertura de la cooperación interamericana fuera del terreno limitado a la lucha contra las drogas ilícitas, en lo que dice relación a la "cooperación económica y el desarrollo alternativo". No se derivan, empero, del documento final indicaciones sobre los temas y las soluciones relativos a esa segunda parte de los acuerdos generales de Cartagena. Los efectos probables del Documento de Cartagena en la "mala prensa" internacional contra Colombia Al establecerse la conexidad de la producción y el consumo para la evaluación global del tráfico de cocaína debería desaparecer la "mala prensa" internacional que se ha referido de manera exclusiva e insistente al "Cartel de Medellín" como el único factor de peligrosidad para Esta dos Unidos y, pudiéramos decir, para el mundo. Alberto Lleras se refería en 1979, en uno de sus comentarios periodísticos semanales a una crónica de Time de Nueva York, intitulada "The Colombian Connection". Advertía que con ese título y en esa revista de tan vasta circulación en el mundo, "el dudoso honor de estar narco tizando, envenenando y

Coyuntura corrompiendo a millo nes de norteamericanos (nuestro país) ya va camino de todos los archivos, todos los computadores especializados, todas las fuentes de información sobre nuestro país y la América Latina y se seguirá usando por los próximos diez años, o más, en las universidades, en las escuelas, en los colegios de segunda enseñanza, y dondequiera que alguien quiera saber qué pasa con Colombia..." De modo que la constancia reiterada en el Documento final de Cartagena, de que también hace parte del problema de la lucha antinarcó ticos el altísimo consumo de cocaína en Estados Unidos, es una importante aproximación a la verdad, difundida por los miles de corresponsales de los medios de comunicación que estuvieron presentes en Cartagena. Dejábamos de ser el país de "The Colombian Connec tion". Sin embargo, ese aspecto de la evaluación de la globalidad del problema no impide señalar que el Documento final de Cartagena fue más enunciativo de propósitos generales que definitorio de medidas concretas para un tiempo inmediato. El Documento final de la Conferencia de Carta gena ofrece un anticipo de consultas posteriores a los respectivos gobiernos de los países participantes, así como a la Cumbre Económica de Houston, Estados Unidos, que se celebrará en julio de esté año entre las siete grandes potencias financieras; a las Naciones Unidas; a las instituciones económicas multilaterales; a las reuniones de ministros de la OEA, Organización de los Estados Americanos, y de la CICAD, Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de las Drogas; a los organismos especializados de las Naciones Unidas y la Conferencia Mundial sobre el Control de las Drogas

La conferencia de presidentes de Cartagena… ilícitas que se llevará a cabo en Londres en abril de este año. Está prevista, además, una reunión de seguimiento de la Cumbre de Cartagena. Colombia , Perú y Bolivia a la espera de la ayuda efectiva para el desarrollo alternativo Para el logro de un desarrollo alternativo que sustituya la economía de producción del narcotráfico, era indispensable el estímulo en términos reales del comercio y la inversión de Colombia, el Perú y Bolivia. Una de las peticiones formuladas por el presidente Barco al presid ente Bush, con anterioridad a la Conferencia de Cartagena, fue la de que Estados Unidos contribuyera efectivamente a reanimar el Acuerdo Internacional del Café, suspendido desde junio del último año, por una actitud de Estados Unidos favorable al libre comercio de ese producto, suscitando un deterioro considerable de los precios en el mercado internacional, con grave perjuicio para la Balanza de Pagos de nuestro país. Está, además, pendiente el reclamo de Colombia por el impuesto ordenado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a la importación de las flores colombianas, que no las haría competitivas en dicho país. Perú y Bolivia necesitan igualmente la apertura de mercados para sus exportaciones. Al propio tiempo, el presidente Paz Zamora de Bolivia fue muy enfático en sus declaraciones a la prensa, en el sentido de que la eliminación de los cultivos de coca necesitaría una compensa ción en dinero y un tiempo prudencial para que haya una cosecha de nuevos productos. "Si arrancamos las matas de coca, dijo Paz

Coyuntura Zamora en Cartagena, yo qué hago con los campesinos". En palabras semejantes se expresó Alan García, y ambos mandatarios estimaron indispensable una ayuda financiera para la sustitución de cultivos cercana a los US$1.000 millones para cada país. En esa forma, el llamado desarrollo alternativo tiene relación, en el contexto de la Declaración final de Cartagena, con el problema anterior y, por eso, el documento expresó: "A medida que esta lucha tenga éxito, los que se dedican al cultivo de la coca y a su primera elaboración, buscarán fuentes supletorias de ingresos por sustitución de cultivos o por cambio de empleo. Las partes colaborarán a fin de hallar actividades financiadas por el exterior que produzcan ingresos alternativos". Los montos y procedencia de esos fondos de ayuda no quedaron determinados en el documento de Cartagena. Antes bien, Estados Unidos hizo la advertencia de que tan solo "están dispuestos a considerar el financiamiento de actividades tales como la investigación, la divulgación, el crédito y otros servicios de apoyo a la agricultura y el respaldo a iniciativas dirigidas por el sector privado para la formación de microempresas y agroindustrias. Así mismo, los Estados Unidos cooperarán con las partes andinas para promover mercados viables tanto nacionales como externos a fin de colocar la producción generada por los programas de desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos". A pesar de esas limitaciones que aparecen en el texto del Documento final, el expresidente Carlos Lleras Restrepo en artículo aparecido en El Espectador (25.II.90), esboza la creencia de que en las conclusiones de Cartagena "aparece como un principio de resurrección de la "Alianza para el Progreso". No está

La conferencia de presidentes de Cartagena… indicada, sin embargo, ni directa ni indirectamente esta consecuencia, toda vez que no hay mención alguna de ella en el texto de las conclusiones de la Conferencia del 15 de febrero, ni en las declaraciones posteriores de los cuatro presidentes. La "Alianza para el Progreso" fue la iniciativa de un presidente demócrata de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1961, y es improbable que sea revivida en los mismos términos por un presidente republicano. Cabe mencionar, en el mismo sentido, la informa ción dada en el Miami Herald (21.H.90), de que "a comienzos de este mes, la administración Bush anunció un recorte del 36 por ciento en los fondos de apoyo para Latinoamérica. Al mismo tiempo, anunció nuevos programas de ayuda para los países de Europa Oriental, tales como Polonia y Hungría". La coyuntura internacional europea ha creado para Estados Unidos una urgencia innegable de sostenimiento de los regímenes que han escapado -a la sombra de la "perestroika" y el "glasnost"- a la satelización del régimen soviético. La suposición de una "Alianza para el Progreso", como resultado de la Conferencia de Cartagena no está en el orden de las co sas, o si se quiere, de las urgencias de la política global de Estados Unidos. La formulación de futuros encuentros de Estados Unidos con los países andinos que asistieron a la Conferencia de Cartagena se repite una y otra vez en el Documento final, y en lo concerniente al estímulo de las exportaciones y a la inversión extranjera privada, dice únicamente: "Las partes buscarán conjuntamente el crecimiento del comercio entre los tres

Coyuntura países andinos y los Estados Unidos, facilitando efectiva mente el acceso al mercado de los Estados Unidos y fortaleciendo la promoción de las exportaciones, incluyendo la identificación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos exportables. Los Estados Unidos también considerarán la facilitación de la debida asistencia técnica y financiera para ayudar a que los productos agrícolas andinos cumplan con los requisitos de admisión". La Conferencia de Presidentes de Cartagena se efectuó en un momento crítico para los países andinos, cuyas medidas internas para combatir el narcotráfico se hallan agotadas en su eficacia y requieren el complemento de la cooperación de Estados Unidos y Europa. El narcotráfico no es un problema nacional, sino eminentemente internacional. Infortunadamente, los resultados de la Conferencia de Cartagena se cifran en el reconocimiento de algunas estrategias nuevas en el campo económico, sin soluciones reales a corto y mediano plazo. Se han proyectado demasiadas consultas con organismos internacionales que no son asunto de pocas semanas y el mismo Documento final prevé un largo camino por recorrer, cuando dice: "Las partes negociarán acuerdos bilaterales y multilaterales, de conformid ad con sus accio nes en contra de las drogas ilícitas, en los que constarán sus responsabilidades y compromisos con respecto a la cooperación económica y a la intensificación de las medidas de control".

La conferencia de presidentes de Cartagena… Falta de precisiones sobre el patrullaje naval y aéreo en el área del Caribe y en Colombia, Perú y Bolivia

No fueron expuestos en el Documento final las formas del control aéreo y naval de Estados Unidos en el área del Caribe y los espacios de Colombia, Perú y Bolivia con suficiente claridad. Aunque se alude en el ordinal B-3 a algunos aspectos. Sin embargo, con posterioridad a la Conferencia de Cartagena se han registrado incursiones navales y aéreas en Colombia que han sorprendido a la opinión pública. En la primera semana de enero último, el New York Times reveló la presencia en aguas del Caribe de una fuerza naval de tarea, integrada principalmente por el portaviones "John F. Kennedy", para un bloqueo de la costa colombiana, con el fin de impedir el envío de cocaína hacia Estados Unidos. La palabra "bloqueo" tenía una resonancia inadmisible para Colombia y, de todas maneras, el ministro de Relacio nes Exteriores de Colombia, Julio Londoño, declaró enfáticamente que nuestro gobierno no había solicitado tropas, barcos de guerra, ni aviones de combate de otro país en sus aguas territoriales. La fuerza de tarea de Estados Unidos desvió su curso hacia una de las bases navales norteamericanas. De igual manera se anunció que una red de radares sería instalada a lo largo de la ruta aérea de Colombia, Perú y Bo livia. Hay la sensación de que Estados Unidos desarrolla operaciones de control de la navegación entre Colombia y su territorio insular de San Andrés y Providencia y de sobrevuelo en distintas partes del país. Recientemente un buque de cabotaje de bandera colombiana llamado "Tatu" fue

Coyuntura detenido por una nave de Estados Unidos y requisada durante nueve horas sin encontrar ningún rastro de drogas. En otra ocasión un avión-espía de Estados Unidos hizo un aterrizaje forzado en los Llanos Orientales de nues tro país. La DEA prohibió que autoridades colombianas se acercaran al avión en emergencia. Como antes lo dijimos, la Conferencia de Cartagena ha dejado más incógnitas que solucio nes. Ha quedado pendiente el debate sobre la verdadera naturaleza de la guerra del narcotráfico adelantada por un solo país, Colombia, con medios militares, cuando Estados Unidos adopta una actitud que alcanza a ser permisiva del consumo de cocaína. Para muchos comentaristas autorizados de Estados Unidos y de otros países europeos se trata de un vicio, o de un hábito para otros, que requiere terapéuticas adecuadas de índole curativa o previsiva, así como un proceso educativo de la juventud. Las operaciones militares vienen a ser una forma drástica pero no la única de combatir el narcotráfico en sus distintas fases. El ensayo de Hernando Gómez Buendía, publicado en "Lecturas Dominicales" (12.XI.1989), plantea con mucha objetividad el problema de "¿Cuál gue rra?" se está adelantando en Colombia. Aparte de los factores socioeconómicos que mantienen el consumo en Estados Unidos y que impiden o dificultan la restricción de la producción, la tesis de The Economist de Londres y del profesor Milton Friedman, sostiene que el excesivo control de las materias como el alcohol en los años veinte en Estados Unidos o la cocaína en Colombia en la actualidad intensifican el contrabando, con la secuela de las grandes ganancias y la aparición de los grupos criminales que buscan el control del mercado de abastecimiento con muy altos precios.

La conferencia de presidentes de Cartagena… El debate está abierto entre los partidarios de la política represiva que adelante Colombia con grandes sacrificios materiales y humanos, mayores que los de cualquier otra nación en el mundo, o de quienes sostienen la conveniencia de implantar los controles para el suministro de las dosis individuales con una política educativa y de recuperación física de los drogadictos. Son dos puntos de vista que tienen sus partidarios y enemigos.

Coyuntura ¿HACIA DONDE VA LA PERESTROIKA? Diego Cardona * El siglo XX ha presenciado algunos eventos de extraordinaria importancia: dos guerras mundiales y centenares de conflictos regionales, revoluciones, transformaciones científicotecnológicas impensables hace pocos años, la polarización del mundo en dos grandes bloques militares e ideológicos, las diferencias protuberantes entre Norte y Sur, el proceso de descolo nización afroasiático. Al acercarnos al final de la centuria, presenciamos la importante serie de acontecimientos constituida por los cambios en la Unión Soviética y Europa Oriental, con una posible redefinición de las fronteras europeas y de algunos aspectos aplicados de la ideología marxista. Pese a que hablar de la perestroika se ha convertido en un lugar común, no existe consenso en nuestro medio sobre el significado económico y político del término y sobre sus efectos en las relaciones internacionales. Se ha sostenido equívocamente que el eje de la misma son las reformas políticas, o se desconocen los cambios efectuados a otros niveles. Para algunos se trata de la introducción pura y simple del capitalismo en la URSS. Para otros ligeramente más ilustrados el asunto se restringe a las reformas económicas propuestas en el libro de Gorbachov y, en fin, para los más se trata de una palabra que esconde un contenido difuso. Los próximos años presenciarán discusiones sobre el tema en todo el mundo. La importancia del proceso hace necesaria *

Antropólogo e internacionalista, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

¿Hacia dónde va la Perestroika? una primera aproximación descriptiva de las orientaciones básicas y de la naturaleza real de las reformas emprendidas hasta el momento. El problema de la poca competitividad de los regímenes de planificación centralizada ya se había planteado en más de una ocasión. También es conocido que el problema nacional nunca fue realmente resuelto en Europa, especialmente en el Este y con mayor razón en ese Imperio heterogéneo e inmenso que es la URSS. De otra parte habían existido polémicas frente a las nociones del leninismo y en especial del stalinismo, y ha habido brotes esporádicos de disidencia. Pero el verdadero comienzo del actual proceso coincide con los primeros años de la década de los ochenta. En pleno recrudecimiento de la segunda guerra fría, ya desde 1982, el pres tigioso Instituto de Economía Mundial venía publicando en la Unión Soviética una serie de estudios económicos que mostraban que la URSS no podría ser un país competitivo frente a otras potencias, para la década de los noventa, salvo si cambia ba aspectos importantes de su política económica. En efecto, el peso del gasto militar, la preponderancia de la industria pesada, el abandono de la industria de bienes de consumo, el desangre económico y humano que comenzaba a representar la guerra de Afganistán, la burocratización de la vida política y económica, la falta de incentivos materiales para los trabajadores, eran manifestaciones de un mal profundo: la esclerosis de un sistema y su poca adaptabilidad a las nuevas situaciones del mundo. Con el avance de la década se insistió en la necesidad de reformas económicas y políticas, y de una apertura a la ciencia y la tecno logía de los países desarrollados (Occidente y Japón),

Coyuntura pero ello no podía hacerse dentro de las concepciones brezhnevianas. Un factor muy importante en los cálculos de los líderes soviéticos es el gasto militar. Recorde mos que luego de la crisis económica mundial de comienzos de los ochenta, el gobierno de Estados Unidos procedió a la reactivación de su economía mediante el estímulo a la dema nda interna y el desarrollo de los servicios de nueva generación, y también apoyando de manera decidida al complejo industrialmilitar, con lo cual lograba dos objetivos: incrementar el potencial bélico de su país en medio de una nueva fase de la guerra fría, por medio de los encargos de armamentos, activar las industrias con fines militares directos e indirectos y, por ende, el empleo. No debe olvidarse que la administración Reagan optó por incrementar el gasto bélico, recortando el presupuesto del Estado en otros rubros tales como educación, servicios a la comunidad y salud pública. En otro sentido la idea era, como sucedió desde tiempos de Eisenhower, ejercer una fuerte presión sobre la economía soviética. En el aspecto estratégico, la URSS se veía así en la penosa obligación de estar a la altura del gasto militar de sus adversarios. El atraso tecnológico en sectores de la importancia de los computado res, el software, la fabricación de microcircuitos, la biotecnología, es decir, en sectores de punta de la nueva industria, hacía más difícil y costoso mantener el equilibrio. El desmesurado costo de una posible respuesta a la Iniciativa de Defensa Estratégica de los Estados Unidos, mal llamada "Guerra de las galaxias", constituía una carga adicional para los soviéticos. Frente a los nuevos hechos no podía continuarse con el tradicional mantenimiento de un poder militar semejante al de los Estados Unidos, a costa de continuar y aun

¿Hacia dónde va la Perestroika? agravar la situación de descontento de la población. Ello implicaba entrar al siglo XXI como un país de gran potencial militar pero subdesarrollado en otros sectores, un poco a la manera de China aunque con un mejor nivel de vida. Al mismo tiempo, los proyectos de la unidad europea a partir de 1993 y la competencia creciente de Japón y los países del Pacífico, representaban nuevos factores en el escenario mundial. Los países de Europa Oriental estaban también condenados a convertirse en productores de baja calidad y poca diversificación de diseño, mientras la CEE bajaba costos de producción y representaba en potencia un gigante del lado occidental del continente europeo, con el mayor mercado efectivo del mundo y su segundo lugar como potencia económica después de los Estados Unidos y por encima del Japón78 . El ascenso al poder de Mijail Gorbachov en 1985 marca en perspectiva uno de los episodios más importantes de nuestro siglo, si los cambios ya comenzados logran consolidarse. En efecto, el diagnóstico del Instituto de Economía Mundial, con todo lo correcto que pudiera ser, no hubiera tenido mayor efecto de no haber sido acogido por sectores responsables de decisiones políticas y económicas dispuestos a realizar los cambios que la situación requería. Es así como Gorbachov y su equipo han emprendido una labor que en lo fundamental consiste en un proceso de reestructuración (perestroika) y otro simultáneo de transparencia en dirección

78

Con sus 320 millones de habitantes, el Producto Bruto de la Comunidad Económica Europea se calcula en tres mil millones de dólares, doblando el monto del Japón aun cuando está por debajo de los Estados Unidos.

Coyuntura

¿Hacia dónde va la Perestroika?

hacia la vida democrática realmente participativa (glasnost).

tecnología o que no están en capacidad de vender sus productos por baja calidad.

Los principales cambios han sido:

Una segunda reforma se dirige a estimular las industrias de bienes de consumo para satisfacción de la población. En este punto, cabe anotar que en 1989, por primera vez en toda la historia de la URSS, el ritmo de crecimiento de los bienes de consumo superó el de la industria pesada. De todas formas, ese proceso debería tener continuidad durante toda la década para producir resultados notorios en el nivel de vida de la población soviética.

EN LA ESFERA ECONÓMICA En primer lugar, el desmonte del centralismo: desde las primeras etapas de la revolución, comenzando por la aplicación de la "Nueva Política Económica" se había establecido un rígido centralismo en la planificación y en la toma de decisiones en general. Las iniciativas podían provenir de la población y sus diversas agrupaciones gremiales, profesionales y por empresas y regiones, pero las decisiones eran finalmente asumidas de manera rígida en la cúspide de la pirámide, sin explicaciones ni oposición posible. Con ese régimen se estable ció en el pasado en la URSS un manejo burocrático y en ocasiones autocrático de la vida económica, sin autonomía de las instancias medias. A partir de las reformas que se anunciaron en la segunda mitad de los ochenta anterior, cada sector de la economía y cada empresa comenzaron a tener autonomía para determinar el nivel óptimo de producción, las necesidades reales de insumos y su procedencia, los procedimientos de trabajo más aconsejables, la cantidad y calidad de trabajadores requeridos -en lugar de la determinación artificial de empleo-, la cantidad y calidad de la producción y los precios a fijar en el mercado de acuerdo a sus leyes. Se exceptúan las indus trias estratégicas, las cuales por obvias razones conservan un estricto control estatal. Esa auto nomía implica la responsabilidad por las ganancias y pérdidas, la disponibilidad para pago de mayores salarios y obviamente el cierre de industrias ineficientes, de vieja

Otro aspecto central tiene que ver con el proce so de reconversión tecnológica: es sabido que las industrias se vuelven obsoletas por envejecimiento de materiales, por transformaciones del mercado o por nuevas tecnologías puestas en operación por industrias competidoras. En Europa Occidental se efectuaron importantes cambios en la dirección de la reconversión industrial -a un alto costo social, por demás- mediante medidas que se aplicaron primero en la República Federal Alemana y luego en Holanda, Francia, Gran Bretaña, Italia y España en especial, si bien se trató de un movimiento más o menos generalizado desde finales de los setenta. Ese proceso, que también se dio en Estados Unidos y Japón, no ha tenido lugar en Europa Oriental y mucho menos en la URSS. Uno de los fundamentos de las actuales reformas consiste en esa renovación del parque científico-tecnológico y productivo por medio del cierre de empresas y fábricas de tecnología obsoleta, por ser poco productiva o altamente contaminante, por utilizar demasiada mano de obra, o por no encontrar compradores para sus productos; también por la apertura de nuevas empresas de alta tecnología, con

Coyuntura un alto costo incorporado y, por ende, con importación de tecnología o capital79 .-En una primera fase puede existir un incremento del desempleo, como sucedió en Europa Occidental, pero el proceso debe acompañarse de medidas que permitan la adaptación de los trabajadores de las antiguas empresas a las nuevas tecnolo gías, y la capacitación y especialización de los nuevos trabajadores requeridos. El sistema educativo y el de capacitación tecnológica intermedia deben modificarse para acompañar este proceso. Otra serie de medidas económicas tiende a sanear el enorme déficit presupuestal del país: al efecto, se comienzan a tomar medidas de importancia como la reducción aún tímida del gasto militar, pero en proceso creciente. Ha comenzado, además, un proceso gradual de cierre de empresas ineficientes y, por ende, deficitarias; en los próximos meses veremos posiblemente la aplicación de una medida ya aprobada de introducción de accionistas occidentales y probablemente japoneses en algunas empresas, con lo cual desciende el gasto estatal. Un asunto aparte es que la situación de pleno empleo venía garantizándose mediante un procedimiento artificial: la asignación a las empresas, fábricas y granjas estatales de un número de trabajadores superior a las necesidades reales. En cierta forma, con la gradual desaparición de esta medida, puede producirse un incremento del desempleo que posiblemente será asumido en contrapartida por el Estado, mediante el expediente de subsidios a los desempleados, pero de carácter descendiente mes tras mes, tal como 79

Véase el informe de Gorbachov ante el Parlamento, marzo de 1990.

¿Hacia dónde va la Perestroika? existe en los países más desarrollados de Europa Occidental 80 . Una medida complementaria tiene que ver con la economía subterránea: su existencia no es de por sí un serio problema para la economía de un país, como lo demuestra el caso italiano en el cual dicho sector representa un porcenta je muy importante del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual no ha impedido que Italia sea la sexta potencia industrial del mundo. Pues bien, en el caso soviético la economía subterrá nea representa un porcentaje que no se ha calculado debidamente, pero que según algunos analistas puede llegar al 20% del PIB del país. Reconocer su existencia y permitir su libre funcionamiento tiene ventajas evidentes no sólo en el sistema productivo sino en los aspectos fiscales. Uno de los proyectos más importantes de las reformas económicas de Gorbachov va en esa dirección. EN EL CAMPO POLITICO En cuanto al tema de las libertades políticas y la transparencia de la vida democrática, las reformas de Gorbachov tienden a una mayor participación de la población en las decisiones y a un desmonte gradual de la tutela del Partido Comunista. Recordemos que comenzando el siglo, Lenin publicó la obra que 80

En la mayor parte de estos países el trabajador temporalmente desempleado recibe el 100% del salario promedio del último año, durante los primeros seis meses de paro laboral. Luego comienza a recibir cuotas decrecientes. En algunos países europeos recibe de acuerdo a su propia cotización y participación previa en una especie de seguro para cubrir la eventualidad del desempleo. A mayor cotización, mayor ingreso en caso de encontrarse sin trabajo.

Coyuntura constituye el fundamento de su concepción sobre el Partido y el Estado: Qué hacer. En dicha obra, el que después se convertiría en el más importante inspirador del socialismo marxista en la URSS, argumentaba que en la Rusia de su tiempo sólo existía la autocracia zarista con la nobleza y los pocos grandes propietarios de la industria y la tierra por un lado, y por el otro los desposeídos del campo y las ciudades, los campesinos y trabajadores. Y que cualquier reivindicación de estos últimos confrontaba directamente a las clases altas, por la inexistencia de una amplia clase media y la falta de cultura política de la población en general. En esas condiciones -afirmaba- era imposible pensar para Rusia en el establecimiento de un Partido de masas a la manera occidental y, por el contrario, era necesaria una agrupación rígidamente centralizada y altamente selectiva de conspiradores profesionales, que pudiera asumir el poder err nombre de las masas sin cultura política. Esa concepción leninista del partido político se impuso en Rusia en el momento de la Revolu ción y luego con las purgas sucesivas de Lenin y Stalin, llegando a dominar la vida política y económica, con exclusión del juego político a otras colectividades o anulándolas mediante la imposición burocrática. Con el tiempo, el Partido llegó a tener una visión patrimonialista del Estado y se confundió con éste a tal punto que el ingreso al Partido se convirtió en el mejor mecanismo de cooptación en el seno del Estado, no sólo en la URSS sino en los demás países de Europa Oriental. La corrupción, el clientelismo y la indebida utilización de los haberes del Estado se convirtieron en la norma. Las primeras reformas políticas del período Gorbachov se han dirigido en primera instancia a depurar de manera gradual la burocracia del Partido en los

¿Hacia dónde va la Perestroika? niveles locales, regionales y na cionales. Esto se expresa en la sustitución de la gerontocracia por miembros más jóvenes y en la agilización de la administración pública, aus piciada desde el poder central. Gorbachov ha desarrollado una remoción gradual de la vieja guardia, a la cual ha contribuido eficazmente la presión popular que comienza a aparecer en el país. Por otra parte, con el principio de autosostenimiento de las empresas, comienzan a desaparecer los administradores ineficaces. Parte de la burocracia del Estado se irá recortando poco a poco con la disminución de funcio nes estatales en ciertos sectores de la actividad económica. De todas formas subsiste aún el grueso de los funcionarios enquistados en el aparato estatal, y sólo la separación efectiva entre Estado y Partido podría garantizar un cambio en este punto. La reforma del artículo 6o. de la Constitución, la cual está sujeta a confirmación por el XXVIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) a celebrarse a mediados de 1990, es quizás el hecho más trascendental desde el ascenso de Gorbachov al poder. De dirigir completamente los destinos del Estado, el Partido pasará a "participar" parcialmente en su dirección81 . Ello implica que el Estado no será en el futuro dirigido por el Partido y que no le pertenece a los miembros de éste, con lo cual tiende a desaparecer la noción patrimonial y burocrática. Habrá mayor rotación en los cargos estatales y el PCUS tendrá que luchar en el futuro por conservar sus posiciones y privilegios en la administración estatal, me diante 81

El artículo reformado decía que el "Partido dirige la función del Estado". La nueva versión dice que "contribuye a las labores del Estado"

Coyuntura programas renovados, captación del voto de los ciudadanos en competencia con otros partidos y tendencias políticas y gremiales. Esta reforma abre la puerta al régimen multipartidista y a las elecciones libres, dando de paso un rudo golpe a la burocracia del Partido. En otro sentido, la importancia dada por Gorbachov a los derechos humanos es una de sus iniciativas más notorias y excepcionales: desde el comienzo de su mandato se dio curso cada vez más abierto a las autorizaciones para emigrar a los judíos y a miembros de otras nacionalidades. Además, se ha venido cambiando el tratamiento a los disidentes políticos que no han cometido delitos mayores, comenzando por la liberación y el posterior ingreso al Congreso del físico Andrei Sajarov, recientemente fallecido como héroe y precursor de un proceso de apertura impensable en la época brezhneviana. Hecho muy importante, el tratamiento psiquiátrico como mecanismo de control político comienza asimismo a desaparecer. El establecimiento gradual de una serie de libertades individuales es un nuevo elemento de gran importancia en este proceso. Falta empero por consagrarse en la práctica la libertad de desplazamiento y de asociación con la posibilidad de conformar sindicatos independientes, como ha sucedido en Polonia. Se ha facilitado también en gran medida el desplazamiento de ciudadanos fuera del país, limitado seriamente por razones económicas pero no políticas: no poseen divisas fuertes para asumir el alto costo de vida en Occidente. La prensa y en general los medios de comunicación de masas han sido los primeros favorecidos con el glasnost. Tímida pero segura comienza a existir libertad de expresión, libertad para cubrir

¿Hacia dónde va la Perestroika? casi simultáneamente reuniones importantes del Parlamento, e incluso del Politburó, para registrar las diferencias de opinión de la cúpula dirigente, denunciar a funcionarios corruptos o ineficaces. Cierto es que el Estado conserva el monopolio del papel y de las frecuencias de radio y televisión, pero no se trata de una situación exótica pues ella se observa también en varios países occidentales desarrollados 82 . La posibilidad de que los trabajadores acudan a la huelga como un mecanismo de presión para lograr sus propósitos laborales, acaba de consagrarse, aunque en circunstancias excepcio nales. Dicha medida implica un cambio de enorme importancia por cuanto el descontento, la falta de motivación e incentivos materiales, la mala administración, no tenían ningún mecanismo de expresión con el pretexto de que siendo un país de los trabajadores, la huelga hubiera sido absurda. A partir de ahora, la dirigencia de los sectores de la producción puede verse presionada en muchos sentidos. Puede presentarse en verdad cierta agitación tempo ral e inusual mientras se produce un período de ajuste, pero es una libertad de importancia en el camino de la democracia entendida como participación popular en las decisiones. El establecimiento de un Parlamento con mayoría de miembros elegidos por votación popular directa ha sido también un paso funda mental en el proceso de democratización. El Partido pierde buena parte de su poder burocrático sobre los ciudadanos y debe ganar sus votos en concurrencia con otros grupos. Además, 82

Para el caso, la casi totalidad de los países del occidente europeo. Incluso el ciudadano debe pagar una cuota especial mensual por derechos de utilización de aparatos de radio y televisión.

Coyuntura la participación activa y directa del ciudadano en este tipo de decisiones es no sólo democrática sino un principio importante de motivación. La creación de una Presidencia fuerte según el modelo francés y norteamericano, no sólo protocoliza el fin de la práctica leninista del Partido y su separación del Estado, sino también la intermediación de la pobla ción y no de la burocracia en las decisiones. LAS RELACIONES INTERNACIONALES Las reformas han ido acompañadas en el ámbito internacional por medidas y propuestas no menos importantes, la más notoria de las cua les es el retiro de Afganistán y la disminución de tropas en los frentes occidental y oriental83 . En efecto, se prevé el retiro de efectivos de Europa Oriental en dos años y la reducción drástica de tropas, material de guerra y misiles nucleares en la parte europea de la URSS. Estas medidas se han complementado con propuestas de reducción de armas nucleares y el impulso a las conversaciones estratégicas START que buscan la reducción de los arsenales a la mitad, manera ideal de obviar el problema de la presión norteamericana en el aspecto militar. De la misma forma, una reduc ción del potencial militar de la OTAN y del Pacto de Varsovia podría favorecer a Gorbachov y a la URSS, pudiendo dedicar mayor energía y recursos a las nuevas tecnologías y al 83

Son notables al respecto las propuestas de diciembre 7 de 1988 en la Asamblea General de Naciones Unidas que iban en esa dirección. No sólo se ha planteado el retiro total de tropas de Europa Oriental sino las reducciones de armamen to químico y medidas de verificación.

¿Hacia dónde va la Perestroika? desarrollo de una industria fuerte en medios de consumo. En otro sentido, se ha dado un impulso a cambios semejantes en Europa Oriental. Una primera manifestación importante en esa dirección se produjo a comienzos de 1989 a raíz de una reunión ordinaria del Comité Político del Pacto de Varsovia, compuesto por los secretarios de los Partidos Comunistas de los países miembros. En esa ocasión, Gorbachov expresó el derecho de cada país a escoger su propio camino 84. En el marco de la diplomacia multilateral, es sabido que el proceso de integración de la Comunidad Económica Europea implica la próxima existencia de un gigantesco bloque económico y político en el occidente europeo. Una de las políticas de Gorbachov, no sólo en pro de la distensión sino como oposición a dicho blo que, es su propuesta de construcción de la "casa común europea". Para ello requiere un alto grado de normalización política con los demás países europeos. La más importante de esas propuestas fue enunciada en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo, la semana previa a la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa de 1789 85 .

84

Una primera versión (marzo de 1989) que mencionaba "el derecho de cada país a escoger su propio camino para la realización del socialismo" fue sustituida por otra expresada a finales de 1989 como "el derecho de autodeterminación de cada país" de Europa Oriental, en especial para hacer referencia a los casos rumano y alemán. 85 El Consejo de Europa no tiene propósitos militares ni especificamente económicos. Tiende a impulsar la cooperación entre sus miembros sobre la base de una serie de valores comu nes. Se considera más anfictiónico que la CEE, de ahí que haya sido escogido por Gorbachov para su importante propuesta.

Coyuntura Y por lo que concierne a la diplomacia multilateral intrasocialista son conocidas las presiones sobre sus socios del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o COMECOM) las cuales han propiciado un principio de reestructuración de dicha Organización, que conducirá al comercio entre los países miembros a precios de mercado con descuentos muy pequeños, sin subsidios especiales para ninguno de ellos, estimulando la creación y utilización de monedas convertibles 86 . No olvidemos que la parte europea de la URSS, por tamaño, población, recursos y producción, es más importante que todos los demás países de Europa Oriental juntos, lo cual crea una importante asimetría. También se debe tener en cuenta que es el país más grande de toda Europa, realidad que suele olvidarse en los análisis. Además, su parte allende los montes Urales lo convierte en el mayor país de Asia. Como se ve, las reformas de Gorbachov tienden a abrir el sistema, a hacerlo más participativo, a superar la burocratización del Partido y a desmontar las viejas aplicaciones del leninismo. Se trata de establecer mecanismos de competencia, incentivos materiales, mayor participación de la población en las decisiones, mejores bienes de consumo. Quizás el modelo en cuanto a bienestar es el de los países adelanta dos de Europa Occidental, como los nórdicos. Se trata de mejorar el sistema, abriéndolo interna y externamente, sin que ello signifique transitar por el camino que conduce a formas del capitalismo sin contenido social. En efecto, pese a las múltiples 86

Sobre las reformas del CAME o COMECOM, ver: Diego Cardona, "El COMECOM y la apertura del Este, Un laboratorio económico", en El Espectador, Sección del Mundo, 12 de enero de 1990

¿Hacia dónde va la Perestroika? reformas efectuadas y anunciadas, incluyendo el régimen de propiedad de la tierra, la economía privada no alcanza aún al 5% del total de la producción. Lo verdaderamente importante es que se trata del establecimiento de una serie de principios contrarios a toda forma autocrática del Partido, normas de respeto estricto a los derechos humanos, de convivencia y de cierta economía mixta gradual, con posibilidades de incorporación de inversiones y tecnología extranjera. Si el modelo funciona, convertiría a la Unión So viética del siglo XXI en una potencia económica que aplicaría ciertos principios democráticos y una especie de "socialismo en libertad", haciendo desaparecer el conflicto EsteOeste pero siendo una de las grandes potencias mundiales y compartiendo responsabilidades en el destino europeo. El punto más difícil es saber si pueden combinarse las conquistas sociales con las libertades políticas, y la gradual libertad económica. En esta dirección, la actividad de las organizaciones sociales libremente deter minadas debe constituirse en un factor fundamental de cambio. Sólo el surgimiento y desarrollo de una fuerte sociedad civil podría garantizar la consolidación de las reformas emprendidas en una primera fase desde la cúpula. LAS FUENTES DE OPOSICION A LA PERESTROIKA Su identificación en el caso soviético constituye un asunto de la mayor importancia para comprender debidamente el proceso actual. Son ellas: 1) El sector conservador del Politburó y del Partido Comunista en general que se resiste a los cambios, máxime teniendo en cuenta que lo s mismos pueden desatar la libre expresión de las minorías étnicas y políticas antes acalladas. Además, la pérdida de poder del Partido y de vigencia

Coyuntura del leninismo es vista como un sacrilegio por la vieja guardia. La resistencia de este sector se ha venido expresando en forma de oposición política, y en el Partido, tratando de bloquear separación de este Partido y el Estado. El líder visible de esta facción, Igor Ligachev, ha recibido empero un duro golpe con el triunfo de la propuesta de Gorbachov sobre elección directa del presidente, esta vez con poderes que le garantizan auto nomía respecto del Partido y sobre todo, con un primer nombramiento hecho por el Parlamento. 2) La burocracia, que puede ver en peligro su poder político y económico. Su forma de expresión es el bloqueo pasivo a las iniciativas, sobre todo a nivel de los mandos medios, y el retardo a la producción de bienes y servicios con el consiguiente bloqueo parcial al gobierno de Gorbachov y los reformistas. 3) Algunos sectores militaristas, para quienes la perestroika significa pérdida de poder en el Partido y el Estado, lo mismo que restricciones presupuestales de importancia con la consiguiente reducción de las Fuerzas Armadas y de su poder. 4) Los trabajadores y campesinos que en una primera instancia pueden perder sus trabajos como consecuencia de la ruptura de la artificial situación de pleno empleo. Esos desempleados constituirán una fuente de problemas sociales de importancia en el país. Sin ser nostálgicos del poder pueden añorar al antiguo statu quo. 5) Muchos nacionales de la República Rusa, otrora hegemónica en la Unión Soviética. El respeto a la autodeterminación de las nacionalidades puede llevar a secesiones temporales previas al establecimiento de una posible Confederación, o en un caso extremo, a la pérdida de algunas repúblicas para la URSS. Se perde ría con ello la hegemonía del ruso como idioma oficial de muchas regiones del vasto imperio, y los

¿Hacia dónde va la Perestroika? funcionarios rusos se verían obligados a regresar a su país. Sin embar go la asimetría entre Rusia y los demás países que conforman la URSS y entre ésta y sus vecinos europeos es tal que, aun después de un posible proceso de secesión, la influencia rusa debe seguir siendo de vastas proporciones, quizás sólo balanceada por la presencia de una posible Confederación alemana y por un activismo muy grande de la CEE. 6) El sector de oposición encabezado por Yeltsin, el antiguo alcalde de Moscú, para quien las reformas deben ser más radicales y rápidas. Recordemos que Yeltsin llegó al Parlamento derrotando al candidato oficial del PCUS, gerente de la fábrica de autos de la gran burocracia central del país, lo cual lo hace doblemente significativo. Por otra parte, su movimiento crece día tras día. Su radicalismo puede servir a Gorbachov mostrándolo como reformador cauto y moderado frente a los sectores conservadores, pero puede desencadenar una oposición que capte el descontento, produciendo de paso un eventual fortalecimiento de la reacción, dando al traste con todo el proceso. 7) Debido al peligro real de la desmembración de la URSS y del incremento de las protestas étnicas en los países de Europa Oriental, algunos nacionalistas soviéticos pueden ver en la perestroika un peligro para la unidad y el poder del país. Estando de acuerdo con las propuestas económicas y algunas de las políticas, se oponen a la largueza en el tratamiento del problema nacional por parte de Gorbachov. Eventualmente podrían coaligarse con sectores conservadores o con los mismos rusófilos. En cualquier caso, debe recordarse que las quince repúblicas que conforman la Unión Soviética poseen, por lo menos en principio, el derecho constitucional de retirarse de ella. No sucede lo mismo con las otras treinta y

Coyuntura ocho unidades nacionales autónomas (repúblicas y regiones autónomas), las cuales en su mayoría demandarán una mayor participación en sus propios asuntos. Por lo que hace a Europa Oriental existe una diferencia en cuanto al procedimiento y el origen de los cambios. Si en la Unión Soviética se efectúa desde arriba, desde el poder del secretario general del Partido y ahora presidente de la URSS -Gorbachov, en los países de Europa Central y Oriental la presión ha venido desde abajo, desde el pueblo mismo, en ocasiones con verdaderas revoluciones como la desarrollada contra el régimen de Ceaucescu en Rumania. La razón básica es que en estos países el marxismo no fue un producto interno y autóctono sino el resultado de la imposición posterior a la Segunda Guerra Mundial con la penetración del Ejército Rojo y los activistas políticos adiestrados en la URSS que fueron luego entronizados como núcleo de los posteriores Partidos Comunistas o sus equivalentes en el poder. En cuanto a las tentativas de reforma, el primer antecedente de importancia, además de los experimentos fallidos de Imre Nagy en Hungría y Alexander Dubcek en Checoslova quia 87, está constituido por el movimiento sindical 87

Imre Nagy fue el orientador de las reformas húngaras de 1956 que condujeron a la invasión soviética. En el mismo sentido, Dubcek orientó la apertura checoslovaca de 1968, bajo el lema de "Un socialismo en libertad". Excluido del poder por la intervención soviética, ha sido reivindicado y elevado a la presidencia del Parlamento checo. Sus propuestas de hace más de veinte años son en muchos sentidos similares a las que se tratan de implantar hoy día en muchos países del Este de Europa.

¿Hacia dónde va la Perestroika? independiente de Polonia. El mismo influyó al parecer de manera marcada en los acontecimientos de la URSS y de sus vecinos. Quizás lo más importante de todos estos procesos es que han caído los gobiernos existentes en la República Democrática Alemana (RDA), Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania, en el lapso de menos de un año, hecho sin precedentes para cualquier región del mundo. Paralelamente se han establecido gobiernos multipartidistas en Polonia, Rumania, Checoslovaquia, la RDA, y pronto los habrá en Hungría y posiblemente en Yugoeslavia. Ello implica la pérdida del monopolio del Partido Comunista o su equivalente en cada uno de esos países. Incluso en cuatro de ellos Polonia, Checoslovaquia, Rumania y la RDA- existen gobiernos encabezados por no comunistas. En estos casos, el Partido Comunista conserva ministerios claves como el de Defensa. En varios casos, los anteriores partidos se han visto obligados a cambiar de nombre y de dirigentes como condición de su supervivencia política. En casi todos los países de Europa Oriental se han comenzado a promulgar reformas económicas y políticas como las enunciadas para la URSS. Se exceptúan Albania y Bulgaria, en los cuales de todas formas comienzan a producirse pequeñas reorientaciones. Otro cambio econó mico de importancia se expresa en el hecho de que Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Yugo eslavia han solicitado importantes créditos a los países occidentales y afiliación al Banco Mundial. La situación económica de Polonia y la RDA es angustiosa, y la deuda de Hungría muy

Coyuntura elevada para el standard del país 88. Por su parte, Rumania quedó en la ruina económica después de la administración de Ceaucescu. En cuanto a recursos económicos frescos, comienzan a recibirse fondos financieros sus tanciales provenientes de los países occidentales, especialmente de los europeos. Incluso la Comunidad Económica Europea (CEE), en colaboración con algunos países de la Asocia ción Europea de Libre Cambio (EFTA), ha fundado el Banco de Desarrollo de Europa Oriental89 . Sin embargo, como en el caso de la Unión Soviética, el proceso es aún muy reciente y será necesario esperar varios años para presenciar su consolidación. La situación económica puede poner en dificultades a los gobiernos de Polonia, Hungría y Rumania. Es particularmente notorio el caso de estabilización econó mica de Polonia, con un sector productivo casi paralizado, suspensión de subsidios a produc tos de primera necesidad y restricciones salariales, además de una deuda exterior muy ele vada y gran agitac ión laboral. El problema étnico y nacional, no solucionado, surge en este momento por la menor presión centralista y la apertura democrática, no sólo en la URSS sino en Europa Oriental. Recordemos que más 88

En efecto, una deuda del orden de los veinte mil millones de dólares en cada caso no sería un fardo mayor, si no fuera porque se trata de países con poquísimas reservas monetarias, una industria en general poco competitiva con las occidentales y una balanza comercial que tiende al déficit. Se exceptúa Rumania, país sin deuda externa al precio del infra-desarrollo. 89 Pertenecen a la Comunidad Económica Europea: República Federal Alemana, Francia, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, Gre cia e Irlanda. Son miembros de la EFTA: Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria e Islandia.

¿Hacia dónde va la Perestroika? del 50% de las actuales fronteras de la región son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que prácticamente el 80% son posteriores a la primera90 . Es decir, son muy recientes y no suficientemente consolidadas. Los conflictos entre eslavos, pueblos turcos y germanos se entrecruzan con el mapa lingüístico y el nacional, haciendo de la región un potencial foco explosivo de conflictos semejantes al del Líbano. Muchas de las pretensiones na cionalistas se van a expresar en secesiones, conflictos locales y partidos nacionalistas cuyos miembros no necesariamente son contrarios al PC de la URSS o de sus respectivos países, pero que ponen sus intereses regionales y de autodeterminación por encima de los del Partido respectivo, con el consiguiente conflicto político. Ese proceso de reivindicación étnica será un obstáculo temporal a la integración industrial, económica y monetaria de Europa Oriental, salvo que se logre un proceso mayor de unidad al estilo de la CEE o de Confederaciones que otorguen autonomía a regiones en conflicto. El mapa de Europa Oriental cambia rá seguramente en los próximos cinco años91 . Sin embargo, una fragmentación 90

Véase, "Six nations de L'Est á la recherche d'une politique nouvelle: Les sentiers escarpés du passage á la démocra tie", en Le Monde Diplomatique, février 1990. 91

Los posibles cambios son parcialmente el producto de la cuestión nacional no resuelta en varios países de la región. Puede citarse la tendencia secesionista de Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia en la URSS; algunas de minorías yugoeslavas, especialmente la albanesa del Kosovo y la zona magiar al occidente de Rumania. Existen también tendencias de federación de las repúblicas soviéticas del Báltico por una parte, Austria y Hungría por la otra, y quizás incluso Checoslovaquia y Polonia. Todo esto sin contar con la unidad alemana que posiblemente será un hecho en pocos meses. Y más adelante, la Comunidad Económica Europea.

Coyuntura sólo servirá a los intereses de la CEE y a los grandes países europeos. Lo único claro es que se desarrolla actualmente un proceso importante de distensión regional en el Este de Europa en la medida en que los modelos EsteOeste comienzan a ser más fluidos y pierden parte de su sentido. Posiblemente avancen rápidamente las conversaciones de Viena sobre desarme en el centro de Europa. Por otra parte, en los próximos años habrá seguramente reducciones sustanciales de las fuerzas del Pacto de Varsovia y de la OTAN, y es posible que avancen de manera sustancial las conversaciones sobre armas estratégicas entre la URSS y los Estados Unidos, al mismo tiempo que las relacionadas con desarme convencional y químico en el seno de las Naciones Unidas en Ginebra92 . El problema que subsiste de todas formas tiene que ver ante todo con el asunto alemán como veremos: la situación actual de la RDA es altamente comprome tida. Del país salen diariamente alrededor de dos mil personas, todas jóvenes en especial profesionales, trabajadores calificados, estudiantes universitarios. A dicho ritmo, serán más de 700.000 por año, lo cual para la población de 16.5 millones de habitantes del país significa un desangre de recursos humanos imposible de sostener por largo tiempo. Cierto es que esa migración también implica una carga apreciable para la RFA en la medida en que en este país hay un 10% de desempleados y que los Un excelente artículo sobre el tema es: "Le continent de 1'inquietude", en L'Hebdo, 2 novembre 1989, pp. 12 y ss. 92 Sobre el tema de los problema s del desarme europeo y los diversos escenarios de las conversaciones, véase, Diego Cardona, "Pactos para la defensa mundial, La utopía del desarme", en El Espectador, Sección del Mundo, abril 21 de 1989.

¿Hacia dónde va la Perestroika? este-alemanes tienen derecho automático a la ciudadanía de Alemania del Oeste, con un recarga apreciable para el presupuesto so cial y de servicios y el disgusto de los occidentales. Por otra parte, el marco oriental se cotiza en la práctica a más de 10 por uno occidental, pese al mantenimiento artificial de la cotiza ción de uno por uno. El deseo del gobierno de la RFA y de todos los demás actores políticos, comprendidos socialcristianos, demo cristianos y socialistas, es la unificación a la cual nunca se ha querido renunciar. El costo sería alto, pero posible: una inyección financiera muy importante para salvar algunas industrias y establecer otras evitando así la migración y ampliando eventualmente la demanda; una introducción del marco occidental en la RDA, al costo de pagar a uno por uno los actualmente existentes; y, hacerse cargo de la deuda externa de la RDA. Todo lo anterior es posible para Alemania Occidental pues tiene el producto nacional bruto más importante de Europa, las mayores reservas monetarias del mundo después de Japón, y el mayor potencial industrial y financiero del continente 93 . Sin embargo el costo puede ser tan alto que por lo menos durante 10 años el nivel de vida de la población de la República Federal puede verse disminuido entre 10 y 20%. Empero, seguiría siendo un poco superior al británico o al italiano. La situación sería semejante a la de un país que invierte 93

La economía de Alemania Occidental se considera la más pujante de la Comunidad Económica Europea. Para 1989 descendió el desempleo a menos del 7%, y el PNB creció cerca del 5%. También creció el volumen de las exportaciones. Su balanza comercial es excedentaria y su moneda es quizás la más sana y fuerte de la CEE.

Coyuntura para subsidiar el desarrollo de una región importante dentro de él. El costo es, pues, alto pero pagable. El problema es de otro tipo y tiene que ver con la seguridad y la estabilidad del centro de Europa. En efecto, por un lado debe existir la garantía de la integridad de las fronteras resultantes de la Segunda Guerra Mundial pues de lo contrario Polonia podría perder más de la mitad de su territorio, con el engrosamiento del potencial alemán y la consiguiente desestabilización regional. Alemania unida no sería aún superior en superficie a Francia o España, pero sí lo sería en gran medida por su población y potencial industrial y financiero, provocando una desestabilización en el seno de la CEE, salvo si los países que la componen establecen relaciones importantes con la actual Alemania Oriental para asociarla debidamente a la Comunidad e impedir un crecimiento "alemán". Países como Francia o Inglaterra no pueden entrabar la unidad si los alemanes la desean, porque el desarrollo de una forma renovada de naciona lismo germano sería la 94 consecuencia inmedia ta . Y en cuanto a la Unión Soviética, deben existir garantías en el marco de la seguridad, no sólo por lo que respecta a las fronteras en especial las polacas, sino tambié n por lo que concierne a las alianzas militares. El gran problema consiste en saber cuál será el estatuto militar de la futura Confederación o Federación Germánica. Es absurdo pensar que parte de ella estará en la OTAN y la Unión Europea de Defensa y la otra en el Pacto de Varsovia. 94

Véase al respecto el interesante artículo: "Cinco escenarios para Europa" (tomado de L'Express, París), en Summa Internacional, No. 31, enerofebrero de 1990, pp. 34-40.

¿Hacia dónde va la Perestroika? Tampoco parece aceptable para la URSS la incorporación de la totalidad al sistema de la OTAN, y los países occidentales parecen resistirse a la idea de un estatuto de neutralidad de la Alemania unida. Solamente el avance del proceso global de distensión y de las conversaciones sobre desarme en el Centro de Europa, al mismo tiempo que del proceso democrático de Europa Oriental y la URSS, pueden permitir exitosamente la reunificación. Quizás pueda compartirse la idea de que sin unidad europea no habrá reunificación alema na. Lo único claro es que para la mayor parte de los habitantes del nuevo-viejo continente, incluyendo los alemanes, la mejor idea sería "una Alemania europea unida, en lugar de una Europa alemana". La unidad alemana sería la culminación de un proceso de cambio en toda Europa Oriental y la URSS, con lo cual se recompondría todo el escenario. En efecto: la actual RDA dejaría de serlo y pasaría a ser parte de la Comunidad Económica Europea, mientras que Europa Central volvería a ser una zona de influencia alemana, incluyendo el regreso del idioma como "lingua franca" de la región, status perdido después de la segunda guerra. Se recompondría el mapa europeo oriental, incluyendo la escisión de algunas repúblicas de la URSS, pasando a conformar confederaciones con la misma Rusia o con sus propios y nuevos o vie jos vecinos. Sobre una base valorativa muy cercana a la socialdemocracia, veremos posiblemente la preponderancia de dos bloques: el de la CEE y el soviético, y un grupo de neutrales en el centro europeo. Las alianzas militares producto de la Segunda Guerra Mundial irán perdiendo importancia gradualmente. Por otra parte, se acentuaría por un tiempo la brecha Norte-Sur, por lo menos mientras se

Coyuntura consolida el proceso europeo. Simultáneamente pueden producirse cambios en los movimientos marxistas del Tercer Mundo, posiciones políticas menos radicales, o en contraste con la existencia de grupos aislados que no abandonarán su tradicional lucha militar, pretendiendo ser los últimos defensores de la ortodoxia. En cualquier caso, desaparecerá el apoyo diplomático y financiero para movimientos marxistas extraeuropeos. El efecto, pues, de todo el proceso es múltiple: recomposición política e ideológica de Europa con expansión del modelo social-demócrata, unidad alemana, desaparición gradual del eje Este-Oeste y crecimiento de las diferencias Norte-Sur, y desaparición del Estado leninista. Uno de los aspectos negativos de este proceso para países como el nuestro es que buena parte de los fondos disponibles para el desarrollo de los países del Tercer Mundo está siendo desviada hacia Europa Oriental. El efecto no puede ser más negativo para los países subdesarrollados. Además, es sabido que las inversio nes de capital occ idental son ahora en promedio más rentables en Europa Oriental que en América Latina, Asia o Africa, no sólo por las ventajosas condiciones que comienzan a establecerse para capitales extranjeros sino por la alta calificación laboral de los trabajadores este-europeos. La perestroika puede tener otros efectos en nuestra región. En efecto, ya no hay disponibilidad económica ni voluntad política para mantener subsidios en el comercio internacional con países como Cuba, lo cual implica una presión enorme para este país de parte de sus socios del CAME. Su principal socio, la Repúbli ca Democrática Alemana, se encuentra poco menos que en quiebra económica, y la

¿Hacia dónde va la Perestroika? URSS no proseguirá al parecer subsidiando sus importaciones de azúcar, níquel y tabaco cubanos, al mismo tiempo que encarecerá sus importacio nes de productos manufacturados a la Isla. La tendencia cubana debería ser, pues, a la apertura económica hacia sus vecinos, para lo cual probablemente se deba pagar un precio en apertura política. Las restricciones establecidas por la URSS y los países de Europa Oriental no pudieron salir en defensa del sandinismo en Nicaragua. El multipartidismo y las eleccio nes libres fueron también un ejemplo y una presión. Por otra parte, Estados Unidos tiene prácticamente las manos libres en el hemisfe rio occidental, razón por la cual posiblemente sea el momento de comenzar a seguir con atención el proceso cubano.

Debate PANAMA Y NICARAGUA: DOS INTERROGANTES SOBRE CENTROAMÉRICA Pierre Gilhodes, Juan Tokatlián La intervención norteamericana en Panamá y el resultado de las elecciones en Nicaragua constituyeron sin duda los dos acontecimientos más importantes en nuestro continente en los últimos meses. La capacidad desestabilizadora de los Estados Unidos sobre nuestros países y la viabilidad, en éstos, de un proyecto democrático verdaderamente endógeno, volvieron a emerger alimentados por el recuerdo de un pasado intervencionista y la inquietud frente a un futuro que se creía menos expuesto a las reacciones hegemónicas. Pierre Gilhodes, co-director del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, y Juan Tokatlián, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, discuten, para Análisis Político, las circunstancias y consecuencias de esos dos eventos. Análisis Político: ¿Cuál puede ser el efecto general de los acontecimientos de Panamá y Nicaragua sobre América Central y el Caribe? Pierre Gilhodes: En términos un poco cínicos, puede decirse que el efecto general sobre América Central será mínimo. Tomando el caso de Nicaragua y Panamá, vemos lo que podríamos llamar "normalizaciones". Se les ve como ovejas que vuelven al redil. El proceso de Panamá no va a ser muy complicado. El de Nicaragua lo será un poco más; hay allí otras implicaciones, comenzando por la existencia del ejército sand inista porque es fundamental saber qué va a pasar con él en el futuro. Por otra parte, están los "contras" sobre los cuales no

Panamá y Nicaragua… hay un parecer unificado en Estados Unidos. El efecto sobre los países vecinos de América Central, en un momento en que el mundo los deja librados a su propia suerte, a sus propias relaciones bilaterales con Estados Unidos, es muy reducido. Por ejemplo, la guerrilla salva doreña no tendrá más alternativa que reincorporarse, y lo mismo las fuerzas políticas que las sostenían, tienen que reintegrarse sin que puedan pretender demasiado. Lo están buscando a través de un proceso ya clásico de negociación y forcejeo. Las incursiones armadas del año pasado sobre la capital tenían este fin: mejorar los términos de la negociación. No estoy seguro que lo hayan logrado, diría que al contrario. Pero están en ese asunto, que ahora se les aparece como mucho más urgente. Nece sitan hacerlo porque se encuentran mucho más aislados, con muy poco margen de maniobra. Juan Tokatlián: Sí, creo que son dos cuestiones que valdría la pena entender, ante todo, en términos de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Creo que el mensaje en cada caso, cruelmente, y sin que signifique resignarnos a ello, es que las guerras de baja intensidad han dado resultados para los intereses de Estados Unidos. Pierre Gilhodes: No le demos a la palabra "guerra" el sentido que no tiene. Una "gue rra" económica no es una guerra. Son presio nes económicas. Dejemos la propiedad de la terminología, si no nos vamos a enredar en que llamar al embajador es una guerra, o reducir el número de diplomáticos de otro país es un acto de guerra. Es cierto que son formas de hostilizar, de subir la tensión gradualmente, utilizando formas menores.

Debate Juan Tokatlián: Pero es que en el fondo sí lo es. No podemos desconocer que ha tenido tres elementos fundamentales. En primer lugar, ha sido parte de una planeación estratégica, cuando hasta hace poco tiempo lo veíamos como un elemento táctico de la política exterior norteamericana. Segundo, ha sido consistente y permanente, a diferencia del ejercicio de otros instrumentos de la política exterior de Estados Unidos. Tercero, ha podido ser utilizada contando con un mínimo grado de respaldo entre los actores políticos relevantes de Estados Unidos; el suficiente como para mantenerse vigente. En los dos ejemplos veo instrumentos semejantes aunque aplicados con diferente intensidad, buscando la destrucción de la base económica de los dos países, alinearlos diplomáticamente, privilegiando el uso de la fuerza y creando aparatos políticos de oposición totalmente dependientes de Washington. Cuando se cambia la política frente a Panamá en 1986, este país pasa a ser el epítome del narcoestado, de la antidemocracia y del autoritarismo. Se privilegia inicialmente la presión económica, cortando ante todo los ingresos posibles del país, en particular desde 1988. En la banca panameña había aproximadamente cuarenta mil millones de dólares. En el lapso de pocos meses se descendió a ocho mil millones. El país tenía moneda sólo para las transacciones mínimas necesarias, y tenía embargado su comercio. Y la destrucción sistemática de la economía del país se logró. Ese fue el "gran" triunfo de Estados Unidos: quebrar una na ción. Pierre Gilhodes: Eso es cierto. Sin embargo, de las sanciones a Panamá, Estados Unidos ha extraído una consecuencia: que las políticas de presión no deben ser graduales sino masivas, que si hubieran aplicado de una vez todas las

Panamá y Nicaragua… sanciones económicas posibles a Panamá, quizás hubieran conseguido la caída rápida de Noriega. Pero al aplicarlas gradualmente en ascenso, dejaron tiempo para que el régimen se adaptara a las nuevas situaciones, encontrara otros recursos. Una sanción, para ser efectiva, no debe ser demasiado gradual sino masiva. Análisis Político: ¿Y qué puede decirse sobre la situación económica de esos países centroamericanos? Pierre Gilhodes: Es desastrosa. Tienen el fenómeno de la guerra, las destrucciones, las pérdidas en vidas humanas, el exilio de los profesio nales, de los empresarios, etc., causado por la guerra y el otro problema que es la crisis económica que conoce América Latina, y de la cual ellos son parte. Análisis Político: ¿Y posibilidades de inversión privada? Pierre Gilhodes: Es mínima. Algunas empresas menores pueden encontrar interés. Se pue de resucitar a Panamá. Es fácil de levantar porque su economía se basa en situaciones un poco artificiales. ¿Pero va a existir interés en resucitar la plataforma financiera, por ejemplo? No se sabe. Hay otros sitios que pueden servir a esos propósitos. Se puede liquidar un paraíso financiero sin mayores problemas, porque hay otros para sustituirlo. Están las islas Caimán, Bermudas, y otra cantidad de sitios en todo el Caribe. La zona franca de Colón es la única que probablemente va a retomar actividad. Es una zona de contrabando permitido de los países industrializados con toda América Latina. Ella y la actividad normal del Canal puede ayudar a un grado de recuperación de Panamá. En cuanto a las actividades no canaleras, probablemente

Debate permanezcan en cierta mediocridad. Lo mismo puede decirse de la situación económica de otros países centroamericanos. Juan Tokatlián: Pero Estados Unidos no es ajeno a esa situación. Cuando Endara, que se había posesionado como presidente en una base norteamericana del Canal, asume el poder, solicita dos mil millones de dólares al gobierno norteamericano para la reconstrucción económica del país. Una misión norteamericana que incluía altos miembros del Departamento de Estado, luego de su visita a Panamá, hace su propia evaluación y dice que Panamá debería recibir, para superar la destrucción hecha antes y durante la invasión, la mitad de esa cifra, es decir mil millones de dólares. Hasta el momento, el país ha recibido sólo un monto muy lejano a sus necesidades. No hay la voluntad real de comprometerse a aliviar los problemas que Estados Unidos trajo. No existe un compromiso decidido en el Congreso norte americano para apoyar a Panamá, pese a su "transición democrática". Los recursos dispo nibles para Centroamérica siguen fluyendo de preferencia a El Salvador, Honduras y Guatemala. Paradójicamente no hay total congruencia de intereses entre el Ejecutivo norteamericano y el panameño, incluso en asuntos básicos como por ejemplo el secreto bancario. Algo semejante va a pasar con Nicaragua. La reconstrucción más o menos básica de este país puede llegar a costar unos cinco mil millones de dólares. Estados Unidos no está dispuesto a aportar mucho dinero. Veremos gestos como el levantamiento del embargo, habrá algo de comercio y algún tipo de asistencia pero condicionada. Paralelamente, los empresarios nicaragüenses que han fugado capital y se han radicado en Miami no desean invertir en el país, pese al triunfo de la señora

Panamá y Nicaragua… Violeta de Chamorro. El drama es que para todo el mundo el problema nicaragüense se solucionó. Nadie quiere invertir en un sitió en donde no se sabe cuál es el ejército regular o irregular, quién se va desarmar o no, quién controla el país, y qué representantes de los catorce partidos estarán en el poder. Análisis Político: A propósito de Nicaragua, hay allí un gobierno revolucionario que entrega el poder por una manifestación democrática en las urnas. ¿Qué incidencia podría tener el hecho sobre algunas guerrillas latinoamericanas? Juan Tokatlián: El efecto sobre algunos actores no estatales será muy reducido por el momento. La racionalidad de los agentes sociales y políticos internos en muchos países no cambia al mismo ritmo que se dan las transformacio nes externas e internacionales. No creo que los acontecimientos de Centroamérica deban ser tomados como un factor inmediato de modificación, por ejemplo, sobre el accionar de algunos grupos guerrilleros colombianos. Que pueden perder ciert os espacios y cierta credibilidad, es posible, pero más que por los resultados de las elecciones en Nicaragua, es por sus mismas situaciones a nivel interno. Inclusive puede llevar a endurecer a algunos sectores. Por ejemplo, en El Salvador el fenómeno nicaragüense puede llevar a una mayor rigidez no sólo de la guerrilla sino del gobierno. No me parece que vaya a haber grandes cambios en El Salvador. Primero, porque desde épocas recientes, el FMLN no depende ya estratégicamente de la provisión de armas de Cuba o de Nicaragua. Segundo, lo que posiblemente vamos a ver en El Salvador es un escenario más polarizado. El efecto sobre

Debate

Panamá y Nicaragua…

Guatemala puede ser ambivalente pero conocemos la generación y reaparición de guerrillas en ese país, con o sin sandinismo en su vecindad. No creo que en general la raciona lidad de los actores varíe gran cosa, por lo menos a corto plazo. Pierre Gilhodes: No olvidemos que ninguna guerrilla se entrega ciento por ciento. Queda por saber si los que son hostiles a la idea de la reintegració n a la vida civil son un cincuenta o un noventa y cinco por ciento de sus miembros. Por el momento me parece que algunos grupos guerrilleros en El Salvador tienen urgencia de reintegrarse. Otras fuerzas posiblemente permanezcan por fuera de este proceso. Desafortunadamente para ellos, no tienen mayor importancia y pueden hostilizar pero no crear problemas mayores que desgasten efectivamente al gobierno: éste podrá manejar la situación con cierta facilidad. Una consecuencia un poco nefasta es que esta región del mundo va a volver a lo que era antes: una región sin importancia, y las promesas de créditos y demás, probablemente no se van a materializar en más de un diez por ciento. Estados Unidos pierde el interés en un país cuando en el mismo no subsisten los proble mas. Cuando hay peligro para los intereses de Estados Unidos, se preocupan y se movilizan de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos la ayuda a los contras y las promesas de ayuda econó mica tanto en Nicaragua como en Panamá. Pero una vez desaparecido el peligro se olvidan de la región, se olvidan las promesas y se dan ayudas mínimas. Estos países vana quedar en una situación económica bastante complicada. Análisis Político: sandinismo fuerte

Entonces, ¿un sería incluso

conveniente para la señora Violeta de Chamorro? Pierre Gilhodes: Desde esa perspectiva sí. Pero también es bueno decir que todos los gobiernos hacen algo semejante. Amplían los fenómenos de guerrilla frente a Estados Unidos porque es como consiguen créditos y ayuda. Ahora bien, volviendo al tema centroamericano y la incidencia de Estados Unidos, debemos tener en cuenta que en términos geopolíticos, México con el mandato de Salinas de Gortari cayó incondicionalmente en la órbita norteamericana con el gran mercado de los tres, Canadá, Estados Unidos y México, pese a la resistencia cultural mexicana. Pero económica mente es un hecho. Políticamente México jugaba al enfrentamiento con Estados Unidos en relación con América Central, y ese enfrentamiento tiende a la desaparición. Análisis Político: ¿Y cuál podría ser el efecto para algunos actores internos en Colombia? Pierre Gilhodes: Es un asunto complejo. Hay varios elementos que juegan no solamente en América Central sino también en Europa Oriental, además de los resultados de las elecciones de marzo. La capacidad de actuar de los grupos guerrilleros se ha reducido. Esas fuerzas contemplan la necesidad de volver a una lucha política no armada sino civil, incluso a la manera de los conflictos sociales cuya legalidad está reconocida en Colombia. Creo que se hace necesaria una reflexión sobre el comunismo internacional, sobre la situación interna de Colombia y sobre Centroamérica donde hubo una especie de romanticismo revolucionario a principios de los ochenta que después no colmó las expectativas. Esa reflexión existe. Se desarrolla en forma distinta en los diferentes grupos

Debate guerrilleros porque ellos son diferentes. Hay que ver quiénes van a llegar a una situación de retorno a la vida civil. Claro que querrán pactar en las mejores condiciones posibles. Creo que han perdido capacidad de negociación. El posible presidente colombiano, César Gaviria, les reconoce el derecho a existir, pero no creo que les conceda mucho espacio de negociación, probableme nte menos que Virgilio Barco que fue menos que Belisario Betancur. Han perdido espacio. En mi opinión, en Colombia una circunstancia que va a llevar las guerrillas a negociar es que el fenómeno que las hizo surgir es el paso acelerado de una sociedad rural a una sociedad urbana, paso exageradamente acelerado y con un costo social enorme porque el Estado que no tenía capacidad redistributiva decidió no acompañar el proceso con reformas, en especial la agraria. Se deberían haber escuchado las propuestas de Carlos Lleras en su momento, aunque siempre hay el problema de un Estado pobre y poco estructurado, con muy pocos recursos. Pero ese paso del campo a la ciudad es un fenómeno que se está acabando. En contrapartida la guerrilla generó la reestructuración del Estado. Primero por el lado represivo, las Fuerzas Armadas son de las más fuertes de América Latina, además de su Policía altamente especializada, y por otro lado la prestación de servicios. Por ejemplo el PNR le quitó mucho terreno a la guerrilla al solucionar una serie de pequeños problemas. Análisis Político: Además se está modificando el contexto internacional y eso debilita al movimiento armado en otros países. Por ejemplo, ya es cada vez más difícil que un movimiento insurgente obtenga reconocimiento internacio nal.

Panamá y Nicaragua… Juan Tokatlián: Es cierto. No obstante, por otro lado, a niveles estatales, el sistema internacional está cambiando a ritmo vertiginoso y nos encontramos con una mayor incertidumbre y complejidad a la que teníamos hace unos cinco años, porque esta segunda distensión es diferente a la anterior de finales de los sesenta y principios de los setenta. Me llama la atención que las soluciones regionales propiciadas por la URSS en Afganistán o ante el problema camboyano parecen alentadoras a diferencia del caso de Centroamérica en donde no hay una resolución real del conflicto regional y nacional respectivo, sino que se ha reafirmado la supremacía norteamericana, lo cual no augura el final definitivo de las luchas armadas. Más que hegemonía hay un ejercicio de dominación norteamericana que no dejará de ser respondido con algún nivel de violencia, aunque transitoriamente florezcan democracias formales. Análisis Político: ¿Estaremos quizás destina dos a ver una década de enorme inestabilidad centroamericana, con las consiguientes nuevas intervenciones de Estados Unidos? Juan Tokatlián: No creo que podamos descartarlo, sobre todo porque no veo ninguna respuesta de América Latina. Sería la restauración "bushiana" dula dominación norteamericana en la medida en que no sería un control garantizado con el apoyo interno sino la búsqueda del consenso a partir de la fuerza y su mantenimiento inestable por la presión y la amenaza de intervención. Yo me pregunto qué le costaron a Estados Unidos y a América Latina los diez años de inestabilidad centroamericana en la pasada década. Estados Unidos supo manejar la situación frente a América La tina, y no perdió influencia decisiva en la

Debate región. Y lo más grave, América Latina no fue capaz de defender con firmeza y permanencia una serie de principios centrales de la convivencia internacional. Es grave ver que la guerra de baja intensidad en América Central da resultados. Y lo peor es que se puede extender a Sudamérica con el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Análisis Político: Poco se habla de Honduras. ¿Es previsible una pronta retirada de las tropas de Estados Unidos? Pierre Gilhodes: El futuro del país no es bueno. Honduras recibió dinero porque fue retaguardia tanto de El Salvador como de Nicaragua. Las bases norteamericanas probablemente se van a mantener porque son útiles para Estados Unidos, para el entrenamiento de sus tropas. Por otra parte, las bases y las tropas generan empleo y un flujo de dólares. Pero no veo por otra parte ningún esfuerzo de modernización de la economía hondureña. Es sólo una econo mía bananera y así permanece sin que exista un proceso de modernización del país. Sin embargo, las tensiones internas son menos fuertes porque Honduras es un país menos urbanizado y tiene una amplia frontera agrícola, todavía la gente puede tener algunas posibilidades económicas, mientras que en otros países como El Salvador es muy difícil. En otro sentido, tensiones entre países sí puede haber, pero eso tampoco sería nuevo.

Panamá y Nicaragua… desde afuera. En segundo lugar, hay un problema de fondo. El gobier no de Endara no es más legítimo que el gobierno que lo antecedió, no sabemos cuáles fueron los resultados reales de las elecciones. Es un gobierno que necesita legitimarse. No es pro blema de reconocimiento porque el gobierno colombiano, como casi todos los latinoamericanos, reconoce a los Estados y no a los gobiernos. Lo que se hizo fue llamar al embajador a consultas cuando no hubo resultado electoral. La posición colombiana fue coherente.

Análisis Político: Hubo tardanza en el reconocimiento de Endara por parte de los gobiernos latinoamericanos, incluyendo el de Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre el asunto?

Juan Tokatlián: Comparto su apreciación. Colombia no tenía por qué ser el primero en reconocer un nuevo gobierno instalado por medio de una invasión, actuando absurda y precipitadamente según intereses ajenos a los naciona les. Creo que el gobierno actuó en forma sensata y lógica dadas las circunstancias, y al final se terminó imponiendo una posición casi de consenso. La condición era el retiro de las tropas para reanudar relaciones diplomáticas norma les. En ese sentido, Colombia hizo un gesto adecuado. Pero todo lo hecho por Latinoamérica corrobora, de alguna manera, que el instrumento diplomático fue el único y pobre recurso que tuvo América Latina frente a este problema. Se asimiló interna y regionalmente el debate sobre si había o no embajadores y al final esta estéril discusión, bastante planeada por sectores internos y externos, desaprovechó la oportunidad de contrarrestar con más énfasis y mecanismos la burda acción invasora de Estados Unidos. Y esa actitud puede ser trágica a largo plazo.

Pierre Gilhodes: Primero que todo, existe una especie de actitud de los gobiernos latinoamericanos de no correr a rendir pleitesía a un gobierno entronizado

Pierre Gilhodes: Las intervenciones no son necesarias. ¿Dónde se vieron intervenciones? Solamente en Panamá y como caso extremo, que además en el

Debate fondo recibió la bendición del mundo entero, si somos realistas. Todo mundo pareció aceptar que allí había un personaje poco recomendable y nadie se atrevió a hacer algo en contra de la invasión. Hubo algunos comunicados y eso fue todo. No creo que en el futuro vaya a haber necesidad de intervención por parte de Estados Unidos. En el fondo los regímenes latinoamericanos se han potencializado. Tienen berzas Armadas que nunca tuvieron en El Salvador, Honduras y Guatemala, por ejemplo. Ellas tienen hoy día capacidad para manejar cualquier problema interno. Y las fuerzas de insurgencia están muy golpeadas como para intentar alguna ofensiva de importancia en este momento. Sólo restan algunos focos de tensión. A corto plazo usted podría encontrar una huelga feroz en las bananeras, con represió n feroz de otro lado, cosas así, pero no más. Por lo menos a corto plazo. Pierre Gilhodes: Es cierto. No existió una actitud coherente de América Latina. Primero porque la fecha escogida fue apropiada para los intereses norteamericanos. Era época de Navidad y muchos países especialmente del Sur, estaban en vacaciones. Por otra parte ningún gobierno se quiso movilizar para evitar ser aso ciado internacionalmente con Noriega. No pue de hoy día decirse si el general es culpable o no, dejemos que los tribunales lo decidan. Ya se ha dicho que el juicio comenzará para 1991. A lo mejor no va a tener lugar nunca porque no hay pruebas, fue un pretexto. Pero esta acusación bastó para que nadie quisiera aparecer al lado de este personaje. Incluso Colombia quiso adoptar una línea de defensa latinoamericana y no lo consiguió. Además tenía intereses directos en Panamá y por vecindad. Colombia se encontró más o menos sola. Hubo gestos pero sólo eso en Perú y ello no le

Panamá y Nicaragua… impidió a su presidente hacerse presente en Cartagena mientras aún había tropas en Panamá, pese a que con la mano en el corazón había dicho que nunca iría. Parece haber sido más un problema de legitimación interna. Hubo tentativas de organizar un frente latinoamericano para arreglar la situación y no prosperó. Países que en otros tiempos habrían seguido la posición colombiana como México, no respondieron. Tampoco Venezuela, que está en renegociación de la deuda y posible aplicación del Plan Brady, además de tener otra serie de problemas, adoptó una posición de suma discreción. Análisis Político: ¿América del Sur tendría algún papel que jugar en el futuro si hay demasiadas presiones sobre América Central? Pierre Gilhodes: No, no creo que tenga interés. América del Sur se ha sentido siempre má s cerca de Europa que de América Central. Para ellos América Central está habitada poco menos que por unos indios desconocidos, tan extraños como los tibetanos. La distancia es tal que ellos no conocen, con algunas excepciones históricas, por ejemplo el tiempo en que floreció el APRA como movimiento latinoamericanista, o en los buenos momentos de la primera parte del mandato de Perón en que también tuvo ambición hacia esta parte del mundo, pero ya no, es una parte muy lejana. Se vio a milita res argentinos recorrer las colinas de Honduras y Nicaragua hace diez años, pero eso me parece que pertenece al pasado. Y en cuanto al Grupo de los Ocho no pudo actuar frente a Panamá, pese a la voluntad colombiana. Se buscará seguramente darle nueva vida en las próximas reuniones, pero hay que tener en cuenta los cambios de mandato en casi

Debate todos los países, con excepción de Venezuela. Los nuevos mandatarios no tienen los mismos intereses que sus predecesores porque hubo relevo político. Lo único claro es que para los latinoamericanos, América Central va a perder importancia salvo si pasa algo extraño que no podemos prever. Incluso eso alivia la conciencia latinoamericana. Muchos están satisfechos porque en apariencia se resolvió la situación. Hay democracia y los centroamericanos no causan molestias, sin importar si hay desbarajuste económico. Los gobiernos latino americanos no se ven obligados a "gesticulaciones inoportunas" que pueden afectar sus relaciones con Estados Unidos.

Panamá y Nicaragua… Estados aliados, combativos en la región y fuera de ella, con posibilidades y recursos de poder, y eso es muy significativo. Por otra parte, una vez salga Alan García, creo que vamos a tener gobernantes civiles de derecha y centroderecha en gran parte de América Latina, y con Rodrigo Borja y Carlos Andrés Pérez mucho menos reformistas que sus respectivas retóricas cuasi-socialdemócratas. La presión sobre Cuba, que ya es ostensible, va a ser mucho más seria.

Análisis Político: ¿Y cuál podría ser el efecto de todo este proceso sobre la situación de Cuba?

Pierre Gilhodes: Cuba quedó sola. Además tengo la impresión de que es el objetivo de Estados Unidos. Esto no hay que separarlo de la crisis que viven los países de Europa Oriental, el comunismo en general. Cuba no va a contar con muchos amigos, su situación no será fácil, y el régimen lo sabe. Comienzan a tener mucha movilidad, como lo demuestra el hecho de que el presidente Castro haya estado en Brasilia en la posesión de Collor de Mello, y va a ir adonde pueda para buscar formas de so brevivir y mejorar sus relaciones internaciona les, en particular con sus vecinos, porque en otras partes, con excepción tal vez de China, no va a encontrar mucho apoyo. China es grande pero está lejos, con ella puede haber intercambio de varios productos, pero no está en la región y no le interesa mayormente, así que no creo que se dé mucha ayuda para el gobierno cubano.

Juan Tokatlián: Aquí tenemos un Estado que está muy comprometido con la revolución y que está sufriendo los efectos de acciones y reacciones de todos lados: la presión norteamericana, la perestroika soviética, lo que ocurre en Centroamérica. Estos dos últimos elementos tienen un impacto sobre Cuba en la medida en que ha dejado de tener

En cuanto la política de Estados Unidos, no parece ayudar a una reintegración de Castro en la escena internacional sino a destruirlo, como lo han hecho con los sandinistas. No va a ser un proceso suave sino un centro de confrontación internacional. Probablemente el proceso se irá preparando con una campaña propagandística de destrucción de lo que

Análisis Político: ¿Y eso no implicaría un descenso de la diplomacia multilateral? Pierre Gilhodes: Es uno de los peligros pero existen otros temas. Lo que pasa es que el Grupo de los Ocho buscó ampliar su temario, que no fuera solamente el resultado del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, sino mirar a otras problemáticas, sobre todo las económicas. La próxima reunión del Grupo va a tener una tónica quizás más económica que política.

Debate queda de imagen cubana, tal como ya vemos todos los días en la prensa. Es la primera fase. La segunda va a consistir en intimidaciones. Por ejemplo un grupo grande de barcos norteamericanos en Guantánamo so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, o los aviones que surcan los cielos del Caribe, destinados a intimidar a Cuba. Juan Tokatlián: Pero sería muy grave aislar a Cuba en este momento, por medio de presiones, pues podría ser contraproducente. Podría provocar una radicalización inútil del régimen. Hay que defender la democracia, pero no obviar los principios. Ser realmente demócrata es apegarse a ellos. La democracia no se construye destruyendo aquéllos y sepultando la base de la convivencia entre naciones. Análisis Político: Sabemos que las presiones, incluyendo las del CAME, van a ser muy graves para Cuba: por ejemplo, comercio sin sub sidios y a lo mejor en rublo convertible; sin que pueda obtener divisas por otras fuentes. ¿Y cuál será la respuesta? Pierre Gilhodes: La Unión Soviética no creo que tenga capacidad, de presionar mucho a Cuba. Le puede recomendar. Necesita los productos cubanos a los cuales se acostumbró, y su economía lo incluye. Por ejemplo, no se desarrolló mucho el cultivo de remolacha porque existía disponible el azúcar cubano. Algo semejante pasó con el níquel y el tabaco. Y desde el punto de vista de imagen, la Unión Soviética aún debe cuidarse un poco. Lo que pasa es que pueden desarrollarse dentro de la propia sociedad cubana elementos de desestabilización por la escasez de alimentos, por los problemas ideológicos o la inconformidad de la juventud que no quiere ya los

Panamá y Nicaragua… modelos de los años cincuenta. Y dentro de Cuba ya existe Radio Martí y la televisión que va a aparecer y en general alguna información. Están expuestos a la información, tanto como Alemania Oriental. La situación va a ser muy difícil en Cuba y es una crisis un poco trágica, no creo que vaya a ser un proceso pacífico pero va a ser complicado, porque Fidel Castro es una persona que tiene carisma, que tiene respaldo. No es tanto el símbolo del comunismo, sino más bien de una especie de nacionalismo, de figura de reivindicación nacional. Juan Tokatlián: Bueno, pero Cuba nunca fue Albania o Yemen del Sur o Corea del Norte. Los símiles que nos muestran una Cuba casi histéricamente autoritaria por vocación de Fidel Castro no corresponden a la realidad histó rica. Es más factible que el régimen deba abrirse más que cerrarse. Por otra parte, reemplazar a la URSS con China no es funcional porque China no puede asumir el costo de sostener subsidiada a Cuba. Creo que no le queda más solución que abrirse. El entorno externo puede acelerar ese proceso positivamente o convertirse en una variable negativa que exa cerbe contradicciones difíciles de manejar. Hay que quitarle a Cuba la mentalidad de isla sitiada. Es el momento para que Estados Unidos muestre cierta generosidad y no prepotencia. Y que América Latina juegue un rol activo y no marginal en este tema. Pierre Gilhodes: Estoy de acuerdo. Por otra parte no debe olvidarse que hay un pacto por medio del cual Estados Unidos se ha comprometido a no invadir Cuba y lo ha respetado hasta ahora. Pero hay que pensar en las formas distintas a la invasión, en todo lo que puede producirse, como subversión o división de la cúpula cubana. En este sentido,

Debate probablemente se puede interpretar elincidente Ochoa que vinculó a otros militares cubanos el año pasado como un contragolpe preventivo de Fidel Castro frente a gente que hubiera podido causarle dificultades en el poder. Otro asunto es la recuperación del control del Ministerio de Defensa sobre el Ministerio del Interior que se había autonomizado y tenía fuerzas numerosas. Análisis Político: Se dice que Cuba está aislada y que cada día tiene menos apoyo internacio nal. ¿Pero su reciente ingreso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no puede interpretarse como un apoyo internacional indirecto a algunas de las posiciones cubanas, así dure sólo dos años? Pierre Gilhodes: Para Cuba es un paraguas muy oportuno, porque estar en el Consejo de Seguridad le da ciertas garantías, ciertas posibilidades de moverse y maniobrar. Entró en buen momento. Sin embargo, es casi seguro que su ingreso al Consejo de Seguridad, en caso de tener que producirse por decisión de la Asamblea General de este año, sería mucho más difícil. Ni siquiera contaría con sus anteriores amigos de Europa Oriental.

Panamá y Nicaragua…

Reseñas Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) Socorro Ramírez V. y Luis Alberto Restrepo M. Bogotá, CINEP - Siglo XXI Editores, 1989. Resulta incomprensible que un año después de publicada la obra Actores en conflicto por la paz, aún no haya sido objeto de una especial atención por parte de la academia como tampoco de una mayor polémica por parte de los mismos protagonistas del proceso que constituye su objeto de análisis. La ausencia de reseñas, comentarios académicos o de posturas críticas frente a este libro puede ser atribuida quizás a la ausencia misma de un debate abierto en la sociedad colombiana sobre sus problemas centrales. El de la, guerra y la paz constituye, sin duda, uno de ellos. Esta ausencia de debate amplio y constructivo es a la vez síntoma y condición para la repro ducción de esa “cultura política autoritaria e intransigente, mayoritaria hoy en la sociedad colombiana" (p. 192), que denuncian los autores a lo largo de sus páginas. El presente comentario tiene, por lo tanto, como fin, contribuir a abrir una inaplazable reflexió n colectiva sobre los procesos de reconciliación vividos en Colombia a lo largo de la última década, a través de esta obra que tiene como virtud el haber sido concebida con la mirada del protagonista y escrita con las manos del académico. En efecto, Socorro Ramírez formó parte de la Comisión de Paz desde sus comienzos en 1982, hasta los eventos del Palacio de Justicia en 1985, los cuales

constituyeron el motivo de su renuncia junto con otros miembros de la Comisión. En compañía con Luis Alberto Restrepo, esta experiencia excepcional fue sistematizada y presentada finalmente para que todos aquellos que de alguna forma "vivimos" el proceso de paz, quizás sin entender muchos de sus avances y retrocesos, compartiéramos con ellos su visión del mismo. La obra abarca el período completo de la administración Betancur (1982-1986) con algunas cortas referencias a los gobiernos anteriores de López Michelsen y Turbay Ayala. Para introducirla, sus autores esbozan una especie de marco interpretativo acerca de la necesaria constitución de las cla ses y sectores sociales como sujetos históricos, capaces de configurar una identidad propia y de relacionarse con sus adversarios sociales a través de la libre confrontación civilizada. Sin duda alguna, como lo afirman los a utores, "los factores explicativos de la peculiar violencia colombiana, contradictoria y dispersa, habría que bus carlos también en esta ausencia de clases sociales bien conformadas y de una clara y permanente confrontación entre ellas" (p. 35). De igual manera, buena parte de las claves para comprender las dificultades del proceso de paz intentado en Colombia a lo largo de la década de los ochenta, debe buscarse en esta fragmentación de los grupos que conforman la sociedad civil, de los acto res que la representan en la vida pública, de los dispersos centros de poder, del Estado y hasta del espacio físico mismo. Ante esta histórica realidad la pregunta a hacerse es: ¿qué perspectivas tiene la posibilidad de que un actor único

Reseñas aglutine en torno suyo el suficiente consenso para imponer un proyecto verdaderamente nacional? Este marco interpretativo, riquísimo en sugerencias para la comprensión del conflicto colombiano es, sin embargo, abandonado luego por los autores para adentrarse en un riguroso y detallado análisis de los eventos acaecidos a partir del 7 de agosto de 1982. Por supuesto que el análisis del período Betancur se basa, implícitamente, en los lineamientos teóricos expuestos en la introducción. Pero se pasa demasiado pronto al estudio concreto de las propuestas y reacciones mutuas de los actores, sin haber desarrollado un nivel intermedio de explicación en el que se hicieran explícitas las consecuencias de ese marco de interpretación para el desarrollo polí tico colombiano. El recuento histórico del cuatrienio de Betancur es riguroso en la cronología. Se describe cada evento con la riqueza del que vivió el proceso paso a paso. El cubrimiento de los actores, sus propuestas y sus reacciones es amplísimo. Sin abandonar el enfoque principal, centrado en los protagonistas del proceso -gobierno y guerrilla-, los autores se ocupan simultáneamente de una diversidad de actores que incidieron definitivamente en su curso: las Fuerzas Armadas, los partidos po líticos, el Congreso, los gremios empresariales, las comisiones negocia doras, la prensa y los grupos paramilitares. De la misma forma están incluidos todos los aspectos que, de una u otra forma, sumados un poco al azar ante la ausencia de una estrategia cohe rente, configuraron el proyecto de paz y apertura democrática: la política exterior, la Cumbre política multipartidista, la Comisión de Paz, la ley de amnistía, el Plan Nacional de Re-

habilitación, los acuerdos de cese al fuego, el indulto, el Diálogo Nacional, la conformación de la Unión Patriótica y la reforma política. Tampoco se olvidan, sino que, por el contrario, se enfatizan, los obstáculos que impidieron la consolidación del proyecto de Betancur: la ausencia de reformas sociales, la crisis econó mica, la oposición de los gremios sumada a la oposición militar, el bloqueo bipartidista y las contradictorias respuestas del fragmentado movimiento guerrillero incluidos los episodios del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó. Todos ellos son objeto de un cuidadoso análisis a través del cual el lector logra reconstruir el proceso, peldaño por peldaño, hasta llegar a una visión panorámica, no por global menos nítida, del mismo. Sin duda alguna el trabajo de Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo constituye la explicación más completa que hasta ahora se haya escrito sobre la excepcional coyuntura política que significó el gobierno de Belisario Betancur. El libro Actores en conflicto por la paz tiene, sin embargo, mucho más que un simple va lor documental. Su contenido cobra actualidad no sólo gracias a una cierta continuidad de las políticas de paz a lo largo de la administración Barco sino, sobre todo, debido al hecho de que hoy, pasados cuatro años de culminada la experiencia Betancur, permanecen y se reproducen los mismos obstáculos que la frustraron en esa oca sión. Habría que hacer referencia sobre todo a cuatro factores que, en la opinión de Luis Alberto Restrepo y Socorro Ramírez, constituyeron las barreras más sobresalientes en la realización de un proceso activo de reconstrucción democrática de Colombia. En primer

Reseñas lugar aparecen los partidos tradicionales que, a través de sus representantes en el Congreso, blo quearon insistentemente, por acción u omisión, las posibilidades de reforma durante la coyuntura del proceso de paz. Su tradición antirreformista, alimentada por la necesidad de preservar un estado de cosas sobre el cual se sustenta y reproduce su poder, llevó a que la "clase política" actuara como un eficaz filtro bipartidista de la alternativa de solución política planteada por Betancur. Esta es quizás una de las lecciones más relevantes que deja el proceso adelantado entre 1982 y 1986: no hay transformación posible mientras no se intente, paralelamente, una profunda reforma de los partidos y del Congreso que permita su vinculación activa al proyecto de cambio. Ellos, partidos y Congreso, pese a su crisis interna, son de todas formas "maquinaria pesada con la que hay que contar para que no entorpezca los mejores proyectos" (p. 56). No basta con tratar, infructuosamente, de eludir sus intentos de bloqueo. Es preciso reformarlos, renovarlos y conseguir su respaldo. Ante la crisis de representatividad de los partidos, surgieron los gremios empresariales como los únicos voceros organizados de la sociedad civil, representantes de las clases dominantes, en abierta contradicción frente al proyecto gubernamental. Lograron aglutinar en tomo suyo un núcleo sólido de oposición a Betancur con lo cual, según los autores, se puso al descubierto "la real estructura del régimen político y del Estado colombiano de hoy. Detrás de las institucio nes democráticas, del presidencialismo y del Congreso, subyace una fuerte armadura corporativa con médula militar" (P. 26).

La permanente oposición de la institución castrense a la política de paz puede ser explicada, en parte, por la ideología anticomunista y antisubversiva que permea dicha institución, pero, ante todo, por la ya larga tradición de autonomía del poder militar frente al poder civil en materia de orden público. Tanto en el discurso como en los hechos los militares dieron amplias muestras de resistencia frente a las intenciones del Presidente de restablecer la capacidad de control del poder militar por el poder civil y avanzar así en el proceso de transforma ción democrática. La oposición militar al proyecto de Betancur dejó en evidencia que las Fuerzas Armadas son un actor político independiente y que sin su aceptación es imposible adelantar un proceso de solución negociada del conflicto. Ante este hecho, en la opinión de Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, los dirigentes políticos sólo tienen dos posibilidades: "o emprender una cuidadosa transfor mación a mediano plazo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de volverlas a su función constitucional, o reco nocerlas como actor político y darles la participación adecuada, sobre todo en lo tocante a la paz" (p. 280). Finalmente, resulta imposible desconocer las dificultades derivadas de las características del otro actor en conflicto: la guerrilla. Su heterogeneidad en términos tanto políticos como militares impide su cohesión como sujeto único de negociación. Sus respuestas fueron diversas y no pocas veces contradictorias. El proceso de negociación hubo de multiplicarse en diversos frentes dando a su vez paso a la multiplicación de las comisiones mediadoras. Las condiciones exigidas por cada agrupación para dar cumpli-

Reseñas miento a lo pactado fueron también heterogéneas. Por lo mismo, dificultaron su puesta en marcha y su verificación. Más grave aún que todo esto, para los autores, fue el hecho de que la mayoría de grupos guerrilleros "asumieron la política de paz como un medio para legitimar la continuación y ampliación de la guerra" (p. 281). Se trataba de movimientos armados no derrotados para quienes, dentro de una concepción militarista, las armas conservaban un valor estratégico, por encima de la negociación y la mediación política que no alcanzaron a concebir como el espacio valioso dond e las fuerzas enfrentadas se disputan el consenso alrededor de sus proyectos societales. Estos factores y tantos otros, adversos a la consolidación de la paz en Colombia, siguen pesando hoy en la realidad nacional. Las innumerables lecciones que dejó el proceso de paz de la administración Betancur no pueden ser desconocidas. Algunos errores se corrigieron a lo largo de la nueva experiencia de concertación de la administración que está por culminar, sobre todo aquellos relativos al procedimiento en el curso de la negociación. Quizá ello explique, en parte, el relativo éxito que significa la reincorporación definitiva del M-19. Muchos otros problemas de peso siguen, sin embargo, sin resolver. Ante todo aquellos relativos a las características estructurales del régimen que constituyen, a la vez, la principal fuente de su crisis y el mayor obstáculo para su resolución. Quizá por ello la paz seguirá siendo, por muchos años, un sueño esquivo para los colombianos. Ana María Bejarano. Politóloga, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Reseñas Un sistema de seguridad y defensa sudamericano Prólogo a Edgardo Mercado Jarrín Lima, Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), 1989. Mi amistad con el general Edgardo Mercado Jarrín, data de los años setenta, cuando él y yo desempeñábamos posiciones oficiales en nuestros respectivos países. Los estrechos vínculos existentes entré Colombia, el Perú y las Naciones Andinas, hacían necesarios los encuentros de cancilleres en la ciudad de Lima, donde pude apreciar a través de numerosos diálo gos, la gran versación de Mercado Jarrín en las cuestiones de América Latina y del Tercer Mundo. El destino de América Latina con la perspectiva del siglo XXI, es, en realidad, el trasfondo de esta obra que nos presenta Mercado Jarrín y que ha sido el fruto de su larga experiencia a la vez militar, política y diplomática de un peruano excepcional por su profundo conocimiento de los problemas hemisféricos y mundiales. Diría más. Ha escrito Mercado Jarrín un texto apasionante que nos ayuda a descubrir el entorno de las relaciones hemisféricas y la originalidad de la solución que ahora nos somete para resolver el problema de la seguridad de nuestra región. En la década de los setenta, vivíamos todavía en medio del auge de la integración latinoamericana, en el marco del Tratado de Montevideo de 1960 y del Acuerdo Subregional Andino de 1969. Veíamos que el desarrollo comenzaba a ser guiado por una política económica común a fin de hacerle frente a los retos de la industrialización, evitando la

duplicación de esfuerzos mediante la aplicación de los planes sectoriales. En la década siguiente, América Latina abandona los intentos integracionistas. Después de haberse asomado a lo que podría llamarse la iniciación de una política de bloque para afrontar los retos de la segunda mitad del siglo XX, con la necesidad de implantar las industrias dinámicas en una economía de escala, América Latina acepta su modesto papel de zona dependiente de l capital transnacional que había sido enemigo de la integración andina y de la Reso lución 24 "sobre el régimen común del tratamiento al capital extranjero". En el aspecto económico como en el político de las relaciones hemisféricas, la década de los ochenta ha sido un período recesivo para nuestra región, cuando registramos: a) La quiebra del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, el TIAR, en la Guerra de las Malvinas de 1982; b) El reforzamiento del hegemonismo norteamericano en la época de Ronald Reagan, de la invasión de Granada en 1983 y la utilización de Centroamérica, como el "Patio Trasero" de la seguridad de los Estados Unidos. *La geopolítica de Mackinder y Spyk man ha tenido pocos seguidores en América Latina . Somos románticos en la manera de enfocar para la actualidad las circunstancias hemisféricas. La constante evocación del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 suple la indagación de lo que es América Latina en el mundo de hoy cuando se acumulan nuevas situaciones de poder, que nos obligan a hacer un diagnóstico exacto de la pérdida de influencia de nuestra región. Estamos aún en plena

Reseñas edad retórica, mientras la comunidad internacional se trans forma en nuestro rededor en una era dominada por la competitividad indus trial utilizando la tecnología avanza da, basada en la informática y la robótica. Es muy precisa la evaluación que hace Mercado Jarrín de la situación geoestratégica actual de nuestra región. "América Latina y por tanto América del Sur, no gravita en las relaciones internacionales, la región desempeña un rol relativamente irrelevante y enfrenta en este siglo una situación de marginalidad geopolítica". En primer lugar, no tenemos una tecnología avanzada. Dependemos cada vez más del "leasing" de los equipos de los consorcios transnacionales que controlan los modelos de fabricación, las cantidades ofrecidas a la exportación y los precios. Nuestros mercados de consumo, como lo había advertido Raúl Prebisch desde los años cuarenta y cincuenta, son insuficientes para establecer industrias dinámicas en una economía de escala. En segundo lu gar, el impacto petrolero de los países árabes y la formación de la OPEP, situó en el Medio Oriente, el centro de decisiones sobre los precios del combustible que alimenta las industrias de Europa Occidental y el Japón, que dando rezagada nuestra región con materias primas de exportación no esenciales o de efectos secundarios como el carbón, el café y el azúcar. Siendo, por demás claro y evidente, que la deuda externa de América Latina viene pesando como un factor des integrador de las economías de la región. Entre tanto, el mundo se transforma en nuestro rededor. Contemplamos la división del planeta en una zona nórdica desarrollada y otra subecuatorial apenas

en desarrollo, cada vez más distanciadas. La segunda registra estancamiento económico y en muchos países la hiperinflación, los disturbios sociales y aun la violencia, mientras que Europa Occidental, culmina su unificación con la moneda común que entrará en circulación en 1992. La Comunidad Económica de los seis países asociados en 1957 en el Tratado de Roma: Alemania Federal, Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo e Italia, se convirtió después de tres décadas, en la Comunidad de los doce países, incluyendo a Dinamarca, España, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Portugal, con los compromisos supranacionales en todos los campos de la política exterior, la economía, el movimiento de capitales y la unificación de servicios, que le hacen el espacio multinacional más coherente del mundo. La Comunidad Económica Europea está dirigida por un Consejo de Ministros, las Comisiones técnicas y un Parlamento Europeo, elegido con el sufragio universal y directo. En el futuro contarán menos los Estados individualmente considerados, que los grandes espacios económicos o, si se quiere, los bloques comerciales, al estilo de Europa Occidental. No se ha estudiado suficientemente lo que representará la potencialidad del bloque europeo para América Latina y la economía mundial atrayendo inver siones de los Estados Unidos del orden de los US$122.000 millones y japoneses de US$6.600 millones, con exportaciones de US$83.000 millones de la Comunidad Económica Europea a los Estados Unidos y de US$40.000 millones del Japón a Europa Occidental. Nos estamos quedando atrás de los nuevos emporios comerciales del Extremo Oriente, que están girando en

Reseñas torno del Japón, que es la nueva potencia financiera, tecnológica, industrial y comercial del planeta. Se crean condiciones favorables para un alto desarrollo de las cuales no somos beneficiarios en la Cuenca del Pacífico con el Japón a la cabeza, seguido de Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwan. Abandonando los intentos integracionistas de la década de los setenta, América Latina regresó al siglo XIX, con el tratamiento bilateral de sus problemas, frente a los bloques de poder. Ello ha sido particularmente gravoso en los dos campos, comercio internacional y deuda externa. Con un monto superior a los US$400.000 millones, la deuda exter na afecta a los países de menor de sarrollo de la región como a los más grandes, Argentina, Brasil y México, teniendo entre ellos, más de la mitad de la deuda. Argentina, en particular, ha soportado en este año la peor crisis monetaria y económica de toda su historia, con una hiperinflación de alcances incontrolables, que obligó al presidente Raúl Alfonsín a dejar prematuramente el poder en julio de 1989, ante la imposibilidad de resolver la crisis. Brasil se debate entre la hiper inflación y los disturbios sociales por la carestía de los artículos de primera necesidad y una semimoratoria de sus pagos al exterior. México, ha recibido ayudas financieras especiales de los Estados Unidos, ante la gravedad de una crisis económica que afecta, inclusive la estabilidad política del vecino de la superpotencia. Se ha denunciado la paradoja de ha berse convertido los países pobres por el efecto de la deuda externa, en exportadores de capital hacia los países ricos, siendo las remesas de los países latinoamericanos en un solo año, del orden de los US$40.000 millones, el

doble de lo previsto en la década de los sesenta para la Alianza para el Progreso, con el fin de promover el desarrollo económico y social de toda la región durante diez años. Esa situación ha sido mirada con indiferencia por las grandes naciones industriali zadas. Fue, inclusive, abandonando el Diálogo Norte-Sur, previsto a raíz de la proclamación del Nuevo Orden Económico Internacional en las Naciones Unidas, en 1974. *La decadencia de las instancias multilaterales es el distintivo de la hora actual. Las Naciones Unidas son un mecanismo de discusión, más bien que de decisión de los problemas mundiales o regionales. Su utilidad ha crecido con la participación de más de ciento cincuenta Estados de todos los continentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas que se reúne cada año en Nueva York, es la concreción del ideal de un Parlamento de los pueblos. El Consejo de Seguridad depende exclusivamente del consenso entre las cinco grandes potencias, Estados Unidos, Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia.

La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), que despertó tantas esperanzas a raíz de la Conferencia de Ginebra de 1964, en la cual surgió el Grupo de los 77 del Tercer Mundo, estaba fundada en el diálogo entre los dos sectores de naciones, industrializadas y en desarrollo. La crisis del petróleo de 1974, planteó la negociación directa entre naciones producto ras y consumidoras del combustible y, como ya hemos visto, desplazó a la OPEP, fuera de la UNCTAD, la deliberación y

Reseñas decisión de los precios del petróleo. Queda el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), como un foro de negociación producto por producto, dentro de un esquema más pragmático y realista que el de la UNCTAD. De ellos se infiere que el Tercer Mundo dejó de ser un bloque unificado de países con intereses comunes. Los "nuevos ricos" del Medio Oriente disponen de una capacidad negociadora comparable a la de los países industrializados con reservas monetarias posiblemente superiores. Esto ha contribuido a debilitar los planteamientos universalistas sobre el Nuevo Orden Económico Internacional que se formulaban antes de 1974, haciendo más precaria la posición internacional de América Latina, que como lo anota Mercado Jarrín es parte del Tercer Mundo y afronta problemas regionales, específicos de la región, para cuya solución dejaron de tener actualidad e importancia los mecanis mos de la OEA (Organización de los Es tados Americanos) con una metodología anticuada de discursos acadé micos para una época como la nuestra de profundo realismo en la contemplación de los problemas. *En el terreno de la seguridad hemisférica, Mercado Jarrín advierte con mucha propiedad el cambio sufrido por el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947), que resultó inaplicable para una emergencia tan importante como la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. Los compromisos de no agresión y solidaridad hemisférica se vieron anulados por la preocupación de los Estados Unidos de prestarle ayuda a un país socio de la OTAN como Gran

Bretaña, en contra de un país sudamericano. Las circunstancias estratégicas del Archipiélago de Las Malvinas como punto defensivo de la OTAN en el hemisferio sur, primó sobre cualquier otra consideración de tipo jurídico, para resolver la cuestión de la soberanía argentina, deriva da de antiguos títulos de los tiempos del Imperio Español. El TIAR se convirtió en un instrumento del imperialismo norteamericano en sus relaciones con América Latina. El concepto de no agresión desapare ció y, en su lugar, se levanta "el peligro de la infiltración comunista", esgrimido para denunciar "la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos" de países del tamaño de Guatemala, la República Dominicana, Cuba y Nicaragua, aun la Isla de Granada en el Caribe. A pesar de todos los cambios en las políticas de las superpotencias, el llamado conflicto "Este-Oeste", continúa siendo el eje de la acción norteamericana en América Latina, primordialmente en Centroamérica y el Caribe. Ha quedado, inclusive, eliminado el precepto cardinal de las relaciones internacionales de la agresión del ataque armado, contenido en el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual los Estados miembros, "se abstendrán en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas", lo que excluye todas las formas de coerción de un Estado sobre otro, tales como las medidas de embargo o de bloqueo económico, comercial o de las comunicaciones. Esto implica que el

Reseñas concepto de soberanía y de no agresión se divide en dos cate gorías complementarias: 1. El ataque armado, que puede ser directo con tropas nacionales o indirecto, con grupos paramilitares o guerrillas. 2. La agresión económica, por medio de medidas destinadas a impedir el comercio o las comunicaciones aéreas, terrestres o navales. Fue así como Granada sufrió una invasión armada para lograr un cambio de gobierno en 1983, del propio modo, que lo habían sido Guatemala en 1954; Cuba en 1961; la República Dominicana en 1965 y Nicaragua desde 1981, por parte de los Estados Unidos, combinándose en los casos de Cuba y Nicaragua el ataque armado indirecto con la agresión económica del bloqueo comercial. Este último se utilizó en 1973 respecto a Chile, para desestabilizar al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Están creadas, por lo tanto, las circunstancias que hacen propicia la iniciativa de Mercado Jarrín, para llegar a un nuevo Sistema de Seguridad y Defensa Sudamericano, sobre las bases expuestas en el Capítulo IX de esta obra, que se resumen en los presupuestos fundamentales: 1. El compromiso político de estable cer una "Zona de Paz" entre los Estados de la Región Sudamericana; y 2. De crear un Sistema de Seguridad por medio de un Tratado de Defensa Sudamericano, destinado a atender, tanto los aspectos de la paz y como los de guerra; 3. Poner en evidencia la desnuclearización de nuestro espacio subregio nal;

4. Reclamar la no intervención y evitar la regionalización o intemacio nalización de conflictos internos; 5. Impedir la proyección militar o política del llamado "conflicto EsteOeste" a la subregión. Para llegar al resultado final, y como un buen estratega, Mercado Jarrín propone una serie de etapas interme dias: 1. Establecer la "Zona Sudamericana de Paz", la que implicaría la exclusión de la fuerza armada para re solver los conflictos y definir el espacio al cual se aplicarían los compromisos del Tratado de Seguridad y Cooperación. 2. Iniciar la cooperación entre las Fuerzas Armadas de los países de América del Sur, mediante reunio nes de consulta y coordinación cuya periodicidad será establecida, a fin de intercambiar informaciones, dentro de una doctrina de Seguridad y Defensa, basada en la demo cracia. 3. Redactar el Tratado de Seguridad y Defensa Sudamericano, mediante la convocación de un grupo de expertos lo que supone la aceptación de las grandes potencias y el retiro de las bases militares de países situados fuera de la región. Ello podrá adelantarse a través del Grupo de los Ocho, que por incluir a México se tropezaría con el inconveniente de obligar a este país a servir de intermediario para objetivos que no se aplicarían a su territorio. 4. Crear el órgano de consulta propio del sistema sudamericano, que debería comprender a todos los países de la subregión. Sería indispensable distinguir entre una Comisión Ejecutiva de pocos miembros y el Órgano consultivo que agruparía a todos los Estados participantes.

Reseñas 5. Aprobación del Tratado de Seguridad y Cooperación entre todos los Estados sudamericanos. 6. Constitución del Estado Mayor Sudamericano. 7. Formación de una Academia Sud americana de Defensa. El plan así definido es ambicioso y requiere un análisis profundo en todos sus aspectos, primordialmente de la relación con el resto de América Latina y con la situación particular de la superpotencia del Norte. América del Sur no podría ser considerada como una "Isla" dentro de una comunidad que no podría desentenderse de lo que acontezca en América Central y, sobre todo, en la zona crítica del hemisferio que es el Canal de Panamá, donde actualmente existe una situación incierta respecto de la aplicación integral del Tratado Torrijos-Carter de 1977, que le devolvió a la República de Panamá la plena soberanía en la antigua zona canalera marca “U.S.A.”

*Los planteamientos que formula Mercado Jarrín están destinados a suscitar un amplio debate especialmente benéfico al terminar la década de la crisis de los ochenta y aproximamos a los años noventa, cuando se han consolidado las manifestaciones de la política de bloques comerciales y espacios integrados, llegándose a la internacionalización del capital. El enfoque político, como el estratégico y el económico de América Latina necesita ser revisado a la luz de las realidades de un mundo en evolución. Somos no solamente una zona subdesarrollada sino también colonizada por las compañías transnacionales que igualan en ferocidad a los conquistadores españoles del siglo XVI. Este libro proporciona los datos

esenciales para considerar a Sudamérica como un tema de actualidad. En la era de lo multinacional nos contentamos con la política internacional del Estado-, Nación, sin advertir que el mundo se organiza sin nosotros para no decir contra nosotros.

El debate que plantea esta densa y bien estudiada obra geopolítica contemporánea podría proseguirse en torno de las siguientes áreas: a) La decadencia del Sistema Interamericano y los límites del "grupismo" para la orientación política de América Latina La Organización de los Estados Americanos entró en los años ochenta en una etapa de franca decadencia, con la política imperial del presidente Ronald Reagan, excluyente de toda deliberació n sobre asuntos hemisfé ricos, que son decididos en la Casa Blanca, dentro de las pautas de Santa Fe I y Santa Fe II. El grupo de Contadora quiso ser un sustituto del Sistema Interamericano, con la activa presencia de Colombia, México, Panamá y Venezuela sin haber llegado a contrarrestar el po der decisorio de la Casa Blanca. El Grupo de los Ocho, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, México, Panamá y Venezuela, ha tomado el relevo del Grupo de Contadora, siendo aún un tanto precaria la eficacia real de los comunicados de los jefes de Estado comprometidos en este nuevo ensayo de diplo macia multilateral que se queda reducido al terreno de las buenas intenciones. El Grupo de los Ocho tal como está actualmente constituido no permi te un

Reseñas funcionamiento regular con la presencia permanente de los jefes de Estado y tendría que ser reorga nizado para servir de órgano político de América del Sur con un Consejo de Planeación, integrado por los expertos en las tres ramas comple mentarias de la política internacional, la economía y los asuntos de la seguridad hemisférica. Se deben superar las reuniones ocasionales para entrar en la era de las reuniones funcionales y operativas que permitan adoptar verdaderos planes de acción internacional. b) El espacio geopolítico del nuevo tratado de seguridad: ¿América Latina o Sudamérica únicamente? Cabe preguntar la razón para limitar el área defensiva a Sudamérica. La respuesta del autor es que México con su. "relación especial" con los Estados Unidos, por una parte, y de otra, las concesiones de orden financiero que ha recibido últimamente para saldar el enorme pasivo de la deuda externa, tiende a aproximarse a su poderoso vecino del Norte, sin que ello suponga la pérdida de su independencia política. La integración ya existente en el campo comercial entre Cana dá y los Estados Unidos podrá ser en el futuro un modelo para extender el bloque de América del Norte hasta la frontera mexicana con América Central, extendiendo la línea de defensa de la superpotencia hasta el Canal de Panamá. Con ello, América Latina quedaría dividida en dos zonas: la del predominio de la influencia norteamericana y la de los países restantes. El concepto de la seguridad de Sudamérica que propicia Mercado Jarrín, tiene su razón de ser en la medida en que no se pierda el concepto de la unidad y solidaridad de intereses de toda América Latina mirada

como un conjunto, en los dos aspectos de la renuncia al uso de la fuerza a fin de aplicar las solu ciones pacíficas para resolver los conflictos internacionales, como en el fortalecimiento de la confianza, la "zona de paz", para disponer que sean respetadas la soberanía como la libre determinación. c) La coordinación de la política económica de América Latina como grupo de presión internacional El concepto de la seguridad del Estado comprende no solamente los as pectos propiamente militares, sino los de especie económica y social. Para la libre disposición de recursos de supervivencia y aun de progreso social, sería necesario pensar en la actualiza ción de SELA (Sistema Económico de América Latina), que deberá desempeñar funciones coordinadas con las del Tratado de Seguridad y Cooperación. La experiencia reciente de Chile, cuando los Estados Unidos establecie ron trabas para la exportación del cobre a fin de desestabilizar al presidente Salvador Allende, y el embargo contra Cuba y Nicaragua, nos hace pensar que la agresión económica podría tener tanta o mayor eficacia que la misma agresión militar, sin correr los riesgos de éste. América Latina es demasiado vulnerable por su dependencia de la exportación de materias primas del mercado interna cional y se requiere fortalecer la coordinación que le permita actuar como grupo de presión en el campo internacional. Economías subdesarrolladas dependientes, periféricas no pue den subsistir en el aislamiento del EstadoNación del siglo XIX. Han cambiado las condiciones de la vida internacional y debemos aceptarlo.

Reseñas Alfredo Vázquez Carrizosa. Abogado, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Reseñas

Tribunal permanente de los pueblos: proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad Sección Colombiana de la Liga internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos (?), Bogotá, 1990 (?) Desde el punto de vista de la sociedad civil, que no del Estado, el signo más promisorio del proceso político nacio nal en la última década es la popularización de la cultura de los derechos humanos. A lo largo de los gobiernos de Turbay, Betancur y Barco, en efecto, ha venido surgiendo una nueva conciencia ciudadana acerca de la necesidad de garantizar a tirios y troyanos el ejercicio efectivo de las liber tades fundamentales, por manera que el constitucionalismo se convierta en democracia , y en democracia no sólo política sino también económica y social. Este ethos humanitario empieza a calar en amplios sectores de la población y se expresa tanto en la múltiple gestión reinvidicativa de los movimientos sociales cuanto en la creciente actividad crítica de universidades y centros de investigación. Unos y otros libran hoy una decisiva batalla de opinión pública en defensa de la vida y de la paz, con el objetivo estratégico de ensanchar el espacio propio de las iniciativas ciudadanas dentro del sistema político y a la vez humanizar, mientras resulta factible concluir por medios legítimos, el conflicto armado plural que tiraniza a los colombianos. Parte esencial de tal esfuerzo civilizador y democratizador es la publicación de estudios sobre derechos humanos que expliquen las herramientas normativas vigentes y disponibles o que describan las

violaciones concretas de las libertades ciudadanas y las luchas democráticas por defenderlas o resta blecerlas en la vida cotidiana. Al se gundo tipo de publicación pertenece el libro que recoge los materiales de la sesión de instrucción sobre Colombia que el llamado Tribunal Permanente de los Pueblos celebró en el país en noviembre de 1989. El Tribunal Permanente de los Pue blos es el sucesor del célebre Tribunal Russell, que fundara el filósofo inglés a mediados de la década de los sesenta para "juzgar" ante la opinión pública mundial los crímenes de guerra del ejército norteamericano contra el pueblo de Vietnam. Se trata de una organización no gubernamental de carácter humanitario, que tiene su sede en Roma y se dedica al juzgamiento ético de los crímenes contra la humanidad. Fue fundado en 1979, ha sesionado trece veces y está integrado por 60 miembros de 31 países. Su tarea es doble: instruir o investigar las violaciones de los derechos humanos por los Estados, que son los responsables de reconocer y hacer efectivas las libertades fundamentales de las personas en cada país, y decidir a la luz del derecho internacional si un Estado es o no culpable de crímenes de lesa humanidad contra sus propios ciudadanos. Tanto las investigaciones cuanto las decisiones del Tribunal Permanente de los Pueblos carecen de obligatoriedad, por dos razones: porque provienen de un organismo no estatal, de la sociedad civil, y porque la comunidad internacional no dispone aún de un sistema de jurisdicción coactiva, que pueda imponer sus opiniones o sentencias a los Estados eventualmente sujetos a su autoridad. Pero los pronunciamientos del Tribunal tienen en

Reseñas la práctica importantes efectos políticos, al poner en evidencia la política opresiva o represiva de muchos gobiernos y apelar a la creciente sensibilidad humanitaria de la audiencia planetaria. En los últimos cuatro años, el Tribunal se ha propuesto sustanciar y enjuiciar la impunidad de los regímenes latinoamericanos por la comisión de numerosos y reiterados crímenes de lesa humanidad contra sus nacionales. La sesión de instrucción sobre nuestro país, que constituye la materia del volumen reseñado, fue convo cada a solicitud de 72 organizaciones de la sociedad civil (humanitarias, sindicales, profesionales, religiosas, académicas, periodísticas, comuna les) y se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Bogotá durante los días 4, 5 y 6 de noviembre del año pasado. El ejercicio se dividió en cuatro "momentos": la acusación o formulación de cargos contra el Estado colombiano por la práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciales, torturas, masacres y otros crímenes contra la humanidad, que estuvo a cargo de 29 de las entidades convocantes; el examen de los mecanismos de impunidad; el análisis del fuero militar; y el estudio del papel de los medios de comunicación frente a las violaciones de los derechos humanos. En los tres últimos momentos la sesión discurrió de tal manera que hubo acusación y defensa del Estado, la institución castrense y la industria cultural, a fin de que los tres jueces extranjeros y el auditorio nacional escucharan cargos y descargos, y se formaran así una idea cabal de la problemática investigada por el Tribunal. Al foral, la secretaría levantó un acta notarial sobre el desarrollo de la se sión y los jueces emitieron una opinión bastante lacónica por cierto, en la cual se pone en evidencia la responsabilidad

oficia l por la generalizada impunidad que campea frente a los crímenes de lesa humanidad contra la población colombiana y se llama a juicio al Estado por dicha situación. La sesión de conocimiento o juzgamiento debe celebrarse en mayo de 1990, de acuerdo con lo previsto por el Tribunal Permanente de los Pueblos. El documento que nos ocupa tiene interés como fuente de consulta y referencia para el diagnóstico de los derechos humanos en Colombia, y como testimonio del activismo de nuestra sociedad civil y de la comunidad humanitaria mundial en ésta, la más noble de las causas democráticas. Pero más allá de la denuncia de las atrocidades cometidas con la participación o la tolerancia de las autoridades y ante la impotencia del sistema judicial, la publicación de la Sección Colombiana de la Liga Interna cional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos aporta muy poco a la reflexión ética, jurídica y política sobre los derechos humanos en Colombia y América Latina. Y a pesar de su alto valor testimonial y divulgativo, la edición parece pirata pues carece de la más elemental información sobre editor responsable, casa impresora, lugar y fecha, sin mencionar el ISBN (International Standard Book Number) cuya omisión priva al libro de su incorporación automática y gratuita en los catálogos bibliográficos internacionales. Peor aún, la obra no contiene una introducción general de naturaleza didáctica en la cual los editores colombianos deberían haber presentado la compilación documental y ubicado el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos en el complejo y conflictivo contexto colombiano, para subrayar en últimas el carácter estratégico del

Reseñas discurso humanita rio en el proceso político nacional. Podrían alegarse razones de seguridad para tales omisio nes pero la de fensa de los derechos humanos de los colombianos exige no sólo asumir riesgos sino también demostrar profe sionalismo cuando se trata de ilustrar a la ciudadanía por medio de la palabra impresa. He aquí otra oportunidad pedagógica parcialmente malograda, en una coyuntura crítica en la cual mal pueden desaprovecharse los escasos recursos disponibles para enriquecer el debate público con más y mejores elementos de juicio sobre los derechos humanos como ética de la democracia. Hernando Valencia Villa. Abogado, inves tigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

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