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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014, POR EL AYUNTAMIENTO PLENO ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE D. Juan Antonio Abad Pérez (PP) CONCEJALES D. Jesús-Manuel Soria Heras (PP) Dª María-Antonia Pérez-Medrano Puerta (PP) D. Ricardo Garrido Llanos (PP) Dª María-Juana Hernández Lezana (PP) D. Carmelo-Carlos Tomás Tomás (PP) D. Antonio Eguizábal León (PP) Dª Noelia Moreno Hernández (PP) Dª Mª. Jesús Gil de Muro Arconada (PSOE) D. Francisco Javier Ocón Pascual (PSOE) Dª Mª Jesús de Orte Laguna (PSOE) D. Javier García Ibáñez (PSOE) Dª Mª Jesús Zapata Abad (PSOE) D. Jesús Angel Gil de Gómez Bermejo (PR) D. Pedro Antonio Marín Gil (PR) D. Santiago Álvarez Pellejero (miembro no adscrito) D. Francisco José Álvarez Pellejero (miembro no adscrito)

En la Ciudad de Arnedo, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce, siendo las veinte horas, se reunió en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Antonio Abad Pérez, con la asistencia de los Sres. Concejales anotados al margen, del Secretario General de la Corporación, D. Angel Medina Martínez y del Interventor Acctal. D. Ricardo Martínez Fernández. Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario procedió a dar lectura al Orden del Día, adoptándose a continuación el siguiente acuerdo:

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1.- PROPUESTA DE FORMALIZACION DE UN CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL CONTRA LOS ARTICULOS 1º Y 2º Y DEMÁS DISPOSICIONES AFECTADAS DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.Se da cuenta del siguiente escrito presentado el 10 de febrero de 2014, RGE núm. 2014002071: “Javier García Ibáñez, Francisco Javier Ocón Pascual, María Jesús de Orte Laguna, María Jesús Gil de Muro Arconada y María Jesús Zapata Abad, todos ellos concejales del Excelentísimo Ayuntamiento de Arnedo: EXPONEN Que la nueva redacción dada al artículo 46.2 de la Ley de Régimen Local en el apartado a) indica la forma de la convocatoria de los Plenos Extraordinarios, señalando textualmente: “asimismo el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente”. Y por lo expuesto, de acuerdo con la exposición realizada en el cuerpo de este escrito y acogiéndose a esta regulación legal, los concejales que suscriben, SOLICITAN Del Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Arnedo, la convocatoria de un Pleno extraordinario, para debatir los puntos que a continuación se indican: PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1079, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población

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(art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde, para que en el plazo de diez días, realice todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Arnedo, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local, siguiéndolo por todos sus trámites a instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.” Interviene el Sr. García, explicando que este Pleno se celebra a petición de los concejales del grupo socialista, para debatir sobre la reforma de la Ley de Administraciones Locales, porque es una cuestión que les preocupa enormemente. Informa que hace unos meses ya se debatió en Pleno una Moción propuesta por el partido socialista, para pedir al gobierno que le diera una vuelta más a ese anteproyecto de ley que se presentó hace unos meses y que salió aprobada por unanimidad del Pleno, porque no gustaba a nadie. Declara que esta reforma de ley que se presenta, a entender del grupo socialista, perjudica seriamente a los ayuntamientos y más en concreto a los menores de 20.000 habitantes, Arnedo entre ellos. Refiere que lo que se va a debatir es que el ayuntamiento de Arnedo se adhiera a un recurso ante el Tribunal Constitucional, junto a 3.500 ayuntamientos de España más, para solicitar que se frene esta Ley del Partido Popular, que bajo el punto de vista del Sr. García lesiona los intereses de los municipios y suponen también el abrir la puerta a privatizar algunos servicios y también que se pierda la competencia para prestan servicios básicos a los ciudadanos y que los mismos queden en manos de las Diputaciones Provinciales o de los Gobiernos autonómicos. Alega que una Diputación Provincial no se elige democráticamente como se elige un ayuntamiento, por lo que les parece una tomadura de pelo a los propios ciudadanos, que eligen sus ayuntamientos, pero no las diputaciones. Añade que en el caso de la Rioja, servicios municipales como pueden ser los servicios sociales, podrían quedar en manos de las comunidades autónomas y sólo ellas podrán decidir que hacer con dichos servicios.

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Refiere que esta reforma establece también que en el plazo de un año la titularidad de estas competencias pasan a corresponder a las comunidades autónomas, y además se añade textualmente: “podrán establecer a partir de ese momento, las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”. Reitera que les preocupa que puede pasar en un futuro próximo con servicios como los de ayuda a la mujer, juventud, en materia de cultura, y en montón de materias que pretenden que se dejen de prestar por los municipios. El argumento del PP para llevar a cabo esta Ley es el ahorro económico; algo que al Sr. García le parece alejado de la realidad. Dice que los ayuntamientos en España suponen un 4% del déficit público, y la mayor parte de ese porcentaje corresponde a Madrid, gobernado por el Partido Popular. Reitera que los ayuntamientos no son un problema para el déficit público y por eso a su grupo les enfada que se intente recortar a los ciudadanos y a los ayuntamientos. Propone que empiecen a realizar cambiar en el Congreso, en el Senado, o en las Diputaciones Provinciales y que dejen en paz a los ayuntamientos. Declara que su grupo no ve ninguna razón que sustente esta Ley que puede afectar a Arnedo y que cree que los concejales están no sólo para hacer un programa de fiestas o programar actuaciones en el Cervantes, sino que también están para defender los intereses del ayuntamiento. Pide a los grupos políticos que sean capaces de llegar a un acuerdo para aprobar esto, para que más de 3.500 ayuntamientos vayan al Tribunal Constitucional, como una de las vías posibles que existen para acceder a dicho Tribunal. Otras dos vías son: que 50 diputados ó senadores lo hagan ó que algunas comunidades autónomas también recurran esta Ley. Toma la palabra el Sr. Álvarez agradeciendo al Secretario que les mandará la Ley actual con la nueva que se pretende, porque les ha facilitado el ver las diferencias entre una y otra. Manifiesta que a la hora de posicionarse, han tenido en cuenta una serie de cuestiones reflejadas en el documento, que les parecen importantes, al menos vistas desde la óptica del ayuntamiento de Arnedo, que tiene menos de 20.000 habitantes. Alega que confrontando las pretensiones de la ley con situaciones vividas en nuestro ayuntamiento, observan que vulnera la primera dimensión de la autonomía local, suprime la condición de administración más cercana a los ciudadanos, mediante la eliminación del principio de máxima proximidad.

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Establece una diferencia arbitraria entre los municipios según tengan más o menos de 20.000 habitantes; imponiendo controles, cargas y restricciones, sobre los de menos de 20.000 habitantes, que no se aplican a los de más población, aunque incurran en las mismas conductas, como sucede con la prestación de servicios por encima del coste efectivo. Se desapodera a los municipios menores de 20.000 habitantes, de la prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos obligatorios. Establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte de las administraciones, que sitúan a las entidades locales en posición de subordinación o dependencia, casi jerarquizada, que rechaza el Tribunal Constitucional en sentencias que ya ha emitido. Se advierten en diversos contenidos de la Ley cuestionada, al establecer tutelas preventivas, genéricas o de oportunidad de otras administraciones, que el Tribunal Constitucional ha considerado prohibidas desde la garantía constitucional de la autonomía local. El Tribunal ya indicó en la sentencia 4/1981, que no se ajusta al principio de autonomía de los entes locales la previsión de controles genéricos e indeterminados, que sitúen a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia casi jerárquica de la administración del Estado u otras entidades territoriales. La citada sentencia indicaba que la autonomía garantizada por la Constitución quedaría afectada en los supuestos en que la decisión correspondiente a la gestión de los intereses respectivos fuera objeto de un control de oportunidad, de forma tal, que la toma de la decisión viniera a compartirse con otra administración. El Sr. Álvarez opina que se pretende que las Diputaciones, y en nuestro caso la Comunidad, asuma una serie de servicios que en estos momentos están ofertando y prestando los ayuntamientos y deja a la consideración de la Comunidad delegarlos en los Ayuntamientos. Todo esto en base a criterios, de economía, eficacia y eficiencia. A juicio de los dos miembros no adscritos, el planteamiento debiera ser el contrario, dejar en manos de los ayuntamientos los servicios que funcionan y rescatemos los de aquellos que por tamaño lo soliciten o no encuentren fórmulas para mancomunar algunos de estos servicios. O, directamente secuestremos servicios en aquellos casos en los que el ayuntamiento demuestre una incompetencia que así lo aconseje. Por tanto, rotundamente no, a las tutelas preventivas que se prevén en esta propuesta de Ley.

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Continúa diciendo que el artículo 116 ter regula el coste efectivo de los servicios, el eje medular sobre el que se articula una buena medida del nuevo sistema competencial local derivado de la Ley. Los municipios menores de 20.000 habitantes, deberán acreditar que pueden prestar el servicio a menor coste que la fórmula propuesta por la Diputación, y ésta debe considerarlo acreditado. En el caso de la Rioja, todo el poder queda en la Comunidad Autónoma. La detección por parte de la Diputación, de la Comunidad en nuestro caso, de que los prestan a un coste mayor, no sólo le habilita para ofrecer su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios, sino que le permite ejercer una genuina competencia de coordinación en sentido estricto, en cuanto le faculta para incluir en el plan provincial, fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El coste efectivo de la prestación de un servicio debe ser expresión de la autonomía municipal, sin embargo la ley que se pretende recurrir, altera la relación entre medios, erigiéndose el coste, específicamente su rebaja, en el fin. En definitiva, prima sobre la prestación de los servicios, el coste efectivo bajo el ejercicio de las competencias por parte de los ayuntamientos. Manifiesta que incluirán algún tema que haga referencia respecto a lo que se hace en este ayuntamiento. Se esgrimen criterios de economía, eficacia y eficiencia y ellos se preguntan quién garantiza que esto se vaya a conseguir. Alega que en este ayuntamiento tenemos casos bastante evidentes de que no siempre es así. Pone como ejemplo la recaudación del IBI, que ha resultado más barato, se ha demostrado la eficacia en la gestión, con menos devoluciones de recibos y está claro que se ha ganado en eficiencia. Otro ejemplo es la adjudicación de las obras de pavimentación de la segunda fase del Paseo de la Constitución, que pagaron los vecinos, el Ayuntamiento y la Comunidad y que gestionó y adjudicó la Comunidad Autónoma. Todavía nadie ha explicado los motivos por los que las obras se adjudicaron con un presupuesto un 10% por encima de otro, presentado por una empresa que también intervenía en Arnedo en la C/ Libertad y la rotonda y supuestamente lo estaba haciendo bien. Pregunta: ¿alguien cree que el ayuntamiento hubiese pagado un 10% más de un presupuesto importante, teniendo una empresa conocida y solvente, como FORALIA, trabajando ya en este ayuntamiento, y que ofertaba un 10% por debajo del presupuesto que finalmente adjudicó la Comunidad?. Opina que en ninguno de los dos casos nos hubiéramos decidido por la administración superior. Alega que lo que suele producir la adjudicación de servicios públicos de gran volumen, muy atractivos para grandes empresas, es que les da igual dedicarse a eso ó solo en los objetivos sociales; les da igual tener o no

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trabajadores y terminan en segundas ó terceras subcontratas con lo que supone de grave perjuicio para los trabajadores y el desarrollo del servicio. Declara que la disposición adicional 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, supone una lesión del principio democrático en el ámbito local que vulnera la autonomía local, constitucionalmente garantizada en cuanto el artículo 140 imbrica autonomía y democracia local. Señala esta disposición adicional que cuando el Pleno de la Corporación local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos, prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno tendrá competencia para aprobar el presupuesto, planes económico-financieros, planes de saneamiento y entrada de mecanismos extraordinarios de financiación; atribuyendo con ello a la Junta de Gobierno Local, facultades de actuación básicas y de importancia capital. De esa forma se excluye a la oposición de la intervención en decisiones fundamentales del municipio, vulnerando así el principio democrático. Finaliza diciendo que hay algunas cosas en este proyecto de ley que no les gusta, y que en principio no van a recurrirse, como es la posibilidad que nos da nueva Ley a la hora de que por ejemplo en Arnedo pueda haber hasta 5 liberados; añade que es cierto que antes no había limitación, pero que puestos a limitar a su juicio debiera ser mas restrictivo y ajustarse a las necesidades reales. Lo que contempla no es razonable y ayuda poco, o nada, a conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política y en los políticos. Respecto de las retribuciones refiere que en Arnedo por población corresponde unos 50.00 euros, lo que esta bastante alejado de lo que se percibe ahora. Les gustaría que uno de los dos grupos políticos o de los grandes partidos llegase a plantear modificaciones en este sentido, que ajustase las necesidades en los ayuntamientos a la realidad, y no dejar las cosas al albur de lo que crean conveniente en los ayuntamientos. Declara que el voto de los dos miembros no adscritos, será favorable. El Sr. Gil de Gómez refiere que la Ley a juicio del PR, resulta decepcionante, pobre y confusa, además de peligrosa, ya que atenta directamente contra las administraciones locales; es decir contra los pueblos y ciudades de menos de 20.000 habitantes. Esta Ley no apuesta por una organización útil, funcional, ni cercana al ciudadano, sino que se basa solamente en criterios económicos, que solo dan respuesta a alguna gran ciudad, abandonando también a su suerte a los municipios más pequeños, como es el caso de Arnedo.

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La reforma pone en riesgo la desaparición de los pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes. La Rioja cuenta con 174 municipios, de los cuales solamente se librarían 2 de esta reforma: Calahorra y Logroño. Al resto de municipios la nueva ley los dejaría suprimidos o vacíos prácticamente de contenido, lo cual puede llevar a su desaparición. La reforma establece mecanismos directos para despojar de la mayoría de las competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes; estas competencias las asumirían las Diputaciones, en nuestro caso, el Gobierno de La Rioja, con la segura privatización en contra de la eficiencia del servicio y de su calidad en la prestación. Relata que en Arnedo hemos sido mucho más eficaces con el cobro del IBI que lo que hacía la Comunidad Autónoma, encargándolo o privatizándolo fuera y que el año pasado ahorramos más de 120.00 euros con este cobro del IBI y para este año hay previsto un ahorro de 150.000 euros. Como pueden ver el Gobierno de La Rioja no siempre sería eficiente y no daría un servicio de calidad en su prestación. Esta reforma no habla de la financiación de las competencias a los ayuntamientos, se las atribuye directamente a la Diputación provincial o en el caso de la Rioja, al Gobierno de la Rioja. Pregunta: ¿qué les vamos a decir a nuestros ciudadanos, cuando nos pregunten por un servicio concreto, que posiblemente no prestemos?, ¿cuándo nos pregunten por servicios sociales, alumbrado público ó limpieza viaria?, que les vamos a decir ¿qué hablen con la Comunidad Autónoma?, ¿qué vayan a Logroño?, ¿qué les ponga aquí la Comunidad Autónoma a alguien para que hable directamente con ellos?. Creen que estamos perdiendo cercanía con el ciudadano y que la respuesta se la tenemos que dar desde el ayuntamiento, por eso sería bueno que se hablase de la financiación de los ayuntamientos; que venga la financiación directamente a los ayuntamientos y que ellos sean quienes decidan o no prestar esos servicios. El PR pide que la ley este basada realmente en esos principios de eficacia, modernización y racionalización del gasto público, donde quedan claras las competencias y una financiación adecuada a cada municipio, pues cada municipio es un mundo. Apuestan por la coordinación entre las administraciones públicas, pero también entienden que es necesario apostar por la administración local, descentralizada y eficiente, tanto en términos económicos como sociales, especialmente en la Comunidad Autónoma donde la mayoría de los pueblos tienen menos de 20.000 habitantes.

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Por eso esta noche apoyaran al partido socialista en el texto que van a presentar. El Sr. Soria anticipa que probablemente se quedarán solos en la votación, pero que su obligación es intentar convencerlos de que no, aunque es difícil debido al carácter político que tiene esta propuesta. Opina que no hay que confundir a la gente con lo que esta ley pretenden. Desde el grupo popular entienden que esta reforma viene a asegurar el correcto funcionamiento de la administración local, evitando duplicidades, no gastando más de lo que se ingresa, asegurando el pago a los proveedores, etc. Respecto a la privatización de servicios comenta que algunos servicios será conveniente privatizarlos, porque el servicio pueda ser mejor. Otros será mejor que los mantenga la administración; en definitiva que habría que evaluar servicio por servicio y contrato por contrato, pues algunos de ellos se deben externalizar y otros no. Atestigua que el ayuntamiento de Arnedo cumple en que no tenemos más liberados, pero que debe estar regulado pues otros ayuntamientos no lo cumplen y cree que también debe estar regulado el personal de confianza. Añade que se tiene que garantizar la financiación de los servicios que se presten y cree que este año o el siguiente se darán pasos muy importantes en la financiación de los ayuntamientos, para que los servicios que se presten tengan un respaldo económico. Muestra su conformidad con la anulación de la limitación del número de concejales, pues cree que no es uno de los problemas de los ayuntamientos, pues los concejales trabajan en exceso y siempre mal o poco remunerados. Cree que lo que hay que hablar es del control de gasto, cumplir el objetivo de las deuda, y en base a todo eso, si el ayuntamiento puede prestar el servicio y tiene capacidad económica para ello, no cambiará nada. Pero lo que no se puede hacer es no tener los servicios obligatorios porque a ese ayuntamiento le apetece prestar otros servicios. Alega que esto es como en las familias, en las que si el hijo no tiene un control de sus ahorros o de su dinero, están los padres para corregirles y llevarles por la buena dirección. No vale el decir que como el hijo es mayor de edad, que haga lo que quiera. Cree que habrá que poner un límite.

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Entienden que ese límite no entorpece la obligación de velar por los intereses del ayuntamiento, siempre intentando conseguir que los vecinos tengan los servicios básicos, y a partir de ahí poder ofrecerles todos los que podamos. Manifiesta que esta ley no es contraproducente para los intereses de los arnedanos y por lo tanto no les acompañaran en la votación. El Sr. García replica al Sr. Soria que ya está un poco acostumbrado a que le digan cuando interviene, que es muy político, que pone acento político a las cosas, y además lo dicen de una forma muy peyorativa, pero que él está muy orgulloso de que al margen de su trabajo profesional, le guste la política y la desarrolla en el ayuntamiento. Alega esto porque a su entender tienden mucho a intentar descalificarle o ponerle la etiqueta de “político”, y le gustaría poner las cosas en su sitio. Declara que él es trabajador autónomo y en su tiempo libre se dedica a la política municipal, y precisamente los que le dicen eso, son quienes se dedican a la política. Les aconseja que llamen a las cosas por su nombre y dice que esto es un Pleno político y que todos son políticos municipales. Les pide que no intenten descalificar sus intervenciones diciendo que es muy político o que le pone acento político. En relación al equilibro gasto-ingreso, manifiesta que le parece absolutamente demagógico y que le digan a la Concejala de Cultura que equilibre gastos e ingresos a la hora de programar Cultura, o a la Concejala de servicios sociales. Cree que no se puede equilibrar todos los gastos e ingresos y que el grupo municipal popular no tiene el mismo sentido de la administración que él grupo municipal socialista, porque un ayuntamiento está para prestar servicios y la rentabilidad no sólo es económica, también es social. Pregunta si también hay un equilibrio gastos-ingresos en Fuentelavero, dice que al Ayuntamiento le cuesta 30.000 euros al mes y no sabe cuánto le reporta al Ayuntamiento de beneficios. Hace una relación de cosas en los que no están equilibrados los gastos e ingresos, como por ejemplo en INAR, el teatro, los toros, etc. Le preocupa el que digan que tiene que haber alguien por encima que vigile lo que hacen los ayuntamientos, porque parece que ni los políticos, ni los técnicos ni los funcionarios municipales sean maduros para hacer las cosas bien, y cree que en este país si alguna administración cumple y hace las cosas bien son los ayuntamientos. Cree que esta ley no es buena y que quizás pueda llegar el día en que al Alcalde, como antaño, lo elija alguien, y se encargue de programar las fiestas y poco más.

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Piensa que debemos ir hacía una administración más cercana, una financiación más correcta, aunque no está a favor de una financiación en la que se de un dinero al ayuntamiento para que lo gestione, sin ningún objetivo. Entiende que el Sr. Alcalde no haya querido entrar en debate, pues tiene una posición incomoda al ser diputado en el Congreso y quizás sea más importante la disciplina de voto que el decir aquí lo que piensa. Cree que es incompatible ser Alcalde de cualquier ayuntamiento y votar esta ley, porque la misma perjudica a los ayuntamientos. Pone diversos ejemplos de dicha incompatibilidad: como el que un peluquero esté a favor de la subida del IVA reducido al general; como que un autónomo aplauda la subida de sus cotizaciones a la seguridad social; como que un estudiante de arnedo vea recortadas sus becas y subidas sus tasas universitarias, etc. Pregunta al Sr. Alcalde: ¿a quién apoya, a quién defiende, a los ciudadanos que lo votaron primero para ser Alcalde y después para ser Diputado, o al Gobierno de Mariano Rajoy que no va a dejar títere con cabeza, en cuestiones de derechos y de todas las cosas que ha mencionado anteriormente?. Dice que lo plantea así al Sr. Alcalde porque cree que está en una posición superincómoda con esta ley, que va contra el ayuntamiento que preside. Finaliza diciendo que esta ley no se justifica ni por medidas económicas, ni de racionalización, ni de avance en la administración, ni por motivos democráticos, y que será perjudicial para los intereses de los arnedanos, y agradece el apoyo de los dos miembros no adscritos y del PR a la moción presentada. El Sr. Álvarez manifiesta que son conscientes que vivimos unos momentos que van a exigir de los ayuntamientos marcar políticas diferentes a las que se han estado marcando hasta la actualidad, pero en cualquier caso, el habla desde Arnedo y cuando oía a Manolo Soria decir que esta ley asegura el correcto funcionamiento de la administración local, se estaba peguntando si Arnedo funciona mal. Cree que no, y que la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España funcionan correctamente, aunque quizás en algunos de ellos fuera necesaria una intervención de las administraciones superiores. En cualquier caso, no están de acuerdo con las tutelas preventivas, piensan que esto es uno de los mayores disparates que recoge la ley, pues puede haber un servicio que este funcionado bien, y por una razón u otra alguien decida que no lo preste el ayuntamiento de Arnedo, sino que se preste desde la Comunidad Autónoma. La ley no dice que se tutele a los hijos que lo hagan mal, sino que hay que tutelarlos porque lo van a hacer mal.

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El Sr. Gil de Gómez señala que el ayuntamiento de Arnedo está funcionando bien, que está invirtiendo, haciendo buena gestión y que su deuda cada año se ve a la baja. Cogieron el ayuntamiento con más de 5 millones y en esta legislatura se quedará con menos de 2,5 millones, lo que implica que hay buena administración, cosa que no se puede decir de otras administraciones más grandes. Le parece bien que nos protejan otras administraciones más grandes, pero lo que el PR no quiere es estar cautivos por el Gobierno de la Rioja, y eso es lo que dice esta ley. No es que nos vaya a proteger, sino que nos va a tener presos de lo que quiera. Todo lo que no sea rentable económicamente no sirve, y no se puede ofrecer. Señala que pasa lo mismo con las economías grandes, las grandes fortunas son las que menos pagan y los pequeños de pie somos los que más sostenemos el sistema y los más perjudicados. Piensa que en los ayuntamientos pasa un poco lo mismo, los grandes se van a librar porque no van a tener los controles que tendrán los pequeños y a los pequeños nos van a venir todos los palos. Pide que los ayuntamientos grandes tengan el mismo control que los pequeños, y se mire a todos con la misma lupa. Respecto a la deuda alega que quienes la provocan son los ayuntamientos grandes como por ejemplo Madrid y Valencia. Señala que en la Rioja tenemos más de 135 municipios con menos de 500 habitantes por municipio, y no podemos ser habitantes de primera o de segunda depende donde vivamos. Cree que hay que hacer una financiación para que los pequeños pueblos no desaparezcan. Comenta que esta ley es controvertida y no está escuchando a los ayuntamientos pequeños. Opina que una ley que afecta a los ayuntamientos de todos los partidos políticos debería ser consensuada con todas las formaciones políticas y no solamente con la mayoría absoluta del Partido Popular. Reitera que apoyaran este texto presentado por el grupo municipal socialista. El Sr. Alcalde objeta al Sr. García que su segunda intervención ha sido totalmente política y para desprestigiarle, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha dejado caer una serie de cosas contra él.

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Declara que se siente orgulloso y satisfecho de representar al PP y a los españoles en Madrid y de haber hecho una serie de reformas y modificaciones para resolver el desaguisado en que el PSOE dejó a España en 8 años de gobierno. Es cierto que tienen criterios opuestos y por eso están en lugares opuestos. Atestigua que no se puede gastar sin mirar lo que se está gastando y sin mirar si hay dinero ó no para gastarlo, porque eso significa endeudar a nuestros ciudadanos. Alega que a la hora de gastar el presupuesto de los ciudadanos hay que establecer las prioridades más inmediatas, que son los servicios sociales, la sanidad, el desempleo, etc., y eso es lo que se trata de hacer. Dice que de esta Ley se hizo un borrador y se presentó a muchas asociaciones y estamentos e incluso al Consejo de Estado, que dijo que era correcto y solamente puso reparos al coste estándar, que ya se ha modificado. Manifiesta que esta Ley se hace para cumplir el artículo 135 de la Constitución Española, en una redacción que se hizo en el año 2011; propuesta por el PSOE y el PP lo apoyó. Ese artículo consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas. Expone que no es cierto lo hablado aquí por el resto de grupos políticos y que la última decisión en los ayuntamientos sean del número de habitantes que sean, la tiene el Alcalde, siempre y cuando que no incumpla los objetivos de dicha ley, de estabilidad presupuestaria, de deuda o el de la regla del gasto, pues si no los cumple la Comunidad Autónoma le llamará para preguntarle que está pasando. Dice que hay que llamar al orden a muchos Alcaldes porque han gastado dinero que no tenían, se han implicado a muchos proveedores, muchas empresas han tenido que cerrar porque la administración local les debía dinero, y que con esta Ley se dejan solucionadas muchas de esas situaciones. Testifica que los ayuntamientos que están funcionando bien, no tienen que tener ningún problema con esta Ley, y que las únicas competencias que nos van a quitar son las impropias: sanidad, servicios sociales (que en el caso que queramos prestarlos, la ley nos dejará pero nos tienen que dar las financiaciones dotadas al 100% y no como hasta ahora) y educación (los colegios públicos no son de nuestra competencia y pasaran a ser de la Comunidad Autónoma). Dice que la Ley de Administración Local lo que hace es aclarar las competencias y dejar muy claras las definiciones que hay que establecer.

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Refiere al Sr. García que el mandato que ha traído hoy al Pleno, es claramente político, a todos los concejales del PSOE les han dicho que presenten esta propuesta en todos los ayuntamientos en los que están, además de que el PSOE en Madrid ha presentado un recurso al Constitucional sobre esta Ley. Comenta que en una de las partes de la propuesta piden que se faculte al Alcalde para nombrar a una Procuradora que en nombre y representación del Ayuntamiento de Arnedo, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local, y que esto les va a costar dinero a los arnedanos para defender un tema que está más que defendido en otros lugares. Añade que en la Federación Española de Municipios se hicieron 47 reformas al texto original de la Ley, y que el PSOE cuando se van a producir las elecciones autonómicas en Andalucia, decide irse de dicha Federación para que no haya compromisos de ningún tipo, y dejan esta Ley que es de las más importantes del Estado y que debiera haberse sacado consensuada, simplemente para decir que la ha sacado el Partido Popular. Declara que están orgullosos de haberla sacado solos y de decirle a los ciudadanos que dicha Ley defiende sobre todo a los ciudadanos y que trata de que se cree una estabilidad presupuestaria en cada ayuntamiento, para que no haya más gasto que ingresos. Cree que es buena ley, que va a marcar un antes y un después y dice que seguido a la misma, en unos meses, se va a iniciar la Ley de Financiación Local que tampoco había existido hasta el momento, y la Ley de Financiación Autonómica para saber que va a pagar la Comunidad Autónoma y saber los ingresos que vamos a tener los ayuntamientos. Cree que esto es ordenar la Administración y replica al Sr. Álvarez, que la propia Ley en uno de sus párrafos deja muy claro, que para lograr un control económico presupuestario más riguroso, se refuerza el papel de la función interventora en las entidades locales. De este modo, a partir de ahora, el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología y aplicación, criterios de aplicación, así como los derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en las corporaciones locales. Con ello se viene a cubrir un vacío legal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas cómo la auditoria en sus diversas vertientes, en las entidades locales, en términos homogéneos a los desarrollados en los ámbitos del sector público y para ello se contará con la participación de la Intervención General de la Administración del Estado.

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El Sr. Alcalde dice que vamos a dar más transparencia y claridad al gasto público, que es lo que le hace falta, no sólo a los ayuntamientos, sino también a las comunidades autónomas y al gobierno central. Reitera que les parece una buena ley y que va a marcar una referencia en la administración local.

Sometida la propuesta a votación, el Ayuntamiento Pleno aprueba, por mayoría ( con 9 votos a favor del PSOE (5), PR (2) y de los dos miembros no adscritos, y 8 votos en contra del PP), la anterior propuesta, en los términos en que ha sido formulada. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario, certifico. Vº.Bº. EL ALCALDE,

Fdo: Juan Antonio Abad Pérez

El Secretario General,

Fdo: Ángel Medina Martínez