B ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS Y LA MEJORA DE LA REGULACIÓN

En el marco de la economía de mercado corresponde a los poderes públicos velar por la libertad de empresa y la competencia y defender la productividad, garantizando la seguridad jurídica y las exigencias del interés general. Por este motivo las actividades económicas son sometidas a una regulación pública de variable objeto e intensidad que, si no resulta convenientemente ajustada o calibrada, puede constituir una carga excesiva para las empresas existentes, limitar la competencia entre ellas u obstaculizar el libre acceso al mercado, causando efectos contrarios a los deseados. Con la reducción o ajuste de las cargas administrativas los recursos que las empresas han venido dedicando a tareas no estrictamente productivas podrán destinarse a las que sí lo son; al tiempo que se reducirán los tiempos de espera para iniciar sus actividades.

El Gobierno de España, en Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007 sobre el Impulso del Programa de Mejora de la Reglamentación y Reducción de Cargas Administrativas, adoptó una serie de medidas que expresaban el compromiso de España con el Programa de Acción de la Comisión Europea de Reducción de Cargas Administrativas y trasladaba al ámbito nacional las ambiciosas propuestas del mismo.

En cumplimiento de este Acuerdo se creó el Grupo de Alto Nivel (GAN) que ha constituido mecanismos estables para la cooperación metodológica y el intercambio de buenas prácticas con aquellos países europeos con experiencias mas avanzadas en la materia, como son Holanda, Reino Unido y Dinamarca. Asimismo, ha firmado acuerdos marco de cooperación e intercambio de información con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España, CEOE y CEPYME para recabar la opinión de estos actores sociales sobre el ámbito y la metodología del programa de reducción de

cargas. Estos acuerdos marco han permitido entrar en contacto con la realidad de los distintos sectores del ámbito de la empresa y conocer cuales son sus demandas y prioridades en relación con las obligaciones de información que les solicita la Administración Publica y, a través de estudios de campo, identificar un conjunto de tramites gravosos para las empresas y las posibles modificaciones que habría que llevar a cabo para reducir su impacto.

Fruto de todos estos trabajos, en su sesión del 26 de mayo de 2008 el GAN aprobó el Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, que precisa las acciones y calendario que deberá desarrollar España para cumplir con los objetivos de la Estrategia renovada de Lisboa; acuerdo que fue sometido a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en su reunión de 5 de junio de 2008.

También en desarrollo del acuerdo citado, hay que destacar que la decidida participación de España en el Programa de Acción de la Comisión Europea de Reducción de Cargas Administrativas, ha permitido realizar en las empresas españolas una medición de las cargas administrativas correspondientes a seis de las áreas prioritarias identificadas por la Comisión. Los resultados, que están actualmente en proceso de comparación con los obtenidos en el resto de Estados Miembros, conducirán a la propuesta en diciembre de 2008 de medidas de mejora que serán de aplicación en el conjunto de la Unión Europea.

Sin duda, el esfuerzo de mejora de la reglamentación y de reducción de cargas administrativas no puede ser ajeno a otras iniciativas que actualmente está desarrollando la Administración General del Estado, como son, entre otras la transposición de la Directiva de Servicios y el proceso de adaptación de los procedimientos administrativos a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y constituiría un esfuerzo estéril si no fuera acompañado de una valoración rigurosa de la futura regulación para evitar la imposición injustificada o desproporcionada de nuevas cargas en la nueva normativa.

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Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este Acuerdo deberán adaptarse a las disponibilidades presupuestarias existentes y se financiarán con cargo a los presupuestos ordinarios de los departamentos ministeriales que pudieran resultar afectados.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, el Consejo de Ministros

ACUERDA

1.

Con el objetivo de contribuir a la dinamización del tejido empresarial español mejorando su competitividad y productividad, centrar las acciones de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación en aquellos procedimientos que: •

Permitan liberar recursos para la inversión y el crecimiento a las empresas existentes, especialmente las PYMES.

•

Faciliten la tramitación de creación y disolución de empresas, agilizando y abaratando los procesos y los costes a estos asociados

•

Fomenten la inversión productiva, impulsando el desarrollo de la actividad empresarial y la diversificación de las empresas a nuevos sectores o nuevos ámbitos geográficos.

Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con aquellas otras iniciativas que igualmente incidan en la reducción de cargas, en particular, la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, así como el proceso de adaptación de los procedimientos

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administrativos a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

2.

Elevar el objetivo de reducción de cargas administrativas soportadas por las empresas consecuencia de la legislación nacional, desde el 25% propuesto por la Comisión Europea, hasta el 30% para el año 2012.

3.

Adoptar el Modelo de Costes Estándar (SCM, por sus siglas en inglés) como método para medir las cargas administrativas y como instrumento de cuantificación del ahorro que supone para las empresas la reducción de estas.

Las actuaciones se iniciarán en aquellas áreas de carácter horizontal que producen las cargas más importantes en la actividad de las empresas. Estas áreas son: Derecho de Sociedades, Legislación Fiscal, Estadísticas, Contratación Pública, Medio Ambiente y Entorno laboral-Relaciones Laborales, incluyendo Seguridad Social y Prevención de Riesgos

4.

Realizar un proyecto piloto que permita evaluar el ahorro de costes que supondrá el programa de reducción de cargas administrativas. El procedimiento elegido es: “Notificación de traslado de residuos peligrosos en el territorio nacional”; se realizará mediante la colaboración entre los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de Administraciones Públicas y los resultados estarán disponibles en el tercer trimestre de 2008.

5.

Incorporar al GAN a los titulares de las Subsecretarías del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dada la significación que tiene el ámbito de competencias de estos dos Ministerios en las áreas prioritarias definidas.

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6.

Presentar al Consejo de Ministros, en el último trimestre de cada año, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales, un proyecto normativo

que englobe las propuestas de mejora y medidas

concretas de simplificación.

7.

Elaborar y aplicar un Protocolo de actuación para el Análisis del Impacto de la Nueva Normativa, que asegure que se medirá el impacto de las nuevas cargas y que éstas son las menores posibles para las empresas y el ciudadano, de forma que se aplique sistemáticamente a toda la normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009.

Aprobado en Consejo de Ministros el 20 de junio de 2008

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