ACUERDO PARA TRANSFORMAR LA POLÍTICA DE ALQUILER EN CASTILLA Y LEÓN “PACTO POR EL ALQUILER” El 3 de octubre de 2013, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CECALE, en el marco del Consejo del Diálogo Social, adoptaron un acuerdo sobre el fomento del alquiler y la vivienda protegida, con el objetivo de sentar las bases para la transformación del modelo que ha sustentado hasta ahora el mercado de la vivienda, con un impulso sustancial a las políticas de fomento del alquiler y de la rehabilitación. Entre los acuerdos entonces adoptados y luego cumplidos con éxito, cabe recordar ahora la propuesta que se realizó a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León de una serie de mejoras para su incorporación en la tramitación del Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, de forma que se reforzase su carácter social, así como la decisión de que el proceso de diálogo social fuera determinante para la aplicación en Castilla y León del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, de modo que el margen de desarrollo e interpretación del que gozaba la Administración de la Comunidad se utilizase con decisión para reforzar las políticas de fomento del alquiler y la rehabilitación, en línea con el deseo de transformación expuesto. Más allá de esos hitos temporales, un acuerdo de más largo alcance fue el de analizar y definir de forma conjunta e integrada el marco normativo, administrativo y financiero del alquiler en Castilla y León, incluido lo relativo a los parques públicos de vivienda, con el objetivo de profundizar en el sentido transformador con aportaciones que orienten la iniciativa legislativa, la acción

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administrativa y las medidas de política social, fiscal, económica y de todo orden en relación con el alquiler. En cumplimiento de ese acuerdo, los agentes sociales han desarrollado durante el año 2014 un importante trabajo conjunto de análisis y diagnóstico de la situación de la política de fomento del alquiler en Castilla y León. Este trabajo se ha apoyado en un proceso de consulta con expertos en la materia y con otras administraciones públicas con fuerte implicación en la aplicación de estas políticas, proceso que culminó en la celebración de las “Jornadas sobre las políticas de fomento del alquiler en Castilla y León”, y del cual se obtuvieron valiosas conclusiones que han servido para articular las propuestas que se formulan en el presente acuerdo. En cualquier caso, el objetivo compartido por la Junta de Castilla y León y los agentes sociales es la ya mencionada transformación del modelo que ha sustentado las políticas y actuaciones en materia de vivienda, de forma que a medio y largo plazo se reoriente hacia el fomento del alquiler como solución viable para las necesidades residenciales de amplias capas de la población, en porcentajes similares a los que se dan en los países de nuestro entorno. Al mismo tiempo, ello constituirá un importante apoyo a la movilidad geográfica laboral, favoreciendo la búsqueda de oportunidades profesionales y el acceso a un empleo en aquellos casos en que suponga la necesidad de un cambio de residencia. Por lo tanto, las administraciones públicas y los agentes sociales deben fomentar el alquiler, correspondiendo a las primeras la adopción de las medidas normativas y administrativas necesarias en el marco de una política de fomento del alquiler definida, en particular para garantizar la disponibilidad de un parque público de viviendas en alquiler, que cumpla los requerimientos exigidos por la legislación, y ofrezca soluciones a situaciones de exclusión residencial. ACUERDO PARA TRANSFORMAR LA POLÍTICA DE ALQUILER EN CASTILLA Y LEÓN

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Para todo ello es necesario, con carácter previo, que las administraciones públicas, con el apoyo de los agentes sociales, procedan a: − Reconocer las ventajas de la vivienda en alquiler, tanto desde el punto de vista social y económico, como desde una perspectiva laboral, sociológica y urbanística. − Reconocer la necesidad de una política pública de fomento del alquiler, continuada en el tiempo, consensuada con los agentes sociales y con visión de largo plazo, como forma de lucha contra la exclusión residencial. − Mejorar el marco normativo del alquiler, y no solo el referido de forma específica a la vivienda, sino también múltiples normas sectoriales que condicionan el desarrollo de la vivienda en alquiler. A la vista de todo ello, los firmantes manifiestan su voluntad de alcanzar un acuerdo del diálogo social para transformar la política de alquiler en Castilla y León, en cuyo despliegue se adoptarían las siguientes

MEDIDAS 1ª.

Constituir un parque público de vivienda en alquiler a nivel del

conjunto de la Comunidad de Castilla y León, que sea calificado a nivel normativo como servicio público de interés general. 2ª.

Regular el estatuto del parque público de vivienda en alquiler,

para garantizar que sea suficiente en cuanto a su oferta para la población sin vivienda y recursos escasos, en particular mediante la adscripción al mismo de la cesión de aprovechamiento que corresponde a la Administración en los desarrollos urbanísticos, así como en cuanto a su gestión, conservación y mantenimiento.

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En cuanto a los destinatarios del parque público de vivienda en alquiler, se dará prioridad a las personas con un nivel de renta no superior a 3,5 IPREM, así como a los colectivos con prioridad de acceso a la vivienda protegida, tales como familias en situación de riesgo de exclusión residencial, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y quienes hayan sufrido lanzamientos y ejecuciones hipotecarias. Los alquileres de las viviendas incluidas en el parque no podrán superar un determinado porcentaje de la renta del arrendatario, que se concretará en el marco del diálogo social. 3ª.

Constituir un instrumento público de gestión del parque público

de vivienda en alquiler, dependiente de la Junta de Castilla y León, bajo la forma jurídica que se estime más eficaz para el cumplimiento de sus objetivos. Este instrumento incluirá entre sus facultades la gestión del parque, la gestión de las ayudas a sus inquilinos, las actuaciones de rehabilitación de las viviendas y la gestión de las medidas de carácter social necesarias para garantizar el acceso a una vivienda a aquellas personas en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial, así como las de carácter urgente en casos de desahucio o pérdida de la vivienda. Asimismo, este instrumento deberá intentar captar y gestionar tanto, por un lado, viviendas de titularidad pública, ya sean propiedad de la Junta de Castilla y León o de la administración local (para lo cual deberá alcanzar acuerdos con las entidades locales, en aras a ofrecer una gestión integral y centralizada), como, por otro lado, viviendas de titularidad privada cuya gestión le

sea

encomendada,

mediante

acuerdos

con

entidades

financiares,

promotores inmobiliarios, particulares u otras entidades. 4ª.

Conectar el desarrollo del parque público de vivienda en

alquiler con el fomento de la rehabilitación y la regeneración urbana, ACUERDO PARA TRANSFORMAR LA POLÍTICA DE ALQUILER EN CASTILLA Y LEÓN

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priorizando la vivienda en alquiler en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, estableciendo criterios mínimos de calidad para el alquiler público, y estudiando la concesión de ayudas para la adecuación o rehabilitación de los inmuebles con viviendas incluidas en el parque público. 5ª.

Estudiar la concesión de ayudas directas a la rehabilitación,

dependiendo del estado de los inmuebles, destinadas a la adecuación (accesibilidad, climatización, eficiencia energética, adecentamiento, reparación) de las viviendas de particulares que se integren en el parque público de vivienda en alquiler. 6ª.

Desarrollar el modelo de intermediación pública (programa

público de fomento del alquiler), completándolo con los incentivos necesarios para hacer atractivo su uso tanto por los demandantes como por los propietarios de viviendas vacías, tanto institucionales como particulares. 7ª.

Establecer un sistema de gestión integral y unificada de los

servicios públicos relacionados con el alquiler, en cooperación con las entidades públicas de vivienda de la administración local y con los servicios sociales de las administraciones públicas regional y local, para gestionar de forma coordinada el parque público de vivienda en alquiler, así como el sistema público de intermediación en el mercado del alquiler, y los demás servicios públicos relacionados con el alquiler. 8ª.

Desarrollar e impulsar el registro público de demandantes,

orientado a conocer el perfil de la demanda de vivienda en alquiler así como a facilitar todo tipo de trámites de selección y adjudicación. 9ª.

Establecer medidas fiscales que estimulen, a través de incentivos

o con la implantación de tributos, tanto la utilización del alquiler como opción de ACUERDO PARA TRANSFORMAR LA POLÍTICA DE ALQUILER EN CASTILLA Y LEÓN

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alojamiento residencial como la puesta en el mercado de alquiler de las viviendas vacías. 10ª. Crear un Consejo Arbitral para el Alquiler, con el objetivo de ofrecer garantías a los propietarios que saquen sus viviendas al mercado de alquiler, así como a los inquilinos, ya que se reducirán los costes de litigiosidad; propietarios e inquilinos recibirían asesoramiento antes, durante y después del procedimiento arbitral. 11ª. Ejecutar un plan de inspección de la vivienda de protección pública para detectar la vivienda desocupada (y la vivienda ocupada sin título legal para ello) y, en su caso, iniciar los correspondientes procedimientos sancionadores. 12ª. Desarrollar una aplicación accesible en Internet que permita conocer en todo momento la disponibilidad de viviendas de protección pública en cada provincia o municipio, y sus características. Alcanzado el acuerdo sobre los objetivos descritos, la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos que suscriben este acuerdo consideran necesaria su elevación al Consejo del Diálogo Social para la ratificación del mismo.

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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ACUERDO

La Junta de Castilla y León, y las Organizaciones Sindicales y Empresariales que suscriben este acuerdo se emplazan a mantener la vigencia de la Comisión en Materia de Vivienda del Diálogo Social en la próxima Legislatura 2015-2019, al objeto de: a) Realizar los trabajos de desarrollo del presente acuerdo. b) Establecer el marco presupuestario que posibilite su desarrollo. c) Abordar la composición del parque público de vivienda en alquiler. Para ello, bien de manera general o mediante la constitución de grupos de trabajo,

deberán

concretarse

todas

aquellas

actuaciones

y

medidas

correspondientes a las líneas estratégicas y objetivos recogidos en el presente acuerdo. Asimismo, en el marco del Consejo del Diálogo Social, se establecerán objetivos concretos para el despliegue del parque público de vivienda en alquiler durante la legislatura 2015-2019, asociados a compromisos de inversión y gestión de las administraciones públicas competentes, con prioridad a las capitales de provincia y las demás localidades con población superior a 20.000 habitantes. Así pues, una vez iniciada la Legislatura 2015-2019, las entidades abajo firmantes reclamaran al nuevo ejecutivo autonómico resultante de las urnas, las tareas de desarrollo y seguimiento necesarias para la puesta en marcha efectiva de los acuerdos señalados.

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ANEXO II MEDIDAS DE CARÁCTER INMEDIATO De manera inmediata, se acuerda fortalecer la política de ayudas al alquiler, desarrollando nuevos programas, complementarios de los ya iniciados, de modo que sea posible ampliar el número de sus beneficiarios y/o la cuantía de las ayudas, mediante:


La modificación de la ORDEN FYM/947/2014, de 3 de noviembre, por la

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda, de forma que se reduzca el umbral de ingresos mínimos que se establece en la base 4ª (apartado 1.d), otorgando la posibilidad de beneficiarse de las subvenciones a quienes cuenten con ingresos inferiores a 1 IPREM, con el límite inferior que se determine en el marco del diálogo social. Estas bases modificadas se aplicarían a las nuevas convocatorias de ayudas al alquiler que se convoquen al amparo del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, comprometiéndose la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a adelantar lo máximo posible la convocatoria correspondiente a 2015.


La publicación inmediata de una nueva convocatoria de ayudas al

alquiler, con carácter extraordinario, destinada a las personas que cuenten con ingresos inferiores a 1 IPREM. Esta convocatoria se financiará con fondos propios de la Junta de Castilla y León, y será incompatible con la ya realizada al amparo del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. La cantidad destinada en el año 2015 a esta iniciativa será la misma que la dedicada por el Plan Estatal, es decir 5.195.960 €.

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