REALIDAD NACIONAL DEL PERU AGRICULTURA PERUANA El PBI agropecuario en el período 1991−2000 creció 64,4% en términos reales, tasa mayor a la del crecimiento del PBI global de la economía, de 44,8% en el mismo período. El crecimiento agrícola de la década pasada se registró luego de la retracción de la producción durante los 70s y del estancamiento de la década de los 80s, consecuencia de la Reforma Agraria y del Fenómeno El Niño de 1983, respectivamente. El aumento de los volúmenes de producción agrícola en la última década se registró en un contexto caracterizado por la recuperación de la estabilidad macroeconómica, la apertura del comercio internacional, la liberalización de los precios de los productos agrícolas y el ingreso de nuevos actores privados en el agro. Los factores adversos que influyeron en el dinamismo del sector agrario fueron la vigencia de un tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, la escasez de crédito para el sector y los limitados recursos fiscales para mejorar la infraestructura agraria, la investigación y la capacitación de la mano de obra, entre otros. Una de las causas que explican el crecimiento de la producción durante la década es el importante incremento de los rendimientos de los principales cultivos. Así, la papa aumentó su rendimiento en 45,4%; el arroz cáscara, 26,7%; el café, 36,6%; el maíz amarillo duro, 27,0%; el espárrago, 46,5%; el maíz amiláceo, 14,8%; el trigo, 7,3% y el frijol, 14,9%; mientras que el rendimiento de la caña de azúcar, cayó 10,4%, entre los principales productos. No obstante la mayor producción y el incremento del rendimiento de cultivo por hectárea, la extensión de la superficie agrícola aún es reducida, alcanzando 2,8 millones de hectáreas aproximadamente, lo que representa el 36,8% del total de superficie con potencial para cultivos transitorios y permanentes que alcanza 7,6 millones de hectáreas. La superficie potencial de pastos naturales es de 17,9 millones de hectáreas, siendo utilizada al 87,5%. La escasa extensión de tierras agrícolas impide el aprovechamiento de los beneficios que otorga la escala de producción. En 1994 la extensión promedio de la unidad de producción agrícola era de sólo 3,1 Has. en total. Esta fragmentación es mucho más aguda en la sierra del Perú donde la extensión promedio se reduce a 2,4 Has. Así, tenemos que la utilización de una mayor escala productiva, con la consecuente reducción de los costos unitarios, sólo sería factible en caso las unidades agrícolas adopten alguna forma asociativa. La ampliación de la escala productiva permitiría la utilización más intensiva de maquinaria y la tecnificación de algunos procesos productivos; así como mayores ahorros en la compra de insumos y en la comercialización de bienes agrícolas. La agricultura mantiene bajos niveles de importancia en el PBI global, avanzando hasta 9,0% el año 2000, desde el 8,0% registrado en 1991. Lo mismo sucede con la participación de la agricultura en el empleo y la generación de divisas. Sin embargo, el valor del producto agropecuario per cápita, que indica la seguridad alimentaria de la población o la capacidad de producir los alimentos que se demandan en el mercado interno, se elevó en el 2000 aproximadamente en 38,8% respecto a 1991. PRECIOS

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En el período 1991−2000, el precio promedio real de los productos agropecuarios, medido a través del ratio entre los índices de precios del sector agropecuario y del PBI global, cayó 13,4%. Entre 1991 y 1993 se registra una ligera tendencia ascendente. A partir de 1993 empieza un período ligeramente decreciente hasta 1998 en que el declive se hace mucho más pronunciado. Desde 1998 la caída de los precios reales ha llegado a 17,6% aproximadamente, lo que ha ocasionado una severa crisis entre los productores agrícolas quienes han sufrido una merma en sus ingresos a pesar del incremento de la producción. Los precios de los principales productos agrícolas tuvieron un comportamiento diferenciado. En el período 1991−2001, el precio de la papa cayó 19,4%; del arroz cáscara, 8,4%; del plátano, 8,8%; del maíz amarillo duro, 14,4%; del café, 3,8%; del trigo, 27,7%; mientras que el precio del limón subió 74,4%; del espárrago, 1,8%; entre otros. El declive de los precios agrícolas se produjo debido a la debilidad de la demanda interna y al incremento de la producción de ciertos productos no transables que saturó el mercado local y llevó a una reducción de precios que perjudica los ingresos de los agricultores. Al respecto, debería reforzarse la labor del Ministerio de Agricultura de asegurar la disponibilidad de información oportuna y confiable para los productores es de suma importancia para permitir una correcta toma de decisiones por los agricultores, evitando así excedentes de producción abultados que disminuyan la rentabilidad de los cultivos. Los precios de productos agrícolas transables también mostraron una retracción debido a la recesión de la economía norteamericana y de otros países desarrollados. Una situación similar enfrentaron otros países del área latinoamericana que también han visto reducidos los precios de sus productos exportables. RENTABILIDAD DEL AGRO Según las estadísticas de 2000, la población pobre en el sector rural alcanzó el 70,0%, incluyendo 35,6% en extrema pobreza. Estos niveles de pobreza están directamente correlacionados con la baja productividad registrada en el sector rural. La productividad del sector agraropecuario, medido a través del ratio PBI Agrícola/PEA Rural; se situó en el año 2000 en 2.517 soles de 1994, comparado con la productividad promedio de la economía de 10.257. Los bajos niveles de productividad registrados se explican, en buena parte, por los deficientes niveles de educación en el área rural, la escasez y fragmentación de tierras, los bajos niveles de capitalización, los bajos estándares tecnológicos y de calidad, y la falta de organización y capacidad empresarial. Los factores involucrados en la rentabilidad del sector agrario involucran los volúmenes de producción, precios y costos. Hemos mencionado que la producción del sector agrario ha reportado un aumento importante en la década anterior. En buena medida, este aumento de la producción se debe a los siguientes factores: las condiciones climáticas favorables y el incremento del rendimiento por área sembrada. Asimismo, los precios de los principales productos agrícolas se rigen de acuerdo con las condiciones del mercado y han tenido, en promedio una tendencia negativa a lo largo de la década. Ambos hechos configuran la actual crisis de ingresos reales del sector agrario. En buena medida, permitir una rentabilidad adecuada de la actividad agropecuaria mediante medidas destinadas a influir en la reducción de los costos que enfrentan los agricultores es una opción poco utilizada por el Estado. Políticas consistentes de titulación de tierras, provisión de información, elevación de estándares de sanidad agropecuaria, mejora de sistemas de comercialización y de ampliación de la cobertura de la red de caminos rurales son los medios a través de los cuales se puede modificar la estructura de costos relativos e incrementar la competitividad de la producción agropecuaria. En el período 1993−1999, el 45,6% de la inversión pública ejecutada por el sector agricultura se dedicó a la conservación de suelos y reducción de la pobreza en la sierra; 28,1%, a rehabilitación e infraestructura de riego y 10,3% a la propiedad y titulación de tierras. Sólo 3,5% se dedicó a la sanidad agropecuaria; 2,2% a la 2

investigación y transferencia de tecnología; 1,9% a la conservación del ambiente y manejo de recursos naturales y 3,7% a los servicios de asistencia técnica agropecuaria en la sierra. El 4,7% se dedicó al desarrollo de la ganadería altoandina y al apoyo por emergencia agraria y otros proyectos de gestión. BALANZA COMERCIAL AGRÍCOLA La agricultura ha dejado de ser un sector importante en la generación de divisas para la economía nacional a través de las exportaciones. A lo largo del período se registra un déficit comercial agropecuario que debilita la seguridad alimentaria de la población. En 2001, la balanza comercial agrícola fue deficitaria en aproximadamente US$ 203,4 millones. Sin embargo, esta tendencia se ha tornado decreciente desde 1996, con excepción de 1998, lo que puede atribuirse a la presencia del fenómeno El Niño en ese año. Los principales productos de exportación, como el algodón y el azúcar, han sufrido una fuerte caída en el valor de las exportaciones. Esta se puede atribuir a la falta de innovación tecnológica en su cultivo y a la ausencia de esquemas de organización adecuados para incrementar la productividad y reducir costos. Contrariamente, otros productos como el café han experimentado una fuerte alza, que expresada en dólares nominales asciende a casi 90%. En cuanto a los productos no tradicionales, el espárrago ha tomado un lugar importante dentro de este rubro con un crecimiento de más de 300%. El mango también ha registrado un incremento vertiginoso, pero aún sus valores no son muy significativos, totalizando apenas US$27 millones. La iniciación de políticas de liberalización del comercio de productos agrícolas durante esta década significaron la reducción y dispersión de los niveles arancelarios, lo cual incentivó una mejor asignación de los recursos y el incremento de la productividad. Las políticas comerciales aplicadas en el sector agrícola han sido un factor claramente diferenciador de muchos de los países de la subregión andina que se caracterizan por proveer altos niveles de protección para los productos locales. El crecimiento registrado en la producción agrícola durante la última década ha sido insuficiente para promover el desarrollo sostenido del campo, superar la pobreza y reforzar la seguridad alimentaria de la población. El sector no ha logrado ser lo suficientemente competitivo como para incursionar exitosamente en los mercados internacionales. Es necesaria la promoción de formas asociativas entre los productores agrarios para superar los problemas causados por la difusión de los minifundios y aprovechar los beneficios que otorgan mayores escalas de producción. Sin embargo, la iniciativa debe surgir desde los mismos productores impulsados por la dinámica del mercado. Es necesario realizar reformas destinadas a asegurar la competitividad de los pequeños propietarios de tierras, proveer acceso a la propiedad a los pequeños agricultores y campesinos sin tierra y asegurar sistemas de tenencia de la tierra que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales y su uso sostenible. Existen aún deficiencias en la definición de los derechos de propiedad en el área rural, lo cual es un componente fundamental para desarrollar mercados de tierras en forma de venta o alquiler. El principal instrumento a través del cual el Estado puede ejecutar la política agraria es la asignación del gasto público. El gasto público del Estado está disperso en diversas entidades estatales, sin embargo debería responder a una política agraria consolidada que involucre acciones desde los Ministerios de Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Educación y Salud, entre otras instituciones. DESCENTRALIZACION 3

La descentralización se define como el proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del centro. En la mayoría de países latinoamericanos los factores económicos han tenido prioridad en la determinación del proceso de descentralización fiscal. La motivación surge de la búsqueda de más eficiencia y eficacia en la distribución de los recursos públicos, el intento por reducir el gasto, ajustar las finanzas del gobierno central y alentar el autofinanciamiento mediante los gobiernos subnacionales. Antecedentes de la Descentralización A partir de un análisis histórico se constata la debilidad de la descentralización del estado que ha acompañado al Perú desde la República, dado que no ha sido común la existencia de una instancia de gobierno en el nivel intermedio sino, más bien, han estado presentes instancias departamentales desconcentradas del Poder Ejecutivo nacional. Durante la vigencia de la Constitución Política de 1979 se reinstauraron las autonomías locales y se introdujeron las regiones en el nivel intermedio (1980−1992). El proceso no logró consolidarse dado que las regiones fueron creadas desde el estado en un proceso uniforme; la mayoría de los miembros de los órganos regionales no fueron elegidos de manera directa, se instauró como forma de gobierno las asambleas, no tuvieron competencia regional propia sino delegada, el proceso de transferencia fue muy rápido y se reconoció a las regiones una mínima autonomía financiera. En el nivel local, las municipalidades recobraron elementos de su autonomía política como la elección directa, si bien en el ámbito financiero aún mantienen una limitada autonomía. En el año 1984 se dicta la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853, actualmente vigente. En el período 1992−2000, se reestructura el poder Ejecutivo suprimiéndose las regiones, y creándose los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), se aprueba la Carta Magna de 1993 y se modifica la actual Ley Orgánica de Municipalidades a través de una ley de Tributación Municipal. Si bien la Constitución de 1993 establecía las normas de descentralización debiendo elegirse las autoridades regionales a más tardar en 1995, recién en 1998 se dio la Ley Marco de Descentralización la que no da inicio a un proceso de regionalización sino que estableció la organización territorial departamental del país. Las características más importantes que estableció la Ley Marco de Descentralización con relación a los CTARs fueron: una clara dependencia del Ministerio de la Presidencia, el establecimiento de funciones generales, el Presidente Ejecutivo y el Secretario Técnico del CTAR son designados por el presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de la Presidencia, y cada CTAR constituye un pliego presupuestal dentro del Sector del Ministerio de la Presidencia. Todas estas características muestran a los Consejos Transitorios de Administración Regional como instancias desconcentradas del gobierno nacional y no como gobiernos regionales. La reforma constitucional del Capítulo XIV del Título IV, dada en el 2002, sobre descentralización plantea un proceso flexible y gradual, definiendo como elementos esenciales del proceso de descentralización tanto la gradualidad como la sustentación técnica de la transferencia de las materias de competencia, las funciones y los recursos hacia los gobiernos subnacionales. La reforma constitucional constituye en el nivel intermedio un gobierno regional al que le otorga autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; así como una estructura de gobierno: Consejo Regional, un Presidente y un Consejo de Coordinación Regional. Del mismo modo se reconoce autonomía política, económica y administrativa a los gobiernos locales; y una estructura de gobierno: Consejo Municipal y Alcaldía. A pesar que la Constitución vigente establece que existen tres niveles de gobierno, la última década se ha caracterizado por una recentralización del Estado, que ha determinado una estructura institucional en la cual existe un nivel nacional excesivamente grande que reúne demasiadas responsabilidades y un nivel local que posee una limitada gestión de recursos. 4

Las relaciones fiscales permiten observar cierto grado de descentralización, sobretodo entre el nivel central y el local. Aunque existen varias fuentes de ingresos en las municipalidades, los gobiernos locales están caracterizados por presentar dificultades en su estructura financiera: una escasa capacidad tributaria producto de la pobreza inherente al país, y una dependencia excesiva de las transferencias del gobierno central. El Proceso de Descentralización Peruano y las Finanzas Públicas. El proceso de descentralización, aprobado por la Ley Nº 27683 Ley de Elecciones Regionales publicada el 15 de marzo por el Congreso de la República−, se realizará por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a los criterios que permitan una adecuada asignación de competencias, acompañada de la transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos subnacionales dentro de una manejo agregado fiscalmente responsable. La Ley Orgánica de Bases de la Descentralización (LOBD), aprobada el 26 de junio de este año, fue trabajada coordinadamente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Ésta contempla cuatro componentes fundamentales: las competencias de los gobiernos regionales, las etapas del proceso, los recursos para su viabilidad y la institución rectora del proceso. Un primer paso para organizar este proceso es establecer una distribución clara de las competencias entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, con el fin de determinar la transferencia necesaria de recursos a los nuevos gobiernos regionales, de tal modo que se establezca un programa ordenado de transferencia de servicios y competencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales con efectos fiscales neutros. Respecto a las etapas del proceso, la LOBD establece que el proceso sea gradual y se desarrollará en cinco etapas, las cuales serían: Una primera etapa, de junio a diciembre del presente año, en la cual se debatirán y aprobarán las leyes pertinentes. • Instalación y organización de los gobiernos regionales. • Transferencia y recepción de competencias sectoriales. • Transferencia y recepción de competencias sectoriales en educación y salud. Consolidación del Proceso de Regionalización. Con relación a los recursos necesarios para su viabilidad, el proceso de descentralización nos obliga a extender la concepción de política fiscal a los niveles de gobierno nacional, regional y local, por lo que resulta necesario establecer principios fiscales básicos, mencionados arriba, que constituyan el marco legal para una descentralización fiscalmente responsable. En este sentido, la descentralización deberá producirse teniendo como marco general las reglas macro fiscales contenidas en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y el Programa Económico expuesto en el Marco Multianual, para evitar desequilibrios fiscales que se han observado en experiencias similares. El proceso no contempla gastos adicionales a los actualmente existentes, debido a que la Ley de Presupuesto establecerá una nueva distribución de los recursos existentes, mas no un incremento en el gasto. Como mecanismo de asignación de recursos, el MEF ha diseñado un presupuesto y un planeamiento participativos para promover la construcción de un arreglo institucional que permita a los ciudadanos intervenir en la creación de las políticas públicas y en las demás decisiones de gobierno que tengan importancia para el futuro de su comunidad.

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Asimismo, las normas y procedimientos de los actuales sistemas de gestión administrativa, así como las herramientas de gestión administrativa financiera, son regulados por el gobierno nacional y serán de observancia obligatoria por el gobierno nacional, regional y local. Los órganos rectores de los Sistemas Administrativos son: Presupuesto, Tesorería, Contaduría, Crédito, Contraloría y el de Inversiones, los cuales impartirán las orientaciones técnicas y directivas que sean necesarias sobre sus respectivas competencias. Por último, la LOBD crea el Consejo Nacional de Descentralización como institución rectora del proceso. Sus funciones son: proveer apoyo técnico para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales, realizar el monitoreo y seguimiento del proceso de transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos subnacionales, entre otras. POLÍTICA ARANCELARIA Una política arancelaria eficiente debe orientarse en el tiempo a reducir el promedio y la dispersión arancelaria. Para el logro de este objetivo se debe considerar: a) el balance entre el impacto efectivo sobre producción, empleo y recaudación, y el efecto sobre la eficiencia en la asignación de recursos y el bienestar de la población, b) otras formas alternativas de alcanzar los impactos de producción, empleo y recaudación, tales como la estabilidad económica, las políticas de inversiones o mejoras de la infraestructura y del capital humano, c) que las negociaciones multilaterales, bilaterales y de bloques comerciales apuntan a la eliminación del arancel como instrumento de política y, d) el manejo simple y transparente de los aranceles que faciliten su administración. Un análisis de la protección efectiva, indicador del manejo discrecional del arancel y de la dispersión de la rentabilidad relativa entre sectores productivos, permite constatar que ésta durante los años 2001 y 2002 se ha incrementado, mostrando un retroceso respecto al de los años previos. La mayor parte de los sectores productivos tenían una tasa de protección efectiva uniforme alrededor del 12% hasta marzo del 2001, asociada al 85% de las importaciones CIF, mientras que a fines del 2002, dicha protección se dispersó entre 4,3% y 15,1%, originando ineficiencias en la asignación de recursos. En el ámbito agrícola, el Perú implementa una política basada en la aplicación de aranceles nominales ad−valorem, derechos ad−valorem adicionales temporales y los aranceles específicos variables. Estos últimos se aplican a un conjunto de 45 subpartidas arancelarias que forman parte del sistema de franja de precios, los cuales tienen por finalidad reducir las fluctuaciones de precios, elevar la rentabilidad del agro y aliviar la situación de pobreza del campo. Los aranceles totales (con derechos específicos arancelizados) de los productos agrícolas fluctúan entre 12% y 100% y están por debajo de los aranceles consolidados (techos) de la OMC. Sin embargo, no es conveniente una protección excesiva a los productos agrícolas por cuanto retarda el desarrollo del sector e induce a la postergación de las reformas económicas. La política arancelaria deberá tomar en cuenta los compromisos asumidos por el Perú en diversos foros internacionales. En la OMC se ha consolidado un techo arancelario de 30% para todo el universo, excepto para 23 subpartidas arancelarias referidas a productos agrícolas y alimentos cuyos techos hoy son superiores al 100% y que a partir del 2005 serán de 68%. La OMC prohíbe los precios mínimos, los derechos variables de importación y las restricciones cuantitativas, y permite la implementación de medidas de salvaguardia y los derechos antidumping. De otro lado, ante la incertidumbre sobre la perspectiva del ALCA, los escasos progresos en APEC y la culminación de la ATPDEA en el 2006, se hace necesario y urgente la concreción de un TLC con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS AL COMERCIO 6

Existen dos ámbitos básicos de política arancelaria. Uno es el unilateral, por el cual un país soberanamente decide modificar su estructura arancelaria, sin negociarla con ningún otro, y el otro es el vinculado a acuerdos comerciales, que involucran reducciones arancelarias negociadas con los socios comerciales. En ambos ámbitos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene competencia. Por consiguiente, cualquier norma asociada a la política arancelaria debe contar con la aprobación y el refrendo del MEF. Según la Constitución Política corresponde al Poder Ejecutivo la regulación de aranceles, en particular al Presidente de la República (artículo 118, numeral 20) a través de decretos supremos (artículo 74º). Así, operativamente, la responsabilidad recae sobre el MEF, cuya Ley Orgánica señala lo siguiente: "Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional. Asimismo le corresponde planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración [ahora Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ministerio de la Producción] y con el Ministro del Sector interesado, cuando corresponda. En términos generales, cuando se habla de aranceles se trata de impuestos al comercio exterior de bienes, sea de importaciones o exportaciones. En este último caso, desde hace varios años, el Perú no aplica aranceles con el fin de no restar competitividad a las exportaciones. El arancel es un impuesto que se aplica sólo a los bienes provenientes del exterior. No es el caso del impuesto general a las ventas (IGV) o el impuesto selectivo al consumo (ISC), que se aplican indistintamente a bienes nacionales e importados. En consecuencia, dado que los bienes importados y nacionales pagan estos dos últimos impuestos, existe un sesgo "protector" en el arancel dado que su aplicación permite proteger de la competencia extranjera a los bienes producidos en el país. Además del sesgo hacia la protección productiva del arancel, éste último también suele servir a objetivos recaudatorios del Tesoro o de estimulación de empleo. Cualquiera sea el uso que se le quiera dar al arancel, es una decisión política que debe considerar los siguientes elementos: El balance entre el impacto efectivo sobre producción, empleo o recaudación versus aquél sobre la eficiencia en la asignación de recursos y el bienestar de la población. Desde el punto de vista de la eficiencia del instrumento, su manejo debe tender a lograr mejoras en la competencia internacional y productividad de las empresas, así como, la mayor satisfacción del consumidor, y no el beneficio sólo para algunos sectores y grupos en términos de ingresos y empleo. En otras palabras, la política arancelaria debe tender a distorsionar lo menos posible la : La existencia de otros medios para alcanzar los objetivos de producción, empleo o recaudación. Factores como estabilidad económica, políticas que atraigan inversiones o mejoras de la infraestructura y del capital humano sirven mejor en el mediano y largo plazo a los objetivos. La dirección de las negociaciones multilaterales, bilaterales y de bloques comerciales apuntan a la eliminación del arancel como instrumento de política. Esto implicará la anulación de éste como elemento de protección productiva y la sustitución de recaudación arancelaria por otra basada más en el IGV o el impuesto a la renta. Este norte está en curso principalmente a través de las negociaciones de la OMC, el ALCA, el Tratado de Libre Comercio Tratándose de una economía en desarrollo, sin poder en los mercados 7

internacionales, al Perú le conviene bajar o eliminar aranceles, porque ello reduce los costos del funcionamiento de la economía y eleva el nivel de bienestar de la población a través de: Menores costos para consumidores y productores. Al existir pocas tasas y de bajos niveles se mejora el grado de acceso, variedad y calidad de los bienes para el consumidor final y para el usuario de insumos y bienes de capital. Para estos últimos, se reducen los grandes diferenciales en protecciones efectivas2 y se limitan las diferencias arancelarias arbitrarias entre bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Un manejo simplificado y transparente. Al existir pocas tasas arancelarias se facilita la labor aduanera y se restringen los riesgos de corrupción mediante ubicaciones forzadas en las subpartidas arancelarias con el fin buscar rentas. Es por ello que la política arancelaria debiera orientarse a reducir en el tiempo el promedio y dispersión arancelaria, de tal manera que se propenda a una asignación de recursos y consumo a través de reglas de mercado. Actualmente, el promedio arancelario es de 10,4% y la dispersión de 6,1 puntos. POLÍTICA ARANCELARIA AGRÍCOLA En el ámbito agrícola, adicionalmente a los aranceles ad−valorem existen desde 1991 los aranceles específicos variables para un conjunto de 45 subpartidas vinculadas a arroz (4), azúcar y derivados (7), lácteos y derivados (24) y maíz y derivados (10). Estas subpartidas son parte del Sistema de Franjas de Precios creado el 2001 a partir del esquema de derechos específicos variables de 1991, permitiendo que los precios fluctúen sin intervención en un rango de precio piso y precio techo. Los derechos variables operan cuando el precio de referencia en los mercados internacionales se sitúa por debajo de un costo piso de importación7. Este sistema tiene por objeto reducir las fluctuaciones de precios, elevar la rentabilidad del agro y aliviar la situación de pobreza del campo. REFORMA DEL ESTADO A pesar del conjunto de medidas adoptadas a inicios de los años noventa, que permitieron reducir el tamaño de un Estado que hasta entonces era el principal actor de la economía nacional, el proceso de reforma integral del Estado Peruano tiene aún una agenda pendiente en el ámbito de la Modernización del Estado y la consolidación del proceso de Descentralización. El objetivo principal de la Modernización del Estado es incrementar la calidad de los servicios públicos y, consecuentemente, aumentar la calidad del gasto público, para lo cual se requiere reducir la participación del gasto corriente e incrementar la participación de la inversión pública, mediante criterios de focalización y optimización. De este modo, será posible incrementar tanto la efectividad de las intervenciones públicas como la eficiencia en el uso de los recursos. Así, en lo que respecta a la organización del Poder Ejecutivo, estos objetivos se traducen en la necesidad de racionalizar el aparato administrativo del Estado mediante la eliminación de duplicidades precisando sus funciones y responsabilidades a nivel nacional, regional y local y simplificando las estructuras organizativas de los ministerios y organismos públicos descentralizados; así como en la necesidad de reformar el Sistema Público de Pensiones y fortalecer la autonomía de las entidades reguladoras. De igual modo, se requiere implementar una gestión moderna de los recursos humanos del sector público y adecuarlos a la demanda real por bienes y servicios públicos y diseñar e implantar un registro unificado de los empleados públicos. En función de dichas metas, el Gobierno ha logrado importantes avances en las tareas de implementación de medidas de austeridad y racionalización del gasto corriente en todos los Ministerios, en el fomento de la transparencia en los procesos de compras públicas, así como en la construcción de una base de datos de planillas del Estado que permitirá: (i) la implementación a través del Sistema Integrado de Administración 8

Financiera (SIAF) del Módulo de Registro de Altas y Bajas de Personal de los Gobiernos Nacional y Regional; (ii) un proceso de control de pagos a través del SIAF; y (iii) la consolidación del Banco de Datos de Servidores Públicos actualizado permanentemente. Con este fin, se ha concluido una primera etapa que consistió en el cruce de información entre diversas entidades públicas la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Banco de la Nación y la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, obteniéndose como resultado una Base de Datos Preliminar que contendrá el Padrón de Personas Activas y Pensionistas a cargo del Estado. En el ámbito de la Descentralización, para la continuidad y consolidación de este proceso se requiere garantizar la interdependencia y colaboración entre los tres niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, con el objetivo fundamental de mejorar la gestión del Estado y de garantizar la provisión de los servicios públicos fundamentales. De este modo, es necesario implementar y/o fortalecer los instrumentos legales y los procedimientos administrativos encaminados a guiar el traspaso de competencias y recursos del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales. En ese sentido, es prioritario aprobar la Ley de Acreditación y, en paralelo, diseñar un sistema de monitoreo y evolución del gasto descentralizado. Asimismo, para reducir los riesgos que el proceso supone en términos de la sostenibilidad fiscal, es necesario que las instancias del Gobierno Nacional tengan las capacidades para administrar los sistemas de gestión financiera e inversión pública y vigilen adecuadamente las finanzas de los Gobiernos Regionales y Locales. POLITICA TRIBUTARIA Un sistema tributario debe estar organizado en función a los siguientes principios: suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad. El primero se refiere a la capacidad del citado sistema para financiar el gasto del Estado sin tener que recurrir a un nivel excesivo de endeudamiento la vigencia de incentivos, exoneraciones o tratamientos tributarios especiales, así como la evasión y el contrabando, han debilitado dicha capacidad. En cuanto a la eficiencia, el sistema tributario debe tender a disminuir las distorsiones generadas por los impuestos sobre las decisiones de los agentes económicos. En este sentido, los principios del sistema tributario deben ser gravar la renta y el consumo, y eliminar paulatinamente cualquier impuesto anti−técnico. Por su parte, la equidad implica que la carga tributaria debe ser distribuida con justicia entre los miembros de la sociedad, respetando sus capacidades contributivas. La aplicación de este principio considera dos criterios: el de equidad horizontal, por el cual un sistema tributario es equitativo cuando contribuyentes con el mismo nivel de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos y equidad vertical o capacidad de pago, mediante el cual, el establecimiento de tributos debe guardar relación con la capacidad económica del contribuyente. Por último, bajo el principio de simplicidad, el sistema impositivo debe ser un conjunto ordenado, racional y coherente de tributos, comprensible para todos los contribuyentes, de modo tal que reduzca los costos de cumplimiento y la probabilidad de evasión y elusión fiscal. Los principales avances del Gobierno en línea con los citados principios han estado orientados a: • La reducción de la evasión y la elusión utilizando medidas administrativas como el reforzamiento del sistema de retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), la ampliación de la cobertura del sistema de detracciones, la mejora del control de reintegros tributarios y la intensificación de las auditorías a las empresas; • La modernización de la gestión y la capacidad funcional de la Administración Tributaria a través de la fusión de SUNAT y Aduanas, que centraliza en una única institución la responsabilidad de la recaudación de impuestos; y

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iii) La mejora de la eficiencia y equidad del sistema tributario, con el objetivo de incrementar la presión tributaria. REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL Una de las características de la economía mundial durante los últimos años es la reforma que muchos países están llevando a cabo en sus sistemas de seguridad social. Países como Alemania, Francia, Portugal y, más cerca de nuestra realidad, Brasil y Colombia, están implementando importantes reformas en sus regímenes previsionales públicos, los que usualmente se caracterizan por ser sistemas de reparto y no de capitalización individual. Los cambios en la estructura demográfica han creado la necesidad de una reforma, en la medida en que los beneficios de los sistemas de reparto originales son financieramente inviables en el tiempo. En efecto, los aumentos en la esperanza de vida de la población y el proceso de transición demográfica han elevado enormemente el pasivo previsional sin que eso tenga un correlato en sus capacidades de financiamiento. De este modo, estos sistemas deben ser reformados para evitar las crecientes transferencias de recursos públicos que requieren y reducir su probabilidad de quiebra. En el Perú, el Sistema Público de Pensiones está constituido principalmente por los regímenes regulados por los Decretos Leyes Nº 19990 o Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y Nº 20530 régimen de la Cédula Viva, los mismos que se encuentran desfinanciados. La recaudación de aportes en ambos sistemas es insuficiente para financiar el pago de sus planillas, por lo que en promedio, durante los últimos 5 años, el Tesoro Público ha tenido que cubrir el 81 por ciento de la planilla previsional, lo que representa el 17 por ciento del Presupuesto Público anual. De los citados regímenes, el principal problema proviene del DL Nº 20530, puesto que representa la mayor carga de obligaciones previsionales (9 por ciento del Presupuesto Público) y genera desigualdades en cuanto a los beneficios que otorga, en comparación con el SNP. Un 98,9 por ciento de la planilla del DL Nº 20530 proviene del Tesoro Público. Además, el costo previsional es decir, el valor actualizado de las obligaciones previsionales del referido sistema es de US$ 24 415 millones. Si a este monto se agrega el correspondiente al SNP, se alcanza la cifra de US$ 39 566 millones o 64,9 por ciento del PBI. Es claro que la magnitud de estas obligaciones amenaza severamente la solvencia financiera del país en el mediano plazo, más aún si, contra lo que inicialmente se esperaba, el ámbito de aplicación del régimen del DL Nº 20530 ha sido ampliado en incontables ocasiones sin ningún criterio económico que respalde la viabilidad de estas modificaciones. En la medida en que el régimen de Cédula Viva otorga pensiones nivelables, no sólo representa una potencial amenaza de quiebra financiera para el Estado Peruano en el mediano plazo, sino que su permanencia imposibilita la ejecución de un proceso de reforma del sistema público de remuneraciones a través de la formalización de la planilla del sector público. De este modo, la existencia del DL Nº 20530 constituye la principal explicación a la multiplicidad de regímenes de contratación en la administración pública. En un contexto de reforma del Estado, la reforma del Sistema Público de Pensiones mediante el cierre de la Cédula Viva constituye una condición indispensable que cuenta con el consenso de partidos políticos y sectores organizados de la sociedad civil8. Este Gobierno, en línea con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la política fiscal y el buen uso de los escasos recursos de los que dispone el país, ha propuesto una reforma constitucional que permita cerrar definitivamente el régimen del DL Nº 20530 e introducir de manera inmediata modificaciones necesarias como la Como resultado de esta reforma y la norma complementaria se tendrían enormes efectos positivos en la capacidad funcional y gerencial del Estado, en la mejora de la calidad del gasto público y en la reducción de asimetrías entre los diversos regímenes previsionales. En términos de requerimientos actuariales, esta reforma implicaría una reducción de US$ 6 185 millones para el financiamiento del sistema previsional. 10

POLÍTICA COMERCIAL Una de las lecciones aprendidas de los países que superaron el subdesarrollo para convertirse en las nuevas potenciales industriales es que el crecimiento económico requiere de políticas que promuevan la exportación, en especial, de productos con alto valor agregado, que son los que generan mayor empleo e ingresos y son, a diferencia de los bienes primarios (comúnmente llamados commodities), menos dependientes de las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. Sin embargo, las políticas que priorizan sectores deben tener mucho cuidado en no tratar de identificar arbitrariamente sectores ganadores, sino trabajar sobre aquéllos con ventajas comparativas potenciales o reveladas, como puede ser el caso de la agroindustria. Es por este motivo que el Gobierno se ha propuesto orientar sus esfuerzos hacia los mercados externos, donde existe una demanda potencial para nuestros productos, que ha sido poco explotada en las últimas décadas, tal como puede observarse cuando se compara la participación de las exportaciones en el PBI del Perú con la de algunos países de la región. En este sentido, la política comercial del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos la negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales para expandir los mercados de bienes y servicios, y la reducción del nivel promedio de aranceles, en consistencia con el programa fiscal y los compromisos asumidos por el Perú en diversos foros internacionales, con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestros productos. No obstante, es importante destacar que, si bien la firma de tratados comerciales constituye una herramienta necesaria para lograr el objetivo de desarrollo del país, el verdadero desafío para ampliar nuestras exportaciones es aumentar nuestra competitividad en el comercio internacional. EMPLEO El principal problema del mercado laboral en Perú es la deficiente calidad de los empleos, la cual es producto de, al menos, dos causas: la baja productividad de los trabajadores y la precariedad de las condiciones de empleo, ambas relacionadas con el alto nivel de informalidad. Si bien la tasa de desempleo es relativamente baja en comparación con otros países de América Latina22, existe una considerable proporción de empleos de mala calidad. En tal sentido, sólo uno de cada cuatro empleos en áreas urbanas cumple con las regulaciones impuestas por la legislación laboral. Para buscar una explicación plausible conviene pensar en la formalidad como una elección costo beneficio que realizan empresas y trabajadores. Para una empresa, el ingreso a la formalidad implica el pago de seguros de salud, aportes a sistemas previsionales e impuestos, así como también representa beneficios derivados de un mayor acceso a mercados y al crédito. Por lo tanto, una empresa sólo se verá incentivada a formalizarse en la medida en que la productividad de sus trabajadores sea tal que permita financiar los pagos establecidos por las leyes, además de un salario adecuado. En consecuencia, los agentes decidirán tener empleos formales sólo en la medida en la que les resulte provechoso. Por ello, dadas las condiciones del mercado laboral peruano regulación laboral rígida, débil capacidad del Estado para cumplir su rol supervisor del cumplimiento de las normas y bajo nivel de productividad no resulta extraño observar el alto grado de informalidad existente. Esta situación constituye la base para el diseño de una agenda de reformas del mercado laboral en los próximos años. La primera línea de acción se centra en el marco normativo, el cual impone altos costos para el empleo formal, tanto en términos de los costos laborales no salariales (CLNS) como de los costos de despido. En ambos casos, el Perú tiene uno de los costos más elevados de América Latina POLÍTICA SOCIAL

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Ser pobre en el país implica no poder acceder a una canasta básica de consumo, la cual se define como un conjunto mínimo de bienes y servicios que permite satisfacer las necesidades esenciales de un individuo. Este conjunto mínimo incluye una canasta básica de alimentos, con los requerimientos nutricionales indispensables y gastos en servicios como vivienda, salud y educación, entre otros. Al 2002, las cifras revelan que más de la mitad de los peruanos alrededor de 14,6 millones de personas o 54,3 por ciento de la población es pobre y no puede satisfacer sus necesidades indispensables. Más aún, el 23,9 por ciento de la población es extremadamente pobre, y ni siquiera puede acceder a la canasta básica de alimentos para satisfacer sus requerimientos nutricionales indispensables. Aún cuando los promedios nacionales de pobreza resultan elevados, dentro de ellos subyace un alto grado de desigualdad que pone en evidencia condiciones aún más deprimidas en algunos ámbitos del país. Así, la información disponible revela que, en las áreas rurales, aproximadamente cuatro de cada cinco pobladores (77,1 por ciento) son pobres y uno de cada dos (50,3 por ciento) es extremadamente pobre; que, en algunos departamentos como Huánuco y Huancavelica, la tasa de pobreza supera al 83 por ciento, y que la pobreza extrema llega al 57,9 por ciento en la sierra rural, mientras que en Lima sólo alcanza el 2,8 por ciento. El Gasto Social Total es aquel que permite formar capacidades básicas de las personas y hace posible su posterior perfeccionamiento y utilización. Estas capacidades son indispensables para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. Según el grado de priorización se puede distinguir dos grandes tipos de gasto social, el gasto social básico y el gasto social complementario. El Gasto Social Directo es aquel que permite evaluar la real capacidad del gobierno en la producción de bienes y servicios sociales para el desarrollo de capacidades y reducción de la pobreza en el país. El Gasto Social Protegido es aquél que permite asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz de los bienes y servicios calidad del gasto provistos a través de: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Salud Individual, Salud Colectiva y Promoción y Asistencia Social y Comunitaria. Así, una política social orientada a alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades humanas y la búsqueda de la equidad social, deberá plasmarse en un conjunto de lineamientos y acciones definidos por el Gobierno para asegurar a todos los peruanos un nivel de vida digno. DEUDA PUBLICA Los elementos fundamentales que caracterizan la actual política fiscal en el mediano y largo plazo son la generación de superávit primarios crecientes y la consecuente trayectoria decreciente del déficit, ambos consistentes con la sostenibilidad fiscal y en línea con la LRTF. El propósito es reducir tanto la carga de los servicios de la deuda pública como el porcentaje del stock de esta deuda con respecto al PBI. Las proyecciones de resultado primario y resultado económico del SPNF presentadas en este Marco Multianual son consistentes con estos objetivos. Actualmente, la deuda pública es predominantemente externa, está pactada en distintas monedas y sus intereses y amortizaciones se concentran en los próximos años el 74 por ciento de los servicios de la deuda externa del Sector Público No Financiero se concentra en los siguientes 10 12

años. En lo que respecta a su composición, el 42,9 por ciento está denominado en monedas distintas al dólar (principalmente en Euros y Yenes), el 49,7 por ciento se ha pactado a tasas de interés variables, y el 70 por ciento se concentra en los foros Club de Paris y Organismos Multilaterales. Por otro lado, sólo el 20,3 por ciento de la deuda pública total de mediano y largo plazo corresponde a deuda interna (incluyendo Bonos de Reconocimiento) y, de esta parte, la deuda en soles representa únicamente el 69 por ciento. Esta composición de la deuda pública origina que la política fiscal se encuentre expuesta a riesgos de mercado, como los asociados a las variaciones del tipo de cambio y de las tasas de interés. Por tanto, la política de endeudamiento debe enfocarse no sólo en asegurar la disponibilidad de recursos para financiar el déficit y las amortizaciones o garantizar que los nuevos endeudamientos netos sean relativamente decrecientes con respecto al PBI, sino que también debe contemplar la modificación progresiva, por un lado, de la estructura de los plazos de amortización, tipos de acreedores y tasas de interés de la deuda para generar una trayectoria estable de sus servicios y, por el otro, de su composición mediante la sustitución progresiva de deuda externa por interna. Con la modificación de la estructura de plazos de amortización efectuada en el proceso de programación de los nuevos desembolsos se intenta disminuir y/o estabilizar la carga de los servicios durante los próximos años. Con la sustitución progresiva de deuda externa por interna se busca reducir el riesgo cambiario de la moneda nacional con respecto de las otras monedas, y los efectos de los shocks externos adversos de tasas de interés. Durante las décadas pasadas los Gobiernos del Tercer Mundo incrementaron sustancialmente sus gastos, financiándose a través de endeudamiento. Este flujo de fondos fue posible gracias a una particular coyuntura internacional caracterizada por bajas tasas de interés. Cuando a inicios de los ochentas la FED implementa una política monetaria contractiva se genera una recesión que rompe las condiciones de solvencia. Las tasas de interés se hacen mayores a las tasas de crecimiento del PBI. Se genera así, la crisis de la deuda en los países en desarrollo. El Perú no se encuentra exento de este comportamiento. En 1983 se declara el default y en 1985, con la propuesta de limitar los pagos de los servicios de deuda, se consolida el aislamiento de la comunidad financiera internacional. Sólo 14 años después, en 1997, tras la limpieza de atrasos con la banca privada a través del Plan Brady se finaliza el proceso de reinserción. Al cierre del año 2002, la deuda del Perú era de 26 501 millones de dólares, de los cuáles 20,715 millones (78 por ciento) corresponden a deuda externa y 5 786 (22 por ciento) a deuda interna. Los principales acreedores son: el Club de París (31 por ciento de la deuda total) y los Organismos Multilaterales de Crédito (27 por ciento de la deuda total). Se debe mencionar que en los últimos años el financiamiento se ha hecho fuertemente dependiente de la colocación de bonos globales en el mercado internacional de capitales. A la fecha, el stock de estos bonos es de alrededor de 2 600 millones de dólares. De otra parte, el stock de deuda como proporción del PBI alcanzó 46,6 por ciento en el año 2002, cifra sumamente elevada que configura un escenario potencialmente peligroso para la sostenibilidad de la deuda. Dado este panorama, la gestión de la política económica debe orientarse principalmente a reducir los niveles de endeudamiento de tal manera que, no solo se asegure la viabilidad de la política fiscal sino principalmente se generen las condiciones para el desenvolvimiento de las iniciativas privadas de inversión, fuente última del crecimiento económico y del bienestar. El problema actual de la deuda pública se gesta en los años setentas cuando la coyuntura internacional se caracterizó por la abundancia de financiamiento externo. En la Comunidad Financiera Internacional de entonces, era común la idea que el riesgo soberano era relativamente conveniente comparado a otras alternativas de inversión. Tanto los bancos privados, los bancos multilaterales como los países desarrollados proveyeron líneas financieras en abundancia para los países en vías de desarrollo. Frente a esto, los gobiernos de estos países y en especial de América Latina rápidamente perdieron el norte de 13

la prudencia fiscal y empezaron a caer en sucesivos y cada vez mayores déficits fiscales. La principal causa de esta situación era la creencia que toda inversión que tuviese financiamiento era buena. Fue la época de las grandes obras de infraestructura realizadas con recursos externos, independientemente de si financieramente o socialmente se tratase de obras rentables. En el caso peruano por ejemplo, si bien existía un sistema que debía dictar las prioridades de inversión, los proyectos que tenían financiamiento a través de endeudamiento externo estaban al margen de este sistema y eran incorporados directamente al Presupuesto de la República. Como consecuencia de este particular escenario, el déficit fiscal se hizo incontrolable y el nivel de endeudamiento del país se elevó sistemáticamente. Así, el coeficiente de deuda externa a PBI se elevó de 16,5 en 1970 a 72,4 del PBI en 1990. Es decir, el endeudamiento prácticamente se quintuplicó en 20 años. Además de políticas fiscales bastante laxas, los países en desarrollo igualmente implementaron políticas monetarias expansivas, con regímenes cambiarios de tipo de cambio fijo y una alta protección de la industria local. Esto permitió que se generase una relativa sensación de bienestar, pero con fundamentos macroeconómicos extremadamente débiles: alta inflación, elevado déficit fiscal (que en la mayoría de los casos incluía un importante financiamiento del Banco Central), escasas reservas y creciente endeudamiento. A fines de la década las tasas de interés internacionales empezaron a subir fuertemente, como consecuencia de la política monetaria contractiva aplicada por el FED, afectando la deuda pactada a tasas variables, a la vez que se deterioraban los términos de intercambio de los principales bienes primarios exportados por América Latina como resultado de la recesión del período 1982−1983. En esta coyuntura, los servicios de la deuda pronto generaron una presión sobre las finanzas públicas (y las disponibilidades de divisas) de los gobiernos que se hacía cada vez más insostenible. En tanto, los bancos privados empezaban a tomar conciencia de la enorme dependencia que tenían los países acreedores del financiamiento externo y se preparaban a modificar sus criterios de evaluación crediticia. En el Perú, al igual que el resto de países de Latinoamérica, cuando se desató la crisis de la deuda se generaron las condiciones para que el país cayese también en el default. Por un lado, los bancos exigían que se pagasen los créditos sin que ellos estuviesen dispuestos a facilitar nuevos desembolsos, lo que inevitablemente llevaría a una crisis de divisas. Así, el 7 de marzo de 1983 el Gobierno Peruano declaró la suspensión unilateral de sus pagos El primer atisbo de solución fue el llamado Plan Baker lanzado en la Conferencia Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de octubre 1985. El Plan consideraba una refinación pero con una inyección de recursos por 29 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil millones provendrían de los organismos multilaterales de crédito y el resto de la banca privada. El Plan Baker fue un fracaso, en particular debido a que los bancos privados no efectuaron los desembolsos conforme se habían comprometido. La principal causa del fracaso de este programa fue que se concentraba en garantizar el repago de los intereses, perdiendo de vista que el principal problema de los países del tercer mundo ya no era el financiero o de liquidez sino más bien de insolvencia que se derivaba del altísimo nivel de endeudamiento que tenían. En octubre de 1988 el Club de Paris lanzó sus Términos de Toronto que permitía a los países muy pobres refinanciar sus deudas con condonaciones de hasta la tercera parte de estas1. Los Términos de Toronto establecían las siguientes tres opciones: (i) condonar una tercera parte de la deuda y reprogramar el saldo a 14 años de plazo con 8 años de gracia (ii) reprogramar la deuda reestructurable a 25 años de plazo con 14 años de gracia y (iii) reducir la tasa de interés en 3,5 por ciento o en un 50 por ciento. Cuando en julio de 1985 el nuevo Gobierno Peruano anunció que limitaría los pagos de la deuda a 10 por 14

ciento de las exportaciones, en la práctica se consolidó el proceso de aislamiento de la comunidad financiera internacional que se había iniciado en 1983. Esta situación solo terminó de resolverse plenamente en 1997 tras la finalización del Plan Brady, es decir 14 años después. Desde un primer momento, una de las prioridades del nuevo gobierno asumido en 1990 fue lograr la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Era claro que sin los fondos provenientes del financiamiento externo el Perú nunca podría crecer a las tasa requeridas que permitieran aliviar la situación de extrema pobreza y carencia de empleo que afligía a buena parte de su población. Un primer paso en el norte de conseguir la reinserción fue la aprobación de un programa económico que contara con el aval del FMI, así como al conformación de un grupo de apoyo que provea de los recursos financieros internacionales para hacer viable el programa económico para el periodo 1991− 1992.

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