Agua para todos, Agua para la vida (Lema del Decenio del Agua 2005-2015) Hugo R. Clausse* I. Antecedentes Las organizaciones internacionales, tanto las que en el mundo se ocupan del tema como las más importantes, Naciones Unidas incluidas, han intensificado la difusión, de manera cada vez más fuerte, de que la crisis mundial del agua se avecina. El abastecimiento de agua por habitante se estima que en los próximos 20 años se habrá reducido a un tercio del actual, lo que implicaría que, a causa de la creciente contaminación y del aumento de la población, la crisis enunciada será de grandes dimensiones. Diversas demostraciones y conflictos recientes ponen en evidencia que la alternativa de la privatización de la provisión de agua potable no es toda la solución. Parecería que ante aquellos que argumentan que el agua es un derecho humano básico, se manifiesta que el indiscutible costo que se genera para su provisión sólo puede solucionarse mediante su privatización. No se ha encontrado solución alguna a este debate, fundamentalmente ideológico. Se puede afirmar que frente a las posiciones extremas, existe una variedad de soluciones factibles adecuadas a las distintas situaciones; consecuentemente es necesario encontrar las fórmulas para encaminar las decisiones. II. Problemática en nuestro país Nuestro país no tiene una política de gestión del recurso hídrico y las fragmentadas políticas que se han intentado han sido frustradas, se podría decir, sistemáticamente; además, dentro de ese marco, ha desatendido también sistemáticamente su relación en este aspecto, no sólo con el mundo sino con los países vecinos con quienes comparte la mayor parte de sus disponibilidades fluviales. El país, como una manera de acercarse al desarrollo de una política hídrica imprescindible, debería participar activamente en las actividades internacionales que se llevan a cabo, comprometiéndose a un plan de acción y a su cumplimiento. Hasta 1980, en la práctica, lo que puede llamarse política de Agua Potable y Saneamiento, fue llevada a cabo por Obras Sanitarias de la Nación. La transferencia de los servicios a las provincias, con excepción de la ciudad de Buenos Aires y trece partidos del conurbano bonaerense, se realizó sin política explícita alguna para los servicios, ningún mecanismo de coordinación de las transferencias, ni proceso de formación técnica o administrativa, sin normas operativas ni presupuesto. A partir de 1990, se inició un proceso de privatización que abarcó todo el país Este proceso se llevó a cabo al igual que el anterior, sin que las provincias recibieran la asistencia necesaria para la preparación de las licitaciones, el estudio de las ofertas y adjudicación, la formulación de los contratos, la puesta en marcha y la regulación de los servicios. Las tareas de planificación, uso y administración del recurso deben necesariamente ser compartidas, lo que ha dado lugar a la creación de instituciones internacionales e interprovinciales con intervención del Gobierno Nacional y de las jurisdicciones provinciales involucradas. III. Propuesta La situación, resumidamente descripta, conduce a la propuesta de generar de la manera más expeditiva y eficaz posible la forma de alcanzar -sin interferir en aquello que se está ejecutando sino fortaleciendo adecuadamente las instituciones existentes en las atribuciones y funciones para un mejor cumplimiento de los fines para los que fueron creadas- el desarrollo de un sistema integrado de los recursos hídricos.

Se propone la organización, sobre la base del Consejo Federal del Agua Potable y Saneamiento, de un Consejo Coordinador de Organismos de Recursos Hídricos de la República Argentina, dependiente de la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo Nacional, integrado por los organismos nacionales y los organismos provinciales que adhieran. I. Introducción El Secretario General de la ONU en ocasión de inaugurar el decenio del agua expresó “El agua limpia y accesible constituye un elemento indispensable. En los albores de este nuevo siglo no disponemos aún de ninguna técnica capaz de producir agua. Tampoco se puede reemplazar ni reproducir. El agua debe, por tanto, ser apreciada y protegida. Sin ella no es posible vivir. Es esencial en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y sin embargo, es escasa para millones de personas en todo el mundo”. Con expresiones similares, se han escrito multitud de artículos, libros, folletos y en general toda clase de publicaciones, tratando de reflejar cada una en su estilo alguna o algunas de las innumerables facetas que la problemática del agua potable presenta. Las Organizaciones Nacionales e Internacionales, tanto las que se ocupan específicamente del tema, como las políticas más importantes, Naciones Unidas incluidas, han intensificado la consideración y la difusión, de manera cada vez más fuerte, la crisis mundial que se avecina respecto a su disponibilidad. El abastecimiento de agua potable por habitante, se estima que en los próximos 20 años se habrá reducido a un tercio del actual, lo que implicaría que a causa de la creciente contaminación y del aumento de la población la crisis enunciada sería de grandes dimensiones. Los muchos diagnósticos realizados son fundamentalmente coincidentes y los objetivos planteados y aceptados, lamentablemente en su mayoría, no se han cumplido, no habiéndose alcanzado resultados transcendentes respeto a lo comprometido, se advierte hasta ahora la falta de una decidida voluntad política. Los países ricos, en general no prestan atención a aquellas resoluciones que pudieran afectar sus intereses inmediatos y los países pobres, y más necesitados, no disponen de medios para realizarlos por si mismos, sin contar con el apoyo técnico y financiero necesario. La gravedad de la situación del agua potable ha hecho a que en los últimos tiempos se encuentren cada vez más con más frecuencia expresiones de diversos autores tales como “la guerra del agua”, “el agua el oro azul o el petróleo del Siglo XXI” o por último “la

conquista

del

agua”,

con

sus

implicancias

manifiestas

de

potenciales

enfrentamientos en procura de dominar este elemento natural, que se transformaría en un nuevo recurso estratégico. Diversas demostraciones y conflictos recientes ponen en evidencia que la hasta ahora única alternativa promocionada que es la privatización de la provisión de agua potable y la conversión de esta en un bien económico, no es toda la solución. Parecería que ante aquellos que argumentan que el agua es un derecho humano básico, se opone la circunstancia de que el indiscutible costo que se genera para su provisión sólo puede solucionarse mediante la prestación de los servicios consecuentes por organizaciones de capital privado. Los términos de la discusión son como si tratase de transformar el “servicio público” de abastecimiento de agua potable en la organización de un sistema internacional de comercialización por la de “servicios de interés económico general”, donde las personas ya no serán consumidores o usuarios, si no “clientes” a quienes se atendería a cambio de un estipendio. La inhabilidad de ciertos gobiernos para proveer eficazmente agua potable a toda la población ha sido un fuerte argumento a favor de esta postura. Los incumplimientos contractuales, la falta de mejoras sustanciales de los servicios, los fuertes ajustes tarifarlos y la falta de expansión de servicios para el abastecimiento de los clientes menos pudientes justifican las resistencias crecientes, de quienes sufren las consecuencias de algo que se evidencia como mal hecho. Las experiencias de la aplicación de este cambio, como de aquellas que no lo adoptaron, permiten afirmar que no se ha encontrado un modelo indiscutible, en sus resultados, que genere las soluciones que se esperaba encontrar. Esta situación, y insistencia en las teorías iniciales, sin atender a lo sucedido en el lapso transcurrido desde imposición, conduciendo a un debate tendiente a convertirse en fundamentalmente ideológico, sin conclusiones positivas. Por el contrario, puede afirmarse que existe una variedad de soluciones “no ortodoxas”, factibles de ser llevadas a cabo, adecuadamente adaptadas a las distintas situaciones, es necesario entonces encontrar la manera de dialogar con ánimo de encontrar las fórmulas convenientes, en cada ocasión, para adoptar decisiones tendientes a canalizar los medios disponibles en acciones conducentes. En este sentido un marco donde se desarrollan importantes actividades con propuestas tendientes a procurar en acceso del mayor número de personas, no sólo al agua potable sino a todos sus otros usos dentro la defensa del medio ambiente. Dicho marco es el generado por parte de organismos especializados de organizaciones internacionales, cuyas conclusiones y propuestas en sus conceptos generales, deberían conocerse y difundirse, no para que sean copiadas e implantadas

directamente, sino como objeto de discusión para el desarrollo de una propia política integral hídrica. II. Antecedentes Tradicionalmente el planeamiento hidráulico se ha expresado mediante planes de obras, de grandes obras y de la asociación tan estrecha de ambos términos loa han llegado a parecer complementarios. Así, la política hidráulica se ha identificado, básicamente, con la selección y consecuente ejecución de obras hidráulicas; minimizando en general otros aspectos de la gestión de los recursos hídricos, en el sentido del no aprovechamientote otras utilidades del recurso agua. Esta idea general conlleva, desde luego, una marcada simplificación que produce importantes pérdidas por su utilización no integrada.. En todo caso, la crisis de estos conceptos tradicionales que ya se han puesto de manifiesto, hace imprescindible extender el concepto de esta nueva acción política de planeamiento, generando un nuevo concepto de que de lugar a una utilización integral del agua, con su mejor aprovechamiento, la conservación del medio ambiente y su consecuencia: el desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible parte de la necesidad de contar con una permanente armonización y complementariedad de intereses, a fin de posibilitar que los mayores rendimientos inmediatos puedan ser adecuados a fin de que prevalezcan, en el mediano y largo plazo, los que hagan al beneficio y el bienestar en el futuro de la mayoría de los ciudadanos. Para tender a la consecución de estos nuevos procedimientos es necesario abandonar el tradicional de política hidráulica conduciéndolo hacia el más global de política integral del agua, el planeamiento y la gestión integrada de los recursos hídricos, entendiendo por tales conjunto de acciones de las administraciones públicas y privadas, a distintos niveles y en diversos ámbitos, que afectan al desarrollo, asignación, preservación y gestión de los recursos hídricos; entendiendo por tales a aquellos que además del agua potable, el riego rural, el uso industrial o los hidroeléctricos, involucran diversos organismos y usuarios, públicos y privados, en cada uno de los usos. Siendo obvio que cualquier individuo, grupo, asociación o empresas puede tener intereses, opiniones e actitudes diversas relativas a forma de cada una se los distintos usos del agua, muchas veces contrapuestos , producto de disposiciones y beneficios no necesariamente compatibles. Esta circunstancia anotada, totalmente normal por otra parte, hace que naturalmente aparezcan, las consecuentes y necesarias actuaciones de los distintos organismos

públicos de coordinar las actuaciones, y por ultimo también actuar cuidadosamente en cierta medida como árbitro, atendiendo en forma fundamental a privilegiar las necesidades de la mayoría y dentro dentro de ellos a quienes los que menos tienen, con ecuanimidad frente a los otros por la justicia de sus decisiones. Como es lógico, institucionalmente la organización pública, debería ser jurídica

y

funcionalmente complementaria y homogénea. Sin embargo, en la realidad, los objetivos y acciones de las distintas dependencias del Estado, tanto las de carácter permanente como las transitorias por ser de conducción política, no están con frecuencia, no sólo coordinados. Incluso que aun dentro de una misma administración pueden darse tales divergencias, y, más aún, en un mismo organismo pueden estar desarrollando, aun a sabiendas, simultáneamente con objetivos contrapuestos entre sí. Esta situación puede hacer necesario el alejamiento de intereses de quienes tendrán a su cargo el desarrollo de estos principios en primer y luego la formación de una escuela personal con la probidad y el ejemplo de generar en su interior, la solución al problema de conseguir la compatibilidad de tales políticas. La ignorancia de ka eficacia y la falta de coordinación y multiplicidad de objetivos es una cuestión importante en toda la administración del Estado, tanto para de la política del agua como de otros servicios. Desde luego que éste no es un fenómeno reciente ni exclusivo de una sola zona, región o país, pero la organización administrativa de la República Argentina. de las Provincias, de sus Municipios y sus a veces confusas relaciones de competencias, ha añadido una mayor complejidad y ha favorecido la dispersión, cuando no a la abierta oposición, de objetivos y de normas territoriales y sectoriales, tal y como se ha puesto de manifiesto en numerosas oportunidades. El mecanismo previsto en nuestro ordenamiento para esta coordinación administrativa territorial y sectorial es el del planificación integral hídrica, en particular, pero tanto la novedad de esta técnica como la falta de experiencia en su aplicación, debe dar lugar a una la organización, sin interrumpir los nuevos o dicho de otra forma de complemento y apoyo, al problema de la eficacia administrativa. y esta vez sin la repetición de las necedades ya escuchadas de su descalificación, sin dependencia administrativa directa de organismo político involucrado en sus funciones, ni tampoco con orden jerárquico sobre organismo alguno, ha habido experiencias con resultado positivo de tal circunstancia. un organismo, a definirse exactamente según avance esta

iniciativa, de poner en ejecución HIDRIARG, Hídrica Argentina, Oficina de

Elaboración, Coordinación, Supervisión y Seguimiento del Plan Hídrico Integrado Nacional.

III. La Visión internacional y su Participación en Temas Hídricos y de Medio Ambiente El reconocimiento de la necesidad de un enfoque integrado y más humano de la gestión de los recursos hídricos se ha ido desarrollando gradualmente como resultado de varios e importantes foros y conferencias internacionales. A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de Agosto 1977, donde se adoptó el Plan de Acción de Mar de Plata, pasando por otras, donde fue ratificado por la Conferencia de Dublín sobre Agua y Medio Ambiente de 1992, hasta la Conferencia Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, del mismo año, en que la comunidad internacional mediante la Declaración del Milenio de Naciones Unidas coincidió en que se fijaran metas de desarrollo sostenible. Entre estas Metas, en dicha Declaración incluyó el importante documento la Agenda 21 y el ejercicio de la Visión Mundial de¡ Agua que han contribuido a reforzar la percepción de¡ estado crítico de¡ alcance y la posibilidad de disponer de¡ agua necesaria, determinando la necesidad de una evaluación global de los recursos mundiales de agua dulce como base para llevar a cabo una gestión más integrada de¡ uso del agua. Considerando al agua potable como tema central la Declaración de Johannesburgo, se ratifica el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos dentro de las Metas de Milenio al 2015, y establece como fines específicos: •

Reducir en un 50% la proporción de personas que no tienen acceso a un agua potable segura o no pueden costearlo.

•

Detener la explotación insostenible del recurso hídrico a través de la formulación de estrategias de gestión de agua a nivel regional, nacional y local que promuevan tanto el acceso equitativo como el suministro adecuado.

Comprometiéndose, en esa ocasión, a su ratificación, su puesta en vigencia y su cumplimiento y la aprobación formal de un proyecto de seguimiento de la evolución de los progresos alcanzados para alcanzar las metas establecidos, responsabilidad encomendada a la UNESCO. Estos principios han sido ratificados en el 3er Foro Mundial de agua realizado en Kioto en 2003, y puestos en vigencia como consecuencia de la adhesión de Rusia en Noviembre 2004 y consecuentemente puesto en marcha formal a comienzos del corriente año. Mientras tanto, por recomendación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y con el sólido respaldo de la Conferencia Ministerial de La Haya de marzo de 2000, el CAC/SRAD (Comité Administrativo de Coordinación/Subcomité de Recursos de Agua Dulce) de la O.N.U. ha lanzado el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos

Hídricos (WWAP), un proceso continuo de evaluación que movilizará al conjunto del sistema de las Naciones Unidas. Sin dudas, el camino a recorrer será largo y difícil, pero ha de valer la pena el esfuerzo pues se trata nada menos con, “...cumplir con las necesidades del presente sin sacrificar la posibilidad de que las generaciones futuras puedan cumplir con las suyas”. IV. La Visión Nacional y su Participación en Temas Hídricos y de Medio Ambiente de nuestro país Nuestro país no ha tenido una política de gestión integrada del recurso hídrico y lo que es peor las fragmentadas políticas que se han intentado, han sido, se podría decir, sistemáticamente frustradas; además, dentro de ese marco, ha desatendido también sistemáticamente su relación con otros usos del agua y por supuesto no atender, en este aspecto, experiencias al respecto no sólo con el mundo sino con los países vecinos con quienes comparte la mayor parte de sus disponibilidades fluviales. Puede considerarse como una falencia ambas cosas, al no tener una política local y desconocer y no participar o participar formalmente no sólo no recoge experiencias realizadas sino que no puede tener una inserción en estas actividades. (Se puede ver una visión de los servicios de agua potable del país, según un informe previo al proceso de concesión privada). El país, como una manera de acercarse al desarrollo de una política hídrica imprescindible, debería participar activamente en las actividades internacionales que se llevan a cabo, comprometiéndose a un plan de acción y a su cumplimiento. En cuanto a considerar si se ha hecho alguna política, así fue, hasta 1980, en la práctica, lo que puede llamarse política de Agua Potable y Saneamiento, fue llevada a cabo por Obras Sanitarias de la Nación creada a fines del Siglo XIX por efecto paliar la falta de higiene de la ciudad, ante la peste de fiebre amarilla, situación que se institucionaliza recién en 1940. La transferencia de los servicios a las provincias, viejo anhelo privatista, con excepción de la ciudad de Buenos Aires y 13 partidos del conurbano bonaerense, se realizó sin política explícita alguna para los servicios, ningún mecanismo de coordinación de las transferencias, ni proceso de formación técnica o administrativa, sin normas operativas ni presupuesto. A partir de 1990, se inició un proceso de privatización que abarcó todos los servicios posibles el país. Este proceso se llevó a cabo al igual que el anterior, sin que las provincias recibieran la asistencia necesaria para la preparación de las licitaciones, el estudio de las ofertas y adjudicación, la formulación de los contratos, la puesta en marcha y la regulación de los servicios.

Actualmente ya se han rescindido dos contratos, uno más en ese camino, los otros con serias problemas de incumplimientos contractuales en cuanto se refiere a mejora de la calidad del servicio, reparación y ampliación de las redes de distribución y a la construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de excretas. En cuanto a la concesión de los servicios que prestaba Obras Sanitarias de la Nación (la concesión de servicios de agua potable y saneamiento más gran del mundo), el Gobierno Nacional la llevó a cabo sin la intervención ni del Gobierno de la Provincia ni del de la Ciudad de Buenos Aires, reservándose las funciones de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión y por lo tanto, el único con capacidad para renegociar el mismo, cosa que lo ha hecho con las consecuencias conocidas. En el país funcionan más de medio millar y medio de organismos oficiales de orden nacional,

provincial

y

municipal,

el

enjambre

de

ministerios,

secretarías,

subsecretarías, direcciones, consejos, comités, entes o institutos, con funciones superpuestas, contradictorias o inocuas. Deben ser consideradas además las Empresas Concesionarias, Cooperativas, Servicios Municipales diversos, etc., casi sin ninguna o muy poca relación entre si. El único contacto reconocido por los organismos internacionales en el país es la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que prácticamente casi no mantiene relación con algún organismo, como no sea por relaciones personales; es también el organismo que concurre a los eventos internacionales y asume, cuando lo hace compromisos nacionales, cpor supuesto con desconocimiento de aquel que pudiera estar relacionado. Por otra parte la República Argentina comparte las cuencas internacionales con sus países vecinos de gran parte de sus recursos hídricos con sus países vecinos. Asimismo entre las provincias argentinas prácticamente todos los recursos hídricos son interprovinciales. Tanto en uno como en otro caso existen Comités de Cuenta la labor prácticamente desconocida. Las tareas de planificación, uso y administración del recurso deben necesariamente ser compartidas, lo que ha dado lugar a la creación de instituciones internaciones e interprovinciales con intervención del Gobierno Nacional y de los de las jurisdicciones provinciales involucradas. V. Propuesta La situación, resumidamente descripta, está llamada a conducir una la propuesta que busca generar de la manera menos conflictiva y más expeditiva y eficaz posible la forma de alcanzar, sin interferir, donde no fuera necesario, en aquello que se está ejecutando, contribuyendo por el contrario a facilitar se ejecución, tendiendo a

fortalecer adecuadamente a las instituciones existentes en las atribuciones y funciones para un mejor cumplimiento de los fines para los que fueron creadas, dentro del Plan Integral de los Recursos, finalidad fundamental de su organización. Se propone la creación y organización HIDRIARG, Hidráulica Argentina, sobre la base de una Oficina de Elaboración, Coordinación, Supervisión y Seguimiento del Plan Hídrico Integrado Nacional, dependiente del Pode Ejecutivo Nacional y paulatinamente integrado con los organismos nacionales y los organismos provinciales que adhieran, vinculados a la utilización o afectación de los Recursos Hídricos y su influencia sobre el Medio Ambiente.

* Ingeniero civil, Facultad de Ingeniería. UBA. Desarrollo Profesional en Organización y Conducción de Proyectos y Obras Civiles e Hidráulicas y en la Elaboración Documentación Licitatoria y Evaluación de Ofertas, Supervisión y Administración Contratos, Evaluación de Proyectos de Inversión. Concesión de Obra Pública. Privatizaciones. Integrante del Equipo de Asesores del Rector H. Fernandez Long.

ANEXO Gestión de los Recursos Hidráulicos en Argentina La gestión de los recursos hídricos necesita ser modernizada en el marco de un desarrollo sustentable, priorizando la salud de la población y el aporte de los emprendimientos hidráulicos a las regiones más postergadas. Conforme señala el estudio denominado "Gestión de los Recursos Hídricos en Argentina. Elementos de Política para su Desarrollo Sustentable en el siglo XXI", aprobado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la política nacional en materia de aguas debería situarse dentro del marco global del desarrollo sustentable establecidos en la Agenda 21 y en los Principios de Dublín. Dicha gestión moderna de las aguas deberá apoyarse entonces en cuatro ámbitos de acción política: 1. atención de los problemas de equidad social, que garanticen a la población carenciada el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento, y seguridad ante eventos hídricos extraordinarios como las inundaciones. 2. políticas dirigidas hacia la utilización ambientalmente sustentable del recurso agua; 3. incentivar el uso eficiente de todos los usos del agua, incluyendo el hidroeléctrico; 4. proveer seguridad jurídica en los derechos de uso del agua y en la resolución de conflictos entre jurisdicciones administrativas y usuarios. Analizando en particular el sector agua potable y saneamiento, Argentina se encuentra retrasada, a nivel latinoamericano, en el cumplimiento de la Metas del Milenio que plantearon reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a agua potable y de las personas sin acceso al saneamiento. Al año 2000 solamente el 81% de la población urbana estaba conectada a redes de agua potable y el 58% a redes de desagüe cloacal; las coberturas de agua potable y saneamiento básico para los cinco millones de pobladores rurales son sensiblemente más bajas. Para cumplimentar las Metas del Milenio al 20I5 se necesitarán no menos de 1200 millones de dólares para agua Potable y 2100 millones de dólares en saneamiento. En este campo la acción del Estado Nacional y los Estados provinciales deberá mejorar su eficiencia en la aplicación expeditiva de los fondos para este sector. A esta situación preocupante en el sector agua y saneamiento se suma la continua degradación de la calidad de las aguas. La contaminación con arsénico y nitratos de las aguas subterráneas, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua

potable de la población rural, alcanza niveles peligrosos por su efecto acumulativo en la salud, tal como lo demuestran evidencias científicas recientes. Asimismo, hay problemas graves de contaminación en las zonas urbanas por las descargas no controladas de aguas residuales crudas. En este campo de la calidad de las aguas es indispensable que la Subsecretaría de Recursos Hídricos en conjunto con la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación refuercen su capacidad de liderazgo y convoquen a las Provincias y a la sociedad civil para instrumentar mediante obras y medidas concretas la Lev de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. Asimismo se estima fundamental reforzar la acción de los Comités de Cuencas Hídricas para construir el consenso sobre los instrumentos de política para combatir la contaminación

hídrica:

implantación

del

cobro

por

derecho

de

descarga.

establecimiento de las normas de descarga municipal e industrial, gestión de los residuos sólidos, y mecanismos financieros de ayuda a la prevención contra la contaminación. En cuanto al sector riego, que representa el 70% de todas las extracciones para uso consuntivo del agua, tiene una eficiencia muy baja dado el predominio de los métodos de riego tradicionales respecto de sistemas de riego modernos. Ello se traduce en que, de casi 1,5 millones de hectáreas bajo riego con que cuenta en el país, un tercio tienen problemas de salinización del suelo y/o de drenaje y de contaminación de acuíferos. Es de esperar una efectiva acción en este campo ya que de mantenerse la tendencia actual, estos problemas podrían tener consecuencias catastróficas en las economías regionales en un plazo de 15 a 20 años. Por ello es indispensable encarar un Programa multisectorial de modernización del sector riego para incrementar su competitividad que acompañe la mejora en la eficiencia en el manejo de los recursos, complementando la capacitación de los agricultores tanto en tecnología como en gestión; de organización y fortalecimiento de las asociaciones de usuarios; y de estructuración financiera para el crédito a los agricultores, siguiendo las buenas experiencias de México y España en este tema. Las acciones realizadas para mitigar los eventos extremos de excedencia hídrica han sido muy importantes, pero deben aún ser incrementadas, más aún si tenemos en cuenta los impactos posibles del cambio climático. Las inundaciones de 1982/83 y 1992 debidas a las crecidas extraordinarias de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay asociadas al fenómeno del Niño, la del año 2003 en la cuenca del Salado del Norte que ha castigado tan duramente a Santa Fe, las inundaciones torrenciales en el Noroeste y las recurrentes inundaciones en la llanura pampeana han encontrado buena respuesta en los programas de mitigación de inundaciones ejecutados con

financiamiento, del Banco Mundial y BID, así como en el Plan Federal de Control de Inundaciones que lleva adelante la Subsecretaría de Recursos Hídricos con 24 obras en ejecución por cerca de 750 millones de $. En suma, a efectos de sostener una acción permanente y efectiva en el manejo de las inundaciones, los fondos que genera la Tasa de Infraestructura Hídrica deberán mantenerse e incluso incrementarse para completar la tarea en este aspecto. Dada la particular característica en Argentina, donde el dominio de los recursos hídricos prioritario pertenece a los estados provinciales y a las facultades concurrentes asignadas por la Constitución a las provincias y la Nación, la planificación de los recursos hídricos y sus obras asociadas es de competencia compartida entre las provincias y la Nación y necesariamente debe ser coordinada. Se estima de gran importancia para los recursos hídricos analizar profundamente el alcance del texto del artículo 124 de la Constitución, particularmente lo que atañe al dominio originario. Entendemos que la recuperación de las tareas de planificación integrada es un aspecto trascendente que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación debe conducir, como el organismo fundamental coordinador de los planes de los organismos públicos sectoriales (Secretaría de Energía, Subsecretaría de Recursos Hídricos V Secretaría de Medio Ambiente), mediante la articulación entre la Planificación v el ordenamiento territorial, con una visión integral v sistémica, basada en el concepto de gestión integrada de los recursos hídricos utilizando como unidad territorial a las cuencas. Una medida concreta en el área de los recursos hidráulicos es fortalecer los Comités de Cuenca, un instrumento que debería reforzarse en el marco de la problemática sobre recursos hídricos y desarrollo regional. En este contexto de planificación integrada, los grandes aprovechamientos deben ser apuntalados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos en lo que hace a los aspectos de planeamiento hídrico y ambiental desde el sector. Ante la situación energética es muy importante considerar el aporte que significan emprendimientos tales como Yaciretá, cuya sobre elevación de la cota de 76 a 83 significan más de 800 MW de potencia y unos 8000 GWh/año de energía, Corpus que hoy adquiere especial importancia, va que además de las características que por sí tiene éste Provecto, se hace necesario considerarlo a la luz de la futura habilitación de 2 turbinas más en Itaipú en el mes de septiembre y muy particularmente Yaraví, en sus distintas variantes y que hoy adquiere una relevancia especial luego de la última visita que hiciera a nuestro País la Ministro de Minas y Energía del Brasil quien dijo que instruiría a la EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, para que se aboque en forma conjunta

con Argentina a analizar el tema teniendo en cuenta fundamentalmente el aspecto ambiental de todo el Río Uruguay. Es más que importante en el ámbito de la generación hidroeléctrica puntualizar además la gran cantidad de aprovechamientos de no menor porte como son Aña Cua; Chihuido 11; La Leona; Modernización de Salto Grande; Caracoles (recientemente reiniciada) Punta Negra; La Barrancosa; lo que pueda surgir del desarrollo del Alto Uruguay. Un aporte esencial al desarrollo regional está representado por los aprovechamientos hidroeléctricos que se corresponden con un criterio de "Generación Distribuida", si bien son pequeños comparados con los citados anteriormente, va que se ubícan en el orden de los 5 a los 15 MW, algunos construidos pero que necesitan una actualización, modernización y/o complementar y otros a construir. Son casi 140 emprendimientos distribuidos en las Provincia de Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Se considera fundamental la necesidad de dictar una normativa nacional para presas o lev federal de seguridad de presas, para lo cual debería reafirmarse la operatividad del ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas), asegurándole los medios para crear los mecanismos para hacer un relevamiento del estado de las presas de manera de contar con un diagnóstico de situación en todo el país. La participación es una condición básica para la gestión de los recursos hídricos y sus obras asociadas, destacándose que la esencia del proceso es que debe ser informado y que los resultados deben ser tenidos en cuenta en el momento de la toma de decisiones. Para asegurar el éxito de estos procesos, previamente deberían implementarse planes de educación y concientización de los ciudadanos y organizaciones involucradas, recordando que la participación es un derecho que implica inevitablemente contraer obligaciones ineludibles. Educación y concientización son fundamentales, pues la legislación no asegura por si sola la participación. La tarea de sistematización de la información sobre los recursos hídricos y la gestión a escala nacional y provincial que se lleva adelante aumentando los fondos asignados incorporando las tecnologías más avanzadas de manejo integral de los recursos.