AMERICA LATINA Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS Por Marco A. Gandásegui, hijo América Latina se ha convertido en la región más cotizada del mundo si se mide según las inversiones extranjeras directas que recibe. En los últimos años los ‘negocios’ que ofrece la región se han multiplicado como hongos. Este crecimiento se ha dado especialmente en el renglón de la minería, también en el agro, las finanzas y otras inversiones de carácter especulativo. El incremento es, en gran parte, resultado de la gran demanda de materias primas que realiza China en forma consistente durante los últimos tres lustros. Los países de América latina recibieron 173 mil millones de dólares en concepto de inversiones directas extranjeras en 2012. La cantidad superó en un 6 por ciento la suma correspondiente a 2011. Casi duplica la inversión extranjera recibida a principios de siglo. Al mismo tiempo, las rentas que pagaron los países de la región a sus acreedores también aumentaron en forma significativa. En 2012 la región casi alcanzó a EEUU. Este recibió un total de 175 mil millones de dólares. China ocupó el segundo lugar con 110 mil millones en el mismo año. Hay que hacer la salvedad que las inversiones directas extranjeras en EEUU, China y América Latina reciben un trato legal muy distinto. En EEUU sólo se aceptan si benefician a los monopolios de ese país. En China hay una regulación muy estricta que no permite que los inversionistas se lleven las ganancias. En cambio, en América Latina cada país tiene sus propias reglas que generalmente son muy flexibles y favorecen al inversionista extranjero. Entre 2002 y 2011, sin embargo, los pagos de los países latinoamericanos a empresas que hacen inversiones en la región se multiplicaron cinco veces (un 500 por ciento). Pasaron de 23 mil millones en 2002 a 115 mil millones dólares en 2011, según la CEPAL. La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la rentabilidad seguirá elevada en los próximos años, favoreciendo las repatriaciones de divisas. La CEPAL recomienda a los gobiernos que impulsen políticas que vinculen el enorme flujo de inversiones con cambios estructurales de sus economías. Si no se adoptan políticas adecuadas, pronto las exportaciones de rentas por las inversiones extranjeras superarán las entradas. Las recomendaciones de la CEPAL no son bien acogidas por la mayoría de los países, especialmente Panamá. “En promedio, agregó Bárcena, cada millón de dólares crea tres puestos de trabajo”. Las inversiones extranjeras no son necesariamente un beneficio. Pueden resultar muy negativos si no son parte de un plan de desarrollo. Brasil fue destinataria de 65 mil millones de dólares y consolidó su posición como principal destino de las inversiones en la región. Chile y Colombia atrajeron 30 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente. Tanto Brasil como Chile son grandes exportadores de materias primas a China. En el caso de Brasil, exporta hierro y productos agrícolas. Chile es un exportador de cobre. En América del Sur, exceptuando Brasil, el sector minero siguió encabezando las inversiones extranjeras con el 51 por ciento. En Brasil, a pesar de ser una potencia minera mundial, sólo representó el 13 por ciento de la inversión extranjera. El sector industrial fue el más importante para Brasil, capturando el 38 por ciento de la inversión extranjera. Cuando se analiza el comportamiento de la renta según sector se destaca la alta rentabilidad de las industrias extractivas. La inversión extranjera directa dirigida a la minería, tiene una rentabilidad superior a la media. La demanda china de materias primas puede sufrir una desaceleración en los próximos años. Los analistas plantean que la economía de ese gigante asiático demandará productos semi o totalmente elaborados. En este caso, estarían en posiciones más ventajosas México y Brasil. De todas maneras, seguirían siendo economías dependientes de polos de desarrollo ajenos a su propia dinámica. En el caso de Centro América, la región recibió 8.876 millones de dólares en inversiones extranjeras. Es decir, un poco más del 5 por ciento del total latinoamericano. La suma representó

un aumento del 7 por ciento en comparación con el 2011. En 2012 Panamá fue el mayor receptor de inversión extranjera en el istmo centroamericano con 3 mil millones de dólares, seguido por Costa Rica con 2.3 mil millones, Guatemala (1.2 mil millones), Honduras ($1 mil millones), Nicaragua (810 millones) y, por último, El Salvador con 516 millones de dólares. La CEPAL también advierte que las inversiones directas extranjeras pueden crear condiciones muy desfavorables – “reforzando los patrones de especialización vigentes” - si los gobiernos no regulan la entrada de capitales a los países de la región. Panamá es uno de los pocos países donde no existen reglas de juego para las inversiones extranjeras. La mayor parte consiste en el llamado ‘capital golondrina’ que entra y sale, despojando la economía local de sus riquezas. En 2011 EEUU representó el 60 por ciento de las inversiones extranjeras en Panamá. Colombia el 20 por ciento y Venezuela el 10 por ciento. Las dos terceras partes de las inversiones fueron en los sectores Finanzas y Comercio. En el último lustro, Panamá no sólo experimentó un proceso de desindustrialización. Su planta industrial que sobrevivió fue vendida a capital extranjero: las galletas Pascual, las lecheras Bonlac y Estrella Azul, el café Durán, las cervecerías Nacional y Del Barú, así como el transporte colectivo urbano Mi-Bus. Por último el Banco del Istmo, vendido a HSBC-Panamá que, a su vez, fue comprado por Banvivienda de Colombia. - Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA Enviado por Alainet 30 mayo 2013

CENTROAMERICA PANDILLAS SALVADOREÑAS ESPERAN QUE SU TREGUA INSPIRE EN OTROS PAISES

Las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 aseguraron este miércoles que esperan que la tregua que mantienen sea imitada por grupos similares en otros Estados de la región, en un acto que declaró libre de violencia a la décima ciudad del país. "Dicen que en Honduras quieren hacer algo parecido a lo de nosotros, y la verdad es que cada país tiene sus propias características, pero si el ejemplo de nuestra tregua sirve de algo, pues entonces que la copien. Si es por la paz, está bien", señaló Angel Valle, representante de Barrio 18, de quien sobresale el número 18 tatuado en su cabeza rapada. Las principales "maras" o pandillas hondureñas anunciaron el martes su consentimiento para reunirse con las autoridades y evaluar la posibilidad de una tregua, tras pedir perdón a sus compatriotas por los crímenes. En el caso de El Salvador, este acuerdo logrado el 9 de marzo de 2012 ha contribuido a disminuir el promedio diario de homicidios de 14 a cinco.

Las dos pandillas salvadoreñas participaron el miércoles en un acto para firmar el denominado "Pacto por la Paz", que declaró libre de violencia al municipio de Ciudad Delgado, vecino a San Salvador, la décima ciudad del país. Vestido con pantalón formal negro y una camisa de mangas largas celeste que cubría los tatuajes en sus brazos, Valle estuvo al lado de Carlos Arroyo, de la pandilla rival MS-13. En el evento estuvieron presentes autoridades y representantes de iglesias, así como los mediadores de la tregua: el vicario castrense Fabio Colindres y el exjefe guerrillero Raúl Mijango. En un breve discurso, Valle aseguró que su pandilla "está decidida a parar las muertes y otros delitos" en Ciudad Delgado, ubicada 4 km al norte de la capital. "Nosotros estamos decididos a avanzar en el proceso de pacificación, siempre y cuando tengamos el apoyo de la sociedad, pero sabemos que no es nada fácil", dijo Arroyo. Sentados distantes unos 20 metros, frente a frente, un centenar de pandilleros de Barrio 18 intercambiaban miradas con sus rivales de la MS-13. Colindres pidió a los pandilleros seguir la tregua y hacerla "sostenible en el tiempo" al destacar que "su ejemplo es objeto de admiración", en referencia a Honduras. Cinco pandillas salvadoreñas entregaron el lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) 154 armas de distintos calibres, dentro del plan para mantener la paz. En las cárceles de El Salvador están recluidos poco más de 10,000 pandilleros, mientras que en barrios y calles permanecen libres unos 50,000, según datos oficiales.

MARAS- Guatemala La ilusoria conquista del gobierno ante las pandillas Sísifo en El Mezquital

Durante años, las pandillas han pululado por la gran “península” de El Mezquital, en la zona 12 capitalina. Un recorrido por las calles, callejones y barrancos de este asentamiento de cinco kilómetros cuadrados muestra cómo las pandillas mutaron hasta ser lo que son hoy, un sistema enraizado en la sociedad misma, y las razones por las que la estrategia territorial de disuasión y represión del Gobierno tiene aquí poco sentido. Y no sólo aquí. Y no sólo ahora. El subteniente pega la espalda al muro. Levanta su puño en señal de alto. Gira la cabeza sobre la esquina, apenas para que sobresalga su ojo izquierdo y la punta del cañón de su fusil. “Esta es zona de peligro. Si hay disparos, tírese al suelo”, recomendó cuando bajaba del picop militar al final de la única calle que llega a La Isla, al lado de El Mezquital, en la zona 12 de Villanueva. Camina cerca del borde del barranco y observa hacia abajo. “Esto es un hoyo. Nos pueden ver de todos lados y somos blanco fácil del enemigo”, dice, hace una pausa y como si dijera un secreto susurra: “Un enemigo invisible”. Un soldado cruza el pasaje a paso apurado. Se parapeta en la esquina de enfrente. Tiene la

mirada fija en la nada. El cañón de su fusil apunta hacia unas gradas que serpentean bajando el barranco, a un callejón de apenas metro y medio de ancho en un asentamiento que llaman La Unión porque al final de él, al fondo del barranco, hay una tubería que hace de puente y cruza sobre un río de aguas servidas uniendo La Isla con El Mezquital. “Aquí el enemigo puede ser cualquiera, es un enemigo invisible”, repite el subteniente. Mira de reojo. Señala con la boca a un grupo de niños reunidos en la esquina. “¿Los ve? Son ‘banderas’… Puras ‘banderitas’ solo esperando a que pasemos para informar por dónde vamos. ¿Qué hacemos? Pasamos frente a ellos, los saludamos o hasta les sacamos plática. No hay que demostrarles miedo. Hay que demostrar quién es la autoridad. Eso hacemos”. Así, a ojos del ejército, el enemigo podría ser aquel joven de pantalones caídos, camisa pegada al torso y peinado parado con mucha gelatina. También aquella mujer de cabello entrecano, que mira por encima de los lentes y que se mantiene sentada sobre un banco blanco de plástico a la par de una tienda toda la tarde; o acaso aquel niño de zapatillas deportivas desgastadas, pantalones cortos, un teléfono celular de última generación entre sus manos y que fijó la mirada sobre el picop militar cuando este se abría paso entre la gente. El subteniente ordena avanzar a su equipo. Es una columna de seis soldados del ejército. Cuatro pertenecen a la Reserva Militar, la unidad creada para apoyar las tareas de seguridad pública en 2000; uno de las Fuerzas de Mar; otro, el que apunta a la nada, de la brigada de Fuerzas Especiales Kaibil. Todos son parte de la Fuerza de Tarea Kaminal, el grupo combinado de policías y soldados que cubre El Mezquital y las colonias y asentamientos a su alrededor desde noviembre de 2012. Cinco kilómetros cuadrados de territorio, más de medio millón de habitantes y nadie sabe decir quiénes son “ciudadanos decentes” y quiénes parte del “enemigo invisible”. La historia del que no paga Un placazo del Barrio 18 adorna una pared blanca en el asentamiento Todos por la Paz, a un lado de la Central de Mayoreo (Cenma), justo atrás de El Éxodo. Es el único grafitti en todo ese pasaje con suelos de tierra y casas apiñadas. Como parte de las operaciones de la Fuerza de Tarea Kaminal se borraron todas las pintas de pandillas. Esto no parece importar. De hecho, no importa, las pintas aparecen de nuevo. No importa, los habitantes del asentamiento saben que esos pasajes son territorio del Barrio 18. Ahí manda la clica Solo para Locos (SLP). Meses antes de que entrara en funcionamiento la Fuerza de Tarea Kaminal, se hizo una “limpia” con operativos de allanamiento y captura de los principales líderes de las clicas de la zona. Se buscaba ejecutar diferentes órdenes de captura de casos ya investigados y recopilar información para otros casos en los que se tenían algunos indicios. La lógica era sencilla: dejar a las clicas sin sus cabecillas; instalar la Fuerza de Tarea Kaminal para contener nuevos brotes de violencia y lograr bajar la incidencia de homicidios en la zona. Después, entre las primeras “medidas sociales” que se tomaron fue el cubrir con pintura blanca los placazos de las pandillas. Así lo hicieron en el asentamiento Todos por la Paz. El picop de la Policía Nacional Civil (PNC) levanta el polvo por el callejón. Son las 3:00 de la tarde de un lunes cualquiera. En el vehículo van tres policías. Uno de ellos es el oficial al mando. Sus galones delatan que es oficial primero de la PNC. Minutos antes se presentó como el coordinador policial de la fuerza de tarea y dijo que conocía la zona al dedillo. “En aquel callejón vive el ranflero –el jefe de la clica- de la zona”, dice y señala un pasillo de menos de medio metro ancho que se pierde entre casas de lámina y cemento. “En estas casas, narcomenudeo…ventas de drogas”, dice señalando hacia el lado opuesto. ¿La pandilla sigue viva? Él responde con un “sí” seco. “Pero los homicidios han bajado”, añade. ¿Y el resto de delitos? “Los homicidios han bajado”, repite. ¿La incidencia de otros delitos no puede terminar en un homicidio? No responde y el picop cruza sobre la 23 avenida. La 23 es una arteria de cuatro carriles separada por jardineras. Al final, se desvía obligatoriamente

hacia La Isla. Justo a la mitad de la 23 está la 2ª calle, una vía de dos carriles que se interna en El Mezquital, pasa por La Esperanza y termina en Las Margaritas y El Búcaro. La 23 avenida y todos esos lugares los controla la 18 desde hace un par de años. A ambos lados de la 23 avenida hay pequeñas abarroterías, depósitos de agua pura y gas propano, tiendas de ropa nueva y usada. Ahí, casi siempre hay un puesto de control de la Kaminal: dos policías y dos soldados en un picop de la PNC parqueado en el primer pasaje a mano derecha. Ahí, siempre hacen rondas unidades a pie. La presencia de las autoridades asegura que no haya homicidios, dice el oficial primero de la policía. Sonríe. Su presencia no evita que todos estos negocios tengan que pagar extorsión para seguir funcionado. También lo hacen los taxistas que se ubican cerca de la Central de Mayoreo y las señoras que venden en canasto. Esto no lo cuentan ellos. Ellos no hablan. Parte del trato con las clicas SPL de La Isla y Todos por la Paz, clicas del Barrio 18, es callar. Lo mismo pasa con la gente que es extorsionada por las clicas Crazy Gangsters, Latin Family o Crazy Choplin en el resto de colonias y asentamientos. Todas ellas están en la mira de las autoridades, todas funcionan en la gran península de El Mezquital. Mientras son investigadas, a los vecinos les toca pagar y callar. “La policía dice que no puede hacer nada”, dice. Ella tiene poco más de 40 años, el pelo rizado recogido con un gancho y mientras habla, unas llaves bailan nerviosas entre sus manos. Su asentamiento está en las fronteras naturales de El Mezquital, en las veras de un río de aguas servidas, en las laderas de una de las fallas geológicas que rodean la colonia. Suelo no apto para construir nada, diría un ingeniero civil. No importa. Llegó ahí hace más de una década desde San Marcos buscando un empleo, siguiendo los mismos pasos de su familia. Consiguió un trabajo, se enamoró, tuvo hijos, se hizo de un pedacito de tierra, le rompieron el corazón una y otra vez, construyó su casa poco a poco y ahora a ese cubo de lámina protegido por un candado lo llama hogar. Hace tres semanas, a su hogar llegaron dos jóvenes. Le dijeron que tenía que pagar a la clica cinco mil quetzales. “Paga o se muere... Le llamaremos”, dijeron. Ella no dijo nada. Ni su número telefónico les dio, recuerda. Dos días después sonó su celular. Fue a la PNC una, dos, tres veces. No encontró soluciones. Vendió una pequeña porción de tierra de cultivo en San Marcos, lo que fue la herencia de su padre, la que sería la herencia de sus cuatro hijos y esperó el día pactado. “Fue el miércoles pasado. Me llamaron… Vinieron… Cinco mil quetzales… ¿Sabe lo que cuesta tener ese pisto? Mucho… Cuesta… Mucho, viera… Ya no tengo nada”, balbucea. ¿Por qué pagar? Porque hace dos años su hermano decidió que tres extorsiones y un préstamo para pagarlas eran más que suficiente. ¿Por qué pagar? Porque un día llegaron frente a la casa de su hermano, en La Isla, y le vaciaron el cargador entero de una pistola .9 milímetros. ¿Por qué pagar? Porque un año después su cuñado también se negó a hacerlo y lo golpearon hasta matarlo. ¿Por qué pagar? Por eso, porque sabe que quien no paga, se muere. “Aquí uno paga por vivir”, dice. Así funciona. ¿Por qué no irse? Porque dice que afuera de El Mezquital todo es igual. La mara del Mezquital “Al que no paga, lo matan”, dice una señora. La señora vive en uno de los asentamientos que rodean El Mezquital. Su casa mide 12 metros cuadrados, tiene paredes y techo de lámina, piso de cemento y un candado Yale en la puerta que sirve para proteger sus pertenencias: tres camas, dos mesas, una cocineta de gas y una refrigeradora roída por óxido. Trabaja en una fábrica cercana, gana el salario mínimo; tiene cuatro hijos que dependen de ella; la palabra “esposo” o “compañero” no tienen cabida en su definición de familia; y las pandillas siempre han sido sus vecinos. ¿Cuándo entró la pandilla a la zona? Nadie sabe decirlo. Algunos creen que las pandillas estuvieron desde siempre. Eran “mareros” y llegaron con cada una de las oleadas de habitantes que inundaron El Mezquital desde su creación en los años ochenta. Década y media después, la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y el Barrio 18 se repartirían los territorios. El Mezquital tuvo un parto difícil. Pretendía ser un modelo de conjuntos habitacionales de vivienda mínima para los damnificados del terremoto de la ciudad de Guatemala del 4 de febrero de 1976.

Eran casas de 35 metros cuadrados y un solo ambiente construidas en un terreno que medía poco más del doble. En los planos del Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), toda la colonia tendría 1,640 lotes con áreas verdes y canchas deportivas; se financió con un fidecomiso otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ochocientas familias, provenientes de las zonas 3 y 5, se ganaron los primeros lotes en un sorteo realizado por el Banvi y tomaron posesión de sus terrenos en el primer trimestre de 1982. Durante los siguientes 18 meses, más de mil familias intentaron ubicarse en los terrenos aledaños a El Mezquital en diferentes momentos. Cada intento fue repelido a fuego por la policía y el ejército. Los desalojos compartieron espacios en las noticias junto a la convulsionada situación política del país. La primera gran victoria de los “invasores” se fraguó el 17 de marzo de 1984, cuando 1,550 familias invadieron las zonas verdes de la colonia y dieron origen al primer asentamiento formal de la zona: El Éxodo. Al terminar 1984, el modelo de vivienda mínima había fracasado. Miles de casas de lámina, madera y cartón habían dado forma a nuevos asentamientos -Monte de los Olivos, El Esfuerzo, Tres Banderas y La Esperanza- y cerca de cinco mil familias, más de 25 mil personas, habitaban una zona de 35 hectáreas. Siete personas por cada metro cuadrado en un área rodeada de barrancos y carente de servicios públicos. Para entonces, ya había maras en El Mezquital. Eran Las Cobras, La Cuarta, Los Monges, Los Títeres, Los Fantasmas, Los Charcos, La Décima. A su lado, en La Esperanza estaban Los Picas y Los Cocheros, entre otros. Se habían integrado con gente que fue parte de los Breakers (BKS), la Mara 33 y la Mara Five, que tomarían relevancia en 1985. Tenían como grandes enemigos a las pandillas VL1 y VL2, quienes dominaban las colonias Villalobos I y II, en la única entrada de El Mezquital. Sus peleas eran eminentemente territoriales y la gente se gastaba entre combates uno a uno y batallas de baile. En algún momento de la historia de El Mezquital, las trifulcas entre pandillas de las diferentes zonas mutó de las peleas de puño a la utilización de navajas y cadenas, y finalmente a la armas de fuego. Para finales de los años ochenta, la colonia y sus asentamientos se habían ganado un espacio casi permanente en las páginas de crónica roja por los heridos de sus enfrentamientos o los asaltos a camionetas que circulaban por la zona. A mediados de los años noventa se había sumado más presión poblacional y una nueva mutación en las pandillas de la zona. La población creció con la construcción de las colonias El Búcaro y Las Margaritas, así como el surgimiento de nuevos asentamientos, como La Cuchilla, la 8 de Marzo, Unidos por la Paz y la 17 de diciembre. Para 1995, había cerca 11 mil familias y más de 65 mil habitantes. Muchas más si se sumaban las colonias Villalobos I, II y III, y los asentamientos en sus alrededores. No solo cambió la cantidad de gente. También cambiaron los pandilleros. De 1993 a 1998, Estados Unidos deportó 15,175 personas a Guatemala. De ellos, 3,748 tenían antecedentes delictivos. Entre ellos regresaron “homeboys” brincados, captados, en ciudades estadounidenses que regresaron a rencontrarse con su país y con un caldo de cultivo adecuado para levantar el barrio. El Mezquital fue uno de esos puntos. Para finales de 1998, la MS-13 y el Barrio 18 absorbieron las maras locales. La MS-13, por ejemplo, se apoderó de las Maras de la Tercera y la Cuarta avenidas. Cuentan que el mismo Juan Ixcol Escobar, hermano de David Ixcol Escobar, alias “El Soldado”, fue el encargado de ir a brincar a los primeros de la zona. “El Soldado” era el ranflero de la Clica Coronados Locos, el bando de “las letras”, de la Salvatrucha, y mandaban con fusiles AK-47 y ametralladoras Uzi del otro lado del barranco, en Ciudad del Sol, Villanueva. El Barrio 18 entró por El Éxodo directo desde la cárcel. Nadie sabe decir quién fue el primero. Se cree que un marero de la zona, un ex BKS, se brincó con la 18 mientras estaba recluido; salió bendecido con “la palabra” de los jefes de la pandilla; y la orden de levantar el Barrio en su asentamiento, reclutando a los pandilleros de la zona para el bando de “los números”, la 18. De

ahí se extendió a El Esfuerzo, donde “Los Cocheros” fueron los primeros en brincarse, y luego llegó a los asentamientos Tres Banderas y Los Olivos. Hoy, controlan casi toda la zona. Así, ambas pandillas sumaron territorios propios en El Mezquital. La vieja guardia de mareros poco o nada pudo hacer para mantener la supremacía en la zona. Al final, desaparecieron. A los asaltos y las riñas se sumaron los asesinatos por levantar el barrio, un acto de honor en la pandilla, y la extorsión, la forma más fácil de obtener dinero. El globo a punto de estallar Desde que se construyó la primera casa en El Mezquital, toda esa península fue zona de experimentos. Se quiso experimentar llevando a damnificados de la zona 3 y zona 5 a la periferia de la ciudad. Se trataba de una “urbanización de vivienda mínima modelo”. La necesidad de la población, el contexto histórico –los años entre los golpes de Estado y la gran migración interna hacia la ciudad de Guatemala– y la desidia del Estado la convirtió en un experimento fallido. Se experimentó con programas sociales de educación y salud pública, con proyectos privados antidrogas y de capacitación en oficios técnicos para jóvenes, con programas pagados por instituciones internacionales para mejorar infraestructura. Y aunque todos ellos mejoraron de alguna manera las condiciones de vida de sus habitantes, El Mezquital y las colonias y asentamientos a su alrededor siguieron siendo una zona roja de ciudad de Guatemala. Por eso también se experimentó con programas de seguridad pública. Y también se falló en ello. Desde el 2000, los planes de seguridad del Estado siempre se enfocaron en exterminar la pandilla. Pero ésta había evolucionado con los años, adaptándose a su medio ambiente y sufriendo mutaciones acordes a cada plan especial que las autoridades de seguridad diseñaban. Con las pandillas de El Mezquital fracasaron las gestiones de la Comisaría Modelo de Villa Nueva, implementadas en 2004; la presencia del destacamento militar del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana, ubicado en El Búcaro a finales de 2005; y, la criminalización de jóvenes bajo la sombrilla jurídica de la “asociación ilícita” producto del “Plan Escoba”, introducido en la gestión del presidente Óscar Berger en 2006. Hoy, el experimento en Mezquital es la Fuerza de Tarea Kaminal. “Los homicidios se han reducido”, dice el oficial primero de la policía, afuera de la sede de la PNC de la FT al final de la 8a avenida de El Mezquital. Lo repite el subteniente del ejército, mientras acepta fumarse un cigarro frente al destacamento militar de El Búcaro, en la frontera de la península. Ambos hacen cuentas con las manos del primer trimestre del año. “Tres homicidios”, dice el primero. “Cuatro muertos”, el segundo. ¿En toda la zona? “Sí”, responden.

Los datos del Ministerio de Gobernación: siete. “Nosotros estamos para ayudar a la gente, estamos aquí para prevenir la delincuencia”, dice un soldado, se compone su boina y sonríe. ¿Prevenir? Sí. Se llama prevención por disuasión: a mayor cantidad de elementos de seguridad en una zona, las posibilidades de que se realice un hecho delincuencial disminuye. Y sí ocurre uno, la posibilidad de que las autoridades brinden una respuesta más rápida también es mayor. Según personeros del Ministerio de Gobernación, las Fuerzas de Tarea territoriales eran una segunda etapa del trabajo que se inició con las Fuerzas de Tarea por delito, inauguradas por el presidente Otto Pérez Molina en enero de 2012 y que eran el punto central de la estrategia de seguridad pública de su gobierno. Las segundas se concentraban en los delitos y confiaban más en un trabajo de inteligencia para detener estructuras completas, determinar patrones e identificar cabecillas. Las territoriales deberían ser las fuerzas de contención en las zonas de mayor predominancia de crímenes contra la vida, que permitirían bajar la tasa de homicidios en la

ciudad. “¿Quién va a tratar de matar a alguien si tiene a un soldado o a un policía enfrente? ¿Quién?”, pregunta el subteniente. Matar. Asesinar. La unidad para medir la incidencia criminal en El Mezquital es el homicidio. Se basa en la premisa de que es el peor crimen que se puede cometer contra una persona. Y las zonas en las que inicialmente se introdujeron las Fuerzas de Tarea territoriales tenían en común, según las apreciaciones del Mingob, ser las zonas de mayor incidencia de homicidios en Guatemala. La Fuerza de Tarea Kaminal tiene 600 efectivos, entre policías y soldados, divididos en turnos de seis horas para asegurar la disuasión en la zona: 150 elementos por turno. La presencia de la Fuerza de Tarea Kaminal, como pasa con la Fuerza de Tarea Maya implementada en septiembre en zona 18, hizo que los pandilleros se alejaran de los policías y soldados para continuar con sus acciones delictivas. Le llaman “efecto globo”: si éste se presiona por un lado, el aire contenido en él se desplaza y lo deforma. Si se aprieta mucho, explota. Con La Kaminal, se apretó en globo de El Mezquital. Los datos son halagadores: la zona 12 bajó de un promedio de 13 homicidios de los primeros tres trimestres de 2012 a cinco en promedio en los siguiente dos. Esto fue lo que anuncia como el gran logro el presidente Otto Pérez Molina cuando habla del éxito de las Fuerzas de Tarea territoriales. Lo que no dice el primer mandatario es cómo la incidencia criminal se trasladó a otras zonas de la ciudad, primero, y luego a otros municipios. En el papel, la “contención dentro de las zonas” debía ser complementada con el trabajo diario de la PNC, tanto en el área “intervenida” como fuera de ella. Las investigaciones de otros delitos siguen a cargo de los policías de la subestación 14-32. Ésta tiene 40 hombres, divididos en tres turnos de 8 horas. 12 hombres por turno. Menos, si se cuentan los días de descanso y de permiso. Esta diferencia de personal y de recursos no se tuvo en cuenta. “Se baja el número de homicidios pero la delincuencia se desborda hacia otras zonas aledañas, en las que el número de agentes en la calle es insuficiente”, dice Juan Pablo Ríos, asesor del ministro de Gobernación. Los datos así lo demuestran. Por ejemplo, el Mingob registró seis homicidios en zona 11 durante el tercer trimestre de 2012. Tres meses después, el número de casos se había triplicado; y de enero a marzo de 2013, sus estadísticas daban cuenta de 19 homicidios en esa zona. “Aquí los pandilleros se van a la calzada Aguilar Batres o al municipio de Villa Nueva… Hemos detectado que allá se van a hacer sus cosas y luego regresan aquí a dormir”, dice el subteniente. La frontera de El Éxodo es un barranco que sirve de basurero. Si uno baja por él, en esta época del año, se encuentra con un llano yermo y con maleza seca, con senderos polvosos hechos a fuerza de pisadas y al fondo, sobre una colina, está Ciudad Real, y más allá el municipio de Villa Nueva. “Esos caminitos son los que utilizan los pandilleros para salir y entrar de la zona”, dice el jefe policial. Según los datos del Mingob, los homicidios en Villa Nueva bajaron en los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, pasando de 24 homicidios en promedio mensual a 16 casos en ese trimestre. Fue una reducción del 33% de casos. En noviembre, cuando empezó a operar la Fuerza de Tarea en El Mezquital, los homicidios aumentaron en Villanueva a 25, en noviembre, y a 33, en diciembre. En el primer trimestre de 2013, la PNC registró 82 homicidios, por arriba de los 67 casos reportados en el mismo período el año anterior. “Ya le digo, usted corta una cabeza y salen tres o cuatro”, dice un vecino de El Éxodo. “Ellos siguen haciendo lo que quieren. Quizás no aquí, pero hacen lo que quieren, cuando quieren y donde quieren”. Se tapa el rostro con la mano, como si cubriéndose nadie escuchará las palabras que ha dicho. En esos callejones manda la clica SPL. El ranflero de ese asentamiento fue capturado antes de que entrara la Kaminal a El Mezquital. ¿Cómo se llamaba? No importa demasiado: con ese título han pasado muchos por la zona. Pero nota que si los jefes son capturados, siguen haciendo “sus cosas” desde la cárcel. “Ahí tiene al Scrapy (Josué Otoniel Pérez Recinos) y el Littleman (Carlos Estuardo Boch)”. Fuente: AFP y Plaza Pública.gt-29 mayo 2013

VENEZUELA LA COMUNICACION EN UNA VENEZUELA SIN CHAVEZ

Por Aram Aharonian Hoy, en medio de algunos cambios más de nombres que de formas o contenidos, se hace necesario repensar, desde el chavismo, la forma de información y de comunicación, los modos de construir un nuevo relato de país, la nueva narrativa de identificación y señas identificatorias propias. Y debe pensar en incorporar en la recepción de los mensajes a esa otredad que ha sido demasiadas veces obviada. Las nuevas realidades imponen nuevas estrategias y tácticas y también políticas que mantengan unido el cuerpo social, habida cuenta del fracaso sistemático de la (falta de) política comunicacional. La desaparición física de Chávez abría para el gobierno la necesidad de abordar el postergado debate de articular un liderazgo más colectivo donde diversas figuras compartan la vocería mediática. Y también la responsabilidad de definir una política informativa, teniendo en cuenta que, entre otras herramientas comunicacionales, llegó a su fin el Aló Presidente, largo informativo y formativo semanal, de Hugo Chávez.Pero aquella nueva etapa que comenzara el 8 de diciembre, cuando Chávez presentó su testamento político, ejecutando un golpe de timón de la política comunicacional oficial y el manejo sobre su salud, parece haber caído en el olvido. La oposición parece haber comprendido mejor la situación. Las nueva realidad del país impone nuevas estrategias y tácticas, nuevos lenguajes y protagonistas. No cabe duda que los medios privados prolongarán sus líneas editoriales, sus posiciones, su escogencia de temas y de tratamientos, comportándose como actores políticos y actores con intereses financieros. Son corporaciones mediáticas, no les interesa la sociedad, la realidad y mucho menos –esa cosa incómoda que es- la verdad. Los acontecimientos que se sucedieron desde la muerte de Chávez acentuaron la espiral de odio y violencia que se ha apoderado de la mayoría de los medios privados, que han mantenido desde el 2001 mensajes y códigos invariables que intentan suplantar a los partidos por los propios medios, y en que éstos asuman paulatinamente los poderes del Estado. La estrategia de la oposición es la deslegitimación política, social y ética del presidente Nicolás Maduro y algunos sueñan en que derive en la convocatoria a la manifestación internacional "más grande que se haya hecho en la historia para protestar contra el vergonzoso fraude electoral que se ha cometido contra el pueblo venezolano", como bien resume la especialista en medios Maryclen Stelling.

Los medios privados (en su inmensa mayoría opositores), en cartelizado ataque terroristamediático, insisten en imponer el imaginario colectivo de que la situación actual lleva indefectiblemente al uso de la violencia, para lo que es imprescindible mantener dos bandos irreconciliables. En medio (o como parte) de esta estrategia, se difundió la supuesta grabación del presentador de la TV oficial, Mario Silva, con un funcionario de inteligencia cubana, oportunamente divulgada por la MUD. Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, señala que el dilema es determinar dónde está la verdad. Determinar si la grabación “reproduce las opiniones, informaciones y chismografía del conocido conductor del programa de TV La Hojilla expresadas ante un cuasi pasivo interlocutor cubano, o si se trata de un montaje, presuntamente del espionaje israelí”. Y luego se pregunta el experimentado periodista: “¿Quién o quiénes la filtraron y cuáles serían sus verdaderos propósitos? ¿Por qué decidieron que fuera un diputado que no goza de mayor credibilidad, quien la hiciera pública?” ¿A quién beneficia la divulgación? “En la propaganda sucia el emisor ha perdido la credibilidad y la busca simulando ser una fuente más creíble: por eso esconde su identidad y atribuye la autoría a otro. Se pueden enmascarar emisor y código, pero no el mensaje”, apunta por su parte el intelectual Luis Britto García y acota que “en la grabación que se le atribuye a Mario Silva desfila íntegro el temario opositor: deslegitimación de las elecciones, viene otra devaluación, y la idea de que “la mujer tiene que estar en la sombra”, motivo por el cual quizá ninguna aparece con el candidato derrotado. Pero Mario Silva por lo regular emite más ataques contra la oposición que procacidades, y en esta milagrosa grabación de más de una hora no se la toca ni con el pétalo de una rosa, recuerda Britto. Mientras tanto, el imaginario nacional e internacional coincide en que -más allá o más acá de su veracidad- en esa grabación se revela la fractura en la dirigencia chavista, corrupción, vulnerabilidad del sistema electoral y conflictos al interior del sector castrense. Stelling indica que “el plan de desautorización política y moral se sustenta en la subvaloración de la gestión de Maduro y en el desprecio informativo a sus logros, entre los que destaca la ofensiva contra el fanatismo divisionista en combinación con la gestión productiva, de seguridad, comunicacional y política, el Plan Patria Segura y el llamado a las fuerzas políticas y sociales a sumarse a las iniciativas del Gobierno para construir la paz en el país y combatir la inseguridad.” La investigadora subraya “el logro simbólico de convocar a Miraflores a dialogar a dos poderosos representantes del sector económico y comunicacional”, mientras -en paralelo-, dirigentes de la oposición y medios a su servicio sostienen que la ruta del diálogo la tiene bloqueada el gobierno, y señalan como responsable al presidente Maduro. La Hojilla salió finalmente del aire y el gobierno perderá una importante trinchera mediática. Silva aseguró que deja el espacio por razones de salud y para ponerse a disposición de la fiscalía, que la semana pasada inició una investigación sobre el polémico audio, y lamentó que no haya surgido ni una defensa en su nombre y que en el oficialismo se defienda la moral y honra de los denunciados en la grabación. Pero ha habido otros movimientos en los medios oficialistas, como la salida del crítico historiador Vladimir Acosta y del analista Toby Valderrama de la Radio Nacional, junto con la designación del hermano del vicepresidente Jorge Arreaza como mandamás del oficial Venezolana de Televisión (VTV), que transmitía La Hojilla. Los medios privados cartelizados siguen con su estrategia desestabilizadora y generalmente invisibilizan los planteamientos institucionalistas surgidos desde algunos de los principales voceros de la oposición. La oposición también perdió un bastión mediático luego de que se confirmó la salida del canal privado Globovisión (que un mes atrás fue vendido a otro grupo empresario) del presentador Kico Bautista y el fin de su programa Buenas Noches, que solía utilizar en vivo en sus intervenciones políticas el líder opositor Henrique Capriles Radonsky. Junto a Bautista, dejan el canal de cable

Carla Angola, Lina de Amicis y Pedro Luis Flores: ya no les sirven a la oposición, sus imágenes son reiterativas tras 14 años de anunciar el apocalipsis. La nueva directiva de Globovisión negó que haya vetado la transmisión de los actos y discursos de Capriles o de cualquier funcionario o dirigente político en sus pantallas y que, por el contrario, la política editorial del canal consiste en ampliar su línea de información y de opinión a todas las voces del país, sin discriminación alguna. Mientras, los diplomáticos estadounidenses siguen dando que hablar. Dos agregados militares de la embajada estadounidense en Caracas resultaron heridos de bala la madrugada del martes 28 de mayo tras un incidente en un prostíbulo al este de la capital venezolana. La representación diplomática y el Departamento de Estado confirmaron los hechos. La prensa venezolana reportó que se trata de Roberto Ezequiel Rosas y Paul Marwin, que tienen heridas en el abdomen y habrían sido atacados con arma de fuego por un hombre con el que pelearon en el lenocinio. Enviado por Alainet 31 mayo 2013

VENEZUELA PRESIDENTE MADURO DENUNCIO PLANES DE DESESTABILIZACION DESDE COLOMBIA

Pdte.Nicolás Maduro y Diosdado Cabello pdte. de la Asamblea.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves los planes de desestabilización que se están orquestando desde Colombia, a propósito de la visita a Bogotá que realiza el excandidato perdedor de las últimas elecciones presidenciales y gobernador de Miranda, Henrique Capriles. A su llegada al estado Aragua (noroccidente), el presidente Maduro llamó a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía a estar alerta ante los planes de conspiración por parte de la derecha para dañar la Revolución Bolivariana. “Denuncio frente a nuestra Patria la operación psicológica desde Bogotá (capital de Colombia) para debilitar la democracia de Venezuela dirigida por perversas mentes dedicadas a la guerra sucia”, expresó.

El jefe de Estado venezolano agregó que dicha campaña mediática está siendo dirigida para dañar el compromiso de personalidades de la Revolución Bolivariana, como el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello. “Han tomado al compañero Cabello, un soldado de la patria y un hijo de Chávez, para minar su ejemplo, su moral como líder revolucionario, y ahora está siendo sometido al fuego enemigo. Debemos estar alerta", advirtió. LLamó a las Fuerzas Armadas a salirle al paso a cualquier campaña de chisme. "Llamo al alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana a estar unidos y a mantenernos en las calles, alertas a todo”. El presidente venezolano también recordó a su llegada al estado aragüeño que en esa entidad "se fraguaron los planes de nuestro libertador Simón Bolívar para libertar Colombia y América Latina. También desde aquí, de los paracaidistas de Aragua, salió nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez un 3 de febrero (de 1992) a su encuentro con la historia. Así que venir a Aragua es recordar a nuestro libertador Simón Bolívar y a nuestro líder invicto, Hugo Chávez”, añadió el presidente venezolano. Las denuncias del presidente venezolano se unen a las que realizara el miércoles el canciller de ese país, Elías Jaua, ante la visita del gobernador de Miranda, Henrique Capriles al presidente colombiano, Juan Manuel Santos. "Se confirma que desde Bogotá se está dando un proceso conspirativo contra Venezuela. "Es lamentable que desde la capital colombiana se alienten procesos conspirativos", señaló Jaua desde el Palacio de Miraflores. "No queríamos creer que esa conspiración alcanzaba los más altos poderes del Estado colombiano", insistió el Canciller. Asimismo, lamentó "profundamente, que el presidente Santos haya dado un paso para un descarrilamiento de las buenas relaciones" que tenía con Venezuela, impulsadas en un primer momento por el Comandante Hugo Chávez. Elías Jaua recordó el encuentro que sostuvieron los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos en Santa Marta, Colombia, que “daba inicio a una etapa de respeto mutuo” y cuya máxima “no dejemos que nos saquen del carril, no dejemos que nos descarrilen” se mantuvo por un tiempo, en el que se construyó una “nueva etapa social y económica”. Fuente: El Clarín.cl 30 mayo 2013

COLOMBIA - VENEZUELA DIÁLOGOS POR LA PAZ « QUEREMOS SEGUIR CONTANDO CON VENEZUELA EN LA HABANA »

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, calificó como "preocupante" el ambiente entre Venezuela y Colombia. Sin duda, una de las consecuencias más graves de la visita de Henrique Capriles a Colombia, es la posible afectación de los diálogos de paz que avanzan en La Habana, en los que Venezuela es uno de los países acompañantes y cuya fase previa contó con la facilitación del entonces canciller Nicolás Maduro. Mientras Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, dijo que esperaba del Gobierno colombiano “un poquito más de consideración con quienes han hecho tanto por la paz” del país, el canciller Elías Jaua aseguró que “es lamentable que una Nación que busca la paz, reciba el aliento y el estímulo de grupos que quieren desestabilizar a Venezuela”. Luego, trascendió que Jaua le pidió al representante venezolano que está en Cuba "que venga a Venezuela para hacer una revisión de la situación", una insinuación que revelaría cómo la paz es un carta que juega el gobierno venezolano para manejar las relaciones diplomáticas. Luego, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su homólogo colombiano es desagradecido. "¿Ahora nos van a pagar de esta forma, con la traición? Yo dudo, yo he perdido la confianza en el presidente Santos, a menos que me demuestre lo contrario. Yo dudo en este momento de sus intenciones para hacer la paz". Ante la ola de advertencias, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se refirió la importancia de Venezuela en el proceso de paz y calificó el incómodo ambiente que hoy se vive entre ambos países como "preocupante". "Confío en que esto se supere. Realmente, el papel de Venezuela ha sido muy importante en la conducción de los diálogos. Nosotros queremos que esto no se interrumpa", afirmó De la Calle en entrevista con Caracol Radio. Luego, el delegado del gobierno aclaró que, como lo ha afirmado la Cancillería, no se "ventilará la situación por los micrófonos". De la Calle se mostró optimista ante la pronta resolución de este enfrentamiento que comenzó el Gobierno venezolano contra Colombia y el presidente Santos. "Esperamos que los

acontecimientos fluyan, el gobierno está manejando esto por las vías diplomáticas. Queremos seguir contando con Venezuela en la mesa de La Habana", afirmó. A pesar de la difícil situación diplomática, el negociador del Gobierno ante las FARC aseguró que sigue el "trabajo intenso para recomenzar las conversaciones el próximo 11 de junio". Fuente: Semana.com 30 mayo 2013

COLOMBIA COLOMBIA, « SIN JUSTICIA SOCIAL, NO HAY PAZ »

Escrito por Maurice Lemoine Mientras continúan las negociaciones de paz entre el gobierno y las farc en La Habana, las organizaciones sociales colombianas reunidas en la Marcha Patriótica reclaman un lugar en la mesa de negociación para incorporar el conflicto social y la reforma agraria al debate. Sólo algunas canoas a motor permiten acceder a Puerto Matilde y sus humildes viviendas, en la orilla de las aguas verdosas del río Cimitarra. Apenas cae el crepúsculo, la aldea se esfuma en la oscuridad, por falta de electricidad. Por la noche, una lluvia torrencial repiquetea los techos de chapa acanalada. A las ocho de la mañana, diluyendo las últimas nubes, el sol ya pega. Toda el agua que se evapora engrasa el aire. Se transpira incluso antes de haber apoyado un pie sobre los tablones resbaladizos que, tirados encima del barro, permiten los desplazamientos. De camino al puesto de salud desprovisto de médico, de enfermera e incluso de cualquier medicamento, el presidente del comité de acción comunal Carlos Enrique Martínez constata lo evidente: "Como en tantas otras zonas de Colombia, esta región del Magdalena Medio vive marginalizada, en la más absoluta miseria". "Los obstáculos se acumulan –agrega Luis Carlos Arizanillo, encargado de los proyectos productivos de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC)–, violencia, falta de educación, de servicios públicos y de vías de comunicación, corrupción de los administradores locales... Todo eso recae en los hombros de los campesinos." Llegados de otras comarcas, éstos colonizaron estas tierras vírgenes "como consecuencia de los desplazamientos forzados que provocó el terrorismo de Estado", explica el coordinador general de la ACVC, Gilberto Guerra. Recordémoslo: más de seis décadas de conflicto armado interno afectan a este país considerado, de un punto de vista formal, una democracia. A los grupos de oposición armada, nacidos como

reacción a una violencia estructural, respondió una represión que sobrepasa en intensidad a la de los regímenes militares del Cono Sur: "Cada año –destacaba en 2005 la Comisión Internacional de Juristas– son asesinadas por las fuerzas militares y los grupos paramilitares una cantidad de personas muy superior a las ejecutadas en Chile durante los diecisiete años de la dictadura del general Augusto Pinochet" (1). La ACVC nació en 1996 en el valle del río Cimitarra. Empezó con 15.000 campesinos, hoy cuenta con 28.000. "Habíamos perdido nuestras tierras, muy buenas tierras –precisa Guerra–, entonces decidimos organizarnos para impedir que nos volvieran a desplazar". Más que en otros lugares, entre bloqueos y masacres, el paramilitarismo, con la ayuda de la fuerza pública, devastó la región del Magdalena Medio. A pesar de la permanente amenaza, la ACVC organizó una zona de reserva campesina destinada a asegurar la autosubsistencia de las comunidades. "Este proyecto forma parte de la resistencia por el territorio", explica Guerra, no sin una nota de desafío en su voz: amenazado de muerte, perseguido judicialmente, tuvo que exiliarse varios años en Venezuela. Con satisfacción, pisoteando esteras de forraje, acaba de inspeccionar el centro de reproducción de búfalos instalado en las proximidades de la aldea. Donados por el Programa Desarrollo y Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los primeros de estos imponentes búfalos se multiplicaron, "permitiéndoles al día de hoy a cincuenta familias beneficiarse del ganado de la Asociación". Desbordante de energía, Arizanillo concluye: "Le mostramos al pueblo que, organizándose, se pueden encontrar soluciones". Después de que una canoa los llevara hasta un camino en mal estado, los dos dirigentes toman la ruta a Barrancabermeja, puerto petrolero ubicado sobre el río Magdalena, donde se encuentra la sede de la ACVC. Cuando su vehículo pasa por la zona de El Tigre, en el municipio de Yondo, interrumpen su conversación. Se instala un silencio tenso. Ahí es donde, antes de su "desmovilización", en 2005, los paramilitares montaban regularmente uno de sus cordones de seguridad. Ahí es donde interceptaban a los campesinos que figuraban en sus listas. Donde...

Alternativa de poder Nadie lo niega, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln) también andan por estas tierras de aflicción. Pero, nos confesó Martínez, expresando un sentimiento ampliamente compartido, "no estoy de acuerdo en atribuirle toda la responsabilidad del conflicto a la guerrilla. Acá es la extrema derecha la que excedió todos los límites de la barbarie". Sabe de lo que habla. Como representante de la Unión Patriótica (UP), en los años 1980-1990, fue tres veces consejero municipal de Yondo. "Ese período fue una experiencia muy dura, muy cruel; dejó muchas viudas, muchos huérfanos, muchas tierras abandonadas". La UP surgió de una iniciativa de las farc, el 12 de marzo de 1984, en el marco de un diálogo establecido con el presidente Belisario Betancur y un alto el fuego que duró más de dos años. Reagrupando guerrilleros desmovilizados a tal efecto, el Partido Comunista y diversas corrientes progresistas, la UP debía permitirle a la organización armada regresar a la vida civil, una vez consolidada la paz a través de las reformas sociales prometidas por el gobierno. En las elecciones de marzo de 1986, la UP obtuvo cinco bancas para senadores y nueve para diputados, más veintitrés intendentes de ciudades intermedias y numerosos consejeros municipales. Un éxito espectacular, en semejante contexto, para una primera participación. Lamentablemente... Con la brusquedad de una trampa que se cierra, los paramilitares, apoyados subrepticiamente por los militares y los servicios de inteligencia, se lanzaron sobre los dirigentes, militantes y simpatizantes de la oposición. Entre torturas, homicidios y desapariciones, el número de víctimas asciende, como mínimo, a 4.500. En ese entonces, salido de las selvas del Caquetá y de las filas de la guerrilla para integrar la UP, el diputado recientemente electo Luciano Marín Arango tomó de inmediato el camino opuesto para salvar su pellejo y, bajo el nombre de Iván Márquez, retomó la lucha armada. Es él quien, desde el 18 de octubre de 2012, lidera la delegación de las farc, en el marco de las negociaciones entabladas con el gobierno de Juan

Manuel Santos. "Que dialoguen, que lleguen a un acuerdo y terminemos con todo esto", se irrita Martínez, en Puerto Matilde. Por estos lugares, la paz es un sueño. Pero no cualquier paz. "La paz con justicia social", se impacienta en San Pablo Inocencio Pino, al tiempo que observa solapadamente el escuadrón militar que vigila el desembarcadero, sobre el Magdalena. En Cantagallo, también sobre la margen del río, marcadamente ojeroso por el cansancio, el viejo Elías Rodríguez va más allá: "Algunos piensan, y se equivocan, que el término de la negociación tiene que ser la rendición de las guerrillas. En realidad, no puede haber fin del conflicto si no hay cambios, y en particular una reforma agraria". "Estando claro –agrega en Bogotá Xavier Cuadros, uno de los voceros de la Marcha Patriótica, en la cual militan nuestros interlocutores precedentes– que el proceso en curso no se puede limitar al encuentro de delegados del gobierno con los emisarios de la oposición armada, sino que tiene que prever mecanismos de participación que incluyan al movimiento social." Aparentemente desarticuladas por la represión, las organizaciones populares reaparecieron con fuerza, en la capital, el 20 de julio de 2010, con motivo del Bicentenario de la Independencia, para "mostrar su unidad frente a la burguesía". Fue en esa ocasión, durante un cabildo abierto, que se hizo alusión por primera vez a la Marcha Patriótica. Dos años después, del 21 al 23 de abril de 2012, convergencia de iniciativas y de procesos de unidad regionales, la Marcha, como se la conoce desde entonces, reunió en la Plaza Bolívar, en Bogotá, a 80.000 personas que representan a más de 1.500 organizaciones locales y nacionales. Un acontecimiento. Definida como "un movimiento político y social", esta fuerza ascendente privilegia, según Cuadros, "la movilización y las manifestaciones, es decir, los canales no institucionales de participación, para acumular fuerzas y transformarse, a futuro, en alternativa de poder". Si el estilo del presidente Santos difiere del de su antecesor Álvaro Uribe (2), no es económicamente menos liberal que aquel de quien fuera ministro de Defensa, y también él pretende transformar al país en proveedor de materias primas, lo que implica concederles a las multinacionales enormes porciones de territorio, acaparado ya por la concentración del latifundio (3). Esto en un país donde, según cifras oficiales, 16% de los habitantes vive en la indigencia, y 45% (62,1% en el campo) por debajo de la línea de pobreza (4). Históricamente despojado, el mundo rural constituye el corazón de la Marcha. No obstante, la presencia en su seno del Partido Comunista, la Izquierda Liberal de Piedad Córdoba (5), sindicatos, sectores de la juventud –en particular de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), surgida de las luchas contra la privatización de la universidad– y de medios de comunicación alternativos, así como también de "nuevas identidades" (mujeres, ecologistas, gays y lesbianas, actores culturales, etc.), le asegura una presencia urbana que no aspira sino a fortalecerse. Como si fuera poco, con sus semejanzas y sus diferencias, no faltan los aliados: el Congreso de los Pueblos (indígena), la Minga (también indígena), la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), las Iglesias por la Paz, etcétera (6). Todos convergen en el seno de la Ruta Social Común para la Paz que, el 12 de octubre de 2012, durante una jornada de movilización nacional, sacó a las calles a 350.000 "indignados" al grito de: "¡Sin trabajo, no hay paz! ¡Sin salud, no hay paz! ¡Sin educación, no hay paz!". Una consigna legítima pero... delicada. Ya que el 18 de octubre, en la apertura de la primera sesión del diálogo, el comandante Márquez, recordando el carácter político de las farc, también reclamó una "transformación estructural del Estado". Semejante impertinencia escandalizó a la Colombia "que decide", la de las ciudades y la de una clase media que mejoró su nivel de vida sin que la afectaran ni el desastre social, ni el conflicto. El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, inmediatamente replicó que, en la mesa de negociaciones, "el modelo económico del país no está en discusión" (7). Y en el Ministerio de Defensa y en los medios de comunicación estallaron las acusaciones: igual que la Unión Patriótica en su momento, la Marcha sería el brazo político de los "terroristas" de la guerrilla.

Falso, replican en el seno de la organización: la UP surgió, en 1985, de una iniciativa de las farc, que contaban en su seno con sus propios delegados, mientras que "la Marcha es el fruto de una convergencia de organizaciones legítimamente constituidas, que trabajan a plena luz del día, pacíficamente". En Barrancabermeja, Miguel Ángel González, secretario de la ACVC, se encoge de hombros: "Cuando nos juntamos en la Plaza Bolívar, ¿éramos 80.000 guerrilleros?". En Cantagallo, el asunto hace reír al viejo Rodríguez: "Por un lado, el poder afirma que la guerrilla está aniquilada, aislada, que es rechazada por toda la población... Y por otro lado dice que somos su brazo político. Que lo entienda quien pueda...". El nudo gordiano del conflicto Hay en Colombia un conflicto social. Más allá de lo que se piense de ciertos métodos detestables de la guerrilla (secuestros, asesinatos, implicación en ciertos segmentos de la cadena del narcotráfico), la lucha armada es un producto de ese conflicto; no surgió de la nada. "El discurso de las farc no difiere mucho del de un partido de izquierda, un sindicato o una organización contestataria, en el marco de una democracia confiscada", analiza en Bogotá Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz. Siendo parte de la oposición, no es para nada sorprendente que marchadores y farianos (8) tengan reivindicaciones similares. Por supuesto, algunas de las organizaciones que conforman el núcleo duro de la Marcha provienen de las zonas de conflicto –Cauca, Magdalena Medio, Catatumbo, Norte de Santander, el Oriente colombiano– y se construyeron en un proceso de resistencia no desprovisto de porosidades ni de algunas pasarelas con la insurgencia. Las farc, por su parte, nunca abandonaron el trabajo político, creando, luego de las últimas negociaciones abortadas de 1999-2002, un Partido Comunista Clandestino y un Movimiento Bolivariano también subterráneo. Sin embargo, nadie puede negar el predominio en el seno de la MP de los habitantes de esta Colombia sufriente que, principal víctima del conflicto, no está de acuerdo ni con el statu quo, ni con la lucha armada. "Aun cuando no les negamos a los insurgentes la condición de organización política portadora de un pedido de transformación –insiste David Flores, otro vocero de la Marcha–, ellos no representan al conjunto del movimiento popular. Consideramos que la paz pasa por la participación del conjunto de la sociedad". ¿Un lugar en la mesa de negociaciones? Es, sin saber definir exactamente sus modalidades, lo que reclama la Marcha. Ahora bien, en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" firmado por las farc y el Estado en septiembre de 2012, inicialmente la participación de la sociedad no se previó. En La Habana, aceptando esta reivindicación, los insurgentes insistieron en una representación directa. Estimando acaso que la presencia de hombres ligados a los sectores patronal, industrial y militar en su delegación representaba al país en su conjunto, el gobierno recomendaba, para "los otros", una modalidad de consulta menor... ¡por internet (9)! Finalmente, aceptó que tuviera lugar, en Bogotá, del 17 al 19 de diciembre, bajo la égida de la ONU y de la Universidad Nacional, un "Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral". Con un total de 1.314 participantes (522 organizaciones, muchas miembros de la Marcha, que también participó como tal), los debates insistieron en la necesidad de construir un modelo más equitativo de desarrollo agrario, el nudo gordiano del conflicto. Las 400 sugerencias elaboradas en este encuentro fueron transmitidas a ambas partes de la mesa de negociaciones. Un detalle significativo: alineada con las posiciones violentamente "anti-negociaciones" del ex presidente Uribe, la poderosa Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) se negó a participar en el Foro. Algunas semanas antes, dejando en claro su diferencia y sus divergencias con las farc, un dirigente de la Marcha nos decía: "Se puede aprobar o no sus modos de acción, pero lo que es seguro es que consiguieron sentar a la mesa al establecimiento, cosa que ninguna organización social ni partido político consiguió jamás en este país". Lo que no quita que todavía quede mucho camino por recorrer para obtener "la paz con justicia social" tan reclamada. "No se hace la

revolución en la mesa de negociaciones –admite lúcidamente Lozano–. Pero, al igual que la guerrilla, el gobierno tiene que hacer concesiones. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?". Y sobre todo: ¿está dispuesto a concederle garantías a una oposición que no pide más que expresarse democráticamente, pero con firmeza? "Mientras 'ellos' sigan en la mesa de negociaciones –nos dicen en Medellín–, nosotros tenemos que estar en la calle". Luego de su seudo-desmovilización en 2005, muchos paramilitares se reciclaron en nuevas bandas criminales cuyos métodos no cambiaron. Mientras continúa una represión generalizada contra el movimiento social –57 sindicalistas fueron asesinados en estos dos últimos años–, la Marcha Patriótica ya lamenta numerosos arrestos arbitrarios, asesinatos y desapariciones. "Yo no tengo miedo de comprometerme –declara una campesina en Sabana de Torres, en el Magdalena Medio, con una sonrisa tensa–, pero, como todos, le pido a Dios que me proteja". 1 "Colombia: socavando el Estado de Derecho y consolidando la impunidad", Bogotá, 2005. 2 Gregory Wilpert, "¿Habrá paz en Colombia", Le Monde diplomatique, edición Colombia, octubre de 2012. 3 Según la ONU, el 52% de las tierras está en manos de 1,15% de la población, El Tiempo, Bogotá, 11-11-12. 4 Caracol Radio, Bogotá, 15-3-11. 5 Miembro del Partido Liberal (PL), Piedad Córdoba, mediadora en la liberación de varios prisioneros de las farc, con el consentimiento del gobierno, fue destituida de sus funciones de senadora y se encontró privada de ejercer cualquier cargo público durante dieciocho años por... "sus lazos con la guerrilla". 6 Para pesar de muchos, el Polo Democrático Alternativo (PDA), partido que durante mucho tiempo fue la esperanza de la izquierda, rechaza cualquier confluencia con la nueva organización. Excluyó al PC de sus filas por su implicación en la Marcha. 7 El Tiempo, 21-10-12. 8 Miembros de las farc. 9 Organizó sin embargo trece mesas de trabajo regionales entre el 24 de octubre y el 23 de noviembre de 2012, con el apoyo y la participación de la ONU. *Autor de Sur les eaux noires du fleuve. Au cœur des ténèbres colombiennes, Don Quichotte, París (a publicarse en marzo de este año). Traducción: Aldo Giacometti Modificado por última vez en Lunes, 11 Febrero 2013 Fuente: Le Monde Diplomatique 30 mayo 2013

COLOMBIA - VENEZUELA EN AMERICA LATINA: "BOMBA" A LAS RELACIONES ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA En América Latina: El Gobierno de Venezuela denunció este miércoles una conspiración en su contra que, dijo, involucra a "los más altos poderes del Estado" colombiano y al líder opositor venezolano Henrique Capriles, que se encuentra de visita en el vecino país. Capriles, que fue el principal rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado abril y no reconoce su triunfo, llegó el martes a Bogotá y el miércoles fue recibido en una audiencia privada por el jefe del Estado colombiano, Juan Manuel Santos, lo que Caracas condenó airadamente. El canciller venezolano, Elías Jaua, afirmó que con la visita de Capriles a Colombia y su entrevista con Santos "se confirma que desde Bogotá hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela", que alcanza "los más altos poderes del Estado colombiano". El Gobierno de Maduro "lamenta profundamente que el presidente Santos haya dado un paso que de manera dolorosa nos va a llevar a un descarrilamiento de las buenas relaciones" bilaterales,

dijo el canciller en declaraciones a la televisión estatal. Jaua anunció además que Maduro pidió el regreso a Venezuela de su representante en La Habana para el proceso de paz en Colombia, Roy Chaderton, para evaluar la participación de Caracas en esas negociaciones, aunque aclaró que aún no se ha tomado una medida al respecto. "Es lamentable para ambos pueblos" que mientras el Gobierno de Venezuela "está haciendo esfuerzos denodados" para lograr la paz en Colombia, a cambio "reciba como respuesta de las instituciones del Estado colombiano en Bogotá el aliento y el estímulo a quienes pretenden desestabilizar la paz en Venezuela". Previamente, el presidente del Parlamento venezolano, el diputado chavista Diosdado Cabello, calificó como una "agresión" a Venezuela la reunión de Santos y Capriles, y acusó al gobernante colombiano de poner una "bomba" a las "buenas" relaciones bilaterales construidas por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013). Para Cabello la entrevista con Santos fue una "mampara" (cortina) para tapar los supuestos encuentros de Capriles, al que llamó "fascista y asesino", con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien describió como "nefasto para el continente". El presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, adelantó que propondrá aprobar un acuerdo legislativo de "rechazo" a la actitud de Colombia, y que se le exija al Gobierno de Santos que "clarifique si está con el golpismo que representa Capriles o con el pueblo de Venezuela". Capriles también se reunió este miércoles con los presidentes del Senado de Colombia, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, Augusto Posada Sánchez. Para la internacionalista y profesora universitaria María Teresa Romero, la reacción del Gobierno de Maduro ha sido "desproporcionada, irresponsable e inconveniente" para Venezuela, que sale perdiendo porque necesita de la alianza con Colombia. "El Gobierno venezolano debería saber que cualquier Gobierno y Parlamento puede recibir a cualquier actor político, es algo natural y es hasta ridículo que se pongan en jaque unas relaciones bilaterales" por ello, declaró a Efe Romero, docente en la Universidad Central de Venezuela (UCVpública). La reacción venezolana "lo que hace es desprestigiar y aislar Venezuela, lo que es inconveniente para el Gobierno de Maduro que afronta un contexto interno e internacional cada vez más difícil y necesita de la alianza con Colombia", añadió la experta. "Yo no creo que la situación vaya a pasar de aquí, creo que no va haber una reacción desproporcionada del lado colombiano", añadió. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo en la noche que su Gobierno tratará "de manera directa" los temas diplomáticos con Venezuela, en respuesta a las críticas de Caracas por la reunión entre Santos y Capriles. "En aras de mantenernos alejados de la diplomacia de micrófonos que es tan dañina, trataremos este tema de manera directa con el Gobierno Venezolano", dijo Holguín. Capriles, que impugnó las elecciones del pasado 14 de abril que Maduro ganó con un margen de apenas 1,49 % de los votos, ofreció este miércoles una rueda de prensa en Bogotá en la que denunció la debilidad de las instituciones venezolanas y dijo que esa realidad debe "prender las alarmas" en los organismos internacionales. "Lo que queremos es que este problema institucional, la falta de transparencia de las instituciones, el deterioro de la democracia lleguen a (conocimiento de) Colombia y América Latina", expresó Capriles, quien reveló que piensa visitar "otros países" de la región, sin dar precisiones. Capriles negó que tuviera en su "agenda transparente" una reunión con el expresidente colombiano Álvaro Uribe o con cualquier otro exmandatario, y que son su viaje llevaba "la voz de millones de venezolanos más allá" de las fronteras de su país. Maduro dijo el lunes tener información de que "gente de la derecha" opositora planeaba reunirse en un país vecino, que no identificó, "con un personaje siniestro que odia a Venezuela (...) y que

está acostumbrado a la violencia" para planificar un saboteo el plan de seguridad lanzado recientemente en Venezuela. Fuente: EFE y Confidencial Colombia 30 mayo 2013

COLOMBIA - DIALOGOS HACIA EL FINAL DEL CONFLICTO EL "NUEVO MEJOR AMIGO" DE LA PAZ EN COLOMBIA

El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró que el Gobierno nacional ha dado un "paso enormemente positivo" al alcanzar su primer acuerdo en las negociaciones de paz con las Farc, el relativo a la cuestión agraria. "El acuerdo es el primero obtenido nunca entre el Gobierno colombiano y las FARC, y como tal es un paso enormemente positivo hacia adelante en las negociaciones de paz", aseguró en una conferencia de prensa uno de los portavoces del Departamento de Estado, Patrick Ventrell. "Estados Unidos ha apoyado desde hace mucho tiempo al presidente (de Colombia, Juan Manuel) Santos en su esfuerzo por proporcionar la paz y la estabilidad que el pueblo colombiano merece", agregó. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, también valoró el acuerdo este lunes durante su visita a Colombia, al asegurar que el Gobierno de Barack Obama celebra "cualquier avance que acerque a los colombianos a la paz que tanto merecen".El acuerdo, anunciado el domingo, supone el cierre del debate sobre la tierra dentro de las negociaciones que se iniciaron hace más de seis meses en La Habana, con el apoyo de representantes de Cuba y Noruega como países garantes del proceso y de Venezuela y Chile como Gobiernos acompañantes. La mesa de diálogo reanudará su actividad el próximo 11 de junio para empezar a discutir el segundo punto de la agenda pactada para el diálogo: la participación política de las FARC cuando se alcance la paz. Los otros puntos previstos en el diálogo son el fin del conflicto armado, el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y la verificación y refrendación de lo pactado en la mesa. Fuente: EFE.y Confidencial Colombia 30 mayo 2013

ECUADOR EN AMERICA LATINA: ECUADOR INSISTIRA ANTE REINO UNIDO POR EL SALVOCONDUCTO PARA EL FUNDADOR DE WIKILEAKS ECUADOR SIGUE APOSTANDO POR ASSANGE

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, adelantó que entregará un nuevo documento al Reino Unido con fundamentación jurídica sobre la necesidad de un salvoconducto al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado desde hace casi un año en la Embajada de Ecuador en Londres. Patiño dijo que está listo un nuevo documento "de profundo análisis jurídico" basado en el derecho internacional humanitario que, en su opinión, refuerza las razones de Ecuador para insistir en el salvoconducto. "El Gobierno del Reino Unido tiene todas las atribuciones, posibilidades de conceder el salvoconducto", recalcó Patiño en declaraciones a la prensa local al adelantar, incluso, la posibilidad de realizar un viaje "muy corto" para entregar el documento y eventualmente visitar por primera vez a Assange. El titular de la diplomacia ecuatoriana se declaró sorprendido por la falta del salvoconducto: "Nos sorprende que haya pasado un año en que un país que, se supone que respeta y defiende los derechos humanos, haya sido insensible ante una situación humanitaria de un ciudadano del mundo", dijo. "No es cierto que está impedido el Gobierno británico de ofrecerle el salvoconducto", recalcó al apuntar que, en su opinión, "está violando los derechos humanos" de Assange. El canciller añadió que quieren "insistir al Gobierno británico en que revise su posición y que ya conceda el salvoconducto". El Gobierno británico se niega a conceder a Assange un salvoconducto para dejar la embajada e insiste en que debe extraditarlo a Suecia, donde se le reclama para ser investigado por presuntos delitos sexuales. El fundador de WikiLeaks, portal que difundió miles de cables diplomáticos confidenciales, especialmente estadounidenses, niega las acusaciones de delitos sexuales y teme ser enviado

desde Suecia a Estados Unidos, donde está siendo juzgado el soldado Bradley Manning, quien ya se declaró culpable de filtrar documentos. La semana pasada, Patiño anunció que está organizando algunas actividades para conmemorar el 19 de junio el primer aniversario de la llegada del australiano Assange a la embajada ecuatoriana en Londres buscando refugio. Fuente: Confidencial Colombia 30 mayo 2013

CHILE ESTUDIANTE LE ESCUPE A LA CARA A M. BACHELET EN ACTO DE CAMPAÑA ELECTORAL

Un estudiante escupió en la cara a la expresidenta socialista y candidata a la reelección en Chile, Michelle Bachelet, mientras realizaba este martes un acto electoral en la ciudad de Arica (norte), por lo que fue detenido. El ataque se produjo en momentos que Bachelet, que encabeza los sondeos con miras a las elecciones del próximo 17 de noviembre, visitaba una plaza en la ciudad de Arica (2,000 km al norte de Santiago), en el marco de su campaña con miras a la reelección. El diario electrónico de Arica 'El Morrocotudo' identificó al atacante como Elías Sanhueza, un alumno de segundo año de Antropología de la Universidad de Tarapacá. Tras el ataque, "el estudiante no quiso hablar sobre sus motivaciones, fue golpeado por algunos adherentes y detenido por Carabineros (Policía)", describió el medio. Aunque el vocero de la campaña de Bachelet, Álvaro Elizalde, calificó el hecho como "un incidente menor", el mundo político chileno se solidarizó con la exmandataria (2006-2010). Bachelet, la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena, volvió en marzo a Chile después de permanecer casi tres años al frente de la oficina ONU-Mujer, para encarar una nueva candidatura presidencial, tras estar impedida por ley de postular a la reelección directa. Bachelet es apoyada por la Concertación, alianza de partido de centro izquierda que la apoyó en su primer gobierno, y recientemente sumó el apoyo del Partido Comunista. El 30 de junio Bachelet se medirá en primarias frente a los tres aspirantes de la Concertación para definir a un único aspirante del conglomerado, pero por su gran apoyo popular su triunfo en esta instancia se da por descontado. Fuente: AFP 29 mayo 2013

CHILE IZQUIERDA UNIDA CRITICA DECISION DEL PC DE APOYAR A BACHELET

El recientemente legalizado Partido Izquierda Unida, partido que apoya la candidatura de Marcel Claude, señaló en respuesta a la decisión del Partido Comunista de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet está determinada “por unos cupos más en el parlamento”. Salvador Muñoz presidente de Izquierda Unida y vocero político del equipo de la candidatura de Marcel Claude señaló a los medios de comunicación que “Respetamos la decisión que el Partido Comunista ha tomado, es legítima en la lógica de las alianzas de los partidos tradicionales, sin embargo nos parece que la ciudadanía, los simpatizantes y los militantes de base del partido, no comparten esta decisión, ellos están más conectados que sus cúpulas con la realidad que hoy enfrentamos en Chile. La ciudadanía reclama un lugar en su historia. Es hora de avanzar en una alternativa político social que dé respuestas a las demandas que Chile pide a gritos, nos pide no sumarnos a los mismos de siempre, aunque sea por unos cupos en el parlamento” El actual vocero de la campaña de Marcel Claude añadió que “Nosotros estamos intentando construir con la ciudadanía una alternativa que no se deje llevar por los intereses particulares de unos pocos, si no que sea capaz de estar por sobre las elite de siempre, y esté conectado con el sentido común de la mayoría de los chilenos.” Jorge Ramírez, Secretario General de Izquierda Unida, y coordinador nacional del equipo territorial de la campaña de Marcel Claude indico que “ Izquierda Unida es la confluencia de muchos y muchas que hemos estado en las luchas sociales los últimos años, hemos entendido que ya no basta con hacer política testimonial y nos hemos planteado ser una alternativa desde la izquierda, por ello hemos construido este partido que está abierto para todas y todos quienes quieran aportar en la construcción de un proyecto vivo, democrático y audaz, que tenga vocación de mayoría, vocación de unidad y vocación de poder, pero no a costa de transar nuestros ideales, nuestras convicciones, por unos cupos en el parlamento”. “Avanzamos con Marcel Claude en una alianza con otras fuerzas políticas y movimientos sociales. Llegaremos a la Moneda sin transar con los Luksic, Escalona, Zaldivar o la SOFOFA. Llegaremos al parlamento rompiendo al Binominal sin ser parte de ellos, no necesitamos migajas, ni tampoco las aceptaremos. Esta es la hora de transformar Chile, no de hacerle maquillajes y eso nuestros

amigos del Partido Comunista no lo entendieron” enfatizó Ramírez. Fuente: El Clarín.cl 30 mayo 2013

CHILE Gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, lo corroboró a CIPER Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas Por Equipo CIPER Reportajes de investigación El gerente general de la pesquera admitió a CIPER haber pagado al ex asesor parlamentario e imputado por estafa, Georgio Carrillo, por estudios sobre el sector pesquero y afirmó que la empresa, cuyo presidente es Roberto Angelini, hace aportes a parlamentarios para sus campañas, entre ellos la diputada por Iquique Marta Isasi. La polémica revelación la hizo el primer asesor que en tribunales detalla la fórmula que utilizaron algunos diputados para engrosar sus ingresos a través de la apropiación indebida de los pagos destinados a asesorías, lo que constituye fraude al Fisco. Nadie hubiese pensado que la simple audiencia de formalización por estafa y otras defraudaciones de Georgio Carrillo Vercellino, principal asesor de la diputada Marta Isasi hasta noviembre de 2011, iba a abrir una puerta al intrincado mundo del lobby que realizan grandes empresas entre los parlamentarios y en los enmarañados aportes que éstas hacen a las campañas electorales. Porque fue el jueves 9 de mayo, en Valparaíso, que el ahora ex asesor reconoció haber hecho mal uso de dineros correspondientes a asignaciones parlamentarias. Acto seguido detalló cómo lo había hecho siguiendo instrucciones de la propia diputada Isasi. Y fue más lejos: reveló haber recibido $25 millones de Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, destinados a Isasi antes de que se iniciara la tramitación de la polémica Ley de Pesca. En la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el periodista Georgio Carrillo admitió haber hecho estudios para Corpesca, la empresa pesquera extractiva más grande de Chile, que elabora alrededor del 25% del total capturado en el país. Gracias a estos papers, según Carrillo, la parlamentaria pudo recibir $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique. CIPER llamó a Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca, quien reconoció que le pagó ese dinero a Carrillo y también que la empresa, cuyo presidente es Roberto Angelini, aportó a la campaña de la diputada Isasi, quien apoyó todos los articulados en la Ley de Pesca que favorecen a las grandes pesqueras (Ver recuadro). De hecho, en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la Ley de Pesca, Isasi votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes y sobre el cual establece permisos o autorizaciones de extracción. Rechazó también la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o cuotas globales de captura y que, además, establecía una rebaja de la cuota por imprevistos. ASESORÍAS A CORPESCA En correos electrónicos a los que CIPER tuvo acceso, está la constancia de la relación que establece el ex asesor de la diputada Isasi con el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, en los que acuerdan realizar estudios sobre temas relacionados con la pesca en Chile por $25 millones, los cuales fueron retirados contra entrega del trabajo y boleta de honorarios. De acuerdo al testimonio entregado en la audiencia de formalización, Carrillo señaló que su “lealtad mal entendida” fue afianzando la confianza con la diputada, al extremo que en la campaña parlamentaria él estuvo dispuesto a emitir dichas boletas a Corpesca para generar recursos

financieros usados en la misma campaña. En uno de los correos, Georgio Carrillo le señala al gerente general de CORPESCA lo siguiente: “Don Francisco: quería saber si tuvo ocasión de leer el informe o si requiere algún otro estudio, ya que la sra Marta me pregunta por la plata. Saludos”. La respuesta vino de inmediato de parte de Mujica: “Georgio: He podido leer la primera parte y tengo varias observaciones que modificarle, dado que contiene supuestos un tanto antiguo… tipo año 2002… con un realidad un poco diferente. Independiente de lo anterior, creo que podemos arreglarlo fácilmente acá,,, mañana tengo una reunión de 10:30 a 11:30 apróx.,, así que podemos juntarnos después… y con eso fijamos de inmediato una primera cuota $10 mil. Para después de acuerdo a lo conversado fijamos el remanente. Saludos. FJMO”. (Ver Correo) En otro mail al mismo Francisco Mujica, Carrillo se refiere a los dineros supuestamente triangulados a la diputada a través de la entrega de informes a la empresa pesquera, recordándole el compromiso adquirido con ella. “Don Francisco: le adjunto cuatro minutas relacionadas con los temas que en su momento habíamos acordado, a fin que ud. los analice y ojala podamos darle curso al resto de los recursos que le había comprometido a la diputada Isasi, considerando que ya recibimos una partida de 10 millones (como bien ud recordará). Quedo atento a sus comentarios. Atte., Georgio Carrillo V. Periodista, Jefe de Gabinete”. (Ver Correo). CIPER se comunicó con Corpesca para corroborar el pago de los dineros que el periodista Carrillo afirma que la empresa había comprometido con Isasi. Fue el propio interlocutor de los correos, Francisco Mujica Ortúzar, quien admitió haberle pagado $25 millones, agregando que fue “una de las tantas asesorías que nosotros pagamos por investigaciones pesqueras”. -¿Qué calificación tiene el señor Carrillo para una investigación pesquera? - Lo que pasa es que nosotros tenemos un Instituto de Investigación Pesquera del Norte, Inpesnor, donde se contratan diferentes tipos de estudio y desarrollamos con las universidades, como la Universidad de Tarapacá, estudios…. -Pero el señor Carrillo es un asesor parlamentario, no un académico. -En la parte parlamentaria, no le puedo decir nada. No tengo idea. -¿Quién dirige Inpesnor? -Miguel Ángel Escobar. -¿Miguel Ángel Escobar le dio instrucciones a usted para pagarle al señor Carrillo por estas asesorías? -No creo que existan instrucciones para pagar asesorías… -Pero es usted quien le pide los datos personales al señor Carrillo para pagar por sus servicios. - Nuestra empresa opera en Iquique, Arica y Puerto Montt, pero nosotros somos los canceladores en Santiago, pues las cuentas bancarias se manejan desde acá. -¿Y estas asesorías fueron a raíz de la Ley de Pesca? -Hay de todo, investigaciones y también estudios sobre articulados sobre la Ley de Pesca y sus impactos sociales y económicos. -Se lo pregunto derechamente: ¿esas platas pagadas a Isasi fueron para que la diputada votara como votó en la Ley de Pesca? -No, nosotros tenemos una relación con ella desde que partió en el norte y la seguiremos teniendo… -Entonces, ¿ustedes le han financiado sus campañas electorales? -Nosotros hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más. -¿A quiénes más? -No, eso no lo puedo decir, pues en la Ley Electoral las donaciones son absolutamente anónimas. Muchos actores políticos se acercan a nosotros y ella lo hizo para pedirnos que le ayudáramos a financiar su campaña. Después de la entrevista al gerente general de Corpesca, CIPER se comunicó con la diputada Isasi para ratificar lo afirmado por Carrillo y Mujica. Pero ella negó que los dineros recibidos por su

ex asesor por los estudios a Corpesca hayan sido utilizados en sus campañas electorales: -Cómo él (Carrillo) era mi asesor de confianza, seguramente pudo tener acceso a Corpesca para vender sus estudios, pero nunca esos dineros fueron a parar a mis cuentas. Mi situación económica es tan débil que tuve que vender dos departamentos que tenía en Iquique y solo tengo uno que estoy pagando en Viña y que me costó $40 millones, luego de la última campaña parlamentaria -señaló a Ciper. “NOMBRES DE CONFIANZA” PARA TRIANGULAR ASIGNACIONES Las declaraciones del ex principal asesor de Marta Isasi le abrieron un duro flanco a la diputada. Judicialmente, esta es la primera vez que un imputado en un proceso que investiga el uso ilícito que han hecho algunos parlamentarios de sus asignaciones, revela la fórmula en que incurrirían los congresistas para defraudar al Fisco con los millones que se les asigna para sus asesores. En los hechos, tal como lo reveló CIPER en anteriores reportajes, la trama estaba destinada a engrosar sus ingresos a través de la apropiación indebida de los pagos destinados a su personal de apoyo. En total, sumando la dieta, gastos operacionales y asesorías, los diputados reciben cerca de $13 millones al mes. En la audiencia de formalización, Georgio Carrillo confesó que la parlamentaria por Iquique, a poco tiempo de empezar a trabajar con ella, le consultó cómo podría liberar dineros del ítem secretarias y asesores. “Fue así como en primera instancia empecé a boletearle, en paralelo al contrato de trabajo, lo que hicimos en reiteradas ocasiones hasta que se hizo insostenible, pues la modalidad era honorarios o contrato y no mantener dualidad laboral con el mismo empleador”, indicó Carrillo en la audiencia de formalización por estafa y otras defraudaciones que investiga el fiscal de Valparaíso, Cristian Andrade. Carrillo aseguró en el tribunal que luego Marta Isasi le pidió un “nombre de confianza” para seguir adelante con la boleta por servicios. Según Carrillo, él le propuso el de su esposa, Johana Lorena Gallardo Beiza, lo que fue aceptado por la parlamentaria sin que la supuesta beneficiada se enterara del origen del dinero que recibía cada mes y que de inmediato Carrillo traspasaba por mano a la diputada (ver documento de transparencia) La versión de la diputada Isasi, quien inició el proceso al denunciar a Carrillo en noviembre de 2011, es radicalmente distinta. Asegura que se habrían emitido boletas de honorarios a su nombre y pagadas con fondos de la Cámara de Diputados sin que ella tuviera conocimiento de estas operaciones, por lo que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra su ex asesor y su esposa, respaldando la denuncia que la parlamentaria presentó en la Fiscalía de Valparaíso. “Se trata de un ex asesor, yo lo pillé el año pasado, en noviembre, e hice la denuncia en la Fiscalía y ahí comenzó toda la investigación para comprobar la denuncia. El Consejo se hizo parte de la querella, porque aquí hay dineros de la Cámara de Diputados involucrados”, explicó la parlamentaria a La Segunda, en agosto de 2012, quien entonces calculaba los daños en “$90 millones en el caso de la Cámara y a mi persona, $40 millones”. Pero además, aseguró que en una ocasión, al llamar a la Tesorería de la Cámara, se enteró que tenía “contratada a personas que yo no conocía, entre ellas la esposa de Georgio”. (Ver nota) El desmentido a los dichos de la diputada proviene de la extensa cadena de correos electrónicos que intercambió con su ex asesor, Georgio Carrillo. Allí hay diálogos que evidencian que Marta Isasi sí conocía a Johana Lorena Gallardo Baeza, pues en misivas de octubre de 2011 se refiere a la esposa de Carrillo en un contexto de confesiones que le haría al ex asesor, con quien supuestamente mantuvo una relación de tipo afectiva, tal como lo atestiguan los correos (ver correos). SOLO UN EX DIPUTADO CONDENADO De acuerdo a una serie de investigaciones de CIPER, algunos diputados han utilizado distintas fórmulas para abultar sus ingresos, pese a que mensualmente pueden destinar discrecionalmente un $8,5% de los $13 millones que reciben para pagar asesores, cuentas telefónicas, arriendos de

sedes distritales, entre otros. A mediados de 2009, CIPER publicó los expendios realizados por los congresistas con los dineros derivados de sus asignaciones parlamentarias. Esos gastos estaban sometidos a controles muy febles que no permitían determinar si las asesorías eran realizadas o si las sedes usadas por los congresistas realmente cumplían esa función, o si efectivamente eran arrendadas y no pertenecían a ellos mismos o a sus sociedades familiares. Para ejecutar la debida fiscalización que amerita un dinero que el Fisco entrega a los parlamentarios para cumplir su labor, sólo había tres funcionarios de la Dirección de Finanzas de la Cámara de Diputados. Cada uno debía mantener el control contable sobre los gastos de 40 parlamentarios (ver nota) De los procesos originados en su momento, solo el ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) ha sido condenado por defraudar al Fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias, por concepto de arriendo de sus sedes. Su condena fue de cuatro años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. Los otros tres diputados acusados e investigados desde 2009 por el mismo delito son: Julio Dittborn (UDI), actual subsecretario de Hacienda; Jorge Sabag (DC), a quien finalmente lo protegió su fuero parlamentario; y Claudia Nogueira (UDI), quien se libró de una condena luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía. Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. En virtud del acuerdo extrajudicial, no registra prontuario alguno por el ilícito cometido. La modalidad que habría empleado la diputada Isasi es la misma que en su momento utilizó la diputada Nogueira, de acuerdo a la versión que entregó Carrillo ante el tribunal. Nogueira registró como asesores ante la Cámara de Diputados a dos personas, las que, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, no hicieron nunca ni un solo trabajo para la parlamentaria y le traspasaban el dinero fiscal percibido a una cuenta bancaria de la misma congresista por el distrito de Recoleta. Los mencionados asesores -Jaime Jullian y Jenny Acevedo- recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de pesos respectivamente, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la congresista y su esposo, el ex alcalde de Recoleta y militante de la UDI, Gonzalo Cornejo. LAS VOTACIONES DE ISASI EN LA LEY DE PESCA

En la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la Ley de Pesca, en julio de 2012, la diputada Marta Isasi apoyó explícitamente todos los articulados que favorecen a la explotación industrial pesquera. Respecto de las cuotas de extracción, la parlamentaria votó en contra de reemplazar la expresión “serán indefinidas”, por “tendrán un plazo de 10 años, renovables”.

Isasi también rechazó la indicación que no consideraba renovables los 20 años de plazo de las licencias. Y respecto a la creación del Fondo de Estabilización para los trabajadores de la industria pesquera, primero se opuso a la admisibilidad de la indicación, pero al ser esta aprobada, votó a favor. La diputada rechazó igualmente el inciso que reservaba exclusivamente a la pesca artesanal, y desde el tercer año de la publicación de la ley, el ejercicio de actividades pesqueras extractivas sobre la reineta. Según ese inciso que no fue aprobado, los permisos de pesca industriales caducarían a partir de la misma fecha. Respecto del reconocimiento de los pueblos originarios vinculados al borde costero, a los cuales se los otorgaría los mismos derechos que las otras entidades pesqueras, Isasi se opuso. Asimismo, rechazó la indicación que prohibía el empleo de sistemas de pesca de arrastre; y votó en contra de establecer un fraccionamiento de la cuota global de captura, indicación que estaba destinada a proteger las especies al borde del colapso por la sobreexplotación. En un punto crucial de la Ley de Pesca para romper con el monopolio que ejercen en el sector siete familias de nueve grupos económicos, Isasi rechazó establecer que, del total de la cuota global industrial de las pesquerías en plena explotación, se reservara anualmente un 5% de manera exclusiva para empresas de menor tamaño, que acrediten a lo menos tres años de operación. Dicha cuota sería asignada a través de licitación y efectuada a través de embarcaciones pesqueras artesanales, a excepción de aquellas pesquerías que por sus condiciones naturales requieran la utilización de embarcaciones de mayor tamaño para su captura, caso en el cual podrá recurrirse a naves de la flota industrial. Fuente: CIPER Centro de Investigación Periodística 10 mayo 2013

GUATEMALA - ONU GUATEMALA ANTE LA ONU

Arenales Forno en Ginebra Arenales Forno defiende en Ginebra que los crímenes de guerra prescribieron y la ONU pide “no barrerlos bajo la mesa” Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz, viajó la semana pasada a Suiza para defender ante el Comité contra la Tortura de la ONU la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, y regresó con cuestionamientos por las declaraciones del Gobierno durante el juicio por genocidio, un recordatorio sobre el caso Bámaca y una acusación por criminalizar la protesta social. La voz de Antonio Arenales Forno se escuchaba como un susurro en el Palacio Wilson, sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Frente a él, concentrados en su exposición, los diez representantes del Comité que evalúa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

trataban de seguir su relación de hechos para justificar los avances del país en relación a estos delitos. Arenales Forno, quien llegaba como Secretario de la Paz, comenzó a resumir el informe entregado por Guatemala para el cumplimiento de la Convención contra la Tortura: habló de la relación del Ejército en labores de seguridad civil, la situación de las cárceles en el país o la protección a defensores de los derechos humanos (Lea el informe). Pero la condena a Ríos Montt por el crimen de genocidio –anulada días después por la Corte de Constitucionalidad– pesaba demasiado en el ambiente. Naciones Unidas ya se había pronunciado al respecto, a través de un comunicado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que aplaudió la condena. El presidente del Gobierno, Otto Pérez Molina, había opinado en una entrevista que “no hubo genocidio”, y la Cancillería guatemalteca acababa de enviar un comunicado a sus embajadas que subrayaba que Pérez Molina respeta la independencia judicial, que el proceso refleja los avances del sistema de justicia desde los Acuerdo de Paz y que acerca la consolidación de la democracia. Cuando al secretario de la Paz le preguntaron acerca de la impunidad por los crímenes de guerra, Arenales Forno desgranó ante el Comité la postura del Gobierno guatemalteco: “No aceptamos que se utilice el término impunidad acusatoriamente respecto a la mayoría de violaciones contempladas en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Dicho informe no tiene por objeto individualizar responsabilidades ni efectos jurídicos”. El Informe, recordó Arenales, se acordó al mismo tiempo que una amnistía general de la que sólo quedaban excluidos ciertos delitos: genocidio, tortura, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. En el caso de estos, no obstante, puntualizó que según el Código Penal de Guatemala tampoco pueden ser juzgados pasados los 20 años. Guatemala, recordó, no forma parte de la Convención de Imprescriptibilidad y El Estatuto de Roma está vigente desde 2012. “La CIDH ya estableció incompatibilidad con las leyes de amnistía” Las declaraciones del secretario de la Paz tomaron por sorpresa a los miembros del Comité contra la Tortura. Sobre todo a su presidente, Claudio Grossman, quien respondió a Arenales en un tono severo, dejando de lado el habitual discurso diplomático que caracteriza las intervenciones de las Naciones Unidas. “Me sorprende esta discusión sobre la impunidad. De partida, Guatemala es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana ya estableció la incompatibilidad de las leyes de Amnistía en relación a ciertos crímenes de guerra”, aclaró Grossman. El presidente del Comité, que encabezó dicha corte desde 1996 a 2004, agregó que “desde luego” hay problemas de impunidad con respecto a los delitos cometidos en conflicto armado en Guatemala y a continuación relató la masacre de Dos Erres:la llegada de 58 kaibiles vestidos de guerrilleros a la aldea de La Libertad, Petén, cómo reunieron a los habitantes en dos iglesias y una escuela para su posterior asesinato, cómo fueron matando a todos los menores de edad y arrojando a los más pequeños a un pozo. “De eso estamos hablando… estos son crímenes internacionales, son cosas muy graves que no se barren debajo de la mesa. Estos son temas que están regulados, haya ratificado o no Guatemala la Convención de Imprescriptibilidad. Esto ha sido ya litigado, resuelto, y hay que seguir buscando las responsabilidades”, manifestó. El presidente del Comité se refirió también a las declaraciones de Pérez Molina que siguieron a sentencia. “Planteó: ‘no hay genocidio’. Entiendo que es una elección de carácter político, pero tiene connotaciones de carácter jurídico”, expresó Grossman, y dijo que ese tipo de declaraciones pueden influir en las capacidades para investigar este tipo de crímenes. La ONU ha caído en juicios de valor sobre el genocidio, acusa Forno

Arenales Forno tuvo que esperar un día para contestar. Cuando la delegación guatemalteca obtuvo de nuevo el turno de respuesta, sus declaraciones fueron aún más rotundas: El Ejecutivo, dijo, aceptará la sentencia en firme, sea la que sea, y su posición acerca de que no hubo genocidio “no debe interpretarse como intención de influir en los jueces”. Además, pidió que no se considere inapropiada “la intención de diversos sectores de debatir que si hubiese habido Genocidio en 1982 y 83, la responsabilidad penal estaría sujeta a prescripción”. El secretario de la Paz también recriminó a los presentes, que, dijo, por “alguna desinformación”, habían caído en juicios de valor sobre la realidad histórica de Guatemala. Estas declaraciones hirieron el orgullo institucional de Claudio Grossman. “Con mucho gusto”, respondió, “voy a trasladarle a la Alta Comisionada que se considera que sus informaciones, que hemos usado aquí, para hacer preguntas son inadecuadas”. Según Grossman, Pillay había informado que “la intimidación y amenaza sufridos por agentes de justicia en procesos relacionados en casos del pasado continúan siendo un obstáculo” y que la Fiscal General (Claudia Paz y Paz) había sido “sujeta a presiones”. Investigaciones en el caso Bámaca y mandos medios En el turno de preguntas, y ya con los crímenes de guerra sobre la mesa, varios de los miembros del Comité retomaron el tema de la amnistía y prescriptibilidad. Felice Gaer, representante de Estados Unidos, preguntó sobre las investigaciones a mandos medios del ejército por crímenes del conflicto. “¿Se podrá perseguir a oficiales del ejército por actos de genocidio concretos que forman parte de lo que el tribunal definió como genocidio en el caso de Ríos Montt?, ¿qué significa amnistía según el acervo guatemalteco?”, preguntó Gaer. La relatora del comité, Nora Sveass, preguntó qué había pasado en los tribunales nacionales con respecto al proceso del caso Efraín Bámaca, el comandante Everardo, capturado en 1992, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 condenó al Estado por tortura y desaparición forzada. Arenales Forno respondió que el caso fue sobreseído en primera instancia por los tribunales guatemaltecos. Después, “su familia recibió una indemnización millonaria en sentencia de la Corte Interamericana, y la Corte Suprema de Justicia dejó sin lugar al sobreseimiento, dando alcances impropios a una sentencia de la Corte Interamericana, que es una institución de derechos humanos y no una Corte de tal ambición”, declaró Arenales, también presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos . Luego, “la Corte de Constitucionalidad dejó vigente el sobreseimiento". “Perdonen tantas preguntas” Enfrente del Palacio Wilson, justo a la orilla del lago de Ginebra, un grupo de personas protestaba con banderas de Líbano. A su entrada estaban estacionados dos vehículos Mercedes Benz y uno BMW. Ginebra es una de las ciudades más caras de Europa, con solo un 30% de población suiza y habitada por personas de todos los países del mundo que trabajan en las sedes de organizaciones internacionales o para Naciones Unidas. Una ciudad en la que casi no se cometen delitos. En la que los derechos humanos se ven en forma de convenciones, normas, tratados y jurisprudencia. Pero la sala del Palacio de la ONU era otra cosa. Era la Guatemala más atroz: La rendición de cuentas sobre los casos de tortura, malos tratos o penas inhumanas y degradantes cometidas en el país en el presente y pasado. Guatemala frente a frente con su realidad. “Según nuestros datos había 15 mil personas en prisiones a finales del año pasado, en instalaciones de cabida para 6 mil. También tenemos información de que presos en prisión preventiva están mezclados con presos cumpliendo condena. ¿Qué están haciendo para solucionarlo?”, inquirió Felice Gaer. El representante de Italia, Alessio Bruni, agregó una pregunta por el control de las cárceles de bandas de presos y la violencia y abusos hacia reos y presidiarios. “El ministerio de Gobernación,

después del asesinato del director de una prisión, dijo que tomaría medidas. La pregunta es si ya se ha implementado alguna medida para solucionar esta situación”, inquirió Bruni. Y Nora Sveass se interesó por los avances en el caso del asesinato de Efraín Gaspar Pérez, asesinado a golpes en el preventivo de Quetzaltenango en junio de 2012 por no haber pagado la “talacha”. Entre tanto, Abdoulaye Gaye, de Senegal, cuestionó a la delegación sobre la protección brindada a jueces y fiscales y las carencias de recursos en el sistema de Justicia. La delegación guatemalteca estaba conformada por un grupo variopinto de funcionarios del Gobierno de Otto Pérez Molina, algunos de ellos cuestionados por su gestión en el Estado. Entre estos últimos, se encontraba el subdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Fisher, acusado de haber permitido las salidas de la cárcel de Byron Lima, de quien fue compañero de promoción en la Escuela Politécnica. También se encontraba el comisario de la Policía Nacional Civil Jorge Aldana, con siete expedientes abiertos en la Procuraduría de Derechos Humanos por amenazas, intentos de intimidación contra agentes o cobros ilegales cuando era director de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC. Estaban allí, asimismo, el director del Programa Nacional de Resarcimiento, Jorge Herrera; el viceministro de Seguridad y Justicia, Edi Juárez, y Sergio Vela, asesor del ministerio de Gobernación, junto a la embajadora de Guatemala en Ginebra, Karla Rodríguez. Entre las preguntas más recurrentes estuvieron las relacionadas con la supeditación del ejército a la Policía en las labores de seguridad nacional y la criminalización de defensores de derechos humanos. Pero también se cuestionó a la delegación sobre el proceso de Erwin Sperinsen (ex director de la PNC actualmente en prisión en Ginebra acusado del asesinato de ocho presos de las cárceles de Pavón e Infiernito entre 2004 y 2007), sobre el caso Gerardi, el caso Rosenberg, los ataques a las lideresas comunitarias Yolanda Oquelí y Lolita Chávez o los avances en el caso de Juana Méndez, violada por tres policías en una comisaría Nebaj en 2006. “El ejército puede participar en seguridad ciudadana solo en situaciones excepcionales” Grossman hizo recomendaciones sobre el papel del Ejército en seguridad ciudadana y mostró su preocupación sobre el hecho de que la asignación presupuestaria hubiera favorecido a las Fuerzas Armadas en detrimento de la PNC. “No hemos tenido buenas experiencias cuando hemos visto al ejército cumpliendo labores de policía, no están entrenados. Se producen situaciones que si miras para atrás son muy negativas, incluyendo masacres”, señaló, para continuar advirtiendo de que Guatemala es el país con menos policías por habitante de América Latina. El presidente del Comité continuó con su tono imperativo: “Molesta la presencia de defensores de Derechos Humanos. Según el informe de la Alta Comisionada hay una tendencia de las autoridades a criminalizar a los defensores”. “No son aceptable los ataques a defensores. Hay tolerancia cero en asesinatos a defensores de los derechos humanos”, recalcó. George Tugushi, procedente de Georgia, preguntó sobre la masacre acontecida en la cumbre Alaska, Totonicapán, en octubre de 2012, en la que fallecieron ocho campesinos y por la que son procesados ocho soldados y un coronel. “Se había declarado que se prohibiría que los militares participaran en tareas de orden público, pero finalmente no se presentó ninguna propuesta al Congreso. ¿Se han tomado medidas para luchar contra esta situación?”, preguntó. Tendencia de las autoridades a criminalizar a defensores El listado de casos no resueltos seguía y la situación del país cada vez parecía más desesperanzadora. Surgieron las preguntas sobre el hospital Federico Mora: si los enfermos mentales con condenas siguen compartiendo espacios con enfermos mentales sin condenas. Preguntas sobre si continuaban internados niños en este hospital, sobre los abusos sexuales de custodios a las pacientes. Fueron cuestionados acerca de los abusos sexuales a niños en centros para menores, sobre el trabajo infantil extendido, el incremento de la violencia contra la mujer, los linchamientos, las extorsiones y asesinatos a pilotos de autobuses, los estados de sitio y de excepción… sobre el

asesinato del fiscal de Cobán Allan Stowlinsky, la masacre en la finca Los Cocos, en Petén; el incremento de las fuerzas de seguridad privada y los mecanismos del Estado para su control, los grupos de sicariato, la jurisdicción militar, los refugiados, los inmigrantes… Guatemala se defiende Las respuestas del Gobierno guatemalteco fueron una sucesión de buenas intenciones. “Después de un examen sobre el estado de hacinamiento en las cárceles hemos obtenido resultados alarmantes: 15,914 personas se encuentran presas en la actualidad cuando la capacidad total es de 7, 245. La peor situación es la del centro preventivo de zona 18, con capacidad de 1,500 personas y 4,076 presos a día de hoy”, dijo Eddy Fisher, subdirector del Sistema Penitenciario. “Esto ha sido derivado de la eficiencia del MP y de las fuerzas de tarea que ha ayudado a incrementar el número de personas detenidas”, explicó Fisher, antes de describir la creación, funcionamiento y objetivos de las fuerzas de tarea. Jorge Aldana, comisario de la PNC, habló de los planes del Gobierno de graduar a 10 mil policías, seis mil este año, con el objetivo de cumplir con la obligación de contar con al menos 60 mil policías. A su vez, Arenales Forno enfatizó que el Estado de Guatemala reitera su voluntad en proteger a los defensores de derechos humanos. También justificó la necesidad del apoyo del ejército a la PNC mientras ésta no llegue a las cifras esperadas, indicó que el gobierno tiene la voluntad y planes de mejorar las condiciones en las cárceles y en el Federico Mora, separando a los enfermos con condenas y sin condenas y aseguro que en la actualidad no hay ningún niño en esta institución. Esto son los problemas, esta es la realidad En los próximos días, Guatemala debe enviar al Comité un informe con los datos actualizados sobre los avances y propuestas del país para mejorar las cuestiones expuestas en el examen. A continuación, el Comité emitirá la evaluación final, con las recomendaciones sobre qué debe hacer el país para mejorar su condición en relación a la tortura y los malos tratos. -¿Qué mecanismos tiene la ONU para obligar a los países a cumplir con las determinaciones de la convención? -se le pregunta. Y Grossman responde: -Naciones Unidas no es una corte. Son sólo recomendaciones. *Los fondos con los que Plaza Pública se desplazó a Ginebra provinieron de las oenegés Gmedia Center y Organización Mundial Contra la Tortura. Como es regla, ninguna intervino en el contenido de este reportaje ni lo conoció con antelación. Fuente: Plaza Pública.gt 29 mayo 2013

GUATEMALA Intenso debate en Guatemala por extradición de Portillo a EEUU La sorpresiva extradición del expresidente guatemalteco, Alfonso Portillo, hacia los Estados Unidos, ha causado polémica en la opinión pública por ser el primer mandatario de Guatemala, extraditado a esa nación norteamericana, para ser juzgado por los delitos de conspiración de lavado de dinero en el sistema bancario de ese país. En Guatemala, gran parte de la población se siente indignada por la inesperada extradición del exmandatario, Alfonso Portillo, a los Estados Unidos, para ser juzgado por un tribunal de New York; por los delitos de conspiración de lavado de dinero, por una cantidad de 70 millones de dólares, cifra donada por el Gobierno de Taiwán. A las autoridades guatemaltecas no les importó el estado de salud del exmandatario, Alfonso

Portillo, a pesar que los convenios internacionales establecen que un reo debe ser extraditado en condiciones de salud estable y no como se encontraba el expresidente. Abogados defensores del expresidente califican de ilegal la decisión tomada por el Gobierno de Otto Pérez Molina. Alfonso Portillo, gobernó el país en el año 2000 al 2004. Durante su gestión le hizo la vida imposible al poder económico, ganando el repudio de ese sector. Una acción aplaudida por la población guatemalteca fue combatir el alza de los precios de la canasta básica. En el 2011 portillo, fue absuelto del delito de malversación de fondos de 15 millones de dólares; durante su gestión. Fecha en la que el anterior Gobierno, aprobó su extradición hacia Estados Unidos. Pero sus abogados presentaron varios recursos legales para evitar su extradición, mientras que el Gobierno de Otto Pérez, accedió a entregarlo a esa nación norteamericana. Una comisión de derechos humanos del Congreso de Guatemala citó a todas las partes implicadas para que les dieran una explicación del proceso de extradición incierto de Portillo, pero los argumentos de las autoridades carecen de validez según los interpelantes. Fuente: HispanTV 30 mayo 2013

ECOLOGIA SOMBRAS DE UN NEGOCIO VERDE RADIOGRAFIA A FONDO A LOS "ZARES DEL ETANOL" QUE CONTROLAN EL 87% DEL MERCADO MUNDIAL DEL BIOCOMBUSTIBLE

Fábrica de Etanol y campesino que trabaja en cañavelares. Por Connectas (Especial para CIPER) en Reportajes de investigación Los “zares del etanol” son una nueva generación de empresarios que lidera una industria dependiente de subsidios estatales, lobby y créditos muy favorables otorgados por organismos multilaterales. Con el 87% del mercado mundial, los inversionistas de EE.UU. y Brasil tienen el control de la producción del biocombustible, mientras otras firmas suramericanas, principalmente en Colombia y Perú, buscan copiar la fórmula del éxito de los gigantes.Pese a ser una industria que logró duplicar su producción en cinco años, comienza a experimentar fuertes ajustes: en 2012 sus resultados económicos fueron inferiores a los de años anteriores y aumentaron las críticas de los ambientalistas que antes los respaldaban y que hoy se preguntan qué tan sostenible es esta industria y qué aporte real está trayendo al medio ambiente.

En respuesta a la crisis económica y a la disminución del apoyo de los ambientalistas, los esfuerzos de cabildeo que la industria del etanol está poniendo en los pasillos del Capitolio en Washington ha crecido de manera tan intensa como el trabajo de la tierra donde se obtiene la materia prima del biocombustible. Así lo demuestra un reportaje realizado por el New England Center for Investigative Reporting y Connectas que revisó los registros del cabildeo realizado en el Capitolio de Estados Unidos y encontró que en los últimos cinco años, la industria-sus empresas y asociaciones- ha gastado alrededor de 30 millones de dólares al año para un total aproximado de 150 millones de dólares entre 2008 y 2012. Eso es 10 millones más al año, que la cifra invertida en el quinquenio anterior en buscar influir en las políticas del congreso y del senado de Estados Unidos. El objetivo principal de la industria es asegurar la supervivencia del RenewableFuels Standard, una política que garantiza que un porcentaje mínimo de etanol y otros biocombustibles sea mezclado con la gasolina cada año. La industria de Estados Unidos también hizo lobby por el Volumetric Ethanol Excise Tax Credit, un incentivo fiscal de 45 centavos de dólar por cada galón de etanol que fuese mezclado con gasolina hasta 2011. Además, desde el año 2000 al menos 5.980 firmas presentaron reportes de cabildeo sobre el etanol, según registros obtenidos a través del Center for Responsive Politics y procesados por el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology. Entre estas firmas, los más grandes jugadores de cabildeo por la industria del etanol, son 16 compañías que producen el biocombustible y 21 asociaciones que tienen entre sus miembros a empresas conectadas con la industria del etanol. Según cifras de la Renewable Fuels Association, que representa a la industria del etanol en Estados Unidos, la producción mundial de etanol casi se duplicó en cinco años y pasó de 50 mil millones de litros en 2007 a 85 mil millones de litros en 2011. Sin embargo, el futuro del negocio levanta dudas entre algunos especialistas que resaltan la excesiva dependencia del negocio de las normas en los Estados Unidos que es el principal país productor. Junto a Brasil suman el 87 por ciento de la producción mundial. Ahora el principal factor que estimula el negocio del etanol en las Américas, es la existencia de una reglamentación que obliga el uso de una mezcla del biocombustible con gasolina: en Estados Unidos se exige al menos una combinación que contenga 10 por ciento de etanol carburante, en Brasil, 25 por ciento; en Colombia, 8 por ciento y en Perú, 7,8 por ciento. “La regulación de biocombustibles es buen ejemplo de política, pero no de una buena política pública”, afirma el profesor especialista en comercio internacional e inversiones, Robert Lawrence, de la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard. Para él, los principales beneficiarios de estas políticas han sido los agricultores de Estados Unidos, pero no los consumidores, la gente y el medio ambiente. Esos agricultores producen el maíz con el que se hace el etanol. Frente a esto, Bliss Baker de la una asociación internacional que representa a más de 60 por ciento de los productores de combustibles renovables del mundo, dice que el etanol es una industria viva y desestima las críticas que hay por la gran cantidad de subsidios que reciben: HYPERLINK "http://www.afdc.energy.gov/laws/law/US/399" El Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC) expiró –en los Estados Unidos- hace un año y el cielo no se cayó. Además, no hay ninguna fuente de energía en el planeta, que no reciba algún tipo de apoyo gubernamental”. La historia de leyes aprobadas en Estados Unidos y Brasil para impulsar la industria del etanol comenzó en los años 70, durante la época de la crisis petrolera cuando se promovió la celebración del Día Mundial de la Tierra y se buscaba generar una agenda ambiental. Fue entonces cuando Estados Unidos comenzó a producir gasohol (mezcla de etanol con gasolina) en Nebraska, pero lograr esto requería destinar dinero público, pues el negocio por sí mismo no era sostenible y se había abandonado desde los años 40.

Por su parte, en 1975 Brasil comenzó su programa bandera:Proálcool. Fue la fórmula con la que se buscó reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que agrupan 87 por ciento del mercado actual de energía mundial, según BP Statistical Review. Pero ahora los ambientalistas han comenzado a cuestionar qué tan favorable es el biocombustible para el medio ambiente. “El lobby del etanol es muy agresivo”, afirma Craig Cox del Environmental Working Group, organización que promueve la protección de la salud pública y el medio ambiente y se opone a políticas a favor del biocombustible. “La industria del etanol está gastando millones de dólares en cabildeo. Están contratando a lobistas de alta potencia y han creado organizaciones para promover el etanol a base de maíz y expandir el uso del biocombustible”. El ya expirado Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC), en Estados Unidos, costó a los americanos seis mil millones de dólares en 2011 según la United States Government Accountability Office. Políticas como ésta y la existencia de un mandato que obliga el uso de un porcentaje mínimo de etanol mezclado con el combustible fósil para la oferta de gasolina, despiertan alertas en los competidores de otros países. Es el caso de la Unión Europea, tercer productor mundial de etanol, que se propuso en diciembre de 2012 aumentar los impuestos para las importaciones de este combustible provenientes de Estados Unidos en un esfuerzo por controlar el dumping o alguna ventaja de precios para el etanol de Estados Unidos como resultado de los subsidios. Curiosamente hasta 2011 Estados Unidos tuvo una medida similar sobre el etanol importado, que afectaba directamente a Brasil. Por eso, los empresarios han buscado conservar estos beneficios a través del lobby como muestran los registros y algunos lobistas han explicado. Se trata de una lucha de poderes en la que su capacidad de influencia en la arena política viene del poder de la industria del maíz en Estados Unidos y de los zares de la caña de azúcar en América Latina. El maíz y la caña de azúcar son las principales materias primas del biocombustible en cada región. El intento de la industria de influenciar a los poderosos se extiende más allá de Washington. También está intentando ejercer influencias en las arenas políticas locales de América Latina. En Colombia y Brasil las principales empresas productoras de etanol son frecuentes financiadoras de campañas políticas locales de acuerdo con registros del Tribunal Supremo Electoral en Brasil y la base de datos de la organización de periodistas Consejo de Redacción en Colombia. En América Latina además la industria para sostenerse se apoya en créditos blandos (préstamos a largo plazo y con bajas tasas de interés). Éstos son financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Sumados sus préstamos desde 2005 superan los 1.400 millones de dólares. En esta región, Colombia ocupa el segundo lugar como productor del biocombustible, a pesar de la solidez de la industria azucarera en Centroamérica. Sin embargo, la brecha es grande entre los principales jugadores: mientras Brasil supera las 300 plantas productoras, Colombia tiene seis y Perú comienza su intento por entrar en la liga con dos plantas. “La experiencia de Brasil y Estados Unidos en desarrollar su industria del etanol a través de políticas como la creación de un estándar para los diferentes tipos de mezcla entre el etanol y la gasolina es un buen ejemplo para Colombia. El reto es expandir la industria en parte a través de todo el potencial que tiene el mercado doméstico. Para eso vamos a necesitar el apoyo del Estado”, dice Johan Martinez de la asociación de caña de azúcar de Colombia, Asocaña. Lo que significa que para estos nuevos mercados es importante copiar la fórmula del éxito de los grandes y que hoy está en cuestión. PERÍODO DIFÍCIL El mercado del etanol concentra el 82 por ciento del mercado de los biocombustibles. A pesar de su crecimiento en producción en los últimos años, en 2012 la industria se desaceleró. “Los precios del azúcar varían ampliamente. Cuando aumentan, la producción de etanol disminuye. Por eso las compañías decidieron apostar a los altos precios del azúcar hace dos años. Hubo una crisis de producción de etanol y eso causó la reducción de la mezcla obligatoria

entre etanol y gasolina de 25 por ciento a 20 por ciento en Brasil”, explica Luiz Antonio Lemos, abogado brasilero que se especializa en derecho empresarial, especialmente en las áreas de energía e infraestructura. Otros factores que contribuyeron a una baja en la producción de etanol fueron los bajos precios de la gasolina en Brasil y las condiciones climáticas. Al mismo tiempo, las importaciones pasaron de 78 millones de litros a 1.451 millones de litros, de acuerdo a los registros de la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (União da Indústria de Cana-de-Açúcar – Unica). Para 2013 se anunció que el porcentaje de mezcla regresará a 25 por ciento desde mayo y se espera que esto cause un aumento de los precios de la gasolina. Por esto y por una baja en los precios del azúcar, Unica prevé un incremento en la producción de etanol en Brasil. El otro factor clave que podría afectar sus proyecciones son las condiciones climáticas. En el caso de Estados Unidos, la sequía del año 2012 –clasificada como una de las peores en la historia de Estados Unidos por el National Climatic Data Center, también afectó a la industria del etanol. Mientras que la producción de etanol en 2011 Estados Unidos fue de 53 mil millones de litros, en 2012 bajó a 50 mil millones de litros. Iowa concentra 28 por ciento de la producción nacional de etanol, que en este caso es a base de maíz, y por primera vez en 10 años no incrementó su producción del biocombustible, sino que se mantuvo igual a la de 2011, según informó laIowa Renewable Fuels Association (IRFA).en un comunicado. “Al final nos mantuvimos iguales, pero todos están rezando por lluvia y un buen rendimiento del maíz en 2013 para que la industria se reactive”, dijo Monte Shaw, director de la IRFA. Algunas compañías en otros estados tuvieron que salir del negocio o cerrar temporal sus plantas y declarar pérdidas. Tal es el caso de Valero Energy, una de las principales empresas productoras, que en junio tenía cerrada temporalmente dos de sus plantas en Nebraska e Indiana y en octubre reportó para el tercer trimestre de 2012 pérdidas de 73 millones de dólares en su negocio de etanol. Otras compañías de menor escala como Central Minessotta Ethanol y Agri-Energy también anunciaron el cierre de sus plantas. “La disminución en el ingreso de operaciones de etanol se debió a márgenes brutos significativamente más bajos causados por una combinación de altos precios del maíz y altos inventarios de la industria del etanol, atribuibles a una baja en la demanda de etanol y gasolina”, explicó Valero Energy en su tercer reporte trimestral de 2012. Archer Daniels Midland, POET Biorefining and Valero Renewable Fuels son los principales productores de etanol en Estados Unidos. En el gigante latinoamericano y más grande productor de etanol de la región, Brasil, las más importantes son:Copersucar, Biosev (Dreyfus), Odebrecht Agroindustrial (ETH Bioenergia) y Raízen (una alianza de Cosan y Shell). Otro problema para la industria es una disminución en el apoyo de los ambientalistas. Muchos ambientalistas cambiaron de bando. Por años apoyaron a esta industria como una opción contra el cambio climático. Ahora, hacen lobby para frenar o modificar leyes asociadas con la producción de etanol. Se enfocan sobretodo en el hecho a base de maíz, porque ya no creen más que los beneficios ambientales del etanol contrarrestan el impacto ambiental negativo que se produce por el uso de fertilizantes para cultivar el maíz. “Nos oponemos a cualquier fuente más de gasolina o una industria de etanol a base de maíz artificialmente expandida. Somos escépticos. No estamos convencidos que los biocombustibles avanzados son técnicamente o ambientalmente una buena opción”, dijo Craig Cox del Environmental Working Group. Distintos estudios de los ciclos de vida de las emisiones de gases del efecto invernadero indican que el etanol a base de maíz puede generar más emisiones que el etanol a base de caña de azúcar. “En relación con la gasolina de petróleo, el etanol de maíz, caña de azúcar, residuos de maíz, hierba –switchgrass- y miscanthus –plantas- pueden reducir los ciclos de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero”, indica un trabajo en IOPscience,una publicación del

instituto de física de Londres. “Necesitamos mejores estándares para la protección del medio ambiente y necesitamos vehículos eléctricos. Si podemos tener este tipo de vehículos ni siquiera necesitaríamos a los biocombustibles. Ahora estamos desperdiciando dinero en estas soluciones que no son reales”, enfatiza Michal Rosenoer que era parte de la organización Friends of the Earth. Además en Brasil, donde la materia prima es caña de azúcar, la industria ha enfrentado cuestionamientos por las condiciones laborales de sus trabajadores, un problema heredado de la industria azucarera y que el Ministerio del Trabajo de Brasil ha seguido con la intención de frenar los excesos. Jornadas extensas, condiciones ambientales desfavorables, ausencia de contratos colectivos, desnutrición y alojamiento inadecuado son algunas de las situaciones que han detectado organizaciones como Fundacentro. Desde el Banco Mundial indican que esta situación debería mejorar por la industrialización de los procesos de recolección de caña de azúcar. Las inversiones en alternativas energéticas comienzan a competir con el biocombustible. Otras opciones como el etanol de segunda generación, derivado de residuos agrícolas, madera y otras fuentes orgánicas comienzan a explorarse, al tiempo que la producción de automóviles eléctricos avanza a pasos agigantados. En sus esfuerzos por crecer, la industria del etanol quiere venderse también como una opción de combustible para los aviones. Para el año 2015, British Airways planea tener biocombustibles en su flota. Junto con otras aerolíneas europeas como Lufthansa y Air France/KLM forman la European Advanced Biofuels Flight Path Initiative iniciativa lanzada para acelerar la comercialización de combustibles aéreos en Europa. Pero la incertidumbre acerca del futuro del etanol permanece –en parte por su dependencia de mandatos gubernamentales e incentivos fiscales y, en parte por el impacto de las sequías. Una mezcla que ha llenado de grandes sombras oscuras sobre el otrora negocio verde. Vea serie de reportajes en http://www.connectas.org/project/et/es/index.html Fuente: CIPER Centro de Investigación Periodística 31 mayo 2013

PERU CGTP DENUNCIARA EN GINEBRA QUE HUMALA VIOLA DERECHOS LABORALES RECHAZAN PROYECTO DE LEY 1846 Los trabajadores estatales realizan una huelga indefinida a nivel nacional como reacción ante lo que consideran una norma que vulnera sus derechos laborales y constitucionales. Ellos rechazan el proyecto de ley 1846 porque atenta contra la estabilidad laboral y vulnera todos los derechos ganados en la lucha. Los empleados públicos cuestionan el tema del régimen de evaluación que estipula el documento. Temen que si un trabajador no apruebe las evaluaciones sea despedido. Para ellos, su trabajo se trata de un derecho adquirido. Asimismo, denuncian que el proyecto no permitirá que los empleados estatales realicen procesos de negociación colectiva con las instituciones públicas. Según dicen, este punto viola un derecho que estipula la Constitución Política. Los servidores públicos afirman que se prohibirá su derecho de huelga. De igual modo, se critica que la posible norma no establece una escala remunerativa de los trabajadores dentro del Servicio Civil. Como se sabe, el secretario general del gremio, Mario Huamán, indicó a RPP Noticias que se denunciarán estas irregularidades durante la participación de la CGTP en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se llevará a cabo en junio próximo en Ginebra (Suiza).

PERU CAJAMARCA PRESIDENTE REGIONAL DE CAJAMARCA GREGORIO SANTOS SOBRE CONGA: "ENGAÑOS DEL GOBIERNO AGUDIZAN CONFLICTOS"

Señaló sentirse engañado por el Gobierno, ya que "nunca paralizaron el proyecto Conga". El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, señaló que el enfrentamiento producido hoy en Cajamarca entre policías y comuneros, se debe al anuncio de la construcción de diques alrededor de la laguna El Perol, hecho que ha indignado a los pobladores de Celendín y Bambamarca, según refirió. "Este hecho se ha generado debido a las declaraciones del primer ministro, de Roque Benavides y demás autoridades del gobierno, los guardianes solo se dirigían a supervisar, fiscalizar la laguna, y fueron atacados con disparos por miembros de la Dinoes", explicó a través de RPP Noticias. Desde el anterior conflicto de Conga, se mantiene un contingente de la Dinoes en la zona, en total, refirió, son 200 a 600 efectivos en toda la zona. Señaló sentirse engañado por el Gobierno, ya que "nunca paralizaron el proyecto Conga" tal como lo señalaron con anterioridad. "El gobierno central lo ha excluido al gobierno regional de Cajamarca de todo tipo de diálogo, no nos han comunicado hace más de año y medio sobre el tema", lamentó. Asimismo, sostuvo que la Oficina Nacional de Diálogo no le da valor a la palabra de un alcalde. "Es un saludo a la bandera", acotó. Como se sabe, esta tarde el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, denunció que efectivos de la Policía Nacional dispararon contra un grupo de guardianes que se dirigían a la alguna El Perol, producto de ello, una persona resultó herida.

MARCO ARANA DENUNCIA ATAQUE DE POLICIAS CONTRA GUARDIANES DE LAGUAN EL PEROL Marco Arana denuncia ataque de policías contra guardianes de laguna El Perol Enfrentamiento de policías contra comuneros deja herido a un comunero ENFRENTAMIENTO DE POLICIAS CONTRA COMUNEROS DEJA HERIDO A UN COMUNERO Según informó, los campesinos fueron atacados en plena carretera.

El líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, denunció que efectivos de la Policía Nacional dispararon contra un grupo de guardianes que se dirigían a la alguna El Perol, producto de ello, una persona resultó herida. Dicha persona fue identificada como José Guillermo Cueva, de 30 años, quien resultó herido en el brazo y abdomen, según informó Arana a través de Canal N, quien a su vez culpó del hecho a la minera Yanacocha. El hecho se produjo aproximadamente a las 3 p.m. cuando un grupo de campesinos se dirigía a la referida laguna. "Antes que llegaran, la policía les ha disparado, uno de ellos está herido, ahora lo están llevando a un centro de salud cercano", dijo. Según explicó, la policía abrió fuego sin aviso alguno, al parecer, con el fin de disuadirlos que lleguen a dicho lugar. "Menos mal los campesinos se dispersaron, sino se hubiese producido algo peor, al parecer hay otros heridos", refirió. YANACOCHA ADVIERTE QUE "NO ESPERARÁ A QUE LAS ELECCIONES DEFINAN CONGA" Desafío. Gerente general de minera afirma que trabajan en una transformación para 30 años. Dice que enmendarán errores y espera que el Estado haga lo mismo. Minera Yanacocha no aguardará con paciencia hasta las elecciones del 2014 para definir el futuro de su megaproyecto Conga, por lo que trabaja intensamente para recuperar la confianza de la población de Cajamarca, afirmó su gerente general y de asuntos corporativos, Javier Velarde. "Sería hasta irresponsable de nuestra parte que estemos sentados esperando que las elecciones terminen definiendo el futuro de la empresa. Nosotros tenemos una responsabilidad, y esa es mejorar nuestra relación con Cajamarca para que la gente crea en nosotros", dijo. El funcionario se refería, aunque sin mencionarla, a la oposición del presidente regional Gregorio Santos. Velarde agregó que esa es la transformación que trata de hacer Yanacocha en beneficio de la empresa, de Cajamarca y del Perú. No obstante, reiteró que en el caso de Conga, como en otros proyectos mineros, han habido muchas fallas del Estado y de las empresas. "Todos tenemos que hacer más y mejor; el Estado debe actuar con más energía, no para reprimir sino para comunicar mejor, para informar a la población para ser parte de la comunicación. Es malo que solo la empresa tenga que dar las explicaciones a la comunidad de lo que se quiere hacer. En general, en el país la credibilidad es mala, hay desconfianza mutua", sostuvo el ejecutivo. Velarde anunció que en tres semanas entra en funcionamiento el reservorio de Chailluagón, al que serán trasvasadas las aguas de la laguna El Perol. Sin embargo, este espejo de agua es custodiada por los ronderos que se oponen al proyecto cuprífero. Al respecto, Velarde dijo que quisiera que conozcan el reservorio que permitirá tener agua en época de lluvia y en secano. La clave En la víspera, mediante su cuenta de Twitter, Marco Arana, dirigente de Tierra y Libertad, lanzó una advertencia ronderil: "Si se atreven a bombear agua de la laguna El Perol, será lo último que Yanacocha haga antes de ser expulsada de Cajamarca". Minutos antes pidió a Yanacocha que se retire. Fuente : La República.pe 29 mayo 2013

LOS IMPONDERABLES DE LA CONSULTA PREVIA EN PERU

Por Javier La Rosa Coordinador del Área sobre Pueblos Indígenas del IDL Cuando, en septiembre del 2011, el presidente Ollanta Humala promulgó en Imacita (Bagua) la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, él y su Gobierno no calcularon una serie de circunstancias y de efectos de esta norma: transcurridos desde entonces cerca de 20 meses, no se ha llevado a cabo ninguna consulta, y es probable que su aplicación se vea dificultada en el futuro próximo, con las consecuencias que ello puede acarrear para el país y los pueblos indígenas. No pretendo con esta introducción sostener que deberíamos regresar al statu quo anterior a la Ley, ni promover su sustitución; lo que señalo es que los diversos actores involucrados en esta temática (el Estado y los pueblos indígenas) tendrían que reflexionar e identificar cuáles fueron los elementos que se abordaron de manera ligera o que no se consideraron suficientemente cuando se promovió esta legislación que convirtió al Perú en el primer país de la región, suscriptor del Convenio 169 de la OIT, que desarrollaba a través de una ley nacional el derecho a la consulta previa. Siguiendo este razonamiento, y sin la pretensión de abarcar todas aquellas condiciones indispensables que podrían ser materia de análisis, quisiera ensayar algunas hipótesis sobre uno de los actores involucrados.1 En este sentido, en primer lugar, una suerte de verdad de Perogrullo es que el Estado, en sus diversos sectores, no tenía la capacidad para implementar este procedimiento ni siquiera en su modalidad más básica: un diálogo formalista y de mero trámite. Al respecto, después de casi 200 años de era republicana en los que los pueblos indígenas han estado sometidos a condiciones de subordinación y marginalidad, la estructura estatal no solo no estaba preparada para un cambio mayor, sino que no existía en la mayoría de funcionarios públicos ni el conocimiento ni las habilidades para relacionarse de modo distinto con los sectores indígenas o que respondían a una lógica cultural diferente. Diversos ejemplos dicen mucho de los fallidos intentos del Ejecutivo y sus desencuentros con las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas, incluso sobre aspectos denominados formales pero que, en este caso, dado el carácter de la relación intercultural, tenían otro significado. En segundo lugar, de parte del Ejecutivo, encargado de implementar este tema, no había la disposición para crear condiciones que atenuaran la desconfianza estructural de los pueblos indígenas hacia el Estado. No abundaré en explicaciones sobre esta mala relación que casi siempre ha existido entre ambos sectores, lo que se corrobora por diversos estudios académicos que reconocen que la conducción estatal a lo largo de la historia ha oprimido por lo general a los pueblos y, en el “mejor” de los casos, ha buscado asimilarlos e integrarlos. No debe entonces

extrañar que la respuesta de los sectores indígenas haya sido de rechazo o de silencio. No hubo una clara comprensión de lo que realmente era la consulta previa; en este caso ha habido, por cierto, una responsabilidad mayor en los representantes estatales. En tercer lugar, ninguno de ambos sectores ha comprendido con claridad lo que realmente era la consulta previa, habiendo por cierto en este caso una responsabilidad mayor en los representantes estatales:2 al momento de formular las medidas reglamentarias que permitiesen darle contenido a este derecho, lo ‘procedimentalizaron’, lo tornaron inflexible y descuidaron el aspecto más importante: el desafío de llevar a cabo un diálogo intercultural genuino. Considero que ésta ha sido una de las principales debilidades en todo este intento de plasmación de la consulta previa, y que de no corregirse puede arruinar este esfuerzo. Al respecto, se han asumido algunas creencias equivocadas o insuficientes, como pensar que solo cabe el diálogo en una de las etapas de la consulta; o que basta que se haga en el idioma del pueblo indígena consultado; o que si se les informa sobre sus derechos a los pueblos ya es suficiente; o que diálogo es lo mismo que negociación y que, por ello, se debe arribar necesariamente a un acuerdo. Pero tal vez la más importante omisión haya sido el no tomar en cuenta cuál debe ser la finalidad de este diálogo intercultural, para qué lo haríamos si insistimos en nuestras visiones tradicionales y poco pluralistas, si no se produce un cambio en la actuación de las partes, si no empieza a transformarse el Estado. Finalmente, una última explicación tiene que ver con las medidas complementarias que debieron aprobarse en forma paralela para que funcionase la consulta previa. Nos referiremos a una de ellas, la creación de una entidad estatal especializada en pueblos indígenas que permitiera formular y asesorar las distintas políticas públicas que el Estado promoviera, en la que los propios interesados, pudieran haber tenido voz y opinión decisoria. Nada de esto ha ocurrido, y el encargo que se le ha dado al Viceministerio de Interculturalidad, cuando se lo ha definido como órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo3 ha desvirtuado este propósito, porque se trata de una dependencia gubernamental que responde solo ante el Gobierno y no contempla la posibilidad de participación de los propios interesados, es decir, los pueblos indígenas. Lo que sigue Creo que solo en la medida en que se reconozcan estos elementos y se efectúen las rectificaciones podrá retomarse una relación adecuada entre el Estado y las organizaciones de los pueblos indígenas. Pienso que ello es aún posible, que es factible convocar a un diálogo verdadero en el que se perciba la voluntad estatal de corregir aquellos aspectos que los pueblos demandan o aclarar debidamente lo que se encuentra enrarecido. Las organizaciones demandan una modificación de la Ley de Consulta, la creación de una institucionalidad estatal de la que ellos sean partícipes, que sus voces sean escuchadas en las diversas instancias estatales y que se haga el esfuerzo por comprenderlos y por no decidir por ellos. Comprobaremos que existe esta voluntad política si se empiezan a dar señales desde el Estado para mejorar sus capacidades técnicas en las diversas instancias, si toman la iniciativa de convocar a los pueblos a través de sus organizaciones a diálogos sinceros, en igualdad de condiciones, con respeto a las visiones culturales diferentes, y sin un único paradigma de lo que se entiende por desarrollo para el país. Esperamos que así sea. 1 En una posterior entrega me referiré a las organizaciones de los pueblos indígenas, y, más adelante, al papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación. 2 Debe tomarse en cuenta que, según el Convenio 169 de la OIT, es el Estado quien tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas que los afecten. 3 Según el artículo 19.° de la Ley de Consulta Previa. Fuente: Ideele Revista – 29 mayo 2013

PERU - FRANCIA FRANCIACOLECTIVO ALDEAH AGUA SI ORO NO En muchas partes del mundo, la lucha por el agua y el medioambiente se ha vuelto el eje central de resistencia a formas de vida contrarias a la vida misma. El gobierno peruano de Ollanta Humala empujado meramente por intereses financieros a favor de las empresas mineras extractivistas ha dado luz verde al proyecto minero Conga. Al negarse a publicar la base de datos de las pueblos indígenas, al permitir el silencio administrativo con la ley de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, al dar como límite de aprobación de 100 dias a los EIA, al crear un equipo de ejecutivos o gestores que se encargarán de dar seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión, al permitir que el acceso a terrenos para obras de infraestructura se agilice, gracias a una reciente ley que separa el acto de expropiación del pago de un justiprecio, entre otras medidas recientes, el gobierno peruano ha lanzado su clara trayectora extractivista por encima de la voluntad del pueblo, por encima de la defensa del medio ambiente, al desmedro de la salud y de formas de vida de las poblaciones.. Las empresas financieras de tales proyectos ecocidas en menosprecio de la voluntad popular merecen todo nuestro repudio. Es así que cuestionamos a BNP Paribas , que con su fondo de inversión basado en el Luxemburgo, invierte 5,73% de sus fondos en el mercado financiero estadounidense en Newmont Mining, asociado principal de Yanacocha, empresa que lleva a cabo el proyecto minero Conga, conocida a nivel mundial por sus casos de contaminación ambiental. La resistencia del pueblo cajamarquino lleva ya más de un año y desde octubre pasado los guardianes de las lagunas protegen y defienden a las lagunas, fuentes de agua, fuentes de vida. Ellos y sus dignos dirigentes, acosados por una campaña mediática que utiliza todo tipo de argumentos para embarrarlos y desprestigiarlos, se demuestran firmes en la lucha y la resistencia pacífica. Ellos reciben toda nuestra solidaridad y apoyo. Mucha sangre ha corrido ya en la resistencia pacífica contra un proyecto minero devastador, hace dos días fue herido José Guillermo Cueva Huamán por la policía al servicio de la mina, basta ya de violencia contra el pueblo y la naturaleza. No al proyecto minero Conga! No más muertos ni heridos! Agua si oro no! Si a la vida! CONGA NO VA NI AHORA NI NUNCA Enviado por R. Neyra 30 mayo 2013

PERU LA CRISIS MORAL Por Antonio Zapata La política se halla en un nivel deplorable. La ciudadanía intuye que los ex presidentes Toledo y García han actuado en forma corrupta. Es la misma situación de Castañeda por Comunicore y de Acuña por confesar que compra votos con su plata. Pronto, los memoriosos recordarán a Lourdes y Cataño, sin olvidar a la hija del dictador, quien ha condenado en el gobierno actual un supuesto montesinismo, que sin embargo se practicaba a vista y paciencia durante el gobierno de su padre, de quien fue primera dama. La sensación generalizada es que todos están embarrados y que estamos frente a una honda crisis moral. Así, el panorama político revela la enorme actualidad del libro del recordado Alfonso

Quiroz, sobre la historia de la corrupción, traducido y publicado recientemente por IEP IDL. Quiroz retrata la corrupción en el largo tiempo histórico, desde el virrey Amat hasta Alberto Fujimori. Son 250 años que evidencian su escandalosa continuidad en el estado y la sociedad peruana. Puestos en perspectiva, los sucesos que estremecen a la clase política actual confirman el argumento del autor. Se trata de una raya más del viejo tigre peruano, manchado por una marca de nacimiento. Los virreyes venían a enriquecerse y la elite económica sabía ganárselos, a través de regalos y sobornos. Desde el comienzo, los actores de la corrupción se hallan en los dos lados de la mesa, son empresarios coimeros y malos funcionarios en lo más alto del poder. Puesto así, parece un libro pesimista. La corrupción nos acompaña desde nuestro nacimiento y sigue presente en toda nuestra historia. Parece una compulsión que se repite sin cesar. Pero, Quiroz carece de tono pesimista, es más bien burlón y utiliza su humor para sostener que la corrupción es curable, susceptible de ser erradicada. En primer lugar, muestra que el país siempre ha dispuesto de una sólida reserva moral. Tanta corrupción motiva su opuesto y somos también un país de moralistas puros y duros. Así, tenemos dos historias paralelas. Los corruptos que se benefician de las rentas del Estado y los campeones de la lucha anticorrupción. Éstos han reiterado propuestas de saneamiento político que atraviesan nuestra historia y confieren esperanzas, porque nunca mueren y se renuevan persistentemente. Contando con esa base ética, ¿cómo lograr su triunfo? Para empezar, saber que es una batalla de largo aliento, porque el cáncer está avanzado. Es más, entre oro informal, narcotráfico y contrabando, la ilegalidad ha dado pasos enormes y estamos en situación crítica. La ciudadanía está poseída por una sensación de urgencia. No será el terrorismo y la hiperinflación, pero la delincuencia y la corrupción están reintroduciendo la sensación previa al hundimiento de un régimen político. Según Quiroz, se requiere actuar sobre dos áreas claves del Estado: su capacidad de sanción, que comprende tanto a la Policía como al Poder Judicial. Luego, algunas instituciones claves, que si funcionaran con eficiencia podrían reducir las malas prácticas. Para empezar, la Contraloría General de la República, que cuenta con un funcionario en cada repartición pública, encargado de evitar el robo en el mismo momento que está ocurriendo. También la OSCE, que supervisa los contratos del Estado y la misma SBS, que regula la institución clave del mercado, como es el sistema bancario. Pero, la situación de estas instituciones también es alarmante. Unas son de perfil bajo y sus éxitos no son relevantes. Las otras son vistas como corruptas, tanto o más que los ex presidentes. No hay solución y como la vida de los estados no se detiene, es posible una nueva crisis, como la resuelta por Fujimori. El horizonte amenaza con un líder autoritariopopulista encargado de la salvación nacional. Aún estamos a tiempo para evitarlo. En víspera de su bicentenario, el Perú necesita refundarse democráticamente. Antes que vuelvan las redes de corrupción que describe Quiroz, sería mejor ensayar el camino señalado por nuestros moralistas. Fuente : La República.pe 29 mayo 2013

PERU PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE MIGUEL A. GUERRERO: FLAGELO DE LA CORRUPCION ESTA PRESENTE EN LA POLICIA Y EL INPE

Guerrero Miguel, Pdte Poder Judicial de Lambayeque Precisión. Presidente de la Corte de Lambayeque, planteó que los malos servidores no deben ser parte de estas instituciones y por el bien de la seguridad ciudada na. Por Ysela Vega Chiclayo “Los actos de corrupción están presentes en el seno de la Policía Nacional y el INPE, flagelo que conlleva al fortalecimiento de las mafias organizadas en delitos de extorsión y sicariato”, expresó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Miguel Ángel Guerrero Hurtado, quien dijo que ante esta problemática se convierte en una necesidad la purga de malos elementos que solo dañan las entidades y colocan tropiezos en las labores a favor de la seguridad ciudadana. Es la sociedad civil la que debe asumir el compromiso por salvaguardar la seguridad ciudadana, pero son las autoridades quienes tienen la obligación no solo de hacer cumplir las normas sino de dar el ejemplo con su desempeño, priorizando el interés común, considera Guerrero, quien sostiene que son los titulares de las instituciones los que deben participar directamente en las sesiones de coordinación, lo que lamentablemente no se cumple. Para Guerrero las críticas de la población y los resultados negativos de las encuestas practicadas a nivel nacional, que indican que los ciudadanos no están satisfechos con la labor que realiza la Policía y el INPE, tienen asidero, en razón a los sucesos que a diario se registran. Es innegable La autoridad manifestó que la población sufre de inercia y su grado de desconfianza es alto para estas instituciones. Es por eso que aseguró que en la Corte de Lambayeque se ejecutan estrategias para erradicar hechos que perjudican la administración de justicia. Aunque señaló que es inaudito que en el penal de Chiclayo sigan ingresando celulares, chips y otros objetos prohibidos, lo que siembra dudas si los propios agentes penitenciarios se convierten en cómplices del delito. “Son las personas que llegan a este recinto en calidad de visita las que son revisadas por los servidores del INPE. No estaría mal que ellos también sean revisados, por medidas de seguridad”, argumentó. Una similar situación ocurre en el ámbito de la Policía, debido a que en más de una ocasión los custodios del orden han sido detenidos por cobrar “coimas”. “Estos hechos son evidencias firmes

que la corrupción sigue afectando”, afirmó y dijo que el trabajo descoordinado y la falta de cohesión son sus aliados. CLAVES Guerrero invocó a la unión de todos los entes involucrados para rediseñar un plan de seguridad ciudadana, así como la aplicación de sanciones para quienes infringen las leyes, desterrando también el favoritismo. Además, precisó que la adquisición de bloqueadores para colocarlos en el penal de Chiclayo paliaría este problema social. Fuente : La República.pe 29 mayo 2013

PERU ASESOR PRESIDENCIAL ADRIAN VILLAFUERTE APARECE VINCULADO A PUGNAS POR CONTROLAR EL CAEM

El Centro Militar de Altos Estudios Militares (CAEM) cuenta actualmente con dos directores en pugna por el control de la institución; uno de ellos apoyado por el asesor Adrián Villafuerte, reveló ayer IDL-Reporteros. Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, en un artículo titulado "Las ideas se exponen, los cargos se imponen", indica que el CAEM tiene como director a Luis Piscoya Hermoza, reconocido por el Ministerio de Defensa, y como director encargado a Alex Robertson, amigo y ex compañero de promoción en la escuela militar del coronel Adrián Villafuerte, asesor del presidente Humala. Anota que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el viceministro Mario Sánchez se declaran "impotentes" de resolver este conflicto. IDL-Reporteros señala que si Alex Robertson se aferra al cargo y controla al personal del CAEM contra la opinión del Ministerio de Defensa es por el respaldo que le daría Villafuerte. Mientras, el otro director, Piscoya Hermoza, fue cesado aprovechando que realizó un viaje académico a España; ahora ocupa la oficina de su secretaria.

PERU REPORTAN 114 ACTOS DE CORRUPCION EN ENTIDADES DEL ESTADO EN SOLO 3 MESES Indicadores. Solo 4 actos concluyeron con el despido del trabajador, según Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. En el último trimestre del 2012, se reportaron 114 procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupción, en los que estuvieron involucrados 124 empleados públicos de diferentes entidades estatales. Esta realidad que clarifica lo que ocurre al interior del Estado la recoge el primer reporte del Registro de Procedimientos Administrativos vinculados a Actos de Corrupción (Reprac) de la

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Ahí se detalla que la corrupción o presunta corrupción puede encontrarse en cualquier nivel: el 14% de los casos implica a funcionarios y directivos, 23% a profesionales de nivel medio, 40% a técnicos, 1% a auxiliares y el 22% restante a empleados de otras categorías. El documento también precisa que la norma infringida más recurrente es el uso inadecuado de los bienes del Estado (50 procesados). Luego le sigue el incumplimiento del deber de imparcialidad (neutralidad) (30 procesados), la obtención de ventajas indebidas (11 procesados), apropiación de los bienes del Estado (4 procesados), entre otros (29 procesados). Igualmente advierte que de los 114 solo 16 casos (14%) se encuentran concluidos. Los 98 restantes (86%) se encuentran aun en trámite. Respecto a los procesos concluidos, el plazo promedio para que lleguen a término fue de 227 días hábiles, aunque uno de ellos demoró 836 días hábiles. Es decir, como unos 36 meses (3 años). Pero, de esos 16 casos, solo se sancionó a 12 empleados públicos y a 2 no se les impuso ninguna sanción. Del grupo de los sancionados, a cuatro se les multó, a otros cuatro se les despidió, 3 fueron suspendidos, y uno recibió una amonestación por escrito. Sin embargo, solo seis de las sanciones impuestas se encuentran firmes, pues el resto fueron impugnadas (5 apelaron y uno ha sido objeto de reconsideración). Por todo esto, la CAN ha recomendado al Gobierno y a las entidades públicas diseñar e implementar una estrategia para fomentar e incentivar la denuncia motivada y de buena fe de las infracciones vinculadas a actos de corrupción entre sus trabajadores; además de conseguir que estas concluyan dentro de un plazo razonable.

CONGRESO PIDE ESCLARECER CRIMEN DE DIRIGENTE NATIVO La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso acordó solicitar al Ministerio del Interior el envío a Satipo de un grupo especial de investigación para esclarecer el asesinato del dirigente nativo Mauro Pío Peña, quien fue ultimado a balazos por presuntos sicarios. Según familiares y amigos del presidente de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, este había recibido amenazas de muerte de empresas aserradoras y de invasores de tierras. La tarde del último lunes, dos sujetos, en una moto lineal, interceptaron a Pío Peña y le dispararon dos balazos. Uno de los proyectiles le impactó en la cabeza y le causó la muerte. Pío Peña, según coincidieron en destacar los congresistas Casio Huaire y Federico Pariona, era un luchador social que estaba en contra de la tala ilegal y la contaminación de los ríos en la selva central y cuyo asesinato no puede quedar impune. Luego de expresar su indignación por lo ocurrido con el dirigente nativo en Satipo, el legislador Eduardo Nayap dijo que no solo se debe sancionar a los responsables, sino también poner en práctica medidas preventivas. Fuente : La República.pe 29 mayo 2013

ESTADO PERUANO UTILIZA POCOS RECURSOS PARA DETENER LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Alarma. Según informe de la Defensoría, solo un ministerio usa 20% del presupuesto para la tarea. Las regiones no apoyan.

Por Marita Samanez Cornejo. “Diana” (28) vive soportando los golpes de su pareja desde hace cuatro años. En su última denuncia ante la comisaría de Lurín, se burlaron de ella y, aludiendo a su procedencia, le dijeron que debía ir a su pueblo natal, Huánuco, para hacer la denuncia. Quizás allá podían hacerle caso. Ella llegó hasta el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en Villa El Salvador buscando ayuda legal. “Cuando está borracho me dice que me largue de la casa y me saca a cachetadas. Lo aguanto porque mis hijos lo quieren y no tengo dónde ir”, dice. El responsable de esto tiene nombre: Juan Carlos Mamani Mamani, de 27 años. Este caso, sin embargo, no figura en alguna base de datos, única, de las distintas instituciones que atienden estos temas sobre violencia de género, advierte el defensor del Pueblo, Eduardo Vega. "El Congreso debe reunir la información de diversos sectores y entidades vinculadas para tener un diagnóstico de la incidencia de violencia contra la mujer en el país", comentó. Pero si eso así ocurre con los datos, también hay problemas con el presupuesto. La Defensoría del Pueblo difundió ayer un informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. En este Plan se establece que cinco ministerios son los responsables de asignar presupuesto para combatir la violencia contra la mujer: las carteras De la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores. Pero de ellos, solo el Ministerio se la Mujer destina el 20% de su presupuesto. El Ministerio de Justicia alcanza el 2,7%. Mientras que los demás ni siquiera llegan al 1% de su presupuesto, según la Defensoría del Pueblo. "Establecer y ejecutar un presupuesto define las políticas públicas del gobierno para luchar contra esta problemática. En un estado descentralizado tanto en el gobierno nacional como en el regional y local tienen la obligación de hacerlo", dijo Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría.

Tampoco las regiones En las regiones, el panorama es igual. Solo 8 de las 25 regiones del país asignan recursos para reducir la violencia de género. Apurímac es la zona más golpeada. En esta región el 81% de mujeres denunció ser víctima de violencia psicológica y el 50,3% de violencia sexual, dice el informe. Otras entidades encargadas de atender los casos de violencia son el Ministerio Público, el Poder Judicial y Ministerio de Salud. Eduardo Vega indica que el Estado no está preparado para enfrentar los casos de violencia contra la mujer. "Muchas mujeres que denuncian sus casos no confían en que se sancione a sus agresores. Ellas encuentran que no hay políticas públicas adecuadas que reduzcan los altos índices de violencia familiar y sexual", señala. Se necesitan casas refugio La Defensoría del Pueblo pidió implementar más casas refugio en todo el país, como para Apurímac, donde se registran más casos de violencia contra la mujer, pero no existe ninguna sede. De las 47 casas refugio en todo el país, 16 son del Estado y las otras 31 se sostienen por la sociedad civil y las iglesias. El año pasado los CEM atendieron 28.385 nuevos casos.

PERU CONGRESO POSTEGA DEBATE DE LEY DEL SERVICIO CIVIL TRAS PROTESTA DE LOS TRABAJADORES ESTATALES Legisladores convocarán a dirigentes de los servidores públicos para escuchar sus recomendaciones y mejorar la norma. Ejecutivo asegura que ley no apunta a despidos sino a la meritocracia. El objetivo de la propuesta es reformar la planilla del Estado: en una primera etapa incluirían a más de 500 mil servidores públicos. En tanto, se preveía que la iniciativa aprobada previamente por la Comisión de Presupuesto, el pasado 9 de mayo, no sería puesta en discusión en la sesión del Pleno del Congreso de ayer. La Comisión de Presupuesto, presidida por el nacionalista Josué Gutiérrez, aprobó –en una sesión de alrededor de una hora– la iniciativa presentada por el Ejecutivo con modificaciones referentes a garantizar el derecho de sindicalización, menor plazo en la negociación colectiva, el derecho a la huelga y también las evaluaciones a los trabajadores. Por ello, dicho grupo de trabajo pidió la exoneración del debate en la Comisión de Trabajo y que pase directamente a la discusión en el Pleno. Lo que generó un impasse entre ambas comisiones. La Ley 1846, o Ley del Servicio Civil, promovida por el gobierno y que fue enviada en enero pasado al Congreso, es la llamada gran reforma laboral del Estado. Pero esta iniciativa ha sido criticada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hace dos semanas, la OIT envió un informe técnico en el que señala que encontraba desequilibrado el proyecto del Ejecutivo, y si bien saludaba la iniciativa de reformar el empleo estatal, cuestionaba una serie de violaciones de acuerdos firmados con la OIT. La organización sugirió que en el texto del proyecto se establezca como obligación respetar las disposiciones de los convenios de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva ratificados por el Perú. Además recomendó "realizar las consultas oportunas con los actores sociales". Actualmente hay 500 mil trabajadores de los regímenes del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), la carrera administrativa (Decreto Legislativo 276) y la actividad privada (Decreto Legislativo 728) e ingresan a la administración pública 40 mil trabajadores. En esta reforma están excluidos los profesores, los trabajadores de salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por tener regímenes especiales. Según esta iniciativa, la migración al servicio civil es voluntaria y dependerá de cada entidad pública si la aplica o no. Se prevé que su implementación sea progresiva, por lo que se cree tomará 7 años. Trascendió que el Ejecutivo buscaría celeridad en la aprobación de esta norma, pues sería un anuncio importante para el 28 de julio y también con el objetivo de que ingrese al debate del Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2014.

LAS REFORMAS QUE PLANTEA EL NUEVO RÉGIMEN LABORAL ESTATAL La Ley de Servicio Civil plantea entre sus principales reformas la meritocracia en el sector público para el acceso y permanencia sujetos a evaluación, cambio integral para agrupar a los trabajadores de acuerdo con sus funciones, creación de la carrera pública y reducción de inequidades salariales. En el dictamen de la Comisión de Presupuesto se indica que el pago de aguinaldos y vacaciones será definido en el reglamento. Además, el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivaldrá al 50% del cálculo del promedio de la remuneración pagada cada mes durante los últimos tres años. En tanto, se conoció que este grupo de trabajo iba a presentar ayer un texto sustitutorio en el que se incluían tres puntos a pedido de los servidores públicos: la eliminación del periodo de prueba de tres meses que se habría establecido para la incorporación de los servidores, la estabilidad laboral absoluta y el pago de CTS, para lo cual se considerará un sueldo completo. Fuente : La República.pe 31 mayo 2013

PERU - ABU DHABI - INVERSIONES O INVASIONES FINANCIERAS

La delegación peruana encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sostuvo hoy encuentros con más de 100 empresarios e inversionistas de Emiratos Arabes Unidos (EAU) en la primera jornada del roadshow de inversiones de InPerú que se inició en Abu Dhabi y que mañana continuará en Dubai. Durante estas reuniones, que se realizaron en las sedes de las empresas y fondos de inversión, se constató el interés que tienen los empresarios emiratíes por sectores como infraestructura, alimentos y finanzas, así como participar en empresas peruanas, dijo el presidente de inPerú, José Antonio Blanco. Sin embargo, comentó que a los inversionistas de los fondos soberanos de EAU les preocupa un poco la liquidez del mercado peruano, que es pequeño y poco profundo, ya que esperan tomar posiciones importantes en algunos sectores de la economía peruana. “Si nosotros logramos mejorar nuestra liquidez los inversionistas árabes invertirán más”, aseguró. Refirió que existe interés de inversionistas árabes en ingresar al accionariado de algunas empresas, con al menos el 15 por ciento de participación, siempre y cuando éstas representen más de 100 millones de

dólares. Durante la jornada, que incluyó reuniones con el gobernador del Banco Central de EAU, Bin Nasser Al Sawaidi, y los gerentes de las principales entidades financieras, se lograron importantes contactos que son la base para la concreción de estas inversiones. “Están interesados en América Latina, particularmente Brasil y Perú, así como la conformación de la Alianza del Pacífico, que ven como un buen escenario para eventuales inversiones”, anotó. Por el nivel de los inversionistas que participan en este roadshow y de los anfitriones que reciben a la delegación peruana, este es considerado como el roadshow de mayor calibre organizado hasta el momento, destacó Blanco. Fuente: Andina 29 mayo 2013

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