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Aportes del Servicio Jesuita a Refugiados a los Foros de Paz convocados por la ONU y la Universidad Nacional
El Servicio Jesuita a Refugiados
El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Humanitaria de la Iglesia Católica de carácter Internacional y No Gubernamental, que tiene como misión acompañar, servir y defender a la población en situación de desplazamiento causado por el conflicto sociopolítico en Colombia. Esta misión la venimos desarrollando desde hace más de 15 años en cinco regiones del país: Barrancabermeja, Bogotá, Buenaventura, Cúcuta y Pasto. Esta misión nos ha permitido estar cerca de las comunidades, conocer las necesidades que se tienen en las zonas más apartadas del país y reconocer las diferencias territoriales. Por esta misma razón estamos convencidos de la necesidad de avanzar y concretar este diálogo de paz y comenzar a prepararnos para el desarrollo e implementación de los acuerdos que se logren. Estamos convencidos de que una paz sostenible y duradera solo será posible si se trabaja profundamente en la transformación de las estructuras de desigualdad y pobreza que han sido fuente del conflicto y de un cambio cultural y social en la forma en la que los colombianos resolvemos los conflictos. Esto implica hacer una revisión de nuestro sistema político y de la burocracia estatal y un proceso de fortalecimiento de las comunidades, particularmente en los territorios en donde la guerra ha tenido mayor impacto. Prevemos también que no será un camino fácil si se tiene en cuenta la presencia de grupos neo‐ paramilitares en buena parte del territorio nacional los cuales producen cientos de violaciones a los derechos humanos cada día y que además han comenzado a permear la política local y regional. Esto hace que sea necesario que el Estado y las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales reforcemos nuestros planes de contingencia y que se exploren diferentes mecanismos para minimizar los impactos negativos que produce la violencia en la población civil. En contraste con lo anterior, también constatamos que las comunidades y las víctimas han generado procesos de resistencia y convivencia edificados sobre sólidos cimientos espirituales, que tienen serias propuestas para la solución política al conflicto y que gozan de una fuerte vocación de paz que nos puede servir de guía para lograr un proceso de paz sostenible. Queremos también saludar la habilitación de estos espacios para la participación de las víctimas en los diálogos de La Habana, pero hacemos un llamado a que la Mesa genere claridades sobre los posibles impactos que los acuerdos puedan crear en los territorios y las comunidades. Aunado a esto, queremos llamar la atención sobre las miles de víctimas que han sido lsexpuadas del país por el conflicto armado y que hoy se encuentran en necesidad de protección internacional en los países fronterizos o en otras latitudes tratando de rehacer sus vidas en un entorno de hostilidad y pobreza. Por último, ponemos a su consideración algunas recomendaciones que surgen de la visión humanitaria con la que desarrollamos nuestro trabajo con la población víctima de desplazamiento forzado en el país. Propuestas I. Atención y ayuda humanitaria Tal como señalábamos previamente, pese a que logremos la terminación del conflicto con la
insurgencia, han surgido una serie de grupos de corte paramilitar haciendo altamente probable que estos permanezcan en muchos territorios ejerciendo violencia contra las comunidades. Es por tanto necesario que el gobierno nacional desarrolle acciones para identificar, atender y prevenir nuevas dinámicas violentas. En este sentido proponemos: • •
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Dar reconocimiento oficial a las víctimas que se puedan presentar por este tipo de acciones para que puedan gozar de las medidas de atención, asistencia y reparación. Avanzar en procesos de descentralización política y administrativa y en el fortalecimiento técnico y financiero de los entes territoriales, que son las instancias con mayor compromiso para que la asistencia y atención a las víctimas cumplan con los tiempos establecidos por la ley, aplicando los esquemas de enfoque diferencial y la debida implementación de los decretos ley. Construir modelos de asistencia y atención para los miembros desmovilizados de la guerrilla que facilite su reincorporación a la vida civil. Estos modelos o esquemas deben fundamentarse en los principios humanitarios y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
II. Verdad, Justicia y Reparación Integral Un elemento central para obtener una paz estable y duradera es el reconocimiento de la responsabilidad compartida que tienen los actores que se encuentran negociando en la Habana. Esta responsabilidad debe ser asumida mediante un adecuado proceso de Justicia Transicional que parta de un análisis crítico del modelo fallido de Justicia y Paz, de tal suerte que no se repitan los errores del anterior modelo que actualmente siguen causando malestar y dolor entre las víctimas. Otro elemento neurálgico en cualquier proceso de paz es el derecho que conservan las víctimas a conocer la verdad acerca del contexto, los hechos, los perpetradores y los beneficiados por los hechos violentos. Se trata de un derecho que no solamente sienta las bases necesarias para la elaboración del duelo individual sino para que toda la comunidad reconozca y deslegitime cualquier comportamiento proclive a la violencia. Una comisión de la verdad que incluya a todas las víctimas, que se irradie en todos los territorios, y que permita reconocer en el tiempo las causas y transformaciones del conflicto, puede ser una estrategia adecuada para la realización de este derecho. Al tiempo, la reparación integral de las víctimas es un deber incuestionable del Estado. Es necesario hacer una revisión cuidadosa de la ley 1448 de 2011 de tal suerte que se modifiquen sus apartes más discutibles y se profundice y agilice su implementación. Es particularmente urgente que las autoridades nacionales y regionales mejoren su coordinación nación territorio de tal manera que las víctimas puedan acceder a la atención y ayuda humanitaria a tiempo y con calidad, y crear condiciones plenas de seguridad a las víctimas que deseen ejercer su legítimo derecho a exigir sus derechos. Atendiendo a estos aspectos proponemos:
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Emprender una campaña formativa para democratizar el acceso a la información sobre la evolución de diálogos, acuerdos e implicaciones para el futuro de la nación. Revisar juiciosamente la normatividad existente para la Atención y Ayuda Humanitaria en la legislación actual, de tal manera que los derechos de las víctimas no sean desconocidos en base a disposiciones contrarias a la constitución y a los criterios planteados por la Corte Constitucional. Fortalecer a la Defensoría del Pueblo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos por parte de las Víctimas. Este fortalecimiento debería enfocarse principalmente en la adecuación del Ente para la implementación de los acuerdos a los que se lleguen en la Habana y para monitorear la situación humanitaria que se pueda producir en el reacomodamiento de las fuerzas que quedarían en armas. Impulsar la creación de un número importante de curules en el Congreso de la República para representantes de víctimas, que faciliten la promoción y defensa de sus derechos en el Congreso. En los municipios donde el volumen de víctimas es significativo, se propone crear una curul por ley en los respectivos consejos. Impulsar comisiones de la verdad que incluyan en sus pesquisas las causas estructurales, los casos emblemáticos que afectan a las regiones, que permita identificar los nexos entre desplazamientos masivos y megaproyectos o economías lícitas o ilícitas que se hayan valido de la violencia para despojar territorios urbanos y rurales. Promover procesos de transformación en las formas de resolución de conflictos que aborden y prevengan prácticas culturales que naturalizan la violencia.
III. Soluciones duraderas Las soluciones a las diferentes problemáticas de las víctimas de desplazamiento forzado pasan por establecer mecanismos que atiendan integralmente las necesidades de las víctimas y que se extiendan en el tiempo de tal suerte que sea posible reconstruir y echar a andar los proyectos de vida de estas miles de familias. Desde el Servicio Jesuita a Refugiados consideramos prioritario fortalecer metodológicamente los procesos de integración local porque configuran un posible escenario de encuentro víctima‐victimario. Este tema se debe desarrollar para pensar en el siguiente paso posible hacia la reconciliación. Planteamos además la necesidad de fortalecer una nueva institucionalidad pública articuladora de acciones tras los acuerdos, orientadas al desarrollo y la paz, que actúen con énfasis territorial y proyección nacional. Es importante también que haya una transformación o impacto económico que se derive de la firma de los acuerdos en La Habana. Esto debe verse reflejado en transformaciones en las dinámicas rurales ya que se espera que de la firma del Acuerdo de Paz se derive una intervención institucional más contundente en lo rural. Las propuestas se centran en lo siguiente:
• Fortalecer los municipios más pobres del territorio nacional, particularmente aquellos donde se ha instalado la violencia, mediante un adecuado proceso de desconcentración administrativa y una fuerte inyección en recursos públicos. • Robustecer los procesos de integración local de los desplazados internos teniendo en cuenta que estos representan escenarios de encuentro de víctimas y victimarios en las regiones, lo que evidencia la necesidad de avanzar en acciones de prevención de conflictos y protección de los derechos de las víctimas. • Propiciar el cese de las distintas violencias para mejorar la convivencia a partir del reconocimiento de las diversidades y diferencias, avanzando en la definición de mecanismos alternativos para la transformación del conflicto. • Revisar y ajustar los instrumentos jurídicos y de política pública tanto para la atención integral a las víctimas, como para las comunidades de acogida, considerando la brecha existente entre los derechos y su aplicación efectiva. IV. Prevención, Protección y Garantías de no repetición Este componente resulta vital para la generación de una paz estable y duradera en el país. Implica también, tal como se decía más arriba, un gran desafío para el Estado dadas las condiciones actuales de violencia y la consolidación de otros grupos neoparamilitares asociados al narcotráfico y otras economías ilícitas. Partiendo de esta realidad proponemos: •
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La generación de propuestas amplias, sostenidas y multivariadas en estrategias y acciones de educación para la paz, la reconciliación y la transformación de dinámicas de violencia, que reconozcan las diferencias sociales y cuenten con enfoque diferencial. Estas estrategias deben estar acompañadas y apoyadas por los distintos sectores sociales con participación tanto de la institucionalidad pública (instituciones educativas, ministerio público, gabinetes municipales, etc.), sociedad civil (organizaciones comunitarias, ONGs), medios de comunicación (locales, regionales y nacionales) y sector privado. Desarrollar planes especiales de protección y recuperación e inversión social en zonas geográficas que han sido excluidas históricamente y que han estado más desarticuladas de las dinámicas políticas, económicas y sociales de la nación, comunidades especialmente victimizadas por el conflicto. La generación de políticas orientadas al desmonte de las dinámicas económicas ilícitas que sostienen a los actores armados y que fuerzan a las comunidades a entrar en las lógicas de irregularidad como única forma posible de subsistencia en contextos donde no se ha invertido en desarrollo rural local. La generación de una política económica que conciba la perspectiva de seguridad nacional, no como estrategias militares de ejercicio de la fuerza armada, sino como estrategias que garanticen la presencia y acción institucional en lo local. La promoción de una cultura de la legalidad y de estímulo no represivo a las comunidades para la generación de ingresos de forma lícita, la generación de oportunidades para el acceso a los medios económicos para las comunidades que han sido victimizadas por el conflicto y
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por las economías ilícitas y la preservación de las dinámicas productivas locales. Políticas de desestimulo a las motivaciones económicas de la guerra con una amplia inversión de recursos de la nación en infraestructura (vías, conectividad), capital de trabajo (tierra, medios y tecnología) comercialización, educación y servicios básicos. Reforzar las medidas de prevención, protección y los planes de atención de emergencia y contingencia. Garantizar y adecuar esquemas de reincorporación de combatientes a la vida civil como medida de prevención para desarticular nuevos posibles focos de violencia. Contar además con esquemas idóneos de acompañamiento y atención especial a menores desvinculados. Transversal a todo ello, una mayor inversión de recursos para el combate a la corrupción local y regional que permita el desmantelamiento de las redes y acuerdos ilegales entre funcionarios y políticos y grupos armados neo paramilitares. Servicio Jesuita a Refugiados, 02 de Julio de 2014